B.IA.LEGAL

SCP 0294/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48902-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, celeridad procesal y dignidad; toda vez que, el Juez -ahora demandado- no atendió hasta el presente su solicitud de cesación a la detención preventiva dentro el plazo establecido en el art. 239 del CPP; no obstante, que reiteró su petición mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022, a los fines de que se resuelva su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que la concesión de la tutela no implica la libertad del accionante, ni un análisis del fondo de la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, 2º Disponer que dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva conforme dispone el art. 239 del CPP, salvo que la misma ya se hubiera llevado adelante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0294/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48902-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Daniel Flores Chura contra Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 22 a 23 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 2 de junio de 2022, solicitó su cesación a la detención preventiva amparado en el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la cual no fue notificada a las partes en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 239 parágrafo Tercero del mismo cuerpo legal. Ante tal situación, formuló una acción de libertad a los fines del cumplimiento de las notificaciones extrañadas, donde el Juez de control jurisdiccional informó que estas actuaciones fueron cumplidas a la víctima Jorge Armando Rojas Quispe, mediante edictos judiciales de 14 de junio de 2022 y al Ministerio Público el 15 del mismo mes y año. Una vez notificados el Ministerio Público y la víctima, estos tenían un plazo de cuarenta y ocho horas para presentar su respuesta, el cual vencía el 17 de junio de 2022, según lo dispuesto en el art. 130 parágrafos Primero y Segundo de la norma adjetiva penal. En este contexto, y al vencerse dicho plazo, el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, debió emitir un Auto Interlocutorio aceptando o rechazando la solicitud dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; es decir, hasta el 19 de junio de 2022; sin embargo, el mismo no fue cumplido. El 27 de junio del mismo año, se reiteró la solicitud a la autoridad judicial demandada, para que se pronuncie sobre la petición de cesación a la detención preventiva; a mérito de lo cual, mediante providencia de 28 de igual mes y año, dispuso nuevamente que la petición fuera puesta a conocimiento del Ministerio Público. De lo anterior se evidencia, un incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el art. 239 parágrafo Tercero de la Ley 1173, ya que hasta la fecha de interposición de la presente demanda tutelar no se ha dictado ninguna resolución que atienda su solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados su derechos a la libertad, celeridad procesal y dignidad por dilación indebida; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se conmine al “Juez de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital” -lo correcto es Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital-, que de manera inmediata emita el Auto Interlocutorio que atienda su solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, el 1 de julio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 46 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos, señaló: a) Existiría una acción de libertad previa que se presentó contra la misma autoridad ahora demandada, a fin de que ordene las notificaciones correspondientes conforme al art. 239.4 del CPP, con el fin de que emita la resolución pertinente a los fines de atender su cesación a la detención preventiva; no obstante, esta fue denegada con el argumento de que las notificaciones cuestionadas ya se realizaron el 14 de junio de 2022, quedando pendiente solo la emisión del fallo; b) Según el Juez demandado, las notificaciones relacionadas con la solicitud de cesación a la detención preventiva no se habrían practicado, alegando que solo se había notificado la radicatoria de la causa, afirmación incorrecta, ya que al revisar la documentación anexa a la presente demanda tutelar, se puede evidenciar que se realizaron las notificaciones correspondientes, tanto con la radicatoria como con el memorial presentado el 2 del referido mes y año, en el cual se solicitó la cesación a la detención preventiva; también se notificó al Ministerio Público conforme la providencia del 4 del mismo mes y año; consecuentemente, al verificarse que las partes ya estaban notificadas, y el 17 de similar mes y año pidió el pronunciamiento respectivo sobre la cesación a la detención preventiva, dado que ya había vencido el plazo establecido; y, c) El agravio formulado se centra en la vulneración al principio de celeridad y la dilación indebida consagrado en los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el art. 7.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 45 y vta., señaló: 1) Efectivamente el 2 de junio de 2022, se presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual por motivos de salud -baja médica-, fue respondida por el Juez en suplencia legal, que dispuso que de manera previa se notifique a las partes con las actuaciones pendientes que se encontraban en el cuaderno procesal; 2) El Ministerio Público únicamente fue notificado con la radicatoria y el “decreto que antecede” y no así con la solicitud de cesación a la detención preventiva, por lo que a fin de no provocar lesión a derechos es que se ordenó se proceda a la notificación correspondiente, puesto que al tratarse del art. 239.3 y 4 del CPP, no se requiere audiencia; y, 3) La notificación al Ministerio Público se la práctico recién el 30 de junio, fecha a partir del cual corre el plazo de cuarenta y ocho horas para presentar contestación, y vencido el mismo, con o sin respuesta se resolverá lo impetrado por el ahora accionante.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 13/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 47 a 49 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que en el término de veinticuatro horas, se emita la resolución que corresponda; resolviendo así la situación jurídica del peticionante de tutela, decisión que se sustentó bajo los siguientes fundamentos: i) Toda autoridad jurisdiccional en conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, cuando se encuentre fundada en los numerales “1 y 4” del art. 239 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, deberá ser atendida con la mayor celeridad posible, debiendo fijar la audiencia respectiva en el plazo de “cinco días de su recepción” y resuelta en ese mismo momento; y en el caso de los numerales “2 y 3” del citado artículo, se deberá fijar audiencia dentro las veinticuatro horas siguientes; ii) De los antecedentes se establecería que el Juez demandado, el 3 de junio de 2022, emitió un decreto que de manera textual señala: "En atención al memorial que antecede previo al señalamiento de la audiencia notifíquese a todas las partes con las actuaciones correspondientes del cuaderno procesal” (sic); es decir, que no se ha respondido al memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, sin que a esa fecha existiera resolución que responda de manera positiva o negativa a lo impetrado por el accionante; iii) Así también, se evidenciaría que tampoco se ha corrido en traslado a los sujetos procesales el escrito de solicitud de cesación a la detención preventiva. En igual sentido, con relación al memorial de “27 de agosto” por el que se reitera se pronuncie resolución por parte del ahora impetrante de tutela, puesto que la autoridad demandada señaló que con carácter previo: “notifíquese al Ministerio Público luego se proveerá lo que corresponda" (sic), sin considerar que el acusado se encontraría privado de su libertad por más de cuatro años, dado que la causa data de la gestión 2017, y sin que se haya dictado sentencia dentro de la misma; iv) De igual forma, se corroboraría la existencia de una anterior acción de libertad de 15 de junio de 2022, que denegó la tutela impetrada, pero ordenó que vencido el plazo se pronuncie la resolución correspondiente; a la fecha, a más de diez días de la celebración de dicha acción, la autoridad jurisdiccional demandada no ha resuelto la solicitud de cesación a la detención preventiva, planteada el 2 de junio de 2022; y, v) El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido que la aplicación de medidas cautelares y cesación a la detención preventiva son cuestiones accesorias, y que de ninguna manera afectan el proceso en si, por lo que la falta de notificación con el decreto de radicatoria a la víctima, no puede ser un óbice para que no atienda una solicitud de cesación a la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado por Daniel Flores Chura -ahora accionante- al Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que solicitó la cesación a la detención preventiva y en su lugar se imponga medidas sustitutivas dispuestas en el art. 231 Bis de la Ley 1173 (fs. 3 a 4 vta.).

II.2. Mediante proveído de 3 de junio de 2022, el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, atendiendo al referido memorial ordenó que previo al señalamiento de la audiencia correspondiente, se notificara a todas las partes con las actuaciones pendientes que se encuentran en el cuaderno procesal (fs. 5).

II.3. A través del memorial presentado el 27 de junio de 2022, el impetrante de tutela reiteró al Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado- emita resolución atendiendo a la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 11).

II.4. Por proveído de 28 de junio de 2022, el Juez -ahora demandado-determinó que con carácter previo se notificara al Ministerio Público, señalando que: “…luego se proveerá lo que corresponda…” (fs. 12).

II.5. Cursa formulario de notificación al Ministerio Público, realizado el 30 de junio de 2022, con los memoriales de 2 y 27 de igual mes y año y con el decreto de 29 del citado mes y año (fs. 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, celeridad procesal y dignidad; toda vez que, el Juez -ahora demandado- no atendió hasta el presente su solicitud de cesación a la detención preventiva dentro el plazo establecido en el art. 239 del CPP; no obstante, que reiteró su petición mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022, a los fines de que se resuelva su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento:

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, realizó modificaciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que señala:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, celeridad procesal y dignidad; toda vez que, el Juez ahora demandado no atendió hasta el presente su solicitud de cesación a la detención preventiva dentro el plazo establecido en el art. 239 del CPP; no obstante, que reiteró su petición mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022 a los fines de que se resuelva su situación jurídica. En ese marco, con carácter previo al análisis de fondo de la problemática traída en revisión, resulta necesario acudir al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, con relación al plazo establecido para la audiencia de consideración de cesación de las medidas cautelares de carácter personal el art. 239 del CPP -modificado por la Ley 1173-, que en la parte pertinente señala: Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; es decir, que la Ley Adjetiva Penal estableció un plazo determinado para señalar audiencia, con el objetivo de garantizar el régimen legal de la detención preventiva y evitar dilaciones indebidas que afecten la tramitación del proceso. Asimismo también, resulta necesario entender el contexto del problema constitucional; en ese sentido, de la revisión de los antecedentes se tiene que el 2 de junio de 2022, Daniel Flores Chura -hoy impetrante de tutela- solicitó ante el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- la cesación de su detención preventiva; en tal virtud, mediante proveído de 3 del mismo mes y año ordenó que antes de fijar la audiencia impetrada, debía notificarse a las partes con los documentos pendientes en el expediente; dado que, no se cumplió con dicha comunicación procesal. Frente a esta arbitrariedad, el 15 de junio de 2022, presentó una otra acción tutelar contra el referido Juez quien informó en la audiencia tutelar que estas actuaciones ya fueron cumplidas en relación a la víctima Jorge Armando Rojas Quispe mediante edictos judiciales de 14 de igual mes y año y al Ministerio Público el 15 del referido mes y año (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Posteriormente, el 27 de junio de 2022, el demandante de tutela reiteró su solicitud de cesación a la detención preventiva dictándose la providencia de 28 del mismo mes y año, ordenando que previamente se notifique al Ministerio Público y que una vez realizada esa actuación, se resolvería lo que correspondiere (Conclusiones II.4 y II.5). De la relación efectuada, se concluye que las distintas exigencias del Juez demandado, con relación a que previamente a señalar la audiencia de cesación a la detención preventiva se deban cumplir con distintos actuados procesales, vulneró el derecho de acceso a la justicia del peticionante de tutela, además de ser contraria a la norma y fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, establecido para señalar audiencia de consideración a la cesación de medidas cautelares de carácter personal, conforme el art. 239 del CPP -modificado por la Ley 1173-, sin justificar su decisión en ningún parámetro objetivo que le imposibilite instalar la audiencia cuestionada, sino en la omisión de distintos actuados procesales que como director del proceso debió ordenar su cumplimiento de forma oportuna; toda vez que, ante la solicitud del accionante correspondía que la citada autoridad en el marco del procedimiento penal, señale audiencia sin la exigencia de ningún condicionamiento previo, y previa valoración del proceso y las pruebas aportadas determine lo que en derecho corresponda. De donde resulta, ante el incumplimiento del plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva, establecido en el art. 239 del CPP -modificado por la Ley 1173-, la autoridad demandada incurrió en dilación indebida, provocando una demora innecesaria y dejando en incertidumbre la situación jurídica del solicitante de tutela; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, con la aclaración que la concesión de la tutela no implica la libertad del accionante, ni un análisis del fondo de la solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que la concesión de la tutela no implica la libertad del accionante, ni un análisis del fondo de la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, 2º Disponer que dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva conforme dispone el art. 239 del CPP, salvo que la misma ya se hubiera llevado adelante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0294_2024-S1.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 858c43520a9950eab1bda070f867cc128164cfae107f9fcbe9f1e0b71d409d0c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →