Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes, a la propiedad; y, a los principios de legalidad y de verdad material; toda vez que, los Magistrados ahora demandados: a) Mediante el Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, ratificaron el Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto, que resolvió la apelación a la Sentencia 21/2018 de 19 de noviembre que declaró improbada la demanda de nulidad de contrato de compra y venta de su bien inmueble, que perdió en beneficio de Irene Rimba Gonzales, quien lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales, cuando el predio aún no se podía transferir porque estaba pendiente el cumplimiento de una conciliación arribada en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro de una acción reivindicatoria planteada en contra de Irene Rimba Gonzales, que habría concluido con la conciliación, actuado del cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que ocho meses después se solicitó la perención de instancia, dejando constancia a la Jueza de la causa, que la conciliación tenía carácter de sentencia, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación; y, b) De esa forma, habría perdido el inmueble de su propiedad, por la aplicación indebida del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2020 de 9 de noviembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2023-S1 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 36879-2020-74-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 60/2020 de 9 de noviembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dalia Guali Sequeiro contra Juan Carlos Berríos Albizú y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 16 y 22 de octubre ambos de 2020, cursantes de fs. 53 a 56 y de 60 a 61, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Como antecedente, en la gestión 2009 cuando residía en la ciudad de Santa Cruz por razones de trabajo, otorgó poder a Maribel Muzuco Rodríguez -quien convivía con un hijo suyo-, para que deshipoteque el inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo el Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068 con una superficie de 598,41mts, ubicado en la avenida Petrolero, que en su asiento número 1, contiene su nombre, inscrito el 6 de septiembre de 2001, de la escritura de compra y venta que firmó con el antiguo propietario. Después de cuatro años, con el mismo Poder, Maribel Muzuco Rodríguez transfirió el citado inmueble a Irene Rimba Gonzales –ahora tercera interesada-, que no es ni la quinta parte del precio real; sin embargo, cuando retornó de la ciudad de Santa Cruz, en la oficina de DD.RR. el citado inmueble continuaba a su nombre, por lo que inició en contra de Irene Rimba Gonzales y “Abner Beltrán” una demandada de reivindicación de propiedad ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital del departamento de Pando, habiéndole solicitado a la autoridad jurisdiccional de dicho Juzgado “autos” para resolución; empero, la misma dispuso audiencia de inspección para el 13 de febrero de 2014, en la cual según manifestó, se llegó a una conciliación, de la cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que, ocho meses después, se solicitó la perención de instancia, dejando constancia dicha autoridad que la conciliación tenía carácter de sentencia; Irene Rimba Gonzales, recién presentó su “Escritura Privada” el 14 de julio de 2014 a la oficina de DD.RR. para inscribir una rectificación que consta en el asiento 3; y el 14 de febrero de 2014 la prenombrada otorgó poder a Juan Carlos Aguirre Gonzales –ahora tercer interesado- con Testimonio de Poder 165/2014, para que en su nombre, realice todo tipo de trámites administrativos, más poder para firmar minutas, escrituras públicas y documentos privados. Con ese poder Juan Carlos Aguirre Gonzales, en agosto de 2014, obtuvo Plano Catastral, en calidad de propietario, además de una Escritura Pública de transferencia del señalado lote de terreno, suscrita por Juan Carlos Aguirre Gonzales en representación de Irene Rimba Gonzales, como vendedor apoderado, y por la otra el mismo Juan Carlos Aguirre Gonzales (como comprador), por la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), inscribiéndola luego en DD.RR. el 26 de agosto de 2014, como corre en el asiento 4 del Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068, y en el asiento 6 se halla inscrito el Banco PYME ECOFUTURO S.A. por adjudicación luego de un proceso civil en contra del ejecutado Juan Carlos Aguirre Gonzales por deudas contraídas. El Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Pando, mediante Sentencia 21/2018 de 19 de noviembre, declaró improbada su demanda de nulidad de contrato de compra y venta, en mérito a una fundamentación doctrinal y teórica que no considera los hechos en su justa medida; por su parte, el Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto emitida por la Sala Civil, Social, Familiar, Niña, Niño y Adolecente, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que resolvió la apelación que presentó contra la Sentencia 21/2018, salva la labor del citado Juez, con el único fundamento de dar valor a una presunta conciliación que pone fin al proceso, sin que exista constancia de su existencia, situación que es ratificada por los Magistrados ahora demandados, a través de Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, declarando infundado su recurso de casación y ratificaron el Auto de Vista 156/2019, inobservando completamente el principio de verdad material, establecido al final del parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Inmueble de su propiedad que perdió en beneficio de Irene Rimba Gonzales, quien lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales, cuando el predio aún no se podía transferir, porque estaba pendiente el cumplimiento de una presunta conciliación a la que se hubiera arribado en una audiencia de inspección señalada para el 13 de febrero de 2014 en una demandada de acción reivindicatoria planteada en su contra, conciliación de la cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que ocho meses después se solicitó la perención de instancia, dejando constancia la Jueza de Instrucción en lo Civil Primera de la Capital del departamento de Pando, que la conciliación tenía carácter de sentencia, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación. Por lo que en el caso de autos se tiene que perdió el inmueble de su propiedad en beneficio de Irene Rimba Gonzales que lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales quien lo usó para librarse de una deuda de Bs700 000.-(setecientos mil bolivianos) que tenía con el Banco PYME ECOFUTURO S.A. y otra, y en Impuestos Internos, por la aplicación indebida del art. 237.I y II del Código Procesal Civil (CPC) respecto al valor de cosa juzgada de la conciliación, siendo que dicho incumplimiento resulta contrario al orden público, situación que fue ratificada por los Magistrados ahora demandados que declararon infundado su recurso de casación, inobservando el principio de verdad material. Que de la prueba de conciliación no existe constancia, excepto una providencia de 22 de octubre de 2014, que resuelve una solicitud de perención de instancia a la que la autoridad jurisdiccional respondió “estese a la conciliación que tiene carácter de sentencia”, la misma que solo constaba en la mente de dicha autoridad, situación que llevó a que la parte contraria, siga con el trámite del reconocimiento de su derecho propietario, hasta que mucho después, se logró la cancelación del asiento A-2 de transferencia de dicho inmueble a Irene Rimba Gonzales, presentada 14 de septiembre de 2017, más en la Sentencia 21/2018, el Auto de Vista 156/2019 que da lugar a su confirmación y el Auto Supremo 1203/2019 que ratificó la validez del citado acto jurídico (conciliación) –inexistente–, situación que le perjudica porque tiene directa relación con sus derechos a la propiedad y a un debido proceso.
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes, a la propiedad; y, a los principios de legalidad y de verdad material, citando al efecto los arts. 56. I y II, 115.I y II, y 180.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo la anulación del Auto Supremo 1203/2019.
Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 108 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Juan Carlos Berríos Albizú y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 9 de noviembre de 2020, cursante de fs. 75 a 76, refieren que la accionante alega que el Auto Supremo 1203/2019 lesiona sus derechos, ya que no existe en el expediente la constancia de una presunta conciliación arribada en una audiencia de inspección de acción reivindicatoria, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación en el cuaderno procesal en la que no existe constancia, ni su aprobación conforme el art. 237.I y II del CPC, señalando como argumentos, lo siguiente: a) Es necesario aclarar que de los hechos de la demanda presentada por la ahora accionante sobre la nulidad de la Escritura Pública 514/2014 de 26 de agosto, relativa a la transferencia de un lote de terreno urbano suscrito por Juan Carlos Aguirre Gonzales, como vendedor apoderado en representación legal de su propietaria Irene Rimba Gonzales, y como comprador el mismo Juan Carlos Aguirre Gonzales, argumentando que el predio no se podía transferir, toda vez que Irene Rimba Gonzales tenía pendiente el cumplimiento de una conciliación establecida dentro de un proceso de reivindicación tramitado en su contra en el Juzgado de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital del departamento de Beni, acción que habría concluido con una conciliación, que según la misma demandante – ahora accionante– consistía en el pago adicional de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) al valor de $us9 000.- (nueve mil dólares estadounidenses); b) De ello se desprende que la impetrante de tutela reconoce que existió la conciliación que dio fin al proceso de reivindicación, y luego de salir perdidosa en la presente contienda judicial, pretende argüir que no existe la conciliación que ella misma consintió en el proceso de reivindicación; c) Dicha actitud va en contra de lo que se denomina en doctrina “teoría de los actos propios”, según la cual, no puede venirse contra los propios actos, negando efecto jurídico a la conducta contraria, siendo inadmisible que un litigante fundamente su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones, o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior; d) No pudiendo la falta de cumplimiento de la conciliación del proceso de reivindicación emplazarse como vicio de nulidad (causa y motivo ilícito) en el presente proceso; al respecto, la peticionante de tutela tiene la vía abierta para solicitar el cumplimiento de la conciliación, no pudiendo argüir el incumplimiento de la conciliación como algo contrario al orden público, a las buenas costumbres, o que el contrato sea un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa; y, e) Consiguientemente, por lo informado, no existe un argumento jurídicamente válido que establezca la violación de un derecho fundamental de la accionante, más aún, cuando los términos de fundamentación del Auto Supremo 1203/2019 fueron claros y fundados en derecho, por lo que se actuó en el marco de la Ley, siendo ya responsabilidad del Tribunal de garantías compulsar estos hechos para considerar si existió o no la vulneración alegada, en tanto queda claro que sus autoridades cumplieron con su deber constitucional, por ello solicitan se deniegue la tutela impetrada.
Edgar Marcelo Careaga Álvarez en representación del Banco PYME ECOFUTURO S.A. a través de informe escrito de 9 de noviembre de 2020, cursante a fs. 77 y vta., señaló que: 1) En mérito al apersonamiento mediante Testimonio de Poder 367/2019 de 16 de agosto, manifiesta que por Escritura Pública “74” de 11 de febrero de 2015, esa entidad bancaria otorgó un préstamo de dinero con el crédito 9014892 por Bs700 000.- a Juan Carlos Aguirre Gonzales, con la garantía hipotecaria del inmueble signado con la matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068; 2) Ante el incumplimiento de las amortizaciones pactadas, iniciaron un proceso civil ejecutivo que recayó en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, obteniendo una respuesta favorable en la que se ordenó la cancelación total de lo adeudado; sin embargo, a pesar de esa resolución judicial, Juan Carlos Aguirre Gonzales como prestatario-deudor, no cumplió con su obligación, por lo que se tuvo que continuar con el proceso hasta el remate del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria; no habiendo existido postores en las audiencias de remate, y a fin de recuperar el monto de dinero entregado al prestatario, se les adjudicó el bien inmueble por transferencia judicial por Escritura Pública “297” de 11 de mayo de 2018, que fue inscrita en el asiento judicial A-6, del Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068, consignándose legalmente como actual propietario al Banco PYME ECOFUTURO S.A; y, 3) De lo descrito precedentemente, se puede establecer que el citado Banco otorgó el crédito a Juan Carlos Aguirre Gonzales, verificando la legalidad de la documentación presentada para acceder al préstamo, por lo cual como acreedores de buena fe, ejercieron todos los recursos que la ley les permite para recuperar su acreencia, motivo por el cual a la fecha el inmueble pertenece a esa entidad, y el crédito 9014892 se encuentra cancelado; en ese sentido, el Banco PYME ECOFUTURO S.A., ya no tiene relación de ninguna naturaleza con Juan Carlos Aguirre Gonzales. Irene Rimba Gonzales y Juan Carlos Aguirre Gonzales, no presentaron informe escrito ni se presentaron a la audiencia de garantías, pese a sus legales notificaciones cursante a fs. 73 y 74.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Pando, mediante Resolución 60/2020 de 9 de noviembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., denegó la tutela solicitada, sin disponer ninguna medida, bajo los siguientes fundamentos: i) De la lectura del memorial de la acción tutelar y los argumentos vertidos, se puede advertir que la accionante pretende que se interprete lo ya interpretado por las autoridades jurisdiccionales; que se revise la labor jurisdiccional, citando a continuación el contenido de las SSCC “1350/2003-R”, 1237/2004-R de 3 de agosto, 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero, Sentencias Constitucionales que se encuentran concentradas en la SCP 0293/2018-S3 de 14 de junio; ii) Por la jurisprudencia expuesta, se establece que la justicia constitucional no es una instancia más de la jurisdicción ordinaria de donde surgen los posibles actos ilegales; sin embargo, no implica que los actos y resoluciones que emita la jurisdicción ordinaria, no pueden ser objeto de revisión a fin de verificar que estos se enmarquen dentro de lo que manda la Norma Suprema, y en respeto de derechos y garantías constitucionales; motivo por el cual en el presente caso, la peticionante de tutela pese de habérsele observado a fin de que explique de qué forma los Magistrados demandadas habrían vulnerado sus derechos, y el nexo de causalidad entre los derechos presuntamente vulnerados y la interpretación de las autoridades demandadas, la misma no aclaró, al contrario pretende que la instancia constitucional opere como una instancia casacional o de revisión, lo que no es permitido; iii) Revisado el Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, el cual se pretende dejar sin efecto, se advierte que los Magistrados demandados resolvieron declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la ahora accionante, del mismo que se puede advertir la existencia de una estructura de forma y fondo que hace claros los fundamentos expuestos en el fallo, el mismo que se encuentra respaldado en atención de los elementos fácticos del caso, la valoración de la documental y el análisis jurídico del caso; y, iv) Por lo señalado, se concluye que el Auto Supremo 1203/2019 contiene la suficiente explicación de razones y de motivos que sustentan la decisión de declarar infundado dicho recurso, por lo que no se advierte la vulneración de derechos constitucionales argüidos por la solicitante de tutela.
Por Decreto Constitucional de 16 de septiembre de 2021, cursante a fs. 117, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 27 de marzo de 2023 (fs. 160); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068 del bien inmueble ubicado en la avenida Petrolero, Distrito 4, manzano 009, predio 006, con una superficie de 598,41mts, que en su asiento número 1, contiene el nombre de Dalia Guali Sequeiro –ahora accionante–, y en el asiento 5 se encuentra a nombre de Juan Carlos Aguirre Gonzales – ahora tercer interesado–, que registra una nulidad de venta por la Escritura Judicial 84 de 6 de septiembre de 2017; y se cancela el asiento A-2 de Transferencia a favor de Irene Rimba Gonzales –tercera interesada– (fs. 3 y 4). II.2. Por memorial presentado el 29 de enero 2014, Dalia Guali Sequeiro – ahora peticionante de tutela–, solicitó a la Jueza de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital del departamento de Pando, “autos” para resolución dentro la demanda de reivindicación seguido contra ABNER BELTRAN y otra; asimismo, consta proveído de 3 de febrero de 2014, por el que la citada autoridad jurisdiccional lo tuvo presente y señaló audiencia de inspección para el 13 de febrero de 2014, al inmueble objeto de la demanda (fs. 6 y vta.). II.3. Cursa Escritura Pública 514/2014 de 26 de agosto, de transferencia de un lote de terreno urbano, suscrita por Juan Carlos Aguirre Gonzales, en representación legal de Irene Rimba Gonzales como vendedor-apoderado, y por la otra el mismo Juan Carlos Aguirre Gonzales como comprador, por la suma de Bs10 000.- del inmueble con el Folio Real 9.01.1.01.0000068, ubicado en la avenida Petrolero, Distrito 4, manzano 009, predio 006, con una superficie de 598,41mts, en la ciudad de Pando (fs. 7 a 8 vta.). II.4. Se tiene memorial de demanda de nulidad de contrato de compra y venta presentada el 3 de abril de 2018, ante el Juez Público Civil y Comercial de turno de Pando, por Dalia Guali Sequeiro –ahora accionante– adjuntando el Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068, señalando los registros de los asientos del 1 al 4, éste último a nombre de Juan Carlos Aguirre Gonzales como comprador con poder otorgado por Irene Rimba Gonzales que, entre otros, refiere que la señalada transferencia se concretó en momentos en los que se encontraba pendiente de cumplimiento una conciliación establecida dentro de un proceso de reivindicación que se instauró en el Juzgado de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital del departamento de Pando, para fines de recuperación del inmueble, en el que Irene Rimba Gonzales, admitió aumentar el precio que pagó por el inmueble a su apoderada; que en el Asiento 5 se encuentra el nombre del mismo comprador – vendedor Juan Carlos Aguirre Gonzales, dejándose constancia de la nulidad de venta por Escritura Judicial 84 de 6 de septiembre de 2017, ante el “Juzgado Público Civil y Comercial Primero” (sic), que canceló el asiento A-2 de transferencia a favor de Irene Rimba Gonzales. Se solicitó se dicte sentencia que declare probado y nulo el contrato de compra venta del citado inmueble, más el pago de costas y costos, señalando como demandados a Irene Rimba Gonzales y Juan Carlos Aguirre Gonzales, y solicitó como medida cautelar la anotación preventiva de la “demanda”, librando la orden correspondiente (fs.16 a 18 vta.). II.5. Por Sentencia 21/2018 de 19 de noviembre, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Pando, dentro el proceso civil de demanda de nulidad de contrato de compra venta, seguido por Dalia Guali Sequeiro –ahora peticionante de tutela– contra Irene Rimba Gonzales y Juan Carlos Aguirre Gonzales, declaró improbada dicha demanda, bajo los siguientes fundamentos:
“…en el caso la demandante planteó Nulidad del contrato de compra venta de un inmueble, suscrito por Juan Carlos Aguirre como comprador-vendedor con Poder otorgado por la propietaria Irene Rimba Gonzales por la causal del art. 549, solicitando se dicte sentencia declarando nulo el contrato de compraventa del inmueble con el folio Real 9.01.1.01.0000068. Sin embargo para que el contrato adquiera validez debía cumplir los requisitos de formación y validez, para diferenciarlos resulta preciso enfatizar lo establecido en el art. 452 del Código Civil. Por lo desarrollado además de especificar los requisitos de formación del contrato, corresponde analizar cada uno de los requisitos para la formación del contrato: el consentimiento; el objeto, la causa y la forma. (…) IV.3. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. de la revisión del folio real se evidencia en el asiento N° 4 a Juan Carlos Aguirre como comprador inscrito por Escritura Pública N° 514 de 26 de agosto de 2.014 firmado en calidad de vendedor por el mismo Juan Carlos Aguirre con Poder 1045 de 15 de agosto de 2014 otorgado por Irene Rimba Gonzales. Los mismos que son consecuencia del poder otorgado por Maribel Muzuco Rodríguez mediante poder 690/2009 en el que le otorga poder para “que proceda a la venta del inmueble” causa y origen que dio una cadena de transmisiones, que en la actualidad producto de una venta judicial se encuentra a nombre del Banco PYME Eco Futuro. En referencia a la Causa Ilícita el art. 489 del CC, señala que es contraria al orden público o a las buenas costumbres, o cuando es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. La demandada obtuvo el precio, y el demandado obtuvo la cosa que compró; el objeto del contrato fue la venta mediante poder, nace de la voluntad de las partes, la ilicitud de un acto jurídico está ligado al principio de la autonomía de las partes. No existe ilicitud de causa, porque al ser objetivo se plasma en el impulso de las partes al celebrar el contrato que viene a hacer la prestación y contraprestación que se cumplió entre ambas partes solo ellas pueden reclamar su incumplimiento; este aspecto le resulta ajeno a la demandante al haber otorgado poder a su cuñada cuando la misma procedió a concretar la venta a raíz del poder 690/2009. La compraventa efectuada entre los demandados tiene por causa lícita el precio que debe pagar el comprador, inmediatamente obtenga los títulos de propiedad. La causa de trasferencia del asiento A4, resulta lícita. La causa de la obligación es la reciproca contraída por la demandada que se expresa en la convención. Solo hay causa ilícita cuando está prohibida por ley o es contraria a las buenas costumbres o al orden público; en el caso existen terceros adquirentes producto de una venta judicial. IV.3.1. En referencia al MOTIVO ILICITO señala el contenido del art. 490 del CC.
En el caso presente, cabe resaltar la facultad de disposición que tenía la propietaria IRENE RIMBA GONZALES en transferir su bien inmueble mediante poder que no tiene prohibición alguna, más cuando la demandante otorgó el poder 690/2009 con la facultad de vender a su cuñada Maribel Muzuco Rodríguez. (…) habiéndose valorado las pruebas, se tiene que no existió ilicitud de la causa y motivo en la celebración del contrato, puesto que los demandados han suscrito conforme los arts. 519 y 529 del CC, cumpliendo ambas partes de manera recíproca sus obligaciones, aclarando que la transferencia del inmueble fue a título oneroso; consiguientemente no se lesionaron los intereses de la actora al presente a raíz de la venta en el año 2014, no es propietaria, a consecuencia del poder que ella misma otorgó a su cuñada Maribel Muzuco. En consecuencia no habiéndose cumplido con la carga de la prueba establecida por los arts. 1283 y 1286 del CC y 136, 145 y 147 del procesal civil y habiéndose apreciado la prueba conforme el art. 1286 del código civil corresponde dictar sentencia.
(…) declara: IMPROBADA la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA planteada (…). Sin costas, ni costos (fs. 19 a 27 vta.). II.6. Por memorial presentado el 4 de enero de 2019, Dalia Guali Sequeiro –ahora accionante–, planteó recurso de apelación contra la Sentencia 21/2018, señalando, entre otros, que:
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACION (…) De acuerdo al art. 180.I de la CPE prevé entre otros el principio de verdad material, además de la prueba literal aportada al expediente: de acuerdo a lo expresado como muestra el folio real actualizado obtenido de oficio, como expresa la sentencia en su punto II.1, 3 PRUEBAS DE OFICIO es evidente que con el poder que otorgué a mi nuera Maribel Muzuco Rodríguez en una Notaria de Santa Cruz donde vivía por testimonio 690/2009 transfirió el inmueble a Irene Rimba Gonzales, que lo inscribió en el asiento 2 el 14 de julio de 2014, más de cuatro años después, por $us. 9.000.- cuando de acuerdo al avaluó su precio era de más de $us. 50.000.
Cuando retornó de Santa Cruz, el predio (inmueble motivo del presente) seguía a su nombre, por ello el 16 de mayo de 2013 interpuse una demanda de Reivindicación de propiedad en contra de Irene Rimba Gonzales presentada al entonces Juzgado de Instrucción N° 1 sin que la demanda fuera respondida, y la Jueza Milena Hurtado Apinaye el 5 de febrero de 2014, dispuso una audiencia de inspección al predio para el 13 de febrero de 2014, delante de la jueza, se arribó a una conciliación por la cual la parte demandada, aceptó aumentar el precio pagado en la suma de $us 5 000.- “que acepte”; pero pasaron los días y no se depositaba el dinero en el juzgado, por lo que ocho meses después en fecha 21 de octubre de 2014 se solicitó la perención de instancia a la que la jueza de puño y letra dispuso “estese a la conciliación que tiene carácter de sentencia”; para entonces, el 15 de agosto de 2014 Irene Rimba Gonzales, que un mes antes el 14 de julio de 2014 lo inscribió a su nombre en DD.RR. rectificando sus datos técnicos en el asiento Nro.3; el 14 de agosto de 2014 en vez de cumplir la conciliación que tenía la fuerza de una sentencia, un día después, el 15 de agosto de 2014 otorgó Poder Especial a Juan Carlos Aguirre, quien se vendió a sí mismo el inmueble. En el asiento 5 se encuentra el nombre del mismo comprador y vendedor Juan Carlos Aguirre, dejándose constancia de la nulidad de venta por escritura judicial N° 84 de 6 de septiembre de 2017 ante el Juez Público Civil y Comercial Primero que canceló el asiento A-2 de transferencia a favor de Irene Rimba Gonzales como consecuencia de un proceso de rescisión de contrato por lesión que tramitó desde diciembre de 2014 en vista del bajo precio de $us 9 000.- (…) Que de acuerdo con lo expuesto, se estableció el cumplimiento de los puntos establecidos como Objeto de la Prueba en el Considerando II, porque: 1. El contrato de la escritura Pública 514 fue suscrito con causa ilícita; 2. El señalado contrato fue celebrado con una finalidad contraria al orden público para eludir la aplicación de una norma imperativa en el caso de Irene Rimba Gonzales para eludir el cumplimiento de una obligación con carácter de sentencia; en cuanto a Juan Carlos Aguirre para sustraerse de sus deudas; 3. En el contrato la causa ilícita versa sobre la ilicitud del acto; 4. Al subsumirse la conducta de ambos contratantes, dentro la comisión del delito de estelionato en contrato contenido en la escritura Pública 514, va en contra de leyes y normas y en contra de principios como el art. 105.I del código civil que establece el concepto y alcance de la propiedad. Lo expuesto establece incumplimiento del principio de verdad material que rige a la función judicial establecida en el art. 180 de la CPE además que se cumplen con el caso los arts. 489 y 490 del CC, determinando que la sentencia que declara improbada su demanda, no se encuadre en lo previsto en el art. 213.I del CPC; lo anterior determinó que la sentencia incumplió el art. 213.II del CPC en su numeral 2, que en su parte narrativa no contiene una exposición de todo el hecho y el derecho que se litiga y también al numeral 3 porque la parte motivada carece del estudio de los hechos probados y los no probados, así como también carece de una objetiva y completa evaluación de la prueba, situación que se pretende salvar con la afirmación que se hace en sentido que se debe preservar el interés de terceros, ni se han expuesto prueba alguna, lo que también vale para la parte demandada. Lo expuesto lo empuja a solicitar se continúe con el trámite de la apelación hasta que el tribunal Superior lo resuelva (fs. 28 a 34). II.7. Mediante Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto, la Sala Civil, Social, Familiar, Niña, Niño y Adolescente, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, confirmó la Sentencia 21/2018, bajo los siguientes argumentos:
De los datos del proceso, se tiene que la demanda de reivindicación que terminó con la conciliación, le fue notificada a Irene Rimba Gonzales el 25 de julio de 2013 y la venta que hizo ésta a Juan Carlos Aguirre, fue el 26 de agosto de 2014, después de interpuesta la demanda, lo que daría a entender que Irene Rimba vendió un bien que estaba en litigio; sin embargo, la misma demandante dice que esta transacción se hizo cuando estaba pendiente de cumplimiento una conciliación que consistía en el aumento de $us. 5 000.- al valor de $us. 9 000.- en que Maribel Muzuco Rodríguez vendió el terreno a Irene Rimba, lo que era de conocimiento de Juan Carlos “García”. Que el art. 237.II del CPC prevé a la Conciliación como un medio extraordinario de conclusión del proceso; que la conciliación aprobada tiene efecto de cosa juzgada; si la conciliación pone fin a la controversia, la venta que se hizo que fue cuando el proceso de reivindicación ya había concluido extraordinariamente con la conciliación, prueba que no se vendió un bien en litigio, el incumplimiento de lo conciliado no implica que el proceso no haya concluido; En segundo lugar, se acusa que el Juez no tomó en cuenta la verdad material de que en el asiento judicial N° 5 de DD.RR. se encuentra inscrita una nulidad de venta en merito a la Escritura Publica N° 84 que cancela el asiento 2 como consecuencia de un proceso ordinario de rescisión de contrato por lesión. También se desprende de la prueba que la venta de terreno que hizo Maribel Muzuco a Irene Rimba, fue rescindida, lo que dejaría sin causa a la venta de Irene Rimba a Juan Carlos García, pero no debe perderse de vista que la demanda de rescisión fue presentada el 9 de diciembre de 2014, después de la venta que hiciera Irene Rimba a Juan Carlos García, emitiéndose el Auto de vista que declara la rescisión del contrato el 25 de noviembre de 2015.
Si el comprador no sabía qué se iba a demandar la rescisión del contrato, su derecho de propiedad como comprador queda salvado en virtud del art. 565.III del Código Civil que salva los derechos de terceros de buena fe, excepto la inscripción anterior de la demanda rescisoria en el registro. En este caso no se inscribió la demanda y no podía inscribirse porque fue posterior a la inscripción de la venta que hiciera Irene Rimba a Juan Carlos García; en Tercer lugar, la recurrente dice que en el contrato no se da la contraprestación recíproca y equivalente por que el motivo personal que movió a las partes a celebrarlo fue el burlar una conciliación establecida legalmente. La equivalencia en las prestaciones puede ser reclamada por uno de los contratantes, en este caso, por Irene Rimba o por Juan Carlos García; en otras palabras, Dalia Guali Sequeiro, carece de legitimación para reclamar la equivalencia de las prestaciones emergentes del contrato de compraventa entre Irene Rimba y Juan Carlos García al no ser una de las contratantes (fs. 35 a 37 vta.). II.8. A través de Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, declararon INFUNDADO el recurso de casación, presentado por Dalia Guali Sequeiro –ahora peticionante de tutela– contra el Auto de Vista 156/2019, bajo los siguientes fundamentos:
En el fondo. 1. Denunció falta de aplicación del principio de verdad material, contra el Auto de Vista que aplicó indebidamente el art. 237.I y II del CPC, puesto que la venta que realizó Irene Rimba Gonzales a Juan Carlos Aguirre Gonzales, se llevó a cabo cuando el proceso de reivindicación no concluyó extraordinariamente por medio de una conciliación, pues no existe el acta correspondiente que se exige para su validez, ni las firmas correspondientes, concluyendo que no se puso fin a la demanda de reivindicación; 2. Acusó errónea interpretación de los arts. 549.3, 489 y 490 del Código Civil; 3. Refirió incumplimiento del art. 655.III del CC; y, 4. Incumplimiento del art. 218 del CPC, porque el Auto Supremo debió recaer sobre las cosas litigadas. (…) CONSIDERANDO IV: Fundamentos de la Resolución 1. Con relación a la vulneración del principio de verdad material, siendo que el Auto de Vista aplicó indebidamente el art. 237.I y II del Código Procesal Civil sobre la aprobación y valor de la cosa juzgada, puesto que la venta que realizó Irene Rimba Gonzales a Juan Carlos Aguirre Gonzales se llevó a cabo cuando el proceso de reivindicación no concluyó, siendo que ambos sabían que concurría una conciliación pendiente de cumplimiento dentro el proceso de reivindicación opuesto el 17 de mayo de 2013. A efecto de dar respuesta, del memorial de la demanda, Dalia Guali Sequeiro pidió la nulidad de la Escritura Pública 514/2014, argumentando que el predio no se podía transferir, toda vez que Irene Rimba Gonzales tenía pendiente el cumplimiento de una conciliación establecida dentro de un proceso de reivindicación en su contra en el entonces Juzgado de Instrucción Civil. Ahora bien, corresponde a este Tribunal de Casación, verificar si lo reclamado es evidente. Del examen del cuaderno procesal se desprende que la demanda de reivindicación fue iniciada el 17 de mayo de 2013 y notificada la parte demandada el 25 de julio del mismo año, acción que concluyó con una conciliación que según la demandante consistía en el pago adicional de $us. 5 000.- al valor de $us 9 000.- en que su apoderada Maribel Muzuco transfirió el terreno a Irene Rimba Gonzales (…). Referente a la observación que no se labró el acta de conciliación, dicha situación no puede ser verificada en el cuaderno procesal, ya que no concurren elementos suficientes del proceso de reivindicación. El art. 549 del CC, tipifica la ilicitud de la causa, causales que se refieren a vicios estructurales en la formación del contrato, no pudiendo la falta de cumplimiento de la conciliación del proceso de reivindicación emplazarse como vicio de nulidad, más aun cuando la transferencia que hizo Irene Rimba a Juan Carlos Aguirre se plasmó el 26 de agosto de 2014, cuando la reivindicación ya había concluido con la conciliación, por lo que queda claro que no se transfirió un inmueble en litigio; hacer notar que el incumplimiento de la conciliación no manifiesta que el proceso de reivindicación no hubiese concluido, al respecto, la actora tiene la vía abierta para solicitar el cumplimiento de la conciliación. 2. En lo que concierne a la acusación de una supuesta interpretación y aplicación errónea de los arts. 549.3, 489 y 490 del CC, aspecto que se constituyen en el sustento legal del proceso. Señalan que conforme se desarrolló en el punto III de la doctrina aplicable, la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final (…) de la causa ilícita de los arts. 489 y 490 del sustantivo civil, la causa es ilícita cuando las partes persiguen una finalidad económica social contraria a normas imperativas, contrato ilegal o a los principios de orden público. Aspectos que no fueron acreditados en la sustanciación del presente proceso por la parte demandante respecto a que estaba pendiente de cumplimiento la conciliación del proceso de reivindicación, conforme lo expuesto y la doctrina aplicable, los vicios expuestos como causales de nulidad no se subsumen a la causa ilícita y motivo ilícito razón por la cual los Tribunales de instancia declararon improbada la demanda de nulidad, circunstancia con la que este Tribunal concuerda plenamente, no siendo evidente la errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549.3 del Código Civil. 3. En lo pertinente del agravio de incumplimiento del art. 565.III del CPC sobre la facultad conferida al demandado y a los terceros de buena fe. La parte recurrente sostiene, que a consecuencia del proceso de rescisión de contrato por lesión iniciada en contra de Irene Rimba, se encuentra una nulidad de venta en merito a la Escritura N° 84, la que cancela el asiento N° 2 referido a la transferencia que hiciera su apoderada Maribel Muzuco a favor de Irene Rimba presentada el 14 de setiembre de 2017. Al respecto de la revisión de obrados, el cargo de presentación de la demanda de rescisión de contrato por lesión presentado el 2 de diciembre de 2014; es decir, es después de la transferencia que hizo Irene Rimba a “Juan Carlos García”, emitiéndose el Auto de Vista con el que terminó dicho proceso el 25 de noviembre de 2015; consecuentemente, si la transferencia que se pretende su nulidad fue anterior a la demanda y sentencia ejecutoriada de la acción de rescisión de contrato por lesión, de ninguna manera puede considerarse causa y motivo ilícitos, porque la nulidad ataca vicios estructurales de la formación de un contrato; en el presente contrato, no existe los vicios alegados, pues la demanda de rescisión de contrato, se planteó después de la transferencia inserta en el Escritura Pública 514/2014. Consecuentemente, no se puede considerar la misma, contraria al orden público, a las buenas costumbres o que el contrato sea un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, ya que no puede alegarse mala fe de la vendedora, mucho menos del comprador en sentido de que hubieran tomado conocimiento que se plantearía la demanda de rescisión siendo que éste tiene efecto retroactivo, pero se salvan los derechos de terceros de buena fe, puesto que no existía una anotación preventiva en el folio real como establece el art 565.II del CC. Por último el gravamen en favor del Banco PYME ECO FUTURO S.A. recién se realizó el 11 de febrero de 2015. Careciendo el reclamo de fundamento jurídico legal. 4. Respecto al reclamo del supuesto incumplimiento del art. 218 del CPC, ya que el Ad quem al emitir el Auto de Vista, no cumplió con los requisitos de la Sentencia tal como establece el art. 213 del CPC. Nuestra legislación prevé el principio normativo que delimita el contenido de la sentencia contenido en el art. 213 del CPC. A partir de lo señalado, la parte actora demandó la nulidad de la transferencia de la E.P. 514/98 de 26 de agosto, argumentando el incumplimiento de una conciliación pendiente de un proceso de usucapión, además que el registro en DD.RR. de Juan Carlos Aguirre se encuentra una nulidad de venta en merito a la Escritura Judicial 84 de 6 de septiembre de 2017, que cancela el asiento 2 de la transferencia que hiciera su apoderada Maribel Muzuco en favor de Irene Rimba, amparando su pretensión en el art. 459.3 del CC. El Juez a quo en función a las pruebas, el principio de verdad material de los apartados III.2 y III.3 del presente fallo, los arts. 180 de la Norma Suprema, 145 del CPC declaró improbada la demanda de nulidad de la Escritura Publica 514/2014, Resolucion de primera instancia que al ser impugnada fue confirmada por el tribunal de alzada. Bajo ese razonamiento, las observaciones resultan ser argumentos dirigidos a establecer la disconformidad de la parte actora con las determinaciones de grado. Asimismo, debe precisarse que el recurso de casación no es un remedio procesal que supla omisiones de las partes; en ese sentido, si la recurrente consideraba que la Resolucion de alzada era arbitraria, e incongruente, debió activar oportuna y diligentemente la solicitud de complementación y enmienda que correspondía, tal el art. 226.III del CPC, al no hacerlo precluyó su derecho a reclamar en actuados posteriores como es el recurso de casación, deviniendo el reclamo en infundado (fs. 38 a 43 vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes, a la propiedad; y, a los principios de legalidad y de verdad material; toda vez que, los Magistrados ahora demandados: a) Mediante el Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, ratificaron el Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto, que resolvió la apelación a la Sentencia 21/2018 de 19 de noviembre que declaró improbada la demanda de nulidad de contrato de compra y venta de su bien inmueble, que perdió en beneficio de Irene Rimba Gonzales, quien lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales, cuando el predio aún no se podía transferir porque estaba pendiente el cumplimiento de una conciliación arribada en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro de una acción reivindicatoria planteada en contra de Irene Rimba Gonzales, que habría concluido con la conciliación, actuado del cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que ocho meses después se solicitó la perención de instancia, dejando constancia a la Jueza de la causa, que la conciliación tenía carácter de sentencia, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación; y, b) De esa forma, habría perdido el inmueble de su propiedad, por la aplicación indebida del art. 237.I y II del CPC, respecto al valor de cosa juzgada de la conciliación, siendo que dicho incumplimiento resulta contrario al orden público, situación que fue ratificada por las autoridades ahora demandadas que declararon infundado su recurso de casación, inobservando el principio de verdad material. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizará: 1) De la interpretación de la legalidad ordinaria; 2) Del contenido normativo de los parágrafos I y II del art. 237 del Código Procesal Civil y los arts. 489, 490 y 549 del Código Civil; y, 3) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la Norma Fundamental, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.
Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados.
No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del 2 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución”.
3. En el F.J. III.1. “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 4 queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental.
cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero -identificando dos requisitos al efecto- remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, y a que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional.
Asimismo, la citada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el referido entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.
5En el F.J.III.1. “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” 6 En su FJ III.2 estableció: “…la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.
A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio y 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0878/2014 de 12 de mayo y 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria, debía cumplir los siguientes tres requisitos:
a) Explicar por qué consideraba que la interpretación realizada era insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, para lo cual debía identificarse las reglas interpretativas omitidas por el órgano judicial o administrativo. b) Precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, explicando el nexo causal entre éstos y la interpretación cuestionada; y, c) Establezca el nexo de causalidad entre el primer requisito y el segundo, explicando la relevancia constitucional.
En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la SCP 0049/2020-S1 advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales.
De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, la Magistrada relatora, en atención a lo desarrollado en la SCP 0049/2020- S1 en su Fundamento Jurídico III.2, en cuanto a la 8 En su FJ III.3 señaló: “razonamientos que fueron asumidos por este Tribunal de manera uniforme en las SSCC 1474/2013 de 22 de agosto; 0276/2015-S1 de 26 de febrero; 0104/2016-S2 de 15 de febrero; 0031/2017-S2 de 6 de febrero; 0350/2017-S1 de 21 de abril; 0231/2018-S2 de 28 de mayo; 0380/2018-S2 de 24 de julio; 0074/2019-S2 de 3 de abril, entre otras“. 9“En cuanto a la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y sus efectos, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa lo siguiente: ”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.
Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: ’No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial.
Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática.
La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor’.
En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas:
i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto.
ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.
Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas.” (las negrillas nos corresponden).
De lo desarrollado por la jurisprudencia descrita, se infiere que, esta instancia constitucional, con el propósito de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y el respeto de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, efectúa una labor hermenéutica que genera una amplia jurisprudencia, que luego de su análisis dinámico e integral se identifica aquellas que resolvieron un problema jurídico recurrente y uniforme con razones e interpretaciones consideradas progresivas y favorables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, mismas que, según sus particularidades se constituyen en el estándar más alto.
Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la antedicha jurisprudencia constitucional, su uso conlleva dos consecuencias prácticas; una de ellas, referida a que el juzgador al momento de resolver un caso concreto y después de corroborar la existencia de dos razonamientos contrarios al interior de la jurisprudencia constitucional, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable; lo cual, dentro la dinámica hermenéutica constitucional, así como el carácter progresivo y el principio de favorabilidad de los derechos fundamentales previsto en los arts. 13.I y 256.I de la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la Norma Suprema, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE). En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertido otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, la Magistrada relatora acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de la tantas veces mencionada SCP CPE, resulta constitucionalmente permisible y se constituye en una obligación conforme a los tratados internacionales que prevén derechos más favorables a las contenidas en la misma Norma Suprema e impele a nuestro Estado a su aplicación como parte suscribiente de dichos tratados“. 10 “El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.
Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones - interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.
El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:
Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto. Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:
Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los Jueces o Tribunales ordinarios; es así, que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria -la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.
Procesal Civil y los arts. 489, 490 y 549 del Código Civil
El art. 234 del CPP establece las Reglas Generales de la Conciliación de acuerdo a los siguientes términos:
ARTÍCULO 234. (REGLAS GENERALES)
I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso.
III. Las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. IV. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 235. (CLASES DE CONCILIACIÓN).
I. La conciliación podrá ser previa o intraprocesal.
II. La conciliación previa se rige por lo dispuesto en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo del presente Código.
dejará constancia en acta. Asimismo, las partes, en cualquier estado del proceso, podrán promover la conciliación en cuyo caso la autoridad judicial señalará audiencia.
ARTÍCULO 236. (CONCILIACIÓN PARCIAL). Si la conciliación sólo recayere sobre parte del litigio o se relacionare con alguno de los sujetos procesales, la causa continuará respecto de los puntos no conciliados o de las personas no comprendidas por aquella.
ARTÍCULO 237. (APROBACIÓN Y VALOR DE COSA JUZGADA).
La Ley de Conciliación y Arbitraje –Ley 708 de 25de junio de 2015–, en su art. 20, señala que:
“La conciliación es un medio alternativo de solución de controversias al que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente, antes o durante un proceso judicial o arbitral, con la colaboración de una o un tercero imparcial denominado conciliador, que se ejercitará en el marco de la presente Ley.”
El contexto normativo expuesto, establece que la conciliación constituye un medio alternativo de solución de controversias, cuando el conflicto ya se suscitó. De las modalidades de conciliación, la conciliación intraprocesal es el instrumento procesal que tiene lugar durante la tramitación de un proceso judicial, hasta antes de sentencia;
dicha conciliación, se halla a cargo de la Jueza o Juez de la causa, autoridad a la cual, las normas procedimentales, le conceden o bien la facultad o la obligación de intentar la terminación del pleito, por vía de conciliación.
En cuanto a la oportunidad de su presentación, de acuerdo al art. 234 del CPC, las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso.
A su vez, los arts. 489, 490, 549, 550, 551, 552 y 553 del CC, relativos a la causa ilícita y motivo ilícito de los contratos, establecen que:
ARTÍCULO 489. (CAUSA ILÍCITA).- La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. ARTÍCULO 490. (MOTIVO ILÍCITO).- El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres. En cuanto a las causales de nulidad el contrato, el código Civil señala que: ARTÍCULO 549. (CASOS DE NULIDAD DEL CONTRATO).- El contrato será nulo: 1. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. 3. Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5. En los demás casos determinados por la ley. ARTÍCULO 550. (NULIDAD PARCIAL DEL CONTRATO).- La nulidad parcial del contrato o de una o más de sus cláusulas no acarrea la nulidad del contrato, a menos que esas cláusulas expresen el motivo determinante del convenio. ARTÍCULO 551. (PERSONAS QUE PUEDEN DEMANDAR LA NULIDAD).- La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo. ARTÍCULO 552. (IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD).- La acción de nulidad es imprescriptible. ARTÍCULO 553. (INCONFIRMABILIDAD DEL CONTRATO NULO).- Salva disposición contraria de la ley, el contrato nulo no puede ser confirmado.
Respecto a las causales de nulidad de los contratos, el autor Couture señaló que: "Las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes".
Por su lado, Alsina, al respecto, precisó que: “La ineficacia que se sigue de la nulidad debe tener una finalidad práctica, no procediendo la nulidad por la nulidad misma”. Del contexto normativo y doctrinario, se establece que la nulidad ataca vicios estructurales de la formación de un contrato; en el caso en revisión para establecer la nulidad de un contrato en función a acuerdos asumidos en una conciliación, este para ser considerado y valorado, debe constar en un acta firmada por las partes, el Juez o Jueza y debe estar refrendado por la Secretaria Abogada o Secretario Abogado del despacho judicial.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes, a la propiedad; y, a los principios de legalidad y de verdad material; toda vez que, los Magistrados ahora demandados: i) Mediante el Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, ratificaron el Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto, que resolvió la apelación a la Sentencia 21/2018 de 19 de noviembre que declaró improbada la demanda de nulidad de contrato de compra y venta de su bien inmueble, que perdió en beneficio de Irene Rimba Gonzales, quien lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales –ahora tercer interesado-, cuando el predio aún no se podía transferir porque estaba pendiente el cumplimiento de una conciliación arribada en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro de una acción reivindicatoria planteada en contra de Irene Rimba Gonzales, que habría concluido con la conciliación, actuado del cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que ocho meses después se solicitó la perención de instancia, dejando constancia a la Jueza de la causa, que la conciliación tenía carácter de sentencia, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación; y, ii) De esa forma, habría perdido el inmueble de su propiedad, por la aplicación indebida del art. 237.I y II del CPC, respecto al valor de cosa juzgada de la conciliación, siendo que dicho incumplimiento resulta contrario al orden público, situación que fue ratificada por las autoridades ahora demandadas que declararon infundado su recurso de casación, inobservando el principio de verdad material.
De los antecedentes establecidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que Dalia Guali Sequeiro -ahora accionante-, planteó un proceso civil de demanda de nulidad de contrato de compra y venta ante el Juezgado Público Civil y Comercial de turno de Pando, del bien inmueble bajo Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068, ubicado en la avenida Petrolero, Distrito 4, manzano 009, predio 006, con una superficie de 598,41mts (Conclusiones II.1, II.3 y II.4). La ahora peticionante de tutela en su memorial de demanda de nulidad de contrato de compra y venta, que entre otros, refiere que la señalada transferencia del citado inmueble se concretó en momentos en los que se encontraba pendiente de cumplimiento una conciliación que se habría asumido en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro de la demanda de reivindicación en la gestión 2014, incoado en contra de Abner Beltrán y otra, en el Juzgado de Instrucción en la Civil Primero de la Capital del departamento de Pando (Conclusión II.2). Dentro la citada demanda de nulidad de contrato de compra y venta, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Pando, el 19 de noviembre de 2018 emitió la Sentencia 21/2018, que declaró improbada dicha demandada, sin costas ni costos, resaltando la facultad de disposición que tenía la propietaria IRENE RIMBA GONZALES –ahora tercera interesada– en transferir su bien inmueble mediante poder que no tiene prohibición alguna, más cuando otorgó el Testimonio de Poder 690/2009 con la facultad de vender a su cuñada Maribel Muzuco Rodríguez; que habiéndose valorado las pruebas, señalaron que no existió ilicitud de la causa y motivo en la celebración del contrato; que no se lesionaron los intereses de la actora a raíz de la venta en la gestión 2014, que no es propietaria, a consecuencia del poder que ella misma otorgó a su cuñada Maribel Muzuco Rodríguez. Ante ello, la ahora impetrante de tutela, el 4 de enero de 2019 presentó recurso de apelación contra la Sentencia 21/2018, alegando, entre otros, que el 16 de mayo de 2013, interpuso una demanda de reivindicación de propiedad en contra de Irene Rimba Gonzales, ante la Jueza de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital del departamento de Pando, quién en el caso señaló una audiencia de inspección al predio para el 13 de febrero de 2014, oportunidad en la cual, delante de dicha autoridad jurisdiccional, se habría arribado a una conciliación, en la cual, la parte demandada (Irene Rimba Gonzales) aceptó aumentar el precio pagado por el inmueble en la suma de $us5 000.-, lo que habría aceptado la ahora accionante; sin embargo, al no haber depósito de dinero alguno, el 21 de octubre de 2014, la ahora accionante solicitó la perención de instancia, solicitud a la que la citada Jueza, de puño y letra habría dispuesto “estese a la conciliación que tiene carácter de sentencia” (Conclusión II.5). Ante el recurso de apelación interpuesto, la Sala Civil, Social, Familiar, Niña, Niño y Adolescente, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista 156/2019 de 1 de agosto, que confirmó la Sentencia 21/2018, señalando, entre otros que, no debe perderse de vista que la demanda de rescisión de contrato fue presentada el 9 de diciembre de 2014, después de la venta que hiciera Irene Rimba Gonzales a Juan Carlos “García” Gonzales -lo correcto es Aguirre-; y que la equivalencia en las prestaciones puede ser reclamada por uno de los contratantes, en este caso, por Irene Rimba Gonzales o por Juan Carlos Aguirre Gonzales; en otras palabras, Dalia Guali Sequeiro –ahora peticionante de tutela– carecía de legitimación para reclamar la equivalencia de las prestaciones emergentes del contrato de compra y venta entre Irene Rimba Gonzales y Juan Carlos Aguirre Gonzales, al no ser una de las contratantes.
Ante el planteamiento de recurso de casación por la ahora accionante contra el Auto de Vista 156/2019, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el Auto Supremo 1203/2019 de 26 de noviembre, declarándolo INFUNDADO.
Bajo ese contexto, de la revisión de lo obrado por el Tribunal de garantías, se establece que el tercer interesado Juan Carlos Aguirre Gonzales, no fue notificado con la presente acción tutelar; sin embargo, del contenido y las problemáticas establecidas, la justicia constitucional por la facultad contenida en el art. 31.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), considera que no resulta necesaria su convocatoria, por lo que superada dicha omisión corresponde ingresar al análisis de fondo de las problemáticas planteadas, bajo el siguiente orden: a) Respecto a la primera problemática En este punto se señala que las autoridades demandadas mediante el Auto Supremo 1203/2019 ratificaron el Auto de Vista 156/2019, que resolvió la apelación a la Sentencia 21/2018, que declaró improbada la demanda de nulidad de contrato de compra y venta de su bien inmueble, que perdió en beneficio de Irene Rimba Gonzales, quien lo entregó a su conocido Juan Carlos Aguirre Gonzales, cuando el predio aún no se podía transferir porque estaba pendiente el cumplimiento de una conciliación arribada en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro de una acción reivindicatoria planteada en contra de Irene Rimba Gonzales, que habría concluido con la conciliación, actuado del cual no existe el acta, ni la constancia de su aprobación, por lo que ocho meses después se solicitó la perención de instancia, dejando constancia a la Jueza de la causa, que la conciliación tenía carácter de sentencia, por lo que no se habrían percatado de la inexistencia de dicha conciliación. De la problemática de referencia y conforme a la compulsa de los antecedentes, se establece que la ahora accionante, como argumento base de su demanda de nulidad de contrato de compra y venta, descrita en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, cuestionó la trasferencia realizada por Irene Rimba Gonzales, adjuntando el Folio Real con matrícula computarizada 9.01.1.01.0000068, señalando que no podía efectivizarse la referida transferencia, porque se concretó en momentos en los que se encontraba pendiente de cumplimiento una conciliación establecida dentro de un proceso de reivindicación que instauró en el Juzgado de Instrucción en la Civil Primero de la Capital del departamento de Pando, a los fines de la recuperación del inmueble en el cual Irene Rimba Gonzales admitió aumentar el precio que pagó por el inmueble a su apoderada, por lo que el contrato de compra venta se había llevado a cabo con una causa y motivo ilícitos; que en ese marco, denuncia que el Auto Supremo 1203/2019, le habría otorgado valor a una presunta conciliación, donde no existe el acta, ni su aprobación, ni las firmas correspondientes, concluyendo que no se puso fin a la demanda de reivindicación, para desestimar su pretensión. Bajo ese contexto, y conforme lo denunciado en el Auto Supremo 1203/2019, emitido por los Magistrados ahora demandados, estos declararon INFUNDADO el recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:
“Del examen del cuaderno procesal se desprende que la demanda de reivindicación fue iniciada el 17 de mayo de 2013 y notificada la parte demandada el 25 de julio del mismo año, acción que concluyó con una conciliación que según la demandante consistía en el pago adicional de $us. 5 000.- al valor de $us 9 000.- en que su apoderada Maribel Muzuco transfirió el terreno a Irene Rimba Gonzales (…). Referente a la observación que no se labró el acta de conciliación, dicha situación no puede ser verificada en el cuaderno procesal, ya que no concurren elementos suficientes del proceso de reivindicación. El art. 549 del CC, tipifica la ilicitud de la causa, causales que se refieren a vicios estructurales en la formación del contrato, no pudiendo la falta de cumplimiento de la conciliación del proceso de reivindicación emplazarse como vicio de nulidad, más aun cuando la transferencia que hizo Irene Rimba a Juan Carlos Aguirre se plasmó el 26 de agosto de 2014, cuando la reivindicación ya había concluido con la conciliación, por lo que queda claro que no se transfirió un inmueble en litigio; hacer notar que el incumplimiento de la conciliación no manifiesta que el proceso de reivindicación no hubiese concluido, al respecto, la actora tiene la vía abierta para solicitar el cumplimiento de la conciliación. 2. En lo que concierne a la acusación de una supuesta interpretación y aplicación errónea de los arts. 549.3, 489 y 490 del CC, aspecto que se constituyen en el sustento legal del proceso. Señalan que conforme se desarrolló en el punto III de la doctrina aplicable, la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final (…) de la causa ilícita de los arts. 489 y 490 del sustantivo civil, la causa es ilícita cuando las partes persiguen una finalidad económica social contraria a normas imperativas, contrato ilegal o a los principios de orden público. Aspectos que no fueron acreditados en la sustanciación del presente proceso por la parte demandante respecto a que estaba pendiente de cumplimiento la conciliación del proceso de reivindicación, conforme lo expuesto y la doctrina aplicable, los vicios expuestos como causales de nulidad no se subsumen a la causa ilícita y motivo ilícito razón por la cual los Tribunales de instancia declararon improbada la demanda de nulidad, circunstancia con la que este Tribunal concuerda plenamente, no siendo evidente la errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549.3 del Código Civil. 3. En lo pertinente del agravio de incumplimiento del art. 565.III del CPC sobre la facultad conferida al demandado y a los terceros de buena fe. La parte recurrente sostiene, que a consecuencia del proceso de rescisión de contrato por lesión iniciada en contra de Irene Rimba, se encuentra una nulidad de venta en merito a la Escritura N° 84, la que cancela el asiento N° 2 referido a la transferencia que hiciera su apoderada Maribel Muzuco a favor de Irene Rimba presentada el 14 de setiembre de 2017. Al respecto de la revisión de obrados, el cargo de presentación de la demanda de rescisión de contrato por lesión presentado el 2 de diciembre de 2014; es decir, es después de la transferencia que hizo Irene Rimba a “Juan Carlos García”, emitiéndose el Auto de Vista con el que terminó dicho proceso el 25 de noviembre de 2015; consecuentemente, si la transferencia que se pretende su nulidad fue anterior a la demanda y sentencia ejecutoriada de la acción de rescisión de contrato por lesión, de ninguna manera puede considerarse causa y motivo ilícitos, porque la nulidad ataca vicios estructurales de la formación de un contrato; en el presente contrato, no existe los vicios alegados, pues la demanda de rescisión de contrato, se planteó después de la transferencia inserta en el Escritura Pública 514/2014. Consecuentemente, no se puede considerar la misma, contraria al orden público, a las buenas costumbres o que el contrato sea un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, ya que no puede alegarse mala fe de la vendedora, mucho menos del comprador en sentido de que hubieran tomado conocimiento que se plantearía la demanda de rescisión siendo que éste tiene efecto retroactivo, pero se salvan los derechos de terceros de buena fe, puesto que no existía una anotación preventiva en el folio real como establece el art 565.II del CC. Por último el gravamen en favor del Banco PYME ECO FUTURO S.A. recién se realizó el 11 de febrero de 2015. Careciendo el reclamo de fundamento jurídico legal. 4. Respecto al reclamo del supuesto incumplimiento del art. 218 del CPC, ya que el Ad quem al emitir el Auto de Vista, no cumplió con los requisitos de la Sentencia tal como establece el art. 213 del CPC. Nuestra legislación prevé el principio normativo que delimita el contenido de la sentencia contenido en el art. 213 del CPC. A partir de lo señalado, la parte actora demandó la nulidad de la transferencia de la E.P. 514/98 de 26 de agosto, argumentando el incumplimiento de una conciliación pendiente de un proceso de usucapión, además que el registro en DD.RR. de Juan Carlos Aguirre se encuentra una nulidad de venta en merito a la Escritura Judicial 84 de 6 de septiembre de 2017, que cancela el asiento 2 de la transferencia que hiciera su apoderada Maribel Muzuco en favor de Irene Rimba, amparando su pretensión en el art. 459.3 del CC. El Juez a quo en función a las pruebas, el principio de verdad material de los apartados III.2 y III.3 del presente fallo, los arts. 180 de la Norma Suprema, 145 del CPC declaró improbada la demanda de nulidad de la Escritura Publica 514/2014, Resolucion de primera instancia que al ser impugnada fue confirmada por el tribunal de alzada.
Bajo ese razonamiento, las observaciones resultan ser argumentos dirigidos a establecer la disconformidad de la parte actora con las determinaciones de grado. Asimismo, debe precisarse que el recurso de casación no es un remedio procesal que supla omisiones de las partes; en ese sentido, si la recurrente consideraba que la Resolucion de alzada era arbitraria, e incongruente, debió activar oportuna y diligentemente la solicitud de complementación y enmienda que correspondía, tal el art. 226.III del CPC, al no hacerlo precluyó su derecho a reclamar en actuados posteriores como es el recurso de casación, deviniendo el reclamo en infundado” (sic). Del contenido del citado Auto Supremo cuestionado, se llega a establecer que el argumento de las autoridades demandadas al declarar infundado el recurso de casación, fue entre otros, que el hecho de que no se había labrado el acta de conciliación, era un extremo que no podía ser verificado, pues en los antecedentes no existían suficientes elementos de la demanda de reivindicación; y sustentaron su fallo bajo el fundamento esgrimido en el art. 549 del CC, en sentido que dicha norma tipifica la ilicitud de la causa, causales que se refieren a vicios estructurales en la formación del contrato, no pudiendo argüirse la falta de cumplimiento de una conciliación como un vicio que genere una nulidad, más si tal cual se estableció de los antecedentes, que cuando Irene Rimba Gonzales realizó la transferencia a Juan Carlos Aguirre Gonzales, éste se plasmó el 26 de agosto de 2014, cuando el proceso de reivindicación de propiedad que había iniciado la ahora accionante en contra de Irene Rimba Gonzales, ya había concluido con la conciliación que ella había aceptado; determinándose de ese elemento, que no era evidente que se había transferido un inmueble en litigio, concluyendo sus fundamentos, señalando que a ese respecto, la peticionante de tutela, tiene la vía abierta para solicitar su cumplimiento. En ese marco, de los antecedentes expuestos no se evidencia que los Magistrados ahora demandados al declarar infundado el recurso de casación en contra del Auto de Vista 156/2019, ratificaron y sustentaron su fallo validando la supuesta conciliación arribada en el proceso de reivindicación, o a su inexistencia, que según la propia accionante en su demanda de nulidad de contrato de compra y venta (Conclusión II.4), reconoció que en el proceso de reivindicación de su inmueble, Irene Rimba Gonzales le habría propuesto aumentarle el precio de $us5 000.-por el señalado inmueble, extremo que habría sido aceptado por la ahora accionante en la conciliación que arguye su inexistencia; sino que fue basada en la aplicación de los arts. 489 y 549.3 del CC, de lo cual se tiene que sustentaron su decisión aplicando e interpretando de forma correcta los alcances de la causa lícita, motivo ilícito y las causales de nulidad del contrato; subsumiendo en ese marco, los elementos fácticos a dichas premisas en apego al marco normativo, descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y bajo esos elementos, respecto a la problemática planteada en este punto, se concluye que la acción tutelar incoada por la impetrante de tutela, ni tiene asidero constitucional, no correspondiendo en base a las consideraciones expuestas, acoger la solicitud de concesión de la tutela impetrada.
b) En relación a la segunda problemática En este punto, en relación a lo explanado en la primera problemática, señala la peticionante de tutela, que habría perdido el inmueble de su propiedad, por la aplicación indebida del art. 237.I y II del CPC, respecto al valor de cosa juzgada de la conciliación, siendo que dicho incumplimiento resulta contrario al orden público, situación que fue ratificada por los Magistrados ahora demandados que declararon infundado su recurso de casación, inobservando el principio de verdad material.
En ese antecedente fáctico, de la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que ante la existencia de un componente contradictorio en la evolución del análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, la Magistrada relatora concluyó que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria –la cual incluye la administrativa-, no constituye un obstáculo para ingresar al fondo del análisis, y resultado del mismo revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela, y como resultado de esa revisión, se concederá o denegará la tutela solicitada. En base a este entendimiento, corresponde ingresar al análisis de la problemática expuesta en el presente caso.
En ese contexto jurisprudencial, corresponde dilucidar si resulta evidente que las autoridades demandadas no tomaron en cuenta lo alegado por la accionante respecto al actuado de la conciliación que se habría realizado en la audiencia de inspección de 13 de febrero de 2014, dentro un proceso de reivindicación. Al respecto, corresponde analizar los alcances e interpretación de la figura procesal de la conciliación descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que el Código Procesal Civil en su art. 234 establece las reglas generales de la conciliación, que en su parágrafo II determina que la conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes; en su parágrafo V, señala que: Las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. El art. 235 de dicha norma, establece que en cuanto a la clasificación de la conciliación, ésta podrá ser previa o intraprocesal. Finalmente, el art. 237 del CPC relativa a la aprobación y valor de cosa juzgada en su parágrafo I, señala que: “La conciliación constara en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad judicial y refrendada por la o el secretario”; y en el parágrafo II, menciona que: “La conciliación aprobada, tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal”.
Sobre esa base normativa, atendiendo la denuncia de la impetrante de tutela, de haber incurrido los Magistrados demandados en interpretación errónea del citado art. 237.I y II del CPC, a tiempo de haber declarado INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la ahora peticionante de tutela, se pasa a aplicar la interpretación legal sistemática realizada de dicho artículo, como se puede advertir del contenido del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En ese contexto normativo y jurisprudencial, en el Auto Supremo 1203/2019 emitida por los Magistrados ahora demandados, en base al cual se llegó a la conclusión de que la conciliación constituye un medio alternativo de solución de controversias, cuando el conflicto ya se suscitó; es decir, que la conciliación intraprocesal, es un instrumento procesal que tiene lugar durante la tramitación de un proceso judicial, hasta antes de la sentencia, y se halla a cargo de la Jueza o Juez de la causa, autoridad a la cual, las normas procedimentales, le conceden, o bien la facultad o la obligación de intentar la terminación del pleito por vía de conciliación, actuado que debe constar en un acta firmada por las partes, la autoridad judicial y refrendada por la o el Secretario, y que una vez aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes.
A este respecto, de lo alegado por la parte accionante, se tiene que entre los argumentos expuestos en su recurso de apelación (Conclusión II.6), señaló que el 16 de mayo de 2013, interpuso una demanda de reivindicación de propiedad en contra de Irene Rimba Gonzales, sin que dicha demanda fuera respondida, situación ante la cual la Jueza de la causa, dispuso una audiencia de inspección al predio objeto de la demanda, para el 13 de febrero de 2014, oportunidad en la cual, tal cual, se alegó, se habría arribado a una conciliación, en la cual la parte demandada (Irene Rimba Gonzales) habría aceptado aumentar el precio, en la suma de $us5 000.-, monto que la ahora accionante hubo aceptado; sin embargo, ante el incumplimiento de dicho pago, solicitó la perención de instancia, a la que citada autoridad jurisdiccional, de puño y letra habría dispuesto que esté a la conciliación arribada que tiene carácter de sentencia; no obstante de ello, no existe en los antecedentes que informan al exordio del caso, el citado actuado que la impetrante de tutela reclama que no fue tomado en cuenta, tal cual la exigencia prevista en el art. 237.I y II del CPC.
A este respecto, el contexto normativo relativo al análisis del contenido del art. 237.I y II del CPC, expresa que para que la conciliación aprobada por las partes, surta efecto y tenga el valor de cosa juzgada, debe constar en un acta labrada por la Jueza o Juez del caso, firmada por las partes y refrendada por la o el Secretario del despacho judicial; sin embargo, de los antecedentes del caso, no se advierte de su existencia, más si es considerado un elemento esencial para la parte accionante, siendo que la misma habría puesto fin al proceso de reivindicación, que de acuerdo a lo alegado por los Magistrados demandados, en sentido que la propia peticionante de tutela reconoció de su existencia y que la misma asumió que dicho actuado dio por concluido el proceso de reivindicación; mas, si se tiene en cuenta que la propia normativa establece que de acuerdo a la previsión contenida en el art. 234 del CPC relativa a las reglas generales de la conciliación, en la cual se establece que las partes pueden conciliar en cualquier etapa o fase del proceso; por lo que, no podía alegarse que el incumplimiento de la conciliación como una causa ilícita o un motivo ilícito, teniendo la parte accionante la posibilidad de solicitar que se dé cumplimiento a la señalada conciliación en cualquier etapa del proceso, lo que no se evidencia en los antecedentes. En ese marco, se tiene que la decisión asumida por los Magistrados demandados, está basado en el hecho que la parte demandada (Irene Rimba Gonzales) en la demanda de reivindicación, admitió un aumento al precio pagado por el inmueble a su apoderada, y que ante el incumplimiento del pago ofertado, la ahora peticionante de tutela solicitó a la Jueza de la causa que se declare la perención de instancia; estableciéndose así, que tal cual lo manifestaron las autoridades demandadas, que no puede considerarse a la falta de cumplimiento de una conciliación dentro un proceso de reivindicación el señalarlo como un vicio de nulidad, más aun cuando la transferencia que hizo Irene Rimba Gonzales a Juan Carlos Aguirre Gonzales (Conclusión II.3), se plasmó cuando el proceso de reivindicación ya había concluido con la conciliación; por lo que, el argumento de dichas autoridades en el Auto Supremo cuestionado, de que no existió un argumento jurídicamente válido que establezca la violación de un derecho fundamental de la accionante, resulta evidente; más aún, cuando los fundamentos de dicho Auto Supremo, fueron claros y fundados en derecho, por todo lo cual se concluye que no se advierte ninguna vulneración al ejercicio de los derechos al debido proceso, a la propiedad y los principios de legalidad y de verdad material, consideraciones por las cuales no corresponde la concesión de la tutela solicitada.
Finalmente en relación al derecho a la igualdad de las partes, también invocado como lesionado por la solicitante de tutela, no amerita mayor pronunciamiento, habida cuenta que la prenombrada en su demanda de acción tutelar, no fundamentó cómo y de qué forma este derecho fue vulnerado por las autoridades demandadas. De lo expresado precedentemente, se tiene que la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2020 de 9 de noviembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Msc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Msc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. Msc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El art. 196.I de la CPE prevé: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.
7 En el F.J. III.3.I. señalo: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal. El presente Fundamento Jurídico fue desarrollado en el Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio”.
11 Couture, E.: Fundamentos del derecho procesal civil. Montevideo (2002): B de F, p. 3 16.
12 Alsina, H.: Las nulidades en el proceso civil. Buenos Aires (1958): Ediciones Jurídicas Europa-América, p. 85.
13 (CAUSA ILÍCITA). La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.
14 (CASOS DE NULIDAD DEL CONTRATO). El contrato será nulo: 3) Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes o celebrar el contrato.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0292_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): dfa6ee50f99d90faa451c082eddbfde4dacefcf9dd91342c7e801ed402f08948
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