B.IA.LEGAL

SCP 0290/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50506-2022-102-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la “niñez”; toda vez que, el 8 de abril de 2022, fue notificado con el Memorándum 105/2022 de la citada fecha, de agradecimiento de servicios, sin considerar que su hijo AA era menor a un año de edad; por lo que, habiendo acudido ante la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, se emitió Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, a través de la cual, se dispuso la reincorporación a sus funciones de Técnico I -Programador dependiente del Área de Sistemas de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; sin embargo, el Gobernador y Jefe de RR.HH., de ese ente departamental, incumplieron lo instruido en la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento en su integridad de la instrucción emitida a través de la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, hasta que el hijo del accionante cumpla un año de edad; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al pago de costas, daños y perjuicios; y sin lugar a la nulidad del Memorándum 105/2022 de 8 de abril.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección constitucional de la inamovilidad laboral de los progenitores de niños o niñas menores de un año de edad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0290/2024-S2 Sucre, 1 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50506-2022-102-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 066/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Vargas Fernández contra Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador; y, Yessid Isaac Espinoza, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 42 a 52, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A través del Memorándum 081/2020 de 8 febrero, fue designado como Técnico I - Programador, dependiente del Área de Sistemas de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, habiendo cumplido sus funciones con eficiencia, eficacia, puntualidad y responsabilidad; sin embargo, el 8 de abril de 2022, fue notificado con el Memorándum 105/2022 de la citada fecha, de agradecimiento de servicios, sin tomar en cuenta que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral; en virtud a que, tiene un hijo menor a un año de edad, hecho que hizo conocer al Jefe de la Unidad de RR.HH. de dicha entidad -hoy codemandado-, mediante notas presentadas el 11 y 13 de igual mes y año, las cuales no merecieron respuesta. En ese sentido, mediante memorial presentado el 7 de junio de 2022, denunció el hecho ante la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, que previó el tramite respectivo, emitió la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, disponiendo la reincorporación a sus funciones; empero, la misma no fue cumplida conforme el Informe de Verificación de Reincorporación MTEPS-JDT-PT-BQA-007 INF/22 de 20 de ese mes y año, concluyendo: “…que no se convoco al trabajador para que este mismo Retorne a su Fuente Laboral…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la “niñez”, citando al efecto los arts. 15.I, 46.I y II, 48 y 58 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum 105/2022; b) La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo al puesto que ocupaba -Técnico I - Programador-, previamente de su despido; c) El pago de salarios y/o sueldos devengados desde su ilegal destitución -8 de abril de 2022-hasta “la presente fecha”, el derecho a refrigerio y la regularización de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) como a la Caja Nacional de Salud (CNS), y demás derechos sociales; y, d) La certificación y cancelación de costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 15 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 131 a 140 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante, ratificó los argumentos de esta acción de defensa y ampliándolos señaló que: 1) Mediante notas presentadas el 11 y 13 de abril de 2022, hizo conocer a las autoridades demandadas que, su persona tiene un hijo de tres meses de edad aproximadamente; pese a esa situación, no recibió una respuesta formal por parte del Jefe de la Unidad de RR.HH. codemandado, tampoco de la Secretaría Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que manifestó no poder emitir criterio respecto a la estabilidad o remisión a la que fue expuesto; 2) Al existir la Conminatoria de Reincorporación sería plenamente aplicable la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio; y, 3) La Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022, fue ratificada por la “resolución” pronunciada en el recurso de revocatoria; por lo que, el indicado ente departamental planteó el recurso jerárquico, donde no se están dilucidando los derechos de su descendiente AA.

I.2.2. Informe de los demandados

Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, por informe escrito presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 114 a 130 vta., refirió que: i) La acción de amparo constitucional procede cuando se agotó la vía administrativa; ii) Por Resolución Administrativa (RA) JDTP-HRF 022/2022 de 19 de agosto, el Jefe Departamental de Trabajo Potosí, dispuso confirmar la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP-HRF 30/2022; por lo que, se formuló el recurso jerárquico, solicitando que se revoque dicha determinación, por cuanto, no correspondía la reincorporación laboral del peticionante de tutela, por tener la calidad de funcionario de libre nombramiento o de confianza; iii) El prenombrado ingresó al citado ente departamental, a través de una invitación directa, quedando claro que no se sometió a un proceso de selección, donde no fueron calificados sus méritos, tampoco se sometió a un examen de competencia, iv) El Memorándum 081/2020, señaló de forma textual que: “…Por instrucciones del Despacho de la Gobernación, el Área de Recursos Humanos comunica a Ud. Que a partir de la fecha ha sido designado PROVISIONALMENTE como Técnico I Programador dependiente del Área de Sistemas de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera con el ítem Nro. 1183…” (sic), coligiendo que fue designado como funcionario provisorio; v) La citada Resolución Administrativa, al igual que la Conminatoria de Reincorporación, carecen de una adecuada fundamentación, motivación y correcta valoración de la prueba de descargo aportada, generando inseguridad jurídica en la administración pública; vi) Según la SCP 1068/2011-R de 11 de julio, “…los funcionarios designados y los de libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales…” (sic); situación que no fue considerada por el referido Jefe Departamental de Trabajo; ya que, al existir controversia, correspondía ser resuelta en la jurisdicción especial, conforme prevé el art. 73.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en ese sentido, la RA JDTP-HRF 022/2022, impugnada a través del recurso jerárquico, fue emitida sin competencia, al no haberse declinado la misma a la vía judicial, siendo nula de pleno derecho; y, vii) La indicada Resolución Administrativa pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo Potosí, recae en falta de fundamentación y motivación, lo cual generó la transgresión de debido proceso en dichos componentes. Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador; y, Yessid Isaac Espinoza, Jefe de la Unidad de RR.HH., ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través de su representante, en audiencia de garantías señalaron que: a) El 5 de septiembre de 2022, el indicado ente departamental, interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTP-HRF 022/2022; trámite que fue remitido ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mismo que se encuentra pendiente de resolución; b) De acuerdo con el Formulario A.V.C. 06 de la Jefatura de RR.HH. de ese Gobierno Autónomo Departamental, el accionante únicamente aseguró a BB y CC, hijos de su primer matrimonio; pero, de ninguna manera al menor de edad AA; y, c) Susana Tania Pacha Huallpa fue quien aseguró al infante AA, encontrándose gozando de inamovilidad laboral y todos los beneficios; toda vez que, es funcionaria de la referida entidad departamental, y no así el impetrante de tutela, debido a la denuncia de su esposa y familiares; en sentido de que, estuviera trabajando en el mismo lugar el nombrado y su “amante”.

I.2.3. Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo

Hebert Ruiz Flores, Jefe Departamental de Trabajo Potosí, no remitió escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 57.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 066/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 141 a 145 vta., concedió en parte y de forma provisional la tutela solicitada, disponiendo que: En el plazo de cinco días, los demandados cumplan con la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022, en los términos expuestos por el Jefe Departamental de Trabajo Potosí; y, denegó la tutela en relación a: 1) Los derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la vida, a la “niñez”, al trabajo e inamovilidad laboral, sin lugar a dejar sin efecto el Memorándum 105/2022, ni la emisión de certificación y cancelación de costas, daños y perjuicios; y, 2) Respecto a que ya estaría ocupando otra persona el cargo del solicitante de tutela; siendo que, la citada Conminatoria fue de conocimiento oportuno de las autoridades demandadas, siendo su incumplimiento es responsabilidad de la institución a la que representan; con base en los siguientes fundamentos; i) Con relación a los derechos a la vida, a la “niñez”, al trabajo, a la inamovilidad laboral y al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, no pueden ser considerados: primero; porque ambas partes, de cierta forma hicieron conocer la existencia de hechos controvertidos respecto al despido del accionante y la calidad de funcionario que ostentaría, aspecto que debe ser dilucidado en la jurisdicción laboral; y, segundo, de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a partir de los derechos invocados, existiría la posibilidad de pronunciar una resolución contraria a lo determinado por la indicada Jefatura Departamental de Trabajo, y, ii) Conforme al Informe de Verificación de Reincorporación MTEPS-JDT-PT-BQA-007 INF/22, no se dio cumplimiento a la referida Conminatoria de Reincorporación; por lo que, de acuerdo con el entendimiento de Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, sería pertinente estimar el presente mecanismo de defensa en parte y de forma provisional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado de nacido vivo -FORM. DM - 80 - A- emitido por Roger Dhery Tirao Sandi, Médico Pediatra de la Regional Potosí de la CNS, acreditando el nacimiento de AA el 19 de diciembre de 2021, siendo su progenitora Susana Tania Pacha Huallpa (fs. 5). II.2. Por Memorándum 105/2022 de 8 de abril, Yessid Isaac Espinoza, Jefe de Unidad de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, -codemandado-, agradeció los servicios de René Vargas Fernández -accionante- (fs. 3). II.3. Mediante nota presentada el 11 de abril de 2022, a la Unidad de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, el impetrante de tutela solicitó su reincorporación y anulación del Memorándum 105/2022, de agradecimiento de servicios; toda vez que, “a la fecha” se constituiría padre de un menor lactante de tres meses (fs. 9). II.4. Consta certificado de nacimiento expedido el 14 de junio de 2022, que acredita que el hijo AA del accionante nació el 19 de diciembre de ese año (fs. 6). II.5. Por Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, Herbert Ruiz Flores, Jefe Departamental de Trabajo Potosí, resolvió instruir a Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí -demandado-, para que en el plazo de cinco días improrrogables a partir de su notificación, reincorpore al peticionante de tutela, al mismo puesto que ocupaba antes de su desvinculación con goce de haberes y otros derechos sociales que le correspondan (fs. 32 a 35 vta.). II.6. Mediante Informe de Verificación de Reincorporación MTEPS-JDT-PT-BQA-007 INF/22 de 20 de julio de 2022, Bismarck Quispe Aviza, Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, refirió que: “…me constituí en las oficinas del Gobierno Departamental de Potosí apersonándome con la Dra. FABIOLA RIOS CUBA, en oficinas de Procesos Judiciales del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, (…) quien manifestó que NO TIENE CON[OCI]MIENTO SI FUE O NO REINCORPORADO a su fuente laboral, ENTENDIENDOSE ASÍ QUE NO SE CONVOCÓ AL TRABAJADOR PARA QUE ESTE MISMO RETORNE A SU FUENTE LABORAL” (sic [fs. 37 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la “niñez”; toda vez que, el 8 de abril de 2022, fue notificado con el Memorándum 105/2022 de la citada fecha, de agradecimiento de servicios, sin considerar que su hijo AA era menor a un año de edad; por lo que, habiendo acudido ante la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, se emitió Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, a través de la cual, se dispuso la reincorporación a sus funciones de Técnico I -Programador dependiente del Área de Sistemas de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; sin embargo, el Gobernador y Jefe de RR.HH., de ese ente departamental, incumplieron lo instruido en la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección constitucional de la inamovilidad laboral de los progenitores de niños o niñas menores de un año de edad

Al respecto, la SCP 1476/2022-S2 de 15 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 1043/2013 de 27 de junio, manifestó que: [«El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, precepto relacionando a su vez con la previsión contenida en el art. 60 de la misma Norma Fundamental, que establece como deber del Estado, velar por la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño adolescente, deber que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por su parte el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, expresa: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”; precepto concordante con el art. 86 inc. d) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, que efectiviza este derecho cuando dispone que es atribución del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, promover y garantizar el acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Regulando los alcances de este beneficio, el art. 5 del DS 0012, determina que:

“I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”. A objeto de efectivizar el citado beneficio de inamovilidad, el art. 6 de la referida norma previene que: “I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duro la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral”. Desarrollando los alcances de esta garantía constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0086/2012 de 16 de abril expreso lo siguiente: “Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la ‘igualdad’ y la ‘justicia’ sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: (…). En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia”. De lo señalado, se infiere que la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año edad, se sustenta en el deber que tiene el Estado de garantizar la prioridad y preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, que consiste en la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así también esta garantía se sustenta en el derecho fundamental a la estabilidad laboral; derechos que se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado y normas de carácter social infra-constitucionales, como los preceptos contenidos en el referido DS 0012»] (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la “niñez”; toda vez que, el 8 de abril de 2022, fue notificado con el Memorándum 105/2022 de la citada fecha, de agradecimiento de servicios, sin considerar que su hijo AA era menor a un año de edad; por lo que, ante el silencio a las notas presentadas el 11 y 13 de abril de 2022, de solicitud de reincorporación y anulación del citado Memorándum que no merecieron respuesta, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, entidad que mediante su titular emitió la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, disponiendo la reincorporación a sus funciones de Técnico I - Programador dependiente del Área de Sistemas de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; sin embargo, el Gobernador y Jefe de RR.HH., ambos de ese ente departamental, incumplieron lo instruido en la misma. Bajo ese contexto, corresponde precisar, que conforme el desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 48.VI de la CPE, de forma imperante garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez; así como, de los progenitores hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad; independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); mandato que en armonía con el art. 60 de la Norma Suprema, se impone como deber del Estado, amparar a la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, comprendiendo aquello resguardar con preferencia sus derechos, recibiendo con preeminencia la protección y socorro en cualquier circunstancia; consecuentemente, con base en dicho entendimiento, la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo Potosí, que resolvió instruir a Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí -demandado-, para que en el plazo de cinco días improrrogables a partir de su notificación, reincorpore al solicitante de tutela, al mismo puesto que ocupaba antes de su desvinculación con goce de haberes y otros derechos sociales que le correspondan (Conclusión II.5), decisión que debe ser cumplida en su integridad; entendimiento último que: “…también alcanzan a las instructivas de reincorporación emanadas por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión social, cuando de inamovilidad laboral se tratare, pues es preciso destacar que en relación a esta temática, se promulgó el DS 0012, que tiene como objeto reglamentar las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado, desde la gestación hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido [SCP 1288/2022-S2 de 27 de septiembre]); por consiguiente, corresponde otorgar la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos supra. Asimismo, corresponde precisar que la inobservancia o transgresión a los derechos de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores varones consagrado por el art. 48.VI de la CPE, ciertamente implica la vulneración de otros derechos como a la vida, al trabajo e inobservancia del interés superior de la niña, niño y adolescente, lo cual impele de igual manera a la concesión de la tutela impetrada. Cabe subrayar que, el Gobernador demandado, en su informe escrito presentado el 15 de septiembre de 2022, alegó que, la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022, pronunciada por el Jefe Departamental de Trabajo Potosí, recae en falta de fundamentación y motivación, lo cual generó la transgresión del debido proceso en dichos componentes, no pueden ser considerados en el fondo; por cuanto, por la forma de resolución previamente expuesta, carece de relevancia cualquier consideración al respecto, máxime si la transgresión de dichos componentes fueron invocados por el prenombrado. Finalmente, con referencia al pago de costas procesales, daños y perjuicios, estos no pueden ser considerados; en razón a, la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento en su integridad de la instrucción emitida a través de la Conminatoria de Reincorporación ̶ JDTP- HRF 30/2022 de 5 de julio, hasta que el hijo del accionante cumpla un año de edad; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al pago de costas, daños y perjuicios; y sin lugar a la nulidad del Memorándum 105/2022 de 8 de abril.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0290_2024-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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