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SCP 0292/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48422-2022-97-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad personal en sus componentes de tutela efectiva, legalidad, reserva legal que incide en su detención; toda vez que, mediante Auto de 6 de enero de 2022 -resolución accionada- sin valorar la prueba aportada, sin aplicar u observar la última parte del art.91 CPP, nuevamente rechazó su petición de revocatoria de rebeldía; por lo que, el accionante indicó que ante esta negativa, se le cerró para siempre la posibilidad de obtener su libertad, es decir que con estos antecedentes se encontraría ilegal e indebidamente procesado, que deriva en una ilegal privación de su libertad, en razón a que se le limitó el poder enervar el riesgo procesal del art. 234 núm.4 del CPP, en el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2022, cursante de fs.196 a 199 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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BSENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2024-S3 Sucre, 07 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48422-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 003/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 196 a 199 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexia Zegarra Quilla en representación sin mandato de Cristian Miguel López Villanueva contra José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de junio de 2022, cursante de fs. 149 a 157, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del Código Penal (CP) fue condenado a una pena privativa de libertad de cinco años; fallo emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, contra el que interpuso recurso de apelación restringida y a la fecha de interposición de la acción tutelar, se encuentra pendiente de resolución. Es así que, mediante Auto Interlocutorio de 18 de marzo de 2020, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, por los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núm. 4 y 7; y, 235 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra dicha determinación planteó recurso de apelación incidental y por ese motivo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente en parte el referido recurso, extrayendo únicamente la concurrencia del art. 235 núm. 2 y manteniendo el riesgo procesal el art. 234 núm. 4 y 7 del CPP, haciendo énfasis que, este último articulado de riesgo procesal se construyó a partir del fundamento de que el impetrante de tutela por Auto de 7 de noviembre de 2018 fue declarado rebelde; extremo que, supuestamente determinó su comportamiento durante el proceso, al no tener voluntad de someterse al mismo, pese a que oportunamente se apersonó y purgó las costas de rebeldía; sin embargo, “…el Juez de la Epi Sur…” (sic), mediante Resolución de 15 de enero de 2019, únicamente dejó sin efecto las medidas dispuestas a consecuencia de la rebeldía, mas no revocó la rebeldía porque supuestamente no hubiera justificado debidamente su incomparecencia. El Juez accionado rechazó dos cesaciones a la detención preventiva, que solicitó, a su turno; y apeladas las mismas, la primera fue rechazada y la segunda fue declarada procedente en parte de esta última, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, estableció y determinó que para la enervación del riesgo procesal del art. 234 núm. 4 del CPP, únicamente podría darse a partir de una resolución de revocatoria de rebeldía; por ello, es que mediante memorial de 5 de marzo de 2021, solicitó revocar y dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, mediante memorial de 31 de mayo de 2021, también pidió, se pronuncie sobre su petición de revocatoria de rebeldía; empero, por decreto de 2 de junio de igual año, el Juez -hoy accionado- refirió que, el legajo procesal se encontraba en original en la citada Sala Penal Tercera por un recurso de apelación restringida y de igual forma el legajo cautelar a consecuencia de una apelación incidental para audiencia de cesación, sin garantizar la tutela judicial efectiva, ante aquel acto de agravio a sus derechos, como es el de petición y tutela judicial efectiva, solicitó una explicación y corrección de procedimiento; sin embargo, el accionado, sin fundamento y menos motivación por providencia de 15 de julio de 2021, señaló: “…estese a la providencia de 2 de junio de 2021…” (sic). Una vez devuelto los antecedentes al juzgado de origen, por memorial de 2 de agosto de 2021, pidió al Juez accionado, que resuelva de una vez, su solicitud de revocatoria de rebeldía planteado hacía más de cuatro meses atrás; mediante auto de la misma fecha, el mismo Juez resolvió la solicitud de revocatoria de rebeldía en mérito al art. 169 del CPP, referido a los defectos absolutos; fuera de la ley, manifestó que esa resolución de revocatoria de rebeldía, era apelable, cuando las resoluciones vinculadas a dicho instituto no serían impugnables, además que jamás corrió en traslado su solicitud de revocatoria de rebeldía, lo cual tenía que haber ocurrido si es que dicha petición según el Juez accionado debía de remitirse al trámite incidental, con lo cual, rechazó su solicitud de revocatoria de rebeldía. Mediante memorial de 3 de enero de 2022, reiteró su solicitud de revocatoria de rebeldía; empero, una vez más la autoridad judicial accionada, por Auto de 6 de enero de 2022 -Resolución accionada- sin valorar la prueba aportada, se remitió a los antecedentes de su Resolución de 4 de octubre de 2021, que deviene de otra acción de libertad planteada y sin aplicar u observar el art. 91 CPP, parte in fine rechazó nuevamente la petición de revocatoria de rebeldía, indicando que ante esta negativa, se le cerró para siempre la posibilidad de enervar el riesgo procesal del art. 234 núm. 4 CPP, en mérito al último lineamiento establecido por el Auto de Vista de 29 de junio de 2021, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en consecuencia, hizo que la detención preventiva que viene cumpliendo, sea una pena anticipada, manifestó que, el juez accionado a momento de emitir el Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, ya conocía y sabía lo resuelto por Auto de Vista de 29 de junio de 2021 emitido por la misma Sala Penal Tercera. Con estos antecedentes el accionante refirió encontrarse ilegal e indebidamente procesado y que a la postre deriva en una ilegal privación de su libertad, en razón a que se limitó el poder enervar el riesgo procesal del art. 234 núm. 4 del CPP, señaló como vulnerados su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad, reserva legal y a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y reserva legal, citando al efecto los arts. 22, 23, 109.II y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022; y, en el plazo de veinticuatro horas el Juez accionado emita nueva resolución, remitiéndose al principio de legalidad con aplicación de la última parte del art. 91 del CPP y con valoración de los elementos aportados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 193 a 195, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que: a) Conforme a los antecedentes desde el año 2020, se determinó la detención preventiva contra el accionante, identificándose riesgos procesales previstos en los arts. 234 núm. 4 y 7; 235 núm. II del CPP; posteriormente, a partir de distintas audiencias de cesación a la detención preventiva y apelaciones tramitadas es que, mediante Auto de Vista 315/2021 de 29 de junio, dio un criterio para enervar el art. 234 en su núm. 4 determinando que la única forma era a través de revocar la rebeldía; b)

En diversas oportunidades solicitó la revocatoria de la rebeldía, siendo rechazadas de manera constante, y es a partir de una petición realizada al Juez accionado quien pronuncio la Resolución de 6 de enero de 2022, luego planteó complementación y enmienda, también recurso de apelación; es decir, que se agotaron los mecanismos para luego aperturar la jurisdicción constitucional; y c) Impetrando esta Resolución para que se declare procedente y se le otorgue la tutela judicial efectiva, establecida en el art. 115 del CPP y el Juez accionado emita una nueva resolución entrando en análisis para considerar, si la prueba presentada sobre el impedimento físico del accionante era válido o no.

I.2.2. Informe del accionado

José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 8 de junio de 2022 cursante de fs.184 a 186 vta. sostuvo lo que a continuación se detalla: 1) El peticionante de tutela por escrito justificó su inasistencia solicitando por tercera vez revocar y dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía; lo que, mereció la resolución de 6 de enero de 2022, que rechazó su solicitud, mediante la cual se absolvió cada uno de los puntos cuestionados por el hoy impetrante de tutela, fallo debidamente motivado y con fundamentos claros y de acuerdo a la exigencia del CPP, sin que el accionante señale de forma concreta en que se interrelacionó su libertad con los actos realizados en el referido auto, limitándose a señalar una relación de actos procesales y pretender que en la instancia constitucional se realice una nueva revisión respecto a los supuestos nuevos elementos de prueba objetiva encaminada a desvirtuar riesgos procesales establecidos en el art.234 núm.4 CPP; 2) Señalo la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en la SC 0085/2006-R de 25 de enero, 2869/2010-R de 13 de diciembre y SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, de conformidad con lo dispuesto por el art.196.I de la Ley Fundamental; y 3) El ahora impetrante de tutela, no se encontró indebidamente privado de libertad ya que por un lado su detención emana de una detención preventiva ordenada por autoridad competente y por otro lado el rechazo de la solicitud de revocatoria de rebeldía que se resolvió por el Auto de 6 de enero de 2022 de ninguna manera vulneró sus derechos, siendo la medida cautelar personal de detención preventiva revisable de forma permanente y expedita la vía respectiva para solicitar la cesación respectiva.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Fabiola Jiménez, representante del Ministerio Público, en audiencia expreso que: i) La acción impetrada careció de fundamentación toda vez que, conforme se tiene en antecedentes el Auto de 6 de enero de 2022 dictado por el juez accionado, valoró todos los elementos de prueba adjuntados por la defensa, a efectos de pretender enervar el art.234 num.4 del CPP, toda vez que la prueba resultaba ser insuficiente y carente de coherencia “… inicialmente el sindicado había hecho mención de que, no había acudido a una audiencia cautelar ante el juzgado de la Epi Sur producto de que él mismo estaba en antesala esperando y que Secretaría de dicho juzgado nunca lo había llamado, empero de manera distinta en el momento de solicitar de que en ahora accionante en rebeldía, presentaron como elementos de prueba ante el Juez de Sentencia N° 1, aparentes certificados médicos y otros en los cuales se haría mención de que, el sindicado se encontraba delicado de salud” (sic); ii) Por su parte como representante del Ministerio Público no advirtió que se hubiera atentado contra el derecho a la libertad del accionante, o que existiese un procesamiento indebido; y, iii) Señaló que el proceso penal se ha llevado a cabo sin dilaciones, no existió procesamiento indebido, por lo que ya se tendría sentencia condenatoria por el delito de estupro contra el accionante.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

El abogado de Escarlet Isabel Rojas Flores y Emilio Paredes Claros -padres de la víctima- del presente caso en la audiencia solicitó que se rechace o se deniegue la acción instaurada por la parte adversa, señalada que, dicha determinación fue declarada incólume en diferentes recursos del solicitante de tutela.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, constituido en tribunal de garantías, mediante Sentencia 003/2022 de 08 de junio, cursante de fs.196 a 199 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento de que, el Auto de fecha 06 de enero de 2022 de ninguna manera está vinculado con la disposición de la detención preventiva del imputado y es en función a los propios fundamentos señalados por el accionante se advirtió que, el mismo ya se encontraba en detención preventiva con anterioridad, por una disposición emitida por una autoridad competente, en función a riesgos procesales que en su momento se determinó. Por lo que el auto que se pretende impugnar mediante la acción de libertad no tenía vinculación directa con la afectación a la libertad del accionante, consiguientemente sin ingresar al fondo de la acción tutelar, denegó lo peticionado, refiriendo que la tutela idónea debería haber sido la acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 3 de enero de 2022 justificó su inasistencia, reiterando solicitud de revocar y dejar sin efecto declaratoria de rebeldía adjuntando historial clínico emitido por la Caja Nacional de Salud (fs. 71 a 137). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, rechazó la solicitud de revocatoria de la rebeldía de 7 de noviembre de 2018 formulada por el hoy solicitante de tutela, debiendo estarse a los datos del proceso (fs. 138 a 141 vta.).

II.3. Por memorial presentado el 01 de febrero de 2022, el impetrante de tutela solicitó al Juez hoy accionado explicación y complementación del Auto Interlocutorio de 6 de enero del mismo año (fs. 142 a 143). II.4. Cursa Auto de 2 de febrero de 2022, por el que determina que no ha incurrido en ningún error susceptible de ser explicado y/o complementado, más aún que se trataría de una tercera oportunidad, que se formula la misma petición con los mismos argumentos que fueron ya considerados en las dos anteriores resoluciones (15 de enero de 2019 y 4 de octubre de 2020), que fueron objeto de impugnación; por lo que, denegó el planteamiento efectuado (fs. 144). II.5. Consta memorial del peticionante de tutela que planteó recurso de apelación incidental presentado el 14 de marzo de 2022, (fs. 145 a 146). II.6. Por Auto de Vista de 28 de marzo de 2022, se resolvió la apelación incidental, declarando inadmisible el recurso formulado por Cristian López Villanueva contra las Resoluciones de 6 de enero de 2022 y 2 de febrero de igual año, pronunciadas por el titular del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital (fs. 147 a 148 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad personal en sus componentes de tutela efectiva, legalidad, reserva legal que incide en su detención; toda vez que, mediante Auto de 6 de enero de 2022 -resolución accionada- sin valorar la prueba aportada, sin aplicar u observar la última parte del art.91 CPP, nuevamente rechazó su petición de revocatoria de rebeldía; por lo que, el accionante indicó que ante esta negativa, se le cerró para siempre la posibilidad de obtener su libertad, es decir que con estos antecedentes se encontraría ilegal e indebidamente procesado, que deriva en una ilegal privación de su libertad, en razón a que se le limitó el poder enervar el riesgo procesal del art. 234 núm.4 del CPP, en el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad

Sobre el tema, las SCP 0610/2023-S2 de 3 de julio, y 0135/2021-S4 de 17 de mayo, citando la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, entendió que: “’La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las Sentencias Constitucionales 0817/2001-R de 3 de agosto, 0139/2002-R de 20 de febrero, 1279/2002-R de 22 de octubre y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las Sentencias Constitucionales 0233/2003-R de 24 de febrero, 0396/2004-R de 23 de marzo y 0807/2004-R de 24 de mayo’ (SC 1651/2004-R de 11 de octubre). En la misma línea argumentativa, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que, ‘Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad;

empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 027/2023-S2 del 03 de marzo haciendo referencia a la SCP 0153/2017-S1 de 9 de marzo, en relación a la legitimación pasiva en supuestos que devienen de procesos judiciales, puntualizó: “En este sentido, la acción de libertad debe ser planteada de manera ineludible contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, asimismo, contra la autoridad que impartió y la que ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales tal cual se expresó en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, correspondía que el impetrante de tutela interponga dicha acción en contra de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; quienes fueron los que emitieron en última instancia el Auto de Vista de 18 de agosto de 2016, al haber recurrido en apelación, a pesar de haberse interpuesto negligentemente de manera extemporánea; toda vez que, incumbe a este Tribunal la revisión de la última resolución que se pronuncia respecto a los derechos reclamados por el accionante” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad personal en sus componentes de tutela efectiva, legalidad, reserva legal que incide en su detención; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022 -resolución accionada- sin valorar la prueba aportada y sin aplicar u observar la previsión legal contenida en la última parte del art.91 del CPP, nuevamente rechazó su petición de revocatoria de rebeldía, consideró con ello, se le cerró para siempre la posibilidad de obtener su libertad, en razón a que al no darle la posibilidad de revocar la resolución de rebeldía, se le limitó el poder enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm.4 del CPP, apelado mediante Auto de Vista de 28 de marzo de 2022. De la revisión del expediente y de las conclusiones desarrolladas se tiene que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público ante la presunta comisión del delito de estupro, mediante memorial presentado el 3 de enero de 2022 el impetrante de tutela justificó su inasistencia y reiteró la solicitud de revocar o dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía resuelto mediante el Auto Interlocutorio de 6 del mismo mes y año, -auto reclamado de lesivo- rechazando la solicitud de revocatoria de la rebeldía de 7 de noviembre de 2018; es así que, por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, solicitó al Juez hoy accionado explicación y complementación del referido auto interlocutorio, emitiendo respuesta mediante Auto de 2 de igual mes y año, por el que determinó que no se incurrió en ningún error susceptible de ser explicado y/o complementado, más aún que se trataría de una tercera oportunidad en que se formuló la misma petición con los mismos argumentos que fueron ya considerados en las dos anteriores resoluciones (15 de enero de 2019 y 4 de octubre de 2020), y que fueron objeto de impugnación, por lo que denegó el planteamiento efectuado (Conclusión II.3 y 4);

Por lo que el 14 de marzo de 2022 interpuso recurso de apelación incidental; el cual, fue resuelto a través del Auto de Vista de 28 de igual mes y año, que rechazó y declaró inadmisible el recurso formulado contra las Resoluciones de 6 de enero de 2022 y 2 de febrero de 2022 (Conclusión II.5 y 6). Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la acción tutelar radica en que la autoridad demandada al emitir el Auto Interlocutorio de 06 de enero de 2022 lesionó los derechos que ahora reclama; sin embargo, no puede dejar de lado, el hecho que dicha resolución fue objeto de solicitud de explicación, complementación y enmienda; y, posteriormente, de un recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022; mediante el cual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, declaró: “…INADMISIBLE el recurso de apelación formulado por CRISTIAN LOPEZ VILLANUEVA contra las Resoluciones de 6 de enero de 2022 y 2 de febrero de 2022 pronunciadas por el titular del Juzgado de Sentencia Penal n°1 de la Capital” (sic).

En la presente problemática, los presupuestos desarrollados en la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, son aplicables al caso en cuestión; debido a que el peticionante de tutela, al momento de denunciar la vulneración de sus derechos, no tomó en cuenta que para la activación del mecanismo de defensa, existían presupuestos que debieron observarse; es así que, en relación a la legitimación pasiva y al haberse percatado la emisión del Auto de Vista de 28 de marzo de 2022 emitido como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 6 de enero del mismo año (determinación que se considera lesiva), correspondía que el impetrante de tutela interponga la acción de libertad en contra las autoridades que emitieron el merituado auto de vista; es decir, contra los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba; quienes fueron los que pronunciaron el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022; siendo que, a este Tribunal le atañe la revisión de la última resolución que se pronuncia respecto a los derechos reclamados por el impetrante de tutela, pues será en esta instancia donde se pudieran resolver las cuestiones que ahora plantea.

En ese contexto, el accionante debió interponer la acción de defensa contra la última determinación judicial en este caso, contra el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022, que habría transgredido sus derechos y garantías constitucionales; empero, no lo hizo, en consecuencia, la autoridad ahora demandada no tiene legitimación pasiva para ser demandada; puesto que, no fue quien emitió dicho auto de vista, último acto judicial contra el que se debió activar la acción tutelar, por el actuado supuestamente lesivo a los intereses del peticionante de tutela; así también refleja la jurisprudencia constitucional a través de las SCP 0610/2023-S2 y SC 1651/2004-R, descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual es clara al establecer que: “…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva…” (las negrillas nos pertenecen); en tal sentido, corresponde se deniegue la tutela sin ingresar al fondo de la problemática planteada por falta de legitimación pasiva de la autoridad demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela pretendida, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2022, cursante de fs.196 a 199 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0292_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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