B.IA.LEGAL

SCP 0296/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
44913-2022-90-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, igualdad procesal de partes, acceso a la justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: a) Ante su solicitud de cesación a la detención preventiva, Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta del departamento de Cochabamba, no le permitió a su abogada defensora revisar el cuaderno cautelar, en virtud a no haber cancelado la multa que le fue impuesta por Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, por haber faltado a la audiencia de juicio oral y no haber presentado ningún descargo; asimismo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fue notificada con el acta de audiencia, que disponía la mencionada multa a fin de pagar o solicitar la reposición de la determinación asumida, esto en virtud a que Cindy Adriana Camacho Gonzáles Secretaria del mismo Juzgado, no elaboró el acta correspondiente; y, b) Fue notificado con proveído de 14 de diciembre de 2021, emitido por Liliana Romero Espinoza, Jueza del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del citado departamento, que fijaba el 4 de enero de 2022 para la audiencia solicitada, fuera de lo establecido por la normativa vigente. En revisión, corresponde verificar si tal…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad pronto despacho en torno a Liliana Romero Espinoza, Jueza y Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario, ambos del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, 2° DENEGAR respecto al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, derecho a la igualdad procesal de partes, en cuanto a todos los demandados.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso
  3. III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2023-S2 Sucre, 5 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44913-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jubani Víctor Villca Llavera contra Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez, y Cindy Adriana Camacho Gonzáles, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Segundo; Liliana Romero Espinoza, Jueza; y, Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario, ambos del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinto, todos de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2021, cursante de fs. 9 a 13, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se tenía programada audiencia de juicio oral para el 2 de diciembre de 2021, la cual se suspendió por ausencia de su abogada defensora, siendo sancionada con una multa pecuniaria por el Juez de la causa; ante este hecho, su defensora se apersonó ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba a recabar una copia del acta donde fue sancionada para poder justificar su incomparecencia de manera documental; sin embargo, la Secretaria de ese Juzgado -ahora demandada-, le indicó que la antedicha determinación le seria notificada mediante el buzón de ciudadanía digital; por lo que, no se le facilitó lo solicitado. En consecuencia, al existir un detenido preventivamente el mencionado Juzgado remitió la causa al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinto del referido departamento, ante el cual se apersonó su abogada para revisar el expediente, mismo que no le fue facilitado porque fue remitido con una nota que contenía indicaciones de no atender las solicitudes de Lilian Nogales Rocha hasta que cancele la multa que le fue impuesta dentro del proceso principal, negándole de esa manera el acceso a los antecedentes del proceso, generando un procesamiento indebido y un estado de indefensión. Asimismo, solicitó la cesación a su detención preventiva mediante memorial de 10 de diciembre de 2021, fijándose audiencia para el 4 de enero de 2022; determinación notificada el 15 de diciembre de 2021, vulnerando el principio de celeridad y acceso a una justicia pronta y oportuna, causando un indebido procesamiento vinculado con la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, igualdad procesal de partes, acceso a la justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 73 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Al Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, instruya a la Secretaria a su cargo se notifique en el día a las partes procesales con el Auto de 2 de diciembre de 2021; y, b) A la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del mismo departamento señale nuevo día y hora de audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva, conforme los plazos señalados por la SCP 0328/2015-R de 20 de marzo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que las autoridades ahora demandadas al ser notificados con la presente acción de libertad, fijaron audiencia para igual fecha a horas 15:15, con el fin que no puedan asistir a la misma y creyendo haber reparado el daño ocasionado por más de dos semanas.

I.2.2. Informe de los demandados

Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Dentro del proceso penal contra el impetrante de tutela se señaló audiencia de juicio oral para el 2 de diciembre de 2021, con tres meses de anticipación; señalamiento con el cual, fueron debidamente notificadas todas las partes; 2) Instalada la mencionada audiencia, la abogada defensora del demandante de tutela no se hizo presente; por lo cual, en aplicación de los arts. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 24 del Reglamento de Conductas Disciplinarias, y ante el abandono malicioso se aplicó una multa en su contra; 3) El Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba ingresó en vacación judicial el 6 de diciembre de 2021, sin que se haya presentado memorial alguno justificando la inasistencia de la abogada; 4) Si la abogada no fue aun notificada con la determinación reclamada, debería tomarse en cuenta la suspensión de plazos por la vacación judicial, puesto y que esta labor es llevada adelante por la Gestora Pública, teniendo pera el efecto el plazo de tres días; y, 5) El proceso fue remitido ante el juzgado de turno en suplencia legal del precitado Juzgado; por lo que, en ese mérito no se vulneraron derechos o garantías constitucionales. Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del Departamento de Cochabamba, presentó informe escrito de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 24 a 25, solicitando se rechace la tutela solicitada bajo los siguientes argumentos: i) El peticionante de tutela acudió de manera directa al Tribunal de garantías, sin realizar ningún reclamo en el ámbito jurisdiccional, por ende, no agotó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, más aun cuando el decreto de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva fue emitido por el Secretario, quedando pendiente el recurso de reposición a fin que se modifique o corrija procedimiento; y, ii) De antecedentes se tiene que el impetrante de tutela presentó su memorial de cesación a la detención preventiva el 13 del precitado mes y año, posteriormente el Secretario emitió el decreto de 14 del mismo mes y año, señalando la audiencia de cesación a la detención preventiva para el 4 de enero de 2022, el cual fue notificado el 15 de diciembre de 2021; por lo cual, no existiría retardación de justicia, más aun si se tomó en cuenta la mora procesal y el colapso de esa repartición judicial. Cindy Adriana Camacho Gonzáles, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió informe escrito de 23 de diciembre de 2021, cursante a fs. 23 y vta., por el que indicó:

a) La audiencia de juicio oral contra el accionante programada para el 2 de diciembre de 2021, fue suspendida por la ausencia de su abogada defensora; b) Las actas no pueden ser elaboradas en el día debido a la carga procesal; razón por la cual, se indicó a la abogada que le serían entregadas al día siguiente, mas nunca se apersonó; considerando que el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del citado departamento entró de vacaciones desde el 7 de diciembre del referido año y que la Oficina Gestora solo recibió las diligencias de notificación hasta el mediodía del 3 de diciembre de igual año; y, c) El expediente fue remitido al juzgado de turno por tratarse de un detenido preventivo, no existiendo ninguna dilación indebida del proceso. Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió informe escrito de 23 de diciembre de 2021, cursante a fs. 26, solicitando se deniegue la tutela argumentando: 1) Debido a la excesiva carga procesal con la que contaría el Juzgado, las autoridades ya tenían programadas sus audiencias, sin consignar aun las causas remitidas de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Sentencia Penal del mencionado departamento; y, 2) Por un error humano se hizo constar una fecha diferente, aspecto que no fue advertido por el filtro en secretaría, siendo notificado el mismo que tampoco fue reclamado por el impetrante de tutela, mediante un recurso de reposición provocando su propia indefensión.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 50, concedió en parte la tutela contra Cindy Adriana Camacho Gonzáles, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento, contra Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de igual departamento y contra Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del citado Juzgado; por consiguiente, se recomendó a la Secretaria del indicado Juzgado de Sentencia Penal Segundo la elaboración de actas de audiencia oportunamente, peor aún si se ingresaría de vacación, a objeto que los suplentes tengan todos los antecedentes a los fines consiguientes. Así también, se ordenó tanto a la autoridad jurisdiccional y Secretaria del Juzgado mencionado, a cumplir con los plazos procesales para el señalamiento de audiencia, por cuanto no sería un eximente lo informado en relación al error en el señalamiento de audiencia, por existir plazos procesales de cumplimento obligatorio, como la inexistencia de espacio en agenda, más aún si la remisión de procesos a los juzgados suplentes tienen ese objetivo de atender este tipo de solicitudes, que deben regirse dentro de los parámetros legales y denegó la tutela impetrada contra Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez del Juzgado de Sentencia Penal Segundo del prenombrado departamento, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La inviolabilidad de la defensa técnica involucra contar necesariamente con un abogado de confianza, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del proceso al final; es decir hasta la ejecución de sentencia, lo que en el presente caso aconteció; puesto que, el imputado eligió a su abogada de confianza, la que “tiene total derecho al acceso del proceso sin justificación alguna” (sic); ii) Si bien en la presente causa, la abogada tenía una multa pendiente por pagar debido a su inasistencia a una audiencia de juicio oral el 2 de diciembre 2021, esta no es una limitante para que se le restrinja la revisión del proceso, en este caso al cuadernillo cautelar, menos la presentación de memoriales con el objeto de solicitar audiencia de cesación a la detención preventiva, considerando que es la finalidad de las remisiones de procesos a los juzgados suplentes de turno; es decir, el envío de los procesos solo es para el conocimiento de audiencias de cesaciones a la detención preventiva que en esencia se encontrarían vinculadas a la libertad física; iii) En el Juzgado suplente debió atenderse con la celeridad y prontitud, tanto en la facilitación del cuadernillo del caso como en el señalamiento de audiencia dentro de los plazos establecidos por ley; iv) Al exigir previo pago de multa para revisar un proceso, que dicho sea de paso, fue impuesto en el proceso de fondo y haberse señalado audiencia fuera del plazo establecido para esos actuados, que transgreden el derecho al acceso de una justicia pronta y oportuna fracturando el principio de celeridad; en consecuencia, al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa e igualdad procesal de partes; v) El imputado tendría el derecho de contar con un abogado de su confianza que estaría obligado y con el derecho de apersonarse ante los tribunales y juzgados con el objeto de asumir una defensa efectiva para su defendido, con el fin de revisar procesos sin restricciones a los fines que correspondan; empero, también cumpliendo las órdenes judiciales que en este caso radicaría en un pago de multa; sin embargo, se debería tomar en cuenta que no contaba con la resolución respectiva para que cumpla, si esto fue así es netamente de responsabilidad de la “Secretaria de origen que no faccionó y remitió oportunamente el auto” (sic), a los efectos de notificación donde se le impuso multa; vi) En la tutela de la acción de libertad vinculada al debido proceso, necesariamente se deberían cumplir los presupuestos consistentes en: actos lesivos vinculado al derecho a la libertad personal y/o de locomoción, como causa directa para su restricción o supresión, y relativo a encontrarse en absoluto estado de indefensión, de manera que no le permitiese solicitar oportunamente sus pretensiones, que en el presente caso fue una cesación a la detención preventiva, extremos que se cumplirían en el caso de autos, por cuanto Jubani Víctor Villca Llavera -ahora accionante-, por medio de su abogada se apersonó al Juzgado de turno por vacación y no tuvo acceso pronto al proceso, y luego al haber presentado un memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva fue señalado fuera del plazo establecido por ley, lo cual obviamente denota la vinculación con la restricción de su libertad; toda vez que, en la audiencia de cesación a la detención preventiva se consideraría ese aspecto; vale decir, su libertad de locomoción empero, porque se encontraría con aplicación de medidas cautelares de detención preventiva, medida que de todos modos está sujeta a desvirtuar los fundamentos que dieron lugar a la detención preventiva, como prevé el art. 239 del CPP; y, vii) El Tribunal de garantías observó la conculcación de los derechos al debido proceso, a la defensa, en franca contravención del principio de celeridad y a una justicia pronta, plural, gratuita y oportuna, asimismo no estableció que su vida estaría en peligro, ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de su libertad personal. En la vía de complementación y enmienda, mediante memorial de 28 de diciembre de 2021, cursante a fs. 68 y vta., Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitó que el Tribunal de garantías complemente la Resolución descrita, explicando por qué no se tomó en cuenta la subsidiariedad observada por su persona ni se consideró el informe del Secretario de su Juzgado, respecto al error involuntario al emitir el señalamiento de audiencia, en la cual se ordenó sin mayores exigencias como el pago de una multa, y por último, el referido Tribunal aclare la Resolución estableciendo cuáles fueron los actos vulneradores de cada uno de los demandados, tomando en cuenta las atribuciones de la Ley del Órgano judicial. El Tribunal de garantías, mediante Auto de la misma fecha, cursante a fs. 70, señaló claros y precisos los argumentos expuestos en la Resolución y no existiendo nada que aclarar, enmendar o complementar se esté a la Resolución de 23 de diciembre de 2021.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de 10 de diciembre de 2021, mediante el cual el impetrante de tutela solicitó la cesación a su detención preventiva (fs. 4). II.2. Cursa decreto de 14 de diciembre 2021, emitido por el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, en el cual fijó como fecha para la audiencia solicitada el 4 de enero de 2022 (fs. 5). II.3 Corren notificaciones de 22 y 23 de diciembre de 2021, a los ahora demandados con la presente acción de libertad con una copia de la misma (fs. 15 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, igualdad procesal de partes, acceso a la justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: a) Ante su solicitud de cesación a la detención preventiva, Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta del departamento de Cochabamba, no le permitió a su abogada defensora revisar el cuaderno cautelar, en virtud a no haber cancelado la multa que le fue impuesta por Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, por haber faltado a la audiencia de juicio oral y no haber presentado ningún descargo; asimismo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fue notificada con el acta de audiencia, que disponía la mencionada multa a fin de pagar o solicitar la reposición de la determinación asumida, esto en virtud a que Cindy Adriana Camacho Gonzáles Secretaria del mismo Juzgado, no elaboró el acta correspondiente; y, b) Fue notificado con proveído de 14 de diciembre de 2021, emitido por Liliana Romero Espinoza, Jueza del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del citado departamento, que fijaba el 4 de enero de 2022 para la audiencia solicitada, fuera de lo establecido por la normativa vigente. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional. Jurisprudencia reiterada

Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “La jurisprudencia constitucional estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: '…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional‛. Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas”.

III.2. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso

Al respecto, la SCP 0393/2018-S2 de 1 de agosto, haciendo cita de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, establece que procede la tutela al derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, en ese entendido: ”’...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’. En forma posterior, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: ‘...para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, relativo a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’. De la jurisprudencia desglosada precedentemente se deduce que para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo se[a] la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión; empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal ” (las negrillas son nuestras).

III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” . Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, igualdad procesal de partes, acceso a la justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: 1) Ante su solicitud de cesación a la detención preventiva, Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, no le permitió a su abogada defensora revisar el cuaderno cautelar, en virtud a no haber cancelado la multa que le fue impuesta por Luis Fernando Barrios Quevedo Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, por no asistir a la audiencia de juicio oral y no presentar ningún descargo; asimismo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fue notificada con el acta de audiencia que disponía la mencionada multa a fin de pagar o solicitar la reposición de la determinación asumida, esto en razón a que Cindy Adriana Camacho Gonzáles, Secretaria del mismo Juzgado, no elaboró el acta correspondiente; y, 2) Fue notificado con proveído de 14 de diciembre de 2021, emitido por Liliana Romero Espinoza, Jueza del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del citado departamento, que fijaba como el 4 de enero de 2022 como fecha para la audiencia solicitada, fuera de lo establecido por la normativa vigente. De acuerdo a los datos contenidos en el expediente traído en revisión, consta memorial de 10 de diciembre de 2021, mediante el cual el impetrante de tutela solicitó la cesación a su detención preventiva (Conclusión II.1), la misma que fue respondida mediante decreto de 14 de igual mes y año, emitido por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, fijando como fecha para la audiencia el 4 de enero de 2022 (Conclusión II.2), ante dicha determinación el demandante de tutela interpuso la presente acción de libertad, con la cual los demandados fueron notificados el 22 y 23 de diciembre de 2021 (Conclusión II.3). Sobre la subsidiariedad de la presente acción de libertad, se tiene que la solicitud de complementación y enmienda, no resulta ser el medio idóneo para reparar la lesión cuando se trata de lesiones al derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, vinculado con la libertad del accionante. Al presente se tienen claramente identificadas dos problemáticas, una relativa a la multa impuesta a la abogada defensora del peticionante de tutela y la negativa que revise el expediente entre tanto no cancele la misma, y la otra en torno a la fijación de la audiencia solicitada fuera de los parámetros establecidos para el efecto; asimismo, tenemos cuatro funcionarios públicos demandados; por lo cual, es imperante establecer el actuar de cada uno de ellos para determinar la vulneración a los derechos y garantías demandadas. i) Luis Fernando Barrios Quevedo Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, impuso una multa pecuniaria a la abogada del ahora impetrante de tutela, ante su incomparecencia a la audiencia de juicio oral establecida para el 2 de diciembre de 2021. ii) Cindy Adriana Camacho Gonzales, Secretaria del Juzgado supra mencionado, hasta la interposición de la presente acción de libertad no labró el acta de audiencia en la cual se multaba a la abogada del demandante de tutela y así tampoco elaboró los documentos para hacer efectiva la misma, ocasionando que la abogada del accionante no pueda acceder a revisar el cuaderno cautelar a través de un actuar errado del secretario del juzgado de turno. iii) Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, informó a la abogada del solicitante de tutela que no podía tener acceso al cuaderno cautelar porque no había cancelado la multa impuesta por el Juez de la causa, asimismo emitió el decreto de 14 de diciembre de 2021, mediante el cual estableció como fecha para la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada para el 4 de enero de 2022, que posteriormente fue corregida de oficio pero de manera posterior a la citación con la presente acción tutelar, nuevamente en desmedro del peticionante de tutela, fijando dicha audiencia a la misma hora que la acción de libertad, más aun cuando la parte impetrante de la cesación de la detención preventiva debe producir prueba y fundamentar en audiencia al haber establecido su petitorio con base en el art. 239.1 del CPP; en ese sentido, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional establece que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: “…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”. iv) Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, no realizó el control necesario de sus dependientes; al respecto, en la misma forma que la autoridad judicial demandada ostenta la dirección y control sobre los servidores del Juzgado, pues se halla encargada de las autoridades judiciales que tiene bajo su cargo; consecuentemente, dada dicha relación de mando y dependencia, corresponde a estos verificar que sus subalternos dependientes, ejecuten los actos que les son encargados, con mayor razón en aquellos casos en los cuales se encuentra de por medio el derecho a la libertad, dando visto bueno a la negativa de acceso al cuaderno de investigación por parte de la abogada del impetrante de tutela expresada por el Secretario de su Juzgado, aspecto que no fue rebatido por los demandados; así también, entorno al establecimiento de la fecha de audiencia de manera contraria al art. 239 del CPP.

En ese mérito, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, deben presentarse en forma concurrente los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; en el caso en estudio, debemos precisar que la penalidad establecida por Luis Fernando Barrios Quevedo Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, la falta de notificación con el acta de dicha suspensión de audiencia y la ausencia de los trámites administrativos para hacer efectiva la multa en la cual habría incurrido Cindy Adriana Camacho Gonzáles, Secretaria del mencionado Juzgado, no tienen vinculación directa con la libertad del impetrante de tutela, porque la situación jurídica de detención preventiva que ostenta, es el resultado de una medida cautelar impuesta en inicio por una autoridad diferente a la demandada, por ende, al no existir ese vínculo entre lo demandado y la libertad del demandante de tutela, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis solicitado por constituirse en una causal de improcedencia, debiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del citado departamento, emitió el decreto de 14 de diciembre de 2021, mediante el cual estableció como fecha para la audiencia de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela para el 4 de enero de 2022, actuado que efectivamente vulnera el debido proceso en su vertiente de celeridad, pero que fue corregida de oficio de manera posterior a la citación con la presente acción tutelar, actuar que pone en conflicto e indefensión nuevamente al accionante, al establecer para la audiencia extrañada un horario similar al de la presente acción tutelar, entendiendo que el solicitante de tutela debe en ambas audiencias sustentar sus argumentos y producir prueba, aspectos que no fueron debidamente controlados por Liliana Romero Espinoza Jueza del referido Juzgado, debiendo por ello conceder la tutela solicitada. Sobre la igualdad procesal, esta debe entenderse que las partes en conflicto gozarán de iguales oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asistan, siendo oídas por la autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial (art.

120.I de la CPE); de donde se extrae, que todas las personas tienen derecho a acceder de forma igualitaria ante los jueces, no solamente en el sentido estricto de una idéntica oportunidad para acudir a los estrados judiciales sino también como la posibilidad cierta y evidente de recibir de los juzgadores idéntico tratamiento ante situaciones similares, a no ser que el juez de la causa exprese razones serias que justifiquen su posición; caso contrario, nos encontraríamos frente a una lesión indiscutible de los derechos a la igualdad y al debido proceso, lo cual sin duda amerita la protección mediante tutela constitucional; en tal sentido, el peticionante de tutela no explicó de qué manera los demandados habrían vulnerado este derecho y tampoco presentó prueba suficiente a efectos de establecer dicho extremo, debiendo denegar la tutela solicitada. Sobre el derecho al acceso a la justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, tenemos que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, desarrollo que se ve reflejado en el proveído de 14 de diciembre de 2021, que fija como fecha para la celebración de la audiencia de consideración de cesación de la detección preventiva más allá de los cinco días establecidos en el art. 239 del CPP, generando una situación que si bien fue corregida de oficio, originó un reclamo y con este el movimiento del aparato estatal de justicia en busca de dicha corrección, estableciéndose de esta manera que existieron razones fundadas para la interposición de la presente acción tutelar ante la injustificada demora que representaba la fijación de la mencionada audiencia, debiendo en consecuencia concederse la tutela solicitada. De lo supra desarrollado, Liliana Romero Espinoza, Jueza y Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario, ambos del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta, ambos de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de su actuar fijando audiencias fuera de lo establecido por el art. 239 del CPP, vulneraron el principio de celeridad invocado por el demandante de tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad pronto despacho en torno a Liliana Romero Espinoza, Jueza y Gramsci Marcelo Ortiz Guzmán, Secretario, ambos del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, 2° DENEGAR respecto al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, derecho a la igualdad procesal de partes, en cuanto a todos los demandados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0296_2023-S2_id62096.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 22e9ef2dbf0a71cec1ec4267240b80abfd838e403ac8c269e23e76d3636ef9ee

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