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SCP 0292/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53909-2023-108-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y valoración de la prueba; debido a que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas, el Vocal demandado: 1) Agravó su situación jurídica emitiendo el Auto de Vista de 30 de enero de 2023 ultra petita que determinó la vigencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, que no fue invocado; y, 2) Omitió valorar las pruebas presentadas en la audiencia ante la autoridad de instancia, precisando entre ellas la prueba sobre su estado de embarazo, por lo que se emitió una resolución carente de motivación y fundamentación.

Ante ello, el Vocal demandado señala que el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP sigue vigente, ya que la Resolución que lo desvirtuó fue revocada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 248 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el alcance de la acción de amparo constitucional y la motivación de las resoluciones de medidas cautelares
  2. III.2. Los derechos a la salud y a la vida en cuanto a la debida asistencia en los centros penitenciarios
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 53909-2023-108-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 009/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 248 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Melina Chávez Peredo contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 174 a 182, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de octubre de 2022, el Ministerio Público inició una acción penal en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, ya que supuestamente fue encontrada con cuatro kilos de cocaína en la carretera San Cristóbal Culpina “K” de la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.

En ese contexto, fue imputada formalmente y, posteriormente, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí determinó su detención preventiva al cumplirse los requisitos previstos por el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concurriendo los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del citado Código.

Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental en aplicación del art. 251 del CPP y, en audiencia sustanciada ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí el 9 de noviembre de 2022, se determinó la vigencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del referido Código.

Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que fue resuelta en audiencia de 5 de diciembre de 2022, rechazando la solicitud al desvirtuarse solamente el art. 234.7 del CPP, estableciendo que su persona no es un peligro para la sociedad conforme a los elementos de prueba presentados ante el Juez de la causa, por lo que, se mantuvo vigente el art. 235.2 de la norma Adjetiva Penal; contra dicha determinación, el Fiscal de Materia planteó recurso de apelación incidental, que el 21 de diciembre de 2022, fue declarado improcedente por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Con dichos antecedentes, solicitó nuevamente la cesación de la detención preventiva que, por razón de territorio, fue resuelta por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Técnico Primera de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 18 de enero de 2023, por el cual rechazó su petición sin mencionar el art. 234.7 del CPP “…ya que el mismo no estaba vigente…” (sic).

En ese entendido, planteó recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio, mismo que fue resuelto mediante Auto de Vista de 30 de enero de 2023, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado-, que confirma la Resolución de primera instancia; sin embargo, este último agravó su situación jurídica, ya que refiere que estaría vigente el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, contradiciendo el Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, por lo que fue emitida una resolución ultra petita, que no valora las pruebas presentadas en la audiencia cautelar y que carece de una debida motivación y fundamentación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115, 117 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 30 de enero de 2023 y; b) Se dicte una nueva resolución con base en los antecedentes del proceso, realizando una correcta valoración, motivación y fundamentación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 240 a 247 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) En audiencia de 5 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí determinó que el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP estaba desvirtuado al presentarse extracto de todas las instituciones bancarias, certificado de migración y fundarse su inconcurrencia con base a lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1173/2016” y “0535/2014”; y, 2) Se hizo conocer a la Jueza de la causa en audiencia de cesación a la detención preventiva sobre su estado de embarazo riesgoso, omitiendo el Vocal demandado la valoración de la prueba presentada, en ese entendido, perdió a su bebé el 13 de febrero de 2023, por lo que solicita que se emita nueva resolución con el pronunciamiento sobre la pérdida que sufrió.

Corrida en traslado la prueba presentada por el Vocal demandado, refirió que, si bien la resolución emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí establece que hay una mejora sustancial sobre el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, debe interpretarse a favor de la imputada, por lo que, está desvirtuado el mismo. Por otro lado, al obtenerse la prueba del sistema, emerge de un acto ilegal.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de garantías, señaló que: i) El abogado de la accionante busca generar errores en la administración de justicia, ya que el riesgo contenido en el art. 234.7 del CPP se encuentra plenamente vigente conforme al Auto de Vista 149/2022 de 9 de noviembre, el cual tomó en cuenta la naturaleza del hecho y no así antecedentes de orden criminal, aspecto que no fue cuestionado en la audiencia de apelación de medida cautelar; ii) La prueba presentada por la impetrante de tutela en la mencionada audiencia no se adecúa a la sistemática prevista por el art. 239.1 del CPP; iii) Respecto a la salud de la imputada, la prueba presentada no acreditó la dimensión expresada, ya que se identificó que había embarazo y algún tipo de dolencias. Para este tipo de casos, se tiene como garante al responsable de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario; asimismo, el abogado debió acudir ante el juez de ejecución penal; y, iv) No es evidente la reforma en perjuicio denunciada, por lo que adjunta las actas mencionadas por la accionante correspondientes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 009/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 248 a 252 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista de 30 de enero de 2023 cuestionado, hizo mención al art. 234.7 del CPP debido a que, previamente, el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó que el mencionado riesgo sigue vigente; b) Respecto al art. 235.2 del mencionado Código, el Vocal demandado refiere que la accionante podría influir en mayor cantidad de personas debido a que no solo existen cuatro testigos, sino un quinto testigo que es funcionario de salud; c) El Vocal demandado explicó en el Auto de Vista que el flujo migratorio y, la inexistencia de depósitos de dinero en bancos, etc., son ajenos a los motivos que fundaron los riesgos y que, si bien el anterior Auto de Vista exigió alguna documental previamente, ese criterio no es vinculante; d) El Vocal demandado fundamentó legalmente su decisión para mantener la detención preventiva en los arts. 235.2 y 234.7 del CPP, además de la probabilidad de autoría; y, e) Conforme a la SCP 1030/2016-S3 de 28 de septiembre, no corresponden mayores argumentos o fundamentos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene Requerimiento Conclusivo de Imputación Formal de 27 de octubre de 2022, por la que Esteban Condori Mamani, Fiscal de Materia, imputa formalmente a “Melisa” -siendo lo correcto Melina- Chávez Peredo -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 31 a 35 vta.); asimismo, por Auto Interlocutorio de consideración de medidas cautelares de 28 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, determina la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela por la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP (fs. 53 a 56).

II.2. A través de Auto de Vista 149/2022 de 9 de noviembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, habiéndose desvirtuado los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1 y 2 del CPP (fs. 65 a 68).

II.3. Por Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, respecto al art. 234.7 del CPP refiere que “…siendo que no tienen ningún otro antecedente, en su contra (…) se declara que está desvirtuado el numeral 7° del artículo 234…” (sic [fs. 88 a 91 vta.]). Dicha determinación fue apelada por el Ministerio Público, emitiéndose el Auto de Vista 175/2022 de 15 de diciembre, mediante el cual, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación, manteniendo vigente solo en parte el mencionado riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, alegando que solo existió una mejora sustancial de dicho riesgo “…entendiéndose que solo existiría la otra circunstancia referida a lo que señala el Auto de Vista Nº 149/2022…” (sic [fs. 228 a 230 vta.]).

II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por la ahora accionante, refiriendo -entre otros extremos- lo siguiente: “… todavía está pendiente de decisión la anterior audiencia de medida cautelar, entonces una vez se resuelva esta situación todavía tiene que dilucidarse la situación de la consideración que ha hecho el presente suscripto de desvirtuar el número 7° del artículo 234…” (sic [fs. 99 a 101]). Dicha Resolución fue apelada por la ahora accionante, dando lugar al Auto de Vista 187/2022 de 21 de diciembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí que declara improcedente el recurso de apelación (fs. 153 a 155).

II.5. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL” (sic) de 18 de enero de 2023, en la que se consideró la cesación de la detención preventiva de la ahora accionante, habiéndose presentado como prueba un informe ecográfico obstétrico de 3 de enero de 2023, emitido por Walter Calle Aracena (fs. 156 a 158 vta. y 122 a 123).

II.6. Mediante Auto Interlocutorio de 18 de enero de 2023, emitido por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Uyuni del departamento de Potosí, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por la impetrante de tutela, subsistiendo el art. 235.2 del CPP; siendo la misma, objeto de apelación incidental (fs. 159 a 161).

II.7. Consta Auto de Vista de 30 de enero de 2023, por el que Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandado-, declara improcedente el recurso de apelación incidental al subsistir los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 171 a 173 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y valoración de la prueba; debido a que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas, el Vocal demandado: 1) Agravó su situación jurídica emitiendo el Auto de Vista de 30 de enero de 2023 ultra petita que determinó la vigencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, que no fue invocado; y, 2) Omitió valorar las pruebas presentadas en la audiencia ante la autoridad de instancia, precisando entre ellas la prueba sobre su estado de embarazo, por lo que se emitió una resolución carente de motivación y fundamentación.

Ante ello, el Vocal demandado señala que el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP sigue vigente, ya que la Resolución que lo desvirtuó fue revocada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el alcance de la acción de amparo constitucional y la motivación de las resoluciones de medidas cautelares

El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Uno de los derechos protegidos por la referida acción tutelar es el debido proceso previsto por el art. 115 de la Norma Suprema, que tiene entre sus vertientes a la motivación de las resoluciones. Respecto a la materialización de este derecho en resoluciones que determinan medidas cautelares, la SC 0782/2005-R de 13 de julio estableció que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Los derechos a la salud y a la vida en cuanto a la debida asistencia en los centros penitenciarios

La SCP 0257/2012 de 29 de mayo, refiere respecto al tópico: “De lo expresado y respecto a la protección del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, que adolezcan de problemas de salud, en principio establecer de que es posible su detención, sin embargo existen mecanismos para salvaguardar su derecho a la vida; así se tiene que, el art. 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece la existencia de un servicio de asistencia médica que debería funcionar las veinticuatro horas del día en cada establecimiento penitenciario, el cual se encuentra a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y funcionalmente de la administración penitenciaria; de igual manera el art. 92 del mismo cuerpo legal establece la posibilidad para que, cuando el médico constate la necesidad de un tratamiento especializado por parte del interno, éste pueda ser trasladado a un centro hospitalario, previo informe y recomendación al Juez de Ejecución Penal; por último, el art. 94 de la ya mencionada Ley, contempla la posibilidad de que en casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentra a cargo, ordenará el traslado del interno a un centro de salud, sin embargo es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución” (las negrillas son añadidas). Sin embargo, las autoridades jurisdiccionales no pueden razonar de forma abstracta, ignorando las limitaciones económicas y la realidad carcelaria de Bolivia; en este sentido, en caso que se presenten certificados médicos que establezcan que la persona privada de libertad padece de enfermedades graves o en caso de mujeres embarazadas con estado de gravidez o de riesgo, en el cual conste la necesidad de atención especializada, a solicitud de parte o de oficio, puede disponer la emisión de un informe médico en el cual conste si las condiciones médicas existentes en ese centro penitenciario son suficientes para satisfacer la atención médica requerida y/o si se encuentra cerca de un establecimiento de salud que atienda urgencias; informe que, en su caso, permitirá al juez o tribunal adoptar, conjuntamente a la orden de detención preventiva, las medidas correctivas correspondientes, sea antes de la detención preventiva o de forma posterior, modificando las condiciones de la medida a efectos de preservar la dignidad, la salud y el derecho a la vida de la persona detenida preventivamente. Por consiguiente, en los casos en los que se ordene la detención preventiva de personas que acrediten padecer una enfermedad o afectación a la salud que ponga en riesgo su derecho a la vida o en casos de mujeres embarazadas con peligro de aborto o con embarazo de alto riesgo, y requiera tratamiento especializado o, en su caso, atención médica hospitalaria; la respuesta del juez o tribunal que impone la detención preventiva debe encontrarse debidamente motivada y fundamentada en conocimientos especializados que, sólo y únicamente, podrían ofrecerles los certificados médicos o informes que les permitirán adecuar su decisión a las circunstancias del caso concreto, evitándose así que razone in abstracto.

III.3. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, es preciso hacer notar que, conforme a lo explicado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es deber de los tribunales de apelación el pronunciar una resolución suficientemente motivada y fundamentada que exprese la concurrencia de los requisitos que la ley impone para la procedencia de una medida cautelar en procesos penales y su subsunción al caso concreto. En la presente acción tutelar, la accionante denuncia que el Vocal demandado agravó su situación jurídica al emitir el Auto de Vista de 30 de enero de 2023, que establece que el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP se encuentra vigente, ya que el mismo fue desvirtuado en la audiencia de “5 de diciembre de 2022”. Asimismo, refiere que fue emitida una resolución carente de fundamentación y motivación que no valoró la prueba presentada sobre su condición de gestante. Al respecto, es preciso hacer notar que, evidentemente, en un principio, el riesgo procesal mencionado fue desvirtuado mediante Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2022 y no así de 5 de diciembre, como refiere la peticionante de tutela; sin embargo, dicha determinación fue apelada por la representación fiscal, en cuyo mérito se emitió el Auto de Vista 175/2022 de 15 de diciembre (Conclusión II.3) en el cual se declara parcialmente procedente el recurso y se mantiene subsistente en parte el riesgo procesal de referencia; por lo que sí se encontraba vigente al momento de celebrarse la audiencia de apelación contra el Auto Interlocutorio que resuelve su solicitud de cesación a la detención preventiva de 30 de enero de 2023 ante el Vocal ahora demandado.

Bajo dicha premisa, el Auto de Vista ahora cuestionado cuenta con una explicación sobre el motivo por el que concurre el mencionado riesgo procesal, cuando refiere: “…en el caso en concreto se ha sostenido que el único riesgo que está vigente es el inc.2 del art. 235 lo cual ha avalado con su silencio la representación del ministerio público, circunstancia que no es evidente porque del análisis de los actuados y del expediente judicial se puede establecer que por Auto de vista de las tantas veces aludida vocal de la Sala Penal Tercera Yacira Cardozo efecto de un recurso de apelación sobre el inc. 7 del art. 234 mediante auto de vista número 175/2022 se acoge la apelación incidental sobre medida cautelar del ministerio público y se mantiene vigente el inc. 7 del art. 234 (…) en consecuencia es absolutamente falaz que en el presente caso esté únicamente vigente el inc. 2 el art. 235 del CPP…” (sic). Vale decir, al establecer la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, el Vocal demandado no adicionó un elemento nuevo que agrave la situación jurídica de la ahora impetrante de tutela, sino que efectuó una verificación de los antecedentes procesales del caso, realizando una revisión y valoración integral para emitir su determinación, cumpliendo con la debida motivación exigible en esta clase de resoluciones conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En lo que respecta a la denuncia de omisión de valoración probatoria vinculada a su estado de gestación, si bien es cierto que la accionante precisó en audiencia que hizo conocer a la autoridad a quo sobre el “…peligro de perder el fruto que tenía dentro…” (sic) y que las pruebas presentadas “…tampoco han sido valoradas, tampoco en este Auto de Vista que ha emitido el Vocal…” (sic), denotando una presunta “omisión arbitraria”, no resulta evidente que no haya existido valoración de la prueba sobre su estado de embarazo, ya que, el Auto de Vista ahora cuestionado refirió de manera expresa lo siguiente: “En el presente caso los documentos efectivamente establecen que tiene un estado de gestación que podría tener alguna dificultad respecto a su salud, pero como se ha manifestado en casos donde está en riesgo la salud, la integridad personal es garante el juez de ejecución penal y el responsable del régimen penitenciario para generar las atenciones que se requieran de forma inmediata en protección de la salud de quienes se encuentran detenidos…” (sic).

Es decir, la autoridad demandada valoró el informe ecográfico obstétrico de 3 de enero de 2023 (Conclusión II.5) el cual no concluía que el embarazo fuera de riesgo o que la accionante necesitaba atención especial y diferenciada conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, concluyéndose que, por el estado de embarazo de la impetrante de tutela, podía atenderse en el centro penitenciario o requerir las atenciones que sean necesarias -interna o externamente-, por lo que, a tiempo de confirmar la decisión, la misma no resultaba irracional y, por lo mismo, no se evidencia la existencia de lo alegado por la ahora accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 248 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0292_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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