Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 16 de abril de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, alega la lesión de su derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, relacionados a la libertad; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, a su turno, emitieron el Auto de 10 de octubre de 2022 y el Auto de Vista de 5 de enero de 2023, sin fundamentación, motivación y valoración de la prueba, habiéndose dispuesto su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en el informe psicológico realizado a la víctima menor de edad, quien habría referido que fue amenazada por su persona, cuando en realidad nunca lo hizo, ni señaló la nombrada víctima en dicha entrevista; por lo que, no se habría reconstruido correctamente el peligro procesal previsto en el citado art. 235.2 del mencionado Código. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-013/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0288/2025-S1 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54049-2023-109-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-013/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Villarroel Dávila contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 27 de enero de 2023 y 1 de febrero de igual año, cursantes de fs. 23 a 28 vta.; y, 36 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Reina Muñoz Reinaga en representación de la menor AA, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 301103012201303, el mismo radicó en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, encontrándose en la etapa preparatoria de juicio oral. Agrega que, desde el inicio del proceso penal fue puesto en calidad de aprehendido, para posteriormente celebrarse audiencia de aplicación de medidas cautelares el 10 de octubre de 2022, oportunidad en la que se dispuso su detención preventiva por cuatro meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Antonio Varones de Cochabamba, ello en razón a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP). Esa determinación se basó en un informe psicológico preliminar que señaló que la menor AA hubiera referido que recibió amenazas de parte de su persona en sentido que si contaba lo ocurrido mataría a su madre; lo cual no es evidente; además, que no existe prueba alguna que demostraría esa aseveración; por lo que, se realizó una mala reconstrucción del presupuesto de obstaculización, vulnerándose de esa forma el debido proceso y la valoración de las pruebas, careciendo de una debida fundamentación y motivación por parte de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-. En consecuencia, planteó recurso de apelación, con la finalidad que se proceda a realizar la debida reconstrucción del riesgo procesal de obstaculización; sin embargo, por un descuido de su anterior abogado, ese recurso fue remitido después de dos meses a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; celebrándose la respectiva audiencia el 5 de enero de 2023, en la Sala Penal Primera de ese Tribunal, a cargo del Vocal ahora demandado, en la que se declaró improcedente la apelación formulada, señalando que el temor que siente la menor AA, que su persona en cualquier momento pueda llegar a matar a su madre era suficiente para confirmar su detención preventiva. Consecuentemente, la Jueza y el Vocal ahora demandados, realizaron una valoración al informe psicológico preliminar y la declaración informativa de la víctima sin la debida fundamentación y motivación, cuando el referido Vocal debió ordenar la nulidad del Auto de 10 de octubre de 2022 y disponer que la Jueza de primera instancia, proceda a subsanar ese extremo y no basarse en simples presunciones, todo ello en otra audiencia bajo el principio de igualdad de las partes.
El impetrante de tutela denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, relacionados a la libertad; citando al efecto los arts. 115, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la revalorización de la prueba documental presentada en audiencia de aplicación de medidas cautelares, respetando el debido proceso, sea el mismo con la debida fundamentación, motivación y valoración, a los fines de determinarse los riesgos procesales que den curso a su detención preventiva, con restitución de sus derechos y garantías constitucionales, reparación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, y el pago de costas.
Celebrada audiencia pública el 14 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 81, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia ratificó y reiteró el contenido íntegro de los términos de la demanda tutelar, y ampliándolo señaló que: a) El recurso de apelación fue remitido el 10 de octubre de 2022, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, el mismo fue resuelto después de tres meses por el Vocal ahora demandado; y, b) Solicitó se ordene la nulidad del Auto de la mencionada fecha y el Auto de Vista que resolvió su recurso de apelación, a efecto que se adecúen al debido proceso, mediante un fallo debidamente motivado, con un desarrollo efectivo intelectivo en su resolución a efecto de reponerse el derecho al debido proceso que le asiste dentro del trámite procesal y se garantice su derecho a la defensa, y el principio de celeridad, considerando que se encuentra cumpliendo detención preventiva debido a las decisiones de las autoridades ahora demandadas.
Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del informe escrito presentado el 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 56 a 60, manifestó que: 1) Mediante el Auto de Vista de 5 de enero de 2023 se declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el accionante; 2) El impetrante de tutela señala que se dispuso su detención preventiva considerando que la menor de edad señaló sentir temor de que podría matar a sus progenitores, extremo que sería “suficiente” para determinar y aumentar un hecho contra el nombrado, sopesando una fuerte carga en su contra; 3) Asimismo, el demandante de tutela indica que existe una amplia diferencia entre tener temor y que exista una amenaza, ya que de una de las pruebas aportadas y leídas en la audiencia de apelación, se estableció que una persona al sentir temor puede llegar a ser un sinónimo que alguien quiera matar a alguno de sus familiares, aunque esa situación no se demuestre y/o compruebe, solo basta el hecho de sentir temor o miedo; bajo ese entendido se determinó que su persona aunque no haya efectuado tal hecho, se afirmó como si lo hubiera hecho; 4) Se realizó una valoración de la declaración informativa de la víctima, para verificar si el Juez inferior en grado hubiese emitido un acto sin fundamentación y motivación; por cuanto, el recurrente señaló que se vulneró el debido proceso al determinarse la presencia del riesgo procesal de obstaculización, sosteniendo que podía en libertad influir negativamente en la menor de edad AA; por lo que, mediante el recurso de apelación solicitó se anule el Auto de 10 de octubre de 2022, y se ordene a la Jueza que no se base en simples presunciones; 5) La presente acción de defensa no cuenta con una exposición clara ni precisión de los derechos y/o garantías constitucionales supuestamente violentados que hagan a la activación de la misma; es decir, el accionante no indicó de qué manera considera vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba y la mala reconstrucción de los riesgos procesales de obstaculización, puesto que su autoridad emitió el Auto de Vista de 5 de enero de 2023, conforme a lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP, manteniendo incólume la decisión de primera instancia; 6) Conforme se estableció en la audiencia de consideración y resolución de la apelación incidental, se tiene que el ahora impetrante de tutela denunció una indebida construcción del art. 235.2 del CPP, y la aplicación excesiva de la medida cautelar personal de detención preventiva, señalando que la víctima en el abordaje psicológico hubiera indicado que sentía temor por la amenaza realizada por su parte, en sentido que si avisaba lo que pasaba procedería a matar a su madre, ese informe según la parte apelante es de 8 de octubre de 2022, y no contendría ese aspecto de amenaza referido por la Jueza; al respecto se estableció que la autoridad inferior determinó la concurrencia del art. 235.2 del citado Código, basándose en el informe psicológico de la menor que reconoció a su agresor como su profesor y manifestó que siente miedo, temor contra su agresor, teniéndose del informe psicológico que en una primera instancia la referida menor no le contó a la madre, prefiriendo callar por el miedo o temor que sentía porque el imputado le dijo que mataría a su madre si contaba lo ocurrido, pero roto el silencio le contó a su progenitora lo sucedido, teniendo que a la fecha -se entiende de presentación del informe-faltan por realizar actos investigativos como ser la cámara Gessel -de la menor AA-, la intervención de la psicóloga de la “UPAT” y de la trabajadora social; por lo que, concluyó que el imputado en libertad podría influir negativamente en partícipes, testigos o peritos; razón por la cual, ante la concurrencia del art. 235.2 del CPP, se dispuso su detención preventiva por cinco meses; 7) En ese sentido, se estableció claramente que la autoridad jurisdiccional inferior sustentó la construcción de ese riesgo procesal por el citado Informe Psicológico de la menor AA, entendiendo que existe un error de typeo en cuanto a que el imputado habría indicado que mataría a su madre si contaba lo ocurrido, siendo un lapsus calami; sin embargo, en el referido informe se indicó la existencia de temor de miedo en la víctima, lo que llevó a la autoridad jurisdiccional a concluir que el nombrado en libertad influiría negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos; por esta razón, estableció la concurrencia del art. 235.2 del CPP, de manera fundamentada y motivada, pues no es necesario que se realice la misma de manera ampulosa, siendo efectuada de forma correcta y sin ingresar en arbitrariedad; 8) Es así que, no existe evidencia de la denuncia de la vulneración del debido proceso o que se haya incurrido en mala valoración de la prueba, al contrario, se realizó una correcta valoración en base a la aplicación de las reglas de la sana crítica, aspecto que no estuvo suficientemente enfocado a cuestionar los elementos centrales que desvirtúen el riesgo procesal construido o en su caso, haya existido una mala construcción del riesgo procesal de obstaculización previsto en el mencionado art. 235.2 del indicado Código, que importe una construcción subjetiva de ese riesgo procesal; 9) Se debe considerar que las resoluciones de medidas cautelares bajo los principios de instrumentalidad y variabilidad, pueden ser modificadas en cualquier momento, con la acreditación de nuevos elementos de convicción, tal como lo establece el art. 239 del señalado cuerpo legal; y, 10) Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela. Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, a pesar de su legal citación cursante a fs. 41.
Ivana Mónica Leyva Jimenez, abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), en audiencia señaló que las Resoluciones cuestionadas mediante esta acción de amparo constitucional, fueron emitidas considerando el informe psicológico relativo a la víctima y la condición que ésta responde a un grupo vulnerable, solicitando se tomen en cuenta dichos aspectos.
Lizeth Aizamani Quinteros, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que las Resoluciones cuestionadas mediante la acción de amparo constitucional se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, valorados conforme a la normativa e instrumentos internacionales respectivos, cumpliendo a calidad respecto a los presupuestos establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; debiéndose considerar que se determinó la detención preventiva del ahora accionante en función a las observaciones que se realizó en la demanda tutelar, precisando de su parte que la misma responde a la concurrencia de lo previsto en el art. 233 del mencionado Código, que fue determinado claramente por las autoridades jurisdiccionales; con esos argumentos, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-013/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., denegó la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática planteada; bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a los lineamientos establecidos en el art. 53.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se da la causal de improcedencia cuando los derechos alegados como vulnerados corresponden ser tutelados por otras acciones de defensa, como en el caso, mediante una acción de libertad, debiéndose considerar la naturaleza jurídica de ambas acciones; ii) El accionante cuestiona la falta de fundamentación y motivación del indicado peligro de obstaculización, previsto en el art. 235.2 del CPP, así como el establecido en el art. 234.7 del mismo Código, determinado en la Resolución de 10 de octubre de 2022, mediante la cual se dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra, motivo por el cual interpuso recurso de apelación, instancia en la cual se declaró su improcedencia, manteniéndose la mencionada Resolución; iii) En ese sentido, considerando que la acción de amparo constitucional por su naturaleza jurídica se constituye en una acción de defensa que tiene lugar contra actos y omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, que se activa respecto a los derechos que no estuviesen resguardados por las otras acciones de defensa, es decir, derechos a ser tutelados por la acción de libertad, de protección de privacidad, popular o de cumplimiento; es así que, conforme a lo establecido al art. 53.5 del CPCo, la acción de amparo constitucional no procede cuando se cuestionan derechos a ser tutelados por otras acciones de defensa, como en el presente caso, la acción de libertad, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, en sentido que su ámbito de protección se circunscribe respecto al derecho al debido proceso cuando estuviere vinculado o se tuviere como efecto de su inobservancia, restringido el derecho a la libertad personal, conforme se precisa en el inc. 3) del entendimiento contenido en la SCP 0674/2019-S4 de 21 de agosto; es decir, se encuentra instituida esa acción de defensa para la protección del debido proceso vinculado a la libertad personal, y que en el caso presente se cuestionan resoluciones judiciales que dispusieron la privación de libertad personal; consecuentemente, al haberse impuesto la detención preventiva del ahora accionante, al determinar la concurrencia del peligro procesal incurso en el art. 235.2 del CPP, extremo que se observa mediante la presente acción de defensa, la Jueza de control jurisdiccional hubiese determinado en primera instancia y a tiempo de resolver la situación jurídica del ahora demandante de tutela, emergente de imputación y solicitud del Ministerio Público que se determine mientras se sustancie el proceso penal, la medida extrema de detención preventiva, y que en apelación el Vocal de la Sala Penal Primera ahora demandado, hubiese mantenido incólume tal determinación; y, iv) Los derechos cuestionados a través de esta acción de amparo constitucional tienen clara vinculación con la acción de libertad, puesto que se denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, en relación a las consideraciones realizadas por las autoridades judiciales ahora demandadas a tiempo de resolverse su situación jurídica dentro de la causa penal, mientras se sustancia el proceso, lo que conlleva, en consecuencia, a concluir que tales hechos debieron ser cuestionados vía acción de libertad, por cuanto las resoluciones impugnadas tienen que ver con la restricción de la libertad personal del ahora accionante, emergente de la detención preventiva dispuesta, en función, asimismo, a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional; por cuanto, esta acción de defensa tutela los derechos fundamentales que no fueren objeto de tutela por otras acciones de defensa; finalmente, respecto a la acción de libertad se tiene que ésta, tutela de manera célere el debido proceso vinculado a la libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Reina Muñoz Reinaga, en representación de la menor AA, contra Franklin Villarroel Dávila -ahora accionante-, a través del Auto de 10 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, ordenó la detención preventiva del prenombrado, por el periodo de cinco meses en el Centro Penitenciario San Antonio Varones de Cochabamba (fs. 63 vta. a 65). II.2. Cursa el Auto de Vista de 5 de enero de 2023, pronunciado por Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, en grado de apelación, mediante el cual, se declaró la improcedencia del recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra el Auto de 10 de octubre de 2022, emitido por la Jueza ahora demandada, manteniéndose incólume la decisión adoptada (fs. 51 a 55).
El impetrante de tutela, alega la lesión de su derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, relacionados a la libertad; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, a su turno, emitieron el Auto de 10 de octubre de 2022 y el Auto de Vista de 5 de enero de 2023, sin fundamentación, motivación y valoración de la prueba, habiéndose dispuesto su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en el informe psicológico realizado a la víctima menor de edad, quien habría referido que fue amenazada por su persona, cuando en realidad nunca lo hizo, ni señaló la nombrada víctima en dicha entrevista; por lo que, no se habría reconstruido correctamente el peligro procesal previsto en el citado art. 235.2 del mencionado Código. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0113/2018-S2 de 11 de abril de 2018, al respecto señaló: La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez, el art. 51 del CPCo, prevé que esta acción tutelar tiene por objeto: “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, estableció que la acción de amparo constitucional se constituye en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela, rigiendo para su interposición los principios de inmediatez y subsidiariedad. De donde se concluye, que esta acción constitucional se erige como un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no restablecieron el derecho lesionado. Acción tutelar que se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez, conforme establece el parágrafo I del art. 129 de la Norma Suprema, que señala: “…se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, toda vez que, esta acción no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. Así también, lo determinó la SCP 0002/2012 de 13 de marzo.
En síntesis, la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo oportuno y pronto de tutela de derechos fundamentales, no amparados por otros mecanismos específicos de defensa, siempre y cuando no existan otras instancias o recursos intra procesales de defensa, por ello esta acción no puede sustituir la labor de la jurisdicción ordinaria ni administrativa, salvando las situaciones excepcionales que fueron determinadas en las Sentencias Constitucionales.
El impetrante de tutela, alega la lesión de su derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, relacionados a la libertad; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, a su turno, emitieron el Auto de 10 de octubre de 2022 y el Auto de Vista de 5 de enero de 2023, sin fundamentación, motivación y valoración de la prueba, habiéndose dispuesto su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en el informe psicológico realizado a la víctima menor de edad, quien habría referido que fue amenazada por su persona, cuando en realidad nunca lo hizo, ni señaló la nombrada víctima en dicha entrevista; por lo que, no se habría reconstruido correctamente el peligro procesal previsto en el citado art. 235.2 del mencionado Código. De acuerdo a la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Reina Muñoz Reinaga contra Franklin Villarroel Dávila, ahora accionante, a través del Auto de 10 de octubre de 2022, la Jueza ahora demandada, ordenó la detención preventiva del prenombrado, por el periodo de cinco meses en el Centro Penitenciario San Antonio Varones (Conclusión II.1.). En forma posterior, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en grado de apelación, mediante Auto de Vista de 5 de enero de 2023, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra el Auto de 10 de octubre de 2022, emitido por la Jueza ahora demandada, manteniéndose incólume la decisión adoptada (Conclusión II.2.). Bajo ese contexto, la problemática planteada por el accionante a través de la presente acción de amparo constitucional radica en que el prenombrado, en su condición de imputado dentro del proceso penal del cual deviene la presente acción objeto de revisión, denuncia que por Auto de 10 de octubre de 2022, se restringió su libertad, al ordenarse su detención preventiva por el periodo de cinco meses, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; ante lo cual presentó recurso de apelación contra dicha determinación; que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista de 5 de enero de 2023, confirmando el Auto de primera instancia; en ese sentido, acude a esta acción de defensa denunciando la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba como elementos del derecho al debido proceso en los que hubieran incurrido las autoridades tanto de primera instancia como de segunda, solicitando se dejen sin efecto las mismas, y se emita una nueva determinación; sin embargo, el accionante no consideró que la acción de amparo constitucional por su naturaleza jurídica no es el medio idóneo para reclamar tal situación, puesto que la problemática planteada no ingresa dentro de los supuestos de procedencia de la citada acción; por cuanto será a través de una acción de libertad establecida en los arts. 125 de la CPE y 48.1 del CPCo, a través de la cual puede acudir toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, y solicitará se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; consiguientemente, su solicitud de concesión de tutela cuestionando la determinación de su detención preventiva mediante esta acción de amparo constitucional, no concurre, al no enmarcarse dentro de la naturaleza jurídica de la misma; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-013/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ. III.1. establece que: “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural”. 2El FJ.III.1, indica que: “….la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los
servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0288_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf2316362dde580a46887983bc83a10fd94c9430f55c83d4dabb17f0040afcd5
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