Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, al comercio, a la alimentación y a la vida; ya que, el 4 de septiembre de 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, procedió a retirar de forma arbitraria su anaquel de puesto comercial de la calle Evaristo Valle zona San Sebastián de la referida ciudad, sin que hasta la fecha de interposición de este mecanismo de defensa se haya permitido la restitución del mismo, pese a las notas y diferentes medios de solicitud activados ante dicha dependencia, que únicamente obtuvieron como respuesta la negativa de su restitución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 278/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 128 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada; y, 2º Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2023-S2 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47120-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 278/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 128 a 133, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Eugenia Sillerico Durán contra Fernando Rodrigo Lugones Tapia, Director de la Unidad de Mercados y Comercio en Vía Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Por memoriales presentados el 8 de abril y 4 de mayo de 2021, cursantes de fs. 50 a 61; y, 65 y vta., la accionante manifestó que:
A través del registro de la base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se tiene inscrito bajo el Código 325622DDC-206, la ocupación de espacio público de un anaquel fijo con registro en la calle Evaristo Valle, zona San Sebastián de la citada ciudad, a nombre de quien en vida fue “Corina Durán” -su madre-, siendo que al fallecimiento de la mencionada, su persona prosiguió con el ejercicio del comercio en dicho sitio, hasta que el 4 de septiembre de 2010, el referido anaquel fue levantado por la municipalidad juntamente con otros, debido al proyecto de remodelación de la citada calle. Desde entonces, a través de múltiples notas presentadas desde noviembre de 2010, solicitó al aludido ente edil la restitución de su puesto, mereciendo distintas respuestas en las que se hizo conocer que producto de los trabajos de remodelación de la indicada calle, era inviable reacomodarla en su sitio, requiriendo que presente propuestas de reubicación, mismas que luego de ser entregadas, fueron igualmente rechazadas por ser supuestamente inviables.
También, producto de los informes y notas remitidas tanto por la suscrita como por dependencias del señalado Gobierno Autónomo Municipal, se puso en cuestionamiento la presentación de documentación a objeto que su persona pueda ser registrada tras el fallecimiento de su madre, ocasionando que “hasta la fecha” no se haya podido restituir su principal fuente de empleo, habiendo transcurrido varios años; por lo que, ante las contestaciones negativas a sus solicitudes remitidas a mediados del 2020, decidió interponer este mecanismo tutelar.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, al comercio, a la alimentación y a la vida, citando al efecto los arts. 46, 47 y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la devolución de su fuente laboral, consistente en un puesto de venta en la calle Evaristo Valle, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 122 a 127 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, procedió de forma abrupta al levantamiento de los anaqueles, y pese a las notas presentadas, tanto por su gremio, como de su persona, no le fue restituido su puesto; y, b) Han pasado once años desde que el citado ente edil procedió al levantamiento de su anaquel, aspecto que afectó a su fuente de ingresos y a su estado de salud. Ante las preguntas realizadas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto al acto lesivo y el principio de inmediatez, la peticionante de tutela a través de su representante asintió que el acto lesivo se constituyó en el levantamiento de su anaquel el 4 de septiembre de 2010, pero que tras la presentación de varias notas, lo último con lo que fue notificada era el Informe “…61/2020 de 27 de junio…” (sic); y que en virtud a ello, y considerando la pandemia, se encuentra dentro del plazo de seis meses para la interposición de esta acción tutelar.
Fernando Rodrigo Lugones Tapia, Director de la Unidad de Mercados y Comercio en Vía Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 16 de diciembre de 2021, cursante de fs. 116 a 121 vta., y en audiencia de garantías señaló que: 1) Existió falta de legitimación pasiva; ya que, debió notificarse con esta acción de amparo constitucional al Alcalde del citado ente edil; 2) El retiro del anaquel de la madre de la impetrante de tutela fue realizado el 4 de septiembre de 2010, habiendo transcurrido desde entonces más de once años; por lo que, concurrió el principio de inmediatez, no siendo posible resolver el fondo de lo planteado, 3) En su oportunidad; dado que, las propuestas de reubicación presentadas por la solicitante de tutela no eran factibles por diferentes razones de orden técnico y de espacio, el referido Gobierno Autónomo Municipal le propuso a la prenombrada su reubicación ya sea en el pasaje Núñez del Prado, entre calles Bueno y Loayza, o en la avenida Manco Kapac, entre Vázquez y Estación Central, aspecto que no fue aceptado por la misma; 4) Se realizaron cinco verificaciones de la actividad comercial de la accionante; además, de un levantamiento de censo de comerciantes; sin embargo, en ninguna de ellas se pudo encontrar a la prenombrada; 5) Se dio la oportunidad a la peticionante de tutela, así como, a otros comerciantes de regularizar su situación con la presentación de documentos; empero, esta no acompañó todo lo solicitado, dejando precluir los tiempos para actualizar el registro; dado que, el único existente era el de su madre, no siendo posible aceptar ningún derecho sucesorio sobre espacios públicos; y, 6) La impetrante de tutela no activó algún mecanismo de impugnación en la vía administrativa respecto a las notas o informes notificados por parte del señalado ente municipal; ya que, si no estuvo de acuerdo con la documentación que fue de su conocimiento pudo activar la vía administrativa para reconsiderar lo requerido.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 278/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 128 a 133, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante identificó como acto lesivo a sus derechos el levantamiento del lugar de expendio de artículos, realizado el 4 de septiembre de 2010, desde entonces transcurrieron más de once años; por lo que, corresponde considerar que el plazo de inmediatez ha sido sobrepasado; ii) La prenombrada nunca impugnó las notas o informes que le emitió el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respecto al levantamiento del anaquel, aspecto que era relevante para el cumplimiento del principio de subsidiariedad; y, iii) El Órgano Judicial paralizó su trabajo en marzo de 2020 debido a la pandemia por COVID-19; sin embargo, las Salas Constitucionales no suspendieron su trabajo, ingresando paulatinamente en teletrabajo desde el 15 de junio de ese año; por tal motivo, el argumento del mencionado virus no era válido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por notas presentadas el 20 de abril y 6 de septiembre de 2011, 28 de febrero de 2012 y 13 de noviembre de 2013, ante la Dirección de la Unidad de Mercados y Comercio en Vía Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, María Eugenia Sillerico Durán -hoy accionante-solicitó que el citado ente edil le restituya su anaquel de comerciante en la calle Evaristo Valle, zona San Sebastián de la referida ciudad, mismas que recibieron respuestas negativas a través de las notas de 26 de septiembre de 2011, de 17 de abril de 2012 y de 18 de diciembre de 2013 (fs. 4 a 9, 12 a 14). II.2. Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2012, ante la supra citada Dirección de la Unidad de Mercados y Comercio en Vía Pública, la peticionante de tutela planteó tres alternativas de reubicación de su anaquel; misma que mereció respuesta a través de la Nota CITE: GAMLP/OMPE//DMCVP/A.L. 2219/12 de 20 de agosto de 2012, por medio de la cual, el Asesor Legal de la aludida Dirección informó que las propuestas no eran factibles (fs. 10 a 11). II.3. Consta Nota CITE: GAMLP/SMPE/DMCVP/UCVP 421/15 de 14 de mayo de 2015, emitida por la señalada Dirección, por medio de la cual se propuso a la impetrante de tutela tres alternativas de reubicación de su anaquel (fs. 21). II.4. Cursa Informe Legal GAMLP/SMDE/MCVP/AL 61/2020 de 27 de junio, remitido al entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el que se concluyó que no existió registro alguno que correspondió a algún puesto de venta a nombre de la impetrante de tutela que pudiera ser sujeto a habilitación, recomendando que se emita una repuesta de carácter definitivo (fs. 114 a 115).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, al comercio, a la alimentación y a la vida; ya que, el 4 de septiembre de 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, procedió a retirar de forma arbitraria su anaquel de puesto comercial de la calle Evaristo Valle zona San Sebastián de la referida ciudad, sin que hasta la fecha de interposición de este mecanismo de defensa se haya permitido la restitución del mismo, pese a las notas y diferentes medios de solicitud activados ante dicha dependencia, que únicamente obtuvieron como respuesta la negativa de su restitución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. En igual sentido, el art. 55.I Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Al respecto, la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, estableció que: “…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’. Así la SC 0521/2010-R de 5 de julio”. En el mismo sentido la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, refirió que: «“…Inicialmente corresponde anotar que la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (antes recurso de amparo constitucional), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso… (…)
‘Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela.
Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional, puede afectar significativamente además la seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales”’».
Conforme consta de los antecedentes, tras el levantamiento del anaquel de comercio utilizado por la accionante en calle Evaristo Valle, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, materializado el 4 de septiembre de 2010, esta solicitó en reiteradas notas el restablecimiento del mismo en la citada locación, mereciendo como respuestas la imposibilidad de atender sus solicitudes debido a diversas razones referidas a la inviabilidad técnica (Conclusión II.1); por ello, ante la sugerencia de las dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la prenombrada propuso tres alternativas para su reubicación, mismas que tampoco fueron halladas viables por el aludido ente edil, la cual planteó opciones a la impetrante de tutela, sin que se haya podido conciliar un acuerdo (Conclusiones II.2 y 3); constando como último antecedente la emisión del Informe Legal GAMLP/SMDE/MCVP/AL 61/2020 de 27 de junio, concluyendo la inexistencia de un registro a nombre de la peticionante de tutela que posibilite su habilitación (Conclusión II.4). De la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte que el objeto procesal sobre el cual recae el reclamo realizado por parte de la aludida, se encuentra referido al retiro del anaquel de puesto comercial de la calle Evaristo Valle, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, realizado el 4 de septiembre de 2010, por parte del citado ente municipal, el cual, a decir de la nombrada era de propiedad de su madre, pero que ante su fallecimiento fue utilizado por ella, considerando que el retiro del mismo, con el pretexto de realizar arreglos en la calle, fue arbitrario. En consecuencia, conforme consta del registro de la audiencia de garantías de 16 de diciembre de 2021, ante la interrogante realizada por la Sala Constitucional, se tiene que la accionante confirmó que el acto considerado como lesivo, a través de este mecanismo de defensa recae sobre el retiro del citado anaquel, aspecto que se trasunta en un hecho administrativo; por el que, el indicado Gobierno Autónomo Municipal en ejercicio de su competencia, definió arreglos en la calle en cuestión, disponiendo el levantamiento de los puestos de venta comercial asentados en vía pública, más allá que estos pudieran o no tener un registro en la base de datos del aludido ente edil. Ahora bien, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en un plazo oportuno y razonable, estableciéndose al efecto un máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, esto en atención a que la tutela que brinda esta acción constitucional no puede ser indefinida, debiendo la impetrante de tutela hacer uso oportuno de la misma. En el caso concreto, el acto presuntamente lesivo a los derechos de la prenombrada, conforme se tiene precisado supra, recae sobre el hecho administrativo de levantamiento del anaquel de venta de productos realizado el 4 de septiembre de 2010, por parte de personeros del citado Gobierno Autónomo Municipal, aspecto que pese a ser merecedora de varias notas de solicitud de restitución y negativas del referido ente edil, no es posible desconocer que desde la materialización del hecho administrativo en cuestión, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, ya transcurrieron más de once años, excediendo de forma abundante el plazo máximo para la interposición del aludido mecanismo constitucional, lo cual constituye un impedimento claro a la emisión de un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal. En ese entendido, es menester aclarar que si bien la accionante presentó varias notas a través de las cuales, entre 2010 y 2019 solicitó la restitución del lugar para reinstalar su anaquel; empero, no existe constancia alguna del planteamiento de algún medio impugnatorio específicamente formulado contra el precitado hecho administrativo cuestionado, y que haya sido resuelto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a objeto de considerar una data distinta para el cómputo del plazo de inmediatez. Asimismo, cabe aclarar respecto a lo alegado por la peticionante de tutela en audiencia de garantías, en sentido de que la emisión del Informe Legal GAMLP/SMDE/DMCVP/AL 61/2020, habilitaría el plazo para la interposición de este mecanismo de defensa, cabe referir que el citado Informe Legal es un documento interno emitido por una dependencia municipal, que no tiene el carácter de acto administrativo que resuelva algún medio recursivo referente al levantamiento del anaquel de la aludida; por lo que, mal podría ser considerado a objeto de revisar y resolver la presunta lesión de derechos de un acto transcurrido once años atrás; por ello, tampoco es evidente que ese actuado haya interrumpido la inmediatez advertida.
De la revisión de antecedentes, se advierte que el memorial de la presente acción de amparo constitucional fue presentado el 8 de abril de 2021; sin embargo, no se señaló audiencia de garantías en el término establecido por el art. 56 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo); en razón a que, se dispuso se subsane el señalado escrito, que fue cumplido el 4 de mayo de igual año; ante lo cual, se programó audiencia de garantías para el 28 del mismo mes y año, que fue suspendida y por decreto de 29 de septiembre de similar año, se dispuso el citado acto procesal para el 25 de octubre de igual año, que también fue suspendido, materializándose el 16 de diciembre de la misma gestión; es decir, que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, demoró en más de siete meses en atender el mecanismo de defensa planteado.
Además, cabe señalar que conforme se tiene establecido por el art. 129.IV de la CPE, toda decisión pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional por los Jueces o Tribunales de garantías debe ser remitida en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a su emisión; asimismo, el art. 38 del CPCo establece que: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevarán de oficio, en revisión, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”. En el caso de autos, la Resolución 278/2021 de 16 de diciembre, que resolvió la acción de amparo constitucional, se emitió en esa data; sin embargo, la remisión fue efectivizada el 21 de abril de 2022, conforme se tiene de la guía de courier 7801608; es decir, con más de cuatro meses de retraso, generando una demora procesal en cuanto a la revisión del citado fallo. Dilaciones que contravienen las previsiones contenidas en la normativa constitucional y legal citadas, siendo una demora excesiva y no justificada que expone la negligencia de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aspecto por el cual corresponde llamar la atención a los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 278/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 128 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada; y, 2º Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0299_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ff2409c00f253c2c37edba1758a731ffb4b02cdbc920f3516faef8bf836bdb0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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