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SCP 0298/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50381-2022-101-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las impetrantes de tutela, denunciaron lesionado el debido proceso, en su componente fundamentación, y su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y sin dilaciones; toda vez que, el Juez ahora demandado, sin ejercer el control jurisdiccional de plazos, mediante decreto de 20 de julio de 2022, concedió la complementación de diligencias –solicitada por el Fiscal de Materia– por un término de sesenta días; y, no obstante que, presentó recurso de reposición contra la citada providencia, la citada autoridad, mediante Auto Interlocutorio 482/2022, declaró infundado su recurso, sin una debida fundamentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 090/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La potestad legal del Juez cautelar de ejercer el control jurisdiccional de la investigación.
  2. III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 50381-2022-101-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 090/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Jorge Guzmán y Elizabett Guzmán Santos contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 34 a 42; las accionantes, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de amenaza y extorsión; el 27 de junio de 2022, el Fiscal de Materia, presentó comunicación de inicio de investigaciones por los aludidos delitos, ante la autoridad jurisdiccional; el 19 de julio de igual año, la referida autoridad Fiscal, comunicó la complementación de diligencias, por un plazo razonable de sesenta días; misma que, fue admitida por el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro –ahora demandado–, mediante providencia de 20 de julio de 2022; en virtud a ello, y asumiendo su derecho a la defensa, el 21 del referido mes y año, interpuso recurso de reposición contra el indicado decreto, impetrando revocar el mismo; y alternativamente, en ejercicio del control jurisdiccional, solicitó a la precitada autoridad, fijar un plazo razonable para la investigación justificando que sesenta días, resultaba ser un término excesivo en relación a los actos de investigación pendientes que el Ministerio Público debía realizar; empero, su recurso fue declarado infundado, mediante Auto Interlocutorio 482/2022 de 26 de julio.

Ante ello, alegaron que, partiendo del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones; la autoridad demandada, conforme al art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tendría competencia para ejercer el control jurisdiccional de la investigación, que en protección de los derechos y garantías de los sujetos procesales, sería el encargado de resguardar que los actos del Ministerio Público se ejerciten dentro de los plazos razonables y no arbitrarios e injustificados; en razón a la repetición de actos que, en lugar de ser complementarios, resultan ser iniciales de un proceso de investigación; toda vez que, no solicitaron a la precitada autoridad, determine qué actos deber ser asumidos por el Fiscal de Materia, sino requirieron el control jurisdiccional en la razonabilidad del plazo solicitado por el aludido Fiscal; sin embargo, el Auto Interlocutorio 482/2022, estableció que se ocupará sesenta días, que en total serían noventa días calendarios, para entrevistas y registro de lugar; lo que hace, una falta de noción interpretativa de las normas procesales en función a los derechos fundamentales, y una falencia ideológica que daña el sistema y fomenta la retardación de la justicia. Asimismo, el Juez demandado, desde el aviso de inicio de investigación por parte del Ministerio Público (29 de junio de 2022), se constituía en la autoridad competente para el ejercicio del control jurisdiccional y resguardador del cumplimiento de los plazos; empero, en el presente caso, sobrepasaría los veinte días establecidos en el art. 300 del CPP; puesto que, desde la fecha de presentación de la acción penal, alcanzaría a cuarenta y cinco días de la investigación preliminar; y, los sesenta días, solicitados (por el Ministerio Público), y concedidos por la aludida autoridad, desde el 19 de julio de igual año, importaría prolongar, en días hábiles, tres meses completos a la causa penal; es decir, hasta octubre del referido año, resultando ser inaudito. Además, la autoridad demandada, ante la comunicación de complementación de diligencias de 19 de julio de 2022, precedida de un “…REQUERIMIENTO FUNDAMENTADO DE COMPLEMENTACIÓN DE DILIGENCIA Y PRÓRROGA…” (sic), por parte del Fiscal de Materia; no analizó que dicha solicitud, no tendría ninguna diligencia complementaria; toda vez que, las entrevistas a testigos, y registro del lugar del hecho, serían diligencias iniciales de investigación, y el informe preliminar no sería un acto de investigación; sin embargo, la aludida autoridad, mediante el Auto Interlocutorio 482/2022, determinó a los mismos como actos de investigación, cuando aquello tendría expresa prohibición; puesto que, conforme al art. 279 del CPP, se trataría de ejercer un control de la fundamentación del citado requerimiento de complementación de diligencias, para determinar si este justifica las razones; por el cual, el Ministerio Público, no alcanzó a cumplir las diligencias o actos de investigación inicialmente dispuestos, y determinar que los sesenta día solicitados, serían un plazo razonable; empero, un juez de garantías, como es la aludida autoridad, no podría justificar la concesión de un plazo de esa dimensión, sin ejercitar el control de fundamentación de la mencionada solicitud; siendo aquello inadmisible; dado que, se estaría frente a un sistema, donde el Ministerio Público, decida los plazos, sin importar que actos debería de realizar y sin justificar por qué razones es excepcional dicha complementación; por lo que, el Auto Interlocutorio 482/2022, que resolvió su recurso de reposición, no tendría una fundamentación adecuada; ya que, no existiría una coherencia argumentativa entre los fundamentos de su recurso y la respuesta establecida por el mismo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Las impetrantes de tutela, denunciaron lesionado el debido proceso, en su componente fundamentación, y su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 115.II, 178.I, 180.I, y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia; a) Se declare la nulidad del Auto Interlocutorio 482/2022; y, b) Se disponga, a la autoridad demandada, dentro del plazo de veinticuatro horas, emita una nueva resolución, que resuelva en derecho, bajo los parámetros constitucionales y fundados, su recurso de reposición.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2022, según consta el acta cursante de fs. 70 a 75, presentes las solicitantes de tutela asistidas por su abogado defensor; y, ausentes la autoridad demandada, así como el tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes, a través de su abogado defensor, en audiencia, ratificaron de forma íntegra su demanda de acción tutelar; y ampliándola, manifestaron que: 1) En el proceso penal de referencia, se desarrolló un uso irracional del plazo, sobre el cual la autoridad demandada, no ejerció ningún control; toda vez que, según el inicio de la investigación, presentado el 27 de junio de 2022, por el Ministerio Público, y conforme al cargo recepción del mismo de 29 de igual mes y año, desde la precitada fecha, asumiendo los feriados nacionales, hasta el 29 de julio del citado año, tendría que el Fiscal de Materia, presentar un requerimiento conclusivo; empero, faltando diez días antes para que se venza el plazo de la etapa preparatoria, el mismo (19 del referido mes y año), solicitó complementación de diligencias; toda vez que, la citada autoridad, en el uso razonable de su término; en el cual, la norma establecería veinte días hábiles, y entre el “29 de junio y el 19 de julio” de 2022, le quedaban cinco días hábiles; sin embargo, dicha autoridad, solicitó sesenta días; es decir, teniendo cinco días, requirió sesenta días más; 2) La autoridad demandada, dentro del control jurisdiccional, antes de pronunciarse sobre la complementación requerida, debió exigirle al Fiscal de Materia, que justifique del porqué estaría solicitando dicha complementación, antes de que se cumpla su plazo; cuando conforme a “la página del Tribunal, de la Fiscalía” (sic), esta última estableció, que la complementación debía ser la excepción y los veinte días de plazo, la regla; 3) El Fiscal de Materia, presentó su complementación de diligencias, con el argumento exclusivo, de que le faltaban en la investigación tres actos; empero, el Juez demandado, confundió los mismos, con actos de la investigación; dado que, la entrevista a testigos, el registro del lugar del hecho, y el informe preliminar, serían actos iniciales del proceso penal, establecido en los arts. 174 al 209 del CPP; además, el último señalado, bajo ninguna regla, sería un acto de investigación; es más, ni siquiera está previsto en la referida norma; 4) La autoridad ahora demandada, debía controlar los sesenta días de plazo que requirió el Fiscal de Materia; toda vez que, dicho término, para una entrevista y registro, sería una “locura”, y vulneraría las normas; y, 5) En el Auto Interlocutorio 482/2022, el Juez demandado, no explica por qué no ejerció el control jurisdiccional, no motiva, ni indica cuáles son los alcances del control jurisdiccional; puesto que, la autoridad jurisdiccional, al ser parte del control de garantías, opina y controla que los plazos sean adecuadamente cumplidos y razonablemente utilizados por el Fiscal de Materia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante a fs. 50 y vta., manifestó que: i) Respecto a la aceptación de la complementación de diligencias por sesenta días; se debe considerar que, conforme establece el art. 301.I.2 del CPP, la complementación en la etapa preliminar, podría ser incluso hasta sesenta días; además, no se encontraría regulado por el legislador, que el juez cautelar pueda modular el plazo dispuesto por el Fiscal de Materia, como solicitarían las impetrantes de tutela; siendo por ello, imposible conceder la tutela impetrada; ii) La investigación preliminar es de suma importancia para el éxito de la investigación; por ello, y teniendo en cuenta que dicha investigación se encontraría a cargo del Ministerio Público, el éxito de la etapa preliminar, dependerá en gran medida de la actuación del Fiscal de Materia dentro de ella; de ahí es que, la citada autoridad, en el presente proceso penal, debe realizar las investigaciones preliminares que correspondan y que es atribución del mismo; que según entendería, fijó el plazo de complementación de diligencias, de acuerdo a la teoría del caso, estrategia investigativa, o por la carga procesal que pueda ostentar; siendo ello, la razón para no poder regular o modular el plazo dispuesto por el Fiscal de Materia; y, iii) Cuál sería el derecho que se estaría vulnerando, cuando la propia norma, señala que es posible complementar las diligencias policiales hasta sesenta días; además, mediante esta acción de defensa, no podría tutelarse principios; por lo que, conforme a lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Julio René Silvestre Saavedra, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitió informe escrito alguno, pese a su legal citación, conforme cursa a fs. 46.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 090/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 76 a 78 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 482/2022; e, instruyendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, que responda a las observaciones formuladas en el recurso de reposición, y observando la jurisprudencia constitucional; misma que, debería ser pronunciada dentro del plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal; determinación con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto Interlocutorio 482/2022, se evidenciaría que no cuenta con la suficiente fundamentación y motivación; toda vez que, el juez de control jurisdiccional, al tener bajo su cargo el control de la investigación, sería con la finalidad de proteger y velar los derechos fundamentales y garantías constitucionales del denunciado, en fase investigativa, y el deber de precautelar que la investigación se desarrolle de conformidad con los principios y normas contenidas en la Norma Suprema; es decir, velando los derechos de los acusados; b) Incumbe la observación de falta de justificación y necesidad para la complementación de las diligencias policiales; que en el caso presente, sería de sesenta días; y, c) Respecto a los efectos del control jurisdiccional; el Juez hoy demandado, en relación a los argumentos señalados en el recurso de reposición de las hoy solicitantes de tutela, (en el Auto Interlocutorio 482/2022) no expuso las razones de forma clara, del porqué la ampliación del plazo de sesenta días en la investigación preliminar, resultaba ser un término razonable, en función de los hechos que se iban investigando; así como, tampoco esgrimió las razones que justifiquen el plazo de la ampliación para realizar los actos investigativos; en ese sentido, resulta ser atendible la solicitud de las accionantes, concediéndose la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 27 de “julio” de 2022, el Fiscal de Materia, comunicó al Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Oruro, el inicio de investigación, contra Rosario Jorge Guzmán y Elizabett Guzmán Santos –ahora accionantes–, por la presunta comisión de los delitos de amenaza y extorsión (fs. 7). II.2. Mediante decreto de 30 de junio de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro –hoy demandado–, admitió el inicio de investigaciones para fines de control jurisdiccional, contra las hoy impetrantes de tutela (fs. 8). II.3. A través de los escritos presentados el 12 de julio de 2022, ante la autoridad demandada; –de manera separada– las ahora solicitantes de tutela, presentaron su apersonamiento ante el referido proceso penal; en respuesta, la citada autoridad, –de forma separada– mediante providencias de 13 de igual mes y año, aceptó dichos apersonamientos presentados en calidad de denunciadas (fs. 15 a 16; y, 17 a 18). II.4. Cursa Requerimiento Fundamentado de Complementación de Diligencia y Prórroga de 19 de julio de 2022; por el que, el Fiscal de Materia, dispuso la complementación de diligencias y prórroga de sesenta días, conforme al art. 301.2 del CPP, sosteniendo que hasta la fecha se viene cumpliendo los veinte días de la etapa preliminar; y que, de la revisión de los antecedentes del cuaderno de investigaciones se tendría actuados pendientes a realizar, como la recepción de entrevistas a testigos, el registro del lugar del hecho, y el informe preliminar; mismos que, se constituyen de carácter imperativo, para llegar a la verdad histórica de los hechos y salvaguardar los derechos de las partes (fs. 21). II.5. Mediante memorial presentado el 20 de julio de 2022, ante el Juez –hoy demandado–; el Fiscal de Materia, informó sobre la complementación de diligencias y prórroga; señalando que, dispuso un plazo razonable de sesenta días, con el objeto de acumular elementos de convicción que razonablemente puedan sustentar el ejercicio de la acción penal pública o la defensa del imputado; por lo que, corresponde realizar las indagaciones correspondientes y agotar las investigaciones; informe que lo realizó, para efecto de control de garantías constitucionales (fs. 22). II.6. Por decreto de 20 de julio de 2022, la autoridad demandada, concedió la precitada complementación de diligencia de sesenta días, para fines de control jurisdiccional, debiendo el Fiscal de Materia, a su conclusión observar a cabalidad el art. 301 del CPP, bajo responsabilidad (fs. 23). II.7. A través del escrito presentado el 22 de julio de 2022, ante el Juez ahora demandado; las solicitantes de tutela, interpusieron recurso de reposición contra la citada providencia y solicitaron la revocatoria de la misma (fs. 27 a 28 vta.). II.8. Mediante Auto Interlocutorio 482/2022 de 26 de julio, la autoridad hoy demandada, declaró infundado el recurso de reposición impetrado por las accionantes, y dispuso la prosecución de la causa conforme al procedimiento penal (fs. 30 a 31 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las impetrantes de tutela, denunciaron lesionado el debido proceso, en su componente fundamentación, y su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y sin dilaciones; toda vez que, el Juez ahora demandado, sin ejercer el control jurisdiccional de plazos, mediante decreto de 20 de julio de 2022, concedió la complementación de diligencias –solicitada por el Fiscal de Materia– por un término de sesenta días; y, no obstante que, presentó recurso de reposición contra la citada providencia, la citada autoridad, mediante Auto Interlocutorio 482/2022, declaró infundado su recurso, sin una debida fundamentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La potestad legal del Juez cautelar de ejercer el control jurisdiccional de la investigación.

Al respecto, la SCP 0658/2023-S4 de 25 de julio, señaló que: “…el art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción son competentes para ejercer: “1) El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código;(…)”; asimismo el art. 279 del mismo compilado legal indica que: “La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad” A tal efecto la jurisprudencia Constitucional en cuanto al ejercicio del control jurisdiccional de la investigación realizada por el Juez cautelar en la SC 0054/2010-R de 27 de abril, estableció que: “…Ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. Entendimiento que fue confirmado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0897/2019-S2 de 1 de octubre; 0004/2012 de 13 de marzo; y la SC 1067/2001-R de 4 de octubre, entre otras. En ese entendido, de las disposiciones normativas descritas precedentemente, al igual que lo establecido por el art. 54 del CPP modificado por la Ley 1173, que dispone: `Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: 1) El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código´, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción Penal, quien a efectos de asumir una decisión, deberá valorar integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, debiendo basarse en criterios objetivos y razonables; asimismo, deberá controlar de oficio la excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los requerimientos. Este control al que está llamado el juez, se puede advertir de los razonamientos expuestos en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, que precisó: `La importancia del «control de legalidad» de la investigación penal, puede evidenciarse en la práctica analizando las funciones de los órganos de investigación en el proceso penal, y puede concluirse que son tres los principales beneficios del control de legalidad: a) Sistema de control de vigencia de los derechos y garantías constitucionales; b) Manifestación del subprincipio de separación de poderes en el ejercicio de la persecución penal estatal; y, c) Control del retardo de la etapa de investigación (las negrillas nos corresponde). Consecuentemente y de conformidad al art. 54.1 del CPP, se establece que los jueces de instrucción penal son competentes y únicos responsables para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Penal, además de emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; en concordancia con lo señalado la Ley del Órgano Judicial también dispone en su art. 74.2 y 3, que las juezas y jueces de instrucción penal son competentes para el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley y de emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria.

III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones

La SCP 0175/2020-S4 de 21 de julio, reiterando la línea jurisprudencial emitida con relación a la temática de exordio; sostuvo que: “Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: ‘Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: «…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad». (…) Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, implica que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

A través de la presente acción de amparo constitucional, las impetrantes de tutela denunciaron lesionado el debido proceso, en su componente fundamentación, y sus derechos a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, y sin dilaciones; toda vez que, el Juez hoy demandado, sin ejercer el control jurisdiccional de plazos, mediante decreto de 20 de julio de 2022, concedió la complementación de diligencias –solicitada por el Fiscal de Materia– por un término de sesenta días; y, no obstante que, presentó recurso de reposición contra la citada providencia, la citada autoridad, mediante Auto Interlocutorio 482/2022, declaró infundado su recurso, sin una debida fundamentación. Precisada la problemática planteada, de los antecedentes desarrollados en las Conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, el 27 de “julio” –lo correcto es junio– de 2022, el Fiscal de Materia, comunicó al Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Oruro, el inicio de investigaciones, contra Rosario Jorge Guzmán y Elizabett Guzmán Santos – ahora accionantes–, por la presunta comisión de los delitos de amenaza y extorsión; luego de ser admitida la misma, por el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro –hoy demandado–, mediante decreto de 30 de junio de igual año; por escritos de 12 de julio del citado año, –de manera individual– las hoy solicitantes de tutela, presentaron su apersonamiento ante el referido proceso penal; en respuesta, la citada autoridad, –de forma separada– mediante providencias de 13 de igual mes y año, aceptó los apersonamientos de las mismas, en calidad de denunciadas. (Conclusiones II.1, II.2, y II.3). Posteriormente, emitido que fue el Requerimiento Fundamentado de Complementación de Diligencia y Prórroga de 19 de julio de 2022; por el que, el Fiscal de Materia, dispuso la complementación de diligencias y prórroga de sesenta días, conforme al art. 301.2 del CPP; sosteniendo que hasta la fecha, se iba cumpliendo los veinte días de la etapa preliminar; sin embargo, de la revisión de los antecedentes del cuaderno de investigaciones se tendría actuados pendientes a realizar, como la recepción de entrevistas a testigos, el registro del lugar del hecho, y el informe preliminar; mismos que, se constituyen de carácter imperativo, para llegar a la verdad histórica de los hechos y salvaguardar los derechos de las partes; en mérito a ello, la citada autoridad, mediante memorial de 20 de julio de 2022, informó al Juez demandado, sobre la complementación de diligencias y prórroga; señalando que, dispuso un plazo razonable de sesenta días, con el objeto de acumular elementos de convicción que razonablemente puedan sustentar el ejercicio de la acción penal pública o la defensa del imputado; en virtud a ello, por decreto de 20 de julio de 2022, la autoridad ahora demandada, concedió la complementación de diligencia de sesenta días, para fines de control jurisdiccional; y debiendo el Fiscal de Materia, a su conclusión, observar a cabalidad el art. 301 del CPP, bajo su responsabilidad (Conclusiones II.4, II.5, y II.6). Ante tal determinación, por escrito de 22 de julio de 2022, las accionantes, interpusieron recurso de reposición contra la citada providencia y solicitaron la revocación de la misma; en respuesta, mediante Auto Interlocutorio 482/2022, la autoridad demandada, declaró infundado el recurso de reposición, y dispuso la prosecución de la causa conforme al procedimiento penal (Conclusiones II.7; y, II.8).

En ese contexto, las impetrantes de tutela interpusieron la presente acción de defensa, en contra del precitado Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, quien emitió el Auto Interlocutorio 482/2022; que ahora, las mismas consideran lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitaron se conceda la tutela impetrada, se declare la nulidad del referido Auto Interlocutorio, y se disponga que, la autoridad demandada, dentro del plazo de veinticuatro horas, emita una nueva resolución, que resuelva en derecho, bajo los parámetros constitucionales y fundados, su recurso de reposición. Bajo tales argumentos; se tiene que, el Auto Interlocutorio 482/2022 –ahora cuestionado–, por transgredir el debido proceso en su vertiente de fundamentación, se emitió en razón de un recurso de reposición que contenía diversas observaciones que sustentaban y ponían en controversia la lesión de derechos propios de las ahora solicitantes de tutela; por lo que, la problemática o temas que debía resolver el mencionado Auto, no constituía ningún acto tendiente a ordenar el desarrollo del proceso o bien disponer actos de mera ejecución y trámite; sino que, debía remediar las controversias de que si existió o no lesión a los derechos, y garantías invocadas por las ahora accionantes, en el ejercicio de su rol de juez de control jurisdiccional (asumido por la autoridad hoy demandada, a partir del conocimiento de la apertura de investigación según se evidencia de la Conclusión II.1), precautelando por la materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales –en concordancia con el desarrollo contenido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional–. En tal contexto, de conformidad con los arts. 123 y 124 del CPP; según se tiene, de la propia naturaleza del Auto, que a diferencia de un proveído de mero trámite; y, por tratarse de un pronunciamiento que versaba sobre las acusaciones de transgresiones a derechos, y garantías constitucionales, debía estar fundamentado y expresar los motivos de hecho y derecho en que basó su decisión. Ahora bien, bajo tales antecedentes, corresponde efectuar el análisis en lo atinente al contenido del recurso de reposición de 22 de julio de 2022; por el que, las hoy impetrantes de tutela, solicitaron la revocatoria del decreto de 20 de julio de 2022, que concedió la complementación de diligencias y prórroga de sesenta días al Fiscal de Materia; observando que: 1) Conforme establece el art. 300 del CPP, el plazo para la investigación preliminar estaría plenamente definido, y la excepción a dicho término, estaría inmersa en el art. 301.2 del citado Código, que permite complementar diligencias en los casos determinados en la norma; serían estos el fundamento exegético del agravio causado; toda vez que, el Ministerio Público, a fin de complementar diligencias por el plazo de sesenta días, que involucra un inusual nivel de retardación de justicia; (en su memorial de 20 de julio de 2022) evocó el Requerimiento Fundamentado de Complementación de Diligencia y Prórroga de 19 de julio de 2022, para justificar la complementación; empero, no refirió en sí mismo, ningún acto de investigación; no obstante, el citado Requerimiento, además de ser una copia exacta de otros que presenta el Ministerio Público, no tendría una justificación que permita establecer el tiempo de sesenta días, que en términos hábiles, equivaldrían a tres meses de investigación; asimismo, no habría especificidad de ningún acto justificatorio para dicho plazo; puesto que, la abstracción del Ministerio Público, además de ser alarmante, sería difusa, al complementar diligencias sin ser específicas, y ninguna en concreto;

2) Siendo el ejercicio del control jurisdiccional, vinculado a la garantía del debido proceso y el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, consagrados por el art. 115.II de la CPE, y conforme la competencia de dicho control, el “Juez de Instrucción Penal Cautelar” (sic), no sería pasiva sino activa y dinámica, y al ser una de las aristas del referido control, es que dicha autoridad, en el marco de aquella garantía y aquel derecho, revise si el plazo contiene la razonabilidad frente a las actuaciones que debía realizar el Fiscal de Materia, cuyo requerimiento tendría mucho de detalle y nada de contenido; por lo que, en el marco de las normas constitucionales anotadas, sumada a la competencia establecida en el art. 54.1 del CPP; su autoridad, debería revisar lo antes anotado, para establecer el plazo de duración de la referida complementación de diligencias; lo contrario, importaría sostener, con criterio totalmente ortodoxo, que el Ministerio Público, podría disponer de los tiempos procesales sin justificación alguna, y su probidad únicamente tendría presente, sin el ejercicio objetivo de control de plazos y menos de pertinencia y razonabilidad de las diligencias que justifiquen la complementación; y, 3) En la causa penal, las actuaciones de investigación, como las documentales, las testificales y las periciales, no justificarían en absoluto, la complementación de los sesenta días, y su autoridad debió revisar aquello; toda vez que, además de no señalar ningún elemento cualitativo que vincule a los elementos de convicción, los referidos actuados, el Ministerio Público complementó sin estrategia objetiva, aprovechando la falta de control jurisdiccional o su pasividad manifiesta; es decir, la citada institución en el marco del art. 70 del CPP, realiza una investigación eficaz; sin embargo, no podría estar vinculado, bajo ninguna regla, a la improvisación, y la misma fomentarse por el Órgano Judicial; razón por la que, el control de razonabilidad, resultaría innegable; puesto que, una competencia de control jurisdiccional, conforme al art. 115.II de la CPE, es de revisar la razonabilidad, entre los actos de investigación a ejercitarse y el tiempo solicitado por el Fiscal de Materia; peor aún, cuando este abarcaría el máximo legal del plazo establecido para una investigación preliminar, que sumados a los días transcurridos, sería insostenible en términos temporales. Bajo tales parámetros, se tiene que el Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio 482/2022, declaró infundado el recurso de reposición impetrado por las hoy accionantes, y dispuso la prosecución de la causa conforme al procedimiento penal; sosteniendo su decisión, en base a los siguientes fundamentos: i) En cuanto al plazo de la etapa preliminar de veinte días, no existiría controversia; sin embargo, se señaló que los principios de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, art. 115.II de la CPE, debería ejercerse en la presente causa; puesto que, el Ministerio Público no habría fundamentado, el plazo de complementación de diligencias a sesenta días; respecto a ello, también debería considerarse el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, entre los principios de la jurisdicción ordinaria, que consagrados en el art. 180.I de la Ley Fundamental, se encontraría la verdad material, cuyo contenido constitucional, implicaría la superación de la dependencia de la verdad formal; por lo que, conforme a ello, se debería llegar a la verdad material e histórica de los hechos, que no hay otra manera formal, que ser las investigaciones que realiza el Ministerio Público; ii) Tratándose del ejercicio de la acción penal, el Fiscal de Materia, tendría varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, entre otras, ordenar la complementación de diligencias policiales, fijando el plazo al efecto; y, al realizar el análisis de las actuaciones policiales, y fiscales, debería tenerse en cuenta, que el Ministerio Público, le interesa el esclarecimiento material de los hechos; por lo que, sobre esa base, jugaría un papel fundamental, el principio de objetividad de la labor del Fiscal de Materia, contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley 260 de 11 de julio de 2012–; y, 72 del CPP, que lo hace responsable de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; en ese entendido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público, conforme el art. 225 de la CPE, dicha facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario; por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica de la ciudadanía, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación; de tal manera que, los involucrados en una investigación, sepan que elementos consideró para asumir tal determinación; y, iii) En el recurso de reposición, la parte recurrente refiere que la complementación no menciona en sí misma ningún acto de investigación; aspecto que no sería cierto; puesto que, la autoridad fiscal señaló que de la revisión del cuaderno de investigaciones, se tiene actuados pendientes de investigación, como la recepción de entrevistas a testigos por el investigador asignado al acaso, el registro del lugar del hecho, y el informe preliminar que han sido remitidos por dicho investigador; como también en el plazo, puedan proponer sus diligencias de investigación, que permitan desvirtuar los mismos; desde ese considerando de la autoridad fiscal, a su criterio efectuó razonablemente la complementación de diligencias; ahora bien, según el art. 279 del CPP, no puede inmiscuirse en actos de investigación que comprometan su imparcialidad; de ahí es que, como autoridad jurisdiccional, considera que no es razonable, poder acortar el plazo de la complementación de diligencias; asimismo, no se dio a conocer, en base a qué criterios los actos investigativos indicados por el Ministerio Público, se puedan desarrollar en menor tiempo, para el acorte del mismo; siendo además que ello, es atribución de la autoridad fiscal, fijar de acuerdo a su carga procesal, los actos investigativos que requiere, incluso si las mismas son de fácil o difícil obtención entre otros; de ahí que, no es pertinente que se pueda modular el plazo de la complementación de diligencias; y, de la misma manera, si el Ministerio Público, no tiene o no contempla una estrategia objetiva, no es un fundamento pertinente para poder revocar la providencia del cual se recurre. Del examen del contenido precedente, se advierte que el Auto Interlocutorio 482/2022, vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, porque –de conformidad con lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional– incumple con sus finalidades implícitas; pues de su lectura no se advierte que el razonamiento jurídico visualice el sometimiento manifiesto a la Constitución y a la Ley; por cuanto, esa exigencia se expresa precisamente en una decisión fundamentada, lo que no ocurre en el caso concreto, al no responder a todos los cuestionamientos planteados ni expresar motivos para no hacerlo, tornándose así en arbitraria; más aún, cuando a partir de la SCP 1128/2013 de 17 de julio, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado de forma uniforme las conclusiones pertinentes (a partir de los arts. 300 y 301 del CPP) respecto al rol del juez de control jurisdiccional frente a las prórrogas y el cumplimiento del plazo de veinte días, limitándose únicamente a reiterar los actuados “investigativos” citados por el Ministerio Público para sustentar la ampliación de plazo, pero de ninguna manera se advierte un análisis, si éstos fueron analizados para considerar si el tiempo de ampliación de plazo resultaba razonable; aspectos no tomados en cuenta por la autoridad demandada.

Bajo tal contexto, como se dijo antes; se tiene que, las accionantes en concreto cuestionaron de forma expresa la inexistencia de un requerimiento fundamentado que justifique que los sesenta días de ampliación; además, que la petición se realizó antes del vencimiento del plazo legal establecido en el art. 300 del CPP, y el control jurisdiccional que debía realizar la autoridad demandada, en cuanto al plazo establecido por el Ministerio Público; toda vez que, a su criterio las actuaciones de investigación, como las documentales, las testificales y las periciales, no justificarían en absoluto, la complementación de los sesenta días; sin embargo, el Juez hoy demandado, se limitó a concluir que se debía considerar el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; y que, los actuados pendientes de investigación, señalados por el Fiscal de Materia, como la recepción de entrevistas a testigos por el investigador asignado al acaso, el registro del lugar del hecho, el informe preliminar, y el plazo determinado, estarían bien justificados, y según el art. 279 del CPP, no podía inmiscuirse en estos actos de investigación que comprometan su imparcialidad; de ahí es que, como autoridad jurisdiccional, consideró que no es razonable, poder acortar el plazo de la complementación de diligencias; asimismo, al ser la atribución de la autoridad fiscal, fijar de acuerdo a su carga procesal, los actos investigativos que requiere, incluso si las mismas son de fácil o difícil obtención entre otros, no es pertinente, que se pueda modular el plazo de la complementación de diligencias; y, de la misma manera, si el Ministerio Público, tiene o no contemplada una estrategia objetiva, no es un fundamento pertinente para poder revocar la providencia del cual se recurre; es decir, no justificó la aplicación de los arts. 300 y 301.2 del CPP, al caso concreto, ni exteriorizó las razones, por las cuales concluyó que fueron adecuadamente empleadas; incumpliendo su rol como autoridad de control jurisdiccional en la investigación; y, en tal mérito, tampoco se exteriorizó la motivación y razones; por las cuales, el Juez demandado concluyó que la complementación de sesenta días solicitada por el Ministerio Público era necesaria y razonable. En razón a las omisiones descritas, de la simple lectura del Auto Interlocutorio 482/2022, no resulta posible comprender las razones jurídicas y de hecho, que llevaron a declarar infundado el recurso de reposición solicitado por las impetrantes de tutela.

En ese marco, se evidencia –de conformidad al precitado Fundamento Jurídico, que la decisión de declarar infundado el recurso de reposición de las ahora solicitantes de tutela, no se encuentra debidamente fundamentada, ni suficientemente motivada; toda vez que, no respondió de forma clara y precisa a ninguno de los cuestionamientos expuestos por las accionantes, inobservando el principio dispositivo que implica la respuesta a las pretensiones planteadas; incumpliendo así, con el contenido esencial de una resolución suficientemente fundamentada; en cuyo mérito, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 090/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0298_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): cad60a3489644bba502143f2ad019635ba36bdc728b16e30a5494bf47f8d4447

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