B.IA.LEGAL

SCP 0293/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 11 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
11 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53254-2023-107-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y de acceso a la justicia; puesto que, fue suspendida por tercera vez la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó; ya que, el Juez ahora accionado argumentó encontrarse pendiente de resolución del recurso de apelación incidental formulada por el Fiscal de Materia contra las resoluciones de rechazo de la cesación de la detención preventiva y de las medidas cautelares, determinando el mencionado Juez en la última audiencia suspendida de 19 de enero de 2023, que no la llevaría a cabo hasta que sea devuelto el resultado del recurso de apelación incidental, incurriendo de esa manera en dilación indebida; existiendo por ello, una ilegal detención al no obrar con celeridad en la tramitación de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas; i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) El carácter no suspensivo de la apelación incidental ante la solicitud de cesación de medida cautelar; y, iv) Análisis del caso concreto

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro de las cuarenta y ochos horas de su notificación, señale audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, salvo que por el tiempo transcurrido ya se hubiese llevado a efecto.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. El carácter no suspensivo de la apelación incidental ante la solicitud de cesación de medida cautelar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0293/2026-S1 Sucre, 11 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53254-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Remberto Mancilla Franciscano contra Ronald Rivas Rodríguez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el 1 de noviembre de 2022, dispuso su detención preventiva por treinta días como medida cautelar de carácter personal, siendo apelada por el Fiscal de Materia; puesto que, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, fue rechazada el 16 de diciembre del señalado año, por el “Juez Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua” del mismo departamento -quien conoció el caso al encontrarse de turno por vacación judicial-; ya que, fue objeto de recurso de apelación incidental por parte del mencionado Fiscal de Materia.

Posteriormente, reiteró la petición de cesación de su detención preventiva, a cuyo efecto el Juez ahora accionado, fijó audiencia para el 12 de enero de 2023, reprogramándola para el 17 del mismo mes y año, oportunidad en la que el nombrado solicitó que la defensa le haga llegar certificación referente a los dos recursos de apelación incidental planteados y que no fueron remitidos al Tribunal de alzada; audiencia que fue suspendida; ya que, no se presentó la referida certificación, reprogramándola para el 19 del señalado mes y año; puesto que, el mencionado Juez argumentó encontrarse impedido de poderla llevar a cabo, en cuanto no se tenga el resultado de las apelaciones; por lo que, con ello se evitaría la dualidad de resoluciones; sin embargo, en esta última audiencia suspendida la Fiscal de Materia hizo conocer el retiro del recurso de apelación incidental que planteó contra la resolución de medidas cautelares de 1 de noviembre de 2022, y manteniendo firme la formulada el 16 de diciembre de igual año, sobre la cesación de su detención preventiva. En ese sentido en el presente caso, se tuvieron tres audiencias de cesación de su detención preventiva suspendidas debido a que no se acompañó la certificación referente a la situación de las apelaciones formuladas por el Fiscal de Materia, determinando el Juez ahora accionado en la última audiencia suspendida de 19 de enero de 2023, que no la llevaría a cabo hasta que sea devuelta con el resultado del recurso de apelación incidental, incurriendo de esta manera en dilación indebida; existiendo por ello, una ilegal detención al no obrar con celeridad en la tramitación de la audiencia de cesación de su detención preventiva solicitada, que vulnera sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y de acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I, y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: señalar fecha de audiencia de cesación de su detención preventiva, dentro de los plazos establecidos por ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 50 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Ronald Rivas Rodríguez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe de 27 de enero de 2023, cursante de fs. 37 a 38, manifestó que: a) Por memorial de 5 del mismo mes y año, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue providenciado el 9 del citado mes y año, con el señalamiento de audiencia; además, instó al nombrado que acompañe el acta de aplicación de medidas cautelares, las solicitudes de cesación de su detención preventiva y si existiere de las distintas apelaciones de la medida cautelar; siendo que, en audiencia señalada para el 12 de enero de 2023, a pesar de exhortarle en la decreto de 9 del señalado mes y año que acompañe todos los actuados, el accionante no adjuntó las apelaciones planteadas, señalando el abogado de la defensa desconocer las apelaciones y el resultado de las mismas; puesto que, fue suspendida y reprogramada para el 12 del mencionado mes y año, en la que dicho abogado solicitó la suspensión de la audiencia por encontrarse en una localidad alejada, reprogramándose, para el 17 del citado mes y año; b) En audiencia el accionante refirió que las apelaciones no fueron remitidas a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y que al ser planteadas por el Fiscal de Materia, tendrían que proveer los recaudos de ley para la remisión del recurso de apelación de la medida cautelar y sea resuelta; sin embargo, el mencionado Fiscal no cumplió con proveer el material correspondiente para ese efecto, citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y “0142/2013”, que establecen que excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, hasta un plazo adicional de tres días cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados; siendo que, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del mismo departamento, ante la no provisión de material, tiene la obligación de remitir las piezas necesarias al Tribunal de alzada, haciendo constar esa situación a objeto de que el recurso de apelación incidental sea resuelto; c) En la audiencia de 19 de enero de 2023, el abogado del accionante, manifestó que la SCP 0637/2017-S2 de 19 de junio, determina que aún encontrándose una apelación de medida cautelar en la Sala Penal correspondiente, se puede considerar la cesación de la detención preventiva, entendimiento que parcialmente es cierto, siempre y cuando no afecte al fondo de dicha solicitud planteada; siendo que, en el presente caso, el nombrado solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo de lo dispuesto por el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), teniendo presente que en la audiencia de cesación de su detención preventiva de 16 de diciembre de 2022, el Juez de turno -Juez Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba- dio por enervado el art. 234.1 del citado Código, decisión que apeló el Fiscal de Materia; ahora bien, encontrándose pendiente de resolución la apelación de medida cautelar, no se puede ingresar al fondo de lo solicitado para no generar dualidad de resoluciones; puesto que, la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Cochabamba “puede emitir una determinación con relación a legalidad y logicidad de la resolución impugnada” (sic); d) Citando la SCP 1448/2017-S2 de 6 de noviembre referida al debido proceso, señaló que “no todas las lesiones al debido proceso pueden merecer protección a través de la acción de libertad, sino aquellas que tienen directa vinculación con la libertad personal por operar como causa de restricción. De tal forma que, las lesiones al debido proceso que no se encuentren directamente vinculadas a la libertad física, deberán ser reclamadas a través de los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda y agotados estos acudir a la acción amparo constitucional; por lo que, no corresponde otorgar la tutela en el presente caso”; y, e) Se puede evidenciar que conforme a las literales que acompañó el accionante, que el recurso de apelación incidental contra la Resolución de 1 de noviembre de 2022 de cesación de la detención preventiva, fue remitida por el “Juez Cautelar de Colcapirhua y que se encuentra radicada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba” (sic), solicitando se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 53, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) En la acción de libertad, no se identificó correctamente a la autoridad accionada que hubiese cometido acto, omisión ilegal o indebida, la situación de pronto despacho, si bien fue a través del Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del mismo departamento, quien no promovió se eleve los antecedentes en tiempo oportuno, tratándose de una persona privada de libertad, el accionante no identificó lo que corresponde a la legitimación pasiva, y si bien está autorizada bajo el principio de informalidad, tampoco no puede ir a tomar en cuenta esa vulneración identificada por el mencionado Juez; en cuanto, a la demora de la remisión de la apelación que si se vincula a la cesación; puesto que, existe al respecto jurisprudencia constitucional que basó nuevos entendimientos como la SC 0258/2003-R de 28 de febrero y 1740/2004-R de 29 de octubre, que si bien indican que se puede ampliar dentro de la informalidad a otra autoridad, en la cual se identifique responsabilidad, ésta debe cumplir ciertos parámetros legales, eso significa que deba ser de la misma institución y del mismo rango en cuanto al cargo; y, 2) En la causa penal, por una parte se identificó que la misma “…se encuentra ante un juez de sentencia que es el juez del juicio…” (sic); sin embargo, la autoridad de primera instancia es el -Juez de Instrucción- que tiene sus labores distintas y son propias de la etapa preparatoria; es decir, que su persona se ve limitada inclusive a través del principio de informalidad poder ampliar la responsabilidad claramente identificada en el Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del mencionado departamento, quien generó la demora en la remisión de la apelación, y a su vez ocasionó que el Juez ahora accionado no pueda materializar la cesación de la detención preventiva; por lo que, no corresponde dar mérito a la solicitud del accionante; empero, lo determinado se dispuso poner en conocimiento de la Sala Penal correspondiente la Sentencia 02/2023, a fin de que otorgue celeridad en la resolución sobre la apelación que relaciona el nombrado, cuyos actuados fueron remitidos con demora.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitido dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de enero de 2023, señalada por Ronald Rivas Rodríguez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora accionado- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Remberto Mancilla Franciscano -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el accionante solicitó la cesación de la detención preventiva; la mencionada audiencia fue suspendida a solicitud del abogado del accionante reprogramándose para el 17 de igual mes y año, debiendo el nombrado hacer llegar al despacho judicial certificación referente a los recursos de apelación incidental planteados por el Fiscal de Materia contra la resolución de medidas cautelares y el rechazo de la cesación de la detención preventiva (fs. 3 y vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 17 de enero de 2023, solicitada por el accionante; sin embargo, el Juez hoy accionado suspendió la misma para el 19 del señalado mes y año, al no haberse remitido a ese despacho judicial la documental referida a las apelaciones planteadas por el Fiscal de Materia, disponiendo la notificación al Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, para que informe en el día sobre el resultado de las mencionadas apelaciones y que el Juez Mixto de Instrucción Penal Primero de Colcapirhua de igual departamento, remita el legajo de apelación al juzgado de origen (fs. 4 a 5 vta.). II.3. Por Acta de audiencia fijada para el 19 de enero de 2023, el Fiscal de Materia hizo conocer al Juez accionado, el retiro del recurso de apelación incidental que formuló contra la resolución de medidas cautelares; sin embargo, mantuvo la presentada contra el rechazo de cesación de su detención preventiva; puesto que, se hubiese desvirtuado el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, audiencia en la que el mencionado Juez manifestó encontrarse impedido de pronunciarse en el fondo de la petición de la cesación de la detención preventiva; ya que, estaba pendiente de resolución la referida apelación incidental, y a efectos de no generar dualidad de resoluciones que puedan ser susceptibles de defectos absolutos (fs. 6 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y de acceso a la justicia; puesto que, fue suspendida por tercera vez la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó; ya que, el Juez ahora accionado argumentó encontrarse pendiente de resolución del recurso de apelación incidental formulada por el Fiscal de Materia contra las resoluciones de rechazo de la cesación de la detención preventiva y de las medidas cautelares, determinando el mencionado Juez en la última audiencia suspendida de 19 de enero de 2023, que no la llevaría a cabo hasta que sea devuelto el resultado del recurso de apelación incidental, incurriendo de esa manera en dilación indebida; existiendo por ello, una ilegal detención al no obrar con celeridad en la tramitación de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas; i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) El carácter no suspensivo de la apelación incidental ante la solicitud de cesación de medida cautelar; y, iv) Análisis del caso concreto

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0424/2025-S1 de 8 de mayo, aludiendo la SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto, indica que a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama qhilla, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios tienen el deber procesal de dirigir y resolver sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de detenciones preventivas.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

La SCP 0424/2025-S1 de 8 de mayo, señala que: “...la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. (…)

‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

(…)

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R”.

III.3. El carácter no suspensivo de la apelación incidental ante la solicitud de cesación de medida cautelar

La SCP 0424/2025-S1, aludiendo la SCP 1078/2022-S1 de 5 de octubre, establece que: «“Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales: 1) tendrán efecto suspensivo, salvo disposición contraria”; de lo que se colige que a partir de su activación, suspenden la competencia del juez o tribunal, sin embargo de la revisión de la normativa específica que rige a la apelación incidental de medidas cautelares, se tiene que el art. 251 del CPP, concordante con el art. 403 de la misma norma penal, determina que ‘la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas’, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la entonces Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Razonamiento que ha sido desarrollado en la SCP 0745/2013 de 7 de junio pronunciándose al respecto señaló:

El art. 396 inc. 1) del CPP, establece que los recursos en general tienen efecto suspensivo salvo resolución contraria; lo que quiere decir que a partir de su activación, suspenden la competencia del juez o tribunal.

(…)

Al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente: “…El art. 251 del Código de procedimiento penal (CPP), modificado según la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto ‘no suspensivo’, lo que implica que la competencia del Juez que dictó la resolución no queda suspendida por un eventual recurso que hubiere sido planteado, la que no obstante podrá ser ejecutada…(SC 0236/2004-R de 20 de febrero). Entendimiento reiterado en las SSCC 1419/2005-R, 0660/2006-R y 0522/2011-R entre otras”.

En el mismo sentido, la SCP 0838/2014 de 30 de abril aclaró que:

“…las solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando se funde en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas, deben ser tramitadas por los jueces y tribunales, con independencia de la existencia de una apelación en trámite, lo que no implica generar disfunciones procesales ni dualidad de resoluciones en la misma vía ordinaria, toda vez que la nueva solicitud de modificación de medidas cautelares tiene un sustento diferente a la resolución que se encuentra impugnada, por lo mismo, no exístela posibilidad de que se emitan dos resoluciones contradictorias”.

En la misma línea de razonamiento, la SCP 0637/2017-S2 de 19 de junio. Citando a la SCP 0838/2014 de 3 de abril, señaló que:

“En virtud a lo expuesto, corresponde señalar que las solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando se funde en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas, deben ser tramitadas por los jueces y tribunales, con independencia de la existencia de una apelación en trámite (…).

Cabe aclarar que dicha conclusión bajo ninguna circunstancia implica generar disfunciones procesales ni dualidad de resoluciones en la misma vía ordinaria, por cuanto, se reitera, la nueva solicitud de modificación de medidas cautelares tiene un sustento diferente a la resolución que se encuentra impugnada y, por lo mismo, no existiría la posibilidad de que se emitieran dos resoluciones contradictorias; pues, se repite, el fundamento de ambas resoluciones sería distinto.

Así las cosas, es menester aclarar, que cuando la apelación ha sido formulada por el Ministerio Público la víctima, contra el auto de aplicación de medidas cautelares y paralelamente el imputado pide cesación de la detención preventiva; en el marco del principio de favorabilidad, corresponde atender la cesación a la detención preventiva con la mayor celeridad; pues en el supuesto caso de que el juez cautelar determine revocar las medidas cautelares y disponer la aplicación de medidas sustitutivas, no significa que la víctima o querellante y el propio Ministerio Público a partir de un eventual resultado del recurso de apelación interpuestos por estos últimos (a la medida cautelar) puedan solicitar la modificación de la medida sustitutiva e incluso pueden apelar la propia resolución que otorgó dicho beneficio al imputado; pero de ninguna manera puede ser justificativo que la solicitud de cesación a la detención preventiva sea suspendida y condicionada al resultado del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público o la víctima; el resultado de ambas resoluciones sería distinto, pero inclusive -como se dijo- existe la posibilidad de que el querellante o el fiscal puedan solicitar la modificación de las medidas sustitutivas en su caso”.

De lo señalado, se puede afirmar con meridiana claridad que la apelación incidental planteada contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, se encuentra dentro del ámbito de la excepción prevista por el art. 396 inc. 1) del CPP (tendrán efecto suspensivo, salvo disposición contraria) al estar dispuesta expresamente por el art. 251 del mismo cuerpo legal, es decir tendrá efecto no suspensivo, lo que implica que la decisión debe ejecutarse inmediatamente después de haber sido adoptada; sin perjuicio de que la parte que se considere agraviada, haga uso del recurso de alzada y lógicamente sin aguardar pronunciamiento del Tribunal superior donde radicó la impugnación planteada».

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y de acceso a la justicia; puesto que, fue suspendida por tercera vez la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó; ya que, el Juez ahora accionado argumentó encontrarse pendiente de resolución del recurso de apelación incidental formulada por el Fiscal de Materia contra las resoluciones de rechazo de la cesación de la detención preventiva y de las medidas cautelares, determinando el mencionado Juez en la última audiencia suspendida de 19 de enero de 2023, que no la llevaría a cabo hasta que sea devuelto el resultado del recurso de apelación incidental, incurriendo de esa manera en dilación indebida; existiendo por ello, una ilegal detención al no obrar con celeridad en la tramitación de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. Ahora bien, planteado el problema jurídico y de los antecedentes procesales, se advierte que en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 1 de noviembre de 2022, dispuso la detención preventiva del accionante por treinta días; decisión que apeló el Fiscal de Materia; posteriormente, el nombrado solicitó la cesación de su detención preventiva, cuyo rechazo fue objeto de recurso de apelación incidental formulado por el mencionado Fiscal; empero, después hubiese presentado la acusación formal en su contra; por lo que, solicitó al Juez ahora accionado, la cesación de su detención preventiva, señalando audiencia para el 12 de enero de 2023, en la que el referido Juez, ante el pedido de suspensión de audiencia por el abogado del accionante, la reprogramó para el 17 de igual mes y año, disponiendo que el nombrado accionante haga llegar al despacho judicial la certificación referente a las citadas apelaciones planteadas por el Fiscal de Materia (Conclusión II.1.). Es así que, el 17 del señalado mes y año, el Juez ahora accionado suspendió la audiencia fijada ante la no presentación de la certificación requerida, reprogramándola para el 19 de enero de 2023 (Conclusión II.2.), fecha en la que, instalada la audiencia, el Fiscal de Materia hizo conocer al Juez ahora accionado, el retiro de la apelación planteada contra la resolución de medidas cautelares, manteniendo subsistente la formulada contra el rechazo de la cesación de la detención preventiva respecto a que se hubiese desvirtuado el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP; actuado procesal en el que el Juez hoy accionado, no consideró la solicitud de cesación de la detención preventiva, argumentando encontrarse pendiente de resolución la apelación incidental formulada por el Fiscal de Materia contra el referido rechazo de la cesación de detención preventiva; siendo que, el Tribunal de alzada es el que puede corregir cualquier error de hecho que hubiese cometido el Juez de primera instancia, y a efectos de no generar dualidad de resoluciones que puedan ser susceptibles de defectos absolutos, se encontraba impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, disponiendo que el “Juez Cautelar de Colcapirhua” -en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal de Quillacollo del departamento de Cochabamba- bajo su poder ordenador y disciplinario instruya que en el día se remita la apelación planteada contra la Resolución de 16 de diciembre de 2022 -rechazo de la cesación de la detención preventiva-, teniendo presente que como Juez hoy no podía convalidar defectos absolutos al existir un recurso de apelación incidental pendiente que debía ser resuelta; ya que, estaba relacionada con la presente petición de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.3.).

Asimismo, con relación al argumento del Juez ahora accionado, relativo a encontrarse pendiente de resolución el recurso de apelación incidental presentada por el Fiscal de Materia contra el Auto de 16 de diciembre de 2022, no correspondía emitir pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de cesación de la detención preventiva; puesto que, la misma guardaría relación con los argumentos de dicha apelación y podría generar dualidad de resoluciones susceptibles de configuración de defectos absolutos; corresponde señalar que en el citado Auto -de 16 del mismo mes y año- (fs. 46 a 49), el accionante desvirtuó el riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, al haber acreditado tener familia, trabajo y domicilio; sin embargo, no pudo desvirtuar el riesgo procesal regulado por el art. 234.7 del mismo Código, referido al peligro efectivo para la víctima, al no ser suficiente la carga argumentativa expuesta por su defensa. Asimismo, también desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, al haberse establecido que no podría influir negativamente sobre los funcionarios policiales o los testigos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente.

Esa determinación asumida por el Juez ahora accionado fue objeto de apelación incidental por parte del Fiscal de Materia, con base en lo establecido por el art. 251 del CPP (fs. 49); es decir, que se cuestionó la decisión que dio por desvirtuados los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.1 y 235.2 del señalado Código; encontrándose ese medio de impugnación, como se tiene señalado, pendiente de resolverse.

Sin embargo, mediante memorial presentado el 5 de enero de 2023 (fs. 49 vta.), el accionante, alegando que su situación jurídica hubiese mejorado, solicitó la cesación de su detención preventiva, con la finalidad de poder desvirtuar los riesgos procesales de fuga que aún persistían; lo que implica que pretendía desvirtuar el riesgo procesal de fuga contenido por el art. 234.7 del CPP, que se mantuvo vigente en el Auto de 16 de diciembre de 2022; solicitando a tal efecto, el señalamiento de audiencia al amparo de lo establecido por el art. 239.1 del señalado Código.

De lo expuesto, se advierte que no resulta evidente el argumento expuesto por el Juez ahora accionado; ya que, el fondo de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante el 5 de enero de 2023, no guarda relación con los argumentos del recurso de apelación incidental planteado por el Fiscal de Materia que se encuentra pendiente de resolución; puesto que, el pedido de cesación de la detención preventiva se encontraba destinado a desvirtuar únicamente el riesgo procesal de fuga, relativo al peligro efectivo para la víctima (art. 234.7 del CPP); mientras que la apelación pendiente de resolverse, estaba referida a los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.1 y 235.2 del CPP; aspectos disimiles que no impedirían la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de dicha solicitud de cesación y no generaría una dualidad de resoluciones susceptibles de configuración de defectos absolutos, como asevera el referido Juez.

En ese sentido, la negativa del Juez hoy accionado de ingresar al análisis de fondo de la solicitud de cesación de la detención preventiva de 5 de enero de 2023, que tiene argumentos y un sustento diferente del Auto de 16 de diciembre de 2022 que fue apelado por el Fiscal de Materia y por lo mismo no guardan relación ni pueden estar sujetos a una eventual resolución del Tribunal de alzada; evidencia la vulneración de los derechos del accionante a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y de acceso a la justicia; por lo que, conforme lo establece el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, en aplicación del principio de favorabilidad le correspondía considerar y resolver la petición de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante paralelamente a la apelación interpuesta por el Fiscal de Materia; no siendo permisible su justificativo para dicha omisión que se encontraba pendiente la apelación planteada por el nombrado Fiscal; denotando con ello; además, que no consideró el efecto no suspensivo del recurso de apelación incidental contra medidas cautelares; puesto que, en caso de que el Juez ahora accionado determinare revocar las medidas cautelares y disponer la aplicación de medidas sustitutivas, ello no significa que la víctima o querellante y el Fiscal de Materia a partir de un eventual resultado del recurso de apelación interpuesto por estos últimos (a la medida cautelar) puedan solicitar la modificación de la medida sustitutiva e incluso apelar la resolución que otorgó dicho beneficio al solicitante. Por lo expuesto, en el caso de autos, se constata que efectivamente el Juez ahora accionado no obstante de haber señalado la tercera audiencia el 19 de enero de 2023, para considerar la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, decidió no resolver la misma, sin considerar que el nombrado se encontraba privado de su libertad y actuando contrariamente, no solo desconoció lo establecido por la jurisprudencia constitucional referida al carácter no suspensivo de la apelación incidental ante la solicitud de cesación de medida cautelar, sino también omitió su obligación como juzgador; ya que, en las solicitudes en las que se encuentra involucrado el derecho a la libertad, como en este caso, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad que amerita, o cuando menos dentro de los plazos razonables; puesto que, de no hacerlo provoca una restricción indebida del citado derecho. Por consiguiente, resulta que el Juez hoy accionado, desconoció que la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una “justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal; puesto que, tales peticiones deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente, como en este caso, lo que determina se otorgue la tutela solicitada, de conformidad con la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamento Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, que es aplicable en la presente acción de defensa, por su carácter vinculante y cumplimiento obligatorio como lo prevé el art. 203 de la CPE. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro de las cuarenta y ochos horas de su notificación, señale audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, salvo que por el tiempo transcurrido ya se hubiese llevado a efecto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0293_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.

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