B.IA.LEGAL

SCP 0296/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51456-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante la presente acción observa que el 30 de septiembre de 2022, el demandante de tutela solicitó una salida judicial laboral adicional a la ya autorizada, presentando un contrato de trabajo que acreditaba su pertenencia a un grupo musical y solicitaba autorización para realizar presentaciones en fechas y lugares específicos. A pesar de presentar dicha documentación, el Juez -ahora demandado-, después de catorce días de haberse interpuesto el pedido, declinó por no otorgar la salida solicitada, lo que el accionante considera una vulneración de sus derechos al trabajo y a la dignidad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Eduardo Quispe Copa, Juez Tercero de Sentencia Penal de la Capital del departamento de La Paz, a observar los plazos procesales con mayor cuidado, cuando se encuentre de por medio el derecho a la libertad, aunque la misma sea de manera transitoria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2025-S1 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51456-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza y Edgar Manolo Rojas Paz en representación sin mandato de Jeanno Martín Lira García contra Eduardo Quispe Copa, Juez Tercero de Sentencia Penal de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el 30 de septiembre de 2022, presentó un memorial solicitando salida judicial laboral adicional a la ya autorizada en una anterior oportunidad, acreditando al efecto su pertenencia a un grupo musical mediante contrato de trabajo incorporado en el cuaderno de control jurisdiccional, ello conforme al art. 49 de la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el derecho al trabajo. La solicitud en cuestión incluía fechas y lugares específicos cuales los cuales eran: 15 de octubre de la misma gestión, en "Drink House" (Plaza Villarroel 36); 29 de octubre de igual año, en "La Trovería" (calle Indaburo esquina Bolívar); y, 18 de noviembre del mismo año, en "Matheus Pub"

(Av. 20 de Octubre 2072), con el horario requerido de 23:00 a 02:00 del día siguiente. Asimismo, refiere que el peticionante de tutela acreditó que se encontraba a cargo de sus padres de la tercera edad, quienes dependían económicamente de él, en especial su madre, quien padece de diversas enfermedades, aspecto respaldado mediante documentación médica incorporada al expediente. Pese a todos esos extremos, el Juez demandado demoró catorce días en responder y no otorgó la salida judicial solicitada, bajo el razonamiento que no se demostró de manera objetiva la necesidad laboral, lo que dejó al demandante en estado de indefensión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos: al trabajo y a la dignidad, citando al efecto los arts. 22; 23.I; 46.I nums. 1 y 2 y II; y, 49 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se dé la salida judicial adicional para salir a trabajar los días que se señalaban en el contrato de trabajo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 15 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 27 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando indicó lo siguiente: a) En el proceso penal seguido contra Jeanno Martin Lira García, el Juzgado Décimo Primero de Instrucción Penal, mediante Resolución 462/2018 de 13 de noviembre, concedió permiso para el desempeño de actividades laborales dentro de horarios específicos, de lunes a sábado, conforme al contrato de trabajo principal presentado. Sin embargo, dicha resolución no autorizó el desarrollo de actividades laborales adicionales; b) Como emergencia de una oposición escrita presentada por la parte adversa, el beneficio de salida laboral adicional, fue rechazado bajo el fundamento de que no se aportaron elementos de prueba suficiente que demuestre de manera objetiva la necesidad económica. Bajo esos términos la autoridad jurisdiccional rechazó la solicitud mediante Auto de 14 de octubre de 2022, haciendo énfasis que para emitir dicha determinación se tardó catorce días; c) Defiende el derecho humano del accionante a trabajar, mencionando que la mayoría de las actividades comerciales en Bolivia son informales y que la exigencia de un contrato formal es un obstáculo innecesario que no contribuye al cumplimiento de la ley. Señala que esta restricción no tiene un objetivo claro y que el Juez está utilizando la detención como una forma de castigo anticipado, lo que va contra del principio de presunción de inocencia y de los derechos fundamentales; d) Considera que el sistema judicial ha transformado la detención preventiva en una pena anticipada, lo que vulnera los derechos de los ciudadanos y afecta injustamente a las familias, e) Destacó que se debe priorizar el bienestar de las familias y la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas en un contexto económico difícil. Insiste en que el pedido se sustenta en la necesidad de trabajar, y que la justicia debe ser aplicada de forma humana y no estrictamente técnica; y, f) Finalmente, señala que no acudió en apelación debido a que el accionante tenía su actividad laboral ese mismo día que fue notificado con la denegatoria a su salida adicional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Eduardo Quispe Copa, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 22 y vta., señaló: 1) Mediante Auto 462/2018 de 13 de noviembre, concedió a Jeanno Martin Lira García permiso para el desempeño de actividades laborales dentro de horarios específicos, de lunes a sábado, conforme al contrato de trabajo principal presentado. Sin embargo, dicha Resolución no autorizó el desarrollo de actividades laborales adicionales; 2) En data 30 de septiembre de 2022, el imputado -ahora accionante- solicitó autorización para desempeñar una actividad laboral extra, adjuntando únicamente un contrato individual de trabajo de fecha 28 de septiembre de 2022, sin incluir documentación objetiva que justifique la necesidad económica para realizar tal actividad adicional, conforme exige el art. 231 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; 3) Ante la falta de elementos de prueba suficientes, se rechazó la solicitud mediante Auto de 14 de octubre de 2022, notificando debidamente al accionante, quien no interpuso recurso de apelación, a pesar de contar con esa posibilidad conforme al art. 180 de la CPE, incurriendo en el incumplimiento del principio de subsidiariedad; 4) Citó la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, que prohíbe el uso de acciones constitucionales para cuestionar la legalidad ordinaria cuando no existe una evidente lesión de derechos fundamentales o una interpretación arbitraria y carente de fundamentación; y, 5) Al no haberse demostrado que el Auto de 14 de octubre de 2022, haya lesionado el derecho a la vida o a la libertad del peticionante de tutela, ni haberse agotado los mecanismos procesales ordinarios, se concluyó solicitando a la autoridad constitucional la denegatoria de la tutela, por inexistencia de vulneración de derechos constitucionales y falta de cumplimiento del principio de subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 22/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) Conforme a la SCP 022/2019-S2 de 15 de marzo, que a su vez cita la SCP 0482/2013 de 12 de abril, se establecen excepciones a la subsidiariedad, permitiendo la presentación directa de la acción de libertad en ciertas circunstancias; i.a) Cuando la supuesta lesión o amenaza del derecho a la vida o libertad física no está vinculada a un delito; i.b) Cuando la supuesta lesión o amenaza del derecho a la vida o libertad física no está vinculada a un delito; i.c) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción sobre el inicio de las investigaciones, pese a haberse vencido los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal; y, i.d) Cuando se restringe el derecho a la libertad fuera de los casos y formas establecidas por la ley, aún sin haber transcurrido los plazos; ii) En el presente caso, se observa que la acción solicitada no se refiere a la libertad personal, sino al derecho al trabajo, el cual no se considera directamente vinculado con el derecho a la libertad. En ese contexto se considera que para proteger otros derechos, existen otros mecanismos legales, y que la solicitud de ajuste a horarios laborales extraordinarios fue ya resuelta por el Juez mediante un Auto del 14 de octubre de 2022; y, iii) El art. 180 de la CPE, protege el derecho a la impugnación, lo que implica que no se han agotado las vías de la justicia ordinaria para cuestionar dicha decisión del Juez demandado. Por lo tanto, no se ha cumplido con el principio de subsidiariedad, que exige que primero se agoten los mecanismos legales antes de recurrir a la acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, por Jeanno Martín Lira García, solicitando al Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, permiso para desempeñar actividad laboral extra, adjunta al efecto fotocopia de contrato de trabajo (fs. 11 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado por Maribel Sharon Lazo Jiménez, el 12 de octubre de 2022, por el que respondiendo a la solicitud realizada por Jeanno Martín Lira García, impetra al Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, que al no haberse justificado la necesidad económica de trabajar horas extras, qué no se otorgue la salida pedida (fs. 17 y vta.). II.3. A través de Auto de 14 de octubre de 2022, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital, concluye por rechazar lo impetrado por Jeanno Martín Lira García para desempeñar actividades laborales extra (fs. 20 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante la presente acción observa que el 30 de septiembre de 2022, el demandante de tutela solicitó una salida judicial laboral adicional a la ya autorizada, presentando un contrato de trabajo que acreditaba su pertenencia a un grupo musical y solicitaba autorización para realizar presentaciones en fechas y lugares específicos. A pesar de presentar dicha documentación, el Juez -ahora demandado-, después de catorce días de haberse interpuesto el pedido, declinó por no otorgar la salida solicitada, lo que el accionante considera una vulneración de sus derechos al trabajo y a la dignidad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; por esta razón, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió la referida clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:

En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).

Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.

III.3. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son agregadas). Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras.

En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se 5El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.

6El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.

7El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo.

De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante la presente acción observa que el 30 de septiembre de 2022, el demandante de tutela solicitó una salida judicial laboral adicional a la ya autorizada, presentando un contrato de trabajo que acreditaba su pertenencia a un grupo musical y solicitaba autorización para realizar presentaciones en fechas y lugares específicos. A pesar de presentar dicha documentación, el Juez -ahora demandado-, después de catorce días de haberse interpuesto el pedido, declinó por no otorgar la salida solicitada, lo que el accionante considera una vulneración de sus derechos al trabajo y a la dignidad.

Ingresando al análisis de la problemática planteada, es necesario realizar una contextualización de los antecedentes que cursan en obrados, es así que Jeanno Martín Lira García solicitó el 30 de septiembre de 2022, permiso para desempeñar actividad laboral extra, adjunta al efecto fotocopia de contrato de trabajo (Conclusión II.1).

Corrido en traslado el referido memorial, Maribel Sharon Lazo Jiménez, presentó memorial respondiendo la mencionada solicitud, bajo el argumento de que al no haberse justificado la necesidad económica de trabajar horas extras, solicitó al Juez de Sentencia Penal Tercero, no se otorgue la salida impetrada por Jeanno Martín Lira García (Conclusión II.2).

En atención a la solicitud realizada, el Juez de Sentencia Penal Tercero, pronunció el Auto de 14 de octubre de 2022, por el que rechaza el pedido formulado por Jeanno Martín Lira García para desempeñar actividades laborales extra, ello bajo el razonamiento de que el impetrante no adjuntó documentación objetiva de respaldo que establezca la necesidad de trabajar horas extras conforme dispone el art. 231 Bis del CPP (Conclusión II.3).

Previo a considerar el fondo de la problemática planteada, corresponde examinar si en el presente caso se ha superado el principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad, en virtud del cual, esta garantía constitucional sólo procede de forma excepcional, cuando no existen mecanismos ordinarios idóneos, eficaces y oportunos para la restitución del derecho fundamental afectado. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en particular lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0733/2019-S2 de 28 de agosto, se ha establecido el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, conforme al cual:

“[…] en los supuestos en que la norma procesal ordinaria prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados previamente; circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria.”

En ese marco, se tiene que en el presente caso, el accionante solicitó al Juez de la causa -ahora demandado- se le autorice a ejercer una actividad laboral adicional al régimen al que se encuentra sometido. Dicha solicitud fue respondida por el juez ahora demandado mediante Auto de fecha 14 de octubre de 2022, por el cual se rechazó la solicitud presentada por Jeanno Martín Lira García.

Ante este escenario, y conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondía al accionante interponer el medio de impugnación previsto en el ordenamiento procesal penal, para que una instancia superior revise la legalidad y razonabilidad de la decisión judicial denegatoria, aplicando así los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. Tal recurso constituía una vía ordinaria específica, idónea y eficaz para procurar la restitución del derecho reclamado, sin necesidad de acudir directamente a la justicia constitucional.

En consecuencia, al no haberse agotado previamente este mecanismo procesal ordinario, se evidencia que no se ha superado el principio de subsidiariedad, tornándose improcedente la activación de la presente acción tutelar. Por tanto, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, corresponde denegar la presente acción de libertad sin ingresar al análisis de fondo del problema jurídico, al no haberse agotado el mecanismo ordinario de impugnación previsto para la resolución judicial cuestionada.

En relación al argumento expuesto en el memorial de interposición de la presente acción de libertad, referido a la supuesta dilación indebida en el tratamiento de una solicitud de salida laboral adicional, que fue presentada por el accionante el 30 de septiembre de 2022, habiéndose emitido pronunciamiento por parte del Juez demandado recién el 14 de octubre del mismo año. Es decir, transcurrieron catorce días para que se emita una respuesta, periodo que excede el marco de lo razonable, cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad física bajo una modalidad transitoria como lo es el trabajo fuera del recinto de detención que es su domicilio particular.

Al respecto, corresponde aplicar la doctrina constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que interpreta la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, cuyo objeto es precisamente garantizar la celeridad procesal ante demoras excesivas que afectan la resolución oportuna de la situación jurídica de personas privadas de libertad. Esta modalidad de la acción de libertad no exige necesariamente una denegatoria expresa o un acto material de restricción, sino que la sola demora irrazonable en resolver una petición relacionada al derecho a la libertad puede constituir en sí misma una lesión constitucionalmente relevante.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido claro en establecer que:

“Toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables […] la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”. En armonía con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la celeridad procesal es un principio estructural del debido proceso, de cumplimiento obligatorio para toda autoridad judicial. Su inobservancia no sólo compromete la garantía del debido proceso, sino que además vulnera derechos como el de petición, acceso a la justicia y seguridad jurídica de las personas sometidas a un proceso penal con medidas cautelares.

En ese entendido, si bien en el caso presente se advierte que el Juez demandado emitió una respuesta expresa al pedido del accionante, lo hizo fuera de un plazo razonable, considerando que la naturaleza del trámite involucraba una petición de salida laboral, es decir, un beneficio transitorio vinculado directamente con la libertad física del solicitante de tutela. Por ello, corresponde señalar que la demora de catorce días constituye una dilación excesiva que no se encuentra justificada en los términos del art. 115.II de la CPE.

Ahora, si bien a ese momento ya existía una respuesta a lo impetrado por el accionante, bajo el marco de una acción de libertad innovativa, y considerando que no existe ya una lesión que deba ser restituida, corresponde exhortar a la autoridad judicial demandada a que en lo sucesivo adopte mayor diligencia y cuidado en el tratamiento de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física, garantizando su tramitación en tiempos razonables y con el respeto que merecen los derechos y garantías de las personas sometidas a medidas cautelares.

En este sentido, se le recuerda que las medidas cautelares penales restringen únicamente el derecho a la libertad de locomoción, y no así otros derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo, el desarrollo personal o el acceso a oportunidades laborales lícitas y reguladas.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Eduardo Quispe Copa, Juez Tercero de Sentencia Penal de la Capital del departamento de La Paz, a observar los plazos procesales con mayor cuidado, cuando se encuentre de por medio el derecho a la libertad, aunque la misma sea de manera transitoria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”.

2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”

4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.

de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0296_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 046866543bef405b553cdb04637e101d4031e29da3c558f669899eef16f110b6

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