Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, tutela legal efectiva, impugnación, igualdad de partes y seguridad jurídica; toda vez que: a) Los Vocales ahora demandados permitieron que la notificación efectuada con el Auto de Vista 75/21, que confirma la Sentencia condenatoria dictada en su contra, incumpliendo lo previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 34/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 675 vta. a 682 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en cuanto a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 117 de 1 de abril de 2022, y se emita uno nuevo con la debida fundamentación y motivación, de conformidad a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Secretario y Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0288/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55302-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 34/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 675 vta. a 682, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Ríos Céspedes contra Arminda Méndez Terrazas, Ever Álvarez Orellana, Wálter Pérez Lora, Vocales; Andruw Gandarilla Ríos, Secretario; Jesús Edgar Jacobo Ortega, Oficial de diligencias, todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Lucio Condori Rodríguez, Moisés Colque Pérez y Jesús Eguez Ayala, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento.
Por memoriales presentados el 24 de noviembre de 202; y, 13 de enero de 2023, cursantes de fs. 621 a 630; y, 635 a 639, el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, por el que guardaba detención preventiva, se emitió sentencia condenatoria que fue apelada y resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -cuyos Vocales ahora son demandados-, a través del Auto de Vista 75/21 de 28 de octubre de 2021, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación restringida. La Resolución de alzada fue notificada en el domicilio procesal de su abogado defensor de oficio designado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento -hoy codemandados-, sin su consentimiento; razón por la cual, presentó incidente de nulidad de notificación por actividad procesal defectuosa, que fue rechazado tanto por el Tribunal de alzada, como por el Tribunal de instancia, alegando que no se había interpuesto el incidente dentro de los diez días; además por falta de pruebas y carga argumentativa; sin considerar que dicho Auto de Vista 75/21, era de carácter definitivo y por ello debía notificársele personalmente; limitando así, sus derechos a la defensa e impugnación, impidiéndole presentar recurso de casación. El expediente fue devuelto del Tribunal de alzada, al Tribunal de instancia, por el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy codemandado-, quien de manera dolosa no realizó un informe previo de las notificaciones y el vencimiento de los plazos, para recién disponer la devolución de los antecedentes; incumpliendo así sus deberes formales, al no haber verificado la forma y lugar de la notificación con el Auto de Vista 75/21, y pudiera así ser subsanado el error ordenando al Oficial de Diligencias -codemandado- que efectúe la notificación personal en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en estricta aplicación de lo establecido en el “art. 163.3).II” del Código de Procedimiento Penal (CPP). Provocando que el proceso se encuentre viciado de nulidad por defecto absoluto; toda vez que, la notificación efectuada en el domicilio del abogado defensor de oficio, no cumplió la finalidad del acto procesal, y dio lugar a la emisión del Decreto de 6 de enero de 2022, que declaró la ejecutoria de la sentencia y ordenó se expida el mandamiento de condena. Asimismo, denunció que al haber presentado el recurso de apelación restringida solicitó audiencia de fundamentación, que fue señalada para el 8 de octubre de 2021; empero, dicho acto procesal nunca fue instalado y se procedió directamente al sorteo de Vocal relator el 11 del mismo mes y año, sin que el expediente esté habilitado para el efecto; actuación también viciada de nulidad que lo colocó en estado de indefensión, exigiendo por ello la nulidad del proceso hasta la celebración de la audiencia extrañada. De igual manera presentó incidente de nulidad ante el Tribunal de alzada, identificando cada uno de los actos procesales viciados de nulidad; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, mediante Auto de Vista 117 de 1 de abril, rechazaron in limine su incidente, validando la notificación efectuada en el domicilio de su abogado defensor de oficio, alegando que el incidente no había sido interpuesto dentro de los diez días que establecía la ley. En cuanto a los Jueces codemandados, también rechazaron in limine el incidente de nulidad, planteado en esa instancia, sin motivar ni fundamentar, no obstante haber demostrado de forma contundente los vicios de nulidad y ofrecido prueba idónea y pertinente; además el rechazo fue a través de una resolución emitida fuera del plazo de veinticuatro horas, incumpliendo lo establecido por el art. 315.II del CPP.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, tutela legal efectiva, impugnación, igualdad de partes y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 116, 117.I, 118, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 7, 8, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar la nulidad hasta fs. 600 del expediente original (formulario de notificación de 17 de diciembre de 2021); y, que las autoridades ahora demandadas señalen nuevo día y hora de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida; y, b) Se ordene la renovación del acto cuestionado y se proceda a notificarle personalmente con el Auto de Vista 75/21, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, donde guarda detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 671 a 675 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando, manifestó que: 1) El art. 163.3) del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse de forma personal, entre ellas las de carácter definitivo; y en su párrafo segundo, prevé que el imputado privado de libertad será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía de la o el abogado; es decir, que no establece la notificación en el domicilio del abogado; 2) La sentencia condenatoria emitida en su contra, claramente establecía como domicilio del imputado el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, PS4, pabellón-30; por lo tanto el Oficial de Diligencias debió haberle notificado personalmente en ese lugar; más aún, cuando notificó a la parte denunciante en su domicilio real, tal cual se evidenció de las diligencias cursantes en el expediente; 3) De conformidad a la previsión del art. 411 del CPP, en el otrosí cuarto del memorial de apelación restringida, solicitó el señalamiento de audiencia de fundamentación; empero, no se llevó a cabo la misma, pese a que fue señalada para el 8 de octubre de 2021; 4) El Secretario demandado no emitió ningún informe que haga notar a los Vocales ahora demandados, que existía una audiencia de fundamentación pendiente de celebración; tampoco veló que el trabajo del Oficial de Diligencias sea realizado correctamente ni revisó si las notificaciones habían sido efectuadas de forma correcta; 5) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 117, sin entrar a valorar ni efectuar una proporcionalidad de los derechos vulnerados, no obstante que se demostró que no había sido notificado personalmente con el Auto de Vista 75/21; 6) Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, ante quienes también presentó el incidente de nulidad, lo rechazaron in límine, manifestando que éste no tenía fundamentación y menos aún pruebas, además que debía ser presentado dentro de los diez días previstos en el art. 314 del adjetivo penal; sin tomar en cuenta que el reclamo justamente recaía en que nunca tuvo conocimiento del Auto de Vista 75/21, que resolvió la apelación restringida; 7) La fundamentación de la vulneración de sus derechos, fue reforzada con la invocación de las “SSCC 0719/2023-S1 de 3 de junio, 1397/2015-S2 de 23 de diciembre, 0642/2021-S3 de 20 de septiembre”; y, 8) La notificación que cursaba a fs. 600 del expediente, es nula de pleno derecho, porque no surtió su efecto legal, no llegó al destinatario, quien estaba legitimado activamente para presentar recurso de casación en contra del referido Auto de Vista que resolvió la apelación restringida; y al margen de ello, existió otro vicio de nulidad al no instalar la audiencia de fundamentación de la apelación.
Moisés Colque Pérez, Jesús Eguez Ayala y Lucio Condori Rodríguez, todos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 14 de febrero de 2023, cursante a fs. 670 y vta. manifestaron que: i) El acto identificado como vulnerador de los derechos reclamados, fue la falta de notificación personal con el Auto de Vista 75/21, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; es decir, el incumplimiento de la previsión del art. 163.3) del CPP, pues al tratarse de una Resolución definitiva se debió notificar en su domicilio real, que en su caso era el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, tal como se tenía detallado en la Sentencia emitida por el Tribunal de juicio; ii) Como Jueces técnicos, se abocaron a emitir la Sentencia 32/2021; por la cual, se condenó al accionante a cumplir la pena de veinte años de presidio, por la comisión del delito de violación; y si bien fueron nombrados como demandados, en ninguna parte de la acción se identificó cuál era el acto u omisión ilegal o indebida en la que hubieren incurrido en el trámite del proceso penal que se siguió en contra del impetrante de tutela; por lo que, carecían de legitimación pasiva para ser demandados; además, en todo el contenido de la acción de amparo constitucional se cuestionó el actuar del Oficial de Diligencias y del Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y no así del Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del que formaban parte; iii) Luego de haberse devuelto el expediente, el presidente del referido Tribunal de Sentencia dictó un decreto de ejecutoria, en razón del cual se emitió el mandamiento de condena; ello, como consecuencia lógica de haberse tramitado la fase de recursos y ante la falta de interposición de otro recurso ulterior, permitiendo que la sentencia quedara firme; y, iv) En caso de disponer la nulidad de todos los actos posteriores a la notificación efectuada con el Auto de Vista 75/21, debería concederse la tutela impetrada únicamente con relación a los directos responsables, mas no podría alcanzar a los actuados posteriores emergentes de la presunción de legalidad aplicada por parte del Tribunal de Sentencia. Arminda Méndez Terrazas, Wálter Pérez Lora y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Segunda y Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni tampoco asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su notificación, cursante de fs. 665 a 667. Andruw Gandarilla Ríos, Secretario; y, Jesús Edgar Jacobo Ortega, Oficial de Diligencias, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tampoco presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su notificación, conforme consta en diligencias cursante de fs. 663 a 664.
Nancy Carrasco, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: a) La acción de amparo constitucional interpuesta carecía de congruencia; toda vez que, hacía alusión a una notificación de fs. 600, realizada al abogado defensor de oficio Edson Rojas Cáceres, designado por el Tribunal de juicio, pretendiendo que se anule dicha actuación pese a que el art. 166 del CPP era claro al disponer que la nulidad sería viable cuando hubiese existido un error en la identidad de la persona, y en el caso el acusado estaba plenamente identificado; si la resolución notificada estaba incompleta, aspecto que tampoco aconteció en el caso en análisis; que la diligencia no cuente con fecha y hora de realización, o si faltare alguna firma requerida, y si existiese disconformidad entre el original y la copia o ésta sea ilegible; sin embargo, ninguna de esas circunstancias se hizo presente; consecuentemente, la notificación cuestionada, cumplió a cabalidad con todos los requisitos legales para su validez; b) La pretensión del accionante era que se vuelva a resolver la apelación restringida de una sentencia que ya se encontraba ejecutoriada; y, c) El impetrante de tutela no supo identificar a plenitud, ni argumentar cuál fue la vulneración que se cometió; tampoco expresó el hecho generador ni los derechos y garantías supuestamente agraviados; consecuentemente correspondía mantener firme el Auto de Vista 75/21, y de ninguna manera anular la notificación de fs. 600 que exigía el accionante, debiendo denegar la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 34/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 675 vta. a 682 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El solicitante de tutela, denunció que dentro del proceso penal seguido en su contra, por parte del Ministerio Público, se emitió sentencia de primera instancia de la cual devino un Auto de Vista 75/21, que declaró admisible e improcedente su apelación restringida, y que posterior a ello, conforme consta en fs. 600, se le notificó con el referido Auto en el domicilio procesal de su abogado defensor de oficio, a quien no conocía; pues, le fue impuesto por el Tribunal de juicio; 2) Reclamó que el Oficial de Diligencias, el Secretario y los Vocales demandados, no procedieron a notificarle de manera personal en el Centro Penitenciario donde guardaba detención preventiva; asimismo, el Secretario de la Sala Penal al haber ordenado la devolución de los actuados al Juzgado de origen, no realizó un informe previo de las notificaciones o el vencimiento de plazos; 3) De los antecedentes del cuaderno principal, se advierte la interposición de un recurso de apelación restringida contra la Sentencia 32/2021, en cuyo memorial firman el accionante y el abogado defensor de oficio Edson Rojas Cáceres, solicitando se anule totalmente la sentencia y se disponga la reposición del juicio ante otro Tribunal; impugnación que fue resuelta por el Auto de Vista 75/21; 4) Evidentemente a fs. 600 del cuaderno procesal principal cursaba la notificación realizada a Jhonny Ríos Céspedes -impetrante de tutela-con el Auto de Vista 75/21, en el domicilio procesal ubicado en calle Fortín Corrales 152, del abogado de oficio Edson Rojas Cáceres; 5) El solicitante de tutela en la carga argumentativa y en el petitorio de la acción de amparo constitucional, solicitó de manera directa la nulidad de la diligencia de notificación de fs. 600 y de lectura de la referida diligencia, se evidencia que ésta fue realizada el 17 de diciembre de 2021; es decir que, fue de conocimiento del impetrante de tutela la errónea diligencia de notificación y a partir de ello interpuso los incidentes de nulidad, dejando transcurrir más de los seis meses que tenía para presentar la acción de amparo constitucional como prevé el art. 129.1 de la CPE; consecuentemente, la acción tutelar resultaba ser improcedente; 6) Corresponde precisar que la parte accionante, de manera contradictoria pidió se anule una diligencia de notificación que fue de su conocimiento; toda vez que, al momento de interponer un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, el 4 de marzo de 2022, ya tenía conocimiento de esa diligencia de notificación; en consecuencia, a partir de ese conocimiento interpuso la acción de amparo constitucional fuera del plazo previsto por ley, incumpliendo así el principio de inmediatez; 7) En el cuaderno procesal principal también se advirtió la presentación de un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, del que devino el Auto de Vista 10/2022 de 8 de marzo, contra el cual no se presentó ninguna acción tutelar; y considerando que el accionante debía centrarse en la última resolución judicial emitida dentro del proceso penal, correspondía cuestionar dicha determinación que resolvió el incidente de nulidad de notificación interpuesto por el acusado, a objeto de que este Tribunal constate si efectivamente existió o no la vulneración a los derechos y garantías constitucionales; empero únicamente identificó como acto vulnerador la notificación de fs. 600, de la que tuvo conocimiento del 4 de marzo de 2022, y a partir de entonces pasaron más de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional; y, 8) Sin perjuicio de lo señalado, de la lectura del Auto de Vista 10/2022, se puede apreciar que éste generó una suficiente comprensión en los fundamentos de su decisión; sin embargo, el accionante no estableció con claridad por qué en su interpretación o valoración probatoria resultaría insuficientemente motivado, arbitrario o insuficiente; tampoco identificó las reglas de interpretación que hubieren sido omitidas por la autoridad judicial ni el nexo de causalidad existente o la interpretación que consideró debía efectuarse, explicando el resultado dañoso y cuál sería la relevancia constitucional. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante, a través de su abogado, solicitó se considere que presentó el incidente de nulidad al conocer la notificación defectuosa, justamente para cumplir el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; sin embargo, en las dos instancias ordinarias su incidente fue rechazado y a partir de ese rechazo se habilitaría el plazo para presentar la acción tutelar; vale decir, con la notificación de la resolución emitida por la Sala Penal Segunda, se activarían los seis meses; consecuentemente estaría dentro del plazo previsto por ley. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, señaló que: i) Considerando que la petición del impetrante de tutela pretendía que se renueve el acto de notificación con el Auto de Vista 75/21, y de igual manera se disponga la nulidad de la notificación de fs. 600 y siguientes actuados del Decreto de 6 de enero de 2022 de fs. 604; el Tribunal de garantías entendió que no se estaba observando el Auto de Vista 117, que derivó del incidente de nulidad; es decir, el solicitante de tutela no acató el Auto de Vista ni el rechazo del incidente, sino que solicitaba que en la vía constitucional, cual si fuese Tribunal ordinario se ordene la nulidad de la diligencia de notificación de manera directa; por ello se estableció la causal de improcedencia por inmediatez. Tampoco se encontró el nexo de causalidad entre los hechos y el derecho presuntamente vulnerado, por lo que no observó el Auto de Vista 117, que rechazó su incidente de nulidad, al contrario solicitó que se pronuncie la nulidad de la diligencia de notificación de fs. 600, de la que tuvo conocimiento el 4 de marzo de 2022, y desde entonces rebasaron los seis meses para la interposición de la acción tutelar; y, ii) También existieron causales de subsidiariedad, porque no era claro el petitorio y en los antecedentes del cuaderno procesal no se advirtió cómo es que la última resolución dictada en la vía ordinara le habría provocado la vulneración a los derechos y garantías constitucionales del impetrante de tutela, careciendo además de carga argumentativa.
A través del Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhonny Ríos Céspedes -accionante-, por el delito de violación, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora son codemandados-, emitieron la Sentencia 32/2021 de 21 de julio; en la cual, se declaró al acusado autor y culpable del mencionado delito, imponiéndole una pena de veinte años de presidio (fs. 554 a 562). II.2. Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, el impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación restringida, solicitando señalamiento de audiencia de fundamentación; solicitud que fue atendida mediante Decreto de 13 de septiembre del mismo año, emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -codemandado- (fs. 574 a 579 y 588). II.3. A través del Auto de Vista 75/21 de 28 de octubre de 2021, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada-, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida planteado por el solicitante de tutela. Este fallo fue notificado al accionante el 17 de diciembre de 2021, en su domicilio procesal, ubicado en la calle Fortín Corrales 152, del abogado Edson Rojas Cáceres (fs. 594 a 598 y 601). II.4. Devuelto el expediente al Tribunal de origen, por Decreto de 6 de enero de 2022, se declaró la ejecutoria de la Sentencia condenatoria emitida en primera instancia y dispuso se libre mandamiento de condena (fs. 603 a 604). II.5. Mediante memorial presentado el 4 de marzo de 2022, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el impetrante de tutela planteó incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, exigiendo la nulidad de la notificación de fs. 600 con el Auto de Vista 75/21, y del decreto de ejecutoria de sentencia, y se disponga la notificación con la resolución señalada, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, donde guardaba detención preventiva (fs. 605 a 608 vta.). II.6. Por Auto 10/2022 de 8 de marzo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento, rechazó in limine el incidente de nulidad de notificación interpuesto por el acusado, al haber sido planteado de forma extemporánea (fs. 610 a 611 vta.). II.7. A través de Auto de Vista 117 de 1 de abril de 2022, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, rechazaron el incidente de nulidad de notificación interpuesto por el accionante, por falta de prueba y carga argumentativa suficiente y razonada, que hubiere demostrado cómo se enteró que había sido notificado de forma irregular con el Auto 75/21 de 28 de octubre de 2021 (fs. 619 a 620).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, tutela legal efectiva, impugnación, igualdad de partes y seguridad jurídica; toda vez que: a) Los Vocales ahora demandados permitieron que la notificación efectuada con el Auto de Vista 75/21, que confirma la Sentencia condenatoria dictada en su contra, incumpliendo lo previsto por el art. 163 del CPP, que exige que dicho actuado procesal sea practicado personalmente, irregularidad que le impidió conocer efectivamente la resolución y ejercer su derecho a impugnar; no obstante, la presentación del incidente de nulidad de notificación que fue resuelto con el rechazo in limine mediante Auto de Vista 117, validando la notificación efectuada en el domicilio del abogado defensor de oficio que le impusieron y no en el Centro Penitenciario donde guardaba detención preventiva; b) Los Jueces codemandados, también rechazaron in limine el incidente de nulidad planteado en esa instancia, a través del Auto 10/2022, alegando que fue interpuesto de forma extemporánea; c) El Secretario de Sala codemandado, incumplió su deber de verificar las actuaciones del personal subalterno, antes de remitir los antecedentes de apelación al Tribunal de origen; asimismo, omitió informar a los superiores que existía una audiencia de fundamentación pendiente de celebración; y, d) El Oficial de Diligencias de la referida Sala, no efectuó la notificación del Auto de Vista 75/21, de forma personal, en el lugar donde guardaba detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, desarrolló el siguiente razonamiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…).
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se 6El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 8El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025 de 5 de marzo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0093/2018-S2 de 29 de marzo, realizó una sistematización de la jurisprudencia constitucional, estableciendo lo siguiente: El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado; el cual se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones: i) El derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y, ii) El derecho a la defensa material que se concreta en el derecho a ser oído o derecho a declarar en el proceso. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, siendo confirmado por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre estableció que el derecho a la defensa comprenden a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; dicho criterio fue reiterado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo y en la SCP 0279/2012 de 4 de junio, entre otras; por su parte, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre señaló que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones; la primera, referida a contar con un abogado; y la segunda, al acceso y posibilidad de conocer los actuados para poder 10 El FJ III.4, refiere: “Previsto por el art. 16.II CPEabrg, que establecía que el derecho a la defensa de la persona en juicio es inviolable, en ese entendido, la jurisprudencia constitucional en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, sentó la siguiente doctrina jurisprudencial:`...es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R de 30 de octubre manifestó que es la: «(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos»'.
Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE”.
11 El FJ III.3, manifiesta: “Al respecto, la SC 2148/2010-R de 19 de noviembre, determinó sobre el derecho a la defensa, que: `Si bien es parte integrante de la garantía del debido proceso, no obstante, está normado constitucionalmente dentro de las garantías jurisdiccionales como un derecho exigible, tal cual establece el art. 115.II de la CPE, por otro lado el art. 119.II de la CPE, en definitiva es un derecho que a la vez forma parte de las garantías jurisdiccionales; y que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como: «…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos» (SC 1490/2004-R de 14 de septiembre)´” (las negrillas son nuestras).
12 El FJ III.2, expresa: “El derecho a la defensa es un derecho fundamental consagrado por la norma prevista por el art. 16.II CPE, este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso consagrado en la norma prevista por el art. 16.IV CPE, en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional”.
impugnarlos, cuando corresponda; razonamiento que fue reiterado por las SSCC 1034/2004-R de 5 de julio y 0239/2010-R de 31 de mayo; y, por la SCP 0326/2012 de 18 de junio, entre otras. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se establece que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones; una técnica y otra material; mismo que en procesos no penales, mínimamente comprende a la vez, los derechos al acceso y posibilidad de conocer los actuados, a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0659/2021-S1 de 16 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento:
El Código de Procedimiento Penal, a partir de los arts. 160 al 166, estableció la exigencia de que determinadas resoluciones deben ser notificadas de forma personal a las partes que intervienen dentro del proceso penal, instaurando una serie de requisitos formas y condiciones que deben ser cumplidas para tal efecto. Así, el art. 160 citado Código delimita el objeto principal de este acto procesal al determinar que “Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales”; bajo esa directriz, el art. 163 del mencionado Código, estableció excepciones a la regla general descrita en el art. 160 de la norma mencionada, citando específicamente el término personal, lo que implica que dicho acto procesal debe ser efectuado a las partes del proceso, permitiendo el ejercicio de derechos fundamentales como la defensa y la impugnación de las resoluciones.
En esa línea, el art. 163 del CPP, modificado por disposición de la Ley 13 El FJ III.2, dispone: “Por otra parte, el orden constitucional, no obstante de ser el derecho a la defensa un instituto integrante de las garantías del debido proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE que `El derecho a la defensa en juicio es inviolable´; precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente, (SC 0136/2003-R, de 6 de febrero). Así, el derecho a la defensa es un derecho fundamental consagrado por la norma prevista por el art. 16.II de la CPE, este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso consagrado en la norma prevista por el art. 16.IV de la CPE, en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, (SC 1842/2003-R, de 12 de diciembre)”.
14 En el FJ III.3. señala: “Así el derecho a la defensa está previsto por el art. 115.II de la CPE, y que por su importancia también es una garantía, de que las personas conocerán y se defenderán de toda acusación contra ella. Al respecto, la SC 0859/2007-R de 12 de diciembre, que citó como referente a la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, señaló que este derecho: `tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio´. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso (…), en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional”.
de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estableció los casos en los que la notificación debe ser realizada de forma personal, enumerándolos de la siguiente forma:
1. La denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal;
2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes;
3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo;
4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y,
5. Otras resoluciones que por disposición del presente Código, deban notificarse personalmente.
Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción.
Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital de la o el abogado.
Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera.
Entonces al tenor de dichos articulados, es concluyente manifestar que la notificación de las sentencias y resoluciones de carácter definitivo necesariamente deben ser cumplidas guardando las exigencias y formalidades establecidas; es decir, deben ser efectuadas de forma personal, con la entrega de la copia de la resolución a las partes, ya que lo contrario se configura en una notificación que no resulta valida, por el incumplimiento de las exigencias formales establecidas en la norma señalada, puesto que debe entenderse que el objeto principal de la notificación personal, es permitir que las partes procesales tengan conocimiento de las razones, motivos y fundamentos jurídicos que fueron base de la resolución, permitiendo a la vez el pleno ejercicio del derecho a recurrir o impugnarla. En esa línea, la SCP 0953/2019-S2 de 15 de octubre, estableció:
Este instituto procesal, establecido en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuya efectivización compete a la autoridad jurisdiccional y personal subalterno en el marco de sus atribuciones, tiene por objeto hacer conocer a los sujetos procesales o a terceros con interés legítimo en el proceso, las providencias, autos, sentencias y todas las actuaciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales; cuya finalidad es garantizar los derechos de contradicción, defensa e impugnación, como elementos esenciales del debido proceso consagrados en los arts. 115.II y 180.II de la CPE; es decir, la notificación, permite la publicidad de los actos procesales y el uso de los mecanismos de impugnación a su alcance para la protección de aquellos; sobre el particular De Santo señaló “la notificación tiene por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos
De lo expuesto, se establece que la omisión de la notificación, hace que esta diligencia no cumple su finalidad, es susceptible de nulidad, porque anula la materialización del normal desarrollo del proceso; puesto que, impide a ejercer el derecho a la defensa e impugnación, ya que, el desconocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes del proceso, coloca al sujeto procesal en un estado de indefensión; al respecto, la SCP 1074/2014 de 10 de junio señaló: “…la falta de notificación de aquellos actos que involucren derechos y/o garantías constitucionales de las partes procesales, acarrea indiscutiblemente una disminución o el cercenamiento total y arbitrario de las posibilidades del ejercicio de la defensa, lo cual, afecta directamente el desarrollo del proceso dentro de los cánones del debido proceso”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0896/2019-S2 de 1 de octubre, realizó una sistematización de la jurisprudencia constitucional, estableciendo lo siguiente:
La SC 1079/2010-R de 27 de agosto, respecto a las notificaciones establece:
… comprende toda actividad dirigida a: `poner algo en conocimiento de alguien´, por eso resulta que la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros una resolución y/o providencia judicial, para que dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales.
Entre las diversas clases de notificación tenemos a la notificación personal y la notificación cedularía, las cuales para que surtan sus efectos y que dicho conocimiento se produzca en forma válida, real y efectiva, es necesario que cumplan con su finalidad, que es dar a conocer a las partes o interesados de las resoluciones o providencias dictadas en los procesos, para que los litigantes queden en situación de poder ejercitar de manera oportuna y eficazmente sus derechos en la causa, ya que solo mediante la notificación, la actuación respectiva de la parte llega a ser existente para la otra parte o la cual se notifica; y en segundo lugar el acto debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidas para cada forma de notificación, materializando así, el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses, cuya inobservancia provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del acto procesal, y por ende implicaría una vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa. No obstante, si pese a la inobservancia de las formalidades legales la notificación surte sus efectos, ésta se tiene por válida (las negritas y el subrayado son nuestros). En torno a este tema, sobre la nulidad de la notificación, el art. 166 del CPP, dispone:
La notificación será nula: 1) Si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la notificación; 2) Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta; 3) Si en la diligencia no consta la fecha y hora de su realización y, en los casos exigidos, la entrega de la copia y la advertencia correspondiente; 4) Si falta alguna de las firmas requeridas; y, 5) Si existe disconformidad entre el original y la copia o si esta última es ilegible. La notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad (el resaltado es incorporado).
En el caso en análisis el accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, tutela legal efectiva, impugnación, igualdad de partes y seguridad jurídica; toda vez que: 1) Los Vocales ahora demandados permitieron que la notificación efectuada con el Auto de Vista 75/21, que confirma la Sentencia condenatoria dictada en su contra, incumpliendo lo previsto por el art. 163 del CPP, que exige que dicho actuado procesal sea practicado personalmente, irregularidad que le impidió conocer efectivamente la resolución y ejercer su derecho a impugnar; no obstante la presentación del incidente de nulidad de notificación que fue resuelto con el rechazo in limine mediante Auto de Vista 117, validando la notificación efectuada en el domicilio del abogado defensor de oficio que le impusieron y no en el Centro Penitenciario donde guardaba detención preventiva; 2) Los Jueces codemandados, también rechazaron in limine el incidente de nulidad planteado en esa instancia, a través del Auto 10/2022, alegando que fue interpuesto de forma extemporánea; 3) El Secretario de Sala codemandado, incumplió su deber de verificar las actuaciones del personal subalterno, antes de remitir los antecedentes de apelación al Tribunal de origen; asimismo, omitió informar a los superiores que existía una audiencia de fundamentación pendiente de celebración; y, 4) El Oficial de Diligencias de la referida Sala, no efectuó la notificación del Auto de Vista 75/21, de forma personal, en el lugar donde guardaba detención preventiva. Establecido como se tiene el alcance del reclamo constitucional que motivó la presentación de esta acción tutelar, a los fines de su contextualización corresponde conocer los antecedentes procesales relacionados con la misma. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhonny Ríos Céspedes -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 32/2021; en la cual, se declaró al acusado autor y culpable del mencionado delito, imponiéndole una pena de veinte años de presidio (Conclusión II.1).
Determinación que dio lugar a la interposición de un recurso de apelación restringida (Conclusión II.2), resuelto por Auto de Vista 75/21, que declaró improcedente dicho recurso. Este fallo fue notificado al accionante el 17 de diciembre de 2021, en su domicilio procesal, ubicado en la calle Fortín Corrales 152, oficina del abogado Edson Rojas Cáceres (Conclusión II.3). Posteriormente, una vez dictado el Decreto de 6 de enero de 2022, por el que se declaró la ejecutoria de la sentencia condenatoria (Conclusión II.4), el impetrante de tutela mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, interpuso incidente de nulidad de notificación con el referido Auto de Vista que resolvió su recurso de apelación restringida, siendo rechazado in limine por Auto 10/2022, (Conclusión II.6). Reiterado el incidente de nulidad ante los Vocales de la Sala Penal Segunda ahora demandados solicitando la nulidad de la notificación de 17 de diciembre de 2021, y de todos los actuados hasta que se proceda a su notificación personal con el referido Auto de Vista 75/21, los Vocales hoy demandados mediante Auto de Vista 117, rechazaron in limine su reclamo. Ahora bien, considerando que el Auto de Vista 117, constituye la decisión de cierre en la jurisdicción ordinaria respecto de dicha determinación; por consiguiente, en lo que respecta a los Jueces y funcionarios subalternos codemandados, corresponde denegar la tutela; toda vez que, el análisis en la presente acción se circunscribirá a la última resolución emitida; esto es, el Auto de Vista 117. Al respecto, la mencionada Resolución cuestionada señaló que: i) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conoció el proceso a raíz del recurso de apelación restringida, formulado por el acusado Jhonny Ríos Céspedes -accionante-, contra la Sentencia 32/21, en el que señaló como domicilio procesal la calle Fortín Corrales 152; por ello, habiendo emitido el Auto de Vista 75/21, que declaró improcedente la apelación y confirmó la sentencia condenatoria, se procedió a notificar al apelante, con la advertencia de que tenía cinco días para interponer el recurso de casación; ii) La notificación con el Auto de Vista, se efectuó el 17 de diciembre de 2021, a las 11:50, en el domicilio procesal señalado; es decir en la oficina del abogado de oficio Edson Rojas Cáceres, dejando la respectiva copia de ley; y una vez evidenciado que no se planteó recurso de casación, se devolvió el expediente al Tribunal de origen, donde una vez fue radicado se emitió el Decreto de 6 de enero de 2022, por el que se declaró la ejecutoria de la sentencia condenatoria; iii) Posteriormente el acusado, presentó incidente de nulidad de notificación en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que mereció el Auto 10/2022, que rechazó in limine el incidente de nulidad de notificación por haber sido planteado de forma extemporánea; iv) El incidentista fue notificado con el Auto de Vista 75/21, en el domicilio procesal señalado por él mismo y a partir de esa fecha correspondía computar los diez días que establece el procedimiento para interponer su pretensión o incidente; sin embargo, interpuso el 4 de marzo de 2022, de manera simultánea en dos diferentes lugares, ante la Sala Penal Segunda y ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero; v) Si bien es cierto que el art. 163.3) del CPP establece que las resoluciones de carácter definitivo deben ser notificadas de manera personal, no es menos evidente que el acusado fue notificado en su domicilio procesal, que fue señalado en el recurso de apelación restringida, por lo que tuvo conocimiento de la notificación realizada a través de su abogado; consecuentemente, si se sentía agraviado en sus derechos debió actuar inmediatamente e interponer el incidente dentro de los diez días que establece la norma procesal penal; y al no haberlo hecho dejó precluir su derecho y consintió tácitamente la realización de dicho actuado procesal; más aún, cuando no se hizo conocer a este Tribunal de alzada, la renuncia de patrocinio del abogado que representa al incidentista ni se devolvió la notificación como normalmente se hace en ese tipo de situaciones, para poder actuar conforme a procedimiento; y, vi) Se debe tomar en cuenta que el incidentista no proporcionó ninguna prueba y tampoco efectuó la carga argumentativa suficiente y razonada, explicando y demostrando cómo se enteró recién que había sido notificado de forma irregular con el Auto de Vista 75/21, a fin de que se pueda considerar esos argumentos y realizar el test de admisibilidad; y, finalmente, tampoco se realizó el debido seguimiento de la causa, por parte de su abogado o familiares, de lo contrario hubiesen tomado conocimiento de los actuados que se estaban realizando. En ese marco, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el derecho a tener una resolución, sea jurisdiccional o administrativa, debidamente fundamentada y motivada, es un elemento del derecho al debido proceso, cuyo contenido esencial está dado por sus finalidades implícitas de sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, de lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, de garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos, de permitir el control social de la resolución; y, la observancia del principio dispositivo. Precisamente, vinculado con la segunda finalidad mencionada, la arbitrariedad puede presentarse, por ejemplo: a) Cuando las decisiones no explican las razones por las que se determinó asumir cierto criterio, en cuyo supuesto se estará frente a una resolución sin motivación; b) Cuando se evidencie una decisión motivada en cuestiones meramente retóricas, apartadas de derecho, o cuando en la labor de valoración probatoria, las autoridades jurisdiccionales se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y/o equidad, omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba y/o basaron su decisión en una prueba inexistente, se tendrá que es una resolución con motivación arbitraria; c) Cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes, se trata de una decisión con motivación insuficiente; y, d) Cuando la falta de coherencia del fallo; que en su dimensión interna, se presenta cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión; o en su dimensión externa, por falta de correspondencia de lo decidido con lo pedido o impugnado por las partes.
En base al criterio desarrollado precedentemente, corresponde ingresar a analizar si en efecto existió o no vulneración a los derechos invocados en la presente demanda tutelar respecto a la debida fundamentación y motivación de la resolución cuestionada al rechazar in limine el incidente de notificación planteado por el accionante. Al respecto, la parte solicitante de tutela sostiene que las autoridades demandadas, al emitir el Auto de Vista 117, no consideraron que la notificación del Auto de Vista 75/21, que confirmó la sentencia condenatoria en su contra, incumplió el art. 163 del CPP que exige sea personalmente, irregularidad que le impidió conocer efectivamente la resolución y ejercer su derecho a impugnar; es decir, que no consideraron la necesidad de notificar personalmente dicha resolución, pese a ser de carácter definitivo, validando una notificación realizada únicamente en el domicilio procesal (la oficina de su abogado defensor) y no en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, donde guardaba detención preventiva, privándole de poder presentar recurso de casación, provocando como consecuencia que la sentencia condenatoria emitida en su contra sea ejecutoriada. En lo que concierne a estos reclamos plasmados en la acción de amparo constitucional; es preciso señalar que, conforme los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional, la notificación en el proceso penal tiene como objetivo principal garantizar que las partes procesales conozcan las resoluciones judiciales, lo que les permite ejercer efectivamente derechos fundamentales como la defensa y la impugnación; en ese sentido, los arts. 115.II y 180.II de la CPE reconocen el derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia. Asimismo, el art. 163 del CPP, dispone que las resoluciones definitivas deben notificarse de manera personal en el domicilio real de la parte interesada, dejando constancia de dicha diligencia con la intervención de un testigo idóneo en caso de no encontrarse al destinatario, enfatizándose que, una notificación defectuosa puede ser subsanada si cumple efectivamente con su finalidad de informar a las partes. En el caso en análisis, el impetrante de tutela denuncia que la notificación del Auto de Vista 75/21, fue realizada en el domicilio procesal del abogado defensor de oficio que le fue impuesto por autoridad jurisdiccional, quien no fue consentido por éste. Esta situación, según alega, le generó indefensión al impedirle conocer oportunamente la resolución y ejercer su derecho a la impugnación, agravio de naturaleza central, ya que implica que el acto procesal cuestionado no cumplió con su propósito esencial que es el de garantizar el conocimiento efectivo de la resolución judicial, en cumplimiento de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso. Al respecto, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, mediante el Auto de Vista 117, no proporcionaron una explicación suficiente sobre los motivos por los que consideró que la notificación cumplió con su finalidad; así se limitó a señalar que la comunicación procesal se efectuó en el domicilio procesal consignado en el memorial de recurso de apelación, sin abordar de manera razonada y completa los aspectos jurídicos y fácticos del caso; en particular, no analizó si el defecto en la notificación vulneró efectivamente el derecho de defensa del impetrante de tutela, tampoco evaluó si la diligencia realizada cumplió con las formalidades exigidas por el art. 163.3) del CPP, tales como el cumplimiento en el domicilio real con la intervención de un testigo idóneo en caso de no encontrar al destinatario, aspecto que no podría darse si estaba recluido en un Centro Penitenciario; además, de omitir justificar por qué consideró que la supuesta falta de devolución de la notificación o renuncia de patrocinio, debía prevalecer sobre la obligación del órgano judicial de garantizar una notificación válida y conforme a la norma procesal penal. La ausencia de análisis por parte de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituye una falta de fundamentación y motivación suficiente, vulnerando el debido proceso del ahora solicitante de tutela, porque no permite comprender las razones por las cuales se decidió mantener la validez de la notificación acusada de defectuosa. Por lo expuesto, la omisión identificada afectó directamente los derechos del impetrante de tutela; la cual, no fue subsanada por el Auto de Vista 117, ahora confutado, que rechazó in limine el incidente de nulidad de notificación sin brindar un razonamiento debidamente fundamentado; por lo que se constata que se vulneró el derecho al debido proceso vinculado con los derechos a la defensa y a la impugnación, debiéndose conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 34/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 675 vta. a 682 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en cuanto a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 117 de 1 de abril de 2022, y se emita uno nuevo con la debida fundamentación y motivación, de conformidad a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Secretario y Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0288_2026-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0abc3e157c126ab790f821af14917ebacf32e0db0482e072b3d6b0e63ea7437c
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