Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento celeridad; y, al “debido diligenciamiento”, a la vida y a la libertad; en razón a que, el Secretario y pasante demandados, no remitieron su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 323/2023 de 18 de mayo, ante el Tribunal ad quem. Ante ello, el Secretario demandado manifiesta que, tanto el cuaderno en original como el recurso de apelación incidental interpuesto contra una anterior Resolución -Auto Interlocutorio 282/2023 de 11 de mayo-, que dispuso la detención preventiva del accionante se remitieron a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que en el Juzgado en el cual desarrolla sus funciones, solo se encuentra un legajo del cuaderno de control con los últimos actuados, mismo que está a la vista. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 144/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0294/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56376-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 144/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iver Mollo Mamani contra Edson José Beltrán Mamani, Secretario y Juan Carlos Condori Condori, pasante, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 18 de mayo de 2023, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, llevó a cabo su audiencia de cesación a la detención preventiva resultando de ésta el Auto Interlocutorio 323/2023 de la fecha mencionada, contra la que interpuso recurso de apelación incidental, mismo que no fue remitido hasta la fecha -se entiende a la presentación de esta acción tutelar- siendo que el indicado Juzgado señaló que el cuaderno no se encontraba al día; además que, se negaron a franquearle fotocopias del mismo.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente celeridad; y, al “debido diligenciamiento”, y -se infiere- a la vida y a la libertad, sin citar disposición constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se remita antecedentes al Tribunal de alzada; y, b) Se llame severamente la atención a los demandados por no obrar con celeridad procesal.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado defensor, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliado en audiencia manifestó que: 1) Recibió medidas menos gravosas a la detención preventiva; empero, las mismas fueron impuestas más allá de los plazos, “…han sido limitadas al no cumplir la misma…” (sic), por ende, se vulneró el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2) Inobservó el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en cuanto a los plazos de remisión ante el Tribunal de alzada; 3) Se cumplió con la carga argumentativa, por lo que no existe subsidiariedad “…más aún en cuanto al instrumento que ha sido remitido, pretendiendo justificar la demora procesal…” (sic); y, 4) Se informe al Consejo de la Magistratura para que establezca la responsabilidad correspondiente; por lo que, solicitó se conceda la tutela.
Edson José Beltrán Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 22 y vta., señaló que: i) De la revisión del “…LEGAJO CUADERNO DE CONTROL JURISDICCIONAL que se tiene…” (sic), se emitió el Auto Interlocutorio 282/2023 de 30 de abril, en el que se dispuso la detención preventiva del accionante, que mereció recurso de apelación incidental; ii) Se interpuso una acción de libertad que -se entiende- ordenó el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva de 18 de mayo de 2023, en el que se dispuso medidas menos gravosas, mismas que se cumplieron; y, iii) El cuaderno en original se remitió a la “SALA” y en el mencionado Juzgado solo se tiene un legajo del cuaderno de control, mismo que se encuentra a la vista; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Juan Carlos Condori Condori, pasante del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del El Alto del departamento de La Paz, no remitió informe alguno, ni se hizo presente en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 4.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 144/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 26 a 28 vta., concedió -en parte- la tutela impetrada con relación a Edson José Beltrán Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del El Alto del departamento de La Paz, y denegó la tutela respecto al Juan Carlos Condori Condori, pasante del mismo Juzgado, con base en los siguientes fundamentos: a) Las peticiones que involucran el derecho a la libertad física de las personas, deben ser resueltas con celeridad, siendo que, la retardación en la remisión de los actuados lesiona el derecho a la libertad, y no puede existir justificativo válido, salvo excepciones extremas y plenamente demostradas., b) Respecto a la acción de libertad contra particulares, éstos tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; c) El principio de la carga de la prueba, lleva implícito el principio de inversión de la prueba por tanto un servidor público cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos, es así que, las capturas de pantalla que se remitieron, se encuentran vinculadas a una remisión de la apelación realizada el 11 de mayo de 2023, aspecto que no es motivo de la presente acción de libertad; d) No se presentó ninguna constancia respecto a la remisión ante el superior en grado de la apelación de 18 de mayo de 2023 hasta hoy, 31 de mayo de 2023, impidiendo que este conozca y resuelva la situación jurídica del accionante de manera pronta y oportuna; por lo que, corresponde conceder la tutela y, e) Respecto a Juan Carlos Condori Condori -codemandado-, no se fundamentó ni señaló cuál sería el acto lesivo en el que incurrió; por lo que, corresponde denegar tutela.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 37 a 41); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan capturas de imágenes de la remisión realizada el 11 de mayo de 2023del legajo de apelación incidental, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, así como, del cuaderno de recepción de la misma fecha (fs. 23 a 24).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento celeridad; y, al “debido diligenciamiento”, a la vida y a la libertad; en razón a que, el Secretario y pasante demandados, no remitieron su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 323/2023 de 18 de mayo, ante el Tribunal ad quem. Ante ello, el Secretario demandado manifiesta que, tanto el cuaderno en original como el recurso de apelación incidental interpuesto contra una anterior Resolución -Auto Interlocutorio 282/2023 de 11 de mayo-, que dispuso la detención preventiva del accionante se remitieron a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que en el Juzgado en el cual desarrolla sus funciones, solo se encuentra un legajo del cuaderno de control con los últimos actuados, mismo que está a la vista. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Judicial Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente…” (las negrillas son añadidas). Entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0244/2016-S2, 1110/2017-S2, 0798/2018-S3 y 0259/2019-S1, entre otras.
Uno de los principios que rige la administración pública es el de legalidad, así, el art. 233 de la CPE, define con claridad quienes son servidores públicos, describiéndolos como aquellos que forman parte de la carrera administrativa y desempeñan funciones en entidades estatales; es bajo esa comprensión que, la pasantía no se constituye en una relación de función pública, sino en un vínculo pedagógico-formativo. Tal como describe el Reglamento de Pasantías del Órgano Judicial, en su art. 5 al señalar que: “Es el servidor público que tendrá a su cargo la orientación, seguimiento y control de los pasantes, por lo que recaerá sobre él, la formación y desempeño de los pasantes, así como el éxito y conclusión de la pasantía dentro de su tiempo de duración”. En ese entendido, si bien el pasante desarrolla actividades dentro de una unidad jurisdiccional, lo hace bajo la figura de una formación práctica, careciendo de la responsabilidad y funciones que otorga la Ley del Órgano Judicial, a los servidores públicos; en consecuencia, al no estar incorporado en el escalafón judicial ni administrativo, el pasante se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen de responsabilidades y sanciones que dicha ley prevé, que además de carecer de un nombramiento formal, una remuneración económica pública, no tiene autonomía de voluntad jurídica, pues no puede ser sujeto pasivo de acciones que cuestionen actos jurisdiccionales y administrativos, pues someter a un pasante a un control de responsabilidad reservado por ley para funcionarios públicos, vulneraría el debido proceso. Es así que, la responsabilidad por cualquier omisión o error en el proceso recae inexcusablemente en el servidor público que ejerce la tutoría y custodia de los antecedentes de la causa; por lo que, la acción deberá dirigirse contra el titular de la unidad jurisdiccional o tutor que permitió o validó el acto cuestionado.
En el caso en examen, se tiene que el impetrante de tutela interpuso un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 282/2023 de 11 de mayo, que determinaba su detención preventiva, mismo que se remitió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del CPP, posteriormente, se llevó a cabo su audiencia de cesación a la detención preventiva, resultando de esta el Auto Interlocutorio 323/2023 de 18 de mayo, que mereció recurso de apelación incidental, mismo que no fue remitido al Tribunal de alzada para su correspondiente revisión, a raíz de una anterior (Conclusión II.1) no contando por ende con el cuaderno procesal en su integridad. En ese contexto, en cuanto al Secretario demandado, en relación a la no remisión del cuaderno al Tribunal de alzada, es pertinente considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, y lo dispuesto por el art. 56 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, pues el Secretario de Juzgado cumple una función de apoyo jurisdiccional, limitada exclusivamente a aspectos administrativos y de trámite procesal; no obstante, es el juez, en su calidad de director del proceso, quien ejerce la competencia para administrar, controlar y supervisar los actos procesales dentro del proceso penal; por lo cual, cualquier inobservancia o retraso injustificado en dicho procedimiento debe ser puesto en conocimiento de la autoridad a cargo del control jurisdiccional, como garante del respeto, protección y salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales de las personas privadas de libertad; en ese sentido, para el caso, el peticionante de tutela no señaló, ni demostró si previamente efectuó su reclamo al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Violencia contra las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; a efectos de hacer conocer la presunta demora. Corresponde precisar que, es ineludible que se agoten los mecanismos procesales internos; siendo que, estos permiten la atención pronta y específica de eventuales reclamos ante supuestas amenazas o transgresiones a derechos, convirtiéndose así en medios idóneos y eficaces, que canalicen de manera oportuna las observaciones advertidas; por lo que, corresponde denegar la tutela.
En cuanto al pasante demandado, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el mismo no goza de legitimación pasiva dentro de la presente acción, al no ser responsable directo de los actos reclamados por el accionante; consecuentemente, corresponde denegar la tutela. Respecto a la solicitud de remitir informe al Consejo de la Magistratura para que establezca la responsabilidad correspondiente; cabe señalar que, el accionante tiene la facultad de hacer conocer cualquier circunstancia que considere ante dicha institución; y, en relación al derecho a la vida, no acompañó ningún acervo probatorio que otorgue certeza de que el mismo se encuentre afectado por el acto procesal sometido a análisis; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto al mismo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 144/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0294_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 687aabb19f2769756234eec36cc86d81b3c9fc6bca2388fd375409879bb73eb7
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