Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural; a la igualdad y no discriminación; a la fundamentación, motivación y congruencia; y derecho a la defensa; refiriendo que, dentro del proceso administrativo seguido en su contra la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023, confirmó la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 01/2023, sin emitir una motivación, fundamentación y congruencia respecto a los agravios expuestos en su apelación referidos a: i) La vulneración al Juez natural vinculado a la competencia, predeterminación, independencia e imparcialidad del Tribunal, así como a la aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional, la irretroactividad de la ley, la reforma en perjuicio; ii) Sobre la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; y, iii) El derecho a la defensa por falta de notificación con las pruebas que sustentaron el proceso administrativo seguido en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 397 a 406 vta., pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DISPONER, dejar sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023 de 15 de mayo, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, respondiendo de manera expresa, clara y completa a los agravios planteados por el accionante, conforme a los parámetros establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela respecto a los demás derechos alegados como vulnerados, al no haberse evidenciado lesión al derecho al juez natural ni al derecho a la defensa, conforme a los fundamentos expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0291/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57870-2023-116-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 69/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 397 a 406 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Marcelo Flores Lima Director Departamental de Educación de Potosí contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por memorial presentado el 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 111 a 143 vta. el accionante manifestó lo siguiente:
Por Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, se inició proceso administrativo en su contra por el presunto incumplimiento del plazo de inserción del registro de rótulo “observado” en el registro docente administrativo y en el registro de personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística respecto a hechos de abuso sexual atribuidos a Carmelo Castro Quintanilla en la gestión 2021. Dicho proceso, fue sustanciado por Wilfredo Yujra Mamani, Asesor Principal del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en calidad de autoridad sumariante, a quien se planteó la falta de competencia para conocer procesos contra directores departamentales de educación, atribución que correspondía a los tribunales administrativos conforme al art. 62. IV del Reglamento de Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública (SEP), aprobado por Resolución Ministerial (RM) 062/2000 de 17 de febrero; no obstante, el proceso continuó hasta su conclusión, emitiéndose Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de diciembre y posterior RM de Apelación 02/2023 de 27 de enero. Contra tales actos, el 14 de febrero de 2023, interpuso acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, concediendo parcialmente la tutela, por vulneración al juez natural y disponiendo dejar sin efecto la RM 02/2023; en cumplimiento, el Ministro de Educación -ahora demandado-, emitió la RM 03/2023 de 27 de febrero, anulando obrados hasta el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo 06/2022 y ordenando la remisión del proceso ante el Tribunal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación competente, conforme al citado Reglamento. No obstante, en aplicación de la RM 0166/2023 de 27 de febrero -que modificó el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, creando un Tribunal Administrativo especial para el juzgamiento de directores departamentales-, se conformó dicho Tribunal mediante RM 172/2023 de 28 de febrero, el cual emitió el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 001/2023 de 1 de marzo, notificándole el 6 de marzo de 2023, disponiendo el inicio de un nuevo proceso por los mismos hechos; frente a ello, promovió queja por incumplimiento de la Resolución 24/2023 de 23 de febrero, ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; sin embargo la misma fue rechazada por Auto Constitucional 26/2023 de 9 de marzo, al considerarse que el nuevo auto inicial no formaba parte del objeto del amparo, debiendo acudir a la vía administrativa. En ese contexto, solicitó al Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación, dejen sin efecto el nuevo Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo, alegando incumplimiento del fallo constitucional y vulneración del principio de irretroactividad y del juez natural, al haberse creado un tribunal sobreviniente; no obstante, su petición no fue considerada, emitiéndose la Resolución Final 01/2023 de 10 de abril, que dispuso su destitución, confirmada en apelación mediante Resolución Ministerial de Apelación 05/2023 de 15 de mayo. En ese orden, refiere que, dicha resolución vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al emitirse con motivación insuficiente respecto al juez natural, la competencia, imparcialidad, y la previa creación y la aplicación de la RM 0166/2023, sin analizar su incidencia en hechos anteriores ni la jurisprudencia constitucional invocada. Asimismo, refiere que la resolución carece de fundamentación en cuanto a legalidad, tipicidad y valoración probatoria, incurre en incongruencia omisiva al no responder agravios relevantes, no justifica la imposición de la sanción de destitución y omite pronunciarse adecuadamente sobre la prohibición de reforma en perjuicio y el derecho a la defensa por falta de notificación con las pruebas que dieron origen al proceso administrativo sancionatorio.
Denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural; a la igualdad y no discriminación; a la fundamentación, motivación y congruencia; y derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 115. II, 119, 120. I, 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el art. 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023 y hasta el Auto Inicial de Proceso Administrativo 001/2023, ordenando su restitución inmediata al cargo de Director Departamental de Educación de Potosí; y, b) Asimismo, se remitan los antecedentes del proceso al Tribunal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, sea con costas y calificación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 385 a 396, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El régimen disciplinario aplicable al personal del SEP se encuentra regulado por el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP aprobado por RM 062/2000, el cual, es aplicable a los directores departamentales de Educación; 2) En su condición de Director Departamental de Educación de Potosí, fue sometido a proceso administrativo y destituido por la presunta omisión de no reportar procesos contra docentes en el sistema correspondiente; sin embargo, al haber sido inicialmente procesado por una autoridad incompetente, se interpuso acción de amparo constitucional que dispuso la nulidad de obrados por vulneración al juez natural, cuyo fallo ordenó que el juzgamiento se realice ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Educación, establecido por el Reglamento a la Carrera Administrativa; 3) Pese a dicho pronunciamiento constitucional, el Ministro de Educación, en lugar de remitir el caso a la autoridad competente, creó un Tribunal Especial mediante la nueva RM 0166/2023, el cual volvió a procesarlo, reiterando la vulneración del derecho al juez natural; 4) Denunció además la falta de fundamentación en la resolución de destitución, señalando que no se explicó la conducta atribuida ni la gravedad de la supuesta falta cometida; y, 5) Sostuvo que existiría un trato arbitrario o diferenciado, indicando que en casos similares -como el de otro director departamental- no se modificó la normativa ni se adoptaron medidas similares.
Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, por informe escrito presentado el 16 de agosto de 2023, cursante de fs. 358 a 371 vta. y ratificado en audiencia, mediante su representante legal, señaló que: i) dentro del Proceso Sumario Administrativo 06/2022, seguido contra el accionante, en cumplimiento de la Resolución 24/2023, dictada en la primera acción de amparo constitucional, se emitió la RM 03/2023, que dispuso la anulación de obrados del referido proceso administrativo, y la consiguiente remisión de obrados ante el Tribunal Administrativo conforme disposición del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP; ii) Empero, en razón que el referido Reglamento no establecía el juzgamiento de los Directores y Subdirectores Departamentales de Educación, y que además disponía que el Director Departamental era responsable de la organización y desarrollo de las actividades del Tribunal Administrativo, -lo que vulneraría el debido proceso-, el Ministerio de Educación, con la facultad prevista en el art. 14 del DS 4857 de 6 de enero de 2023, emitió la RM 0166/2023, modificando la conformación del Tribunal para el juzgamiento de los Directores, Subdirectores Departamentales de Educación en su composición; iii) En ese orden, la competencia de la nueva conformación del Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación, tiene como sustento legal el Reglamento de Carrera Administrativa del SEP, aprobado por RM 062/2000 y modificado por la RM 0166/2023, que establece la composición del Tribunal para el juzgamiento de Directores y Subdirectores Departamentales de Educación; iv) La modificación realizada a los arts. 62 y 65 del Reglamento de la Carrera Administrativa de SEP, mediante la RM 166/2023, recayó exclusivamente sobre normas de carácter adjetivo, por lo que su aplicación resulta plenamente válida y, en consecuencia, el Tribunal Administrativo conformado en virtud de la misma se encuentra debidamente investido de competencia; y, v) La modificación en el Reglamento únicamente fue en cuanto a la conformación del Tribunal Administrativo, lo cual además, fue en cumplimiento a lo ordenado por Resolución 24/2023, emitida en el primer amparo constitucional, que taxativamente dispuso, se proceda a la conformación de un nuevo tribunal administrativo, aspecto que fue cumplido a cabalidad.
Manuel Eudal Tejerina del Castillo, Viceministro de Educación Regular; Eleuterio Choque Mamani, Director General de Asuntos Administrativos; y, Wilfredo Yujra Mamani, Director General de Asuntos Jurídicos, todos del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en audiencia, representado por el último nombrado, manifestaron que: a) La SCP 369/2021 no resulta aplicable al caso, por tratarse de un supuesto distinto, ya que en dicho precedente el proceso disciplinario se tramitó bajo la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de junio de 1990-, mientras que en el presente caso corresponde la aplicación del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP aprobado por RM 062/2000; b) Sostuvo que ni la SCP 0369/2021 ni la Resolución 24/2023, establecieron que los directores departamentales deban ser procesados por los Tribunales Administrativos de las Direcciones Departamentales, sino únicamente que el juzgamiento debe realizarse conforme al Reglamento de la Carrera Administrativa; c) El Tribunal Administrativo fue conformado en virtud de la RM 0166/2023, emitida en cumplimiento de la Resolución 24/2023, por lo que se encuentra plenamente facultado para conocer el proceso disciplinario; asimismo, argumentó que la RM 166/2023, tiene carácter adjetivo, por lo que es de aplicación inmediata, incluso a procesos en curso, conforme a la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 1136/2016-S3 de 19 de octubre, descartando la vulneración del principio de irretroactividad; d) Destacó la gravedad de los hechos vinculados a abuso sexual contra menores, señalando que el accionante incumplió su deber de supervisión y control, afectando el interés superior del niño; y, e) Finalmente, señaló que el proceso se desarrolló respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y las normas aplicables, incluyendo el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP; por cuanto solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 69/2023, cursante de fs. 385 a 406 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) Estableció que no es competente para realizar control de constitucionalidad o legalidad de la RM 166/2023, al corresponder dicho control al Tribunal Constitucional Plurinacional, limitando su análisis a la eventual vulneración de derechos fundamentales; 2) Señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, particularmente la SCP 1047/2013, las normas de carácter adjetivo tienen aplicación inmediata desde su vigencia; en ese entendido, determinó que la RM 0166/2023 constituye una norma de naturaleza adjetiva, al regular aspectos procedimentales del proceso disciplinario, incluida la conformación del Tribunal correspondiente, la cual fue emitida por autoridad competente en ejercicio de atribuciones conferidas por el DS 4857 y con anterioridad al inicio del proceso administrativo seguido contra el accionante, concluyendo que cuenta con respaldo legal y que su aplicación no vulnera el principio de irretroactividad; 3) En consecuencia, determinó que, la aplicación de la referida normativa no vulneró el derecho al juez natural ni las garantías del debido proceso, al tratarse de una disposición válida y de aplicación inmediata; y, 4) Respecto a la motivación y fundamentación de la Resolución impugnada, estableció que la misma, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, al contener exposición de hechos, análisis jurídico y una decisión expresa.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Marcelo Flores Lima -ahora accionante- contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia; la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Potosí, dictó la Resolución 24/2023 de 23 de febrero, la cual concedió la tutela parcialmente, dejando sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, emitida dentro del proceso administrativo sancionador seguido contra el accionante, por haber vulnerado el derecho al juez natural (fs. 35 a 44). II.2. Mediante Resolución Ministerial de Apelación 03/2023 de 27 de febrero -dictada en cumplimiento de la Resolución 24/2023- se anuló obrados hasta el Auto inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, disponiendo la remisión de los antecedentes al Tribunal Administrativo de conformidad al Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP (fs. 46 a 48 vta.). II.3. Cursa RM 0166/2023 de 27 de febrero, que incorpora el parágrafo VI en el art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP Pública, estableciendo la conformación de los Tribunales Administrativos encargados del juzgamiento de los directores departamentales y Subdirectores de Educación. (fs. 45). II.4. Cursa Auto Inicial de Proceso Sumario del Tribunal Administrativo 001/2023 de 1 de marzo, por el que, la nueva conformación del Tribunal Administrativo, inicia proceso sumario administrativo contra el accionante, por el presunto incumplimiento del plazo del procedimiento para el registro de rótulo “observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General Técnica, Tecnológica y Artística del proceso penal y disciplinario seguido contra Carmelo Castro Quintanilla e Irineo Mamani Martínez durante la gestión 2021 (fs. 49 a 52 vta).
II.5. Consta Resolución de 9 de marzo de 2023, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justiciade Potosí, que determinó el cumplimiento de la Resolución 24/2023, señalando en lo principal que el Auto Inicial de Proceso Sumario del Tribunal Administrativo 001/2023, no podía ser analizado al no haber sido objeto del amparo constitucional, instando a la parte interesada acuda a la vía administrativa (fs. 55 a 56 vta.). II.6. Mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2023, el accionante, solicitó al Tribunal Administrativo, se deje sin efecto el Auto Inicial de Proceso Sumario del Tribunal Administrativo 001/2023, y la medida precautoria de destitución impuesta en su contra (fs. 57 a 67 vta). II.7. Cursa Resolución Final de Proceso Sumario 01/2023 de 10 de abril de 2023, por la que se determina la existencia de responsabilidad administrativa en contra de Edwin Marcelo Flores Lima, imponiéndole la sanción de la destitución del cargo de Director Departamental de Educación de Potosí (fs. 68 a 80). II.8. Por Resolución Ministerial de Apelación 05/2023 de 15 de mayo, se confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario 01/2023 (fs. 92 a 109). II.9. De la revisión del sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (https://tcpbolivia.bo), se evidencia que dicha instancia emitió la SCP 0169/2025-S1 de 24 de marzo, mediante la cual, en revisión de la Resolución 24/2023, concedió totalmente la tutela al accionante. Posteriormente, emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0042/2025-O de 13 de agosto de 2025, resolviendo la queja por incumplimiento a la SCP 0169/2025-S1, planteada por el impetrante de tutela; en cuyo marco se pronunció expresamente sobre la Resolución Ministerial 0166/2023 en relación, señalando que:
“El hoy activante de queja alega además que la Resolución Ministerial 0166/2023 modificó los arts. 62 y 65 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP creando un Tribunal Administrativo Especial para juzgar a los Directores Departamentales y Sub Directores, ambos de Educación, y que ese Tribunal al estar conformado por los dependientes del Ministro de Educación no sería imparcial. En ese sentido, el alegato del ahora activante de queja carece de asidero; puesto que, esa Resolución Ministerial, constituye precisamente la materialización del mandato de la SCP 0169/2025-S1 y la SCP 0369/2021-S3, que exigían que los procesos contra Directores Departamentales sean conocidos en sede sectorial y no bajo la aplicación supletoria del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. En ese entendido, la conformación del Tribunal con autoridades dependientes del Ministerio de Educación no vulnera lo resuelto por la SCP 0169/2025-S1, pues esta estableció como ratio decidendi que el conocimiento de procesos contra Directores Departamentales de Educación corresponde a un Tribunal Administrativo en el marco de la normativa sectorial. Más aun, no puede sostenerse que la aplicación de la Resolución Ministerial 0166/2023 sea retroactiva en perjuicio del hoy activante de queja, pues conforme al art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), las normas procesales tienen efecto inmediato y rigen los procesos en curso, siempre que no afecten situaciones jurídicas consolidadas ni actos procesales concluidos. En ese sentido, la creación de un Tribunal Administrativo Especial para juzgar a los Directores Departamentales y Subdirectores de Educación se enmarca en el principio de especialidad normativa y en la aplicación inmediata de la norma procesal, resultando además el mecanismo idóneo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la SCP 0169/2025-S1, al evitar la aplicación supletoria del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (negrillas añadidas).
El accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural; a la igualdad y no discriminación; a la fundamentación, motivación y congruencia; y derecho a la defensa; refiriendo que, dentro del proceso administrativo seguido en su contra la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023, confirmó la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 01/2023, sin emitir una motivación, fundamentación y congruencia respecto a los agravios expuestos en su apelación referidos a: i) La vulneración al Juez natural vinculado a la competencia, predeterminación, independencia e imparcialidad del Tribunal, así como a la aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional, la irretroactividad de la ley, la reforma en perjuicio; ii) Sobre la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; y, iii) El derecho a la defensa por falta de notificación con las pruebas que sustentaron el proceso administrativo seguido en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
«La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: 1) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, 2) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo , en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa. En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”». Entendimiento desarrollado en la SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril. Asimismo, la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, puntualizó además que: “…cuando se evidencia la existencia o coincidencia de identidad sólo de objeto y causa, así no haya identidad de sujeto, o éste exista parcialmente, el recurso de hábeas corpus también es improcedente…” (las negrillas son nuestras), jurisprudencia que, por la naturaleza descrita sobra la cosa juzgada constitucional, alcanza a las demás acciones de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
De los antecedentes procesales y de las conclusiones arribadas, se puede establecer que el accionante fue sometido a proceso administrativo por Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, por el presunto incumplimiento del plazo del procedimiento para el registro de rótulo “observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General Técnica, Tecnológica y Artística del proceso penal seguido contra Carmelo Castro Quintanilla durante la gestión 2021; dicho proceso, culminó con la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, que le impuso la sanción de destitución de su cargo de Director Departamental de Educación de Potosí. Contra esta determinación, el impetrante de tutela interpuso una primera acción de amparo constitucional, aduciendo falta de motivación y fundamentación, entre otros, respecto al Juez natural, toda vez que, fue juzgado por una autoridad sumariante y no por el Tribunal Administrativo de las Direcciones Departamentales de Educación, conforme disponía el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, obteniendo como resultado la concesión parcial de la tutela (Conclusión II.1); en cuya consecuencia, la autoridad demandada, emitió la nueva Resolución Ministerial de Apelación 03/2023, disponiendo la nulidad del proceso administrativo hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, y la remisión de los antecedentes al Tribunal Administrativo de conformidad al citado Reglamento (Conclusión II.2). En la misma fecha, el Ministro de Educación -ahora demandado- emitió la RM 0166/2023, que incorporó el parágrafo VI en el art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, estableciendo una nueva conformación de los miembros de los Tribunales Administrativos para juzgamiento de los directores departamentales y subdirectores de educación (Conclusión II.3). En el marco de dicha norma, se constituyó el Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación, para el juzgamiento del accionante, instancia que emitió el Auto Inicial de Proceso Sumario del Tribunal Administrativo 001/2023, por el presunto incumplimiento del plazo del procedimiento para el registro de rótulo observado en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General Técnica, Tecnológica y artística del proceso penal y disciplinario seguido contra Carmelo Castro Quintanilla e Irineo Mamani Martínez durante la gestión 2021 (Conclusión II.4). En ese contexto, el accionante acudió en queja ante el Tribunal de garantías que emitió la Resolución 24/2023, denunciando el incumplimiento de esta determinación, en razón que la misma, en el fondo dispuso que la causa debía ser remitida al Tribunal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación competente, conforme lo establecido en el Reglamento de Carrera Administrativa del SEP, y no así, ante un nuevo Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación conformado recientemente en atención a una Resolución Ministerial dictada de forma posterior al inicio de su caso y a lo dispuesto por la referida resolución constitucional. En respuesta el Tribunal de garantías emitió la Resolución de 9 de marzo de 2023, que dio por cumplida la Resolución 24/2023, con la emisión de la Resolución Ministerial de Apelación 03/2023, razonando que el acto administrativo posterior –Auto Inicial de proceso Sumario 001/2023-, era un acto ajeno al objeto procesal de aquella acción de amparo constitucional, que no podía ser considerado por el Tribunal de garantías (Conclusión II.5). Posteriormente, el accionante solicitó al Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación, deje sin efecto el Auto Inicial 001/2023, solicitud que no fue acogida, toda vez, que consta en obrados la posterior emisión la Resolución Final del Proceso Sumario 01/2023, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa contra de Edwin Marcelo Flores Lima -accionante- imponiéndole la sanción de la destitución del cargo de Director Departamental de Educación de Potosí, determinación que fue confirmada por la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023. Ahora bien, en el caso concreto se puede establecer que, el objeto procesal radica, en la alegada vulneración del accionante a su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia sobre a) La vulneración al Juez natural vinculado a la competencia, predeterminación, independencia e imparcialidad del Tribunal, así como a la aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional, la irretroactividad de la ley y la reforma en perjuicio en relación a la aplicación de la RM 0166/2023; b) Sobre la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad y valoración de la prueba; y, c) El derecho a la defensa por falta de notificación con las pruebas que sustentaron el proceso administrativo seguido en su contra; en cuyo contexto se ingresa la análisis de fondo de la problemática planteada.
irretroactividad de la ley y la reforma en perjuicio. Conforme lo establecido en la Conclusión II.9, se establece que, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0169/2025-S1 de 24 de marzo, mediante la cual, en revisión, confirmó la Resolución 24/2023 emitida por el Tribunal de garantías en una primera acción de amparo constitucional, concediendo la tutela constitucional. Posteriormente, el accionante interpuso queja por incumplimiento de dicha Sentencia Constitucional, en cuyo mérito, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0042/2025-O de 13 de agosto, que de manera expresa se pronunció sobre el derecho al Juez natural y la aplicación de la RM 0166/2023, estableciendo que: 1) Dicha Resolución Ministerial constituye la materialización de lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0169/2025-S1 y 0369/2021-S3, que exigían que los procesos contra directores departamentales sean conocidos en sede sectorial y no bajo la aplicación supletoria del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 2) La conformación de un Tribunal Administrativo Especial en sede del Ministerio de Educación no vulnera el derecho al juez natural; y, 3) Su aplicación no configura retroactividad prohibida, al tratarse de una norma de carácter procesal de aplicación inmediata (Conclusión II.9) En ese contexto, corresponde señalar que, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter vinculante y constituyen cosa juzgada constitucional, siendo de cumplimiento obligatorio e irrevisables por otras autoridades judiciales o constitucionales. En el caso concreto, el pronunciamiento contenido en el Auto Constitucional Plurinacional 0042/2025-O reviste especial relevancia, toda vez que fue emitido en el marco de una queja por incumplimiento, mecanismo a través del cual el Tribunal Constitucional ejerce control directo sobre la ejecución y alcance de sus propias decisiones, definiendo de manera expresa si las actuaciones posteriores se ajustan o no al mandato constitucional previamente establecido. En ese sentido, ante la queja por incumplimiento, en la que el accionante ya cuestionó la legalidad del proceso administrativo iniciado, en relación al Juez natural y la aplicación de la RM 0166/2023, al haberse determinado expresamente que la aplicación de dicha Resolución Ministerial -y la consecuente conformación del Tribunal Administrativo que conoció el proceso-no vulnera el derecho al juez natural ni el principio de irretroactividad, se configura cosa juzgada constitucional respecto a dicha problemática, al haber concurrido identidad de sujeto, objeto y causa, en el siguiente orden:
i. Identidad de sujeto
En cuanto los sujetos procesales, en ambos casos se trata del mismo accionante -Edwin Marcelo Flores Lima- y demandado –Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia-. En consecuencia, por lo analizado se advierte identidad de parcial sujetos.
ii. En cuanto al objeto o pretensión del accionante
En ambos escenarios, el objeto de cuestionamiento radica en la validez del proceso administrativo sustanciado contra el accionante, específicamente en relación con la competencia del Tribunal Administrativo del Ministerio de Educación; la aplicación de la RM 0166/2023; y, la presunta vulneración del derecho al juez natural.
Por tanto, se verifica identidad de objeto respecto a dicho aspecto. iii. Respecto a la causa o motivo
En cuanto a la causa o fundamento fáctico-jurídico, en ambos casos el accionante sustenta su reclamo en la aplicación de una norma posterior a los hechos; la creación de un tribunal sobreviniente; y la supuesta afectación al juez natural e irretroactividad de la ley. En consecuencia, se advierte identidad de causa en relación con la problemática señalada. De lo expuesto, se concluye que existe identidad sustancial de sujeto, objeto y causa respecto al cuestionamiento del juez natural vinculado a la aplicación de la RM 0166/2023, aspecto que ya fue objeto de pronunciamiento expreso por el Tribunal Constitucional Plurinacional en el Auto Constitucional Plurinacional 0042/2025-O; consiguientemente, este Tribunal se encuentra impedido de reabrir el análisis relativo a la presunta vulneración del derecho al juez natural y cuestiones conexas vinculadas a la aplicación de la citada Resolución Ministerial, al existir un pronunciamiento previo, expreso y vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a dicha problemática. No obstante, la cosa juzgada constitucional no se extiende a aspectos que no fueron objeto de decisión expresa, por lo que corresponde circunscribir el análisis de la presente acción de amparo constitucional, sobre los demás agravios referidos expuestos en la misma, en tanto constituyen cuestionamientos autónomos vinculados al derecho al debido proceso.
El accionante, a momento de plantear el recurso de apelación contra la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 02/2023, también expuso como agravios, que la misma carece de una adecuada determinación de la conducta atribuida, al no identificar de manera clara la norma que tipifica la supuesta omisión como falta administrativa, incurriendo en vulneración a los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad. Asimismo, sostuvo que el art. 12.1 del Reglamento para el Registro y Retiro de rótulo “observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística - RM 1239/2018-, establece que para dicho fin, las Direcciones Departamentales, a través de sus Unidades de Asuntos Jurídicos deberán remitir a la Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio de Educación un Informe Técnico Legal, en el plazo de cinco días, debidamente aprobado por la o el Director Departamental de Educación; por lo que, existió una incorrecta atribución de responsabilidad, al haberse procesado a su persona obligaciones que, conforme a lo previsto por el citado reglamento corresponden a la Unidad de Asuntos Jurídicos, siendo su función únicamente la aprobación del informe técnico-legal, sin que la autoridad haya explicado por qué la conducta observada le resulta personalmente atribuible ni haya analizado la distribución de funciones dentro de la institución. De igual forma, refiere que la resolución carece de fundamentación en la imposición de la sanción de destitución, al no explicarse las razones que la justifican ni por qué no se atribuyó responsabilidad a otras autoridades, además de no haberse realizado una valoración individualizada de las pruebas ni precisado el valor otorgado a cada una de ellas para sustentar la determinación asumida. Finalmente, sostiene que se vulneró su derecho a la defensa, al no haber sido notificado con las pruebas de cargo que sustentaron el proceso, lo que le impidió conocer íntegramente los antecedentes y ejercer de manera efectiva su defensa. Ante dicha apelación, El Ministro de Educación -ahora demandado-, emitió la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023, en la que argumentó que:
a) La conducta del recurrente -ahora accionante- fue claramente identificada como incumplimiento de funciones vinculadas al registro del rótulo “observado” y correctamente subsumidas al inciso h) del art. 4 e incs. a), d), e) y f) del art. 9 del DS 0813; inc. a) parágrafo IV del art. 6 y num. 1 del art. 12 del Reglamento para el Registro y Retiro de rótulo "observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, aprobado mediante RM 1239/2018; inc. a) acápite 12 del Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial aprobado por RM 864/2019; inc. m) del art. 52, inc. a), b), del art. 24 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP aprobado por la RM 062/2000 y modificado mediante RM 166/2023, disposiciones legales concordantes con el num. III art. 15 y 60 de la CPE: Parágrafo del art. 8 del Código Niño, Niña y Adolescente –Ley 548 de 17 de julio de 2014-. b) Afirmó que la Dirección Departamental de Educación de Potosí, demoró cinco meses en adherirse a la denuncia penal; asimismo no cumplió con el plazo de cinco días para la remisión del Informe Técnico Legal a la Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio de Educación computables desde la fecha de la imputación formal del maestro denunciado en la vía penal; toda vez que la misma data del mes de mayo de 2021; sin embargo el Informe Técnico Legal para el registro de rótulo de “observado”, fue realizado y enviado en octubre del mismo año, confirmando el retraso imputado, y su incursión en actos de negligencia. c) Los elementos de convicción presentados, generaron convicción sobre la responsabilidad del sumariado, hoy accionante. Conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el derecho al debido proceso, comprende entre otros elementos, la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones, exigiendo que toda decisión contenga una respuesta clara, expresa, suficiente y pertinente a los argumentos planteados por las partes, así como una explicación razonada que vincule los hechos, la valoración probatoria y la norma aplicada. En ese entendido, la motivación no se satisface con la mera cita de normas o la enunciación genérica de conclusiones, sino que exige que la autoridad exponga las razones fácticas y jurídicas que justifican su decisión, permitiendo comprender por qué se atribuye responsabilidad y por qué se impone determinada sanción. Ahora bien, de la contrastación realizada entre los agravios formulados por el apelante -ahora accionante- y la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023, se puede advertir claramente que en cuanto a la legalidad, tipicidad y taxatividad, la autoridad demandada, sostuvo que dichos principios fueron cumplidos, al haberse subsumido la conducta a disposiciones normativas, las cuales fueron citadas de forma meramente enunciativa, sin desarrollar un análisis concreto sobre la adecuación específica de la conducta atribuida al sumariado a un tipo administrativo determinado; pues, no realizó una explicación razonada y fundamentada respecto del momento en el que el accionante asumió conocimiento de la denuncia penal seguida contra Carmelo Castro Quintanilla, para a partir de ese momento tener por cierto el lapso que se imputó como dilatorio y como este incidió en la conducta atribuida; por cuanto se identifica falta de motivación y fundamentación respecto este agravio, dado que el cumplimiento de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad no se satisface con la mera cita de disposiciones normativas, sino que exige la identificación clara de la conducta atribuida, su adecuación específica a un tipo infractor previamente establecido y la precisión normativa que permita prever la consecuencia jurídica de su incumplimiento. Asimismo, ante el cuestionamiento del accionante, respecto de falta de adecuación de su conducta a los elementos constitutivos del tipo administrativo previsto en los arts. 6. IV y 12 de la RM 1239/2018 y la responsabilidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos, sobre la elaboración del Informe Técnico Legal necesario para dar curso al Registro de rótulo “observado” exigido en la normativa antes nombrada, la autoridad demandada no analizó el contenido ni alcance de las referidas disposiciones, tampoco explicó la distribución de funciones entre el Director Departamental y la Unidad de Asuntos Jurídicos, ni justificó por qué la omisión resultaba atribuible personalmente al ahora accionante; por el contrario se limitó a afirmar de manera genérica el incumplimiento de funciones, sin resolver el argumento planteado; advirtiéndose falta de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva, al no haberse respondido a un agravio que incide directamente sobre la responsabilidad administrativa. Sobre la valoración de la prueba, la resolución señala que la documentación cursante en obrados acredita el incumplimiento del plazo y genera convicción sobre la responsabilidad del accionante, sin embargo, no se advierte una valoración individualizada de los elementos probatorios ni la explicación del nexo lógico entre cada prueba y la conducta atribuida, evidenciándose motivación insuficiente en la valoración probatoria. En cuanto a la fundamentación sobre la sanción impuesta, el accionante cuestionó la imposición de la sanción de destitución, señalando la ausencia de justificación y la falta de consideración de la responsabilidad de otras autoridades; al respecto, la Resolución cuestionada no desarrolló un análisis específico sobre la proporcionalidad de la sanción, tampoco explicó por qué correspondía la sanción máxima de destitución y no las otras medidas dispuestas en el art. 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP consistentes en multa de hasta el 20% y suspensión sin remuneración hasta un máximo de un mes calendario, como tampoco respondió el cuestionamiento relativo a la responsabilidad de otros funcionarios; evidenciándose falta de motivación en la determinación de la sanción e incongruencia omisiva, al no haberse respondido sobre estos agravios. En cuanto al derecho a la defensa, por falta de notificación con las pruebas que sustentaron el proceso administrativo sancionador, la autoridad rechazó el referido agravio, señalando que no existe obligación de notificar con toda la documentación toda vez que, el accionante tuvo acceso al expediente. En este punto, si bien la respuesta resulta breve, si contiene una debida justificación, pues debe entenderse que el derecho a la defensa no se vulnera por la sola inobservancia formal de actos de comunicación, sino únicamente cuando se evidencia una afectación real y material al ejercicio del contradictorio; en el caso concreto, si bien el accionante alega falta de notificación con las pruebas, se advierte que participó activamente en el proceso, presentó descargos y tuvo la posibilidad de acceder al expediente y solicitar copias, sin haber demostrado de qué manera concreta dicha omisión le impidió ejercer su defensa, máxime cuando contaba con mecanismos ordinarios e incidentales para cuestionar tal situación; por lo que, no se evidencia vulneración del derecho a la defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 397 a 406 vta., pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DISPONER, dejar sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 05/2023 de 15 de mayo, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, respondiendo de manera expresa, clara y completa a los agravios planteados por el accionante, conforme a los parámetros establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela respecto a los demás derechos alegados como vulnerados, al no haberse evidenciado lesión al derecho al juez natural ni al derecho a la defensa, conforme a los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0291_2026-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3b6631369fb3a5b936fe5889f763ff48f5a08657858d4868aec78bffb817b07
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