Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024
Deniega la tutela
La parte solicitante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral y al fuero sindical, así como al debido proceso en su elemento legalidad, toda vez que, la autoridad demandada emitió la RM 326/22, determinando declinar competencia a la jurisdicción ordinaria por considerar que existen hechos controvertidos; sin considerar lo señalado en el DS 3770, que establece un procedimiento especial cuando se da el despido indirecto por rebaja de salario, tampoco los derechos laborales a favor del trabajador establecidos en el art. 48.II de la CPE; ya que, sufrieron rebaja en su sueldo por la modificación en el cálculo del porcentaje del bono de antigüedad dispuesta arbitrariamente por la Universidad Amazónica de Pando. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 164/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 396 a 398, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0289/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 50454-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 164/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 396 a 398, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozales; Yanel Hurtado Melena; Nineth Matny de Coelho; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por memoriales presentados el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 13 a 21 y de subsanación de 8 de junio de igual año (fs. 29 a 30 vta.); la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Ante la disminución arbitraria, injusta y unilateral del bono de antigüedad que tiene incidencia directa con el salario, interpusieron denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando contra Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando, solicitando la reincorporación o restitución inmediata del derecho vulnerado en cumplimiento a lo estipulado en el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 3770 de 9 de enero de 2019. Es así que dicha entidad estatal citó a una audiencia para el 17 de agosto de 2021, donde la autoridad denunciada no se hizo presente para justificar su accionar; por lo que, correspondía la aplicación del art. 2.VII de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010 que se señala: “La inconcurrencia del empleador o su representante legal a la audiencia, se considerará como prueba plena y aceptación de despido injustificado, debiendo procederse en rebeldía…”, así como el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE); empero, se emitió la Resolución Administrativa (RA) MTEPS-JDTP 59/21 de 25 de agosto de 2021, que declinó competencia a la jurisdicción ordinaria para que se a través ésta jurisdicción que se resuelva dar a cada quien lo que en derecho le corresponde, limitándose a citar que: “Si bien la rebaja salarial es un despido indirecto ante las leyes nacionales, el Art. 92 de la CPE, señala que, las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía y que la autonomía consiste en la libre determinación de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales” (sic); ante lo cual, se exigió aclaración respecto a que dicha institución a título de autonomía universitaria no debe vulnerar derechos laborales y fundamentales de sus trabajadores. Dicha Resolución Administrativa admitió que el denunciante Marco Antonio Suarez Argandoña –coaccionante–, goza del fuero sindical, configurando la vulneración de los derechos laborales con esa agravante. Asimismo, la citada RA MTEPS-JDTP 59/21, estableció como parte de su fundamento que: “…a raíz de las nuevas políticas económicas de austeridad aplicada para la Universidad Amazónica de Pando de acuerdo a la Resolución Del H.C.U.N. 095/2021 y la Resolución Rectoral 069/2021…” (sic); identificando la última Resolución como una de las herramientas legales para que la Universidad vulnere sus derechos, sin considerar que las resoluciones universitarias aludidas por la RA MTEPS-JDTP 59/21, son de la presente gestión y no puede ser aplicadas conforme refiere el art. 123 de la CPE: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores…”; situación que no se da en el presente caso, es contraria al precepto constitucional; por lo que, se desvirtúa la existencia de algún hecho controvertido referido en la RA MTEPS-JDTP 59/21. En tal razón, se interpuso recurso de revocatoria contra la decisión asumida, que fue resuelta por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando a través de la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, que confirmó “la Conminatoria” impugnada con ambigüedades y contradicciones en su contenido; es así que se planteó recurso jerárquico contra dicha decisión, originando la emisión de la Resolución Ministerial (RM) 326/22 de 15 de marzo de 2022, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien resolvió confirmar totalmente la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021 y consecuentemente, también la RA MTEPS-JDTP 59/21, que determinó declinar competencia a la jurisdicción ordinaria para que sea a través de la cual, se resuelva dar a cada quien lo que en derecho le corresponde, sobre el despido indirecto por rebaja salarial.
Tal determinación lesionó sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, habiendo omitido lo prescrito en el art. 2 del DS 3770, que establece: “Se prohíbe a todas las empresas o establecimientos laborales sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo, aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral”, y en el art. 3 del citado DS, prescribe que: “En caso de que la trabajadora o el trabajador considere vulnerado su derecho al trabajo y la estabilidad laboral como emergencia de anuncios o comunicados de rebaja de sueldos o salarios, podrá acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social, quien conminará al empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o del trabajador, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, salvo la existencia de acuerdo de partes debidamente justificado”; normas que fueron omitidas por la autoridad demandada, las cuales deberán ser subsanados por la justicia constitucional a través de la presente acción tutelar. Durante la sustanciación del proceso en sede administrativa, principalmente en la Jefatura Departamental de Trabajo Pando, el tercero interesado señaló constantemente que la autonomía universitaria habilita para la efectivización de actos administrativos como es la disminución de salarios con la finalidad de mejorar la economía financiera de la Universidad Amazónica de Pando; empero, esto no posibilita la lesión de los derechos fundamentales de sus trabajadores, conforme lo establece la SCP 0164/2018-S4 de 30 de abril, que enunciando la SCP 1278/2012 de 19 de septiembre, señaló que, la autonomía universitaria debe ser comprendida como la facultad que tienen las universidades de autogobernarse y auto determinarse; empero, dicho ejercicio se encuentra limitado por la Constitución Política del Estado y las leyes; toda vez que, debe guardar la debida coherencia con éstas. En este contexto, la RM 326/22, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no tiene fundamento legal para afirmar que la Resolución 095/2021 de 18 de marzo y la Resolución Rectoral 069/2021 de 30 de marzo, sean suficientes para declarar un hecho controvertido, aspectos que debieron ser enmendados primero por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, como por la autoridad ahora demandada. Asimismo, la Ley Fundamental reconoce el derecho de los trabajadores a la organización sindical como un mecanismo de protección y defensa de sus intereses, es así que prevé la protección de los dirigentes que asumen su representación a fin de evitar represalias de parte del empleador contra quienes asuman el rol de defensa de los derechos de los trabajadores, conforme se tiene del art. 51.VI de la CPE, al igual que la SCP 0631/2016-S2 de 30 de mayo, aspectos jurisprudenciales que no fueron considerados a momento de emitir la Resolución Ministerial ahora cuestionada; toda vez que, Marco Antonio Suarez Argandoña, goza de la protección por fuero sindical. Pero además, conforme el ordenamiento jurídico vigente está prohibido el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios, aspecto que fue anulado por DS 3770; de igual forma la Constitución Política del Estado garantiza la estabilidad laboral, los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores que no pueden renunciarse, siendo nulo cualquier acuerdo que tienda a burlar sus efectos; por lo que, correspondía que la Ministra –ahora demandada– enmendase dichas omisiones y revoque la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, y como consecuencia deje sin efecto la RA MTEPS-JDTP 59/21, y así disponer la conminatoria de reincorporación.
La parte accionante alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral y al fuero sindical, así como al debido proceso en su elemento legalidad; citando al efecto los arts. 46, 48, 49, 51.VI y 115.II de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la RM 326/22, consecuentemente también la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021 y RA MTEPS-JDTP 59/21; y, b) Emitir la conminatoria de reincorporación y la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja con el pago de la nivelación salarial devengada.
Celebrada la audiencia pública el 8 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 391 a 395, presentes la parte impetrante de tutela; los representantes legales de la autoridad demandada y del tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional, ampliando señaló que: 1) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, considera que el Rector de la Universidad Amazónica de Pando, presentó la Resolución del Consejo Universitario “del mes de abril de 2021” aplicando directamente a los trabajadores en el mes de junio de 2021, afectando su derecho salarial a través del bono de antigüedad, que antes era calculado en virtud al salario básico de los trabajadores; empero, con la nueva disposición se toma en cuenta el salario mínimo nacional, aspecto que lesiona los derechos de los trabajadores; y, 2) “ante esta afirmación por parte de la Universidad” (sic), se verificó que se habría suscrito un acuerdo laboral entre los trabajadores y los representantes de la casa superior de estudios al respecto de la nueva condición del bono de antigüedad; por ello, dicho acuerdo no tiene la homologación y aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme lo establece la normativa laboral; razón por la cual, al no tener la eficacia, no es posible su aplicación de la forma como lo hizo el Rector de la señalada Universidad.
A las aclaraciones solicitadas por los Vocales de la Sala Constitucional Primera manifestó que, no se cumplió el procedimiento establecido en el art. 3 del DS 3770, que señala que, ante la amenaza o la rebaja salarial como despido indirecto se debe acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quienes de constatar ello, emitirán la conminatoria de reincorporación al empleador para que reponga la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja.
Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia, a través de sus representantes legales, manifestó que: i) No se tiene el nexo causal en la acción de amparo constitucional; toda vez que, no se identificó el derecho o garantía que hubiera sido lesionado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que no tiene relación con su solicitud de dejar sin efecto la RM 326/22; ii) De la documental que fue adjuntada, se tiene la Resolución 95/2021 de 18 de marzo, del Consejo Universitario, que dispone aprobar la nueva escala salarial de la Universidad Amazónica de Pando, que cuenta con dos cuadros, el primero señala: “escala salarial; escala permanente 2021 con los niveles 1 al 15 y señala los cargos del personal y servicio hasta el rector y el otro cuadro señala, la escala salarial del personal eventual de la gestión 2021 de los niveles 1 a 3 personal de servicio, ambos cuadros en la segunda columna señala una nueva escala salarial…” (sic); asimismo, se tiene la Resolución Ejecutoria 69/2021 de 30 de marzo, en la que se establece los plazos para la aplicación de la nueva escala salarial, es así que, al personal administrativo de planta con antigüedad desde el 18 de junio de 2021, y al personal nuevo desde el 18 de marzo de ese año, dicha resolución rectoral se encuentra suscrita por el Rector de la citada Universidad, y se las consideró en el análisis para la emisión de la RM 326/22, con base a lo dispuesto en el art. 92.I de la CPE, que determina que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía, lo que garantiza “sus recursos a las Autoridades, estudiantil, docente y administrativo” (sic), así como la aprobación de su presupuesto anual; iii) La parte accionante citó que se habrían lesionado sus derechos a título de la autonomía universitaria; empero, tal argumento se encuentra fuera de la realidad jurídica del trámite administrativo, pretendiendo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, disponga la reincorporación por motivo de retiro indirecto; sin embargo, se debe recordar que la modificación salarial y sus plazos fueron establecidos por las resoluciones antes señalada; pero además, el citado Ministerio no cuenta con la atribución o facultad de modificar o dejar sin efecto dichas resoluciones que fueron emitidas por la Universidad Amazónica de Pando; iv) Se debe recordar que la modificación de salarios aprobada para la gestión 2021, que es el motivo de la impugnación, corresponde a dicha gestión; sin embargo, haciendo un análisis de la normativa emitida como la Ley 1356 de 28 de diciembre de “2000”, que aprueba la Ley General del Presupuesto para la gestión 2021, en su art. 9 señaló la política de austeridad y menciona en el parágrafo II que las universidades públicas autónomas deberán ajustar sus estructuras organizacionales evitando atribuciones al interior de las mismas, con el objeto de reducir los gastos y precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, en el marco de los límites financieros establecidos en la norma vigente; v) Si la parte impetrante de tutela consideraban que la modificación salarial vulneraba sus derechos, debieron interponer los recursos legales contra las resoluciones que determinaron dicha modificación, no así contra los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que determinaron la declinatoria de competencia y no emitieron un pronunciamiento de fondo; por lo que, no se encuentra a favor ni en contra y con ello no lesionó ningún derecho, teniendo la parte, la vía jurisdiccional para interponer los reclamos, donde se deberá analizar la referida disminución salarial emergente de las resoluciones emitidas por la Universidad; vi) Respecto al fuero sindical, la RM 326/22, en el Considerando IV, claramente realizó el análisis al respecto y señaló que no implica pronunciamiento de fondo, aclarando que la denuncia no fue vinculada a un despido o desvinculación propiamente dicha, sino que se sufrió una rebaja de salarial, aspecto que debe ser valorado por la jurisdicción ordinaria conforme se tiene del art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, que define la competencia de los juzgados públicos en material de trabajo y seguridad social; así, la parte accionante claramente señaló en el memorial de acción de amparo constitucional, que es irrenunciable el porcentaje del bono de antigüedad; por lo que, se hace énfasis en que reconoce que son las resoluciones emitidas por la Universidad las que generan el conflicto, aspectos que se encuentran insertos en la RM 326/22 ahora cuestionada; y, vii) Existen controversias; toda vez que, el acta en el que se negoció respecto del bono de antigüedad donde además firma uno de los accionantes como es Marco Antonio Suarez Argandoña, hace inviable la aplicación del DS 3770, que evidentemente determina la estabilidad del trabajador frente a un despido indirecto por rebaja de salarios; sin embargo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, está imposibilitado de pronunciarse sino por la judicatura laboral, advirtiéndose contradicciones. A las consultas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: a) No se observa el nexo causal, ya que la parte accionante se limitó a señalar los supuestos derechos lesionados pero no indicó como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habiendo ratificado la declinatoria de competencia, hubiese vulneró esos derechos; toda vez que, no se definió ningún derecho de los accionantes, pudiéndose tramitar y dilucidar en la jurisdicción ordinaria; y, b) Si bien el DS 3770, señala el procedimiento respecto a un despido indirecto por rebaja salarial; sin embargo, también se indicó que, en el caso en particular, existe una Resolución 095/2021 del Consejo Universitario y la Resolución Rectoral 069/2021, con base las cuales sustentan la rebaja salarial o reajuste; aspectos que generan la existencia de hechos controvertidos; de ahí que la instancia administrativa, no es la pertinente para dilucidar el conflicto, razón por la que se declinó la competencia a la vía jurisdiccional laboral.
Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando, mediante su representante legal en audiencia señaló que: 1) En la RM 326/22, que determinó declinar competencia, se estableció que existen elementos que no pueden ser dilucidados mediante un acto administrativo en la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, ya que es necesario un periodo probatorio para que se establezca si existió o no el despido indirecto por rebaja de sueldos; además, de antecedentes se tiene que la rebaja del bono de antigüedad, se encuentra establecida en la normativa y se rige bajo este lineamiento; 2) La parte impetrante de tutela reclamó la afectación de un derecho adquirido, aduciendo que se les redujo el sueldo abismalmente; esto, debido a que percibían el bono de antigüedad en montos superiores a los establecidos por el DS 21060 y 21037 y, con el ajuste, se ven seriamente afectados; empero, no puede considerarse la existencia de un derecho adquirido cuando el bono de antigüedad correspondiente a 2020 y 2021, fue cancelado en contravención a norma jurídicas en vigencia, así como en inobservancia de la jurisprudencia establecido en el Auto Supremo de 11 de agosto de 2017, que determina que no pueden catalogarse como derechos adquiridos, aquellos que sean contrarios a las normas vigentes. En el caso presente, los ahora accionantes demandan que se les restituya el pago recibido anteriormente, amparando su pretensión en el Decreto Supremo que regula el despido indirecto y cuyo art. 2, dispone que cuando existe este tipo de rebaja de sueldo o despido indirecto, los trabajadores tienen dos opciones: seguir trabajando aceptando las condiciones o retirarse de su fuente laboral a los fines de que se les pague la indemnización y no se vean afectados. En este contexto, conforme se evidencia de antecedentes, los peticionarios de tutela continúan trabajando en la institución y percibiendo sus salarios con la rebaja señalada, desde junio de 2021, habiendo formulado su denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Pando en agosto de idéntica gestión; es decir, dos meses después de que percibieron los dos primeros sueldos con dicho ajuste, habiendo transcurrido desde entonces a la fecha de interposición de la demanda constitucional, un año y tres meses, tiempo durante el cual, permanecieron recibiendo su salario con el consiguiente reajuste; es decir que, de alguna manera, desde inicio hasta el presente, hicieron evidente su consentimiento con el reajuste y rebaja salarial, cumpliendo lo establecido en las determinaciones asumidas por la institución que se hallan enmarcadas dentro del ejercicio de la autonomía universitaria, la Constitución Política del Estado y las leyes financieras que permitieron la reestructuración presupuestaria de la institución; y, 3) No es viable que a través de la presente acción tutelar se pretenda la emisión de una conminatoria de reincorporación; esto al margen de que, la RM 326/22 cuestionada, fue objetivamente resuelta, correspondiendo la resolución de la controversia a la judicatura ordinaria laboral, a efectos de que, bajo los principios de inmediación y contradicción, se disponga y decida lo que en derecho corresponda. A las aclaraciones solicitadas por los referidos Vocales de la Sala Constitucional Primera en audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional acotó que, si bien el Rector de la Universidad Amazónica de Pando no asistió a la audiencia convocada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando por baja médica, se hizo llegar ante dicha instancia un memorial adjuntando las Resoluciones emitidas por la citada Universidad, mismas que de igual forma fueron mencionadas por la parte impetrante de tutela, reiterando los argumentos que se exponen en la presente demanda tutelar.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 164/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 396 a 398, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: i) La parte solicitante de tutela no cumplió a cabalidad el deber de identificar el acto lesiva, refiriendo una serie de ellos y pidiendo se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la RM 326/22, y consecuentemente la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, y la RA 59/21 pronunciada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando; sin embargo, el acto que debió impugnar es la RM 326/22, en atención a la teoría de las auto restricciones y el principio de corrección sistémica, debiendo abocarse a la última Resolución; ii) Se trata de un acto desarrollado en sede administrativa, pero cuya vocación encuentra mérito solo y únicamente en el derecho procesal administrativo, donde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, advirtió dos circunstancias, la primera, que el objeto de fondo de la pretensión del accionante recae efectivamente en una incorporación frente a dos resoluciones que devienen de la Universidad Amazónica de Pando, el citado Ministerio no tiene competencia para dejar sin efecto esas resoluciones de la Universidad, entre otras, por la regla de la autonomía universitaria; y por otro lado, indefectiblemente es un hecho que debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria; y, iii) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no restringió ningún derecho de los accionantes, sino lo que hizo en razón a los antecedentes, es señalar que la situación jurídica laboral debe ser dilucidada y controvertida ante la autoridad jurisdiccional; ya que es el Juez la única autoridad con imperio de la ley para dejar sin efecto una resolución o controvertir una resolución de la Universidad; razón por la cual, el referido Ministerio declinó competencia; en consecuencia, no se puede obligar a que conozca, resuelva y deje sin efecto actividades propias de la administración.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene RA MTEPS-JDTP 005/20 de 3 de junio de 2020, que reconoce al Directorio Sindical de Trabajadores de la Universidad Amazónica de Pando, para la gestión del 18 de julio de 2019 al 18 de julio de 2021, entre cuyos miembros se encuentra Marco Antonio Suarez Argandoña, en el cargo de Secretario de Hacienda (fs. 184 y vta.). II.2. Mediante Resolución 095/2021 de 18 de marzo, el Consejo Universitario de Universidad Amazónica de Pando, resolvió aprobar la nueva escala salarial de dicha casa de estudios superiores, estableciendo en tabla adjunta, los nuevos salarios a ser cancelados a todos los funcionarios de la mencionada universidad, encargando el cumplimiento de lo decidido a la Dirección Administrativa y Financiera de la institución; es así que, posteriormente, a través de Resolución Rectoral 069/2021 de 30 de marzo, el Rector de la Universidad Amazónica de Pando, determinó que, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución 095/2021, se regulará su aplicación de la siguiente manera: a) Para el personal administrativo eventual, se debe modificar los contratos y aplicar la nueva escala salarial a partir del 18 de marzo; b) Para el personal administrativo de planta que cuenten con años de antigüedad, se aplicará la nueva escala salarial a partir del 18 de junio de 2021, es decir después de noventa días de la aprobación de la Resolución 095/2021; c) Para personal administrativo de planta con años de antigüedad a efectos de la adecuación del bono de antigüedad de acuerdo a lo señalado en el DS 21060, se aplicará a partir del 18 de junio de 2021, es decir después de noventa días de la aprobación del Resolución 095/2021 con el cálculo de tres salarios mínimos nacionales; d) Para el Personal administrativo nuevo que ingrese a la Universidad después del 18 de marzo de 2021, se aplicará la nueva escala salarial aprobada mediante Resolución 095/2021, independientemente de la modalidad de contratación y/o forma de ingreso; y e) El personal docente, queda exento de dichas disposiciones y aplicaciones en conformidad a la Resolución 095/2021; asimismo, dispuso que la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) a través de las unidades funcionales, conforme el artículo segundo de la citada Resolución 095/2021 queda encargada de la aplicación, seguimiento y ejecución (fs. 333 a 337). Se tiene la RA MTEPS-JDTP 59/21 de 25 de agosto de 2021, pronunciada II.3. por Luis Garvizu Echave, Jefe Departamental de Trabajo de Pando, dentro de la denuncia de despido indirecto presentada por Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –ahora accionantes– a través de la cual se declinó competencia a la vía jurisdiccional para que sea esta, la que por medio de un fallo, determine dar a cada uno en cuanto a derecho le corresponda sobre su reincorporación por despido indirecto por rebaja salarial que se reclama; razón por la cual, el 7 de septiembre de 2021, la parte accionante interpuso recurso de revocatoria contra la RA MTEPS-JDTP 59/21 (fs. 137 a 141 y 143 a 147). Cursa la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, emitida por II.4. Luis Garvizú Echave, Jefe Departamental de Trabajo Pando, a través del cual, resolvió confirmar la “Conminatoria” MTEPS-JDTP 59/21 de 25 de agosto (fs. 95 a 96 vta.); ante lo cual la parte accionante el 14 de igual mes y año, solicitó aclaración y complementación que fue resuelta por Resolución de 18 de mencionado mes y año, que aclara la parte resolutiva de la siguiente manera: “El Jefe Departamental de Trabajo Pando (…) RESUELVE UNICO: Confirmar la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MTEPS JDTP 59/21 de 25 de agosto de 2021” (sic) (fs. 91 a 92). II.5. Mediante Memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –ahora impetrantes de tutela–, interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021 (fs. 75 a 81 vta.). Por RM 326/22 de 15 de marzo, Verónica Patricia Vania Tejada, Ministra II.6. de Trabajo, Empleo y Previsión Social –autoridad ahora demandada–, resolvió: Confirmar totalmente la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, consecuentemente confirmar totalmente la RA MTEPS-JDTP 59/21 de 25 de agosto, que determinó declinar competencia a la vía jurisdiccional para que sea esta la que determine dar a cada quien en cuanto a derecho corresponda sobre su reincorporación por despido indirecto por rebaja salarial que reclaman los trabajadores Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –ahora solicitantes de tutela– (fs. 36 a 39). A través de Resolución de 8 de abril de 2022, Verónica Patricia Navia II.7. Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, –autoridad hoy demandada–, declaró la improcedencia de la solicitud de Aclaración y Complementación de la RM 326/22 de 15 de marzo impetrada por la parte accionante (fs. 45 a 50).
La parte solicitante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral y al fuero sindical, así como al debido proceso en su elemento legalidad, toda vez que, la autoridad demandada emitió la RM 326/22, determinando declinar competencia a la jurisdicción ordinaria por considerar que existen hechos controvertidos; sin considerar lo señalado en el DS 3770, que establece un procedimiento especial cuando se da el despido indirecto por rebaja de salario, tampoco los derechos laborales a favor del trabajador establecidos en el art. 48.II de la CPE; ya que, sufrieron rebaja en su sueldo por la modificación en el cálculo del porcentaje del bono de antigüedad dispuesta arbitrariamente por la Universidad Amazónica de Pando. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0767/2021-S4 de 1 de noviembre, al respecto estableció que: “Dentro los límites que se autoimpone el Tribunal Constitucional Plurinacional en el análisis de los casos puestos a su conocimiento a través de la acción de amparo constitucional, se tiene que esta jurisdicción no puede o no le corresponde dilucidar derechos controvertidos; toda vez que, es la justicia ordinaria o administrativa de ser el caso, la instancia competente para el conocimiento y la resolución de aquellas causas en donde existan derechos en pugna y que correspondan ser dilucidados en un proceso judicial o administrativo, ello debido que, al existir el conflicto de derechos, las partes podrán dilucidar el litigio con la presentación de sus argumentos y los medios probatorios existentes conducentes a demostrar las situaciones respecto a las cuales se generó la controversia (las negrillas son nuestras). En este entendido, ya en la SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, se estableció que: “…el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales” (las negrillas nos pertenecen). Siguiendo este criterio, la 0278/2006-R de 27 de marzo, ha establecido que: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos” (las negrillas nos corresponden). Reforzando lo precisado, la SCP 1676/2012 de 1 de octubre, respecto a la imposibilidad de la jurisdicción constitucional de analizar hechos y derechos controvertidos, señaló: “Con relación a los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las leyes, y su consiguiente resguardo a través de los mecanismos constitucionales de defensa, en especial mediante la acción de amparo constitucional, no debe existir duda sobre la titularidad de los mismos con respecto a las personas que invocan su protección, por cuanto deben estar acreditados fehacientemente y no estar sujetos a hechos controvertidos que en todo caso corresponden ser discutidos y definidos en la jurisdicción ordinaria o ámbito administrativo, según corresponda. Al respecto, la jurisprudencia constitucional determinó: '…a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto que no ocurre en el caso que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente'. Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, ha establecido el siguiente razonamiento: '(…) el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados”. Asimismo, en cuanto a la imposibilidad de analizar derechos controvertidos, propios del proceso contencioso administrativo la SC 0693/2012 de 2 de agosto, señaló que: “…que la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional no puede sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa en el control de legalidad que realiza la referida jurisdicción, máxime si se considera que el amparo constitucional `…es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos, porque analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por la vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar hechos controvertidos…´ (SC 0278/2006-R de 27 de marzo)”. En este entendido, no le corresponde a la jurisdicción constitucional conocer las acciones de amparo constitucional, cuando ésta en sus fundamentos conlleve o direcciones a dilucidar derechos controvertidos, toda vez que dicha labor le corresponde a la justicia ordinaria o administrativa, lo contrario implicaría desnaturalizar la función del tribunal Constitucional como ente contralor de derechos fundamentales y no de derechos no consolidados o en pugna, cuya resolución es de exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios o administrativos según sea el caso.
La parte accionante alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral y al fuero sindical, al debido proceso en su elemento legalidad; toda vez que, la autoridad demandada emitió la RM 326/22, determinando declinar competencia a la jurisdicción ordinaria por considerar que existe hechos controvertidos; empero, no tomó en cuenta lo señalado en el DS 3770 que dispone un procedimiento especial cuando se da el despido indirecto por rebaja de salario, tampoco los derechos laborales a favor del trabajador determinados en el art. 48.II de la CPE; ya que, sufrieron rebaja en su sueldo por la modificación en el cálculo del porcentaje del bono de antigüedad dispuesta arbitrariamente por la Universidad Amazónica de Pando. Establecida que fue la problemática planteada, de obrados se tiene que, por Resolución 095/2021, el Consejo Universitario de la Universidad Amazónica de Pando, resolvió aprobar la nueva escala salarial de dicha casa de estudios superiores, estableciendo en tabla adjunta, los nuevos salarios a ser cancelados a todos los funcionarios de esa Universidad, encargando el cumplimiento de lo decidido a la Dirección Administrativa y Financiera de la institución; es así que, posteriormente, a través de Resolución Rectoral 069/2021, el Rector de la Universidad Amazónica de Pando, determinó que, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución 095/2021, se regulará su aplicación de la siguiente manera: 1) Para el personal administrativo eventual, se debe modificar los contratos y aplicar la nueva escala salarial a partir del 18 de marzo; 2) Para el personal administrativo de planta que cuenten con años de antigüedad, se aplicará la nueva escala salarial a partir del 18 de junio de 2021, es decir después de noventa días de la aprobación de la Resolución 095/2021; 3) Para personal administrativo de planta con años de antigüedad a efectos de la adecuación del bono de antigüedad de acuerdo a lo señalado en el DS 21060, se aplicará a partir del 18 de junio de 2021, es decir después de noventa días de la aprobación del Resolución 095/2021 con el cálculo de tres salarios mínimos nacionales; 4) Para el Personal administrativo nuevo que ingrese a la Universidad después del 18 de marzo de 2021, se aplicará la nueva escala salarial aprobada mediante Resolución 095/2021, independientemente de la modalidad de contratación y/o forma de ingreso; y 5) El personal docente, queda exento de dichas disposiciones y aplicaciones en conformidad a la Resolución 095/2021; asimismo, dispuso que la Dirección Administrativa y Financiera a través de las unidades funcionales, conforme el artículo segundo de la citada Resolución 095/2021 queda encargada de la aplicación, seguimiento y ejecución. Posteriormente, Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –ahora accionantes–, formularon denuncia de despido indirecto ante la Jefatura Departamental de Trabajo Pando, emitiéndose la RA MTEPS-JDTP 59/21, a través de la cual se declinó competencia a la vía jurisdiccional para que sea ésta la que, por medio de un fallo previo debido proceso, determine dar a cada uno en cuanto a derecho le corresponda sobre su reincorporación por despido indirecto por rebaja salarial denunciados; decisión contra la que, el 7 de septiembre de 2021, la parte accionante, interpuso recurso de revocatoria; dictándose la Resolución Administrativa de 6 de octubre de igual año confirmó la “Conminatoria” MTEPS-JDTP 59/21, que el 14 de igual mes y año, fue objeto de solicitud de aclaración y complementación, profiriéndose la Resolución de 18 de idénticos mes y gestión que, aclarando su parte resolutiva estableció: “El Jefe Departamental de Trabajo Pando (…) RESUELVE UNICO: Confirmar la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MTEPS JDTP 59/21 de 25 de agosto de 2021” (sic). En estas circunstancias, el 3 de noviembre de 2021, mediante escrito de la fecha, Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –impetrante de tutela–, plantearon recurso jerárquico impugnando la indicada RA MTEPS-JDTP 59/21; recurso que habiendo sido de conocimiento de la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social –autoridad ahora demandada–, originó la emisión de la Resolución Ministerial 326/22, que confirmó totalmente la decisión objetada, emitiéndose posteriormente la Resolución de 8 de abril de 2022, por medio de la cual, la autoridad hoy demandada, declaró la improcedencia de la solicitud de Aclaración y Complementación de la RM 326/22 impetrada por los ahora solicitantes de tutela.
Ahora bien, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, esta jurisdicción no puede o no le corresponde dilucidar derechos controvertidos; toda vez que, es la justicia ordinaria o administrativa de ser el caso, la instancia competente para el conocimiento y la resolución de aquellas causas en donde existan derechos en pugna y que correspondan ser dilucidados en un proceso judicial o administrativo, ello debido que, al existir el conflicto de derechos, las partes podrán dilucidar el litigio con la presentación de sus argumentos y los medios probatorios existentes conducentes a demostrar las situaciones respecto a las cuales se generó la controversia. El argumento previo, se sostiene en la justificación jurídico constitucional de que, el ámbito del amparo constitucional, como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá –de acuerdo al caso– a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos Jueces, Tribunales o autoridades, de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer, conforme a sus atribuciones específicas, las cuestiones de hecho; consecuentemente, la acción de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales cuando dichos derechos se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; de lo contrario; es decir, de analizar dichas cuestiones en esta jurisdicción, importaría el reconocimiento de derechos por la vía del amparo constitucional, lo que no corresponde a su ámbito de protección, que se circunscribe sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; esto implica que no debe existir duda sobre la titularidad de los mismos con respecto a las personas que invocan su protección, por cuanto deben estar acreditados fehacientemente y no estar sujetos a hechos controvertidos que en todo caso corresponden ser discutidos y definidos en la jurisdicción ordinaria o ámbito administrativo, según corresponda. De donde se puede concluir que no le corresponde a la jurisdicción constitucional conocer las acciones de amparo constitucional, cuando éstas, en sus fundamentos conlleven o direccionen a dilucidar derechos controvertidos; toda vez que, dicha labor le corresponde a la justicia ordinaria o administrativa, lo contrario implicaría desnaturalizar la función del Tribunal Constitucional Plurinacional como ente contralor de derechos fundamentales y no de derechos no consolidados o en pugna, cuya resolución –se insiste– es de exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios o administrativos.
Ahora bien, a efectos de resolver la problemática vista en revisión, es necesario con carácter previo, aclarar a la parte accionante que si bien impetra se deje sin efecto la RM 326/22 así como la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021 y RA MTEPS-JDTP 59/21 y consecuentemente, se ordene la emisión de su reincorporación y la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja con el pago de la nivelación salarial devengada, debido a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, al estar un mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías constitucionales, sujeta a un procedimiento sumario, regido por los principios de inmediatez y subsidiariedad, en virtud a este último que exige el agotamiento de todos los mecanismos de impugnación intra procesales previa activación de la jurisdicción constitucional, resulta un despropósito de la parte accionante, pretender que por esta vía se reanalicen, compulsen y consiguientemente, se dejen sin efecto resoluciones que fueron dictadas dentro de un proceso que, siguiendo las etapas procesales que lo componen, culminó con la emisión de un fallo dictado por la última instancia de la estructura vertical de impugnaciones; misma que, se sobreentiende, como última instancia, tuvo bajo su responsabilidad la revisión de las decisiones asumidas por los inferiores; por ello, es que, en respeto de la independencia decisoria de las jurisdicciones infra constitucionales, éste Tribunal, únicamente se abocará a la revisión de la RM 326/22, misma que constituye la decisión que cerró la vía administrativa y cuya autoridad relatora, de ser el caso, será quien, en función a lo decidido por este Tribunal, será la directa encargada de disponer que las falencias de los inferiores sean enmendadas. En este contexto e ingresando en el análisis del caso concreto, la parte accionante, denuncia la lesión de los derechos a la estabilidad laboral, al fuero sindical y al debido proceso en su elemento legalidad, a raíz de que, las determinaciones asumidas por Universidad Amazónica de Pando que, mediante Resolución 095/2021, del Consejo Universitario se resolvió aprobar la nueva escala salarial de dicha casa de estudios superiores, estableciendo en tabla adjunta, los nuevos salarios a ser cancelados a todos los funcionarios de esa Universidad, misma que fue regulada y aplicada en mérito a la Resolución Rectoral 069/2021, incidían directamente en la rebaja en el porcentaje correspondiente al bono de antigüedad, implicando ello un despido indirecto por la parte empleadora, situación que habiendo sido denunciado ante la instancia administrativa laboral, seguido el curso del correspondiente procedimiento, culminó con la emisión de la RM 326/22, que confirmó la Resolución Administrativa de 6 de octubre de 2021, emergente del recurso de revocatoria intentado por los ahora accionantes; y, consecuentemente, también confirmó en su totalidad la RA MTEPS-JDTP 59/21, mediante la cual, la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, resolvió declinar competencia a la jurisdicción laboral por considerar la concurrencia de hechos controvertidos, para que sea esta la que determine dar a cada quien en cuanto a derecho corresponda sobre su reincorporación por despido indirecto por rebaja salarial que reclaman los trabajadores Delfa Harumi Shimokawa Von Boeck; Elizer Bravo Gozalves; Yanel Hurtado Melena; Vanessa Olivera Peralta; y, Marco Antonio Suarez Argandoña –ahora accionantes–, resultaría, en apreciación de estos últimos, una decisión lesiva a los derechos reclamados, omitiendo lo prescrito en el DS 3770, que prohíbe el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios y establece que los trabajadores pueden acudir al Ministerio de Trabajo en caso de vulneración de estos derechos; instancia ante la cual, durante la tramitación del proceso administrativo, se argumentó que si bien la autonomía universitaria permitiría la reducción de salarios para mejorar la economía de la Universidad Amazónica de Pando, pero esta autonomía no debe lesionar derechos fundamentales; empero, la decisión asumida por la autoridad –hoy demandada–, carece de fundamento legal para ratificar las resoluciones inferiores cuestionadas, además de no haber considerado la protección sindical de Marco Antonio Suárez Argandoña, obviando además que, de conformidad a la Constitución Política del Estado y el señalado DS 3770, la estabilidad laboral se halla garantizada y se prohíben acuerdos que vulneren los derechos de los trabajadores; por lo que la Ministra demandada, debió corregir estas omisiones y revocar la resolución administrativa que dispuso la declinatoria de competencia y por consiguiente, validó la rebaja de sueldos, cuando por el contrario, debió ordenar la reincorporación de los trabajadores afectados. Por su parte, la autoridad –ahora demandada–, a través del informe presentado en audiencia de esta acción tutelar, señaló que la Resolución 095/2021 del Consejo Universitario y la Resolución Rectoral 69/2021, establecen una nueva escala salarial para la Universidad Amazónica de Pando, diferenciando entre personal permanente y eventual, y fijando plazos para su implementación; resoluciones que si bien los impetrantes de tutela consideran lesionan sus derechos laborales; empero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no tiene competencia para modificar las decisiones internas de la Universidad, las cuales se fundamentan en la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Política del Estado; además, que cualquier controversia sobre la reducción salarial y el fuero sindical, debe ser resuelta en la jurisdicción laboral ordinaria y que, por ende, los reclamos sobre la reducción salarial deberían haberse dirigido contra las resoluciones universitarias específicas, no contra las decisiones administrativas del Ministerio, que no puede emitir ningún pronunciamiento de fondo al respecto; existiendo además, un acta de negociación respecto al bono de antigüedad, firmada por uno de los accionantes, Marco Antonio Suárez Argandoña, haciéndose inviable la aplicación del DS 3770, aunque este garantiza la estabilidad laboral frente a un despido indirecto. Por su parte, la Universidad Amazónica de Pando, a su turno, informó que la parte accionante reclamó una reducción significativa de su sueldo debido a ajustes en el bono de antigüedad, que anteriormente se les había pagado en montos superiores a los establecidos por las normativas vigentes; argumentando en tal sentido que esto les afectó gravemente; sin embargo, la percepción de dicho bono no puede considerarse un derecho adquirido porque esos pagos eran contrarios a la ley y si bien los impetrantes de tutela accionantes impetraron la restitución de los pagos anteriores basándose en el Decreto Supremo que regula el despido indirecto, debe tenerse presente que, dicho compilado normativo ofrece dos opciones: aceptar las nuevas condiciones o retirarse con indemnización; último supuesto que no se presentó en caso analizado, debido a que los hoy solicitantes de tutela, continuaron trabajando y aceptaron los salarios reducidos desde junio de 2021, presentando su denuncia dos meses después del ajuste, siendo que desde la fecha indicada (junio de 2021) hasta el presente, continúan recibiendo su sueldo con la reducción; es decir, durante más de un año, habiendo mostrado su consentimiento tácito con el reajuste. Por tanto, no resulta viable exigir una reincorporación a través de esta acción tutelar, y, en todo caso, la resolución de la controversia corresponde a la judicatura laboral ordinaria. De los extremos antes glosados que permiten a éste Tribunal apreciar las posturas de los accionantes así como de la Universidad Amazónica de Pando que, son en el fondo las partes entre las cuales emergió el conflicto que fue sometido a conocimiento de la autoridad –hoy demandada–, se evidencia que existen diferencias irreconciliables por la vía administrativa laboral a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pues de un lado, los impetrantes de tutela, sostienen con vehemencia que el bono de antigüedad sería un derecho consolidado; y, por otra parte, la citada casa de estudios superiores, sustenta su decisión de reducción de la escala salarial y consiguientemente la afectación de señalado bono, en la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida y que le otorgaría a dicha institución la potestad de mejor decidir respecto a la administración de sus recursos económicos, incluida la regular la escala salarial al interior de la señalda universidad, queda claro, en el marco de los fundamentos expuestos previamente, que conforme determinó la autoridad –ahora demandada–, existen hechos controvertidos que impiden igualmente a esta jurisdicción, emitir un pronunciamiento de fondo sobre lo impetrado en la vía del amparo constitucional, siendo que, la decisión objeto de la presente acción tutelar, no incurrió de forma directa en la lesión alguna a los derechos reclamados, misma que deviene claramente de las determinaciones asumidas por la Universidad Amazónica de Pando y que para cuya dilucidación, precisa imperiosamente de la intervención de la jurisdicción laboral que, a la luz de los principios de inmediación y contradicción, podrá asumir la decisión que corresponda en derecho; por consiguiente, dadas las circunstancias del caso, y siendo que se tiene advertido que existe duda respecto a la titularidad de los derechos reclamados; es decir, sobre la consolidación de los mismos como derechos adquiridos por los solicitantes de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aun con otros argumentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 164/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 396 a 398, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0289_2024-S4.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26a1b0c02a29c0ab6b68d186de0ab61456b38f854105e2f59dc0415cc9ec50f4
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