Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de junio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica, alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Gerardo Gutiérrez Soliz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 8 de noviembre de 2020, su defensa interpuso excepción de incompetencia ante la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, siendo que los hechos denunciados se efectuaron en otro lugar; sin embargo, la citada autoridad no emitió un pronunciamiento sobre la misma; posteriormente, habiendo cambiado de defensa técnica, formuló corrección de procedimiento por defecto absoluto, alegando omisión de pronunciamiento de la excepción de incompetencia, la cual fue rechazada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero del mismo municipio y departamento, a través de Decreto de 31 de mayo de 2022; ante lo cual, formuló recurso de reposición que no fue resuelto hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR en parte la Resolución 210/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada;
2° Anular la providencia de 31 de mayo de 2022, dictada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, disponer que dicha autoridad en vía del saneamiento procesal proceda a la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes de Santa Cruz a objeto de la resolución de las cuestiones pendientes. 3° Denegar la tutela respecto a la falta de pronunciamiento respecto al recuso de reposición, conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Disponer que por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se NOTIFIQUE con el presente fallo a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para el ingreso de este fallo por la oficina de demandas nuevas para que la Jueza o Juez Público de Familia de turno del departamento de Santa Cruz, reúna en audiencia pública a Julia Gonzales y Gerardo Gutiérrez Soliz, ahondando los máximos esfuerzos para que superen sus diferencias patrimoniales en una audiencia conciliatoria; de no solucionarse, sea la misma autoridad familiar quien encamine la demanda familiar correspondiente hasta la decisión final con celeridad, respecto a los bienes patrimoniales de las partes señaladas, en equidad, igualdad y justicia de forma definitiva sin alegar insuficiencia u obscuridad de la ley, para el cese de toda violencia entre partes, por esos conflictos, salvo que hayan solucionado de forma definitiva sus diferencias patrimoniales y/o se encuentren en plena sustanciación ante la Autoridad de Familia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0293/2024-S3 Sucre, 7 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48423-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 210/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julia Gonzales contra Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 12 de junio de 2022, cursante de fs. 89 a 91 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Denunció que se encuentra ilegalmente procesada y sometida a un arresto domiciliario que restringe su derecho a la libertad, al ser juzgada en una jurisdicción ajena y ante “autoridad incompetente”; toda vez que, a raíz de una denuncia por maltrato interpuesta por su exesposo Gerardo Gutiérrez Soliz, fue arrestada y trasladada a la provincia de Warnes del departamento de Santa Cruz, pese a que fue quien realizó con anterioridad una primera denuncia contra el denunciante, en su antigua residencia, ubicada en la ciudad de La Paz; sin embargo, el prenombrado se fugó a la ciudad de Santa Cruz; posteriormente, en un supuesto intento de reconciliación fingido por su parte, provocó discusiones a las cuales reaccionó y actuó en defensa de su integridad. Señaló que, las presuntas lesiones causadas, sucedieron en la ciudad de Santa Cruz, en la calle Murillo y no así en la provincia Warnes; por ello, correspondía que la denuncia se realice en la ciudad de Santa Cruz, puesto que, ambos se encontraban fuera de su residencia, lugar donde se efectuó la denuncia, la cual fue rechazada por el Ministerio Público y encontrándose en etapa de objeción a la Resolución de rechazo. Alegó que, al encontrarse arrestada en la provincia Warnes, previamente a ser sometida a una audiencia de medidas cautelares, entre otras peticiones de defensa, su anterior abogada Esthefany Moreno Rivas interpuso excepción de incompetencia, habida cuenta, que ninguna de las reglas de competencia apuntaban a que este proceso se tramitaría en la provincia de Warnes; empero, dicha excepción nunca fue atendida, puesto que la autoridad judicial accionada no se pronunció respecto a dicha excepción, a su vez, al no haber podido llegar a la audiencia de apelación, por su delicado estado de salud, ya que tenía que trasladarse desde la ciudad de La Paz, la Resolución de Imposición de Medidas Cautelares apelada, fue confirmada en su contra. Refiere también que, a lo largo del proceso penal, cambió muchos abogados defensores y su última abogada patrocinante fue quien presentó corrección de Procedimiento por Defecto Absoluto en base al art. 168 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que la omisión de pronunciamiento de la excepción de incompetencia, es de previo y especial pronunciamiento, que conforme el art. 345 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en etapa de juicio, solo es posible la interposición de incidentes sobrevinientes y que la referida excepción de incompetencia, puede ser interpuesta por una sola vez. El Juez ahora accionado, dictó el Decreto de 31 de mayo de 2022, atribuyéndole la responsabilidad por la falta de pronunciamiento a la excepción de incompetencia, al haber concluido la etapa preparatoria del proceso penal, indicando que podía interponer esa excepción en juicio, aceptó que constituye una evidente lesión al debido proceso, generándole total inseguridad jurídica; puesto que, por mandato del art. 314 del Código adjetivo penal, las excepciones e incidentes se tramitan una sola vez, particularmente la excepción de incompetencia que según dispone el art. 402 del mismo instrumento legal, debió resolverse antes que otra excepción; razón por la cual, el 2 de junio del mismo año, formuló recurso de reposición; conforme acreditan las fotografías impresas del libro diario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia y de Sentencia Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no fue atendido. Finalmente, puntualizó que cumple detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, debiendo firmar su presencia en Warnes cada mes, pese a que el hecho denunciado sucedió en la ciudad de Santa Cruz; por lo que, resulta evidente que la autoridad judicial accionada, no tiene competencia para sustanciar el proceso penal en su contra, además de no considerar su delicado estado de salud, que por recomendación médica no puede realizar viajes constantes a la ciudad de Warnes; y que, su persona se encuentra protegida por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, puesto que anteriormente denunció violencia intrafamiliar, según la jurisprudencia de la SCP “17/2019- S2 de 13 de marzo”, debería ser juzgada bajo una “perspectiva de género”.
Señaló como lesionados, sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, sin citar ninguna norma constitucional.
Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) Que, la autoridad accionada se manifieste de forma positiva respecto al recurso de reposición planteado el 2 de junio de 2022, y se remitan obrados “al Juez Instructor” para que se pronuncie respecto a la excepción de incompetencia en el día; b) En caso que el Juez accionado, informe una supuesta atención al recurso de reposición y sea de forma negativa, se disponga que esa autoridad remita el caso ante la autoridad competente, para el pronunciamiento a su excepción de incompetencia; c) Se deje sin efecto el sorteo y radicatoria de la acusación fiscal y particular y d) Queden en suspenso las medidas cautelares entre tanto se resuelva la excepción de especial y previo pronunciamiento, que de ser resuelta conforme a derecho, derivará en la nulidad de obrados, o en su defecto en la anulación de obrados hasta el momento de la falta de pronunciamiento a la referida excepción.
Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 103 a 109 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por intermedio de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no ingresó a la audiencia virtual de acción de libertad, ni presentó informe escrito, pese a su legal notificación según consta en el formulario de notificación cursante a fs. 98 y vta.
El Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, mediante Resolución 210/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 110 a 114 vta., concedió la tutela impetrada, ordenó y conminó al Juez accionado en el plazo de veinticuatro horas de ser notificado, se pronuncie respecto al recurso de reposición que la accionante hubiera planteado, sea en sentido negativo o positivo, además de considerar los antecedentes que tiene bajo su cargo y responsabilidad, en caso de incumplimiento de una acción de defensa, de acuerdo al art. 127 de la Constitución Política del Estado (CPE), será la autoridad accionada la que determine si corresponde la remisión ante el Juez de Instrucción y se deje sin efecto el sorteo y radicatoria de la causa, tomando en cuenta que existe un control jurisdiccional; es decir, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en cuanto a la suspensión de la medida cautelar de detención domiciliaria, debe tomarse en cuenta que no alcanza al recurso de reposición, al no estar vinculado a la acción de libertad de pronto despacho, tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: Dentro del presente caso, se pudo verificar que no existe un pronunciamiento por parte del Juez accionado, quien asumió conocimiento de la causa en etapa de juicio, sobre el recurso de reposición interpuesto por la impetrante de tutela el 2 de junio de 2022, que implica una lesión al debido proceso, en cuanto a otorgar una respuesta oportuna de acuerdo a lo establecido en los arts. 115.II de la CPE, art. 401 y 402 del CPP, al no haber respondido el citado recurso en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto en el que fue interpuesto, yendo en contra del instituto de la acción de libertad en su vertiente innomativa de pronto despacho; por lo que, corresponde conceder la tutela, para que la autoridad judicial accionada, cumpla con su obligación de emitir pronunciamiento del recurso de reposición, ya que no se pueden dejar de forma indefinida y en incertidumbre los derechos que asisten a la accionante. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante solicitó determine la remisión a la autoridad competente en el plazo de veinticuatro horas, para un pronunciamiento respecto de la excepción de incompetencia, de lo contrario la autoridad accionada ratificará el Auto de 31 de mayo de 2022, lo que obligaría a la impetrante de tutela a concurrir a una audiencia donde no podrá interponer incompetencia, puesto que, por única una vez se puede formular dicha excepción, ello aplicando la perspectiva de género que indica que el razonamiento de las autoridades judiciales debe ser progresivo. El nombrado Juez de garantías, declaró que, su fundamento fue amplio en cuanto a los antecedentes y la carga probatoria ofrecida por la parte impetrante de tutela, para así ordenar a la autoridad accionada se pronuncie sobre el recurso de reposición y sea quien considere si corresponde o no la remisión de las actuaciones al “Juez Instructor” para el pronunciamiento de la excepción de incompetencia; por lo tanto, no puede desnaturalizarse el objeto de la acción de libertad, de por medio se tiene un recurso, sobre el cual el juez debe pronunciarse en el marco de los arts. 401 y 402 del CPP; en tal razón, no se incurrió en ninguna omisión que merezca una complementación, manteniéndose así la decisión asumida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Julia Gonzales -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 8 de noviembre de 2020, se efectuó audiencia de aplicación de medida cautelar en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, acto en el cual, la abogada Esthefany Moreno Rivas, defensora de la nombrada imputada, planteó incidente por conexitud de causas y excepción de incompetencia en razón del territorio, pidiendo la declinatoria de la causa, la Jueza de Instrucción Penal Primera del mismo municipio y departamento, señaló que la excepción debió ser planteada por escrito en mérito al art. 314 del CPP; sin embargo, le concedía la palabra y la misma se consideraría al dictar la correspondiente Resolución; posteriormente, la mencionada abogada ratificó verbalmente la excepción de incompetencia en razón de territorio y la declinatoria del proceso, manifestando que, de acuerdo a la declaración de la víctima, el hecho y objeto de la causa como ser una supuesta agresión, se hubiera producido en la ciudad de Santa Cruz y no así en la provincia Warnes, además, de existir un proceso anterior contra Gerardo Gutiérrez Soliz (denunciante) con Número de Registro Judicial (NUREJ): 20110203200582, en el cual la impetrante de tutela es denunciante en calidad de víctima. La nombrada autoridad declaró infundado el incidente de conexitud, alegando que no existiría similitud de partes en la denuncia que se pretende sea acumulada; seguidamente, la misma autoridad, determinó la aplicación de las siguientes medidas cautelares a la hoy accionante: 1) Fianza juratoria, consistente en la promesa de la imputada de someterse al proceso y no obstaculizar la averiguación de la verdad; 2) Obligación de presentarse ante el Juez de la causa cada semana a firmar el libro de control; 3) Prohibición de acercarse a la víctima, ya sea en su domicilio o trabajo; 4) Prohibición de salir del país, disponiendo su arraigo; 5) Detención domiciliaria, con permiso de salir a trabajar y por cuestiones de salud de horas 19:00 a 7:00; y, 6) Fianza personal de dos garantes solventes con domicilio conocido y patrimonio independiente, dicha Resolución fue apelada y concedida en el efecto no suspensivo (fs. 24 a 44 vta.). II.2. Cursa Acta de Audiencia de Apelación de aplicación de medidas cautelares de 8 de enero de 2021, en la que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó el Auto Interlocutorio 87/2020 de 8 de noviembre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del mismo departamento, aludiendo que, la parte apelante no se encontraba presente en la audiencia a efectos de fundamentar su recurso de apelación (fs. 45 a 46). II.3. Por memorial presentado ante Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, la solicitante de tutela planteó “CORRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO POR DEFECTO ABSOLUTO-ACTO OMITIDO.” (sic), pidiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, como ser la falta de pronunciamiento respecto a la excepción de incompetencia opuesta, por ser de previo y especial pronunciamiento, en consecuencia, se remitan obrados a la autoridad llamada por ley para el cumplimiento del acto omitido (fs. 47 a vta.). II.4. Mediante providencia de 31 de mayo de 2022, el Juez accionado, determinó lo siguiente: “la pretensión de la impetrante en esta etapa del proceso, que ya nos encontramos para la apertura del juicio oral, contraría el entendimiento de la SC 449/2011-R de 18 de abril, jurisprudencia que establece que la activación del proceso no solo es responsabilidad u obligación del Ministerio Público sino también de la persona imputada, quien ‘tiene el deber de realizar el seguimiento debido a su proceso, pues que el Juez tenga la obligación de cuidar de los vicios y otorgar el impulso procesal no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo y se limiten a ser receptores en un domicilio determinado para saber del proceso, ya que su rol también es activo y ello les impone apersonarse al proceso y ante cada instancia, lo que resulta elemental en el trámite, así cada parte se convierte en contralor de los actos del Juez y además eso le asegura una permanente alerta acerca de las pruebas de la parte contraria, tarea que no se le puede atribuir al Juez, esta actitud pasiva que adopta el acusado origina negligencia por parte del acusado en el proceso y por ende dilación en el proceso con la finalidad de evadir la pena’. En el caso concreto la impetrante a estas instancias del proceso recién advierte que su excepción de incompetencia en razón de territorio no fuese resuelto, pese a que lo habría planteado de manera oral en la audiencia de medidas cautelares de 8 de noviembre de 2020 y este aspecto es reclamado al suscrito Juez de sentencia por memorial de 16 de mayo de 2022, lo que denota una aceptación expresa sobre su desidia al no haber reclamado oportuna y reiteradamente que la juez cautelar se pronuncie sobre su pretensión procesal de manera pronta y oportuna; por lo que no resulta aceptable que después de concluida la etapa preparatoria con una acusación y después que en este juzgado se hayan agotado los actos preparatorios del juicio oral, con la notificación a la parte acusada en forma debida, se pretenda el retraimiento del proceso hasta una etapa procesal anterior (etapa preparatoria), más aún cuando conforme el art. 325 del CPP la juez de instrucción ya ha perdido toda competencia al haber remitido a este juzgado de sentencia el expediente por acusación. No obstante lo anterior, a fin de no vulnerar el derecho a la defensa ni a la igualdad, en la etapa de incidentes y excepciones del juicio oral la impetrante podrá plantear sus incidentes y/o excepciones sobrevinientes, incluyendo la excepción de incompetencia, si es que lo considera pertinente” (sic. [fs. 48 y vta.]).
II.5. A través de memorial presentado el 2 de junio de 2022, la hoy impetrante de tutela, interpuso recurso de reposición al Decreto de 31 de mayo del mismo año, emitido por la autoridad judicial ahora accionada (fs. 50 a 51).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica, alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Gerardo Gutiérrez Soliz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 8 de noviembre de 2020, su defensa interpuso excepción de incompetencia ante la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, siendo que los hechos denunciados se efectuaron en otro lugar; sin embargo, la citada autoridad no emitió un pronunciamiento sobre la misma; posteriormente, habiendo cambiado de defensa técnica, formuló corrección de procedimiento por defecto absoluto, alegando omisión de pronunciamiento de la excepción de incompetencia, la cual fue rechazada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero del mismo municipio y departamento, a través de Decreto de 31 de mayo de 2022; ante lo cual, formuló recurso de reposición que no fue resuelto hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Acorde al régimen establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 0528/2012 de 9 de julio, señala que: “El art. 125 de la CPE, establece la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está dirigido a proteger los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, cuando aquélla a consecuencia de la restricción a la libertad sea puesta en peligro, o en los casos en que la persona se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad. Respecto a su finalidad, esta acción está destinada a guardar la tutela a la vida, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso restituir el derecho a la libertad. Esta garantía jurisdiccional no se constituye en un medio alternativo o paralelo de la jurisdicción común, de modo que no tiene la finalidad de suplir las deficiencias e inoperancias de otras instancias que comprometan tales derechos, siendo su objetivo primordial la de brindar una protección inmediata y efectiva al derecho a la vida y a la libertad física y de locomoción, en aquellos casos en que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión debido a las acciones u omisiones de servidores públicos o particulares”.
La SCP 0585/2022-S2 de 22 de junio, mencionando la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, que a su vez citó la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, con relación a la reconducción o conversión de acciones constitucionales, señaló que: ‘“«…el intérprete advierta que los contenidos de la demanda se acomodan más a la tramitación de otra acción de defensa (acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional, acción popular) y de esta manera pueda, al amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales, economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, pro actione y iura novit curia, reconducir la tramitación de la acción de cumplimiento a un proceso de acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional o acción popular, atendiendo ciertos requisitos a ser desarrollados por la jurisprudencia constitucional en el caso específico, donde se advierta la necesidad de reconducir su tramitación a otro proceso constitucional». Precisamente son los principios antes mencionados que constituyen la razón primordial por la cual debe operarse la reconducción del proceso constitucional; así se tiene que, no obstante las acciones de defensa tienen delimitados sus requisitos de admisibilidad así como un procedimiento específico y que en su tramitación, según la naturaleza de la acción de defensa invocada, deben exigirse la concurrencia de formalismos que ayudan a preservar su naturaleza excepcional, ello no significa que deba darse prioridad a estas formalidades, entendidas como una unidad, por encima de la esencia misma del sistema de control tutelar cuyo fin primordial es el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo cual deberá extenderse la comprensión del alcance de exigibilidad de estos requisitos, a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales’. Así, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, al constatar que existía una evidente vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, pero el mismo equivocó la vía de reclamo; ‘…toda vez que en base a los principios de eficacia de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, favorabilidad, pro actione, iura novit curia y justicia material consagrado en nuestra Ley Fundamental, los actos denunciados por el agraviado merecen un pronunciamiento en el fondo por la jurisdicción constitucional…’. Con base en los antecedentes jurisprudenciales antes referidos, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, concluyó que la reconducción de acciones constitucionales: ‘…es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. Ahora bien, debe señalarse que, en estos casos, la justicia constitucional -jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional- deberá respetar la esencia de los hechos y del petitorio de la acción de defensa presentada, así como de los requisitos propios de la acción de defensa a la cual se reconduce, las causales de improcedencia de la misma y las excepciones que pudieran aplicarse, de tal modo que la reconducción decidida no suponga una sustitución del accionante, ni una lesión al derecho a la defensa del demandado. En ese sentido, de cumplirse con dichos requisitos, tanto los jueces y tribunales de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la evidente lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, pueden, de oficio, reconducir la acción de defensa interpuesta y pronunciar la resolución respectiva, dando efectividad, de esta manera, a los fines de la justicia constitucional’. Asimismo, respecto a la reserva de esta conversión a grupos que demanden una protección constitucional reforzada, la Resolución Constitucional arriba señalada, citando a la SCP 0617/2016-S2, sostuvo lo siguiente: ‘…en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada; en efecto, si bien es cierto que el ser humano -en general- es vulnerable por su misma naturaleza mortal, no es menos evidente distinguir elementos o grupos más vulnerables que otros, precisamente porque tienen disminuidas sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos y garantías, característica ésta que constituye una condición elemental para integrar a un colectivo en condiciones de clara desigualdad material en relación al colectivo mayoritario. En el contexto anterior, el grado de vulnerabilidad de las personas depende de distintos factores, ya sean estos físicos, económicos, sociales y políticos, de ahí que surge la necesidad de identificar grupos en mayor grado de vulnerabilidad para adoptar medidas que mitiguen los efectos de las lesiones a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones’” (énfasis añadido). Debiendo considerarse al respecto, que no resulta limitativo la reconvención de acciones tutelares solamente para los grupos descritos precedentemente, sino también en cuanto a las mujeres víctimas de violencia en cualquier ámbito, así como respecto a las mujeres víctimas en situación de violencia dentro de procesos penales, quienes igualmente constituyen un grupo que requiere protección constitucional reforzada; y por ello es factible de aplicar la conversión de acciones constitucionales.
La impetrante de tutela, activa la presente acción de libertad, denunciando que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancias de Gerardo Gutiérrez Soliz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no se pronunció respecto a la excepción de incompetencia en razón de territorio que formuló a través de su defensa en audiencia de consideración de medidas cautelares; por otra parte, habiendo interpuesto corrección de procedimiento por defecto absoluto en virtud que la excepción de incompetencia en razón de territorio opuesta no fue resuelta, siendo evidente la omisión de la Jueza antes señalada; asimismo, la autoridad judicial hoy accionada, rechazó su pretensión a través de Decreto de 31 de mayo de 2022, fallo contra el cual interpuso recurso de reposición, sin que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar fuera resuelto; en mérito a ello, solicitó se le conceda la tutela bajo los términos de su petitorio. De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente caso, nace a raíz de disputas de orden patrimonial, división y partición de bienes, entre la accionante y su exesposo, que debieron ser resueltas por la jurisdicción familiar de forma concluyente; empero, al no existir esa solución definitiva, los conflictos patrimoniales decantaron en procesos penales, entre partes, cuando se entiende que la vía penal es de última ratio; la hoy accionante, sostiene que su persona presentó con anterioridad una denuncia penal realizada contra su exesposo, por la comisión del delito de violencia familiar, en su antigua residencia (ciudad de La Paz), en la que se le dio medidas de protección para evitar el contacto entre ambas partes, las cuales no fueron efectivas implicando así falta de diligencia por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de dichas medidas; sin embargo, existiendo medidas de protección, la accionante fue denunciada por su expareja, también por la presunta comisión del delito de violencia familiar, activándose otro proceso penal, lo cual verifica la ineficacia de las medidas de protección dadas en el proceso por violencia familiar en favor de la víctima Julia Gonzales. Respecto a la acción de libertad, por su naturaleza, cuando se denuncian vulneraciones al debido proceso que no tienen un nexo directo con la restricción a la libertad física, no pueden ser objeto de tratamiento mediante acción de libertad; tomando en cuenta, que este caso se trata de una mujer que se encuentra procesada por la supuesta comisión del tipo penal de violencia familiar, y que, de los antecedentes antes descritos, al ser parte de un grupo vulnerable, corresponde en aplicación del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la reconducción de esta acción tutelar a una acción de amparo constitucional, al advertir que evidentemente las acciones denunciadas vulneraron su derecho al debido proceso. Ahora bien, dentro del presente caso, la denuncia presentada por la accionante se basa en la omisión de Resolución a la excepción de incompetencia interpuesta por Julia Gonzales, misma que es de previa y especial pronunciamiento; en ese sentido, establecido el problema jurídico planteado, de la revisión de antecedentes se tiene que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares realizada el 8 de noviembre de 2020, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ésta por intermedio de su defensa, interpuso incidente por conexitud de causas y excepción de incompetencia en razón de territorio, pidiendo la declinatoria de la causa por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, alegando que según la declaración prestada por la víctima, el hecho y objeto de la causa como ser una supuesta agresión se hubiera producido en la ciudad de Santa Cruz y no así en la provincia Warnes; ante ello, la nombrada autoridad judicial únicamente resolvió el incidente de conexitud, declarando infundado; puesto que, no se identificó un pronunciamiento respecto a la excepción de incompetencia en razón de territorio; posteriormente, en el mismo acto procesal, por Auto Interlocutorio 87/2020 de 8 de noviembre, se impuso medidas cautelares a la accionante, consistentes en: Fianza juratoria, presentación semanal ante el Juzgado para firmar el libro de control, prohibición de acercarse a la víctima y de salir del país (arraigo), Detención Domiciliaria con permiso laboral y para recibir atención médica; y, Fianza personal, decisión que fue recurrida en apelación, habiéndose concedido el recurso en el efecto no suspensivo (Conclusión II.1). Mediante Auto de Vista de 8 de enero de 2021, pronunciado en audiencia de apelación y aplicación de medidas cautelares, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó el fallo apelado, alegando la ausencia de la parte recurrente en la audiencia a efectos de fundamentar su recurso de apelación (Conclusión II.2). Posteriormente, la solicitante de tutela formuló “CORRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO POR DEFECTO ABSOLUTO- ACTO OMITIDO” (sic), ante el Juez ahora accionado, impetrando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, ante la omisión de un pronunciamiento a la excepción de incompetencia que opuso, la cual es de previa y especial emisión y se ordene la remisión de obrados al Juez cautelar y se cumpla con el pronunciamiento extrañado (Conclusión II.3), petición que fue negada a través de providencia de 31 de mayo de 2022 (Conclusión II.4); contra ese decreto la accionante el 2 de junio de ese año planteó recurso de reposición (Conclusión II.5). En este contexto, de acuerdo a lo expresado en la demanda de acción de libertad, el reclamo constitucional efectuado por la parte accionante deviene de una omisión en el pronunciamiento a la excepción de incompetencia que interpuso, por parte de la autoridad judicial que se encontraba a cargo del control jurisdiccional en etapa preparatoria del proceso penal en su contra y el rechazo a su solicitud de corrección de procedimiento por defecto absoluto por el Juez accionado sin corregir la omisión de pronunciamiento de la excepción formulada antes de la imposición de medidas cautelares, lo que derivaría en que continúe cumpliendo detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, con la obligación de firmar mensualmente en Warnes en el libro de registros del Juzgado, pese a ser juzgada en una jurisdicción ajena y ante una autoridad incompetente, puesto que el hecho denunciado sucedió en la ciudad de Santa Cruz; además, de no tomar en cuenta su delicado estado de salud, puesto que por recomendación médica no puede realizar viajes constantes a Warnes. En este sentido, como se expuso precedentemente, la impetrante de tutela, en audiencia de aplicación de medidas cautelares antes que las referidas medidas le sean impuestas, presentó excepción de incompetencia en razón de territorio, alegando que los hechos denunciados se suscitaron en la ciudad de Santa Cruz y no así en la provincia de Warnes, recurso del cual luego de la revisión del Acta de Audiencia descrita en la Conclusión II.1, no se identificó que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, haya resuelto la misma, habida cuenta que solo se pronunció sobre un incidente interpuesto paralelamente; por otra parte, ante la formulación de un incidente de corrección de procedimiento por defecto absoluto, resolviendo el mismo la autoridad judicial ahora accionada, pronunció providencia estableciendo que la hoy solicitante de tutela, recién acudió con su reclamo después de concluida la etapa preparatoria y cuando el proceso tiene acusación, además en el Juzgado se agotó todos los actos preparatorios del juicio oral, sin que haya exigido oportuna y reiteradamente que la Jueza cautelar se pronuncie sobre su pretensión procesal, Autoridad que habría perdido competencia al haber remitido al Juzgado de Sentencia el expediente con acusación; a su vez, refirió que con la finalidad de no lesionar su derecho a la defensa, la impetrante de tutela podría plantear sus incidentes y/o excepciones sobrevinientes, incluyendo la excepción de incompetencia en juicio oral. Se resalta que el control jurisdiccional de toda causa penal, incumbe a la garantía de respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, en cualquiera de sus etapas inclusive en la fase de juicio oral; es decir, implica el deber de toda autoridad jurisdiccional que lo ejerce, el garantizar que el proceso penal se sustancie en el marco del respeto de los derechos y garantías de las partes, bajo ese entendimiento, el criterio adoptado por el Juez accionado en la providencia antes descrita, no resulta admisible, pues la referida autoridad al tomar conocimiento de la causa penal, asumió el control jurisdiccional de la misma; por lo que, no se puede consentir que dicho Juez haya radicado el proceso sin que previamente exista una Resolución a la excepción de incompetencia por la Jueza de Instrucción, que por su naturaleza jurídica es de previo y especial pronunciamiento por su finalidad de sanear el proceso; omisión que, genera a la accionante una incertidumbre en cuanto a su situación jurídica.
Consiguientemente, se verificó que la autoridad judicial accionada, no realizó el control jurisdiccional que debía ejercer y en su caso disponer la devolución del expediente a la autoridad que inicialmente ejerció el control jurisdiccional, por existir precisamente una excepción pendiente de resolución; omisión que, a su vez derivó en avalar la falta de resolución de un medio de defensa por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, cuando su deber es sanear el referido proceso, en apego a lo establecido en el art. 168 del CPP (Corrección): “Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumplimiento el acto omitido”, precepto concordante con el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que textualmente establece : “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley” (negrillas añadidas). A mayor abundamiento, la SCP 0077/2019-S3 de 15 de marzo, estableció que: “Por otro lado, en observancia de la finalidad previsora que debe contener todo fallo constitucional, debemos señalar que ante la eventualidad de que el juez o tribunal de sentencia, devuelva obrados al juzgado de instrucción por saneamiento procesal de la etapa preparatoria, debe determinar con precisión en su resolución los actos observados o a sanearse; a efectos de que la competencia sea ejercida únicamente para saneamiento de los puntos que manda la indicada decisión, que necesariamente debe recaer en actuados anteriores a la presentación de la acusación fiscal, en razón a que los jueces de instrucción ejercen control jurisdiccional en la etapa preparatoria”. Por los argumentos precedentes, esta Sala, arriba a la conclusión que corresponde conceder la tutela en parte, anulando la providencia de 31 de mayo de 2022, dictada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz y disponer que dicha autoridad en vía del saneamiento procesal proceda a la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Primero del mismo municipio y departamento, a objeto de la resolución de las cuestiones pendientes. Finalmente, se debe puntualizar que la denuncia por falta de pronunciamiento al recurso de reposición contra la providencia antes mencionada, no amerita mayor análisis en mérito a la anulación de dicho acto y la tutela brindada.
Otras consideraciones
Como se advirtió previamente, el presente caso nace a raíz de disputas de orden patrimonial, división y partición de bienes, entre la accionante y su exesposo, que debieron ser resueltas por la jurisdicción familiar; sin embargo, la ahora accionante sostiene que su persona presentó con anterioridad una denuncia realizada en contra de su exesposo, precisamente por la comisión de violencia familiar, en su antigua residencia (la ciudad de La Paz), en la que existían medidas de protección para evitar el contacto entre ambas partes, las cuales que no fueron efectivas, que implica la falta de diligencia para que estas medidas fueran efectivas por parte del Estado, toda vez que, ahora la accionante fue denunciada por su expareja, también por la presunta comisión del delito de violencia familiar, activando otro proceso penal. Ante tales circunstancias, es necesario advertir que es obligación del Estado el reforzar sus esfuerzos para proteger a las mujeres en estado de violencia, se tiene que del punto 156 del “informe de Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), textualmente advierte que: “La discriminación y violencia por razones de género a las que mujeres y las personas LGBTI han estado sujetas históricamente, motivó la adopción la despatriarcalización como política de Estado bajo la nueva constitución. Este concepto se refiere al proceso destinado a desmontar el sistema de dominio del hombre respecto a la mujer. Sin embargo, persisten las altas cifras de violencia de género, especialmente de feminicidios, violencia sexual, y violencia intrafamiliar o doméstica”. En ese sentido, todo caso que involucre violencia de género, debe tener una especial atención por parte del Estado, tal y como estableció la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, textual: (…) las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. La debida diligencia reforzada es un estándar jurídico elevado que exige a los Estados y a los órganos jurisdiccionales actuar con mayor rigor y eficacia en la protección de los derechos humanos, especialmente en casos de vulnerabilidad extrema o discriminación sistemática, este principio, implica que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias, sin demora y con atención especial, para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, asegurando que no haya impunidad. La CIDH a establecido que la debida diligencia reforzada es fundamental en contextos de violencia de género, donde las mujeres enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia (CIDH, 2014), este estándar exige que los estados no solo respondan de manera adecuada ante las denuncias de violencia, sino también implementen políticas y prácticas que prevengan la concurrencia de estos actos; consecuentemente, en la igualdad de partición de bienes en casos de separación o divorcio sea justa y equitativa, este principio, es esencial para prevenir y proteger los derechos humanos de las mujeres conforme a los principios del nuevo constitucionalismo y los estándares internacionales de derechos humanos (ONU Mujeres, 2011). Consiguientemente, se concluye que la jurisdicción constitucional tiene el deber de prevenir, en la medida de lo posible, la generación de violencia contra de las mujeres y grupos vulnerables, en el caso concreto se tiene a una mujer y un hombre adultos mayores, que ante sus discrepancias de tipo patrimonial, estas no se aparten de tal origen, llevando su problemática al ámbito penal, que es de última ratio; por lo que, concierne que dicha problemática se agote en la vía familiar, para garantizar una vida libre de violencia, armoniosa y con paz a través de soluciones definitivas, es imperioso el cese de la revictimización en relación a la mujer víctima hoy accionante que cuenta con medidas de protección y por prevención, en un extremo evitar que se suscite una cifra más de feminicidio, corresponde la debida diligencia reforzada, garantizando la atención efectiva al origen del conflicto entre partes en la jurisdicción familiar. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela, con otros fundamentos y términos, no actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR en parte la Resolución 210/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada;
2° Anular la providencia de 31 de mayo de 2022, dictada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, disponer que dicha autoridad en vía del saneamiento procesal proceda a la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes de Santa Cruz a objeto de la resolución de las cuestiones pendientes. 3° Denegar la tutela respecto a la falta de pronunciamiento respecto al recuso de reposición, conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Disponer que por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se NOTIFIQUE con el presente fallo a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para el ingreso de este fallo por la oficina de demandas nuevas para que la Jueza o Juez Público de Familia de turno del departamento de Santa Cruz, reúna en audiencia pública a Julia Gonzales y Gerardo Gutiérrez Soliz, ahondando los máximos esfuerzos para que superen sus diferencias patrimoniales en una audiencia conciliatoria; de no solucionarse, sea la misma autoridad familiar quien encamine la demanda familiar correspondiente hasta la decisión final con celeridad, respecto a los bienes patrimoniales de las partes señaladas, en equidad, igualdad y justicia de forma definitiva sin alegar insuficiencia u obscuridad de la ley, para el cese de toda violencia entre partes, por esos conflictos, salvo que hayan solucionado de forma definitiva sus diferencias patrimoniales y/o se encuentren en plena sustanciación ante la Autoridad de Familia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0293_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): d8dbd669bd8944472130671f50d9372793114bac57566b14168045f5b746d26a
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