Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocuorio 287/2021 de 20 de diciembre, dispuso su detención domiciliaria; en tal sentido, el -mandamiento- fue puesto en conocimiento del COF de Obrajes de La Paz, el 24 de similar mes de 2021; empero, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar -27 de diciembre de 2021- el mismo no fue cumplido.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 56/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0289/2023-S2 Sucre, 5 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44950-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 56/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Sánchez Urdaje en representación sin mandato de Margarita Javier Condori contra Luciana Karina Figueroa Sánchez, Directora del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3 vta., la accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Por Auto Interlocutorio 287/2021 de 20 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención domiciliaria; sin embargo, la Directora del COF de Obrajes de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad no efectivizó el mandamiento de detención domiciliaria, porque debería haber sido puesta en libertad en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la recepción del mandamiento precitado, más aun estimando que las poblaciones de los centros penitenciarios se hallan en riesgo debido al rebrote del COVID-19; por lo que, consideró encontrarse ilegalmente detenida.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.I, 23.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) En el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva y se efectivice la misma; y, b) En grado de calificación de daños ocasionados, pidió se imponga multa pecuniaria de Bs5000.- (cinco mil bolivianos) a objeto de que ese dinero sea destinado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y a los niños que viven dentro del mismo.
Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ni su representante sin mandato, asistieron a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 5; empero, se continuó con el desarrollo de la misma.
Luciana Karina Figueroa Sánchez, Directora del COF de Obrajes del departamento de La Paz, en audiencia solicitó la denegatoria de tutela, con base en los siguientes argumentos: 1) El mandamiento de detención domiciliaria de Margarita Javier Condori, fue recibido en Secretaría del referido Centro el día viernes 24 de diciembre de 2021 a horas 12:10; 2) Ese día era -noche buena-; por lo que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió el Comunicado 047/21 de 22 del mismo mes y año, en el que indicó que la jornada laboral sería continua hasta horas 13:00; motivo por el cual, se vieron imposibilitados de poder realizar ese trabajo, ya que no contaban con un vehículo; por otro lado, debido a las “fiestas de navidad” (sic), muchas calles estaban cerradas y había un congestionamiento muy grande; y, el Juzgado en el que se tenía que verificar -se comprende el mandamiento- está en El Alto; consecuentemente, dichos aspectos imposibilitaron poder dar cumplimiento ese día; 3) Citando la SCP 0993/2019-S4 de 27 de noviembre, refirió que evidentemente ante los diferentes mandamientos de libertad emitidos por autoridad competente se debe dar libertad inmediata a la persona privada de libertad; sin embargo, previo a ello se tiene que verificar en primer lugar si no existe otro mandamiento en contra del o la beneficiada y además determinar si dicho mandamiento de libertad es auténtico y presentado por autoridad competente; todo ello, con el propósito de evitar responsabilidad penal y civil de las autoridades que brindaron la misma; 4) El Comando General de la Policía Boliviana, por Memorándum Circular 089/2021 de 17 de septiembre;
menciona que, los encargados de los recintos penitenciarios de manera previa a la ejecución de los mandamientos de libertad, tienen que verificar en el file de la persona privada de libertad que no exista otro mandamiento restringiendo el derecho a la libertad; y, se debe contrastar que el mandamiento presentado sea auténtico; en tal sentido, -el 27 de diciembre de 2021-, el funcionario policial Carlos Cusicanqui Laura, verificador encargado de ese centro penitenciario, se constituyó en el Juzgado y posterior a la confrontación correspondiente, informó que no había ningún problema con ese mandamiento; luego, prepararon toda la documentación pertinente, ya que en el centro penitenciario también se cumple con cierto procedimiento interno; y, 5) Se dio cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria; y, a horas 14:40 el encargado llevó a Margarita Javier Condori, para que sea entregada al Secretario del Juzgado, en ese momento -cuando se desarrollaba la audiencia de acción de libertad-, la accionante debía estar en Secretaría del Juzgado. Aclaró al Tribunal de garantías que ella tomó conocimiento del mandamiento de detención domiciliaria el 24 de diciembre de 2021 a horas 13:00.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 56/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Comunicado 047/21, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinó de forma excepcional jornada continua de trabajo hasta horas 13:00 para los días 24 y 31 de igual mes de 2021, aplicable en la administración pública a nivel nacional; ii) De la documentación remitida y del informe brindado por la autoridad demandada, advirtieron que -el 27 de diciembre de 2021-, el funcionario policial Carlos Cusicanqui Laura, realizó las verificaciones correspondientes y a horas 14:40, se puso a consideración de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a la accionante Margarita Javier Condori, a fin de darse cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria; iii) Dadas las circunstancias que mediaron desde la recepción del mandamiento de detención domiciliaria en el COF de Obrajes y posterior conocimiento a horas 13:00, como aclaró la autoridad demandada en su informe oral; el Tribunal de garantías, asumió posición en cuanto a la imposibilidad de efectuar el mismo 24 de diciembre de 2021, las actuaciones tendientes a verificar la existencia de otros mandamientos expedidos contra Margarita Javier Condori, a su vez la constatación por parte del personal correspondiente en la instancia jurisdiccional a fin de validar la autenticidad del documento que fue puesto en su conocimiento, la propia jurisprudencia reconoce como actuaciones previas a dar cumplimiento y consecuentemente libertad; iv) En el caso de autos dada la hora de recepción y el conocimiento efectivo que tuvo la autoridad demandada es comprensible y razonable que en el lapso de cincuenta minutos, desde horas 12:10, momento en el que fue recibido el mandamiento de detención domiciliaria hasta horas 13:00, horario límite de trabajo en todas las instituciones, en el COF de Obrajes y en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto, era difícilmente materializable gestionar esas dos actuaciones, que tenían como fin efectivizar en el día, la libertad de la ahora accionante; v) Se constató también, que el 27 de diciembre de 2021, día de la audiencia de acción de libertad, se cumplieran con las actuaciones y se puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional; dando así, cumplimiento efectivo al citado mandamiento ordenado por la autoridad judicial; y, vi) Se buscó que no exista excesiva demora en la ejecución de la orden judicial; es decir, que no se dilate de manera innecesaria las actuaciones inherentes a dar cumplimiento al mandamiento; empero, dichos aspectos no fueron acreditados en la audiencia, por el contrario este Tribunal asumió convicción de que la autoridad demandada como máxima autoridad del COF de Obrajes a través del personal respectivo dio cumplimiento a sus obligaciones, constatándose la inexistencia de una dilación indebida o injustificada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa una imagen impresa, por la que se constata que el Comunicado 047/21 de 22 de diciembre de 2021, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuso de forma excepcional los días viernes 24 y 31 de similar mes y año, sean jornadas continuas de trabajo hasta horas 13:00, para la administración pública a nivel nacional (fs. 7). II.2. Mediante informe de Carlos Cusicanqui Laura, Verificador del COF de Obrajes de La Paz, el 27 de diciembre de 2021, advirtió a Luciana Karina Figueroa Sánchez, Directora de ese Centro -ahora demandada- que en esa fecha constató en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la autenticidad del mandamiento de detención domiciliaria, emitido el 20 del mes y año precitados; y, puesto en conocimiento del referido Centro de Orientación el día viernes 24 de igual mes y año a horas 12:10; en tal sentido, debido al horario continuo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el congestionamiento vehicular generado -por las fiestas de navidad-, no se pudo llegar a los juzgados de El Alto (fs. 8).
La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocuorio 287/2021 de 20 de diciembre, dispuso su detención domiciliaria; en tal sentido, el -mandamiento- fue puesto en conocimiento del COF de Obrajes de La Paz, el 24 de similar mes de 2021; empero, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar -27 de diciembre de 2021- el mismo no fue cumplido.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realiza el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran- (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…’; en otras palabras, es ‘…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el «derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos». Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: «En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva». En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’’” (las negrillas son nuestras).
Con relación a este intitulado, la SCP 0673/2013 de 3 de junio, establece que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ‘De la interpretación del art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida», tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: «…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen […otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…], e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)...». De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad’” (énfasis añadido). En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos donde la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.
La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 287/2021 de 20 de diciembre, dispuso su detención domiciliaria; en tal sentido, -dicho mandamiento- fue puesto en conocimiento del COF de Obrajes de La Paz, el 24 de igual mes de 2021; no obstante, hasta el momento de interposición de la presente demanda tutelar -27 de diciembre de 2021- el mismo no fue cumplido. De acuerdo a los antecedentes aparejados al expediente remitido en revisión, se tiene una imagen impresa, que dio cuenta que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió el Comunicado 047/21 de diciembre de 2021, mediante el cual dispuso de forma excepcional que los días viernes 24 y 31 del mismo mes y año, sean jornadas continuas de trabajo hasta horas 13:00, para la administración pública a nivel nacional (Conclusión II.1). Por otra parte se tiene, que el Verificador del COF de Obrajes de La Paz, Carlos Cusicanqui Laura, el 27 de diciembre de 2021, se cercioró en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la autenticidad del mandamiento de detención domiciliaria, emitido el 20 del mes y año precitados; e, informó a la autoridad ahora demandada, que -dicho mandamiento- fue puesto en conocimiento del indicado Centro de Orientación el 24 de similar mes y año a horas 12:10; por lo que, debido al horario continuo determinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el congestionamiento vehicular generado -por las fiestas de navidad-, no se pudo llegar a los juzgados de El Alto (Conclusión II.2). Ahora bien, de acuerdo al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas -Fundamento Jurídico III.2-.
Consecuentemente, es menester considerar las circunstancias informadas por la autoridad demandada en la presente demanda tutelar y siendo evidente que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el 22 de diciembre de 2021, emitió el Comunicado 047/21, por el que dispuso excepcionalmente para los días viernes 24 y 31 de ese mes y año, se trabaje en horario continuo hasta horas 13:00; así mismo, se debe tener presente que habiendo sido presentado el mandamiento de detención domiciliaria en el COF de Obrajes el 24 del mes y año precitados a horas 12:10 y puesto en conocimiento de la autoridad hoy demandada a horas 13:00, no hubo tiempo suficiente para realizar las tareas previas a disponer el efectivo cumplimiento del mismo mandamiento, en virtud que la jornada laboral fue hasta horas 13:00; sin embargo, se constató que el funcionario policial, Carlos Cusicanqui Laura, informó a la Directora demandada en la presente acción de libertad, que en la fecha se cumplieron las tareas previas y a horas 14:40 la impetrante de tutela fue llevada por el personal respectivo ante el Juzgado que emitió el citado mandamiento; consiguientemente, no se advierte vulneración alguna de derechos ni garantías constitucionales; por lo cual, no es posible conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 56/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0289_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): b8e5253be1464ee26e24b8fa2dc3cc6026cbbfe7b74cca455d31812bb5833f22
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