Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 11 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de hurto, en etapa de ejecución de sentencia, cumple una pena privativa de libertad de tres meses en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando; en ese contexto, mediante memorial de 26 de enero de 2023, pidió el beneficio de redención de pena ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; el cual, por decreto de 27 del mismo mes y año, dispuso que el entonces Director ahora accionado remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de trabajo, permanencia y conducta necesarios para su consideración; sin embargo, vencido el plazo, la documentación no fue remitida, transcurriendo más de diecisiete días sin su cumplimiento -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-; situación que, fue advertida mediante decreto de 9 de febrero del referido año, otorgándose un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas para su remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación al derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el actual Director del Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando, de manera inmediata a su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponga que la Trabajadora Social del Régimen Penitenciario, elabore inmediatamente el certificado de trabajo y estudios de José Alejandro Montaño Claros y remita el mismo al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; si acaso a la fecha no se hubiese ya realizado o dispuesto respectivamente. 2° Llamar la atención al Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, para que en lo sucesivo observe y cumpla los plazos establecidos, evitando dilaciones indebidas en el ejercicio de sus funciones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2026-S1 Sucre, 11 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53762-2023-108-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Alejandro Montaño Claros en representación sin mandato de Evani Cuadiay Guaruni contra Mario Ernesto Bustos Burgoa, ex Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante de fs. 4 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Evani Cuadiay Guaruni -accionante-, por la presunta comisión del delito de hurto, previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal (CP), que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, cumple una pena privativa de libertad de tres meses en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando, desde el 18 de noviembre de 2022; en ese contexto, mediante memorial de 26 de enero de 2023, formuló incidente de redención de la pena ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; por lo cual, mediante decreto de 27 de igual mes y año, se dispuso que el entonces Director ahora accionado, remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de trabajo, permanencia y conducta de su persona, necesarios para la consideración del beneficio solicitado.
No obstante, vencido el plazo de cuarenta y ocho horas, el entonces Director hoy accionado no remitió la documentación requerida, transcurriendo más de diecisiete días sin su cumplimiento -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-; situación que, mediante decreto de 9 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, fue advertido, señalando que: “…EXTRAÑA EL CERTIFICADO DE TRABAJO Y ESTUDIO DEL SENTENCIADO QUE NO FUE REMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEL REGIMEN PENITENCIARIO DE VILLA BUSCH” (sic).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: El entonces Director hoy accionado remita en el día los certificados de trabajo, permanencia y conducta de su persona al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, con la finalidad de resolver el incidente de redención de pena formulado.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad de tres meses en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando desde el 18 de noviembre de 2022; puesto que, por memorial de 26 de enero de 2023, formuló incidente de redención de la pena ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; b) Mediante decreto de 27 del mismo mes del referido año, el mencionado Juez dispuso que el entonces Director ahora accionado remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de permanencia y conducta, así como de trabajo y estudio, necesarios para la tramitación del incidente de redención; c) Pese a la notificación efectuada, el nombrado no dio cumplimiento a lo dispuesto en el plazo establecido; considerando que, transcurrieron más de diecisiete días sin la remisión de la documentación requerida -se entiende hasta la interposición de la presente acción tutelar-; situación que, mediante decreto de 9 de febrero de 2023, emitido por el mencionado Juez, señaló que: “…extraña la certificación de trabajo y estudio que no fue remitido por el Régimen Penitenciario…” (sic); d) La falta de remisión de dichos certificados impide la continuidad del incidente de redención de pena, el cual se encuentra directamente vinculado con su derecho a la libertad; y, f) En ese entendido, pidió se conceda la tutela solicitada y se disponga que el entonces Director hoy accionado remita en el día de los certificados requeridos.
Mario Ernesto Bustos Burgoa, Director del Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando, en audiencia a través de su abogado, manifestó que: 1) La notificación al mencionado Centro Penitenciario se realizó el 30 de enero de 2023, a las 15:55 horas; en consecuencia, cursa el trámite correspondiente mediante el cardex interno, donde el encargado del “File personal”, dio respuesta al requerimiento; 2) El 30 del mismo mes y año, la Trabajadora Social presentó baja médica hasta el 8 de febrero del referido año; por lo cual, su persona cumplió con los trámites administrativos correspondientes; asimismo, no tiene competencia para designar un suplente legal, correspondiendo dicha atribución a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), que es Dirección; 3) Se realizaron gestiones ante la mencionada Dirección del Régimen Penitenciario para la designación de profesionales; además, refiriendo la existencia de carencia de personal médico y de trabajo social en el citado Centro Penitenciario, sin que hasta la fecha se hubiese obtenido respuesta; y, 4) No existió dolo en su actuación; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 29 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo el entonces Director ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas y bajo su responsabilidad ordene a la Trabajadora Social del Régimen Penitenciario, la elaboración inmediata del certificado de trabajo y estudios del accionante y remita el mismo al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; bajo los siguientes fundamentos: i) Mediante decreto de 27 de enero del mismo año, el indicado Juez de Ejecución Penal, dispuso la remisión los certificados de permanencia y conducta; así como, de trabajo y estudio en el plazo de cuarenta y ocho horas; no obstante, a pesar de su notificación, el mencionado Director no dio cumplimiento a lo dispuesto; ii) Si bien el nombrado alegó la baja médica emitida por la Trabajadora Social y la falta de competencia para designar suplente, dichos aspectos no se pusieron en conocimiento del referido Juzgado de Ejecución Penal; y, iii) Se advirtió que no se adjuntó el certificado de trabajo y estudio exigido, situación observada por el citado Juez de Ejecución Penal mediante decreto de 9 de febrero del referido año, en la que se extrañó su remisión y se conminó nuevamente a su presentación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 27 de enero de 2023, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; el cual, dispuso que Mario Ernesto Bustos Burgoa, entonces Director del Centro Penitenciario de Villa Busch de indicado departamento -ahora accionado-remita en el plazo de cuarenta y ocho horas, los certificados de trabajo, permanencia y conducta de Evani Cuadiay Guaruni -hoy accionante-necesarios para la consideración del incidente de redención de pena (fs. 2). II.2. Por decreto de 9 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, se “extraña” la falta de remisión del certificado de trabajo y estudio de la accionante; por lo cual, nuevamente otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas para que el entonces Director ahora accionado remita la citada documentación (fs. 3).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de hurto, en etapa de ejecución de sentencia, cumple una pena privativa de libertad de tres meses en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando; en ese contexto, mediante memorial de 26 de enero de 2023, pidió el beneficio de redención de pena ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; el cual, por decreto de 27 del mismo mes y año, dispuso que el entonces Director ahora accionado remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de trabajo, permanencia y conducta necesarios para su consideración; sin embargo, vencido el plazo, la documentación no fue remitida, transcurriendo más de diecisiete días sin su cumplimiento -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-; situación que, fue advertida mediante decreto de 9 de febrero del referido año, otorgándose un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas para su remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1659/2025-S1 de 31 de diciembre, citando a la SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…)
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de hurto, en etapa de ejecución de sentencia, cumple una pena privativa de libertad de tres meses en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando; en ese contexto, mediante memorial de 26 de enero de 2023, pidió el beneficio de redención de pena ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; el cual, por decreto de 27 del mismo mes y año, dispuso que el entonces Director ahora accionado remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de trabajo, permanencia y conducta necesarios para su consideración; sin embargo, vencido el plazo, la documentación no fue remitida, transcurriendo más de diecisiete días sin su cumplimiento -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-; situación que, fue advertida mediante decreto de 9 de febrero del referido año, otorgándose un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas para su remisión.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene acreditado que el accionante, mediante memorial de 26 de enero de 2023, solicitó el beneficio de redención de la pena, al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; por lo cual, por decreto de 27 de similar mes y año, se dispuso que el entonces Director hoy accionado remita en el plazo de cuarenta y ocho horas los certificados de trabajo, permanencia y conducta (Conclusión II.1.); no obstante, vencido dicho plazo, la documentación no fue remitida, extremo que fue advertido mediante decreto de 9 de febrero del referido año, en el que se extrañó la falta de remisión del certificado de trabajo y estudio, otorgándose un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas para su cumplimiento (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la libertad frente a dilaciones indebidas en la tramitación de solicitudes vinculadas con la situación jurídica de personas privadas de libertad; consecuentemente, toda autoridad que conozca una petición relacionada con dicho derecho tiene el deber de tramitarla y efectivizarla con la mayor celeridad posible.
Por consiguiente, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. la acción de libertad en su modalidad innovativa permite a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre actuaciones que, aun cuando hubiesen cesado o se encuentren en vías de cumplimiento, evidencian irregularidades contrarias al orden constitucional, con la finalidad de evitar su reiteración. En el caso concreto, se advierte que el entonces Director ahora accionado, a pesar de ser notificado con el decreto de 27 de enero de 2023; además, mediante decreto de 9 de febrero del mismo año, se le otorgó un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas para la remisión de los certificados de trabajo, permanencia y conducta, no cumplió con lo dispuesto dentro de los plazos establecidos, ni informó oportunamente al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, sobre las circunstancias que alegó en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; situación que, generó dilación en la tramitación del incidente de redención de pena, directamente vinculado con el derecho a la libertad del accionante. Finalmente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, advierte que la conducta asumida por el entonces Director ahora accionado resulta incompatible con el deber de celeridad exigible en actuaciones vinculadas al derecho a la libertad personal; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación al derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el actual Director del Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando, de manera inmediata a su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponga que la Trabajadora Social del Régimen Penitenciario, elabore inmediatamente el certificado de trabajo y estudios de José Alejandro Montaño Claros y remita el mismo al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento; si acaso a la fecha no se hubiese ya realizado o dispuesto respectivamente. 2° Llamar la atención al Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, para que en lo sucesivo observe y cumpla los plazos establecidos, evitando dilaciones indebidas en el ejercicio de sus funciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0296_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 99baea0c650d34101f190a4c9b71a33e1257edf153e7245afe722148a91f0fc2
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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