Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al acceso a la justicia; toda vez que, el 26 de enero de 2023, al visitar a su esposo -quien se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz- descubrió la existencia de una cámara en el interior de la celda; y, que, posteriormente, cuando intentó abandonar el Centro Penitenciario para formular la denuncia correspondiente, no se le permitió salir desde aproximadamente horas 17:30, impidiéndole, además, comunicarse con sus familiares y abogados.
Ante ello, el demandado no emitió informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación de los hechos denunciados; y, 2° Disponer que, por Secretaria General de este Tribunal, se remita una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Ministerio de Gobierno y al Régimen Penitenciario, a efecto de que adopten medidas de control que garanticen el respeto a la dignidad, intimidad y vida familiar en los establecimientos penitenciarios.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53621-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fátima Alejandra Jordán Bravo contra Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 6, la accionante manifiesta lo siguiente:
El Ministerio Público sigue un proceso penal contra Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz -su esposo-, por la presunta comisión del delito de terrorismo. El 28 de diciembre de 2022, pese a cooperar con la investigación, el nombrado fue aprehendido de forma ilegal y trasladado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. A su vez, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó Resolución de Ampliación de Imputación Formal 135/2022 -no indica fecha ni delito-; en consecuencia, por Auto Interlocutorio 473/2022 de 29 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -de turno-, dispuso su detención preventiva, por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del citado departamento. El 18 de enero de 2023, su defensa técnica puso en conocimiento de la autoridad fiscal las irregularidades sufridas en cumplimiento de la detención preventiva -como la falta de atención médica-; al no obtener respuesta, acudió al Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del citado departamento, quien declinó competencia en razón de materia, estando la causa para sorteo; es decir, sin control jurisdiccional. En dicho contexto, el 26 de enero de 2023 visitó a su esposo, momento en el que advirtieron la existencia de una cámara escondida en el interior de su celda, lo cual es inaceptable y lesivo a los derechos a la intimidad, privacidad y dignidad del nombrado, los suyos y de quienes lo visitan, entre ellos sus hijos, incluido un menor de edad. Aproximadamente una hora después, se hizo presente en la celda Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz -demandado-, quien indicó a su esposo que iba a mejorar las condiciones en las que se encontraba detenido; al efecto, concedería más tiempo de visita a sus allegados, familiares y abogados; dado que “ahora” se vivía en democracia. Con relación a la cámara, indicó que era un tornillo; sin embargo, al excavar se pudo verificar su existencia y cableado, lo cual también fue advertido por el guardia de la puerta de la celda, el médico de turno y otros funcionarios policiales, incluso se procedió a tomar fotografías. Dados los referidos hechos ilegales, su persona intentó salir del aludido Centro Penitenciario para sentar la denuncia correspondiente; sin embargo, por instrucciones de las autoridades de Régimen Penitenciario, no la dejaron abandonar el lugar desde las 17:30, restringiendo su libertad e impidiéndole comunicarse con sus abogados, familiares y la prensa que se encontraban fuera.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al acceso a la justicia; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene al demandado: a) Abstenerse de limitarle cualquier forma de ingreso y salida -se entiende del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz-, bajo advertencia de remitir antecedentes al Ministerio Público por la comisión de los delitos de privación de libertad e incumplimiento de deberes; y, b) Evite realizar cualquier tipo de hostigamiento dentro y fuera del indicado Centro Penitenciario contra su persona.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de sus abogados y por sí, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) En el marco de la SCP 1068/2015 de 3 de noviembre, ante la no presentación del informe del demandado, corresponde aplicar la presunción de veracidad; y, 2) Como hija, madre, amiga y mujer, se siente indignada con lo acontecido; toda vez que, no otorgó su consentimiento -se entiende para ser grabada- en la intimidad de la celda de su esposo, la cámara debió estar en funcionamiento por más de veinte días; sin embargo, el demandado la acusó de haberla introducido ella, lo cual es inaceptable e indignante y se agrava cuando se niegan a recibir su denuncia -no indica la instancia-.
Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 8.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 10 a 13 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el demandado otorgue a la accionante todas las garantías necesarias establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; al efecto, viabilice su ingreso y salida del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz; con base en los siguientes fundamentos: i) El Estado emitió la citada Ley, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de derechos para vivir bien; siendo prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres; ii) El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y el art. 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém do Pará), establecen que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre dicha materia; iii) La accionante fue retenida por más de doce horas en el señalado Centro Penitenciario por instrucciones del demandado; asimismo, la nombrada refiere que nunca autorizó menos consintió una grabación de su visita al interior de la celda asignada a su esposo en el indicado Centro Penitenciario, hecho que ocurrió por más de veinte días a partir de la privación de libertad de su esposo, lo que lesionó su derecho a la privacidad, intimidad, honra y dignidad, aspecto que fue puesto a conocimiento del demandado, quien evidenció su existencia real, estando empotrada en la pared y conectada a unos cables; lo que provocó tome represalias contra la accionante por intentar denunciar ese hecho, tachándola de mentirosa y sindicando que pudo ser ella quien puso la cámara; iv) Por instrucciones del demandado, funcionarios policiales de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz retuvieron a la impetrante de tutela, coartando de manera ilegal y abusiva su derecho de libre locomoción, hecho reprochable y repudiable en un estado de derecho; y, sin considerar su condición de mujer, lo que la hace acreedora de protección reforzada al pertenecer a un grupo vulnerable; y, v) El demandado, a la fecha, no realizó las gestiones a su cargo para que se esclarezca el hecho denunciado ni sancionó a los responsables, incumpliendo sus deberes en el marco de la Ley 348.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 25 a 29), ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Versátil Digital (DVD) que muestra de forma digital publicaciones de medios de comunicación, cuya portada aluden a que, en la celda de Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se encontró instalada una cámara espía -se entiende el 26 de enero de 2023-; que se le instó a no presentar denuncia al respecto; y, que fue rechazada la denuncia de acoso sexual pretendida por el nombrado (fs. 2).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al acceso a la justicia; toda vez que, el 26 de enero de 2023, al visitar a su esposo -quien se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz- descubrió la existencia de una cámara en el interior de la celda; y, que, posteriormente, cuando intentó abandonar el Centro Penitenciario para formular la denuncia correspondiente, no se le permitió salir desde aproximadamente horas 17:30, impidiéndole, además, comunicarse con sus familiares y abogados.
Ante ello, el demandado no emitió informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE establece que toda persona que considere que su vida está en peligro o que se encuentra indebidamente privada de libertad podrá interponer acción de libertad, a fin de obtener tutela inmediata frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias; en este sentido, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre sostuvo que: “…el habeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana…”, buscando evitar el: “...agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”. A su vez, la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre sostuvo que: “…procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana”. En este sentido, se tiene lo establecido en los arts. 74.I de la CPE; y, 5, 6, 9, 21 y 84 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que reconoce el deber del Estado de garantizar a las personas privadas de libertad el respeto de sus derechos fundamentales, debiendo asegurar condiciones compatibles con la dignidad humana, ello se entiende porque es responsable del control y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios concordante con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que, en sus Reglas 1, 58 y 60, entiende que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad inherente, debiendo mantenerse los vínculos familiares y realizarse las visitas en condiciones compatibles con la dignidad humana. En tal contexto, la instalación de dispositivos de vigilancia dentro de una celda que no cumplen el principio de legalidad desarrollado en el art. 109.II de la CPE, cuando en dicho espacio se desarrollan actividades propias de la vida conyugal, constituye una injerencia arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y las Reglas Nelson Mandela, tanto del privado de libertad como la de su cónyuge, situación en la cual se activa la acción de libertad “correctiva”, en la medida en la que implica el agravamiento de las condiciones de la detención de los privados de libertad y sus cónyuges.
De la revisión del memorial de acción de libertad, se advierte que la accionante denuncia que, al visitar a su esposo -quien se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz-, descubrió la existencia de una cámara en el interior de la celda; y, que, al intentar abandonar el Centro Penitenciario para formular la denuncia correspondiente, aproximadamente a horas 17:30, se le impidió salir del establecimiento por instrucciones atribuidas al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz -demandado-, sin que exista constancia de orden legal que respalde dicha restricción. Asimismo, se le impidió comunicarse con terceros mientras que el demandado no presentó informe ni compareció a la audiencia, por lo que no aclaró lo denunciado. Ahora bien, la accionante se encontraba dentro de un establecimiento penitenciario bajo control estatal, en el marco de una visita conyugal, circunstancia que forma parte del ámbito protegido de la vida familiar e íntima que el Estado debe respetar incluso en contextos de detención. Bajo esa comprensión, la denuncia relativa a la existencia de un dispositivo de vigilancia instalado en el interior de la celda no resulta un hecho irrelevante, pues, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las medidas de control dentro de establecimientos penitenciarios deben limitarse a lo estrictamente necesario y no pueden implicar injerencias arbitrarias en la vida conyugal y/o sexual de las personas privadas de libertad ni de quienes mantienen contacto con ellas. Tratándose de espacios en los que pueden desarrollarse visitas familiares o conyugales, la instalación de mecanismos de vigilancia no autorizados afecta gravemente la dignidad, la intimidad personal y la vida sexual tanto del detenido como su cónyuge, derechos que, aun en situación de detención, no desaparecen y solo pueden ser restringidos en la medida estrictamente necesaria y conforme a la ley. En ese contexto, el hecho de que la accionante haya intentado abandonar el Centro Penitenciario con la finalidad de denunciar la existencia de dicho dispositivo, y que se le hubiera impedido salir sin orden legal que lo justifique, permite establecer que la restricción de su libertad de locomoción se produjo en una situación directamente vinculada al ejercicio de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado y por los estándares internacionales, lo que refuerza el carácter arbitrario de la limitación denunciada y que debe investigarse y aclararse.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación de los hechos denunciados; y, 2° Disponer que, por Secretaria General de este Tribunal, se remita una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Ministerio de Gobierno y al Régimen Penitenciario, a efecto de que adopten medidas de control que garanticen el respeto a la dignidad, intimidad y vida familiar en los establecimientos penitenciarios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0292_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 65973b127434ff3b8e002ba5542d9327434114173961accf812f336282706fa9
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