Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de julio de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo digno y a la estabilidad laboral; toda vez que, el demandado se rehúsa a dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021 de 7 de mayo, emitida por la entonces Jefa Departamental de Trabajo La Paz, situación verificable a través del Informe J.D.T.L.P./BDFB/ VAL 012/2022 de 30 de mayo, elaborado por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 175/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 327 a 330 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, manteniendo subsistentes los efectos que ya se hubiesen cumplido en atención a la tutela concedida de manera inicial por la citada Sala Constitucional a no ser que por el transcurso del tiempo la situación laboral de los accionantes haya cambiado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0294/2024-S2 Sucre, 1 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50594-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 175/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 327 a 330 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Gerardo Jarro Salcedo, Carlos Rodolfo Irahola Flores y Nils Ferdin Riveros Loayza contra René Sergio Pereira Sánchez Bustamante, Gerente General de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica Sociedad Anónima BOLIVIAN POWER COMPANY LIMITED SUCURSAL BOLIVIA (COBEE S.A.).
Por memoriales presentados el 9 y 22 de junio de 2022, cursantes de fs. 53 a 60 vta., y 67 a 72, los accionantes manifestaron que:
Mediante contratos de carácter indefinido vienen trabajando en la empresa COBEE S.A.; sin embargo, fueron objeto de acoso laboral sistemático y reiterativo desde el 2019; ya que, mediante memorándums de “preaviso” les comunicaron que la relación laboral culminaría el 31 de octubre de ese año, conforme “…a la Resolución AE Nº 896/2018 la cual no refería absolutamente nada respecto a la situación laboral de nuestras personas en condición de trabajadores…” (sic). Asimismo, denunciaron que les otorgaron vacaciones sin fecha de finalización; además, fueron instruidos a devolver sus herramientas de trabajo y designados de manera temporal a trabajos que no estaban acorde a la formación laboral para el que fueron contratados -labores administrativas y tareas de limpieza-, acciones que solo buscaban sus renuncias.
Ante dichas medidas, que afectaban sus derechos al trabajo digno y a la estabilidad laboral, acudieron a la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz; entidad que a través de su titular emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021 de 7 de mayo, decisión notificada tanto a sus personas como al demandado el 10 de idéntico mes y año; no obstante, el prenombrado interpuso el recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) 294-21 de 12 de julio de 2021, confirmando la indicada Conminatoria; de igual manera, presentó el recurso jerárquico, mereciendo la Resolución Ministerial (RM) 1172/21 de 3 de diciembre de igual año, que confirmó totalmente las citadas determinaciones, que pese a su notificación el 9 del mencionado mes y año, al Gerente General demandado con esa decisión, no fue cumplida por el nombrado conforme se verificó del Informe J.DT.L.P.-BDFB/VAL012/2022 de 30 de mayo, emitido por el Inspector de la mencionada Jefatura.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la salud, al trabajo digno y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 15, 18.III, 46 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.I y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que el demandado dé cumplimiento a la RM 1172/21, asignándoles funciones laborales definitivas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 322 a 326, se produjeron los siguientes actuados.
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido de su demanda tutelar, y ampliándolo señalaron que: a) Ingresaron a trabajar a la empresa COBEE S.A. el 1 de julio de 2002 y 1 de diciembre de 2013, como maquinista, operador y almacenero respectivamente, funciones realizadas de manera continua sin llamadas de atención; sin embargo, el 7 de octubre de 2019, el demandado les informó que rescindirá la relación laboral por cierre de la Unidad de Generación Termoeléctrica “01 y 02” según la Resolución AE 896/2018 de 4 de diciembre; pese a que, Vladimir Gerardo Jarro Salcedo gozaba de inamovilidad laboral y fuero sindical; b) El demandado debió contar con un cronograma de vacaciones; empero, les otorgó los mismos hasta “nuevo aviso”, situación que les dejó en incertidumbre, debido a que, los memorándums de vacación no consignan gestión o periodo; asimismo, mediante Memorándum “JGB 013-2020” les pidieron que entreguen sus indumentarias, herramientas y ropas de trabajo; acciones que denotarían acoso laboral; es así que, el 7 de mayo de 2021, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021, la cual intimó al demandado a cesar el acoso laboral y les asigne funciones laborales; decisión que mereció la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico por parte del nombrado, dictándose en consecuencia la RM 1172/21, confirmando totalmente la indicada Conminatoria, siendo que a más de tres años no se resuelve la relación laboral; c) Pese a las resoluciones pronunciadas por el citado ente laboral, la empresa COBEE S.A. generó memorándums “…que establece; ‘Al encontrarse sin funciones en la Empresa desde octubre de 2019, se le comunica que en tanto se resuelva su situación laboral, de manera temporal realizar actividades de orden de limpieza en Alto Achachicala, Kenko, Villa Doloresʼ…” (sic); por otro lado, el 14 y 18 de mayo de 2022, por medio de instructivo y memorándum, les instruyeron que, al hallarse sin funciones en la referida empresa y entre tanto se resuelva su situación laboral, de manera temporal realicen actividades de mantenimiento y/o apoyo en la Unidad de Almacenes y Mantenimiento; actitudes que no se adecuan a sus perfiles técnicos; y, d) Se presentó el Informe de Evolución Psicolaboral del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) -División de Psicología Organización dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, el cual concluye que, tienen puntaje arriba de cincuenta de la escala de valoración, indicativo de presencia abundante “…beligerante y masiva de acoso laboral con la consecuencias psicosociales y biomédicas…” (sic).
René Sergio Pereira Sánchez Bustamante, Gerente General de la COBEE S.A. a través de su representante, por informe escrito presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 306 a 312 vta., y en audiencia de garantías pidió se deniegue la tutela solicitada señalando que: 1) La “Planta de Kenko” fue cerrada; pues de ello, resulta razonable la “supresión” y restructuración de cargos donde los impetrantes de tutela cumplían funciones laborales; asimismo, les otorgaron vacaciones con la posibilidad de mantener buenas relaciones de trabajo, aspectos que no pueden ser considerados acoso laboral; es más, “a la fecha” los prenombrados ya fueron designados en la empresa que representa, motivos por los cuales, los actos reclamados como lesionados cesaron conforme establece el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) Los peticionantes de tutela confunden la presente acción de amparo constitucional; ya que, no podrían sustituir a la “jurisdicción original” pretendiendo ejecutar la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021; por otro lado, la SC “188/2007” y la SCP “1743/2013” sostienen que no está “fijada” la atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional a cumplir resoluciones de otros órganos jurisdiccionales o administrativos; 3) Los accionantes incumplen con el principio de inmediatez -arts. 129.II de la CPE; y, 55 del CPCo-, pues, los prenombrados al ser notificados el 10 de mayo de 2021, con la citada Conminatoria, debieron interponer esta acción de defensa en el plazo de seis meses, denotando así que a la fecha de su interposición -9 de junio de 2022- transcurrió un año y un mes; 4) El Código Procesal Constitucional establece como causal de improcedencia, el incumplimiento de requisitos en la formulación de la acción de amparo constitucional; es decir, no establecieron de forma clara los hechos con los derechos vulnerados y el petitorio, ya que, a través del presente mecanismo tutelar piden el cumplimiento de la RM 1172/21; Resolución que no determinó asignar funciones específicas o definitivas a los impetrantes de tutela; al contrario, solo se “limitó” a ratificar la mencionada Conminatoria; y, 5) No existió acoso laboral ni lesión al trabajo digno o a la estabilidad laboral; debido a que, los peticionantes de tutela aún continúan trabajando en la empresa COBEE S.A., y por ende, se estarían cancelando sus sueldos, vacaciones, aguinaldos e incrementos salariales; por otro lado, la mencionada empresa, como jornada laboral ofrece catorce días de trabajo y su respectivo descanso “…es decir estas personas solamente trabajan medio mes a diferencia del habitual de la gente que trabajamos en horario de oficina de lunes a viernes…” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 175/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 327 a 330 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el demandado cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021, debiendo cesar el acoso laboral, y en el plazo de siete días hábiles, asignarles funciones a los accionantes con la finalidad principal de una relación laboral; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Los solicitantes de tutela ingresaron a trabajar a la empresa COBEE S.A. el 2002 y 2013; sin embargo, fueron comunicados que la relación laboral sería hasta el 31 de octubre de 2019, otorgándoles vacaciones “sin fecha de finalización”, además, les instruyeron que devuelvan sus herramientas de trabajo y les asignaron tareas laborales que no estaban relacionadas a sus contratos; acciones que denotarían acoso laboral; ii) De acuerdo a los datos del proceso, se tiene que los accionantes acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, institución que a través de su titular emitió la mencionada Conminatoria, determinación que fue impugnada por medio de los recursos de revocatoria y jerárquico, pronunciándose en definitiva la RM 1172/21; además, de acuerdo al formulario del Sistema Integral de Registro Judicial (SIREJ), se tiene que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 9 de junio de 2022 y la notificación con la indicada Resolución Ministerial se efectuó el 9 de diciembre de 2021, denotando así que, la señalada acción de defensa se formuló dentro de los seis meses, cumpliendo de esa manera con los principios de subsidiariedad e inmediatez; y, iii) Se advirtió que los impetrantes de tutela no fueron despedidos; ya que, se encuentran registrando su asistencia en el control biométrico; empero, no tienen funciones asignadas en la empresa COBEE S.A., circunstancia corroborada por las boletas de pago y “memorándums”; por lo que, el Estado a través de sus instancias judiciales y administrativas, debe garantizar la estabilidad laboral -art. 49.III de la CPE-, debido a que, los prenombrados trabajan más de diez años en la citada empresa; por ello, las determinaciones asumidas por el demandado no están acordes al referido derecho; lesión reconocida según el Informe de Evolución Psicolaboral INSO.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021 de 7 de mayo, emitida por Micaela Nancy Balderrama Veliz, entonces Jefa Departamental de Trabajo La Paz, quien conminó a René Sergio Pereira Sánchez Bustamante, Gerente General de la COBEE S.A. -hoy demandado- a cesar toda forma de acoso laboral contra Vladimir Gerardo Jarro Salcedo, Carlos Rodolfo Irahola Flores y Nils Ferdin Riveros Loayza -ahora accionantes-asignándoles funciones con la finalidad principal de una relación laboral; decisión notificada tanto a los solicitantes de tutela como al demandado el 10 de idéntico mes y año (fs. 11 a 20). II.2. Interpuesto el recurso de revocatoria por el demandado, se emitió la RA 294-21 de 12 de julio de 2021, por la cual Rubén Julio Estrada Candía, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, confirmó la citada Conminatoria (fs. 21 a 23 vta.). II.3. A través de la RM 1172/21 de 3 de diciembre de 2021, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió confirmar totalmente la RA 294-21; y en consecuencia, la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021; decisión notificada al demandado el 9 de igual mes y año (fs. 26 a 29 y 31). II.4. Mediante Informe J.D.T.L.P./BDFB/ VAL 012/2022 de 30 de mayo, Wilson Néstor Constancio Choque, Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, concluyó que el demandado, no habría dado cumplimiento a las citadas Conminatoria y Resolución Ministerial (fs. 64 a 66).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo digno y a la estabilidad laboral; toda vez que, el demandado se rehúsa a dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021 de 7 de mayo, emitida por la entonces Jefa Departamental de Trabajo La Paz, situación verificable a través del Informe J.D.T.L.P./BDFB/ VAL 012/2022 de 30 de mayo, elaborado por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, sostuvo que: “Dentro del trámite administrativo de reincorporación laboral, existe a partir de la SCP 0591/2012, la posibilidad de impugnación administrativa de la Resolución emitida por las Jefaturas del Trabajo, por ello corresponde dimensionar cómo esta jurisdicción constitucional entiende el cómputo del plazo de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional. En la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, se estableció que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación, señalando: ʽEPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional descrita en los puntos III.1 y 2 de los Fundamentos Jurídicos, por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acciónʼ. Por otro lado la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, entendió que el plazo de los seis meses deberá ser computado desde el momento en que la conminatoria adquiere ejecutoria; es decir, desde el agotamiento de la vía administrativa, señalando: ‘En el caso analizado, se constata que la accionante formuló recurso jerárquico, solicitando se hagan respetar sus derechos, el cual fue desestimado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de RM 068/13 de 30 de enero; consecuentemente, el plazo de caducidad previsto en el art. 129 de la CPE, debe ser computado desde la notificación a la accionante con dicha determinación, actuación que si bien no consta en obrados, aun contando dicho plazo a partir de la fecha de esa Resolución (30 de enero de 2013), se constata que la acción de amparo constitucional fue presentado el 26 de marzo del mismo año; es decir, dentro de los seis meses señalados en el art. 129 de la Norma Suprema’. Al respecto de la jurisprudencia glosada, habrá que considerar que la vía administrativa quedará agotada con la emisión de la Resolución que pone término a todo el proceso de reincorporación; es decir, eventualmente el recurso jerárquico; sin embargo, ante la noción de ejecución inmediata de la conminatoria se plantea una situación sui géneris; puesto que por una parte la conminatoria debe efectivizarse inmediatamente, pero de otro lado es posible que se hayan activado mecanismos de impugnación que se encuentran pendientes de resolución.
Por todo lo relatado, corresponde precisar que ante la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria. De ahí que corresponde establecer la reconducción del entendimiento a la SCP 0809/2012, que el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria. Finalmente, cabe aclarar que este es un entendimiento jurisprudencial que se aplicará de manera prospectiva, pues en el caso concreto la accionante no conocía con exactitud cómo éste Tribunal Constitucional Plurinacional había definido la situación del cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de conminatoria de reincorporación, más aun si en todo caso la última Sentencia Constitucional emitida al respecto había asumido el entendimiento de que el plazo se computaba desde el agotamiento de la vía administrativa” (las negrillas corresponden al texto original). Entendimiento jurisprudencial reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0213/2018-S3 de 30 de mayo y 0240/2022-S2 de 3 de mayo.
De la revisión de antecedentes, consta que la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, a través de su titular emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./ MNBV/ 006/2021 de 7 de mayo, intimando al demandado a cesar toda forma de acoso laboral contra los accionantes y les asigne funciones con la finalidad principal de la relación laboral; decisión notificada a los prenombrados el 10 de idéntico mes y año, conforme se constata de los formularios de notificaciones cursantes a fs. 19 y 20 del expediente constitucional. Subsecuentemente, la empresa COBEE S.A., manifestando su desacuerdo con la citada Conminatoria, acudió a la vía administrativa interponiendo los recursos respectivos solicitando su revocatoria, sin tomar en cuenta que era de cumplimiento inmediato.
Ahora bien, de obrados se tiene que esta acción tutelar que se analiza fue presentada el 9 de junio de 2022; es decir, después de seis meses de incumplida la orden de asignaciones de funciones por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, en cuya razón se advierte que en la interposición de este mecanismo de defensa no fueron cumplidos los presupuestos contenidos en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo, los cuales establecen que la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, la misma que en caso de conminatoria de acoso laboral y reasignaciones de funciones comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir, como se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en razón a que, en este tipo de casos que exigen la protección inmediata, no aplica la subsidiariedad, no siendo necesario que la parte demandada agote la vía administrativa u ordinaria para abrir competencia a la justicia constitucional; por lo que, correspondía a los impetrantes de tutela invocar la protección de sus derechos vía acción de amparo constitucional, dentro del plazo de seis meses, computables desde el momento en que el empleador, hoy demandado, rehúso a dar cumplimiento a la conminatoria de acoso laboral y reasignaciones de funciones. Consiguientemente, no corresponde a la justicia constitucional efectuar el análisis de esta acción tutelar, por cuanto, se constata que precluyó el plazo para la activación de la acción de amparo constitucional; pues, de obrarse en sentido contrario, significaría el desconocimiento de la naturaleza y los principios rectores de este mecanismo de defensa, debiendo considerarse que: “…la justicia constitucional no puede aguardar de manera indefinida a los titulares de los derechos para que acudan a la justicia solicitando su protección, en razón a que están obligados a ser diligentes en su propio interés y no pretender que esta jurisdicción esté supeditada de manera indeterminada para otorgarle la tutela solicitada conforme los principios de celeridad y preclusión…” (SCP 1048/2015-S3 de 3 de noviembre); por lo que, en el caso concreto debe denegarse la tutela, sin ingresar al análisis de fondo.
Dada la situación fáctica del caso concreto, es pertinente tomar en cuenta el alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que provocó efectos jurídicos, en el entendido de que la Resolución 175/2022 de 3 de agosto, que pronunció, es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del CPCo-; en ese sentido, corresponde traer a colación lo glosado por la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de los fallos constitucionales, la cual determinó que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”. Por tal motivo, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, así como encontrarse en el presente caso involucrados derechos laborales vinculados a su vez a la vida y a la salud, corresponde mantener los efectos de la concesión de tutela dispuesta por la indicada Sala Constitucional, mediante la emisión de la Resolución 175/2022, siempre que la misma se hubiese cumplido antes de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad de evitar que se genere repercusión negativa o menoscabo en el ejercicio de los derechos de los peticionantes de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 175/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 327 a 330 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, manteniendo subsistentes los efectos que ya se hubiesen cumplido en atención a la tutela concedida de manera inicial por la citada Sala Constitucional a no ser que por el transcurso del tiempo la situación laboral de los accionantes haya cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de Voto Aclaratorio.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0294_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a938ef39144187a9568e1691fbc90e002b261a926ee593bc1859bcd5684e76f3
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