Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos “como persona adulta mayor”, a la propiedad privada individual y al desarrollo integral de los niños y niñas; toda vez que, habiendo los ciudadanos co demandados realizado construcciones, con maquinaria pesada en su predio, demolición y excavación, que afectaron a la vivienda de la impetrante de tutela en el 90%, al grado de volverla inhabitable; por lo que, se vieron obligados, conjuntamente su familia a trasladarse a otro lugar, lo que le acarrea una serie de gastos de arrendamiento, y traslado de sus bisnietos a sus centros de educación; aparte de ello, sostiene que los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no han ejercido de manera debida sus funciones de fiscalización de dicha obra, y a pesar de haber ordenado la paralización de la misma, los co demandados no dieron cumplimiento con dicha orden, extremo que fue reclamado de manera reiterada ante las autoridades municipales ahora demandadas; además, denuncia que los funcionarios de la referida entidad edil han procedido a cortarle el servicio de agua potable dentro del inmueble afectado, lo que a su criterio se constituye en una medida de hecho; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto todas las autorizaciones de construcción que hubiera emitido la Subalcaldía del Macrodistrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a favor de Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez; 2) Se deje sin efecto los arbitrarios informes realizados por José Butrón Machicado, Fiscal SAC del precitado Gobierno…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 311 a 317, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0293/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53944-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 311 a 317, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lola Peredo de Veizaga contra Jimmy Osorio López, Subalcalde del Macrodistrito Centro; José Luis Butrón Machicado, Fiscal SAC; ambos funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez.
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 49 a 57 vta., la accionante manifestó que:
Su persona es propietaria de un inmueble ubicado en la calle Néstor Morales 1349, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, cuyo derecho se encuentra registrado en Derechos Reales (DD.RR.), en la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0056864.
Refiere que, desde el mes de junio, sus vecinos, Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez -co demandados-, procedieron a la demolición de su vivienda con maquinaria pesada, realizando excavaciones en el 100 % de su bien inmueble; lo que a su vez, ocasionó daños materiales en el 90 % de la propiedad de la ahora accionante.
Motivo por el cual, el 4 de octubre de igual año, convocó a personal de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes levantaron un acta y suscribieron acuerdos, como la construcción de un muro, que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no se cumplieron; pero que, ante la afectación de su propiedad, prácticamente fue obligada a salir de dicho inmueble conjuntamente su familia y otros; lo que implica, la erogación de gastos no previstos en transporte para sus bisnietos que fueron alejados de su centro educativo, traslado de sus muebles y alquileres mensuales, por esta situación de emergencia en la que se encuentra.
Indicó que, el 22 de diciembre de 2022, el Municipio, ordenó la paralización de obras de construcción; sin embargo, los co demandados hicieron caso omiso y continuaron con los movimientos de tierra, provocando una mayor desestabilización estructural del inmueble, dejándolo totalmente inhabitable y sin la reparación de daños ocasionados.
Aparte de ello, denuncia que el 7 de noviembre de igual año, al apersonarse a su domicilio con la finalidad de alimentar a sus mascotas, constató que funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, habrían procedido al corte del servicio de agua potable por una supuesta fuga; motivo por el cual, se contactó con la empresa encargada del suministro de dicho servicio, misma que le informó que en ningún momento se efectuó tal corte, denotando en consecuencia que aquello constituía una medida de hecho ejecutada por funcionarios de la citada entidad edil, refiriendo que el menoscabo a su derecho de uso, goce y disfrute de la propiedad no proviene únicamente de los vecinos, sino también del referido Gobierno Municipal; no obstante, éstos continuaban, generando un riesgo inminente de colapso de la infraestructura, extremo que fue evidenciado en el Informe Técnico S.M.G.I.R.-D.P.R.U.M.R.G. 1060/2022 de 21 de noviembre.
Asimismo, manifestó que en reiteradas oportunidades puso en conocimiento de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y del Subalcalde del Macrodistrito Centro, los hechos descritos a objeto de que se ordene la paralización de las obras; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, puesto que los mismos no adoptaron medidas oportunas para evitar daños mayores.
Afirma que los hechos relatados han afectado su derecho de usar, gozar y disfrutar de su inmueble ha quedado nulo, ya que no puede ejercerlos por las medidas de hecho tomadas por sus vecinos y por la inoperancia de las autoridades municipales, dejando a su familia prácticamente en la calle, siendo la impetrante de tutela una persona de la tercera edad, sus nietos que son menores de edad, son todos personas que pertenecen a grupos vulnerables, que merecen una protección del Estado.
Denunció la lesión de sus derechos “como persona adulta mayor”, a la propiedad privada individual y al desarrollo integral de los niños y niñas, citando al efecto los arts. 56, 59 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto todas las autorizaciones de construcción que hubiera emitido la Subalcaldía de Macrodistrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez; b) Se deje sin efecto los arbitrarios informes realizados por José Luis Butrón Machicado, Fiscal SAC del citado Gobierno Municipal, ordenando que exhiba la documentación que respalde la continuidad de obras de sus vecinos; c) En mérito al Informe Técnico S.M.G.I.R.- D.P.R.U.M.R.G. 1060/2022 de 21 de noviembre, se ordene que, en el plazo de setenta y dos horas, los mencionados vecinos paguen los gastos de demolición y el traslado del material, así como el valor de las construcciones; y, d) Se disponga que Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez paguen una indemnización por daños y perjuicios, por un monto de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos).
Celebrada la audiencia pública 2 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 305 a 310, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de la acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Identificó una supuesta actuación irregular de funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes habrían cortado el servicio de agua potable sin autorización de la empresa proveedora, a ello, se suma la omisión de respuesta efectiva por parte de la Subalcaldía del Macrodistrito Centro, frente a diversas solicitudes de paralización de obra presentadas por la accionante, como la Nota 12213 de 19 de octubre de 2022, en incumplimiento de sus obligaciones de fiscalización y control previstas en la Ley Municipal 233; 2) El Informe Técnico S.M.G.I.R.- D.P.R.U.M.R.G. 1060/2022 de 21 de noviembre, evidencia problemas estructurales severos en el inmueble, asociados a modificaciones topográficas por causas antrópicas y la existencia de aguas subterráneas en la zona, determinando un riesgo de colapso alto; y, 3) El acta de conciliación de 4 de octubre de 2022, suscrita entre las partes y funcionarios del citado Gobierno Municipal, estableció compromisos que no fueron cumplidos, como la paralización de obras, demolición de estructuras afectadas, inspección y resarcimiento de daños.
Jimmy Osorio, Subalcalde del Macrodristrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante informe escrito de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 293 a 303, y en audiencia de garantías a través de sus representantes legales señaló que: i) De la revisión de los antecedentes que conforman la presente acción tutelar, se advierte que la misma carece de legitimación pasiva, puesto que se encuentra erróneamente dirigida, ya que la acción de amparo fue presentada contra funcionarios de la Unidad de Fiscalización, y el Subalcalde del Macrodristrito Centro, incumpliendo los lineamientos procesales establecidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), ya que el representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el Alcalde Municipal; ii) El presente mecanismo de defensa fue interpuesto contra la Subalcaldía del Macrodristrito Centro del precitado Gobierno Municipal, solicitando entre otros aspectos, que se deje sin efecto todas las autorizaciones de construcción que dicha entidad municipal hubiera emitido a favor de Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez -co demandados-, disponiendo en consecuencia la inmediata paralización de las obras; no obstante, de los antecedentes incorporados al proceso, se establece que la orden de paralización solicitada por la accionante en realidad ya fue dispuesta y reiterada por la respectiva autoridad administrativa municipal competente; y, iii) Asimismo, se observa que la accionante solicitó el pago de gastos de demolición, el traslado del material y el valor de las construcciones, así como el resarcimiento de daños y perjuicios por un monto de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), tales pretensiones, en esencia, implican una controversia de naturaleza patrimonial y de responsabilidad civil extracontractual, cuya tramitación corresponde a la jurisdicción ordinaria civil, conforme al principio de especialidad y al marco competencial previsto en la normativa procesal ordinaria; por lo que, en lo referente a tales puntos se advierte el incumplimiento del principio de subsidiaridad, previsto en el art. 129.I de la CPE, concordante con los arts. 53.3 y 54.1 del CPCo., que establece que esta acción tutelar, no procederá cuando para la tutela de sus derechos, exista otro medio o recurso legal idóneo para la protección inmediata del derecho presuntamente afectado; por lo que, se solicita denegar la tutela impetrada. José Butron Machicado, Fiscal SAC del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante informe escrito SAC-DITF-UFTPM-INF 20/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 205 a 210 vta., y en audiencia de garantías a través de su abogado señaló que: a) El predio sujeto de denuncia contaba con autorizaciones de permiso de construcción y demolición, conforme se verificó en el sistema del mencionado Gobierno Municipal; b) Existe una carta notariada de 25 de mayo de 2022, presentada por los propietarios del predio -co demandados- Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio, donde asumieron la responsabilidad por posibles daños a terceros, propiedades vecinas y/o propiedad municipal, deslindando de toda responsabilidad al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y al Servicio Municipal de Administración Territorial y Catastral (SERMAT); c) En cuanto al corte de agua denunciado, se recomendó que la afectada solicite esa información directa a la línea RED 114, dado que el hecho fue atendido por personal de turno, sin mayor precisión técnica en los registros administrativos; d) A solicitud de Lola Peredo de Veizaga, se le proporcionaron copias simples de la documental correspondiente a: Informe SMGIR-DAE 400/2022, Informe Técnico S.M.G.I.R.-D.P.R.-U.M.R.G. 1060/2022, Memorándum de Instrucción SAC-DSM-UCTPM 376/2022, Memorándum de Paralización de Edificación SAC-DSM-UCTPM-OP 21/2022; e) El mencionado predio se encontraba en proceso de fiscalización, conforme a la notificación del Auto Inicial de Proceso Administrativo de Fiscalización 001/2023; y, f) A la fecha de emisión del informe, el predio fue precintado y contaba con una Orden de Paralización Reiterativa SAC-DIFT-UFTPM-OP 02/2023, cuya fotocopia simple fue adjuntada al expediente. Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio -co demandados-, por memorial presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 196 a 198 vta., sostienen lo siguiente: 1) No existe infracción por paralización, afirmando que solo se realizó la demolición de su vivienda, pero no así la excavación denunciada por la impetrante de tutela; señala que se cumplió con la construcción del muro de contención, pero este lleva un proceso “que no puede construirse de la noche a la mañana”; respecto al nivel de agua subterránea que se encuentra saliendo del predio afectado, es necesario el hacer notar que el o los flujos de aguas subterráneas son cauces naturales y que no son provocados por las manos del hombre; se realizó un sistema de drenaje, a fin de evitar la saturación del suelo y con ello mayores asentamientos del predio colindante; 2) Es necesario el aclarar que la vivienda afectada, antes de empezar la demolición en su predio, ya presentaba fisuras, agrietamientos y varias patologías estructurales, algo que es reconocido por estos; además, de presentar asentamientos en la parte de la lavandería por saturación de suelo a causa de un sistema sanitario precario; el cual, fue descargando sus aguas servidas por un periodo demasiado extenso, lugar donde se produjo el colapso del muro perimetral a su predio; 3) En cuanto a la evaluación de los daños ocasionados, se afirma que en momento alguno se coordinó la inspección conjunta del predio, y sobre este punto denuncia que los propietarios de la vivienda supuestamente afectada presentaron un informe que solo conviene a sus intereses; 4) Los propietarios del predio afectado exponen que no se paralizó la obra y a la vez exigen que se construyan muros de contención para garantizar la estabilidad de su predio; lo cual, es una completa contradicción; 5) El 30 de diciembre de 2022 fueron notificados con el Memorando de Fiscalización Técnica Territorial SAC-DMS-UCTPM 455/2022, en el que se afirma que hubiesen cometido la infracción de no acatar las especificaciones autorizadas en el permiso de construcción y la construcción de muro de contención sin autorización municipal; sobre el particular, se tiene que el muro de contención observado fue autorizado mediante Memorando de Instrucción SAC-DSM-UCTPM 376/2022 de 11 de noviembre de 2022; 6) La parte accionante no ha demostrado con prueba idónea objetiva como la propiedad individual, los derechos de las niñas y niños, derechos de los adultos mayores han sido afectados, ya que tampoco se ha demostrado que estén viviendo en arrendamiento, toda vez que no se presentó contrato alguno en ese sentido; tampoco se presentó informe pericial que determine los supuestos daños ocasionados y el tiempo y costo de las reparaciones y/o demolición, lo que incumple el art. 33.7 del CPCo; 7) No existe una resolución administrativa sancionatoria dictada por el Gobierno Autónomo de La Paz, que haya adquirido calidad de cosa juzgada en su contra, peor aún una sentencia ejecutoriada en materia civil, dictada por un juez en materia civil, que haya declarado probada una demanda por daño temido, que ordene el pago de daños y perjuicios, costas y costos, consecuentemente al no haber cumplido con el principio rector de la acción de amparo constitucional, cual es la subsidiariedad, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
La Sala constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 21/2023 de 2 de febrero cursante de fs. 311 a 317, denegó la tutela impetrada; decisión adoptada, con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del presente caso no se ha demostrado objetivamente que, los daños que presenta el bien inmueble de la accionante hubieran sido causados por los trabajos que se estarían realizando en el predio de sus vecinos, o que sea por el transcurso del tiempo, en todo caso el Código Procesal Civil establece el Interdicto de Obra Nueva Perjudicial o Daño Temido, como vía a efectos de los derechos que alega la parte accionante , no correspondiendo la constitucional; ii) En la vía administrativa, que fue iniciada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por Auto de Fiscalización en contra de Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez -co demandados- quienes a pesar de la existencia de una orden de paralización de obra, estarían realizando la obra, y que se precintó en dos oportunidades dicho inmueble, el 27 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, lo que daría lugar a las sanciones dentro de dicho proceso; iii) En lo que se refiere al art. 67 de la CPE, que norma sobre los derechos de los adultos mayores, ello no se desconoce; sin embargo, dichos derechos alegados de vulnerados deben ser demostrados de forma objetiva y material, lo que no acontece en el presente caso, ya que existen varios procesos y la posibilidad de iniciar por la vía ordinaria como corresponde, lo que impide dar curso a la tutela invocada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Carta Notariada de 25 de mayo de 2022, Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio, solicitaron al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, autorización para demolición en el predio de su propiedad, ubicado en calle Francisco de Chirinos esquina Néstor Morales de la zona central de la ciudad de La Paz (fs. 214); El 12 de mayo de igual año, la referida entidad municipal, emitió la autorización de permiso de construcción del inmueble de propiedad de los prenombrados (fs. 216); a través, de la Dirección de Administración Territorial y Fiscalización, el mencionado Gobierno Municipal el 2 de junio de 2022, autorizó la demolición del inmueble de propiedad de Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio (fs. 215). II.2. EL 4 de octubre de 2022, la Unidad de Control Territorial y Protección Municipal, por Orden de Paralización por riesgo de colapso de la construcción aledaña, procedió a la evacuación del predio afectado (fs. 212). II.3. A través de misivas reiterativas Lola Peredo de Veizaga -accionante-, solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lo siguiente: a) Paralización de construcción irregular de fecha 19 de octubre de 2022 (fs. 27 a 28); b) Denuncia por irregularidades en una construcción, del mismo mes, día y año (fs. 24 a 25); c) Reiterativa de denuncia por irregularidades en una construcción de fecha 24 de octubre de igual año (fs. 19 a 20); y, d) Reiterativa denuncia por construcción y queja de inspección de 15 de noviembre de 2022 (fs. 30 a 31). II.4. Por Auto Inicial de Proceso Administrativo de Fiscalización 001/2023 de 18 de enero, el Subalcalde del Macrodistrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispuso el inicio del proceso administrativo de fiscalización en contra de Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio por el movimiento de tierra y la construcción de un muro de contención sin autorización municipal respectiva (fs. 245 y vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos “como persona adulta mayor”, a la propiedad privada individual y al desarrollo integral de los niños y niñas; toda vez que, habiendo los ciudadanos co demandados realizado construcciones, con maquinaria pesada en su predio, demolición y excavación, que afectaron a la vivienda de la impetrante de tutela en el 90%, al grado de volverla inhabitable; por lo que, se vieron obligados, conjuntamente su familia a trasladarse a otro lugar, lo que le acarrea una serie de gastos de arrendamiento, y traslado de sus bisnietos a sus centros de educación; aparte de ello, sostiene que los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no han ejercido de manera debida sus funciones de fiscalización de dicha obra, y a pesar de haber ordenado la paralización de la misma, los co demandados no dieron cumplimiento con dicha orden, extremo que fue reclamado de manera reiterada ante las autoridades municipales ahora demandadas; además, denuncia que los funcionarios de la referida entidad edil han procedido a cortarle el servicio de agua potable dentro del inmueble afectado, lo que a su criterio se constituye en una medida de hecho; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto todas las autorizaciones de construcción que hubiera emitido la Subalcaldía del Macrodistrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a favor de Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez; 2) Se deje sin efecto los arbitrarios informes realizados por José Butrón Machicado, Fiscal SAC del precitado Gobierno Municipal, ordenando que exhiba la documentación que respalde la continuidad de obras de sus vecinos; 3) En mérito al Informe Técnico S.M.G.I.R.- D.P.R.U.M.R.G. 1060/2022 de 21 de noviembre de 2022, se ordene que, en el plazo de setenta y dos horas, los mencionados vecinos paguen los gastos de demolición y el traslado del material, así como el valor de las construcciones; y, 4) Se disponga que Thelma Geraldina Flores Carpio e Ivert Marcelo Aliaga Pérez paguen una indemnización por daños y perjuicios, por un monto de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos). En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden).
Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas.
No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.
(…)
Al respecto la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas 2 SCP 0132/2012 de 4 de mayo. 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho ha expresado: “… debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho.
Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. Jurisprudencia ratificada por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo. 4La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 5La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.
físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. Entendimiento asumido en la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio.
Dentro del presente caso la accionante denunció la realización de medidas de hecho, en mérito a que los co demandados procedieron a realizar una En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 6La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.
Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 7La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.
La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 8SCP 0998/2012, FJ III.4.
serie de trabajos de demolición en su predio con maquinaria pesada, afectando de manera directa a su bien inmueble, de tal manera que se vieron obligados a trasladarse a otro lugar, conjuntamente su familia; lo que, le ocasiona una serie de gastos en arrendamiento y traslado, resultando afectados sus bisnietos por alejarles de sus centros educativos; además, denuncia que los funcionarios municipales demandados, a pesar de haber determinado la paralización de dicha obra, los co demandados no dieron cumplimiento a dicha orden y que la inacción de estos funcionarios ha provocado que sus derechos se sigan vulnerando, a pesar de las reiteradas irregularidades cometidas por los prenombrados; a parte de ello, denunció el corte del servicio de agua potable en la vivienda afectada por parte de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. De las pruebas documentales presentadas por las partes: se tiene que a través de carta notariada de 25 de mayo de 2022, Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio, solicitaron al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, autorización para demolición, en el predio de su propiedad, solicitud que fue autorizada el 12 de mayo de igual año, por dicha autoridad edil que emitió la autorización de permiso de construcción correspondiente; se tiene que además, se autorizó la demolición del inmueble de propiedad de los precitados ciudadanos el 2 de junio del mismo año (Conclusión II.1). Posteriormente, la Unidad de Control Territorial y Protección Municipal, emitió la orden de paralización por riesgo de colapso de la citada construcción, procediendo con la evacuación del predio afectado (Conclusión II.2); Se evidencia los reclamos realizados por Lola Peredo de Veizaga, en las que solicitó la paralización de la obra por diversas notas que se encuentran dentro de la Conclusión II.3. Se tiene el Auto Inicial de Proceso Administrativo de Fiscalización 001/2023 de 18 de enero, el Subalcalde del Macrodistrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por el cual, se dispuso el inicio del proceso administrativo de fiscalización en contra de Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio por el movimiento de tierra y construcciones sin autorización municipal (Conclusión II.4). Conforme a lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se tiene presente que, ante las denuncias de la comisión de vías de hecho, se sustrae de manera excepcional el principio de subsidiariedad, extremo que dentro del presente caso, la parte accionante pretende reforzar afirmando además la presunta vulneración de los derechos de personas de la tercera edad y menores de edad; es decir, personas que pertenecen a grupos vulnerables de prioritaria atención.
Ahora, conforme la jurisprudencia anotada, cuando se denuncia medidas de hecho, la carga de la prueba tendiente a demostrar la comisión de tales actos debe ser cumplida por la parte accionante; lo que implica, el demostrar la prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos y derechos y estar circunscrita a la inexistencia de hechos controvertidos. Dentro del presente caso, de las pruebas descritas previamente, se tiene que la parte accionante no ha cumplido con dicha jurisprudencia, ya que la construcción objetada de su parte, obtuvo los permisos necesarios otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante las unidades correspondientes, para iniciar tales trabajos; por lo que, no se advierte que dicha construcción pueda ser catalogada como una medida de hecho. Por otra parte, en cuanto al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se tiene que por medio de la Unidad de Control Territorial y Protección Municipal, el 4 de octubre de 2022, determinó la Orden de Paralización por riesgo de colapso de la construcción aledaña (Conclusión II.3); posteriormente, por medio del Auto Inicial de Proceso Administrativo de Fiscalización 001/2023 de 18 de enero, el Subalcalde del Macrodistrito Centro de dicha entidad edil, dispuso el inicio del proceso administrativo de fiscalización en contra de Ivert Marcelo Aliaga Pérez y Thelma Geraldina Flores Carpio por el movimiento de tierra y la construcción de un muro de contención sin autorización municipal respectiva; por lo que, no se advierte una total inacción por parte de la entidad municipal demandada, en cuanto a las irregularidades denunciadas por la accionante que implique una suerte de acción o medida de hecho tal y como se denuncia dentro de la acción tutelar presentada. Ahora, se tiene que la solicitud de la accionante tiene la clara intención de dejar sin efecto la autorización de la construcción emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en favor de los co demandados, extremo que se está dilucidando en sede administrativa, y por otra parte el que se disponga el pago por indemnización de daños y perjuicios; ambas pretensiones no tienen base jurídica, ya que claramente no se ha demostrado de manera objetiva la comisión de medidas de hecho por parte de los demandados; por lo que, se incumplió con uno de los requisitos fundamentales para considerar la tutela cuando se denuncia la comisión de medidas de hecho. Por lo previamente detallado, ante el incumplimiento del requisito de la carga de la prueba, determinado por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente sentencia constitucional, respecto a demostrar objetivamente la comisión de las vías o medidas de hecho por parte de los demandados, corresponde denegar la tutela impetrada.
En cuanto a las solicitudes de la parte accionante, esta deberá acudir a las vías llamadas por ley para dejar sin efecto la autorización de construcción -vía administrativa ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-, como el pago de los daños y perjuicios presuntamente ocasionados en contra de su propiedad, y demás gastos emergentes -arrendamiento y otros- en los que tendría que acudir a la vía jurisdiccional civil; ya que tales extremos, no pueden ser tutelados de manera directa vía acción de amparo constitucional. En cuanto al corte del servicio del agua potable, no existe solicitud alguna de que se reconecte dicho servicio; además, que por lo afirmado por la accionante, esta no vive actualmente en dicho inmueble; por lo que, se advierte una incongruencia entre lo denunciado y lo pedido dentro de la acción tutelar presentada, correspondiendo también denegar la tutela sobre este tema en particular. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 311 a 317, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 SCP 0046/2012 de 26 de marzo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0293_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): ee28b3e42a7ef1bcc690994b1e04c8af84b5b74070d532ce8a70b12e2c36026f
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