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SCP 0295/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44744-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de religión, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto; en razón a que, los accionados, impiden que desarrollen su actividad de evangelización en la plaza principal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, interrumpiéndoles, apagando su equipo de sonido y pretendiendo llevárselos, sin que exista para ello una norma que prohíba evangelizar, y al contrario de forma verbal funcionarios municipales les indicaron que no existe esa prohibición, pero pese a ello, fueron objeto de restricción para realizar dicha labor, vulnerando de esa forma sus derechos invocados. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/21 de 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 vta. a 32, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad: Protección del derecho a la libertad de locomoción o de circulación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2023-S3 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44744-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/21 de 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 vta. a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica y Abraham, ambos de apellidos Quiroga Bonilla contra Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde; “Eric Cambará”, Intendente Municipal y “Patric Pedraza”, Director de Espacios Públicos, todos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 9 a 11, los accionantes, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de noviembre de 2021, cuando se encontraban evangelizando como de costumbre en la plaza principal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, fueron interrumpidos por oficiales de gendarmería del GAM de Cotoca, quienes por órdenes del Director de Espacios Públicos del referido Gobierno Municipal -hoy coaccionado-, evitaron que prediquen. Comunicándose vía teléfono con dicha autoridad, se les indicó que existe una normativa u ordenanza municipal que prohíbe predicar y que se constituían en órdenes del Intendente y del Alcalde de dicha entidad municipal -ahora accionados-. En ningún momento se les informó qué norma prohibía evangelizar cuando la Constitución Política del Estado, protege, respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales; en consecuencia, al día siguiente se apersonaron mediante memorial tanto al Alcalde, Intendente y Director de Espacios Públicos del GAM de Cotoca -hoy accionados-, conforme se evidencia del sello de recepción de 22 de noviembre de 2021; empero, de forma verbal, sus funcionarios subalternos les manifestaron que no hay prohibición y que podían evangelizar, lo que sería una autorización verbal. Por ello, el 5 de diciembre del mismo año, se constituyeron a evangelizar; sin embargo, se les interrumpió apagando su equipo de sonido y pretendiendo llevárselos, restringiéndoles su derecho a la libertad de locomoción, prohibiendo el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes alegan la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de religión, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, citando al efecto los arts. 4 y 21.3 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se declare la procedencia del presente “recurso” y se ordene que se dé cumplimiento a la Constitución Política del Estado; por ende, se les deje seguir evangelizando en la plaza principal de Cotoca, previas las formalidades de rigor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 28 vta.; presentes la parte accionante y la representante legal del Alcalde del GAM de Cotoca; así como los coaccionados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes ratificaron el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliando en audiencia, manifestaron que: a) Abraham Quiroga Bonilla, ya no ejerce la profesión de abogado en razón a que “…el mes de mayo…” (sic), se contagió de Coronavirus (COVID-19) y gracias a la misericordia de Jesucristo se sanó, siendo restaurada su vida; por lo que, juntamente con su hermana -coaccionante-predican la palabra de Dios, situación que no va contra ninguna religión; empero, se les está restringiendo el derecho a la libertad de locomoción; b) No existe ninguna ordenanza municipal ni resolución de evangelizar en el municipio de Cotoca, solamente evangelizan diez minutos de alabanzas y cánticos y diez minutos de predicación o testimonios; y, c) Adjuntaron fotografías respecto a que están evangelizando desde hace más de dos años.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del GAM de Cotoca, a través de su representante legal, en audiencia, informó lo siguiente: 1) El 17 de abril de 2018, el Gobierno Municipal que dirige, publicó la Ley 015/2018 que en su art. 2, sobre el ámbito de aplicación, establece que toda persona natural o jurídica que desee desarrollar una actividad circunstancial o temporal en las áreas de dominio público municipal deberá sujetarse a las disposiciones de dicha Ley, teniendo como objetivo, entre otros, ordenar, regular y controlar el uso de los espacios públicos para preservar la salud del medio ambiente y la vida de los estantes y habitantes de Cotoca; en ese orden normativo, existe una política pública aprobada en dicha ley. El art. 5 de la misma norma dispone, entre otros extremos, que la política pública municipal es garantizar y preservar los espacios públicos, evitando la contaminación visual y garantizando el libre tránsito, la seguridad y la sostenibilidad financiera; el art. 7 de la citada Ley, prevé la finalidad de la norma, que es garantizar la eficacia, eficiencia, la transparencia, la “admiración” y uso de los espacios públicos, entre otros; el art. 11 de la aludida norma, determina las atribuciones del Ejecutivo Municipal, entre las que se encuentra, autorizar el uso de los espacios públicos municipales a los ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos regulados en los arts. 12 y 13 de esa Ley, quieran ir la municipio de Cotoca para hacer uso de esos espacios públicos, quienes deben solicitar su uso cumpliendo los requisitos del art. 15 y siguientes de la indicada norma; además, deben cumplir las obligaciones previstas en el art. 14 de esa disposición legal; es decir, tomar todas las medidas de resguardo, de salud e higiene necesaria para la utilización de los espacios públicos; 2) Asimismo, a consecuencia de la alerta sanitaria declarada en el país, en virtud de la Ley de Atención de Riesgos -Ley 602 de 14 de noviembre de 2014- de atención de riesgo y emergencia de los “sellos” operativos de emergencia municipales y departamentales, tienen la facultad de agotar las medidas de bioseguridad, restricciones necesarias para evitar la propagación y la infección de la enfermedad del COVID-19, en procura de preservar la salud y la vida de los vecinos de Cotoca, y en general, de toda Bolivia; por ello, el 11 de septiembre de 2021, se emitió la Resolución Institucional 025/2021, por la cual se dispuso que en las actividades sociales, culturales, entre ellas, las religiosas, cuenten con una debida autorización de parte de la Secretaría de Salud del GAM de Cotoca, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad del esparcimiento social para prevenir dicha enfermedad; 3) La referida situación -se entiende, la regulación normativa expuesta- fue informada a los accionantes; el propio impetrante de tutela mencionó que como parte interesada conocieron dichas Resoluciones; por lo que, mediante memorial presentado el “23” de noviembre -se entiende de 2021-, pidieron se autorice el uso del espacio público en el que, según alegaron, estaban evangelizando con la finalidad de profesar su religión; dicho escrito fue procesado y derivado a la Intendencia para que informe al respecto, habiéndose efectuado la verificación in situ conforme al procedimiento establecido en la “ley referida”; luego, la “nota” fue derivada a la Secretaría de Salud y la Unidad de Espacios Públicos de ese Gobierno Municipal. El 1 de diciembre -se entiende de 2021- se emitió el informe legal, también adjuntado por Secretaría, respondiendo al “solicitante” que su petición estaba siendo procesada. Existe el tablero de dicha entidad edil, disponible en Secretaría; la notificación y el informe respectivo pueden ser recogidos por la parte accionante; empero, acudió directamente a la vía constitucional; 4) No existe restricción alguna del derecho a la libertad de locomoción porque cualquier ciudadano que cuente con las medidas de protección y de bioseguridad puede pasar y circular por la plaza y por cualquier espacio público del municipio de Cotoca; por lo que, no existen las condiciones para plantear la acción de libertad, debiendo denegarse la misma por falta de cumplimiento de los presupuestos del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que la acción de libertad procede cuando cualquier persona cree que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal; en el caso presente, la libertad de locomoción no le fue restringida a los impetrantes de tutela, pueden transitar y moverse de un lugar a otro; y, 5) La acción tutelar tampoco se encuadra en las exigencias regladas desarrolladas en la SC 0073/2010-R de 10 de mayo y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1156/2013 de 26 de julio, “1124/2015-S” y “856/2021-S”; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada. “Eric Cambará”, Intendente; y, “Patric Pedraza”, Director de Espacios Públicos del GAM de Cotoca, no presentaron informe ni hicieron uso de la palabra pese a encontrarse conectados a la audiencia virtual.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 21/21 de 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 vta. a 32, denegó la tutela solicitada, “…Disponiéndose que la parte accionada, imprima de forma inmediata los procedimientos de la Secretaria de Salud, para que se ponga en conocimiento a la parte ahora accionante, de las respuestas a sus solicitudes como también las respuestas a todas sus peticiones” (sic); ello con base en los siguientes fundamentos: i) El caso concreto debe ser contrastado con las modalidades de la acción de libertad, la traslativa, la correctiva, la reparadora, de pronto despacho, la innovativa y la reparadora “social”; así la parte impetrante de tutela, interpuso esta acción tutelar por una presunta restricción a la libertad de locomoción, vinculado al derecho a la libertad de culto y de religión; ii) En cuanto a la mencionada libertad de culto y religión, la Norma Suprema como la jurisprudencia constitucional, establecen “unas prominencias” de la libertad de creencias de todo estante y habitante del Estado, en el culto de su preferencia; en caso de existir una prohibición de creer o de profesar una religión o un credo, sería contraria a la Constitución Política del Estado; iii) Es cierto y evidente que los Gobiernos Autónomos Municipales se encuentran facultados a través de sus centros de operaciones municipales a reglamentar, entretanto dure la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, sea de forma escrita o “modulable” y de poder disponer cuanta medida sea necesaria a efecto de evitar la propagación del COVID-19; es esa la razón, conforme a los dispuesto en la Ley de Espacios, Ley de Regulación de Asentamiento y Ocupación en Espacios Públicos en su art. 2; art. 6 y 7 en cuanto a la finalidad, la entidad municipal se encuentra no solo en la facultad de hacerlo sino en la obligación de regular el uso de los espacios públicos; lo contrario, significaría dejar a libertinaje todos los espacios públicos del municipio; iv) En cuanto al derecho a la libertad de culto y religión de la parte accionante, vinculados al derecho a la libertad de locomoción, se tiene que los accionantes vienen ejerciendo, ejercen y ejercerán con justa razón su derecho a la libertad de culto y profesión de credo; los que encuentran una limitación, mas no una prohibición, de profesar su credo y creencia religiosa en un espacio público en época de pandemia; a efectos de poder hacer uso de ese espacio público por cualquier ciudadano, se debe cumplir un trámite administrativo de rigor, trámite que el hoy impetrante de tutela acertadamente interpuso el 22 de noviembre de 2021; a cuyo efecto, existe un informe de 1 de diciembre del mismo año, en el que se dispuso la remisión o traslado de la petición a la Secretaría Municipal de Salud para su procesamiento de rigor; v) Lo pretendido por la parte accionante en cuanto a solicitar formalmente al GAM de Cotoca el uso del espacio público por un tiempo determinado, un día concreto y con un fin lícito y moralmente admisible como es el de profesar un credo, es una decisión acertada, justa y además formal, la misma que mereció una respuesta; empero, no fue puesta a conocimiento formal del peticionante de tutela, razones por las cuales formuló la presente acción de defensa; vi) No obstante lo señalado, como “Tribunal de garantías”, no puede disponer la concesión del derecho o la tutela vía acción de libertad, pues no es evidente una restricción, limitación o vulneración a la libertad de locomoción o física, una persecución indebida, procesamiento indebido ni limitación a la vida o salud; y, vii) Por respeto a la honorable labor que realizan los accionantes de evangelización, debe ponerse de forma inmediata a su formal conocimiento la respuesta de 1 de diciembre -se entiende de 2021- y ordenarse también a las autoridades accionadas imponer de forma inmediata el trámite de rigor para que en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, la parte accionante tenga una respuesta formal por parte de la Secretaría Municipal de Salud, a efectos de contar, si así lo amerita el caso, con la autorización de evangelización.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, Verónica y Abraham, ambos de apellidos Quiroga Bonilla -ahora accionantes-, solicitaron al Intendente del GAM de Cotoca del departamento de Santa Cruz, autorización para seguir evangelizando en el centro de la plaza principal, adjuntando fotografías en las que se puede apreciar una plaza -se asume, la plaza principal de Cotoca- con diferentes actividades sociales y de recreación, entre ellas pintado de cuadros por niñas y niños y venta de globos; asimismo, se advierte un grupo personas, algunos con chalecos verdes o negros con la impresión o costurado de la imagen de un escudo en el pecho y gorras, otra persona con una polera ploma, también con la imagen de un escudo en el pecho -se asume, miembros de la gendarmería del referido Gobierno Municipal-, frente a otras dos personas, una de ellas, mujer sujetando un micrófono y otra -a quien no se logra visualizar-sosteniendo un celular -se infiere que, se trata de los peticionantes de tutela (fs. 4 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, libertad de religión, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto; en razón a que, los accionados, impiden que desarrollen su actividad de evangelización en la plaza principal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, interrumpiéndoles, apagando su equipo de sonido y pretendiendo llevárselos, sin que exista para ello una norma que prohíba evangelizar, y al contrario de forma verbal funcionarios municipales les indicaron que no existe esa prohibición, pero pese a ello, fueron objeto de restricción para realizar dicha labor, vulnerando de esa forma sus derechos invocados. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad: Protección del derecho a la libertad de locomoción o de circulación

La SCP 0236/2021-S3 de 24 de mayo, citando el contenido de la su similar 0037/2012 de 26 de marzo, respecto a los alcances de protección de la acción de libertad, señaló lo siguiente: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…).

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos pertenecen).

Así, en cuanto al derecho a la libertad de locomoción o de circulación, el mismo fallo constitucional -al igual que la SCP 0038/2018-S3 de 13 de marzo-, efectuó el siguiente razonamiento: «El art. 21.7 de la CPE dispone que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho: “A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. A su vez el art. 46 del CPCo establece que la acción de libertad tiene por objeto, garantizar, proteger y tutelar el derecho a la libertad de circulación.

Asimismo, la SC 0023/2010-R de 13 de abril, se pronunció de la siguiente manera: “De acuerdo a las normas referidas, existe una clara distinción entre el derecho a la libertad física o personal, y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a la libertad personal ‘…implica la prohibición de todas las formas de privación arbitraria de la libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones (…)’. (Observación General N 8- art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cit. en Comisión Andina de Juristas, Protección de los Derechos Humanos, Definiciones operativas, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1997, p. 101).

El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, señaló que dicho derecho debe entenderse como ‘…la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda…’

Asimismo, el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.

Considerando lo señalado, corresponde determinar si a través del hábeas corpus, ahora acción de libertad, es posible precautelar el derecho a la libertad de locomoción o si, por el contrario, ambos derechos se encuentran diferenciados y tienen regulación autónoma, y; por tanto, medios de protección diferentes.

Así, el art. 21.7, de la CPE consagra el derecho a la libertad de circulación, al señalar que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho ‘A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”.

Por su parte, el art. 23 de la CPE consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, es decir, el derecho a la libertad física; previniendo además, las diferentes garantías para la protección de ese derecho; entre otros, que la libertad personal sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, la prohibición de que las personas sean detenidas, aprehendidas, o privadas de su libertad fuera de los casos y las formas establecidas por ley.

En ese sentido, conforme a las normas internacionales de Derechos Humanos, la Constitución reconoce de manera autónoma a ambos derechos.

(…)

Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad» (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme se estableció precedentemente, la parte accionante cuestiona que las autoridades accionadas, impiden que desarrollen su actividad de evangelización en la plaza principal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, interrumpiéndoles, apagando su equipo de sonido y pretendiendo llevárselos, sin que exista para ello una norma que prohíba evangelizar, y al contrario de forma verbal funcionarios municipales les indicaron que no existe esa prohibición, pero pese a ello, fueron objeto de restricción para realizar dicha labor. En ese sentido, el objeto procesal de esta acción radica en que las autoridades accionadas, con una serie de actuaciones, hubiesen restringido o limitado el derecho a la libertad de locomoción de los impetrantes de tutela, vinculado, entre otros, a la libertad de credo o religión, por haberles impedido ejercer la evangelización en la referida plaza principal de Cotoca. Así, a efecto de su consideración, es necesario tener presente que, los accionantes, dirigiéndose al Intendente del GAM de Cotoca del departamento de Santa Cruz, mediante memorial recibido en esa dependencia municipal el 22 de noviembre de 2021, solicitaron autorización para seguir evangelizando en el centro de la plaza principal, adjuntando al efecto fotografías en las que se puede apreciar una plaza -se entiende la principal de Cotoca- con diferentes actividades, entre ellas pintado de cuadros por niñas y niños y venta de globos; asimismo, se advierte un grupo personas, algunos con chalecos verdes o negros con el dibujo de un escudo en el pecho y gorras, otra persona con una polera ploma, también con un dibujo de escudo en el pecho -se asume, miembros de la gendarmería del referido Gobierno Municipal-, frente a otras dos personas, una de ellas sujetando un micrófono y otra un celular -se infiere, se trata de los ahora peticionantes de tutela- (Conclusión II.1).

En ese sentido, conforme al contenido del memorial descrito precedentemente, en coherencia con los términos de la presente acción de libertad, la parte accionante pretende que los servidores públicos del GAM de Cotoca, viabilicen o no interrumpan la labor de evangelización o de difusión de sus creencias religiosas, actividad que -a decir suyo- desde hace años realizan en la plaza principal de Cotoca, lo que está directamente vinculado al ejercicio o libertad de ejercer una actividad determinada en vía pública; sin embargo, es necesario verificar si dicha denuncia, de alguna manera, afecta el derecho a la libertad de locomoción invocado por la parte peticionante de tutela, entre otros derechos.

Así, de acuerdo al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que el derecho a la circulación es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario; asimismo, se estableció que si bien lo derechos a la libertad personal o física y la libertad de locomoción son derechos independientes; empero, considerando la trascendencia del derecho a la libertad física para el ejercicio de algunos derechos, se entiende que cuando ésta se limita o restringe, también se halla limitado o restringido el derecho a la libertad de circulación; en consecuencia, éste es una derivación o extensión de la libertad personal; empero, con distintas características de diferenciación.

En este marco, la denuncia respecto de los actos realizados por las autoridades accionadas tendientes presuntamente a obstaculizar o impedir la actividad de evangelización o prédica en una vía pública, de modo alguno denota afectación o limitación al derecho que tienen de circular, moverse o permanecer libremente en la plaza de Cotoca, o de desplazarse desde dicho punto hacía otros de dicha población; en consecuencia, no es tutelable vía acción de libertad, que resguarda dentro del ámbito de su tutela, atentados contra el derecho a la vida; afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, acto u omisión que implique persecución indebida (Fundamento Jurídico III.1); dado que, conforme se tiene explicado, no se advierte que los hechos denunciados se hallen vinculados a dichos presupuestos, pues la alegada restricción de prohibición de evangelizar en una plaza -ya sea que requiera autorización o no por estar en vía pública, cumplimiento de requisitos por época de pandemia o cualquier otra situación administrativa, que no es objeto de debate en la presente acción de defensa-, no limitan en sí el ejercicio de ninguno de ellos, en concreto la libertad de locomoción o circulación, ni tampoco la parte impetrante de tutela señaló ni demostró cómo se limitó o amenazó de restricción dicho derecho, a más de su sola invocación por la -se reitera- alegada prohibición que aducen.

En cuanto a los demás derechos invocados -libertad de religión, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto-, no encontrándose en el ámbito de protección de la acción de libertad, corresponde que los impetrantes de tutela acudan a la acción de amparo constitucional en búsqueda de la protección de sus derechos, previo agotamiento de los mecanismos administrativos bajo los cuales se halla enmarcada la pretensión de los accionantes de evangelizar -actividad social o labor- en la plaza principal de Cotoca -vía pública municipal-; dado que, dichos derechos y su ejercicio y protección no vinculan, ni siquiera de forma indirecta en este caso con los derechos protegidos por esta acción de defensa y sus presupuestos de activación, como se tiene explicado en el Fundamento Jurídico precedente, ameritando por ello denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Asimismo, corresponde precisar que, si bien los accionantes de manera genérica denunciaron que la última ocasión en la que se encontraban predicando -5 de diciembre de 2021- en la plaza principal de Cotoca, los gendarmes del GAM de ese municipio, les interrumpieron apagando su equipo de sonido y pretendiendo llevárselos, dicha denuncia de limitación de su derecho a la libertad física, si bien se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad; sin embargo, carece de sustento y elementos objetivos que permitan concluir en la veracidad de lo denunciado, más aún si del informe de la parte accionada (Antecedente I.2.2) no se advierte que los servidores públicos municipales hubiesen tenido la intención o la instrucción de privarlos de su libertad.

De acuerdo a ello, es necesario remitirse al razonamiento jurisprudencial en el que se culminó sosteniendo que, a la parte impetrante de tutela, le corresponde la carga mínima de demostrar la certeza de las denuncias, conforme a los razonamientos contenidos en la SCP 0229/2020-S3 de 13 de julio, que citó el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; dado que, si bien es evidente que en la acción de libertad rige el principio de informalismo, a partir del cual en determinadas situaciones se aplica la inversión de la carga de la prueba a la parte accionada, no es menos evidente que en situaciones como la presente, la parte impetrante de tutela está impelida a mostrar o en su caso demostrar la existencia de una situación tal que otorgue una mínima certeza sobre la existencia de la restricción o amenaza de restricción de sus derechos invocados, máxime si como en el presente caso, la parte accionada presentó su informe negando tal situación, y -se reitera- los impetrantes de tutela, a más de una mera invocación referencial de ello, no explicaron ni demostraron los elementos conducentes a presumir o verificar dicha situación; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/21 de 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 vta. a 32, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0295_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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