B.IA.LEGAL

SCP 0294/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de octubre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44706-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a tiempo de resolverse el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 15/21 de 21 de octubre de 2021 –que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva–, la Vocal ahora demandada, emitió el Auto de Vista 350 de 21 de octubre de 2021 declarando improcedente el recurso de apelación, manteniendo subsistente los riegos de fuga en su elemento de peligro para la víctima –art. 234.7 del CPP– y de obstaculización –art. 235.2 del mismo cuerpo legal–, cometiendo las siguientes ilegalidades: i) Realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico de 24 de agosto de 2021, al declararlo insuficiente para desvirtuar el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 12 de diciembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
  2. III.2. Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer –art. 234.7 del CPP–
  3. III.3. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento
  4. III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.1. Respecto a que el Auto de Vista 350 realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico al declararlo insuficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, obligándolo realizar una terapia psicológica

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0294/2023-S1 Sucre, 24 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44706-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2021 de 12 de diciembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Remberto García Caba en representación sin mandato de Víctor Hugo Flores Ríos contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 45 a 49, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Ana Marlene Osinaga Vda. de Ávila, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 14 de noviembre de 2020, se dispuso su detención preventiva al considerar que concurren los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el 10 de junio de 2021, en audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, a través de Auto Interlocutorio 137/2021 de igual fecha, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, si bien resolvió rechazar la misma; empero, tuvo por desvirtuado los riesgos procesales descritos en el art. 234.1 y 2 del CPP, quedando latente simplemente los riesgos contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal, bajo el argumento que “…‘no solamente presentar documentos que hagan referencia a la posibilidad de que no tiene antecedentes, sino a un estado psicológico, es decir, donde se diga que el señor no es un peligro para la víctima o no presenta algunos rasgos temperamentales que vayan en contraposición de la víctima…’” (sic), determinación contra la cual interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por medio del Auto de Vista 239 de 4 de agosto de 2021, en el que, se manifestó que “… se debe considerar que se trata de un delito de abuso sexual y estos delitos donde las víctimas son menores de edad necesariamente se tiene que presentar un informe que acredite que el imputado no es un peligro o no tiene esos traumas en cuanto a su comportamiento psicológico…” (sic.). En ese contexto, con el objeto de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, el 4 de octubre de 2021, en la que se concluyó que no era un riesgo efectivo para la víctima, presentó ante la Jueza de control jurisdiccional un Dictamen Pericial Psicológico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); empero, por Auto Interlocutorio 15/2021 de la misma fecha, la indicada autoridad judicial rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, sin valorar el referido Dictamen, exigiendo que debería presentarse pruebas que señalen la realización de terapia o tratamiento psicológico con el fin de determinar los rasgos “temperamentales o psicopáticos” con la cual se enervaría el peligro para la víctima; por lo que, se mantuvo vigente dicho riesgo procesal. Luego, contra el Auto 15/2021 interpuso recurso de apelación, emitiéndose al efecto el Auto de Vista 350 de 21 de octubre de 2021, pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, por el cual, confirmó el Auto Interlocutorio 15/21, indicando que “…‘la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifiesta que el informe de 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto es insuficiente. Considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución (…) es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él…’” (sic.). Así, al emitirse el Auto de Vista 350, la Vocal ahora demandada incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Se realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico de 24 de agosto de 2021, pues confirmó la apreciación superficial realizada por la Jueza a quo, al declararlo de insuficiente para desvirtuar el peligro efectivo para la víctima, obligándolo a realizarse una terapia psicológica; b) De forma ilógica e irracional exigió que en el antedicho Dictamen Pericial Psicológico señale de forma textual que su persona no es un peligro efectivo para la víctima, siendo dicha labor a ser determinado por la autoridad judicial con base a todos los elementos aportados en el Dictamen; c) No valoró que en el Dictamen Pericial Psicológico, en ninguna parte se recomienda que deba realizarse una terapia psicológica, más al contrario dicho documento refiere que “…en el momento de la evaluación no mostro tener comportamiento violentos que ponga en peligro a la víctima y muestra un comportamiento que está dentro las normas de buena conducta, no tiene resentimiento hacia la víctima y no tiene predisposición hacia tener reacción rápidas ante estímulos internas y externas” (sic); y, d) Se tomó una decisión irracional al exigírsele la realización de una terapia o tratamiento psicológico estando detenido de forma preventiva, siendo lo razonable que dicha exigencia se efectúe con la imposición de medidas cautelares menos gravosas y aplicando como medida de protección lo establecido en el art. 389 Bis.I.11 del CPP.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad personal, citando para cuyo efecto los arts. 22, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejarse sin efecto el Auto de Vista 350 y se ordene la emisión de una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 59 a 61, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante no se hizo presente a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su legal notificación realizada en audiencia de 11 de diciembre de 2021, cursante a fs. 55.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe presentado, corroborado por Secretaria del Tribunal de Garantías, y que fue analizada por dicho Tribunal en la Resolución 21/2021 de 12 de diciembre, informando lo siguiente: “…1) no ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado para demostrar el estado psicológico del imputado, 2) No ha hecho tratamiento o alguna terapia, por lo que considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución…” (sic.).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 12 de diciembre, cursante de fs. 62 a 64, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: 1) El art. “333” del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres presenta un cambio sustancial respecto a los requisitos para la detención preventiva que son los riesgos procesales; 2) Sobre el peligro latente contenido en el art. 234.7 del CPP, la defensa debe acreditar y demostrar con prueba idónea y pertinente que ya no está latente dicho peligro; 3) Con base a criterios legales de protección a la víctima menor, se ordenó el informe pericial es decir un tratamiento psicológico, pues los arts. 32; 35.4 y 6; y 36 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013– determinan las medidas de protección que tienen como objetivo interrumpir e impedir los hechos de violencia, las cuales son de aplicación inmediata para resguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; 4) En la aplicación de medidas cautelares, se emplea la excepcionalidad descrita en el art. 221 del CPP, por la cual se busca asegurar la presencia del imputado en el proceso penal, debiendo desvirtuar los riesgos procesales y proteger a la víctima; 5) No se puede desnaturalizar a la acción de libertad, debiendo evitar que mute como un medio paralelo a la jurisdicción ordinaria, no pudiendo acoger la tutela mientras los informes periciales determinen que ya no es un peligro para la víctima; y, 6) La acción de defensa no se encuentra dentro de los alcances de los arts. 125 y 126 de la CPE, y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Ana Marlene Osinaga Vda. de Ávila seguido contra Víctor Hugo Flores Ríos –accionante– por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Roberto Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz emite el Auto Interlocutorio 230/2020 de 14 de noviembre, determinando:

“…al establecer la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el artículo 233 numerales 1 y 2 del CPP; articulo 234 numerales 1, 2 y 7 del C.P.P., y articulo 235 numeral 2 del CPP, se DISPONE la medida extrema de detención preventiva en el penal de Palmasola y sea en el lugar para los privados de detenidos preventivos. Por otro lado, es necesario establecer que el Ministerio Público ha indicado que hay actos investigativos que por su utilidad procesal, su instrumentalidad y herramienta son necesarios que se realicen en cuanto esté el imputado detenido, bajo estos elementos es que considero que el Ministerio Público al solicitar 150 días de detención preventiva, va a realizar diferentes actos investigativos, va a realizar pericias, para realizar una pericia se necesita por lo menos tres entrevistas semi estructuradas, a quienes le va a realizar la entrevista, le va a realizar seguramente a la víctima o también a los testigos, se le va a realizar una cámara Gessell seguramente a la víctima para tener un anticipo de prueba, se va a realizar también seguramente algunos elementos como ser una inspección al lugar de los hechos, entonces bajo estos elementos lógicamente que es necesario asegurar una efectiva investigación. Por lo tanto, mi autoridad dispone que la detención preventiva sea de 150 días y que será a contar desde hoy fecha 14 de noviembre del 2020 hasta el 14 de abril del 2021, y tomando en cuenta que se dispone que sean estos 150 días de detención para que el Ministerio Público realice los actos investigativos, se señala audiencia de cesación a la detención preventiva para el imputado Víctor Hugo Flores Ríos, para el día 14 de abril del 2021 a horas 9:30 AM” (sic (fs. 5 vta. a 7 vta.]). II.2. Por Auto Interlocutorio 137/2021 de 10 de junio, Roberto Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en atención a la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, se amplia la medida extrema por el tiempo de un mes, señalando que:

“…si bien es cierto se han desvirtuado ciertos riesgos procesales y que la libertad es la regla y la presunción de inocencia está dentro de los alcances de lo que establece la Constitución política del estado, sin embargo también se debe establecer que la víctima tiene una protección reforzada, por lo tanto se señala una ampliación de la detención preventiva por un lapso de un mes (1) más para el imputado Víctor Hugo Flores Ríos, tal como lo ha pedido la señora fiscal y tomando en cuenta que ha sido presentada la acusación, se ordena se remita a Obrados ante el tribunal de sentencia a los fines de ley correspondientes, dejando claramente establecido de que sean enervado los riesgos procesales establecidos en el artículo 234 numeral 1 y 2 y qué hay una solicitud de ampliación a la detención preventiva cumpliendo con las formalidades la señora fiscal doctora Tatiana Plata” (sic [fs. 10 vta. a 13 vta.]). II.3. Ante el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 137/2021, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de Auto de Vista 239 de 4 de agosto de 2021, declararon:

“…ADMISIBLE E PROCEDENTE PARCIALMENTE LA APELACIÓN PRESENTADA POR EL IMPUTADO VICTOR HUGO FLORES RIOS; EN CONSECUENCIA, SE REVOCA PARCIALMENTE EL AUTO INTERLOCUTORIO 137/21 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2021, DICTADO POR JUZGADO 9° DE INSTRUCCIÓN PENAL DE LA CAPITAL DEJÁNDOSE SIN EFECTO LA AMPLIACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA; EN LO DEMAS QUEDA INCOLUME Y SUBSISTENTE” (sic [fs. 15 a 17]). II.4. A través de Dictamen Pericial Psicológico de 24 de agosto de 2021, Cinthia

Luna de Ángelo, Psicóloga Forense del IDIF, en las conclusiones a las que arribó de la evaluación pericial psicológica de Víctor Hugo Flores Ríos

–peticionante de tutela–, que fue ordenada por autoridad judicial, señala lo siguiente:

“IX. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos como a las entrevistas realizadas se arriban a las siguientes conclusiones: 1. Determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima. Respecto al punto 1 de la pericia, al momento de la evaluación no están presente factores de riesgo que provoquen actos violentos, es decir que a partir de los elementos recolectados se conoce que posee factores de protección, como la familia de origen que continuamente cubren las necesidades básicas, sin antecedentes de agresiones o negligencia afectiva, asimismo cuenta con redes de apoyo familiares, muestra riesgo bajo de resentimiento y su comportamiento está dentro de la norma, siendo esto indicadores que no permiten la realización de comportamiento violentos, a partir de lo evaluado como de los resultados de los instrumentos aplicados. Esto quiere decir que no se presenta factores de riesgo que puedan provocar que el evaluado realice comportamientos violentos que pongan en peligro a las personas. 2. Determine los patrones conductuales del acusado: personalidad, impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada Respecto al punto 2, el evaluado tiene rasgos de personalidad evitativo se caracterizado por su falta de deseo y su incapacidad para sentir placer o dolor intenso, se muestran indiferentes a las reacciones sociales y tienden a ser apáticos, distantes y asociales. Sus emociones y necesidades afectivas son mínimas; actúan como observadores pasivos, desligados del beneficio y del afecto que aportan a las relaciones humanas, así como del requerimiento de las mismas. En cuanto a la impulsividad se puede aseverar que al momento de la evaluación presenta impulsividad baja en el área cognitiva, motora, no planeada. El evaluado no es una persona impulsiva, no tiende a la predisposición hacia tener reacciones rápidas ante estímulos internos y externos” (sic [fs. 21 a 29]). II.5. A través de Auto Interlocutorio 15/21 de 4 de octubre de 2021, Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, solicitada por Víctor Hugo Flores Ríos –accionante– (fs. 33 vta. a 36 vta.). II.6. Consta Acta de Audiencia de Apelación Incidental a la Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva de 21 de octubre de 2021, en la que el peticionante de tutela fundamenta los agravios que le ocasionaron el Auto Interlocutorio 15/21, bajo los siguientes aspectos:

“…Hacer recuerdo que en audiencia cautelar del 14 de noviembre del 2.020 se fundó la detención preventiva de mi defendido basado en el Art. 234 núm. 1), 2) y 7), Art. 235 núm. 2) del C.P.P., esos fueron los motivos que fundaron la detención preventiva, posterior a ello en la audiencia de cesación a la detención del 10 de junio del 2.021 se logró desvirtuar el Art. 234 núm. 1) y 2) quedando latente solo el Art. 234 núm. 7) y el Art. 235 núm. 2), a esa misma audiencia de cesación del 10 de junio hemos apelado y dicha apelación la resolvió esta misma Sala Penal Segunda de acuerdo a su Auto de Vista del 4 de agosto del 2.021 en su ratio decidendi ha establecido que para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P. se debe presentar un informe psicológico para ver la situación psicológica del acusado y para desvirtuar el Art. 235 núm. 2) del C.P.P., se debe presentar informe de Secretaría del Juzgado y de la Fiscalía indicando si el acusado influye o está influyendo negativamente en testigos, peritos, a objeto de que informe falsamente o se comporte de manera reticente, entonces ese fue el criterio que dio la Sala Penal Segunda en Auto de Vista del 4 de agosto de 2.021. Por otra parte, señora Vocal, la S.C.P. 1280/2.015-S1 del 22 de diciembre del 2.015 ha establecido la jurisprudencia que dice ‘III.2. La autovinculación de los jueces y tribunales a sus propias decisiones. Las autoridades judiciales no pueden desconocer los argumentos y razonamientos expuestos en un determinado caso al momento de resolver otro con supuestos fácticos análogos, en efecto, el llamado autoprecedente obliga -al juez o tribunal-a seguir sus propios precedentes; es decir, un juez se encuentra autovinculado a sus propias decisiones’. Esto quiere decir que los Jueces están vinculados a las reglas del autoprecedente, están vinculados a lo que ellos han decidido, entonces esta Sala Penal Segunda ya ha establecido los criterios de cómo desvirtuar los riesgos procesales el Art. 234 núm. 7) y el Art. 235 núm. 2) del C.P.P., en aplicación de esa jurisprudencia al amparo del Art. 203 de la C.P.E., Art. 15 del C.P.P. y Art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional cuales son que el ratio decidendi son de cumplimiento obligatorio. Con relación a los agravios, en la audiencia del 4 de octubre del 2.021 nosotros hemos presentado un informe psicológico, un dictamen pericial psicológico el cual establece en la parte de conclusiones: ‘en el acusado no están presentes factores de riesgo que provoquen actos violentos’, también dice ‘el acusado muestra riesgo bajo de resentimiento y su comportamiento está dentro de la norma’ y también señala ‘siendo estos indicadores que no permiten la relación de comportamiento violento, es decir, no se presentan factores de riesgo que puedan provocar que el evaluado realice comportamientos violentos que provoquen en peligro a las personas’ también dice ‘en cuanto a la impulsividad que puede aseverar en el momento de la evaluación presenta impulsividad baja en el área cognitiva motora no planeada, es decir, que el evaluado no es una persona impulsiva, no tiende a la predisposición hacia tener reacciones rápidas ante estímulos internos como externos’. Por lo tanto, de todo lo que ha concluido el psicólogo se puede inferir que mi cliente no es un peligro efectivo para la víctima, entonces eso se le ha manifestado al Juez Ad quo, dado que nos han pedido informe psicológico, lo hemos presentado el informe psicológico, sin embargo la Juez Ad quo dice que mi cliente debe hacerse una terapia psicológica, un tratamiento psicológico, es decir, la Juez exige que le acusado haga una terapia, un tratamiento psicológico, empero la ley señala que el tratamiento o terapia psicológica es una medida de protección que el Juez impone cuando ya establece las medidas sustitutivas, en este caso si mi cliente logra beneficiarse de una medida sustitutiva su Autoridad puede disponer que mi cliente se someta a una terapia o tratamiento psicológico. Por consiguiente, con el informe psicológico presentado se ha desvirtuado el Art. 234 núm. 7), ahora con relación al Art. 235 núm. 2) en el Auto de Vista del 4 de agosto 2.021 nos exige que presentemos un informe, nosotros hemos presentado 2 memoriales donde le estamos pidiendo al Fiscal que a través de su asistente nos informe sobre el Art. 235 núm. 2), igualmente al Juzgado de Sentencia a través de secretaría le hemos pedido un informe respecto al mismo Art. 235 núm. 2), sin embargo, no nos han dado lugar no nos han dado curso, por lo tanto, como no tenemos información acerca de si mi cliente está influenciando negativamente en testigos y/o peritos, estamos en una incertidumbre, en algo que no se puede determinar por lo que el Art. 235 núm. 2) se estaría basando en meras presunciones abstractas dado que no está determinado cómo mi cliente está influenciando, no existe esa información y el Art. 235 en su parte in fine establece “El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas” por lo tanto quedaría desvirtuado el Art. 235 núm. 2), más aún, quela S.C.P. 138/2.018-S3 y la S.C.P. 210/2019-S3 también dice que para mantener latente el Art. 235 núm. 2) debe estar determinado a cuál de los testigos o a cuál de los peritos va a influenciar mi cliente y de qué manera lo hará, empero si no está determinado la jurisprudencia dice que no se puede mantener latente este riesgo procesal y debe desaparecer, porque de lo contrario se estaría basando en presunciones y con esta documentación estaríamos desvirtuando el Art. 235 núm. 2) por lo que desaparecería el peligro de fuga y de obstaculización. Con esos argumentos daños por desvirtuado los riesgos procesales del Art. 235 núm. 2) y Art. 234 núm. 7) del C.P.P. y pedimos a su digna Autoridad la revocatoria de la resolución que dictó la Juez el 4 de octubre del 2.021 y se disponga las medidas sustitutivas a favor de mi defendido, siendo las mismas de posible cumplimiento en base al Art. 231 Bis núm. 1) al 9) del C.P.P. además la medida de protección correspondiente” (sic [fs. 37 a 38]). II.7. Mediante Auto de Vista 350 de 21 de octubre de 2021, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada– declara “…IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACUSADA VICTOR HUGO FLORES RIOS; EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 15/2.021 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2.021…” (sic), bajo los siguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO; QUE, conforme el Art. 239 núm. 1) del C.P.P., cual establece ‘Las medidas cautelares cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: núm. 1) Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida’. QUE, con relación al Art. 234 núm. 7) del C.P.P. Realizando un análisis Integral del Auto Interlocutorio de fecha 04 de octubre del 2.021 venido en apelación.- Se tiene que la Juez de Instancia ha manifestado lo siguiente: ‘Con relación al Art. 239 núm. 1) la cual establece que para que se desvirtúen los riesgos procesales de fuga y de obstaculización que quedaron latentes dentro del presente proceso, la parte de la defensa tendría la obligación de adoptar nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que fundaron o torne inconveniente que sea sustituido por otra medida tomando en cuenta que la carga de la prueba le corresponde a la defensa conforme establece el Art. 314 parágrafo III del C.P.P. y lo expresado en la S.C.P. 273/2.018’ No hemos escuchado que la parte acusada apelante dentro su fundamentación de agravios manifieste que la señora Juez exigió incorrectamente el cumplimiento del Art. 314 parágrafo III) del C.P.P., tampoco refuta la S.C.P. 273/2.018 dado que esa es la argumentación de derecho que señora Juez realizó, imponiendo la regla clara que en la cesación a la detención preventiva la carga de la prueba le corresponde a quien lo solicita, por lo que tiene que cumplir con el Art. 314 parágrafo III) del C.P.P. y la S.C.P. 273/2.018. consiguientemente a ello la Juez manifiesta ‘la parte de la defensa ha presentado prueba para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P. respecto al peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o denunciante, conforme lo observado por el Auto de Vista de fecha 10 de junio del 2.021, Auto que fue ratificado por la resolución de fecha 4 de agosto del 2.021, el cual de manera clara establece que el acusado tendría que realizar un tratamiento o una terapia para establecer los rasgos temperamentales o psicopáticos, así como también el Dictamen Pericial Psicológico para poder establecer el peligro para la víctima a la sociedad, sin embargo, ha presentado un informe psicológico que fue realizado el 24 de agosto del 2.021, en el cual establecieron dos puntos de pericia, el primero en el que establece que se debe determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima, punto de pericia impertinente para este tipo de proceso, en razón de que establece que el acusado no sería violento y que tampoco tendría resentimiento en contra de la víctima, ¿por qué se dice que es impertinente?, en razón de que no estamos en un proceso que trata de proteger como bien jurídico la vida o la integridad física de la víctima o de la sociedad, es decir, que este tipo de proceso tiene como finalidad proteger el bien jurídico que es la libertad sexual de la víctima y de la sociedad que pertenecen al sector vulnerable que son niñas y niños, por lo que se debe dar una protección reforzada con respectiva de género y en resguardo del interés superior de las niñas y niños que viven dentro de nuestra sociedad y que es deber del Estado protegerlos. En cuanto al punto 2 del peritaje psicológico, establece determinar los patrones de conducta del acusado personalidad impulsiva cognitiva impulsiva motora e impulsividad no planeada, en ese punto establece la personalidad que tiene el acusado, personalidad que es evitativo de que no es una persona sociable, le cuesta inmiscuirse dentro de la sociedad para que sea tomando en cuenta, es decir, que todo lo que él piensa y hace es lo correcto, hace las cosas sin consultar a un especialista o a personas de su entorno para poder tener otro criterio y ver si está conforme a lo socialmente aceptable. En tal sentido este punto de pericia es impertinente para desvirtuar el riesgo de peligro hacia la víctima, es decir, ninguno de los puntos de pericia ha establecido psiquiátricamente que el acusado ya no es un peligro efectivo para la víctima ni para la sociedad del sector vulnerable, en razón a ello tampoco se tiene un informe psicológico que desvirtúe aquello, la parte de la defensa no ha presentado ningún historial donde el acusado haya realizado algún tratamiento o terapia para establecerlo los rasgos temperamentales o psicopáticos a efectos de poder establecer que el peligro efectivo para la víctima y la sociedad no existen a la fecha, por otro lado ha hecho llegar a través de secretaría la S.C.P. 010/2.019-S2 Sentencia que no puede ser considerada como prueba para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P., asimismo presentó fotocopias de memoriales de solicitud de informes que ha realizado en este Juzgado y ante el Ministerio Público, solicitudes que fueron rechazadas conforme lo establece el Art. 128.II de la ley 025, en razón de que el cuaderno procesal y ofrecimiento de pruebas se encuentra a la vista, por lo que la parte de la defensa podía solicitar fotocopias de la documentación que creía pertinente para desvirtuar el riesgo procesal ante indicado y no lo hizo, en tal sentido la suscrita no pude suplir el accionar de la defensa. Con respecto a las certificaciones de antecedentes que ha mencionado la defensa a la presente fecha no fueron actualizados. En tal sentido la parte de la defensa ha incumplido con lo establecido en el Art. 314 parágrafo 3 del C.P.P. y lo expresado en la S.C.P. 0273/2.018-S2, es decir, no ha presentado prueba idónea y pertinente para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el Art. 234 núm. 7) del C.P.P., por lo que queda latente’. Siendo estos los argumentos legales de la Juez Ad quo. QUE, dentro de los antecedentes remitidos a este Tribunal para verificar la valoración que ha realizado la señora Juez está: 1) Memorial del Imputado Victor Hugo Flores Rios, mediante el cual solicita audiencia de cesación a la detención preventiva de fecha 21 de septiembre del 2.021, 2) acta de suspensión de audiencia de la cesación a la detención preventiva de fecha 28 de septiembre del 2.021, 3) acta de suspensión de audiencia de fecha 30 de Septiembre del 2.021, 4) notificaciones, 5) Oficio del Juzgado de Sentencia N° 12 de la Capital ‘remisión de detenido del acusado Víctor Hugo Flores Ríos, 6) el Auto de Vista dictado el 4 de agosto del 2.021 por el Vocal de turno el Dr. Ever Álvarez en el cual con relación al núm. 7) del Art. 234 del C.P.P. refiere de la siguiente manera ‘el imputado manifiesta que ha presentado todos los certificados de antecedentes policiales y REJAP que pese a ello la Autoridad jurisdiccional, no ha desvirtuado estos riesgos procesales; a tal efecto se tiene que la Autoridad jurisdiccional razona en el sentido de que evidentemente se han presentado estos certificados de antecedentes penales, pero observa que no se ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado, para demostrar si el imputado es un peligro para la víctima, si ha hecho un tratamiento o alguna terapia para establecer los rasgos temperamentales o psicopáticos del imputado, por lo cual indica que no se ha desvirtuado este riesgo procesal de fuga respecto a la víctima; razonamiento totalmente correcto, puesto que si bien con los certificados de antecedentes penales, policiales evidentemente se puede desvirtuar el riesgo para la sociedad pero en cuanto la víctima necesariamente tiene que presentar lo observado por la Autoridad jurisdiccional, se debe pero considerar que se trata de un delito de abuso sexual y en estos delito donde las víctimas son menores de edad necesariamente tiene que presentar un informe donde acredite que el imputado no es un peligro para la víctima o no tiene esos traumas en cuanto a su comportamiento psicológico por que una persona normal no se ve involucrado en este tipo de actos donde se encuentra una menor de edad, en ese sentido se tiene que la Autoridad jurisdiccional ha observado correctamente’. QUE, evidentemente el Vocal no está poniendo ningún aditamento o lineamiento, al contrario se remite a lo que la Autoridad jurisdiccional ha establecido, es decir, observa: 1) no ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado, para demostrar que no es un peligro para la víctima, 2) no ha hecho un tratamiento o alguna terapia para establecer los rasgos temperamentales o psiquiátrico de imputado. El Vocal refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente. En consecuencia, la Juez de Instancia primeramente rechazó la cesación manifestando que faltaba ese informe de tratamiento psiquiátrico y el Vocal confirmó dicha resolución, después la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente. Considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución. Se debe aclarara algo más, con relación al Art. 234 núm. 7) del C.P.P., ‘el denunciado es un peligro para la víctima toda vez que hay que considerar que la víctima es una menor de 10 años’ y el Vocal dice lo mismo, que la niña es una menor de edad, que el hombre necesita ser tratado porque una persona normal no puede hacer una agresión sexual de esa manera a una pequeña y que la misma se encuentra afectada emocionalmente como se observa en el informe psicológico, es decir, aparte del estado psicológico psiquiatra forense del imputado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo al informe psicológico de la menor, ella se encuentra afectada porque el peligro es para ella no para el acusado, el mismo informe indica que la menor presenta indicadores de angustia, de ansiedad, de falta de mecanismos de defensa, de inestabilidad emocional, inmadurez, dependencia, depresión amenazada, pasivo complaciente, es decir, la menor se encuentra afectada emocionalmente, además que pertenece a uno de los grupos vulnerables de la sociedad y se le debe dar una protección reforzada por parte de las Autoridades que precautelan la integridad física y psicológica. Por otra parte, ‘se debe observar que el denunciado vive en un domicilio del abuela y que es concubino de su abuela’ es decir, el denunciado es una persona cercana y busca la forma de acercarse a la menor cuando se encuentra sola para poder realizar actos sexuales a la misma sin su consentimiento, razón por la cual en la forma cómo sucedieron los hechos, por la vulnerabilidad de la víctima, además de que se encuentra afectada psicológicamente, el denunciado es un peligro para la víctima. Esos son los argumentos concretos aparte de los argumentos que la señora Juez ha impuesto, y valga la oportunidad para aclararle a la parte imputada, dado que ellos mismos han hecho referencia como también el Ministerio Público en su contestación, eso serían los elementos, ese sería el génesis por el cual quedó latente este numeral, y no se puede desvirtuar con las cesaciones, es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente y firme porque además esta resolución no fue apelada está firme y subsistente, no se apeló y toda vez que la carga de la prueba le corresponde a la parte que lo solicita, considero que la señora Juez ha cumplido correctamente con el Art. 314 núm. 3) del C.P.P. dentro de la exigencia de las Sentencias Constitucionales, Por otra parte las Sentencias Constitucionales que ha presentado la parte acusada se valoran, no obstante no es la norma que nos exige el manual para juzgar con perspectiva de género, la convención interamericana de derechos humanos da una protección para los niños, así mismo el Art. 60 de la C.P.E. la protección debe ser reforzada en cuanto al peligro para ellos. Por lo que considero que la señora Juez ha actuado de manera correcta. Consiguientemente el art. 234 núm. 7) del C.P.P. concurre. QUE, con relación al Art. 235 núm. 2) del C.P.P. la Juez es su resolución manifiesta lo siguiente: ‘En cuanto al riesgo procesal del Art. 235 núm. 2) del C.P.P., la parte de la defensa ha fundamentado que el Ministerio Púbico no ha indicado en qué testigos el acusado iba a influenciar y ha presentado las S.C.P. 162/2.020 y S.C.P. 0536/2019-S4, Sentencias Constitucionales que no son prueba para desvirtuar ningún riesgo procesal, sin embargo el Ministerio Público en esta audiencia ha manifestado que el acusado va influenciar en testigos descritos en la acusación formal y los ha identificado a cada uno de ellos por su nombre, los misos que no han prestado su declaración hasta la presente fecha como tampoco se ha tomado la declaración de la víctima a través de la cámara Gesell. En tal sentido se tiene que la parte de la defensa no ha aportado ninguna prueba idónea y pertinente que desvirtúe el riesgo procesal establecido en el Art. 235 num. 2) del C.P.P., por lo que queda latente el riesgo procesal antes indicado’. Siendo estos argumentos legales por la que considero dejar latente el riesgo procesal. QUE, con relación a este numeral este Tribunal pasa a revisar las pruebas presentadas por la parte acusada conforme lo exige el Art. 239 núm. 1) del C.P.P., las cuales se aprecia las Sentencias Constitucionales, el Auto de Vista N° 239/2.021 de fecha 04 de agosto de 2.021, y los memoriales referente a la solicitud de informes a Secretaría del Juzgado en Fs. 48 y a Fs. 49 al Ministerio Público mismo que han sido rechazados, en ese entendido considero que no ha habido ninguna prueba, conforme lo ha señalado la Juez de Instancia que estas solicitudes fueron rechazadas conforme al Art. 128.II de la ley 025, en raz+on de que el cuaderno procesal y ofrecimiento de pruebas se encuentra a la vista, por lo que la parte acusada podía solicitar fotocopias de la documentación que creía pertinente para desvirtuar el riesgo procesal y no lo hizo. Mal se puede decir que el Vocal referente al Art. 235 núm. 2) del C.P.P. hubiera dado algún lineamiento acerca de que con esas certificaciones se podría desvirtuar este riesgo procesal. Por lo tanto, considero que el elemento principal de la prueba idónea no ha sido presentado con relación a este Artículo, en consecuencia, no habría nada que analizar. Se debe aclarar que dentro de la resolución primigenia misma que lugar a que quede latente este numeral establece puede influenciar negativamente sobre testigo perito o persona que tengan conocimiento en el presente caso lo únicamente que al conocer el entorno familiar al conocer hay personas que han conocido el relato de la víctima la cual también tiene acceso al imputado en su calidad de cónyuge de su abuela lógicamente que tiene acceso a influenciar negativamente para que es comporten de manera resistente o es con esta investigación además de que necesario de que van a realizar pericias con relación a la credibilidad y lógicamente afecto a caerse una investigación que va a realizar el Ministerio Público y estando en esta etapa lógicamente que este riesgo procesal está latente porque va a influenciar negativamente para que se comporten de manera reticente y no cooperen con la resolución de este caso para llegar a un verdad histórica de los hechos. por lo tanto al no haberse presentado ninguna prueba este Tribunal no tiene qué analizar. QUE, por otra parte la S.C.P. 019/2.019 protegen la calidad de mujer, de las niñas con relación a vivir libre de una violencia sexual, asimismo el Art. 1 de la ley 1173 que tiene como motivo proteger a las mujeres y garantizar una vida libre de violencia sexual, en ese entendido considero que la señora Juez ha hecho una correcta valoración de las pruebas relacionadas al Art. 234 núm. 7) del C.P.P., no obstante con relación al Art. 235 núm. 2) del C.P.P. no se ha presentado ninguna prueba, siendo que el Art. 239 establece claramente que la medida cautelar de la detención preventiva cesará cuando el acusado demuestre con prueba idónea y pertinente que las circunstancias qué motivaron su detención ya no existen, por lo que corresponde confirmar este fallo en todas sus partes (sic [fs. 39 a 42 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a tiempo de resolverse el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 15/21 de 21 de octubre de 2021 –que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva–, la Vocal ahora demandada, emitió el Auto de Vista 350 de 21 de octubre de 2021 declarando improcedente el recurso de apelación, manteniendo subsistente los riegos de fuga en su elemento de peligro para la víctima –art. 234.7 del CPP– y de obstaculización –art. 235.2 del mismo cuerpo legal–, cometiendo las siguientes ilegalidades: i) Realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico de 24 de agosto de 2021, al declararlo insuficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, obligándolo realizar una terapia psicológica; ii) De manera ilógica e irracional se exigió que el citado Dictamen Pericial Psicológico señale que no es peligro para la víctima, cuando es la autoridad judicial quien lo determina en base a los elementos aportados; y, iii) No se valoró que el aludido Dictamen Pericial Psicológico no recomienda realizar una terapia psicológica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; b) Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer –art. 234.7 del CPP–; c) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; d) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2La Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así, respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; en ese sentido, citó a dichos estándares internacionales como el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 3Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así indica: “Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación…”

y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú –octubre 2011–, la decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia 9Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10“…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad.

En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”.

Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)

IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer –art. 234.7 del CPP–

La SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, citando a la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, respecto al riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos contra la mujer regulado en el art. 234.7 del CPP, señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235 de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 –ahora– art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, consideren:

…la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. (negrillas añadidas).

11“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 –ahora art. 234.7– del CPP –peligro efectivo para la víctima o denunciante–, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyó precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. (las negrillas pertenecen al texto original). En este estado de cosas, y de acuerdo a lo estipulado en el art. 234.7 del CPP, se arriba a la conclusión de que al momento de considerar la aplicación y cesación de la medida de detención preventiva, y evaluar la concurrencia del riesgo procesal de fuga contenido en la referida disposición, las autoridades judiciales de primera instancia como de alzada deben efectuar una evaluación de manera integral, y en el marco del contexto de la violencia ejercida hacia las niñas y adolescentes mujeres; es decir, tomando en cuenta los elementos probatorios y sobre todo la declaración de la víctima sobre el acto ilícito perpetrado en su contra y la conducta del denunciado, imputado o acusado desde la perpetración del hecho, así como en el transcurso del proceso, desde un enfoque interseccional en base además a la protección reforzada que deviene de la condición de mujer –niña, adolescente, mujer–, que implica por consiguiente la observancia de sus derechos y la aplicación de manera preferente de las decisiones de las autoridades judiciales y operadores de justicia para garantizar ante todo su bienestar y asimismo, desde la perspectiva de género, se debe tener en cuenta su situación de mayor vulnerabilidad, al ser mujer, niña o adolescente, en este entendido, también se debe considerar el comportamiento del imputado no solo después de la comisión del delito, sino también antes del mismo como se mencionó líneas arriba, pues este aspecto de su comportamiento y conducta hacia la víctima es un indicador primordial para determinar la concurrencia del mencionado riesgo; es decir, que sea un peligro efectivo para la sociedad o la víctima o el denunciante.

III.3. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento

Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: La premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada Sentencia Constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, “En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y, el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto al marco fáctico y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts.

234 y 235 del mismo cuerpo legal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 de la ley adjetiva penal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional 15“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ...en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen) Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Suprema, por el cual, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales –los cuales gozan de igual jerarquía–, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 16“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó 18La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señaló: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a tiempo de resolverse el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 15/21 de 21 de octubre de 2021 –que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva–, la Vocal ahora demandada, emitió el Auto de Vista 350 declarando improcedente el recurso de apelación, manteniendo subsistente los riegos de fuga en su elemento de peligro para la víctima –art. 234.7 del CPP– y de obstaculización –art. 235.2 del mismo cuerpo legal–, cometiendo las siguientes ilegalidades: i) Realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico de 24 de agosto de 2021, al declararlo insuficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, obligándolo realizar una terapia psicológica; ii) De manera ilógica e irracional se exigió que el citado Dictamen Pericial Psicológico señale que no es peligro para la víctima, cuando es la autoridad judicial quien lo determina en base a los elementos aportados; y, iii) No se valoró que el aludido Dictamen Pericial Psicológico no recomienda realizar una terapia psicológica. Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del CPCo, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0394/2018-S2 citado por la SCP 0268/2020-S1 se generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis aplicando el enfoque interseccional del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de abuso sexual a una mujer menor de edad, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres niñas víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de efectuar un análisis con enfoque interseccional del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se tiene que, el 14 de noviembre de 2020, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por medio del Auto Interlocutorio 230/2020 dispuso la detención preventiva del ahora accionante por el tiempo de ciento cincuenta días, al concurrir los riesgos procesales de fuga –art. 234. 1, 2 y 7– y de obstaculización –art. 235.2– todos del CPP; y, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 10 de junio de 2021, el Juez a quo emitió el Auto Interlocutorio 137/2021, determinando que se enervó los riesgos de fuga establecidos en el art. 234.1 y 2 del CPP y ampliando la detención preventiva del impetrante de tutela por el tiempo de un mes, impugnada dicha determinación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por medio del Auto de Vista 239 de 4 de agosto de 2021, revocó de forma parcial el Auto Interlocutorio 137/2021 solo con relación a la ampliación de la detención preventiva, dejando subsistente los demás fundamentos (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). El 24 de agosto de 2021, el IDIF emite un Dictamen Pericial Psicológico como resultado de la evaluación pericial psicológica realizada al peticionante de tutela, absolviendo dos puntos de pericia solicitados por la autoridad jurisdiccional relativos: a) Determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima; y, b) Determinar los patrones conductuales del acusado: personalidad, impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada (Conclusión II.4). Ante una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el impetrante de tutela, la misma fue rechazada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de Auto Interlocutorio 15/21 de 4 de octubre de 2021; en tal sentido, el accionante interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, que fue de conocimiento de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada– quien por medio del Auto de Vista 350 declaró improcedente el recurso de apelación y consiguientemente confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio 15/21 (Conclusiones II.4, II.5, II.6 y II.7). En ese contexto, la parte accionante denuncia que la Vocal ahora demandada lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculado a su derecho a la libertad personal, al emitir el Auto de Vista 350 confirmando el Auto Interlocutorio 15/21, y por lo mismo mantener latente los riesgos de fuga –art. 234.7 del CPP– y de obstaculización –art. 235.2 del mismo cuerpo normativo–, indicando que no se valoró de forma racional y razonable el Dictamen Pericial Psicológico emitido por el IDIF en la que se demuestra que no es un peligro para la víctima, exponiendo tres aspectos en los que incurrió dicho Auto de Vista, las cuales serán analizadas de forma separada por cada reclamo realizado por el impetrante de tutela, para posteriormente, como se mencionó líneas arriba verificar si la autoridad demandada al proferir el citado Auto de Vista cumplió o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales:

III.1. Respecto a que el Auto de Vista 350 realizó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico al declararlo insuficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, obligándolo realizar una terapia psicológica

El impetrante de tutela denuncia que la Vocal ahora demandada al momento de proferir el Auto de Vista 350 –por el cual determinó confirmar el Auto Interlocutorio 15/21–, mantuvo latente el riesgo procesal de fuga de peligro para la sociedad, la víctima o el denunciante inserto en el art. 234.7 del CPP, realizando una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico emitido por el IDIF, declarándolo insuficiente para desvirtuar dicho riesgo procesal, obligándolo a que se realice previamente una terapia psicológica. En ese orden ideas, si bien en el memorial de acción de libertad, se cuestiona la valoración de la prueba realizada por la autoridad demandada, y de forma enunciativa la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 350, que si bien no lo argumentó y no lo amplió en la audiencia de consideración de la acción de libertad; sin embargo, conforme al principio de informalidad con la que está revestido la acción de libertad, y en apego al principio iura novit curia esta instancia constitucional, estudiará de igual manera el aspecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, considerados como vulnerados por el peticionante de tutela, verificando si efectivamente la autoridad judicial ahora demandada pronuncio el Auto de Vista 350 sin la debida fundamentación y motivación a los agravios reclamados. En ese contexto, es pertinente previamente remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que refiere:

…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación…

Es decir, que las resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

… la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Ahora bien, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación, modificación, cesación y/o revocatoria de medidas cautelares, el referido Fundamento Jurídico III.3, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del indicado cuerpo legal, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 del CPP. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema.

En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar la compulsa sobre si el Auto de Vista 350 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, al momento de confirmar en todas sus partes el Auto Interlocutorio 15/21 respecto al riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, manteniendo vigente dicho riesgo.

En ese orden de ideas, en el primer agravio expuesto en el recurso de apelación incidental descrito en la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, el accionante –entonces recurrente– señaló que:

“…de acuerdo a su Auto de Vista del 4 de agosto del 2.021 en su ratio decidendi ha establecido que para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P. se debe presentar un informe psicológico para ver la situación psicológica del acusado y para desvirtuar el Art. 235 núm. 2) del C.P.P., se debe presentar informe de Secretaría del Juzgado y de la Fiscalía indicando si el acusado influye o está influyendo negativamente en testigos, peritos, a objeto de que informe falsamente o se comporte de manera reticente, entonces ese fue el criterio que dio la Sala Penal Segunda en Auto de Vista del 4 de agosto de 2.021 (…) entonces esta Sala Penal Segunda ya ha establecido los criterios de cómo desvirtuar los riesgos procesales el Art. 234 núm. 7) y el Art. 235 núm. 2) del C.P.P., en aplicación de esa jurisprudencia al amparo del Art. 203 de la C.P.E., Art. 15 del C.P.P. y Art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional cuales son que el ratio decidendi son de cumplimiento obligatorio. Con relación a los agravios, en la audiencia del 4 de octubre del 2.021 nosotros hemos presentado un informe psicológico, un dictamen pericial psicológico el cual establece en la parte de conclusiones: ‘en el acusado no están presentes factores de riesgo que provoquen actos violentos’, también dice ‘el acusado muestra riesgo bajo de resentimiento y su comportamiento está dentro de la norma’ y también señala ‘siendo estos indicadores que no permiten la relación de comportamiento violento, es decir, no se presentan factores de riesgo que puedan provocar que el evaluado realice comportamientos violentos que provoquen en peligro a las personas’ también dice ‘en cuanto a la impulsividad que puede aseverar en el momento de la evaluación presenta impulsividad baja en el área cognitiva motora no planeada, es decir, que el evaluado no es una persona impulsiva, no tiende a la predisposición hacia tener reacciones rápidas ante estímulos internos como externos’. Por lo tanto, de todo lo que ha concluido el psicólogo se puede inferir que mi cliente no es un peligro efectivo para la víctima, entonces eso se le ha manifestado al Juez Ad quo, dado que nos han pedido informe psicológico, lo hemos presentado el informe psicológico, sin embargo la Juez Ad quo dice que mi cliente debe hacerse una terapia psicológica, un tratamiento psicológico, es decir, la Juez exige que el acusado haga una terapia, un tratamiento psicológico, empero la ley señala que el tratamiento o terapia psicológica es una medida de protección que el Juez impone cuando ya establece las medidas sustitutivas, en este caso si mi cliente logra beneficiarse de una medida sustitutiva su Autoridad puede disponer que mi cliente se someta a una terapia o tratamiento psicológico. Por consiguiente, con el informe psicológico presentado se ha desvirtuado el Art. 234 núm. 7)…” (sic).

Por otra parte, conforme lo descrito en la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, respecto a dicha denuncia, se tiene que la Juez ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista 350 refirió que:

“QUE, con relación al Art. 234 núm. 7) del C.P.P. Realizando un análisis Integral del Auto Interlocutorio de fecha 04 de octubre del 2.021 venido en apelación… (…). QUE, dentro de los antecedentes remitidos a este Tribunal para verificar la valoración que ha realizado la señora Juez está: 1) Memorial del Imputado Víctor Hugo Flores Ríos, mediante el cual solicita audiencia de cesación a la detención preventiva de fecha 21 de septiembre del 2.021, 2) acta de suspensión de audiencia de la cesación a la detención preventiva de fecha 28 de septiembre del 2.021, 3) acta de suspensión de audiencia de fecha 30 de Septiembre del 2.021, 4) notificaciones, 5) Oficio del Juzgado de Sentencia N° 12 de la Capital remisión de detenido del acusado Víctor Hugo Flores Ríos, 6) el Auto de Vista dictado el 4 de agosto del 2.021 por el Vocal de turno el Dr. Ever Álvarez en el cual con relación al núm. 7) del Art. 234 del C.P.P. refiere de la siguiente manera ‘el imputado manifiesta que ha presentado todos los certificados de antecedentes policiales y REJAP que pese a ello la Autoridad jurisdiccional, no ha desvirtuado estos riesgos procesales; a tal efecto se tiene que la Autoridad jurisdiccional razona en el sentido de que evidentemente se han presentado estos certificados de antecedentes penales, pero observa que no se ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado, para demostrar si el imputado es un peligro para la víctima, si ha hecho un tratamiento o alguna terapia para establecer los rasgos temperamentales o psicopáticos del imputado, por lo cual indica que no se ha desvirtuado este riesgo procesal de fuga respecto a la víctima; razonamiento totalmente correcto, puesto que si bien con los certificados de antecedentes penales, policiales evidentemente se puede desvirtuar el riesgo para la sociedad pero en cuanto la víctima necesariamente tiene que presentar lo observado por la Autoridad jurisdiccional, se debe pero considerar que se trata de un delito de abuso sexual y en estos delito donde las víctimas son menores de edad necesariamente tiene que presentar un informe donde acredite que el imputado no es un peligro para la víctima o no tiene esos traumas en cuanto a su comportamiento psicológico por que una persona normal no se ve involucrado en este tipo de actos donde se encuentra una menor de edad, en ese sentido se tiene que la Autoridad jurisdiccional ha observado correctamente’. QUE, evidentemente el Vocal no está poniendo ningún aditamento o lineamiento, al contrario se remite a lo que la Autoridad jurisdiccional ha establecido, es decir, observa: 1) no ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado, para demostrar que no es un peligro para la víctima, 2) no ha hecho un tratamiento o alguna terapia para establecer los rasgos temperamentales o psiquiátrico de imputado. El Vocal refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente. En consecuencia, la Juez de Instancia primeramente rechazó la cesación manifestando que faltaba ese informe de tratamiento psiquiátrico y el Vocal confirmó dicha resolución, después la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifiesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente. Considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución. Se debe aclarar algo más, con relación al Art. 234 núm. 7) del C.P.P., ‘el denunciado es un peligro para la víctima toda vez que hay que considerar que la víctima es una menor de 10 años’ y el Vocal dice lo mismo, que la niña es una menor de edad, que el hombre necesita ser tratado porque una persona normal no puede hacer una agresión sexual de esa manera a una pequeña y que la misma se encuentra afectada emocionalmente como se observa en el informe psicológico, es decir, aparte del estado psicológico psiquiatra forense del imputado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo al informe psicológico de la menor, ella se encuentra afectada porque el peligro es para ella no para el acusado, el mismo informe indica que la menor presenta indicadores de angustia, de ansiedad, de falta de mecanismos de defensa, de inestabilidad emocional, inmadurez, dependencia, depresión amenazada, pasivo complaciente, es decir, la menor se encuentra afectada emocionalmente, además que pertenece a uno de los grupos vulnerables de la sociedad y se le debe dar una protección reforzada por parte de las Autoridades que precautelan la integridad física y psicológica. Por otra parte, ‘se debe observar que el denunciado vive en un domicilio del abuela y que es concubino de su abuela’ es decir, el denunciado es una persona cercana y busca la forma de acercarse a la menor cuando se encuentra sola para poder realizar actos sexuales a la misma sin su consentimiento, razón por la cual en la forma cómo sucedieron los hechos, por la vulnerabilidad de la víctima, además de que se encuentra afectada psicológicamente, el denunciado es un peligro para la víctima. Esos son los argumentos concretos aparte de los argumentos que la señora Juez ha impuesto, y valga la oportunidad para aclararle a la parte imputada, dado que ellos mismos han hecho referencia como también el Ministerio Público en su contestación, eso serían los elementos, ese sería el génesis por el cual quedó latente este numeral, y no se puede desvirtuar con las cesaciones, es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente y firme porque además esta resolución no fue apelada está firme y subsistente, no se apeló y toda vez que la carga de la prueba le corresponde a la parte que lo solicita, considero que la señora Juez ha cumplido correctamente con el Art. 314 núm. 3) del C.P.P. dentro de la exigencia de las Sentencias Constitucionales, Por otra parte las Sentencias Constitucionales que ha presentado la parte acusada se valoran, no obstante no es la norma que nos exige el manual para juzgar con perspectiva de género, la convención interamericana de derechos humanos da una protección para los niños, así mismo el Art. 60 de la C.P.E. la protección debe ser reforzada en cuanto al peligro para ellos. Por lo que considero que la señora Juez ha actuado de manera correcta. Consiguientemente el art. 234 núm. 7) del C.P.P. concurre.” (sic).

En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto de Vista 350; así tenemos: 1) Sobre la fundamentación

El Auto de Vista 350 al confirmar el Auto Interlocutorio 15/21, y por lo mismo mantener subsistente el peligro de fuga descrito en el art. 234.7 del CPP, se apoyó en los preceptos legales contenidos en el art. 60 de la CPE, así como en los arts. 234.7 y 314.3 del CPP; y, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Consecuentemente, se justificó y argumentó de manera legal la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio 15/21 y por lo mismo mantener subsistente el peligro de fuga descrito en el art. 234.7 del CPP; por lo que, puede observarse que el Auto de Vista 350 basó su determinación en las normas vigentes, y se cumplió con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, evidenciándose que el indicado Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado; en consecuencia, corresponde denegar la tutela al respecto. 2) Respecto a la motivación

Al proferirse el Auto de Vista 350 que confirmó la concurrencia del peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, la autoridad judicial ahora demandada indicó que: 2.i) El Juez a quo observó que el imputado: 2.i.a) No presentó un informe psicológico para demostrar su estado psicológico, y que no es un peligro para la sociedad; y, 2.i.b) No realizó un tratamiento o terapia con el fin de establecer los rasgos temperamentales o psiquiátricos, siendo necesario un informe de terapia, y no un informe simple; 2.ii) Existe un informe psicológico de la víctima, en el que se establece que la misma se encuentra afectada, además que el peligro y el informe psicológico debe ser en favor de la víctima y no así del acusado, debiendo precautelar las autoridades la integridad física y psicológica; 2.iii) El imputado debe ser tratado psicológicamente, ya que una persona normal no puede cometer una agresión sexual a una menor de edad, y la víctima se encuentra afectada emocionalmente de acuerdo al informe psicológico de la misma; 2.iv) La víctima al pertenecer a un grupo vulnerable merece una protección reforzada por las autoridades, máxime cuando el denunciado vive en el domicilio de la abuela siendo éste su concubino; 2.v) Al ser una persona cercana, busca la forma de acercarse a la víctima cuando se encuentra sola y por la afectación psicológica de la misma, se establece que es un peligro para la víctima; y, 2.vi) Es positivo que el imputado se realice informes psicológicos; empero, necesita de un tratamiento eficaz, estando latente dicho peligro en relación a la víctima, ya que se debe dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a las “sentencias constitucionales”, al “Manual” para Juzgar con Perspectiva de Género y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior – respecto a la fundamentación– el Auto de Vista 350 contaría con dicho elemento del debido proceso; en ese sentido, es menester examinar si la indicada determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo tornaría la resolución en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada al Auto de Vista 350 el mismo establece –conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional–, que:

“…la Autoridad jurisdiccional ha establecido, es decir, observa: 1) no ha presentado un informe psicológico para demostrar el estado psicológico del imputado, para demostrar que no es un peligro para la víctima, 2) no ha hecho un tratamiento o alguna terapia para establecer los rasgos temperamentales o psiquiátrico de imputado. El Vocal refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente. En consecuencia, la Juez de Instancia primeramente rechazó la cesación manifestando que faltaba ese informe de tratamiento psiquiátrico y el Vocal confirmó dicha resolución, después la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente. Considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución (…) el Vocal dice lo mismo, que la niña es una menor de edad, que el hombre necesita ser tratado porque una persona normal no puede hacer una agresión sexual de esa manera a una pequeña y que la misma se encuentra afectada emocionalmente como se observa en el informe psicológico, es decir, aparte del estado psicológico psiquiatra forense del imputado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo al informe psicológico de la menor, ella se encuentra afectada porque el peligro es para ella no para el acusado, el mismo informe indica que la menor presenta indicadores de angustia, de ansiedad, de falta de mecanismos de defensa, de inestabilidad emocional, inmadurez, dependencia, depresión amenazada, pasivo complaciente, es decir, la menor se encuentra afectada emocionalmente, además que pertenece a uno de los grupos vulnerables de la sociedad y se le debe dar una protección reforzada por parte de las Autoridades que precautelan la integridad física y psicológica (…) el denunciado es una persona cercana y busca la forma de acercarse a la menor cuando se encuentra sola para poder realizar actos sexuales a la misma sin su consentimiento, razón por la cual en la forma cómo sucedieron los hechos, por la vulnerabilidad de la víctima, además de que se encuentra afectada psicológicamente, el denunciado es un peligro para la víctima. Esos son los argumentos concretos aparte de los argumentos que la señora Juez ha impuesto, y valga la oportunidad para aclararle a la parte imputada, dado que ellos mismos han hecho referencia como también el Ministerio Público en su contestación, eso serían los elementos, ese sería el génesis por el cual quedó latente este numeral, y no se puede desvirtuar con las cesaciones, es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente y firme porque además esta resolución no fue apelada está firme y subsistente, no se apeló y toda vez que la carga de la prueba le corresponde a la parte que lo solicita, considero que la señora Juez ha cumplido correctamente con el Art. 314 núm. 3) del C.P.P. dentro de la exigencia de las Sentencias Constitucionales, Por otra parte las Sentencias Constitucionales que ha presentado la parte acusada se valoran, no obstante no es la norma que nos exige el manual para juzgar con perspectiva de género, la convención interamericana de derechos humanos da una protección para los niños, así mismo el Art. 60 de la C.P.E. la protección debe ser reforzada en cuanto al peligro para ellos. Por lo que considero que la señora Juez ha actuado de manera correcta. Consiguientemente el art. 234 núm. 7) del C.P.P. concurre.” (sic.).

Así, se tiene que la Vocal ahora demandada al proferir el Auto de Vista 350 indicó que la base primigenia para la aplicación de detención preventiva contra el accionante, fue el peligro efectivo para la víctima, puesto que era una persona cercana a la misma, pues era el concubino de su abuela, que buscaba la forma de acercarse para cometer actos sexuales sin el consentimiento, aspectos que fueron declarados por la víctima menor; además, de la existencia de un informe psicológico de la víctima en el que se evidenció su afectación por los hechos sucedidos, y que los informes deben ser en favor de la víctima y no del imputado –ahora accionante– quien debe demostrar que no es peligro efectivo para la víctima. En ese sentido, el art. 234.7 del CPP, respecto al peligro de fuga, establece que:

Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA). Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes: (…). 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante (las negrillas nos corresponden).

Aspectos a los cuales, y subsumiendo los adjetivos descritos en la norma, y lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, para determinar la concurrencia del riesgo procesal de fuga descrito en el art. 234.7 del CPP, y en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante; en ese sentido, se advierte que, la autoridad judicial ahora demandada concluyó que la presentación de un informe psicológico que no establece de forma clara y efectiva que el imputado no es un peligro para la víctima –máxime si éste es el concubino de la abuela de la referida víctima, y que tiene un acercamiento hacia dicho entorno, y considerando la vulnerabilidad de la misma y la afectación psicológica– no significa que haya desaparecido el peligro hacia la víctima, si bien así lo pudo hacer referente a la sociedad; empero, un simple informe no hace desaparecer la actitud violenta que se pueda perpetrar hacia la víctima, más aun cuando ésta es una menor de edad fácilmente influenciable, ya que en el presente caso hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, al ser menor de edad, que fácilmente puede ser influenciada o coaccionada a desistir o abandonar la causa, aspectos que fueron tomados en cuenta por la Vocal ahora demandada al momento de pronunciar el Auto de Vista 350 denotando que dicho fallo se encuentra debidamente motivado, correspondiendo denegar la tutela al respecto. 3) Sobre la valoración arbitraria e irrazonable de la prueba El peticionante de tutela demandó que la Vocal ahora demandada efectuó una valoración arbitraria e irrazonable del Dictamen Pericial Psicológico aportado como prueba, para desvirtuar el riesgo de fuga de peligro para la víctima –art. 234.7 del CPP–, dictamen en el que se determinaba que su persona no es un peligro efectivo para la sociedad. En ese contexto, con relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:

Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales. Ahora bien, el accionante indica que la autoridad judicial ahora demandada realizó una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba aportada, con la que enervaba el riesgo procesal de fuga descrito en el art. 234.7 del CPP.

En ese contexto, la Vocal ahora demandada al momento de proferir el Auto de Vista 350, conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, señala que:

“QUE, dentro de los antecedentes remitidos a este Tribunal para verificar la valoración que ha realizado la señora Juez está: 1) Memorial del Imputado Victor Hugo Flores Rios, mediante el cual solicita audiencia de cesación a la detención preventiva de fecha 21 de septiembre del 2.021, 2) acta de suspensión de audiencia de la cesación a la detención preventiva de fecha 28 de septiembre del 2.021, 3) acta de suspensión de audiencia de fecha 30 de Septiembre del 2.021, 4) notificaciones, 5) Oficio del Juzgado de Sentencia N° 12 de la Capital remisión de detenido del acusado Víctor Hugo Flores Ríos, 6) el Auto de Vista dictado el 4 de agosto del 2.021 por el Vocal de turno el Dr. Ever Álvarez… …refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente. En consecuencia, la Juez de Instancia primeramente rechazó la cesación manifestando que faltaba ese informe de tratamiento psiquiátrico y el Vocal confirmó dicha resolución, después la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente (…) es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente” (sic). En ese orden, el Dictamen Pericial Psicológico emitido como resultado de la evaluación pericial psicológica realizada al impetrante de tutela por parte del IDIF, refiere que:

“IX. CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados obtenidos como a las entrevistas realizadas se arriban a las siguientes conclusiones: 1. Determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima. Respecto al punto 1 de la pericia, al momento de la evaluación no están presente factores de riesgo que provoquen actos violentos, es decir que a partir de los elementos recolectados se conoce que posee factores de protección, como la familia de origen que continuamente cubren las necesidades básicas, sin antecedentes de agresiones o negligencia afectiva, asimismo cuenta con redes de apoyo familiares, muestra riesgo bajo de resentimiento y su comportamiento está dentro de la norma, siendo esto indicadores que no permiten la realización de comportamiento violentos, a partir de lo evaluado como de los resultados de los instrumentos aplicados. Esto quiere decir que no se presenta factores de riesgo que puedan provocar que el evaluado realice comportamientos violentos que pongan en peligro a las personas.

2. Determine los patrones conductuales del acusado: personalidad, impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada Respecto al punto 2, el evaluado tiene rasgos de personalidad evitativo se caracterizado por su falta de deseo y su incapacidad para sentir placer o dolor intenso, se muestran indiferentes a las reacciones sociales y tienden a ser apáticos, distantes y asociales. Sus emociones y necesidades afectivas son mínimas; actúan como observaciones pasivos, desligados del beneficio y del afecto que aportan a las relaciones humanas, así como del requerimiento de las mismas. En cuanto a la impulsividad se puede aseverar que al momento de la evaluación presenta impulsividad baja en el área cognitiva, motora, no planeada. El evaluado no es una persona impulsiva, no tiende a la predisposición hacia tener reacciones rápidas ante estímulos internos y externos” (sic) Ahora bien, como se indicó en supra, uno de los análisis que debe realizar toda autoridad sea ésta judicial o administrativa a momento de efectuar la motivación, es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; en ese entendido, se tiene que la autoridad judicial ahora demandada al momento de motivar su decisión de confirmar el Auto Interlocutorio 15/21, se refirió de manera general y de forma íntegra, sobre todas las pruebas aportadas por el impetrante de tutela, y en relación al Dictamen Pericial Psicológico también observó que la misma fue insuficiente para desvirtuar el riesgo de fuga normado en el art. 234.7 del CPP, pues dicho Dictamen: i) No establece de forma clara y contundente que el imputado –ahora peticionante de tutela– ya no sea un peligro efectivo para la víctima; y, ii) Que solo se trata de un informe psicológico, más no así de un informe sobre algún tratamiento o terapia psicológica que haya llevado el accionante con la que podría desaparecer dicho riesgo. Aspectos estos, que están acordes a los principios de razonabilidad y equidad, pues conforme se desprende de la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, dicho Dictamen Pericial Psicológico, en el punto 1 de la pericia señala a manera de conclusión que: “…no se presenta factores de riesgo que puedan provocar que el evaluado realice comportamientos violentos que pongan en peligro a las personas.” (sic [las negrillas nos pertenecen]). De dicha conclusión, se extrae que el imputado no presentaría factores de riesgo contra las personas; empero, el punto de pericia no fue debidamente respondido, ya que la autoridad judicial de control jurisdiccional de forma clara solicitó que se responda al punto de “Determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima” (sic); es decir, si el imputado tenía algún tipo de resentimiento y que si representaba un peligro para la víctima, aspectos que al no ser debidamente abordados en el Dictamen Pericial Psicológico, hacen dar cuenta que no se desvirtuó dicho riesgo procesal, el de ser peligro efectivo para la víctima, no así para la sociedad, que alguna forma dicho documento probaría aquel extremo, sino de forma clara y específica respecto a la víctima, hechos que fueron valorados por la Vocal ahora demandada para declarar de insuficiente la mencionada prueba para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, aspectos que fueron tomados en cuenta al momento de emitirse el Auto de Vista 350, denotando que se realizó una valoración de la prueba razonable y equitativo, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

III.5.2. En lo concerniente a que en el Auto de Vista 350 de manera ilógica e irracional se exigió que el Dictamen

Pericial Psicológico señale que no es un peligro para la víctima, cuando es la autoridad judicial quien lo determina en base a los elementos aportados

El accionante denuncia que la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 350 –por el cual se determinó confirmar el Auto Interlocutorio 15/21 y mantuvo latente el riesgo procesal de fuga de peligro para la víctima inserto en el art. 234.7 del CPP–, realizo una motivación ilógica e irracional, al exigir que en el contenido del Dictamen Pericial Psicológico emitido por el IDIF, señale que no es un peligro para la víctima, cuando es la autoridad judicial quien determina dicho aspecto en base a los elementos aportados.

En ese contexto debemos remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que respecto a la motivación con la que debe contar toda resolución sea judicial o administrativa, indica:

la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

Es decir, que las resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. Ahora bien, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación, modificación, cesación y/o revocatoria de medidas cautelares, el referido Fundamento Jurídico III.3, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del mismo cuerpo legal, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 del CPP. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema. En ese orden de ideas, se tiene que, la autoridad judicial ahora demandada señaló que: a) El imputado debe ser tratado psicológicamente, ya que una persona normal no puede cometer una agresión sexual a una menor de edad, y la víctima se encuentra afectada emocionalmente de acuerdo al informe psicológico de la misma; b) La víctima al pertenecer a un grupo vulnerable merece una protección reforzada por las autoridades, máxime cuando el denunciado vive en el domicilio de la abuela siendo éste su concubino; c) Al ser una persona cercana, busca la forma de acercarse a la víctima cuando se encuentra sola y por la afectación psicológica de la misma, se establece que es un peligro para la víctima; y, d) Es positivo que el imputado se realice informes psicológicos; empero, necesita de un tratamiento eficaz, estando latente dicho peligro en relación a la víctima, ya que se debe dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a las “sentencias constitucionales”, al “Manual” para Juzgar con Perspectiva de Género y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en el presente caso, es la vulnerabilidad de la víctima respecto al imputado – accionante– que conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, las autoridades de alzada a momento de motivar sus decisiones, deben de analizar de forma integral todas las pruebas aportadas por las partes, para de forma posterior realizar la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, del contenido del Auto de Vista 350 se tiene que, se realizó una cita textual del Auto Interlocutorio 137/2021 de 10 de junio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2); y, del Auto de Vista 239 de 4 de agosto de 2021 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (Conclusión II.3), que conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, señala que:

“…consiguientemente a ello la Juez manifiesta “la parte de la defensa ha presentado prueba para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P. respecto al peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o denunciante, conforme lo observado por el Auto de Vista de fecha 10 de junio del 2.021, Auto que fue ratificado por la resolución de fecha 4 de agosto del 2.021, el cual de manera clara establece que el acusado tendría que realizar un tratamiento o una terapia para establecer los rasgos temperamentales o psicopáticos, así como también el Dictamen Pericial Psicológico para poder establecer el peligro para la víctima a la sociedad, sin embargo, ha presentado un informe psicológico que fue realizado el 24 de agosto del 2.021, en el cual establecieron dos puntos de pericia, el primero en el que establece que se debe determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima, punto de pericia impertinente para este tipo de proceso, en razón de que establece que el acusado no sería violento y que tampoco tendría resentimiento en contra de la víctima, ¿por qué se dice que es impertinente?, en razón de que no estamos en un proceso que trata de proteger como bien jurídico la vida o la integridad física de la víctima o de la sociedad, es decir, que este tipo de proceso tiene como finalidad proteger el bien jurídico que es la libertad sexual de la víctima y de la sociedad que pertenecen al sector vulnerable que son niñas y niños, por lo que se debe dar una protección reforzada con respectiva de género y en resguardo del interés superior de las niñas y niños que viven dentro de nuestra sociedad y que es deber del Estado protegerlos. En cuanto al punto 2 del peritaje psicológico, establece determinar los patrones de conducta del acusado personalidad impulsiva cognitiva impulsiva motora e impulsividad no planeada, en ese punto establece la personalidad que tiene el acusado, personalidad que es evitativo de que no es una persona sociable, le cuesta inmiscuirse dentro de la sociedad para que sea tomando en cuenta, es decir, que todo lo que él piensa y hace es lo correcto, hace las cosas sin consultar a un especialista o a personas de su entorno para poder tener otro criterio y ver si está conforme a lo socialmente aceptable. En tal sentido este punto de pericia es impertinente para desvirtuar el riesgo de peligro hacia la víctima, es decir, ninguno de los puntos de pericia ha establecido psiquiátricamente que el acusado ya no es un peligro efectivo para la víctima ni para la sociedad del sector vulnerable, en razón a ello tampoco se tiene un informe psicológico que desvirtúe aquello, la parte de la defensa no ha presentado ningún historial donde el acusado haya realizado algún tratamiento o terapia para establecerlo los rasgos temperamentales o psicopáticos a efectos de poder establecer que le peligro efectivo para la víctima y la sociedad no existen a la fecha, por otro lado ha hecho llegar a través de secretaría la S.C.P. 010/2.019-S2 Sentencia que no puede ser considerada como prueba para desvirtuar el Art. 234 núm. 7) del C.P.P., asimismo presentó fotocopias de memoriales de solicitud de informes que ha realizado en este Juzgado y ante el Ministerio Público, solicitudes que fueron rechazadas conforme lo establece el Art. 128.II de la ley 025, en razón de que el cuaderno procesal y ofrecimiento de pruebas se encuentra a la vista, por lo que la parte de la defensa podía solicitar fotocopias de la documentación que creía pertinente para desvirtuar el riesgo procesal ante indicado y no lo hizo, en tal sentido la suscrita no pude suplir el accionar de la defensa. Con respecto a las certificaciones de antecedentes que ha mencionado la defensa a la presente fecha no fueron actualizados. En tal sentido la parte de la defensa no incumplido con lo establecido en el Art. 314 parágrafo 3 del C.P.P. y lo expresado en la S.C.P. 0273/2.018-S2, es decir, no ha presentado prueba idónea y pertinente para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el Art. 234 núm. 7) del C.P.P., por lo que queda latente”. Siendo estos los argumentos legales de la Juez Ad quo. (…). El Vocal refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente (…) y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente (…) el hombre necesita ser tratado porque una persona normal no puede hacer una agresión sexual de esa manera a una pequeña y que la misma se encuentra afectada emocionalmente como se observa en el informe psicológico, es decir, aparte del estado psicológico psiquiatra forense del imputado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo al informe psicológico de la menor, ella se encuentra afectada porque el peligro es para ella no para el acusado (…) es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente y firme porque” (sic.). Bajo esos aspectos, se tiene que la autoridad judicial ahora demandada al momento de realizar la observación al Dictamen Pericial Psicológico efectuado al impetrante de tutela por parte del IDIF, basó su decisión en que el mismo era insuficiente puesto que de forma anterior, tanto el Auto Interlocutorio 137/2021, como el Auto de Vista 239 de 4 de agosto de 2021, indicaron al impetrante de tutela que para desvirtuar el riesgo de fuga con relación al peligro para la víctima inserto en el art. 234.7 del CPP, debía presentar no un informe psicológico o dictamen pericial, sino un informe sobre el tratamiento o terapia psicológica que hubiera realizado el imputado; por lo que, el accionante tenía pleno conocimiento del documento que debía presentar ante la autoridad jurisdiccional para poder enervar dicho riesgo procesal; empero, presentó un Dictamen Pericial Psicológico que tiene otro objetivo en el proceso, máxime cuando dicho documento tampoco señaló de forma taxativa que el imputado no se configura en un riesgo efectivo para la víctima; además, que la autoridad judicial ahora demandada a la par de que no realizó una exigencia irracional e ilógica al pedir el informe de tratamiento o terapia psicológica; analizó la vulnerabilidad de la víctima menor de edad frente al imputado, pues éste tiene la facilidad de cercanía hacia la víctima, aspectos que fueron tomados en cuenta por la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 350, el cual se encuentra debidamente motivado, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

III.5.3. Con relación a que el Auto de Vista 350 no valoró a que el Dictamen Pericial Psicológico no recomienda el realizar una terapia psicológica

El accionante denuncia que la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 350 –por el cual determinó confirmar el Auto Interlocutorio 15/21, mantuvo latente el riesgo procesal de fuga de peligro para la víctima inserto en el art. 237.7 del CPP– no valoró que, en el contenido del Dictamen Pericial Psicológico emitido por el IDIF, la profesional psicóloga no recomienda que el prenombrado deba realizar una terapia psicológica.

Ahora bien, hay que tener en cuenta en primera instancia, los puntos de pericia solicitadas por la autoridad jurisdiccional para que se realice dicho Dictamen Pericial Psicológico, el cual radica en dos puntos importantes los cuales son: 1) Determinar si en su sistema psíquico del acusado existe algún mecanismo de resentimiento hacia la víctima; y, 2) Determinar los patrones conductuales del acusado, personalidad, impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada. En ese sentido, los puntos de pericia no se enmarcan en las recomendaciones de la autoridad judicial ahora demandada, máxime cuando la exigencia de la terapia o tratamiento psicológico fue solicitado en el Auto Interlocutorio 137/2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2); y, del Auto de Vista 239 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (Conclusión II.3). Aunado a lo anterior, debe considerarse que, el presente punto no forma parte del objeto de análisis del que se haya apartado la autoridad judicial ahora demandada, puesto que no existe argumento alguno sobre esta denuncia; en ese entendido, esta instancia constitucional está inhibido de emitir pronunciamiento alguno al respecto; por lo que, corresponde denegar la tutela, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo.

III.5.4. Sobre la aplicación del enfoque interseccional en el caso concreto

En el presente caso, se analizará si al emitirse el Auto de Vista 350 se aplicó el enfoque interseccional tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en esa línea, remitiéndonos a los antecedentes se tiene que, dispuesta la detención preventiva del accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el mismo solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue declarada infundada por la Jueza a quo mediante Auto Interlocutorio 15/21, determinación que al ser impugnada mereció el Auto de Vista 350, por el que, la Vocal ahora demandada declaró su improcedencia. Precisado lo anterior, considerando que en el proceso penal la víctima es una menor de edad mujer, que sufrió un abuso sexual, es necesario verificar si en la emisión del Auto de Vista 350 si cumplió con los Estándares Internacionales e Internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo con la debida fundamentación y motivación a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la 22 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia” 23 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos. Bajo ese marco, siendo que el análisis se centrará en el Auto de Vista 350, es preciso referirse a los términos expuestos en dicho fallo que refiere:

“…El Vocal refiere a un informe de un terapia o tratamiento no así, un informe como el que presenta el acusado manifestando que es suficiente. En consecuencia, la Juez de Instancia primeramente rechazó la cesación manifestando que faltaba ese informe de tratamiento psiquiátrico y el Vocal confirmó dicha resolución, después la señora Juez apreciando los antecedentes y dentro de la congruencia interna que tiene este expediente manifesta que el informe del 24 de agosto presentado por el acusado no es acerca de un tratamiento o terapia y por lo tanto no es suficiente. Considero que la señora Juez ha hecho correcto al valorar el informe presentado por el acusado como insuficiente y ha motivado y fundamentado su resolución. Se debe aclarara algo más, con relación al Art. 234 núm. 7) del C.P.P., “el denunciado es un peligro para la víctima toda vez que hay que considerar que la víctima es una menor de 10 años” y el Vocal dice lo mismo, que la niña es una menor de edad, que el hombre necesita ser tratado porque una persona normal no puede hacer una agresión sexual de esa manera a una pequeña y que la misma se encuentra afectada emocionalmente como se observa en el informe psicológico, es decir, aparte del estado psicológico psiquiatra forense del imputado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo al informe psicológico de la menor, ella se encuentra afectada porque el peligro es para ella no para el acusado, el mismo informe indica que la menor presenta indicadores de angustia, de ansiedad, de falta de mecanismos de defensa, de inestabilidad emocional, inmadurez, dependencia, depresión amenazada, pasivo complaciente, es decir, la menor se encuentra afectada emocionalmente, además que pertenece a uno de los grupos vulnerables de la sociedad y se le debe dar una protección reforzada por parte de las Autoridades que precautelan la integridad física y psicológica. Por otra parte, “se debe observar que el denunciado vive en un domicilio del abuela y que es concubino de su abuela” es decir, el denunciado es una persona cercana y busca la forma de acercarse a la menor cuando se encuentra sola para poder realizar actos sexuales a la misma sin su consentimiento, razón por la cual en la forma cómo sucedieron los hechos, por la vulnerabilidad de la víctima, además de que se encuentra afectada psicológicamente, el denunciado es un peligro para la víctima. Esos son los argumentos concretos aparte de los argumentos que la señora Juez ha impuesto, y valga la oportunidad para aclararle a la parte imputada, dado que ellos mismos han hecho referencia como también el Ministerio Público en su contestación, eso serían los elementos, ese sería el génesis por el cual quedó latente este numeral, y no se puede desvirtuar con las cesaciones, es positivo que el acusado vaya haciéndose un informe psicológico pero necesita un tratamiento para mejorar él, pero también con relación a la niña esta es la situación que está latente y firme porque además esta resolución no fue apelada está firme y subsistente, no se apeló y toda vez que la carga de la prueba le corresponde a la parte que lo solicita, considero que la señora Juez ha cumplido correctamente con el Art. 314 núm. 3) del C.P.P. dentro de la exigencia de las Sentencias Constitucionales, Por otra parte las Sentencias Constitucionales que ha presentado la parte acusada se valoran, no obstante no es la norma que nos exige el manual para juzgar con perspectiva de género, la convención interamericana de derechos humanos da una protección para los niños, así mismo el Art. 60 de la C.P.E. la protección debe ser reforzada en cuanto al peligro para ellos. Por lo que considero que la señora Juez ha actuado de manera correcta. Consiguientemente el art. 234 núm. 7) del C.P.P. concurre.” (sic) De los antecedentes expuestos en examen, se puede evidenciar que la Vocal ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista 350, al realizar una ponderación entre los derechos del imputado y de la víctima menor de edad, aunque de forma genérica reconociendo la vulnerabilidad de la misma frente al imputado, se tiene que, dicha autoridad judicial cumplió con el deber de la debida diligencia en el presente caso, que tiene como víctima a una mujer menor de edad, cumpliendo de esta manera con los Estándares Internacionales y Nacionales de respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, poniendo en alto el interés superior del niño conforme lo establece el art. 60 de la CPE, al observar la vulnerabilidad de la víctima, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De donde se puede concluir, de manera clara que la autoridad judicial ahora demandada si consideró que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial aplicar el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de abuso sexual es una mujer menor de edad, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos, consecuentemente es evidente que se cumplió con los Estándares Internacionales e Internos para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. Finalmente en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora accionante, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión ya sea absolutoria o condenatoria; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por el impetrante de tutela con relación a los agravios denunciados contra la Vocal ahora demandada, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó el enfoque interseccional para la solución del caso concreto.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 12 de diciembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de voto aclaratorio

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

7 Convención Belém Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.

12 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin

embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

13 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

14 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa;

2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

17 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ‘Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. ´”

19 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

20 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

21 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

24 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.”

25 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134.

26 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.”

27 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0294_2023-S1.pdf · páginas 1 a 57.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29e00e63c066c964e79e0944e9a129a4300e32b8d4f3a598d44ca26e9ea996f7

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →