B.IA.LEGAL

SCP 0294/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
60026-2023-121-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión del derecho al agua; debido a que, el 28 de junio de 2023, cuando se disponían como todos los días, a desviar el cauce de agua desde la zona de Chahuarani hacia sus terrenos por el canal de riego, fueron sorprendidos por una turba de varias personas ahora demandadas, quienes se encontraban armadas de palos, piedras, machetes y otros objetos contundentes, con el fin de impedir el riego de sus terrenos, cuyo derecho fue adquirido junto a la titularidad de sus predios, situación que se repitió el 4, 12 y 18 de julio del indicado año y por ende, los demandados están arrogándose justicia por mano propia al prohibirles de forma violenta dicho acceso al agua para riego sin justificación legal alguna; razón por la cual, solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia se ordene que los demandados restituyan de forma inmediata las mitas de agua denominadas “GALVARRO”, por el lapso de siete horas, según los usos y costumbres de la zona.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 25 de octubre de 2023, cursante de fs. 304 a 312, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER de forma total la tutela solicitada, debiendo los demandados dejar de obstaculizar el canal de riego o las mitas de agua de las cuales se sirven los accionantes y actuar según los usos y costumbres de la zona, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia.
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0294/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 60026-2023-121-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 25 de octubre de 2023, cursante de fs. 304 a 312, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arminda Ala de Arce, Dionicio Conde Fuertes y Emilio Modragon Carrasco contra Limber Canaviri Romero, Cecilio Abasto Parra, Alejandro Abasto Parra, Eustaquio Canaviri Romero, Fidel Morales Encinas, Desiderio Mamani Huanca, Hugo Nina Arce y Félix Nina Churata.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de julio; y, 10 y 21 de agosto de 2023, cursantes de fs. 54 a 64, 66 a 68; y, 70 a 72 vta. respectivamente, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Adquirieron observando sus respectivas alícuotas partes, el bien inmueble con extensión superficial de 30 705,20 m², ubicados en Sipe Sipe, provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, lugar signado como Segunda Fracción, cuyas colindancias son al norte con un camino vecinal, al Sud con la propiedad de Walter Soriano, al Este con la Primera Fracción y al Oeste con un colindante innominado, adquirido a título de compraventa de su anterior propietario Denis Edgardo Claure Marconi, mediante Escritura Pública 774 de 15 de noviembre de 2021, debidamente registrado bajo la Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0002854, Asiento A-2 de 25 de igual mes y año, que anotó “…TRANSFERENCIA DE 2 ACCIONES O MITAS DE AGUAS DEL RIO PANKURUMA, CONOCIDAS COMO `MITAS GALVARRO´ o `PANCHA YACUS´ DE 7 HORAS EN DOBLE TURNO Y OTRA MITA DE AGUA EN `CHULLA MITA´ EN DOS TURNOS DE 3 HORAS…” (sic), mitas de agua destinadas al riego de nuestros terrenos agrícolas sobre las cuales sembramos diferentes hortalizas propias de la zona y que son comercializados en los mercados del valle bajo del departamento de Cochabamba, siendo el principal sustento de sus hogares, producción que además fue constante a lo largo de diez años y sobre las que jamás tuvieron problemas por el agua de riego; más aún, si a partir de la gestión 2021, perfeccionaron su derecho propietario tomando en cuenta debidamente usos y costumbres. Empero, dicha distribución equitativa fue perturbada el 28 de junio de 2023, cuando se disponían como todos los días, a desviar el cauce de agua desde la zona de Chauarani hacia sus terrenos por el canal de riego, siendo sorprendidos por una “…TURBA DE VARIAS PERSONAS EN LAS QUE LOGRAMOS IDENTIFICAR…” (…) QUE SE ENCONTRABAN ARMADOS DE PALOS, PIEDRAS MACHETES Y UN SINFIN DE OBJETOS CONTUTNDENTES Y ALGUNAS PERSONAS EN ESTADO DE EBRIEDAD…” (sic); por ello, debido a la superioridad numérica con la que actuaban esas personas y la agresividad de las mismas, decidieron llamar a efectivos policiales de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen; sin embargo, no pudieron hacerlos entrar en razón; por este motivo, con la finalidad de evitar más confrontación, se retiraron del lugar. Posteriormente, el 29 de junio del mismo año, sentaron denuncia policial contra los mencionados actos violentos; empero, el 4, 12 y 18 de julio del indicado año, tales circunstancias se repitieron; por ende, los demandados están arrogándose justicia por mano propia al prohibirles acceso al agua para riego sin justificación legal alguna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión del derecho al agua, citando al efecto los arts. 16.I y 373 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Ordenar que los demandados restituyan de forma inmediata las mitas de agua denominadas “GALVARRO” a favor de los accionantes, por el lapso de siete horas, según los usos y costumbres de la zona; y, b) Condenar a los mismos con costas, costos, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 302 a 304, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en el desarrollo de la audiencia, reiteraron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; sin embargo, aclarando manifestaron que: “…puntualizar que predio con el cual adquieren las mitas de agua también les pertenece a terceros interesados y que están presentes en la audiencia; derecho propietario del cual todos son beneficiarios, el problema radica en la forma de distribución del agua…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte demandada

Hugo Nina Arce y Félix Nina Churata, por memorial presentado el 19 de octubre 2023, cursante de fs. 142 a 143, manifestaron que: 1) Cabe aclarar, que nuestras personas nada tienen que ver con “…LOS SEÑORES ARMINDA ALA de ARCE, DIONICIO CONDE FUERTES, EMILIO MODRAGON CARRASCO COMO ACCIONANTES, y los ACCIONADOS; LIMBER CANAVIRI ROMERO, CECILIO ABASTO PARRA, ALEJANDRO ABASTO PARRA, EUSTAQUIO CANAVIRI ROMERO, FIDEL MORALES ENCINAS ENTRE OTROS CIUDADANOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE URINZAYA, y hasta donde conocemos dichos compradores adquirieron sus inmuebles de sus anteriores propietarios quienes serían la familia SORIA GALVARRO…” (sic), quienes tienen u obtienen sus mitas del rio o toma “PANKURUMA"; y, 2) Señalar que los beneficiarios de dicha toma de agua también se benefician las comunidades de: “…COMBUYO, SIQUI SIQUIA, URINZAYA, MONTECANTO, FAMILIA SORIA GALVARRO, PUEBLO CASCO VIEJO DE SIPE SIPE, Y CHAHUARANI, a este último al cual estamos afiliados, y COMO SE DIJO ANTERIORMENTE NOSOTROS NO HEMOS PARTICIPADO EN NINGUNA VULNERACION DE DERECHOS…” (sic); ya que, somos afiliados a otra organización y no sucedieron los hechos como refirieron los accionantes. Fidel Morales Encinas y Desiderio Mamani Huanca, por informe escrito presentado el 24 de octubre 2023, cursante de fs. 200 a 204 vta., señalaron que: i) Los demandantes pretenden el reconocimiento del derecho propietario sobre el agua, que según ellos estaría registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 3.09.2.01.000285, cuando el art. 349 de la CPE, señala que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; y, corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”; por lo cual, ningún ciudadano puede hacer una venta o transferencia de tal recurso; pues, no se encuentra en el tráfico jurídico conforme dispone el art. 374.III de la citada norma suprema; ii) Los impetrantes de tutela, no tienen acreditado su derecho legítimo sobre los turnos de agua objeto de ésta acción de amparo constitucional; pues, de estas se utilizan o gozan de acuerdo a las normas estatutarias de la Asociación de Regantes Productores Agropecuarios y Frutícolas de la Cuenca Pamkuruma "ARPAFCUPA"; y, iii) La distribución del turno de agua de riego, es por siete zonas y su cantidad está sujeta a los usos y costumbres, cualquier modificación de los mismos en cada zona es autónoma en base a los turnos distribuidos por la referida Asociación; y, cada zona tiene su propio directorio que realiza el control y seguimiento del cumplimiento de dichos turnos, por lo que nadie puede pretender acaparar otros a título de compraventa, sin que esto haya sido previamente resuelto y distribuido por el Directorio en cada zona. En audiencia pública señalada para resolver la acción tutelar, Fidel Morales Encinas a través de su abogado, dijo: “Los accionantes refieren la transferencia de las mitas de agua, es decir alegan como si fuera un derecho propietario y esto no puede estar registrado en derechos reales, no hay registros en Derechos Reales respecto a las mitas, la CPE en su Art. 349 y 374 establece que el agua no puede ser de apropiación privada, al presente se tiene el conflicto entre unos que dicen ser dueños del agua y otros que hacen uso del agua con autorización del Estado mediante sus entes reguladores. Que en caso de tutelar la Acción de Amparo se estaría obviando las leyes y decretos supremos y cualquier persona bajo el término derecho al agua podría apropiarse el agua…” (sic). Alejandro Abasto Parra, Eustaquio Canaviri Bautista y Emiliano Patiño Marín, por memorial presentado el 25 de octubre 2023, cursante de fs. 279 a 283, manifestaron que: a) La sola existencia de acciones o medidas de hecho vinculadas al avasallamiento de una supuesta propiedad privada, no justifica dejar de lado causales de improcedencia de una acción tutelar que está reglada por la propia Norma Suprema y la jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional; b) Los accionantes, en el memorial de interposición de la presente acción tutelar, aducen tener la condición de “…REGANTES DE AGUAS PROVENIENTES DEL RIO PANKURUMA EN LA COMUNIDAD DE SORIA GALVARRO, empero los accionantes NO HAN DEMOSTRADO PERTENECER A DICHA ZONA NI MUCHO MENOS TENER LA CONDICION DE REGANTES pues de la prueba adjunta se tiene que los mismos NO HABITAN EN LA COMUNIDAD DENOMINADA SORIA GALVARRO, NI MUCHO MENOS TIENEN TERRENOS EN DICHA ZONA PUES COMO DIRIGENTES DE LOS REGANTES DE ESTA ZONA NOSOTROS SOMOS QUIENES HABITAMOS EN LA ZONA Y TENEMOS TERRNOS AGRICOLAS EN EL LUGAR…” (sic); y, c) Nosotros compramos las parcelas de la Comunidad y nos encontramos trabajando las parcelas reclamadas como no regadas por los demandantes; entonces existe en la misma: “…SOBREPOSICIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBE SER RESUELTA POR LA JUSTICIA ORDINARIA Y QUE YA FUE INICIADO UN PROCESO DE REIVINDICACION EN FASE DE CONCILIACION PREVIA, DEBIENDO LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, NO INMISCUIRSE EN ACTIVDADES PROPIAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA, por incumplirse el deber del accionante de acreditar de manera clara y sin lugar a dudas a fin de buscar la concesión de la tutela solicitada EL DERECHO PROPIETARIO QUE LE ASISTE Y SU OPONIBILIDAD EN CONTRA DE TERCEROS…” (sic). En audiencia, a través de su abogado, ratificaron el contenido del informe anotado; del mismo modo, indicaron: “…acompañan un documento registrado en Derechos Reales bajo la Bajo la matricula computarizada N° 3.09.2.01.0011666 al respecto en la escritura pública no solo se habla de derecho propietario del terreno sino también de las aguas de Soria Galvarro, los cuales tenían 7 horas de agua, sin embargo al haber interpuesto proceso reivindicación del lote de terreno es también a las mitas de agua, y conforme a la normativa existen hay causales de improcedencia reglada…” (sic). Limber Canaviri Romero y Cecilio Abasto Parra, no presentaron informe escrito alguno ni se apersonaron a la audiencia señalada para resolver la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 89 a 90.

I.2.3. Audiencia de inspección judicial

La Jueza de garantías, conforme lo solicitado por los accionantes y en ejercicio de sus atribuciones, dispuso la realización de una audiencia de inspección judicial en el lugar de los supuestamente derechos vulnerados, el 25 de octubre de 2023 a las 12:30 aproximadamente de la siguiente manera: 1) Se llegó a la calle principal, sobre los hechos que se evidenciaron un canal de riego de cemento que se verifico compuertas de la parte impetrante de tutela, en el lugar se asienta la gente para evitar que el agua baje hacia el sud donde se encuentran los terrenos, desviaron el mismo a la comunidad Soria Galvarro; 2) Los terrenos que pretendían regar los demandantes correspondía a la comunidad de Chahuarani y no así a la localidad Soria Galvarro, a las que correspondía para riego son las de Chahuarani y no del lugar de Soria Galvarro; los días lunes y martes de las aguas les correspondía a la comunidad Soria Galvarro, y el día miércoles a la comunidad de Chahuarani, regido al rol que se tiene y en ningún momento se cortó o impidió el sistema de riego a la comunidad de Chahuarani; y, 3) Luego se trasladaron a la comunidad Soria Galvarro, los terrenos que hubiesen adquirido los accionantes con las mitas de agua y de los demandados en ese lugar, no coincidía con el Testimonio 744/2021 de 15 de noviembre y lo hacen constar que los solicitantes de tutela estan en posesión de los terrenos y en caso de tener derecho o posición de las mitas de agua, serian para los terrenos en Soria Galvarro y no así para terrenos de Chahuarani; toda vez que, la comunidad Chahuarani cuenta con su propia mita de agua y finalmente los dirigentes hacen cumplir conforme el rol establecido, no les restringe de ningúna manera.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados.

Isabel Arce Aguilar, Ermenegilda Luna Mamani, Cantalicio Abasto Jaldín, Segundina Modragon Luizaga, Paulina Modragon Carrasco, Severino López, Siveria Gutiérrez Quispe y Aurelia Quispe, no presentaron informe escrito alguno; empero, se apersonaron a la audiencia pública donde no manifestaron intención, fundamentación o petición alguna de forma verbal u oral. Pedro Arce Villamonte, Albina Conde Modragon, Maribel Vargas y Jafet Neyer Modragon, no presentaron informe escrito alguo ni se apersonaron a la audiencia pública señalada para resolver la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 146 a 148.

I.2.5. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Publico de Cochabamba, no presentó informe escrito alguno ni se apersonó a la audiencia pública señalada para resolver la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 91.

I.2.6. Resolución

La Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 25 de octubre de 2023, cursante de fs. 304 a 312, concedió en parte la tutela solicitada, otorgando el plazo de tres días para que los accionantes tramiten su reconocimiento del derecho al uso y aprovechamiento de aguas de riego, además de obligarse con los requisitos de afiliación de las Comunidades de Soria Galvarro y Chahuarani, cuyas autoridades deben autorizar tal derecho de forma provisional; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: i) El derecho propietario que alegan los demandantes “sobre las tierras adquiridas”, se encuentran en la comunidad Soria Galvarro, mismas que estarían en etapa de conciliación vía ordinaria dentro de un proceso ordinario de reivindicación interpuesto por los mismos impetrantes de tutela en contra de los demandados “…en las que menciona derechos a usos y costumbres como es el aprovechamiento de aguas, empero no se adjunta una prueba en que los accionantes estén insertos en una lista actual de regantes o quienes le transfirieron sus derechos estén en alguna lista, ya sea en la comunidad Soria Galvarro y Comunidad Chahuarani.” (sic); ii) La prueba respecto, “…de un requerimiento de sobreseimiento en el que los ahora accionados habrían denunciado a los accionantes, de haber cometido el delito usurpación de aguas…” (sic), acredita fehacientemente que los indicados solicitantes de tutela hacían uso y aprovechamiento de aguas en conocimiento de los merituados demandados, siendo esa la causa de la existencia de dicha denuncia penal; y, es evidente que la justicia en esa materia no encontró delito en ese contexto; iii) En el presente caso, cuando los impetrantes de tutela indican hacer uso y aprovechamiento de aguas en la zona Soria Galvarro y que estaban llevándolas a la comunidad de Chahuarani para regar otro terreno, es precisamente porque en la primera están en disputa los terrenos y no están siendo cultivados menos regados; iv) En todo caso, el derecho inherente a la salud y a la vida, está íntimamente relacionado al uso del agua que tiene todo ser humano; empero, este derecho debe ejercerse de manera coordinada y consensuada y reconocida en el marco de usos y costumbres, en relaciones de buen vivir y armónicos, prácticas a darse en todas las comunidades; y, en el presente caso si bien se demostró haberse hecho uso y aprovechamiento de aguas, “…estaban inicialmente reconocidas en 1ª comunidad de Soria Galvarro, empero para ser utilizadas en otras tierras o comunidades (entiéndase de la misma cuenca) necesariamente, se deberá hacer el trámite correspondientes de reconocimiento de esos derechos de uso y aprovechamiento en otra tierras como es el Chahuarani, máxime si ambas comunidades pertenecientes a una sola Cuenca, como es la cuenta Pankuruma…” (sic); sin embargo, en tanto se ventile el proceso de reivindicación no es sustentable privar de agua de riego para tierras productivas que hacen a la mantención de familias y desarrollan la función social de la misma; y, v) Finalmente, siendo el agua un elemento inherente al ser humano, no es menos cierto que el acceso a este no debe ser caótica sino regulado a través de las formas consuetudinarias de usos y costumbres, inicialmente en las agrupaciones primarias como ser Chahuarani y Soria Galvarro, luego acudir a sus matrices como es la Federación de Regantes, para después acudir a instancias gubernamentales, sin que ello justifique la subsidiariedad frente a acciones de hecho.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante memorial presentado el 24 de abril de 2025 por el demandante Emilio Modragon Carrasco, cursante de fs. 334 a 335, se pidió priorización de sorteo y emisión de resolución constitucional, sustentado en el tema de agua de riego discutido, resuelto por AC 210/2025-CA/S de 19 de mayo, cursante de fs. 340 a 343; por el cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, dio lugar a tal solicitud.

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asímismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha deteminacion, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Decreto Departamental 2694 de 10 de noviembre de 2016; por el cual, Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba, otorgó personalidad jurídica a la Asociación de Regantes Productores Agropecuarios y Frutículas de la Cuenca Pamkuruna “ARPAFCUPA” (fs. 255 a 256). II.2. A través de Copia Legalizada de 30 de junio de 2023, Limber Mancilla Pinto, Conciliador de Servicio de la Policía Nacional, certificó que los solicitantes de tutela sentaron denuncia penal por daños personales, físicos, psicológicos por agresión verbal, teniendo adjuntada fotografías de los hechos ahora discutidos (fs. 7 a 11). II.3. Consta Registro de la Propiedad Inmueble en Derechos Reales de 12 de julio de 2023, cuya Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0002854 corresponde al lote de terreno ubicado en Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, designación Segunda Fracción, de superficie total de 30 705.20 m², con anotación de dominio de los demandantes de tutela (fs. 1 a 2). II.4. Mediante Informe 012/2023 de 4 de octubre, Lucio Encinas Carrasco, Sargento de Planta de la Policía Nacional, refirió: “…en fecha miércoles 04 de Octubre del 2023 años a horas 04:00 am. Nos constituimos, a la comunidad de "CHAHUARANY", a objeto de realizar patrullaje preventivo por inmediaciones del conflicto de aguas de riego, una vez en el lugar se aproximó la Sra. Dra. Eustaquia Gomez Ballon identificándose como la Abogada representante con Matrícula RPA No. 3074716EGB. de los regantes de la Zona de "GALVARRO" y por la otra parte de la comunidad Chahuarany el Sr. Dionisio Conde Fuertes juntamente con los regantes de la zona de Chahuarany, para hacerles conocer y dar lectura a la orden Judicial de Fecha 13 de Septiembre de 2023 firmado por la Sra. Dra. Carla Antequera Rocha JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL NO. 1 DE SIPE SIPE, que manifiesta la COMPLEMENTACION AL AUTO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, sobre el conflicto denominado COMUNIDAD DE CHAHUARANY (LOS DIAS MARTES DE HORAS 00:00 AM., 07:00 AM.,Y MIERCOLES DE HORAS 04:00 AM. A 07:00 AM. ES DECIR A LA PROVISION DE AGUA ACORDADOS U OTORGADOS AL ACCIONANTE. Quienes se negaron rotundamente a dar cumplimiento a dicha orden mencionada, los Comunarios de la Zona Galvarro acompañados de su Abogada Defensor, manifestando que no se moverán por ningún motivo del lugar los mismos poniéndose agresivos.” (sic), acompañando fotografías al efecto (fs. 80 a 84). II.5. Cursa Informe 10/2023 de 10 de octubre; por el cual, José Reynaldo Tapia Rojas, Sargento de Planta de la Policía Nacional, indicando: “…en fecha Martes 10 de octubre del 2023 años a horas 00:30 AM. Sgto. My. José Reynaldo Tapia Rojas y Sr. Sgto. 1ro. Ronald Gonzales Rodríguez Nos constituimos a la comunidad Chahuarany, a objeto de realizar patrullaje preventivo por inmediaciones del conflicto de aguas de riego, una vez en el lugar se observó la presencia de al menos 20 personas, en el lugar se persono la Abogada, Dra. Eustaquia Gómez Bollón Quien se identificó con su credencial de abogada con numero de Matricula RPA N° 3004716EGB representante de los regantes de la zona de Galvarro. (…) La (Parte y Contraparte) separados en actitud pacifica, donde la contraparte se negó rotundamente a dar curso a la petición de abrir la dirección del canal de riego a la jurisdicción del denunciante quiénes manifiestan que la contraparte Indicaron que dentro sus usos y costumbres y en sus horarios estaba circulando el agua (mitas) con total normalidad, la otra parte a la cabeza de señora Isabel Arce Aguilar representante de la parte denunciante más 3 personas indicaron que la Contraparte no les dejan llevar una de las mitas de agua al terreno ubicado en el sector de Chahuarani, luego de indicarles que el personal Policial solo cumple funciones en base al articulo 252 de la Constitución Politica del Estado, e Instrucciones Superiores y la Orden Emanada por la Dra. Carla Antequera Rocha JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL NO. 1 DE SIPE SIPE. A horas 01:30 AM. Se Retiraron del lugar la parte Demandante de la misma manera a horas 01:45 AM…” (sic), acompañando fotografías al efecto (fs. 99 a 100). II.6. Constan fotografías respecto a los hechos denunciados en la presente acción tutelar (fs. 15 a 30 y 94 a 95). II.7. Mediante Acta de Inspección, realizada por la Jueza de garantías el 25 de octubre de 2023, se registró: “…encontrándonos sobre la calle principal donde se hace constar hechos materiales, en lo esencial un canal de riego de cemento en el que se verifica compuertas que a decir de la parte accionante es en ese lugar que se asienta gente para evitar que el agua baje hacia el sud donde se encuentran los terrenos de los accionantes, desviando el mismo a la Comunidad Soria Galvarro. Así mismo a decir de los accionados los terrenos que pretenden regar los accionantes corresponderían a la comunidad de Chahurani y no así en la Comunidad Soria Galvarro y las aguas que le corresponderían para riego son las de Chaharani y no de Soria Galvarro. En ese sentido refieren que lunes y martes corresponde las aguas a la comunidad Soria Galvarro y los miércoles a la comunidad de Chahuarani conforme al rol establecido y en ningún momento se ha cortado o impedido el sistema de riego a la comunidad de Chahuarani…” (sic [fs. 303 vta. a 304]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión del derecho al agua; debido a que, el 28 de junio de 2023, cuando se disponían como todos los días, a desviar el cauce de agua desde la zona de Chahuarani hacia sus terrenos por el canal de riego, fueron sorprendidos por una turba de varias personas ahora demandadas, quienes se encontraban armadas de palos, piedras, machetes y otros objetos contundentes, con el fin de impedir el riego de sus terrenos, cuyo derecho fue adquirido junto a la titularidad de sus predios, situación que se repitió el 4, 12 y 18 de julio del indicado año y por ende, los demandados están arrogándose justicia por mano propia al prohibirles de forma violenta dicho acceso al agua para riego sin justificación legal alguna; razón por la cual, solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia se ordene que los demandados restituyan de forma inmediata las mitas de agua denominadas “GALVARRO”, por el lapso de siete horas, según los usos y costumbres de la zona.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio; así como, la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En esa comprensión, la SCP 0046/2012 de 26 de marzo en el Fundamento Jurídico III.1, expresó que:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural… (las negrillas nos corresponden).

De igual modo la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras) Sin embargo, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, bajo la denominación de flexibilización a dicho principio, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de esta excepción posibilitando a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela, si corresponde.

III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0344/2018-S2, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0373/2018-S2 y 0069/2019-S2; entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

Sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

En ese fallo, entre otros reiterados, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. (Cita de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, Fundamento Jurídico III.1).

En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia con un modelo de justicia plural eficiente al servicio de la protección tanto de derechos individuales como colectivos con acceso a la justicia en sentido amplio para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato constitucional prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.

En efecto, la Constitución reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, de comunidades, de sindicatos, de corporaciones en general, etc. que se autorregulan y ejercen un tipo de funciones jurisdiccionales y solucionan conflictos que demuestran que no sólo el Estado crea derecho y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independiente del aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia.

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar que, independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable (acción de amparo, acción de libertad o, acción popular) por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos, de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: (i) Una tutela definitiva únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio de Estado Constitucional de Derecho; (ii) Una tutela provisional y transitoria (con efectos preventivos o reparadores) con relación al derecho sustantivo en cuestión (derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.) hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina o, en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: a) Preventiva y/o b) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponerse la desocupación inmediata de la propiedad incluso con el auxilio de fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que corresponda, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina o, en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento y, por tanto, se tiene por cumplida en la medida (transitoriedad) de lo determinado.

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad, por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate que una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario, demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a demostrar la circunstancias que permiten inferir tal peligro que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de la sentencia constitucional, que inicia con la notificación legal del fallo constitucional a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la competencia de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina o, en su caso, reafirme su titularidad; toda vez, que se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que, el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del Juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado e impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

Continuando con la jurisprudencia constitucional referida a medidas de hecho, la SCP 0344/2018-S2; así como, la SCP 0373/2018-S2, asumieron el siguiente entendimiento:

La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; i) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos, por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, ii) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.6. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión del derecho al agua; en razón a que, el 28 de junio de 2023, cuando se disponían como todos los días, a desviar el cauce de agua desde la zona de Chahuarani hacia sus terrenos por el canal de riego, fueron sorprendidos por una turba de varias personas ahora demandadas, quienes se encontraban armadas de palos, piedras, machetes y otros objetos contundentes, con el fin de impedir el riego de sus terrenos, cuyo derecho fue adquirido junto a la titularidad de sus predios, situación que se repitió el 4, 12 y 18 de julio del indicado año; por ende, los demandados están arrogándose justicia por mano propia al prohibirles de forma violenta dicho acceso al agua para riego sin justificación legal alguna.

Ahora bien, establecida la problemática a resolver en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debemos contextualizar ésta con los antecedentes cursante en el expediente, indicando que por Decreto Departamental 2694, Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba, otorgó personalidad jurídica a la Asociación de Regantes Productores Agropecuarios y Frutículas de la Cuenca Pamkuruna “ARPAFCUPA” (Conclusión II.1).

Posteriormente, a través de Copia Legalizada de 30 de junio de 2023, Limber Mancilla Pinto, Conciliador de Servicio de la Policía Nacional, certificó que los solicitantes de tutela sentaron denuncia penal por daños personales, físicos, psicológicos por agresión verbal, teniendo adjuntada fotografías de los hechos ahora discutidos (Conclusión II.2). Asimismo, consta Registro de la Propiedad Inmueble de 12 de julio de 2023, cuya Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0002854 corresponde al lote de terreno ubicado en Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, designación Segunda Fracción, de superficie total de 30 705.20 m², con anotación de dominio de los demandantes de tutela (Conclusión II.3).

Después, mediante Informe 012/2023, Lucio Encinas Carrasco, Sargento de Planta de la Policía Nacional, refirió: “…en fecha miércoles 04 de Octubre del 2023 años a horas 04:00 am., nos constituimos, a la comunidad de "CHAHUARANY", a objeto de realizar patrullaje preventivo por inmediaciones del conflicto de aguas de riego, una vez en el lugar se aproximó la Dra. Eustaquia Gómez Ballón identificándose como la Abogada representante con Matrícula RPA No. 3074716EGB, de los regantes de la Zona de "GALVARRO" y por la otra parte de la comunidad Chahuarani el Sr. Dionisio Conde Fuertes juntamente con los regantes de la zona de Chahuarany, para hacerles conocer y dar lectura a la orden Judicial de Fecha 13 de Septiembre de 2023 firmado por la Sra. Dra. Carla Antequera Rocha JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL NO. 1 DE SIPE SIPE, que manifiesta la COMPLEMENTACION AL AUTO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, sobre el conflicto denominado COMUNIDAD DE CHAHUARANY (LOS DIAS MARTES DE HORAS 00:00 AM., 07:00 AM.,Y MIERCOLES DE HORAS 04:00 AM. A 07:00 AM. ES DECIR A LA PROVISION DE AGUA ACORDADOS U OTORGADOS AL ACCIONANTE. Quienes se negaron rotundamente a dar cumplimiento a dicha orden mencionada, los Comunarios de la Zona Galvarro acompañados de su Abogada Defensor, manifestando que no se moverán por ningún motivo del lugar los mismos poniéndose agresivos.” (sic), acompañando fotografías al efecto (Conclusión II.4). En ese mismo sentido, el Informe 10/2023, expedido por José Reynaldo Tapia Rojas, Sargento de Planta de la Policía Nacional, indicó: “…en fecha Martes 10 de octubre del 2023 años a horas 00:30 AM. Sgto. My. José Reynaldo Tapia Rojas y Sr. Sgto. 1ro. Ronald Gonzales Rodríguez Nos constituimos a la comunidad Chahuarany, a objeto de realizar patrullaje preventivo por inmediaciones del conflicto de aguas de riego, una vez en el lugar se observó la presencia de al menos 20 personas, en el lugar se persono la Abogada, Dra. Eustaquia Gómez Bollón Quien se identificó con su credencial de abogada con numero de Matricula RPA N 3004716EGB representante de los regantes de la zona de Galvarro. (…) La (Parte y Contraparte) separados en actitud pacifica, donde la contraparte se negó rotundamente a dar curso a la petición de abrir la dirección del canal de riego a la jurisdicción del denunciante quiénes manifiestan que la contraparte Indicaron que dentro sus usos y costumbres y en sus horarios estaba circulando el agua (mitas) con total normalidad, la otra parte a la cabeza de señora Isabel Arce Aguilar representante de la parte denunciante más 3 personas indicaron que la Contraparte no les dejan llevar una de las mitas de agua al terreno ubicado en el sector de Chahuarani, luego de indicarles que el personal Policial solo cumple funciones en base al art. 252 de la Constitución Política del Estado, e Instrucciones Superiores y la Orden Emanada por la Dra. Carla Antequera Rocha JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL NO. 1 DE SIPE SIPE. A horas 01:30 AM. Se Retiraron del lugar la parte Demandante de la misma manera a horas 01:45 AM…” (sic), acompañando fotografías al efecto (Conclusión II.5). Del mismo modo, constan fotografías respecto a los hechos denunciados en la presente acción tutelar (Conclusión II.6); finalmente, mediante Acta de Inspección, realizada por la Jueza de garantías el 25 de octubre de 2023, se registró: “…encontrándonos sobre la calle principal donde se hace constar hechos materiales, en lo esencial un canal de riego de cemento en el que se verifica compuertas que a decir de la parte accionante es en ese lugar que se asienta gente para evitar que el agua baje hacia el sud donde se encuentran los terrenos de los accionantes, desviando el mismo a la Comunidad Soria Galvarro. Así mismo a decir de los accionados los terrenos que pretenden regar los accionantes corresponderían a la comunidad de Chahurani y no así en la Comunidad Soria Galvarro y las aguas que le corresponderían para riego son las de Chaharani y no de Soria Galvarro. En ese sentido refieren que lunes y martes corresponde las aguas a la comunidad Soria Galvarro y los miércoles a la comunidad de Chahuarani conforme al rol establecido y en ningun momento se ha cortado o impedido el sistema de riego a la comunidad de Chahuarani.” (sic [Conclusión II.7]). Con el propósito de resolver la presente acción tutelar, es necesario establecer que los fundamentos jurídicos anotados, refieren que la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia con un modelo de justicia plural eficiente al servicio de la protección tanto de derechos individuales como colectivos con acceso a la justicia en sentido amplio para la convivencia pacífica de los ciudadanos, estableciendo las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, como su activación directa; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías; así, las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente demandados pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos aún en etapa de revisión; del mismo modo, puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración, amenaza a los derechos; y, la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el solicitante de tutela quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de tales actos o medidas asumidas sin causa jurídica, además de no estar circunscrita a aspectos que impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. Una vez realizada la labor de establecer los hechos que sustentan la presente acción de tutela y la jurisprudencia aplicable al tema fáctico, se tiene que por Registro de la Propiedad Inmueble en DD.RR. de 12 de julio de 2023, cuya Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0002854 corresponde al lote de terreno ubicado en Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, designación Segunda Fracción, de superficie total de 30 705.20 m², con anotación de dominio de los demandantes de tutela, se demuestra en principio todo lo que tenía como accesorio o servidumbre también le corresponde, claro está tomando en cuenta la naturaleza del agua para riego; por ende, sólo como efecto obvio debe razonarse que si un terreno, heredado o predio destinado a la siembra es vendido, debe también obtener aquel bien accesorio que permite esa labor o tarea que el agua que lo riega.

En el marco anterior, debemos notar que la parte accionante no demandó en la presente acción de tutela a persona alguna en función de algún cargo público, sindical o dirigencial, todos ellos son personas particulares que supuestamente actuaron de forma violenta para impedir el paso de agua de riego que corría a favor de los impetrantes de tutela; entonces, para sustentar esta circunstancia repetida el 28 de junio; y, 4, 12 y 18 de julio de 2023, se tienen las fotografías varias cursante en el expediente donde se ven a personas sentadas y también paradas junto al canal que lleva el agua de riego al predio de los solicitantes de tutela, lo que evidencia los hechos de obstrucción al efecto; y, no son ellos como particulares quienes deben exigir el cumplimiento de los requisitos para acceder a tal servicio, sino las autoridades llamadas a revisarlas y otorgarlas. Asimismo, se tienen los Informes 012/2023 y 10/2023, emitidos por Lucio Encinas Carrasco y José Reynaldo Tapia Rojas, respectivamente, ambos Sargentos de Planta de la Policía Nacional, refiriendo que el miércoles 4 y martes 10 de octubre de 2023, a las 04:00 a.m. y 00:30 a.m., respectivamente, al haberse constituido en la comunidad de Chahuarani, con el objeto de realizar patrullaje preventivo por “inmediaciones del conflicto de aguas de riego (…) LOS DIAS MARTES DE HORAS 00:00 AM., 07:00 AM., Y MIERCOLES DE HORAS 04:00 AM. A 07:00 AM…” (sic), que los demandados se negaron rotundamente a dar cumplimiento a la orden de retiro del lugar, manifestando que no se moverán por ningún motivo del lugar, poniéndose agresivos. Finalmente, mediante Acta de Inspección, realizada por la Jueza de garantías el 25 de octubre de 2023, se registró: “…encontrándonos sobre la calle principal donde se hace constar hechos materiales, en lo esencial un canal de riego de cemento en el que se verifica compuertas que a decir de la parte accionante es en ese lugar que se asienta gente para evitar que el agua baje hacia el sud donde se encuentran los terrenos de los accionantes, desviando el mismo a la Comunidad Soria Galvarro...” (sic). Para aclarar temas de improcedencia, como las objeciones referidas por los demandados Alejandro Abasto Parra, Eustaquio Canaviri Bautista y Emiliano Patiño Marín, quienes afirman haber comprado las parcelas discutidas con los impetrantes de tutela; por consiguiente, reclaman ser dueños de los predios no regados por los mismos, afirmado hechos controvertidos; empero, no acompañan prueba idónea al efecto, como contrato traslativo de propiedad y/o la respectiva inscripción en DD.RR. u otro tipo de documento que avale tal alegación. En ese contexto, se constata que los demandados si ejercieron actos que entorpecieron la libre circulación de aguas para riego en el canal respectivo, lo que lesionó el derecho constitucional de acceso al agua de los ahora accionantes, situación que no implica decisión alguna en contra de los dirigentes que gestionan tal servicio; sin embargo, no es menos cierto que todas las personas implicadas en la repartición de tal bien esencial deben observar ese derecho a favor de los indicados impetrantes de tutela, quienes a la vez deben cumplir con todas las exigencias normativas según usos y costumbres a dicho efecto. En conclusión, se constató la denuncia por la lesión del derecho al agua de riego; debido a que, cuando los solicitantes de tutela se disponían a desviar el cauce de agua desde la zona de Chahuarani hacia sus terrenos por el canal de riego, fueron sorprendidos por una turba de varias personas los -ahora demandados-, con el fin de impedir el riego de sus terrenos, cuyo derecho fue adquirido junto a la titularidad de sus predios, situación que se repitió el 28 de junio; y, 4, 12 y 18 de julio de 2023, siendo evidente que los referidos demandados están arrogándose justicia por mano propia al prohibirles tal acceso al agua para riego sin justificación legal alguna; por esta razón, debe darse razón a los sustentos esgrimidos por los accionantes.

Finalmente, respecto a la condenación de costas y costos, estas no pueden ser consideradas en razón a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 25 de octubre de 2023, cursante de fs. 304 a 312, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER de forma total la tutela solicitada, debiendo los demandados dejar de obstaculizar el canal de riego o las mitas de agua de las cuales se sirven los accionantes y actuar según los usos y costumbres de la zona, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 La SC 182/2007-R, de 23 de marzo, sostuvo que: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, señaló que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0294_2026-S3.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6abd48e3bb327dfa141c482fd2c370487ab6169e776a513a939756506f9e3e28

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