B.IA.LEGAL

SCP 0291/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48809-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, y a la impugnación; toda vez que, a través de Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, se le declaró culpable de los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y uso de firma en blanco; sin embargo: 1) Apelada su sentencia condenatoria, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitieron el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, por el cual confirmaron la referida Sentencia, notificándole con tal determinación por cedulón el 16 de septiembre de 2020, en el ex domicilio procesal de su abogada de oficio -calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol- sin considerar que este ya no era su domicilio; por lo que la notificación se debió efectivizar de forma personal o mediante edictos, garantizando que tenga conocimiento la misma; empero, con este defecto se devolvió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dejándolo en completa indefensión; 2) La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto de mismo departamento, en suplencia legal de su similar primero, mediante Auto de 10 de noviembre de 2020, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, sin que tampoco se le notifique de forma personal con tal determinación; e incluso, sin considerar que existió una representación de dicho actuado, incumpliendo lo establecido por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 196 a 199, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo impetrado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0291/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48809-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 196 a 199, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Beato Apaza Mamani contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, ex; y, Margot Pérez Montaño y Henry David Sánchez Camacho, actuales, todos Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero; Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda en suplencia legal de su similar primero; Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero, todos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de julio de 2022, cursante de fs. 163 a 180, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se le inicio proceso penal por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso de firma en blanco el 29 de diciembre de 1998 a denuncia de Andrés Choque Aranda, el mismo fue seguido por varios años en el sistema liquidador bajo el Decreto Ley 10426 -Código de Procedimiento Penal abrogado-, dictándose en rebeldía la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, siendo notificado mediante edictos y a su abogada en su domicilio procesal; ante ello, interpuso recurso de apelación el 6 de enero de 2017; cabe señalar, que en ese año “se hace el trasladó del tribunal que se encontraba en la plaza de la luna, frente a CEIBO ex DDRR, se traslada al nuevo edificio judicial, Av. Satélite y Av.

Franco Valle, por ende todos los abogados también se trasladaron a los alrededores del Nuevo edificio” (sic). Asimismo, de la tramitación de la apelación, el 20 de marzo de 2020, se emitió el Auto de Vista 35/2020, por las Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la Sentencia 42/2016, que lo declaró culpable de los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y uso de firma en blanco; sin embargo, con el citado Auto de Vista, se le notificó por cedulón el 16 de septiembre de 2020 en el ex domicilio procesal de su abogada de oficio; es decir, en calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol; sin considerar que este ya no era su domicilio, por lo que se debió efectivizar la notificación de forma personal o recurrir a la notificación mediante edictos, garantizando tenga conocimiento de la resolución emitida en su contra; empero, con esta notificación ilegal, se devolvió el expediente de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del mismo departamento, dejándolo en estado de indefensión total. Es así, que una vez el cuaderno fue devuelto al señalado Juzgado, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar primero, mediante Auto de 10 de noviembre de 2020, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, sin que tampoco se le notifique de forma personal con tal determinación, incluso, sin considerar que la notificadora de la Gestora de procesos 3 de El Alto del mismo departamento representó dicho actuado, recalcando que las notificaciones con carácter definitivo deben realizarse de forma personal conforme establece el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es así, que por tal errónea notificación se emitió mandamiento de captura, encontrándose indebidamente detenido desde el 13 de junio de 2022. Posteriormente, se remitió el mandamiento de condena al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, sin que dicha autoridad jurisdiccional verifique la existencia de notificaciones erróneas, consintiendo los actos ilegales que conllevaron a que se encuentre privado de libertad. Se debe considerar que en el presente caso existe también doble procesamiento, pues por el mismo hecho, ya fue procesado y sentenciado por el “Juzgado Octavo de Sentencia Liquidador Penal de La Paz” mediante Sentencia 57/2016 de 7 de abril, que determinó en su contra la privación de libertad por cuatro años, cuyo cumplimiento de condena fue supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; emitiéndose el correspondiente mandamiento de libertad a su favor el 7 de septiembre de 2020 por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del referido Juzgado de Ejecución Penal; actuando el querellante de forma abusiva, pues busca que cumpla una doble condena por el mismo hecho, aspecto que era de conocimiento del Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del indicado departamento, pero que a pesar de estos extremos mantuvo su privación de libertad de forma indebida e ilegal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante consideró lesionados su derechos al debido proceso en su vertiente defensa, y a la impugnación, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, y se disponga: a) Se restablezcan las formalidades legales y la garantía constitucional reclamada; b) Su libertad inmediata; c) La nulidad de obrados hasta la notificación con el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, incluido el Mandamiento de Captura de 7 de junio de 2021, Mandamiento de Condena de 31 de marzo del mismo año y Auto de 10 de noviembre de 2020; y, d) Que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordene la notificación con el Auto de Vista 35/2020, de conformidad al art. 163.II del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 196 a 199, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 190 y vta., señaló que: 1) El 24 de mayo de 2021, le remitieron los antecedentes para el control de condena del ahora accionante, es así, que verificando la existencia de una condena y que el mismo no se encontraba detenido se ordenó se emita mandamiento de captura en su contra; mismo, que en una primera oportunidad no fue ejecutado, por lo que ante la representación presentada por ese aspecto, que se emitió un nuevo mandamiento de captura con facultad de días y horas extraordinarias, cuyos antecedentes de su ejecución aun no fueron remitidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); 2) Desde el 13 de junio de 2022, que se desarrolló la presunta detención del condenado, únicamente el mismo solicitó copias simples que fueron autorizadas, sin presentar ninguna otra solicitud, por lo que no se puede evidenciar eventual perjuicio o vulneración; y, 3) En consideración a la etapa del proceso, no se generó ninguna lesión actuando su persona conforme a procedimiento. Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, apersonándose en audiencia manifestó que: i) Asumió su cargo desde el 23 de junio de 2022, y el accionante en ningún momento en la acción tutelar estableció de manera clara y concreta la lesión que hubiera sufrido; ya que no firmó ningún documento o resolución que suprima su derecho a la libertad; ii) El impetrante de tutela no planteó incidente alguno contra la emisión de su condena, y dentro del proceso, existen momentos y etapas para plantear los respectivos incidentes o excepciones que las partes consideren pertinentes; y, si existiría un doble procesamiento, este aspecto seguramente no fue cuestionado en su etapa correspondiente; iii) Existe el principio de conservación, por el cual se presume la validez de todas las actuaciones, existiendo total negligencia en el actuar del accionante quien esperó desde el 2016 al 2022 para alegar lesividad en su proceso; y, iv) El accionante, no estableció el nexo de causalidad entre lo que demanda y el actuar de su persona, ya que no se mencionó alguna contravención a la norma que le esté generando perjuicio. Elisa Exalta Lovera, ex; y, Margot Pérez Montaño, actual, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar primero, no se presentaron a la audiencia de garantías ni remitieron informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 182.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 196 a 199, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) Los hechos denunciados por el accionante, están vinculados al debido proceso que es tutelado por la acción de libertad, cuando concurren los supuestos que lo hacen viable; es decir, que el acto lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o amenazas de autoridad pública, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restitución o supresión; y, debe existir un absoluto estado de indefensión, es decir que el accionante no tuvo oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la privación de libertad, supuesto primero que en el presente caso de autos no se presenta, por cuanto se evidenció que los cuestionamientos respecto a la inexistencia de vicios procesales en la sustentación del proceso penal seguido en su contra, así como el mandamiento de condena y captura expeditos, son hechos que están vinculados al debido proceso que es tutelado cuando concurren los dos supuestos que lo hacen viable, que en el caso de autos, no se presenta; b) Además, se evidenció que la extensión de los mandamientos de condena y captura expeditos, no están vinculados directamente a su libertad, sino son el resultado de una condena impuesta a la persona a sufrir la pena de privación de libertad de cinco años, determinación que fue impuesta mediante la Sentencia 42/2021 de 29 de diciembre, y confirmada por el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo; por lo descrito, debió tomarse en cuenta que en caso de existir otros mecanismos procesales específicos de defensa, estos debieron usarse en tiempo oportuno, pudiendo incluso ser recurridos por el ahora accionante; c) Corresponde señalar también, que dichas presuntas lesiones al debido proceso, no pueden ser conocidas a través de la presente acción tutelar, toda vez que las mismas son reclamaciones que no se encuentran vinculadas directamente con el derecho a la libertad del accionante, al no ser causa directa de la supresión o restricción de la misma, es en ese entendido que el prenombrado podría acudir a esta jurisdicción constitucional a través del uso de la acción de amparo constitucional; y, d) Respecto al proceso primigenio al cual el impetrante de tutela hizo referencia en su memorial, el mismo se encontraría ya ejecutoriado, pasado en autoridad de cosa juzgada, así mismo, del análisis y de la revisión probatoria de las observaciones de las partes no se atribuyó responsabilidad alguna en relación a los demandados Henry David Sánchez Camacho, Margot Pérez Montaño, Pablo Esteban Medrano Claure y Marco Antonio Laurenty Titirico.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, declaró a Vladimir Beato Apaza Mamani -ahora accionante- culpable de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso de firma en blanco, determinando la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 21 a 29). II.2. Por Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en todas sus partes la Sentencia 42/2016 (fs. 40 a 44) notificando con tal determinación al ahora peticionante de tutela el 16 de septiembre de 2020, en calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol, conforme consta de formulario de notificación (sic [fs. 45]). II.3. Se tiene Oficio CITE: OF. 1199/2020 de 28 de septiembre, por el cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz devolvió obrados al “Juez de Partido y Sentencia Primero” (fs. 46 y vta.). En respuesta, se emitió Decreto de 30 de septiembre de 2020, mediante el cual la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar primero -ahora demandada-, definió: “a sus antecedentes y en conocimiento de las partes procesales” (sic [fs. 47]). II.4. A través de Auto de 10 de noviembre de 2020, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia de su similar primero -ahora demandada-, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016 (fs. 49). Tal actuado, en primera instancia no fue notificado al accionante, conforme consta de la Representación de 10 de diciembre de 2020, emitida por la Gestora de Procesos 3 de El Alto del departamento de La Paz (fs. 60) reiterándose la notificación mediante cedulón el 7 de abril de 2021, efectuada en la calle Martín Cárdenas, 1024, of. A, Zona Ferropetrol (fs. 62). II.5. Consta Mandamiento de Condena de 31 de marzo de 2021, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar primero, por el cual ordenó la detención del condenado -ahora accionante- (fs. 63). II.6. Mediante Mandamiento de Captura de 7 de junio de 2021, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- ordenó a cualquier funcionario de la FELCC de El Alto, para que aprehendan y conduzcan al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz al ahora accionante, a objeto de que cumpla su condena de cinco años de reclusión, dispuesta mediante Sentencia 42/2016 (fs. 91).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, y a la impugnación; toda vez que, a través de Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, se le declaró culpable de los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y uso de firma en blanco; sin embargo: 1) Apelada su sentencia condenatoria, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitieron el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, por el cual confirmaron la referida Sentencia, notificándole con tal determinación por cedulón el 16 de septiembre de 2020, en el ex domicilio procesal de su abogada de oficio -calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol- sin considerar que este ya no era su domicilio; por lo que la notificación se debió efectivizar de forma personal o mediante edictos, garantizando que tenga conocimiento la misma; empero, con este defecto se devolvió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dejándolo en completa indefensión; 2) La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto de mismo departamento, en suplencia legal de su similar primero, mediante Auto de 10 de noviembre de 2020, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, sin que tampoco se le notifique de forma personal con tal determinación; e incluso, sin considerar que existió una representación de dicho actuado, incumpliendo lo establecido por el art. 163 del CPP que conllevó a que en su contra se emita mandamiento de captura; 3) El Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del indicado departamento, una vez que asumió conocimiento del proceso, sin que verifique la existencia de notificaciones erróneas, consintió los actos ilegales que conllevaron a que se encuentre privado de libertad; y, 4) En el presente caso existe doble procesamiento, ya que previamente fue sentenciado por el “Juzgado Octavo de Sentencia Liquidador Penal de La Paz” a través de la Sentencia 57/2016 de 7 de abril, por el mismo hecho, ya habiendo cumplido la condena de cuatro años que le establecieron en aquella ocasión, actuando el querellante de forma abusiva, pues busca que cumpla una doble condena por el mismo hecho; aspecto que era de conocimiento del citado Juez de Ejecución Penal, pero que a pesar de esos extremos mantuvo su detención de forma indebida e ilegal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; ii) Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0440/2021-S1 de 16 de septiembre; 0609/2021-S1 de 5 de noviembre; 0693/2021-S1 de 23 de noviembre, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal. En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/00-R de 23 de octubre de 2020 , el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad”. En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente” (el resaltado es ilustrativo). Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (El resaltado y subrayado fueron añadidos). Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son ilustrativas).

Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad” (el resaltado es ilustrativo).

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (el resaltado nos corresponde). De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”.

Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencia con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad.

En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el subrayado fueron añadidas).

Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“…i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional” (el resaltado nos corresponde).

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “…el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3, 0762/2021-S2, 0235/2020-S1 y 0560/2020-S1, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0307/2021-S1 de 2 de agosto; 0019/2023-S1 de 9 de febrero; 0121/2023-S1 de 29 de marzo -entre otras-que formularon el siguiente razonamiento: Sobre este medio o mecanismo ordinario, que se constituye el medio idóneo y oportuno para reclamar actos defectuosos que no pueden ser convalidados, cuando su existencia o ejecución impliquen vulneración a derechos o garantías constitucionales, la SCP 0067/2018-S1 de 19 de marzo, siguiendo los entendimientos de la SC 2888/2010-R de 17 de diciembre, reiterada en la SCP 1047/2015-S1 de 30 de octubre, señaló que:

“Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: «No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad», en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad’.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales” (las negrillas y el subrayado son añadidos). Consecuentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa, se constituye en el medio procesal idóneo y oportuno para denunciar actos ilegales en los que pudieran incurrir en su actuación las autoridades fiscales o judiciales que sean contrarios al procedimiento o sus derechos, producidos durante la etapa preliminar, preparatoria o juicio y que correspondieren al ámbito de competencia del juez instructor en lo penal o del Tribunal de Sentencia, siendo estas las autoridades llamadas para el restablecimiento de los derechos vulnerados.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, y a la impugnación; toda vez que, a través de Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, se le declaró culpable de los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y uso de firma en blanco; sin embargo: a) Apelada su sentencia condenatoria, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitieron el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, por el cual confirmaron la referida Sentencia, notificándole con tal determinación por cedulón el 16 de septiembre de 2020, en el ex domicilio procesal de su abogada de oficio -calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol- sin considerar que este ya no era su domicilio; por lo que la notificación se debió efectivizar de forma personal o mediante edictos, garantizando que tenga conocimiento la misma; empero, con este defecto se devolvió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dejándolo en completa indefensión; b) La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto de mismo departamento, en suplencia legal de su similar primero, mediante Auto de 10 de noviembre de 2020, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, sin que tampoco se le notifique de forma personal con tal determinación; e incluso, sin considerar que existió una representación de dicho actuado, incumpliendo lo establecido por el art. 163 del CPP que conllevó a que en su contra se emita mandamiento de captura; c) El Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del indicado departamento, una vez que asumió conocimiento del proceso, sin que verifique la existencia de notificaciones erróneas, consintió los actos ilegales que conllevaron a que se encuentre privado de libertad; y, d) En el presente caso existe doble procesamiento, ya que previamente fue sentenciado por el “Juzgado Octavo de Sentencia Liquidador Penal de La Paz” a través de la Sentencia 57/2016 de 7 de abril, por el mismo hecho, ya habiendo cumplido la condena de cuatro años que le establecieron en aquella ocasión, actuando el querellante de forma abusiva, pues busca que cumpla una doble condena por el mismo hecho; aspecto que era de conocimiento del citado Juez de Ejecución Penal, pero que a pesar de esos extremos mantuvo su detención de forma indebida e ilegal.

De la relación de antecedentes y conclusiones que informan el presente fallo constitucional, se tiene que, a través de Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de la Paz -ahora demandado-, declaró al ahora accionante culpable de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso de firma en blanco, determinando la pena privativa de libertad de cinco años a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro La Paz (Conclusión II.1); es así, que apelada tal determinación, se emitió el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual se confirmó la Sentencia 42/2016, notificando con tal determinación al ahora peticionante de tutela el 16 de septiembre de 2020 en calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol, conforme consta de formulario de notificación (Conclusión II.2). Posteriormente, se devolvió obrados al Juzgado de Sentencia a cargo a través de Oficio CITE: OF. 1199/2020 de 28 de septiembre; y, en respuesta, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del mismo departamento, en suplencia legal de su similar primero, mediante Decreto de 30 de septiembre de 2020, indicó “a sus antecedentes y en conocimiento de las partes” (Conclusión II.3). Posteriormente, por Auto de 10 de noviembre de 2020, la señalada Jueza, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, dicho actuado en primera instancia no fue notificado al accionante, conforme consta de la Representación de 10 de diciembre de 2020 suscrita por la Gestora de Procesos 3 de El Alto del departamento de La Paz, reiterándose la notificación mediante cedulón el 7 de abril de 2021, efectuada en calle Martín Cárdenas 1024, of. A, Zona Ferropetrol (Conclusión II.4). Finalmente, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar primero emitió mandamiento de condena contra el accionante el 31 de marzo de 2021; y, el 7 de junio del mismo año, emitió mandamiento de captura ordenando a la FELCC se remita al condenado -ahora accionante- al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a objeto de que se cumpla su condena de cinco años (Conclusión II.5 y II.6). Con esos antecedentes, es que corresponde ingresar a analizar las problemáticas planteadas, bajo el siguiente orden:

III.3.1. Respecto a la primera, segunda y tercera problemática

El accionante alega que: 1) Apelada la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, los Vocales ahora demandados a través de Auto de Vista 35/2020 confirmaron la referida Sentencia, notificándole con tal determinación por cedulón el 16 de septiembre de 2020, en el ex domicilio procesal de su abogada de oficio -calle Martín Cárdenas 1024 of. A, Zona Ferropetrol- sin considerar que este ya no era su domicilio; por lo que la notificación se debió efectivizar de forma personal o mediante edictos, garantizando que tenga conocimiento la misma; sin embargo, con este defecto se devolvió el expediente al referido Juzgado de Sentencia Penal, dejándolo en completa indefensión; 2) La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del mismo departamento, en suplencia legal de su similar primero -ahora demandada-, mediante Auto de 10 de noviembre de 2020, declaró la ejecutoría de la Sentencia 42/2016, sin que tampoco se le notifique de forma personal con tal determinación; e incluso, sin considerar que existió una representación de dicho actuado, incumpliendo lo establecido por el art. 163 del CPP que conllevó a que en su contra se emita mandamiento de captura; y, 3) El Juez de Ejecución Penal Primero de EL Alto del indicado departamento -ahora demandado-, una vez que asumió conocimiento del proceso, sin que verifique la existencia de notificaciones erróneas, consintió los actos ilegales que conllevaron a que se encuentre privado de libertad. Respecto a estas problemáticas, es pertinente establecer que la acción de libertad si bien constituye un medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, es la jurisprudencia constitucional que fue desarrollando lineamientos respecto a los casos en los que no procede la activación de la acción de libertad, además, de los principios que rigen dicha acción tutelar. En esa línea, debemos remitirnos al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se sostuvo que la subsidiariedad excepcional ciertamente es aplicable en este tipo de acción tutelar, pues en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; y, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, ya que de lo contrario se desnaturalizaría en su esencia y finalidad. Además, se debe considerar que conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales deben ser impugnadas ante la autoridad judicial activando el incidente de actividad procesal defectuosa pues dicha vía se constituye en idónea e inmediata para resolver estas situaciones conforme lo establecido en el art. 169 del CPP. Entonces, en el presente caso, se observa que el accionante en sus tres primeras problemáticas cuestiona: i) Una incorrecta notificación con el Auto de Vista 35/2020; ii) Incorrecta notificación con el Auto de 10 de noviembre de 2020 que ejecutoría la Sentencia 42/2016; y, iii) Alega que el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, asumió conocimiento de su caso consintiendo la existencia de notificaciones erróneas. Sin embargo, como se desarrolló, si la parte accionante consideraba que la falta de notificación personal con la ejecutoría de la Sentencia 42/2016 se constituía en un defecto absoluto del procedimiento, previamente a activar la vía constitucional debió acudir ante la autoridad que en su momento ejerció el control jurisdiccional del caso; es decir, el art. 166 del CPP, concordante con el art. 167 del mismo Código, otorga a las partes la posibilidad de plantear el incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de las notificaciones ejecutadas; como mecanismo procesal específico para atender esta situación; es así, que el impetrante de tutela debió activar este mecanismo cuestionando error en las notificaciones con carácter previo a acudir a la vía de la acción de libertad; empero, al no haberlo hecho de esa manera y haber acudido de forma directa a la vía constitucional, que no se tiene como vencido el principio de subsidiariedad excepcional que rige para esta acción tutelar, correponde denegar la tutela solicitada, sobre las alegaciones de errónea notificación sin ingresar al fondo de lo impetrado.

III.3.2. En cuanto a la cuarta problemática

El accionante alega que existió doble procesamiento, ya que previamente fue sentenciado por “Juzgado Octavo de Sentencia Liquidador Penal de La Paz” mediante Sentencia 57/2016 de 7 de abril, por el mismo hecho, ya habiendo cumplido la condena de cuatro años que le establecieron en aquella ocasión, actuando el querellante de forma abusiva, pues busca que cumpla una doble condena por el mismo hecho; aspecto que era conocimiento del Juez de Ejecución Penal ahora demandado, pero que a pesar de esos extremos mantuvo su detención de forma indebida e ilegal.

Ahora bien, el razonamiento sobre este punto debe ser similar al realizado en el acápite previo, pues si bien el peticionante de tutela alega una doble sanción sobre un mismo hecho, no se debe dejar de lado que el art. 314 del CPP, concordante con el art. 169 todos del CPP, otorga la posibilidad a las partes de plantear excepciones e incidentes contra aspectos que puedan ser considerados defectos absolutos, procurando corregir algún probable vicio procesal en el que pudiera haberse generado en la tramitación del proceso penal, brindando la oportunidad a las partes procesales de poder debatir y en su caso presentar pruebas pertinentes a dicho incidente presentado y poder lograr reparar esa posible anomalía procesal, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el cual refiere:

“…el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales”.

Aspecto que en el presente caso analizado, no fue considerado por el ahora accionante, quien conforme se tiene señalado precedentemente en ningún momento planteó un incidente de actividad procesal defectuosa, que obligue a la autoridad jurisdiccional ahora demandada, a emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada sobre la cuestión planteada, lo que pone en evidencia que al no haber acudido a un mecanismo pronto, eficaz para resolver la cuestión planteada, opere en la presente acción de defensa, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y según lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que se observa que el impetrante de tutela no agotó los medios idóneos que le otorga la norma antes de activar la vía constitucional; y, siendo que la acción de libertad tiene un carácter excepcionalmente subsidiario, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo impetrado en razón a que el accionante previamente a acudir a esta vía, debió agotar los mecanismos ordinarios e inmediatos otorgados por la norma, es decir, planteado incidentes o excepciones que observen la existencia de una doble sanción por un mismo hecho.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 196 a 199, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo impetrado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

3 En su F.J. III.4.2. concluyo: “Cabe aclarar, que toda actuación del fiscal, que a juicio del denunciado, imputado o querellado y/o víctima o querellante, sea contraria a procedimiento o sus derechos y que se hubieren producido durante la etapa preliminar, preparatoria o juicio y que correspondieren al ámbito de competencia del juez instructor en lo penal o del Tribunal de Sentencia, deberán ser reclamadas en esa instancia. Empero, aquellas actuaciones del representante del Ministerio Público que se suscitaren ante el propio órgano de investigación, del cual emerjan determinaciones, como el rechazo de la denuncia, querella, actuaciones policiales, salidas alternativas o actos conclusivos, que pudieren lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales del denunciado, imputado o acusado y/o víctima o querellante, corresponderán ser impugnadas en esa instancia, por cuanto incumbe al ámbito de competencia del Ministerio Público.

4 Artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece: “(Defectos absolutos). No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0291_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): f91c588647fd1c37dd03bc700de38d0ce969fdd92519f1f2cd3dc2f7abe75633

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