B.IA.LEGAL

SCP 0295/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48841-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal demandada al momento de emitir el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, declaró improcedente su recurso de apelación, confirmando el Auto Interlocutorio 64/2022 que revocó su detención domiciliaria, ya que simple y llanamente realizó una exaltación personal; puesto que, nunca incumplió las medidas cautelares impuestas por el Juez a quo; sin embargo, se le restringió su derecho a la libertad; toda vez que, no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa para viabilizar su libertad; toda vez que, el incumplimiento de los deberes del funcionario policial no puede ser su responsabilidad, es más, se efectuó una verificación domiciliaria sorpresiva por parte del Ministerio Público advirtiéndose que estaba cumpliendo su detención domiciliaria “a cabalidad y por supuesto que no estaba el custodio policial” (sic). […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 141/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 64 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos al debido proceso en su elemento de motivación y al principio de seguridad jurídica, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir nueva resolución en el plazo de 48 horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional.

3° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto al derecho del debido proceso en su elemento de fundamentación y principio de legalidad. 4° Exhortar a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz a ejercer el control del personal a su cargo, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48841-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 141/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 64 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Ávila Quelali contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 40 a 46 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Rosa Gutiérrez Cutilli contra “PLINIO WILMER HINOJOSA AGUIRRE y OTRO”, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 385/2021 de 14 de junio, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro”; sin embargo, posteriormente emitió el Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, cesando la medida extrema y disponiendo medidas cautelares personales consistentes en: “1. La detención domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar en este caso la madre de la víctima, CON UN CUSTODIO POLICIAL conforme a lo solicitado por el coimputado, disponiéndose por Secretaria emítase las ejecutoriales de ley” (sic), entre otras; ante lo cual, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, adjunto el arraigo y la boleta de depósito judicial por la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos); mereciendo el decreto de 26 de noviembre de 2021, que señala ante el cumplimento de las medidas dispuestas “por secretaria emítase el correspondiente mandamiento de Detención Domiciliaria” (sic), librándose el respetivo mandamiento de libertad y detención domiciliaria a su favor, el cual fue notificado el 29 de noviembre de 2021 al indicado Centro Penitenciario, efectivizándose su libertad el 30 de igual mes y año, hasta el 8 de abril de 2022, durante cuatro meses y ocho días, lapso en el que se encontraba con detención domiciliaria; sin embargo, la madre de la víctima solicitó la revocatoria de su detención domiciliaria por incumplimiento de las medidas impuestas; ante lo cual, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del aludido departamento, por Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, revocó su detención domiciliaria con el “fundamento que incumplido del custodio”, arbitrariedad ante la cual, formuló recurso de apelación incidental, resuelto por la Vocal demandada, quien mediante Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, declaró improcedente el mismo, atentando el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica, así como a la libertad; puesto que, simple y llanamente realizó una exaltación personal; ya que, nunca incumplió las medidas impuestas por el Juez de la causa; sin embargo, se le restringió su derecho a la libertad; toda vez que, no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa para viabilizar su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, emitido por la Vocal demandada, dejando firme y subsistente el Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre; b) De forma inmediata se restituya su detención domiciliaria conforme al Auto Interlocutorio 732/2021; y, c) “EL PAGO DE COSTAS JUDICIALES EN CALIDAD DE ACCIONANTE A SER CALIFICADOS EN EJECUCIÓN DE FALLOS EN CONTRA DE LOS ACCIONADOS” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 58 a 63 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela ratificó in extenso su memorial de acción de libertad y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) Es necesario tomar en cuenta los fundamentos expuestos en el Auto de Vista cuestionado; puesto que, la autoridad demandada señaló que “…se habría dispuesto el cumplimiento de la detención domiciliaria bajo custodio mismo que no habría sido cumplido por el ahora acusado ni mucho menos habría solicitado la modificación en cuanto al custodio respectivamente a la imposibilidad que se ha proporcionado dicho personero ante el comando departamental de la policía aspecto ese tribunal de alzada considera que existe la suficiente logicidad y razonabilidad; por el cual, no existe acto vulneratorio al debido proceso conforme se tiene al artículo 124 y 173 de la norma adjetiva penal; por lo que, este tribunal de alzada considera que la fundamentación fáctica y jurídica emitida por la autoridad jurisdiccional tiene la suficiente logisidad” (sic); 2) En relación a la efectivización de su libertad tomando en cuenta el cumplimiento de las medidas cautelares personales impuestas, el entendimiento de la SC 1242/010-R de 13 de septiembre, estableció que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación a la detención preventiva solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, siendo esa la única condición, lo que implica que no se puede exigir el cumplimiento de otros requisitos o realización de diligencias como condiciones previas a viabilizar la cesación a la detención preventiva, bajo ese razonamiento, el 24 de noviembre de 2021 se mandó una nota dirigida al Director Departamental del Régimen Penitenciario para que se conceda un custodio policial, y de la revisión de actuados se tiene que no se hizo el respectivo seguimiento al mismo, señalando erradamente que quien tendría la obligación de efectuar el seguimiento será precisamente el interesado, inobservando que, si se cumplieron las medidas cautelares personales, corresponde la emisión del Mandamiento de libertad; y, 3) El incumplimiento de los deberes del funcionario policial no puede ser responsabilidad del imputado para revocarle la medida cautelar; puesto que, dio cumplimiento a cabalidad a su detención preventiva, es más, se efectuó una verificación domiciliaria sorpresiva por parte del Ministerio Público “donde el señor estaba cumpliendo a cabalidad y por supuesto que no estaba el custodio” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; si bien, presentó su informe vía WhatsApp conforme consta en el acta de audiencia virtual; sin embargo, el mismo no fue remitido a esta instancia constitucional; y toda vez que, se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el mismo no se constituye en un óbice a efecto de resolver la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 141/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 64 a 68, “ADMITE” la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, debiendo la autoridad demandada dictar nueva resolución en el término de veinticuatro horas, ello con base en los siguientes fundamentos: i) Por Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, se impuso al peticionante de tutela medidas cautelares personales consistentes en la “La detención domiciliario en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familia en este caso la madre de la víctima, con un custodio policial conforme a lo solicitado por el coimputado, disponiéndose por Secretaria emítase las ejecutoriales de ley”, entre otras, y a efecto de dar estricto cumplimiento, en ninguna parte, se señala que el imputado, ahora accionante deberá realizar el tramite referente al custodio policial ante la entidad correspondiente, “los gastos como la alimentación y vestuario, su aprovisionamiento económico o pago mensual o por día del custodio, el lugar donde habitara fuera o dentro de ese domicilio referente a su permanencia y vigilancia, asimismo no ha señalado si el custodio policial sea en el interior o exterior del mencionado inmueble donde guarda la detención domiciliaria el solicitante de tutela, así como la erogación de pasajes y el tiempo de permanencia del custodio en el mencionado inmueble, además de otros gastos que amerite para la vigilancia, esta determinación de vigilancia es ambiguo y no es claro, es por esta ambigüedad no se ha podido concretar la decisión” (sic); ii) Revisado el Auto de Vista cuestionado emitido por la Vocal demandada, no se advierte que el mismo contenga la fundamentación y motivación correspondiente; toda vez que, el Auto Interlocutorio 732/2021 “en su numeral 1) de detención domiciliaria con escolta policial, no es clara y precisa, es por esta circunstancia que se advierte la presunta vulneración de los Derechos y Garantías Constitucionales del ahora accionante, toda vez que en la decisión de esta autoridad Jerárquica, no toma en cuenta que el ahora accionarte dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 732/2021, con la presentación de arraigo y la suma de fianza económica de 20.000Bs, asimismo el informe del Sgto. 2do Wilson Flores Limachi de la FELCV que refiere que se constituido en el domicilio del impetrante de tutela el mismo que es habido en ese domicilio que la misma se encontraba sin custodia policial, misma que se puede evidenciar en la Resolución N° 64/2022” (sic); iii) Se puede advertir en el Auto Interlocutorio 64/2022 que hace referencia a “una nota emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de fecha 24 de noviembre de 2021 dirigida al Director Departamental de Régimen Penitenciario del Departamento de La Paz, donde se hace conocer la disposición de un custodio policial, sobre el mismo no se hace el seguimiento por el interesado que es el accionante, Ministerio Publico y los familiares de la víctima fallecida, tomando en cuenta que el accionante se encontraba en detención domiciliaria, aspecto estos que la autoridad Vocal de la Sala Penal Segunda no ha tomado en cuenta a momento de la decisión” (sic); iv) Se debe tomar en cuenta que la autoridad judicial que emitió el Mandamiento de detención domiciliaria debió observar en el momento oportuno si el peticionante de tutela dio cumplimiento a las medidas impuestas en el Auto interlocutorio 732/2021; y, v) Por lo que, habiéndose cumplido los requisitos de la imposición de las medidas cautelares, se debe otorgar el Mandamiento de libertad y viabilizar el trámite de la detención domiciliaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 385/2021 de 14 de junio, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ariel Ávila Quelali -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de feminicidio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” durante cuatro meses (fs. 3 a 7). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, mediante el cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, determinó otorgar medidas cautelares personales al impetrante de tutela, consistentes en:

1. La detención domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar en este caso madre de la víctima, CON UN CUSTODIO POLICIAL conforme a lo solicitado por el coimputado, disponiéndose por Secretaria emítase las ejecutoriales de ley. 2. La obligación de presentarse por ante el sistema biométrico de la ciudad de EL Alto del Ministerio Público cada lunes de cada semana de horas 08:00 a 12:00 AM. 3. La prohibición de concurrir al lugar de trabajo, estudios u otro incluido el domicilio de la madre de la víctima. 4. La prohibición de comunicarse con la madre de la víctima y sus familiares y además de los testigos y el otro coacusado, a no ser que sea con el objeto de ejercer su legal y constitucional derecho a la defensa. 5. UNA FIANZA ECONÓMICA DE BS. 20.000, misma que debe ser embolsado por ante el D.A.F., del Consejo de la Magistratura. 6. La prohibición de salir del país, a cuyo efecto EMÍTASE EL ARRAIGO

CORRESPONDIENTE. 7. Finalmente, queda conminado a cumplir y obedecer el llamado tanto del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional con la sola notificación en su domicilio procesal señalado.

Advirtiéndose al coimputado Ariel Ávila Quelali que las Medidas Cautelares de carácter personal de las cuales está siendo objeto son de cumplimiento obligatorio, en caso de inobservancia o incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a su revocatoria imponiéndosele una medida más gravosa como la que viene cumpliendo en caso de ser procedente, concediéndosele el plazo de 5 días para el cumplimiento de las mismas, una vez cumplidas las mismas por Secretaria emítase el mandamiento de detención domiciliaria dispuesta por esta autoridad (sic [fs. 8 a 9 vta.]). II.3. Consta Mandamiento de Arraigo de 24 de noviembre de 2021, suscrito por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz contra el ahora peticionante de tutela (fs. 15).

II.4. Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, el solicitante de tutela solicitó se expida el Mandamiento de detención domiciliaria a su favor, adjuntando al efecto Comprobante de ingreso de arraigo ante las oficinas de la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Certificado de Depósito Judicial por la suma de Bs20 000.-(fs. 16 a 18), mereciendo decreto de 26 de igual mes y año, que refiere: “Se tiene presente y arrímese a sus antecedentes. Así mismo, habiéndose cumplido a cabalidad con lo dispuesto por esta autoridad en Resolución 732/2021… por secretaria emítase el correspondiente mandamiento de Detención Domiciliaria” (sic [fs. 19]). II.5. Cursa Mandamiento de libertad y detención domiciliaria librado a favor del accionante, recepcionado en el Centro Penitenciario “Chonchocoro” el 29 de noviembre de 2021 (fs. 20). II.6. Se tiene Acta de entrega de detenido de 30 de noviembre de 2021, suscrita por Wilmer Flores Morales, funcionario policial y Mónica Mamani Mayta, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal, mediante la cual se “…hizo entrega del privado de libertad ARIEL AVILA QUELALI con C.I. 4896217 L.p. En cumplimiento al Mandamiento de libertad y detención domiciliaria (sin Escolta), con Resolución N° 370/2021…” (sic [fs. 39]). II.7. A través de Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, revocó las medidas cautelares puestas al impetrante de tutela, conforme al art. 247.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP): “…es decir por no haber dado cumplimiento a su detención domiciliaria con escolta policial, debiendo en el día expedirse el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva que deberá ser cumplida en el Penal de San Pedro de La Paz, encomendado su ejecución al Ministerio Publica” (sic), conforme los siguientes argumentos:

Que, el Tribunal a deliberado y conforme a la solicitud de la víctima en sentido de que revoque la medida cautelar toda vez que el acusado ha incumplido con una medida dispuesta en la Resolución No. 732/2021 de 22 de noviembre, al respecto de la Resolución 732 se tiene que es evidente que concede la detención domiciliaria a Ariel Avila Quelali conforme al Art. 231 bis de la Ley 1173 entre otras medidas y esta detención domiciliaria debe ser con un custodio policial, con la advertencia de que en caso de incumplimiento de las mismas, la resolución será revocada, se le concede un plazo de 5 días para el cumplimiento de la misma, asimismo se tiene de la revisión de esta resolución, que se da este beneficio, en mérito al tiempo y no así a los riesgos procesales, toda vez que el mismo se encontraba con detención preventiva por un plazo de 4 meses, ampliada por un mes y habiendo cumplido los 5 meses se resuelve la situación jurídica del acusado. Que cursa en actuados un nota emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de fecha 24/11/2021 dirigida al Director Departamental del Régimen Penitenciario del Departamento de La Paz, en donde se hace conocer la disposición de un custodio policial en el presente caso, de la revisión de actuados, se tiene que no se hace el respectivo seguimiento a este oficio y quien tendría la obligación de hacer el seguimiento es precisamente el interesado que ha sido beneficiado con esta determinación, no existe un memorial presentado por Ariel Ávila Quelali que solicite la modificación al no contar con custodio, por el contrario, en fecha 25 de noviembre de 2021, el acusado solicita se libre mandamiento de detención domiciliaria por haber cumplido los requisitos y por proveído de fecha 26 noviembre de 2021, se le conceden que se expida el mandamiento de detención domiciliaria, evidenciándose que se hace incurrir en error al juez instructor y el mismo, sin verificar que se hayan cumplido todas las medidas dispuestas en la resolución mencionada, le concede la detención domiciliaria.

Sí seguimos revisando actuados, no se evidencian dentro del cuaderno de juicio y de los actos ante juez instructor, que en algún momento el acusado Ariel Ávila Quelali, habría solicitado modificación en cuanto al custodio o la imposibilidad de tener un custodio, menos se evidencia que esta situación se hubiese hecho conocer al juez instructor a efectos de que el mismo pueda asumir una determinación correcta y la determinación correcta, era el no expedir el mandamiento de detención domiciliaria por no haberse cumplido con todos los requisitos de la resolución citada. Que con relación a que el acusado hubiese demostrado conducta reticente, ese aspecto no ha sido demostrado porque como ya se aclarado en la anterior audiencia, fue error de la auxiliar del tribunal que la notificación realizada fue en otro domicilio, por cuanto la determinación que va tomar este tribunal es por no haberse dado cumplimiento a todos los requisitos mencionados en la Resolución No. 732/2021 de la cual se reitera tenía la obligación de hacer el seguimiento respectivo la parte interesada y dar cumplimiento a cada uno de los puntos señalados (sic).

Determinación apelada por el peticionante de tutela (fs. 10 a 12 vta.). II.8. Por Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada-, determinó la admisibilidad del recurso de apelación , improcedente las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 64/2022, manifestando que:

CONSIDERANDO II. Qué, las Medidas Cautelares son de naturaleza instrumental donde la única finalidad es garantizar la presencia del imputado el mismo no puede sustraerse al proceso de investigación, al desarrollo del proceso, ni a la aplicación de la Ley. se debe tomar en cuenta los arts. 6, 7, 221, 222 del Cpp., con relación al art. 116 de la Constitución Política del Estado, tomar en cuenta los principios de modificabilidad. variabilidad, temporalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, en este contexto se habré el ámbito de competencia de este Tribunal de Alzada conforme al art. 398 de la Norma Adjetiva Penal, si bien no se va revalorizar las pruebas que hubieran sido objeto de debate en audiencia de consideración de Revocatoria de Medidas Cautelares, sin embargo la suscrita vocal está la obligación de contrastar si la fundamentación fáctica jurídica emitida por el juez a quo ha tenido la suficiente logicidad jurídica en cumplimiento a los arts., 124 y 173 de la Norma Adjetiva Penal. CONSIDERANDO III. Que, la defensa de la parte procesada expresa mediante Resolución N° 64/ 2022, se habría vulnerado el principio al debido proceso. en sus vertientes derecho a la libertad, derecho al principio in dubio pro reo, con relación al art. 7 y 247 de la norma adjetiva penal, mediante Resolución primigenia N° 385/2021 el juez a quo dispone la detención preventiva por existir riesgos procesales, mismos que habían sido desvirtuados mediante la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva conforme se tiene la Resolución N° 732/2021 cumpliendo con los requisitos que habían sido establecidos al momento de disponer la Cesación a la Detención Preventiva, por el cual se habría dispuesto a Detención Domiciliaria, en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene el familiar, en este caso de la madre de la víctima, sea bajo el cumplimiento con un custodio conforme a lo solicitado por el coimputado disponiéndose por secretaria se emita las ejecutoriales de Ley, la obligación de presentarse por ante sistema biométrico de la ciudad de El Alto, la prohibición de concurrir al lugar de trabajo, estudios u otros, incluido el domicilio de la madre de la víctima, la prohibición de comunicarse con la madre de la víctima y sus familiares y además de los testigos y el otro coacusado a no ser que sea con el objeto de ejercer su legal y constitucional derecho a la defensa, una fianza económica de Bs. 20.000 que debe ser empozado por ante el Consejo de la Magistratura, la prohibición de salir del país a cuyo efecto se emite el correspondiente mandamiento y finalmente queda condenado a cumplir y obedecer el llamado tanto del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional con la sola notificación en su domicilio señalado, 7 condiciones que habrían sido plenamente cumplidas por el procesado a objeto de que se disponga la Detención Domiciliaria que, la autoridad jurisdiccional habría emitido el correspondiente mandamiento de Detención Domiciliaria, habiendo sido conducido el imputado a secretaria del juzgado a los fines de cumplir la Detención Domiciliaria, en encendido el policía abandona al custodio, lastimosamente la víctima solicita la revocatoria de las Medidas Cautelares conforme al art. 247 numeral 1, en ese entendido se habría solicitado a la autoridad jurisdiccional que se determine una medida más gravosa, únicamente al informe emitido por secretaria del juzgado se había acreditado el correspondiente informe de Detención Domiciliaria, donde el imputado se encontraba presente sin su custodio, en ese entendido para establecer el principio de razonabilidad y logicidad para revocar la medida impuesta, la autoridad jurisdiccional no habría tomado en cuenta que el imputado estaba cumpliendo con la Detención Domiciliaria el hecho de que el custodio no este presente en su fuente laboral o en su domicilio no sería responsabilidad del imputado, toda vez que se habría dispuesto mediante la Resolución N° 732/2021, respectivamente al incumplimiento de la medida de la Detención Domiciliaria que debe ser bajo custodio, mismo que no sería atribución de la parte acusada, si no debió ser ordenado por el órgano jurisdiccional a los fines del cumplimiento del custodio, por lo que en el presente caso se debió aplicar el principio de proporcionalidad, contenido en el art. 7 en cuanto se refiere a la aplicación de Medidas Cautelares, cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar por otras disposiciones que restrinjan derechos, deberá estarse a lo que sea más favorable a este, mismo que se encuentra relacionado con el art. 116 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 6 del Código de Procedimiento Penal, con relación a la presunción de inocencia, más aún la autoridad jurisdiccional debió haber considerado el art. 221 en cuanto se refiere a la finalidad y alcance de las Medidas Cautelares, en cuanto se refiere que la libertad personal los derechos y garantías reconocidos a toda persona, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, por lo que bajo los fundamentos expuestos en la Resolución venida en grado de apelación, existe la ilogicidad en la motivación expuesta por el juez a quo, únicamente por lo que el mismo no contaba con custodio se habría determinado la revocatoria de las Medidas Cautelares, conforme se tiene el art. 247 numeral 1, en cuanto refiere que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, en ese entendido refiere qué el órgano judicial antes de emitir el mandamiento de Detención Domiciliaria, habría verificado el cumplimiento de dichas medidas, en encendido es necesario tomar en cuenta la finalidad de la detención preventiva conforme se tiene la SC. 379/2010, que se debe considerar el principio pro homine, pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, art, 1 de la Ley 1173, en cuanto se refiere a la aplicación de las Medidas Cautelares, que únicamente debe establecer aquellos casos quiénes encuentran con condena, por lo que se considere dichos aspectos bajo los principios de variabilidad, temporalidad, razonabilidad, logicidad, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución N° 64/2022, por falta de fundamentación, motivación y consiguiente vulneración al derecho a la libertad y que quede vigente la Resolución N° 732/2021 a objeto de que se conceda la presente solicitud.

Que, al respecto se debe tomar en cuenta los fundamentos facticos que han sido emitidos por autoridad jurisdiccional, a los fines de considerar los actos vulneratorios que habrían sido objeto de apelación, por lo que de la revisión del legajo de apelación la Resolución N° 64/2022, se tiene de actuados mediante nota emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de fecha 24 de noviembre de 2021, dirigido al director departamental del régimen penitenciario del departamento de La Paz, se hace conocer la disposición de un custodio policial, de la revisión de actuados se tiene que no se hace el respectivo seguimiento a dicho oficio y quién tendría la obligación de hacer el seguimiento es precisamente el interesado que ha sido beneficiado con una determinación no existiendo un memorial presentado por Ariel Ávila Quelali, que solicita la modificación al no contar con custodio, por el contrario en fecha 25 de noviembre de 2021, el acusado solicita se libre mandamiento de Detención Domiciliaria por haber cumplido los requisitos y por proveído de fecha 26 de noviembre de 2021, se le concede que se expida mandamiento de Detención Domiciliaria evidenciándose que hace incurrir en error a la autoridad jurisdiccional y el mismo sin verificar que se hayan cumplido todas las medidas dispuestas en la Resolución mencionada le concede la Detención Domiciliaria, en ese entendido refiere que dé la revisión de actuados no se evidencie dentro del cuaderno de juicio y de los actos ante juez instructor que en algún momento el acusado Ariel Ávila Quelali, habría solicitado modificación en cuanto al custodio o la imposibilidad de tener un custodio, menos se evidencia que esta situación se hubiere hecho conocer al juez instructor a efectos de que el mismo puesta asumir una correcta y determinada decisión, y era no expedir el mandamiento de Detención Domiciliaria por no haber cumplido con todos los requisitos de la Resolución citada.

Qué, al respecto se debe tomar en cuenta la Resolución N° 732/2021, en cuanto a la consideración de la situación jurídica del ahora acusado Ariel Ávila Quelali, dónde en la parte dispositiva se tiene las Medidas Cautelares conforme el art. 231 bis, refiriéndose al cumplimiento de la Detención Domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar, en este caso la madre de la víctima, y sea con custodia policial, Resolución que habría sido objeto de la revocatoria de las Medidas Cautelares, ante el incumplimiento de la Detención Domiciliaria, respectivamente con custodio, mismo que el art. 247 en su numeral 1, establece “... Que las Medidas Cautelares personales podrán ser revocadas la solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido querellante, cuando se acredite sin otra formalidad, que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, la revocación dará a la sustitución de la medida por otra más grave e inclusive la detención preventiva cuando sea procedente..”, en ese entendido es necesario tomar en cuenta los fundamentos que han sido expuestos en la Resolución de consideración de revocatoria de la autoridad jurisdiccional en mérito a que se habría dispuesto el cumplimiento de la Detención Domiciliaria bajo custodio, mismo que no habría sido plenamente cumplida por el ahora acusado, ni mucho menos el mismo habría solicitado la modificación en cuanto al custodio respectivamente a la imposibilidad de que se ha proporcionado dicho personero por ante el Comando Departamental de la Policía, aspectos por el cual este Tribunal de Alzada considera que existe la suficiente logicidad y razonabilidad y por él cual no existe acto vulneratorio al principio al debido proceso, conforme tiene los arts. 124 y 173 de la Norma Adjetiva Penal, por lo que este Tribunal de Alzada considera que la fundamentación fáctica y jurídica emitido por la autoridad jurisdiccional tiene la suficiente logicidad (sic [fs. 13 a 14]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal demandada al momento de emitir el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, declaró improcedente su recurso de apelación, confirmando el Auto Interlocutorio 64/2022 que revocó su detención domiciliaria, ya que simple y llanamente realizó una exaltación personal; puesto que, nunca incumplió las medidas cautelares impuestas por el Juez a quo; sin embargo, se le restringió su derecho a la libertad; toda vez que, no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa para viabilizar su libertad; toda vez que, el incumplimiento de los deberes del funcionario policial no puede ser su responsabilidad, es más, se efectuó una verificación domiciliaria sorpresiva por parte del Ministerio Público advirtiéndose que estaba cumpliendo su detención domiciliaria “a cabalidad y por supuesto que no estaba el custodio policial” (sic). En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizaran las siguientes temáticas: a) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía

con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1302/2022-1 de 10 de noviembre; y, 0325/2023-S1 de 25 de abril, entre otras, que ratificaron el siguiente razonamiento: Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, misma que, con un con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (el resaltado es ilustrativo). 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”.

art. 19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco de los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la Norma Suprema, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en 3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación…”

dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación...

(…)

…el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso LC vs. Perú -octubre 2011-, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a 8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10 “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-; y, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado y subrayado es añadido).

Todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sienta reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que aquellos razonamientos deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1459/2022-S1 de 8 de diciembre, 0052/2023-S1 de 21 de marzo; y, 1233/2023-S1 de 1 de diciembre, entre otras, que citaron el siguiente razonamiento: En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un 11 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

… (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal demandada al momento de emitir el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, declaró improcedente su recurso de apelación, confirmando el Auto Interlocutorio 64/2022 que revocó su detención domiciliaria, ya que simple y llanamente realizó una exaltación personal; puesto que, nunca incumplió las medidas cautelares impuestas por el Juez a quo; sin embargo, se le restringió su derecho a la libertad; toda vez que, no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa para viabilizar su libertad; toda vez que, el incumplimiento de los deberes del funcionario policial no puede ser su responsabilidad, es más, se efectuó una verificación domiciliaria sorpresiva por parte del Ministerio Público advirtiéndose que estaba cumpliendo su detención domiciliaria “a cabalidad y por supuesto que no estaba el custodio policial” (sic). Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emergen las mismas; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que por Auto Interlocutorio 385/2021 de 14 de junio, el Juez a quo dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario “San Pedro de Chonchocoro” durante cuatro meses (Conclusión II.1); sin embargo posteriormente, a través de Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, se le otorgó medidas cautelares personales, consistentes en:

1. La detención domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar en este caso madre de la víctima, CON UN CUSTODIO POLICIAL conforme a lo solicitado por el coimputado, disponiéndose por Secretaria emítase las ejecutoriales de ley. 2. La obligación de presentarse por ante el sistema biométrico de la ciudad de EL Alto del Ministerio Público cada lunes de cada semana de horas 08:00 a 12:00 AM. 3. La prohibición de concurrir al lugar de trabajo, estudios u otro incluido el domicilio de la madre de la víctima. 4. La prohibición de comunicarse con la madre de la víctima y sus familiares y además de los testigos y el otro coacusado, a no ser que sea con el objeto de ejercer su legal y constitucional derecho a la defensa. 5. UNA FIANZA ECONÓMICA DE BS. 20.000, misma que debe ser embolsado por ante el D.A.F., del Consejo de la Magistratura. 6. La prohibición de salir del país, a cuyo efecto EMÍTASE EL ARRAIGO

CORRESPONDIENTE. 7. Finalmente, queda conminado a cumplir y obedecer el llamado tanto del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional con la sola notificación en su domicilio procesal señalado. Advirtiéndose al coimputado Ariel Ávila Quelali que las Medidas Cautelares de carácter personal de las cuales está siendo objeto son de cumplimiento obligatorio, en caso de inobservancia o incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a su revocatoria imponiéndosele una medida más gravosa como la que viene cumpliendo en caso de ser procedente, concediéndosele el plazo de 5 días para el cumplimiento de las mismas, una vez cumplidas las mimas por Secretaria emítase el mandamiento de detención domiciliaria dispuesta por esta autoridad (sic [Conclusión II.2]). Asimismo, consta Mandamiento de Arraigo de 24 de noviembre de 2021, suscrito por el Juez de la causa contra el peticionante de tutela (Conclusión II.3); y por memorial presentado el 25 del citado mes y año, el solicitante de tutela solicitó se expida el Mandamiento de detención domiciliaria a su favor, adjuntando al efecto Comprobante de ingreso de arraigo ante las oficinas de la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Certificado de Depósito Judicial por la suma de Bs20 000.-, mereciendo el decreto de 26 de igual mes y año, que refiere: “Se tiene presente y arrímese a sus antecedentes. Así mismo, habiéndose cumplido a cabalidad con lo dispuesto por esta autoridad en Resolución 732/2021… por secretaria emítase el correspondiente mandamiento de Detención Domiciliaria” (sic [Conclusión II.4]); en consecuencia, se emitió el Mandamiento de libertad y detención domiciliaria recepcionado en el Centro Penitenciario “Chonchocoro” el 29 de noviembre de 2021 (Conclusión II.5) y conforme el Acta de entrega de detenido de 30 de noviembre de 2021, suscrita por Wilmer Flores Morales, funcionario policial y Mónica Mamani Mayta, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal, se “…hizo entrega del privado de libertad ARIEL AVILA QUELALI con C.I. 4896217 L.p. En cumplimiento al Mandamiento de libertad y detención domiciliaria (sin Escolta), con Resolución N° 370/2021…” (sic [Conclusión II.6]); y mediante Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, revocó las medidas cautelares puestas al accionante, conforme al art. 247.1 del CPP: “…es decir por no haber dado cumplimiento a su detención domiciliaria con escolta policial, debiendo en el día expedirse el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva que deberá ser cumplida en el Penal de San Pedro de La Paz, encomendado su ejecución al Ministerio Publica” (sic), determinación apelada por el impetrante de tutela (Conclusión II.7); que mereció el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, emitido por la Vocal demandada, que determinó la admisibilidad del recurso de apelación, improcedentes las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 64/2022 (Conclusión II.8).

Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el peticionante de tutela son evidentes y si en efecto la Vocal demandada actuó apartándose de la normativa vigente. Al efecto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere que la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto de Vista cuestionado; así tenemos, que conforme a la Conclusión II.8 de este fallo constitucional, la Vocal demandada a momento de pronunciar dicho auto de Vista, resolvió determinar la admisibilidad del recurso de apelación, improcedentes las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 64/2022 que revocó la detención domiciliaria del solicitante de tutela, bajo los siguientes argumentos:

CONSIDERANDO II. Qué, las Medidas Cautelares son de naturaleza instrumental donde la única finalidad es garantizar la presencia del imputado el mismo no puede sustraerse al proceso de investigación, al desarrollo del proceso, ni a la aplicación de la Ley. se debe tomar en cuenta los arts. 6, 7, 221, 222 del Cpp., con relación al art. 116 de la Constitución Política del Estado, tomar en cuenta los principios de modificabilidad. variabilidad, temporalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, en este contexto se habré el ámbito de competencia de este Tribunal de Alzada conforme al art. 398 de la Norma Adjetiva Penal, si bien no se va revalorizar las pruebas que hubieran sido objeto de debate en audiencia de consideración de Revocatoria de Medidas Cautelares, sin embargo la suscrita vocal está la obligación de contrastar si la fundamentación fáctica jurídica emitida por el juez a quo ha tenido la suficiente logicidad jurídica en cumplimiento a los arts., 124 y 173 de la Norma Adjetiva Penal.

CONSIDERANDO III. Que, la defensa de la parte procesada expresa mediante Resolución N° 64/ 2022, se habría vulnerado el principio al debido proceso. en sus vertientes derecho a la libertad, derecho al principio in dubio pro reo, con relación al art. 7 y 247 de la norma adjetiva penal, mediante Resolución primigenia N° 385/2021 el juez a quo dispone la detención preventiva por existir riesgos procesales, mismos que habían sido desvirtuados mediante la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva conforme se tiene la Resolución N° 732/2021 cumpliendo con los requisitos que habían sido establecidos al momento de disponer la Cesación a la Detención Preventiva, por el cual se habría dispuesto a Detención Domiciliaria, en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene el familiar, en este caso de la madre de la víctima, sea bajo el cumplimiento con un custodio conforme a lo solicitado por el coimputado disponiéndose por secretaria se emita las ejecutoriales de Ley, la obligación de presentarse por ante sistema biométrico de la ciudad de El Alto, la prohibición de concurrir al lugar de trabajo, estudios u otros, incluido el domicilio de la madre de la víctima, la prohibición de comunicarse con la madre de la víctima y sus familiares y además de los testigos y el otro coacusado a no ser que sea con el objeto de ejercer su legal y constitucional derecho a la defensa, una fianza económica de Bs. 20.000 que debe ser empozado por ante el Consejo de la Magistratura, la prohibición de salir del país a cuyo efecto se emite el correspondiente mandamiento y finalmente queda condenado a cumplir y obedecer el llamado tanto del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional con la sola notificación en su domicilio señalado, 7 condiciones que habrían sido plenamente cumplidas por el procesado a objeto de que se disponga la Detención Domiciliaria que, la autoridad jurisdiccional habría emitido el correspondiente mandamiento de Detención Domiciliaria, habiendo sido conducido el imputado a secretaria del juzgado a los fines de cumplir la Detención Domiciliaria, en encendido el policía abandona al custodio, lastimosamente la víctima solicita la revocatoria de las Medidas Cautelares conforme al art. 247 numeral 1, en ese entendido se habría solicitado a la autoridad jurisdiccional que se determine una medida más gravosa, únicamente al informe emitido por secretaria del juzgado se había acreditado el correspondiente informe de Detención Domiciliaria, donde el imputado se encontraba presente sin su custodio, en ese entendido para establecer el principio de razonabilidad y logicidad para revocar la medida impuesta, la autoridad jurisdiccional no habría tomado en cuenta que el imputado estaba cumpliendo con la Detención Domiciliaria el hecho de que el custodio no este presente en su fuente laboral o en su domicilio no sería responsabilidad del imputado, toda vez que se habría dispuesto mediante la Resolución N° 732/2021, respectivamente al incumplimiento de la medida de la Detención Domiciliaria que debe ser bajo custodio, mismo que no sería atribución de la parte acusada, si no debió ser ordenado por el órgano jurisdiccional a los fines del cumplimiento del custodio, por lo que en el presente caso se debió aplicar el principio de proporcionalidad, contenido en el art. 7 en cuanto se refiere a la aplicación de Medidas Cautelares, cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar por otras disposiciones que restrinjan derechos, deberá estarse a lo que sea más favorable a este, mismo que se encuentra relacionado con el art. 116 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 6 del Código de Procedimiento Penal, con relación a la presunción de inocencia, más aún la autoridad jurisdiccional debió haber considerado el art. 221 en cuanto se refiere a la finalidad y alcance de las Medidas Cautelares, en cuanto se refiere que la libertad personal los derechos y garantías reconocidos a toda persona, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, por lo que bajo los fundamentos expuestos en la Resolución venida en grado de apelación, existe la ilogicidad en la motivación expuesta por el juez a quo, únicamente por lo que el mismo no contaba con custodio se habría determinado la revocatoria de las Medidas Cautelares, conforme se tiene el art. 247 numeral 1, en cuanto refiere que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, en ese entendido refiere qué el órgano judicial antes de emitir el mandamiento de Detención Domiciliaria, habría verificado el cumplimiento de dichas medidas, en encendido es necesario tomar en cuenta la finalidad de la detención preventiva conforme se tiene la SC. 379/2010, que se debe considerar el principio pro homine, pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, art, 1 de la Ley 1173, en cuanto se refiere a la aplicación de las Medidas Cautelares, que únicamente debe establecer aquellos casos quiénes encuentran con condena, por lo que se considere dichos aspectos bajo los principios de variabilidad, temporalidad, razonabilidad, logicidad, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución N° 64/2022, por falta de fundamentación, motivación y consiguiente vulneración al derecho a la libertad y que quede vigente la Resolución N° 732/2021 a objeto de que se conceda la presente solicitud.

Que, al respecto se debe tomar en cuenta los fundamentos facticos que han sido emitidos por autoridad jurisdiccional, a los fines de considerar los actos vulneratorios que habrían sido objeto de apelación, por lo que de la revisión del legajo de apelación la Resolución N° 64/2022, se tiene de actuados mediante nota emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de fecha 24 de noviembre de 2021, dirigido al director departamental del régimen penitenciario del departamento de La Paz, se hace conocer la disposición de un custodio policial, de la revisión de actuados se tiene que no se hace el respectivo seguimiento a dicho oficio y quién tendría la obligación de hacer el seguimiento es precisamente el interesado que ha sido beneficiado con una determinación no existiendo un memorial presentado por Ariel Ávila Quelali, que solicita la modificación al no contar con custodio, por el contrario en fecha 25 de noviembre de 2021, el acusado solicita se libre mandamiento de Detención Domiciliaria por haber cumplido los requisitos y por proveído de fecha 26 de noviembre de 2021, se le concede que se expida mandamiento de Detención Domiciliaria evidenciándose que hace incurrir en error a la autoridad jurisdiccional y el mismo sin verificar que se hayan cumplido todas las medidas dispuestas en la Resolución mencionada le concede la Detención Domiciliaria, en ese entendido refiere que dé la revisión de actuados no se evidencie dentro del cuaderno de juicio y de los actos ante juez instructor que en algún momento el acusado Ariel Ávila Quelali, habría solicitado modificación en cuanto al custodio o la imposibilidad de tener un custodio, menos se evidencia que esta situación se hubiere hecho conocer al juez instructor a efectos de que el mismo puesta asumir una correcta y determinada decisión, y era no expedir el mandamiento de Detención Domiciliaria por no haber cumplido con todos los requisitos de la Resolución citada.

Qué, al respecto se debe tomar en cuenta la Resolución N° 732/2021, en cuanto a la consideración de la situación jurídica del ahora acusado Ariel Ávila Quelali, dónde en la parte dispositiva se tiene las Medidas Cautelares conforme el art. 231 bis, refiriéndose al cumplimiento de la Detención Domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar, en este caso la madre de la víctima, y sea con custodia policial, Resolución que habría sido objeto de la revocatoria de las Medidas Cautelares, ante el incumplimiento de la Detención Domiciliaria, respectivamente con custodio, mismo que el art. 247 en su numeral 1, establece “... Que las Medidas Cautelares personales podrán ser revocadas la solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido querellante, cuando se acredite sin otra formalidad, que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, la revocación dará a la sustitución de la medida por otra más grave e inclusive la detención preventiva cuando sea procedente..”, en ese entendido es necesario tomar en cuenta los fundamentos que han sido expuestos en la Resolución de consideración de revocatoria de la autoridad jurisdiccional en mérito a que se habría dispuesto el cumplimiento de la Detención Domiciliaria bajo custodio, mismo que no habría sido plenamente cumplida por el ahora acusado, ni mucho menos el mismo habría solicitado la modificación en cuanto al custodio respectivamente a la imposibilidad de que se ha proporcionado dicho personero por ante el Comando Departamental de la Policía, aspectos por el cual este Tribunal de Alzada considera que existe la suficiente logicidad y razonabilidad y por él cual no existe acto vulneratorio al principio al debido proceso, conforme tiene los arts. 124 y 173 de la Norma Adjetiva Penal, por lo que este Tribunal de Alzada considera que la fundamentación fáctica y jurídica emitido por la autoridad jurisdiccional tiene la suficiente logicidad (sic).

Sobre la fundamentación La Vocal demandada a momento de emitir el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, resolvió determinar la admisibilidad del recurso de apelación, improcedentes las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, que revocó la detención domiciliaria del accionante, se basó en los arts. 6, 7, 124, 173, 221, 222, 247.1 y 398 del CPP; y, 116 de la CPE. En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad demandada, al momento de emitir el Auto de Vista cuestionado, fundamentó su decisión en las normas legales vigentes, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Sobre la motivación

La autoridad demandada al pronunciar el Auto de Vista cuestionado que resolvió determinar la admisibilidad del recurso de apelación, improcedentes las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 64/2022 que revocó la detención domiciliaria del impetrante de tutela, señaló que: 1) Mediante Nota de 24 de noviembre de 2021 dirigida al Director del Régimen Penitenciario, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, hizo conocer la disposición de un custodio policial, y de la revisión de actuados, se advierte que no se hizo el respectivo seguimiento a dicho oficio y quien tendría la obligación de hacer el seguimiento es el interesado, quien fue el beneficiado con las medidas dispuestas; sin embargo, no existe memorial presentado por el mismo mediante el que solicite la modificación al no contar con custodio; 2) El 25 del indicado mes y año, el acusado solicitó se libre mandamiento de detención domiciliaria evidenciándose que hizo incurrir en error a la autoridad jurisdiccional, quien sin verificar que se hayan cumplido todas las medidas dispuestas, concedió dicho beneficio; y, 3) Es necesario tomar en cuenta los fundamentos expuestos en la Resolución de revocatoria, en mérito a que se dispuso el cumplimiento de la detención domiciliaria con custodio, medida que no fue cumplida por el acusado, quien no solicitó la modificación en cuanto al custodio ante la imposibilidad de que se proporcione dicho personero por ante el Comando Departamental de Policía de La Paz, contando con la suficiente logicidad y razonabilidad, no existiendo acto vulneratorio al debido proceso.

Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese contexto, en todo el contenido del Auto de Vista cuestionado no se encuentran justificaciones y argumentos propios de la Vocal demandada con los que se hayan subsumido las normas utilizadas para la emisión de dicha Resolución; toda vez que, la autoridad demandada se limitó a reiterar el razonamiento efectuado en el Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, el cual conforme la Conclusión II.7 se tiene que señaló:

Que, el Tribunal a deliberado y conforme a la solicitud de la víctima en sentido de que revoque la medida cautelar toda vez que el acusado ha incumplido con una medida dispuesta en la Resolución No. 732/2021 de 22 de noviembre, al respecto de la Resolución 732 se tiene que es evidente que concede la detención domiciliaria a Ariel Avila Quelali conforme al Art. 231 bis de la Ley 1173 entre otras medidas y esta detención domiciliaria debe ser con un custodio policial, con la advertencia de que en caso de incumplimiento de las mismas, la resolución será revocada, se le concede un plazo de 5 días para el cumplimiento de la misma, asimismo se tiene de la revisión de esta resolución, que se da este beneficio, en mérito al tiempo y no así a los riesgos procesales, toda vez que el mismo se encontraba con detención preventiva por un plazo de 4 meses, ampliada por un mes y habiendo cumplido los 5 meses se resuelve la situación jurídica del acusado. Que cursa en actuados un nota emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de fecha 24/11/2021 dirigida al Director Departamental del Régimen Penitenciario del Departamento de La Paz, en donde se hace conocer la disposición de un custodio policial en el presente caso, de la revisión de actuados, se tiene que no se hace el respectivo seguimiento a este oficio y quien tendría la obligación de hacer el seguimiento es precisamente el interesado que ha sido beneficiado con esta determinación, no existe un memorial presentado por Ariel Ávila Quelali que solicite la modificación al no contar con custodio, por el contrario, en fecha 25 de noviembre de 2021, el acusado solicita se libre mandamiento de detención domiciliaria por haber cumplido los requisitos y por proveído de fecha 26 noviembre de 2021, se le conceden que se expida el mandamiento de detención domiciliaria, evidenciándose que se hace incurrir en error al juez instructor y el mismo, sin verificar que se hayan cumplido todas las medidas dispuestas en la resolución mencionada, le concede la detención domiciliaria.

Sí seguimos revisando actuados, no se evidencian dentro del cuaderno de juicio y de los actos ante juez instructor, que en algún momento el acusado Ariel Ávila Quelali, habría solicitado modificación en cuanto al custodio o la imposibilidad de tener un custodio, menos se evidencia que esta situación se hubiese hecho conocer al juez instructor a efectos de que el mismo pueda asumir una determinación correcta y la determinación correcta, era el no expedir el mandamiento de detención domiciliaria por no haberse cumplido con todos los requisitos de la resolución citada.

Que con relación a que el acusado hubiese demostrado conducta reticente, ese aspecto no ha sido demostrado porque como ya se aclarado en la anterior audiencia, fue error de la auxiliar del tribunal que la notificación realizada fue en otro domicilio, por cuanto la determinación que va tomar este tribunal es por no haberse dado cumplimiento a todos los requisitos mencionados en la Resolución No. 732/2021 de la cual se reitera tenía la obligación de hacer el seguimiento respectivo la parte interesada y dar cumplimiento a cada uno de los puntos señalados (sic). Es decir, en los mismos términos, que los miembros del Tribunal a quo para concluir señalando que “existe la suficiente logicidad y razonabilidad y por él cual no existe acto vulneratorio al principio al debido proceso” (sic); advirtiéndose que la Vocal demandada no efectuó la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación; toda vez que, le correspondía a la autoridad demandada exponer un razonamiento propio que exprese el motivo del por qué a su criterio no se dio cumplimiento a la detención domiciliaria con custodio, y no solo limitarse a señalar y reiterar que en el entendimiento de la autoridad inferior existe la “suficiente logicidad y razonabilidad”, cumpliendo así con su deber de motivar la confirmación de la medida extrema, labor que por lo aludido precedentemente, se reitera se encuentra totalmente ausente; asimismo, se advierte que en el Auto de Vista cuestionado se inobservó que el presente caso emerge de la presunta comisión del delito de feminicidio; por lo que, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que ejerce jurisdicción, cuando conoce casos en los cuales estén involucrados derechos y garantías de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, siempre deben velar porque estos grupos vulnerables merezcan una protección íntegra, pronta y eficiente, todo en base a un enfoque interseccional, debiendo realizar en cada momento las ponderaciones que sean necesarias en observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para generar estados de igualdad y seguridad jurídica, ya que los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, se aplican a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación de este Tribunal, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, corresponde analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se justificaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano; en ese sentido, se evidencia que tal extremo no fue tomado en cuenta por la autoridad demandada; puesto que, toda Resolución judicial a dictarse debe contar con la debida fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, que no muestre criterios de arbitrariedad. Extremo que sí es observado por ésta instancia constitucional; máxime, si como se advirtió precedentemente, la autoridad demandada se limitó únicamente a reiterar el razonamiento efectuado por la autoridad inferior; razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada. En ese contexto, con relación al principio de seguridad jurídica que conlleva su protección constitucional frente a actuaciones arbitrarias de autoridades jurisdiccionales y administrativas, y que a través de ella se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales, cuyo resguardo solo podrá hacerse efectiva cuando se advierte su vinculación con un derecho fundamental; al haberse verificado la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación con el cual se encuentra vinculado, corresponde asimismo su concesión a través de esta acción tutelar.

En cuanto al principio de legalidad, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto, debido a que el peticionante de tutela no fundamentó su vulneración. Finalmente, conforme lo desarrollado, este Tribunal se ve obligado a recordarle a la autoridad demandada, que al momento de ejercer sus facultades jurisdiccionales debe apegarse a los criterios sentados por la jurisprudencia constitucional respecto a la perspectiva de género y el enfoque interseccional en la resolución de controversias, ya que de lo contrario estaría omitiendo un deber constitucional que orillaría a que se establezcan responsabilidades en su contra.

III.4. Otras consideraciones

Conforme se advierte del Acta de audiencia virtual de celebración de la presente acción de defensa de 15 de junio de 2022, la Vocal demandada remitió informe vía WhatsApp, ello conforme informó Cassandra Amanda Vera Carvajal, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; sin embargo, dicho informe no consta en antecedentes, correspondiendo exhortar a los miembros del indicado Tribunal para que efectúen el correspondiente control de su personal y remitan las piezas pertinentes a esta instancia constitucional en futuras causas sometidas a su conocimiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías “admite” la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 141/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 64 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos al debido proceso en su elemento de motivación y al principio de seguridad jurídica, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 301/2022 de 27 de abril, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir nueva resolución en el plazo de 48 horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional.

3° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto al derecho del debido proceso en su elemento de fundamentación y principio de legalidad. 4° Exhortar a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz a ejercer el control del personal a su cargo, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

(…)

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0295_2024-S1.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2266f2da43c78a1f6401c04981796dee047c8f153f035d9ec6ca0110d3f59dd

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →