B.IA.LEGAL

SCP 0287/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48796-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Henry Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual se constituye en víctima; su representante legal se apersonó ante las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas solicitando copia del mandamiento de detención domiciliaria del imputado; sin embargo, durante un periodo de cuatro semanas, las mismas le indicaron que se encuentran buscando el primer cuerpo del expediente donde supuestamente estaría tal actuado, dilatando su solicitud y perjudicando las gestiones que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La reconducción procesal de acciones; 2) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; 3) Las normas de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, aplicables a en los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, así como los derechos de la víctima y el principio de justicia material, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Secretaria y Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz -ahora demandadas-, en el día extiendan las fotocopias requeridas; y, en lo sucesivo obren conforme al principio procesal de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes realizadas por mujeres víctimas de violencia, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela solicitad, con relación al derecho al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La reconducción procesal de acciones
  2. III.2. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género
  3. III.3. Las normas de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, aplicables a en los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0287/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48796-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Ruth Ibonne Valeriano Ticona contra Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria y Ana Noemí Cruz Quispe, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de julio de 2022 cursante de fs. 1 a 4, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Henry Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, del cual se constituye en víctima; el investigador asignado al caso, debe realizar una verificación de cumplimiento de detención domiciliaria del sindicado; y para ello, tal investigador le solicitó una copia del mandamiento de dicha detención. Es así, que el personal del estudio jurídico que la representa se apersonó ante las ahora demandadas, solicitando le faciliten una copia de dicho mandamiento; sin embargo, durante cuatro semanas, las mismas le indican que están buscando el último cuerpo del expediente, donde se encontraría tal mandamiento; dilatando su requerimiento y perjudicándole para solicitar lo que en derecho le corresponde.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y que en el día se extiendan por secretaría las copias requeridas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato ratificó el contenido de su demanda y ampliándolo señaló: a) Lo único que están solicitando es que se les facilite el primer cuerpo del expediente judicial, con la finalidad de que se pueda sacar una copia legalizada del mandamiento de detención domiciliaria y se ejecute la verificación de la medida cautelar impuesta al imputado; y, b) En caso de que con el informe de la parte demandada se establezca que ya se encuentra a la vista el primer expediente, no es problema que se rechace la tutela solicitada, ello considerando que la misma se constituye en víctima del delito de violencia familiar o doméstica.

I.2.2. Informe de las demandadas

Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, apersonándose a audiencia señaló que: 1) Es evidente que hace unas semanas, se puso a su conocimiento que no existía el cuerpo del proceso; por lo que, ordenó que en el acto se busque el mismo, se debe tomar en cuenta que es funcionaria nueva y que recién asumió funciones el 25 de marzo de 2022; 2) La accionante nunca solicito mediante memorial la reposición del expediente perdido y el Tribunal Constitucional Plurinacional, explicó que tal acción es subsidiaria; 3) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- manifiesta el principio de informalismo; por lo que, el investigador asignado al caso, no tendría por qué solicitar copia del mandamiento de detención domiciliaria para efectuar sus actuados; y, 4) Finalmente, se puso a conocimiento del Consejo de la Magistratura las condiciones inhumanas que significa trabajar en ese despacho judicial, ya que no existe espacio para que los expedientes puedan estar en orden, aspecto que requiere que se considere y se deniegue la tutela solicitada. Ana Noemí Cruz Quispe, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 7 señaló que: i) Su persona cumple funciones desde el 18 de marzo de 2022; por lo que, desde que tuvo conocimiento de la causa, se hizo junto con los pasantes la búsqueda exhaustiva del expediente, solo se encontró el cuerpo que estaría en movimiento y no así el primer cuerpo; y, ii) Asimismo, desde su ingreso no se realizó ningún inventario sobre los procesos que radican en el despacho judicial, siendo de conocimiento público que su juzgado tiene excesiva carga procesal ya que es el único juzgado especializado en violencia y corrupción; aun así, su persona estando en estado de gestación cumple con lo establecido en el art. 101 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, siendo que incluso se queda hasta altas horas de la noche trabajando para no causar dilación en ningún proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, mediante Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 13 a 16, denegó la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria ahora demandada, comunique este extremo al Consejo de la Magistratura; y, se comunique de esta situación al Juez de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz. Determinación asumida en consideración a los siguientes argumentos: a) Existiendo una solicitud realizada por la ahora accionante Ruth Valeriano Ticona, quien pidió al Juzgado se le extienda una copia legalizada del Mandamiento de Detención Domiciliaria, se tiene que tal solicitud no pudo ser efectivizada al no encontrarse el primer cuerpo del proceso; por lo que la peticionante de tutela, debió informar esta situación por la vía formal a la autoridad jurisdiccional de tal juzgado, para que este pueda resolver en derecho; teniendo en cuenta que existen otros instrumentos intraprocesales para poder solicitar la reposición del mismo. Por lo descrito, no existen los elementos necesarios que le permitan establecer una afectación a los derechos de la parte accionante; y, b) Además, no se denota una vulneración o amenaza a su derecho a la vida o la libertad por la pérdida del expediente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se observa que no se arrima elemento alguno para proceder a su compulsa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Henry Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual se constituye en víctima; su representante legal se apersonó ante las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas solicitando copia del mandamiento de detención domiciliaria del imputado; sin embargo, durante un periodo de cuatro semanas, las mismas le indicaron que se encuentran buscando el primer cuerpo del expediente donde supuestamente estaría tal actuado, dilatando su solicitud y perjudicando las gestiones que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La reconducción procesal de acciones; 2) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; 3) Las normas de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, aplicables a en los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La reconducción procesal de acciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0862/2018-S2 de 20 de diciembre emitió el siguiente criterio jurisprudencial: A través de la reconducción procesal de acciones, es posible que una acción de defensa erróneamente planteada, pueda ser convertida, de oficio, a la acción de defensa que corresponde. La jurisprudencia constitucional, desarrolló este mecanismo en las siguientes Sentencias Constitucionales: Así, la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, generó un entendimiento aplicable a la acción de cumplimiento, por su novedosa incorporación a la Constitución Política del Estado, constituyéndose en el primer antecedente jurisprudencial. Posteriormente, la SCP 0347/2012 de 22 de junio, recondujo excepcionalmente un recurso directo de nulidad a una acción de amparo constitucional, a partir del principio pro actione, sin establecer subreglas aplicables a futuros casos. Luego, la SCP 0645/2012 de 23 de julio, por primera vez recondujo una acción de cumplimiento a una acción popular interpuesta por pueblos indígenas, señalando requisitos expresos para el efecto. Asimismo, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos de este último mecanismo de defensa y de la inexistencia de las causales de improcedencia. En igual sentido, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, extendió de manera expresa la posibilidad de efectuar la reconducción procesal en todas las acciones de defensa, señalando en su Fundamento Jurídico III.3, que:

…la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. La referida SCP 0210/2013 de 5 de marzo, estableció que la reconducción de acciones no solo alcanza al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también, a los jueces y tribunales de garantías. Entendimiento que se reiteró en la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, sostuvo:

…es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las SSCCPP 0645/2012, 2271/2012, 210/2013, 897/2013, entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos (…). Por otra parte, la SCP 0778/2014 de 21 de abril, desarrolla la figura de la reconducción procesal, sin establecer requisitos para su aplicación, con el siguiente entendimiento: …de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el “vivir bien” en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional. Conforme a dicho entendimiento, jueces y tribunales de garantía, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden reconducir las acciones de defensa, de oficio, a la acción idónea, para el resguardo de los derechos alegados como vulnerados, efectuando una ponderación en cada caso. No obstante, lo anotado, posteriormente, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3, moduló el entendimiento anotado, estableciendo que la reconducción de acciones no opera en todos los casos, sino, que está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada, conforme a los siguientes entendimientos:

Ahora bien, en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada (…)

…Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones. Como se observa, la SCP 0617/2016-S2 contiene un entendimiento regresivo con relación a la anterior jurisprudencia constitucional; sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional generó la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE; en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél, que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. A partir de dicha doctrina, en el caso de la reconducción procesal de acciones, el precedente en vigor se encuentra en la SCP 0778/2014, al ser más favorable para el acceso a la justicia constitucional; por cuanto, no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material.

III.2. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...) 7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas]. La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público;

pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro). En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas). De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.3. Las normas de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, aplicables a en los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisada en la SC 0600/2003- R de 6 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó:

…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas, 3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia.

Por otra parte, en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales en el art. 86 que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: “2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento”. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en lo que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Henry Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual se constituye en víctima; su representante legal se apersonó ante las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas solicitando copia del mandamiento de detención domiciliaria del imputado; sin embargo, durante un periodo de cuatro semanas, las mismas le indicaron que se encuentran buscando el primer cuerpo del expediente donde supuestamente estaría tal actuado, dilatando su solicitud y perjudicando las gestiones que en derecho corresponda. No obstante, previo a realizar el análisis del supuesto acto lesivo, es preciso señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1.1 del presente fallo constitucional, la reconducción procesal en acciones de defensa permite a jueces, tribunales de garantías y al Tribunal Constitucional Plurinacional reconducir las acciones a la vía idónea para proteger derechos vulnerados de manera inmediata, priorizando casos de vulnerabilidad y evitando demoras en la tutela, como se estableció en la SCP 0210/2013 de 5 de marzo; posteriormente, la SCP 0778/2014 de 21 de abril amplió este entendimiento eliminando requisitos específicos para permitir la reconducción, resaltando su finalidad de garantizar la justicia material y el acceso efectivo a la justicia constitucional; sin embargo, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo restringió esta figura, reservándola únicamente para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidades o enfermedades graves, y pueblos indígenas; esta restricción, se considera un entendimiento regresivo frente a interpretaciones anteriores más amplias. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado la doctrina del estándar más alto de protección, basada en los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, la cual prioriza el precedente que brinde mayor protección de derechos fundamentales, independientemente del criterio temporal. En ese marco, se considera que la SCP 0778/2014 constituye el precedente aplicable, ya que no impone restricciones para la reconducción procesal y promueve la materialización del orden constitucional, garantizando una tutela más efectiva de los derechos vulnerados y el principio de justicia material; en ese contexto, considerando la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico señalado, con la finalidad de resguardar de manera inmediata el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva de la ahora accionante, así como sus derechos en calidad de víctima del delito y el principio de justicia material, corresponde ingresar al análisis de fondo, reconduciendo la acción de libertad formulada por la impetrante de tutela, a una acción de amparo constitucional, en mérito a que los derechos presuntamente lesionados, no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, sino, de la acción amparo constitucional. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se advierte que la problemática en cuestión, se centra en la dilación injustificada que provocaron, las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas, en la entrega de una copia del mandamiento de detención domiciliaria a la víctima -ahora accionante-; en atención a que, el Ministerio Público dio curso a la verificación de la medida cautelar impuesta al procesado, solicitada por la ahora impetrante de tutela, ordenando se lleve a cabo -dicho actuado- a través del investigador asignado al caso; por lo que, en comunicación con el mencionado, este exigió -a la víctima- que “…para llevar a cabo este requerimiento, necesita el mandamiento de detención domiciliaria” (sic [fs. 2]) Al respecto, en audiencia tutelar, la Secretaria ahora demandada informó que, conforme a la petición de la hoy accionante “…en conocimiento de que no existía el cuerpo del proceso antes aludido, (…) ordenó en el acto que se busque ese cuaderno durante semanas (…) no obstante (…) de las revisión de antecedentes, (…) jamás llegó al despacho judicial memorial haciendo conocer a la autoridad jurisdiccional, quién sería inmediato superior el tema de la pérdida del primer cuerpo” (sic [fs. 10]), posteriormente, el Juez de garantías, consultó “en su calidad de servidora de apoyo jurisdiccional ha informado (…) al Juez la perdida de este expediente o la imposibilidad de encontrar el primer cuerpo…” (sic [fs. 12]); cuya respuesta, por parte de la Secretaria ahora demandada fue “…no se ha encontrado el cuaderno así mismo debido a la excesiva carga procesal la suscrita no tiene tiempo esa tarea le había encomendado a los pasantes y la señora auxiliar de ese despacho judicial (…) sí se la había puesto en conocimiento a la acción de libertar a razón de la pérdida del cuaderno no de la pérdida del cuaderno…” (sic [fs. 12]).

En ese contexto, se advierte que la Secretaria ahora demandada no comunicó, al Juez de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, sobre la presunta pérdida del expediente, situación que hubiera permitido tomar medidas inmediatas para garantizar la debida diligencia en este tipo de casos por parte de la indicada autoridad judicial; en ese entendido, cabe destacar que los Secretarios de Juzgado tienen la obligación de franquear, copias y fotocopias legalizadas que hubieran solicitado las partes; y en todo caso, custodiar, conjuntamente los servidores del juzgado y bajo responsabilidad, los expedientes y archivos de la oficina judicial, así como supervisar y controlar las labores de los servidores de apoyo judicial, conforme el art. 94 inc. 5); 8); y, 12) de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; asimismo, el art. 66 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, establece claramente que “Toda mujer agredida podrá solicitar copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación, desde el momento de la denuncia, las cuales deberán ser otorgadas en forma expedita, sin notificación previa y sin costo adicional al de las fotocopias”; dicha norma, si bien hace referencia a la obligación del Ministerio Público; por analogía, también debe ser entendida en relación a los Juzgados especializados, funcionarios de apoyo jurisdiccional y autoridades o funcionarios administrativos que atienden este tipo de casos; en el entendido de que, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por otra parte, la Auxiliar ahora demandada, en audiencia tutelar informó que, al “…momento de asumir el cargo es que (…) no se me ha entregado ninguna lista de los procesos que tendrían en calidad de inventario…” (sic [fs. 11 vta.]); no obstante, por mucho que dicha funcionaria no tenga una lista de los procesos a cargo del Juzgado donde presta sus funciones, tienen la obligación de coadyuvar con la Secretaria del Juzgado en el cumplimiento de las labores, como la recepción de expedientes, copia de resoluciones, atención a los abogados, litigantes y otras, dentro del marco de sus funciones, conforme el art. 101.I de la Ley 025; y en todo caso, en el marco del estándar de la debida diligencia, debió informar la pérdida del expediente a la Secretaria del Juzgado, cumpliendo la orden de búsqueda dispuesta por la misma, coadyuvando en las labores propias del Juzgado. En ese entendido, se verifica que la inobservancia de las labores y obligaciones por parte de las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas, repercutieron negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la víctima ahora accionante; ya que, cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor;

más aún cuando se trata de mujeres víctimas de violencia, en cuyo caso el Estado a través de sus servidores públicos tiene la obligación de garantizar los estándares internacionales e internos de protección de este sector vulnerable y de actuar conforme al estándar de la debida diligencia para prevenir, investigar, procesar y sancionar la violencia contra la mujer, imprimiendo no solo la celeridad que el caso amerita, sino también la protección inmediata de la mujer víctima de violencia y la prohibición de revictimización, por tratarse precisamente de una prioridad Estatal, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ya que es una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3.I Ley 348); En tal sentido, se concluye que las funcionarias de apoyo jurisdiccional ahora demandadas al no emitir la copia del mandamiento de detención domiciliaria del procesado, solicitada por la víctima -ahora accionante- en estricto apego a lo previsto por el art. 66 de la Ley 348, vulneraron el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva de la ahora accionante, así como sus derechos en calidad de víctima del delito y el principio de justicia material; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, con relación a los derechos al debido proceso, de los antecedentes cursantes, no consta que el mismo hubiera sido vulnerado o amenazado por la Secretaria y Auxiliar ahora demandadas, en razón a su condición de funcionarias de apoyo jurisdiccional en la administración de justicia. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, así como los derechos de la víctima y el principio de justicia material, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Secretaria y Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz -ahora demandadas-, en el día extiendan las fotocopias requeridas; y, en lo sucesivo obren conforme al principio procesal de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes realizadas por mujeres víctimas de violencia, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela solicitad, con relación al derecho al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

2 FJ.III.1., de la referida Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo.

3 FJ. III.1.1., de la mencionada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre.

4 En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, por ende, asume la norma de la debida diligencia y, en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar las diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer.

5 La Corte IDH, por primera vez utiliza el concepto de “interseccionalidad de la discriminación” en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador -Sentencia de 1 de Septiembre de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-; en los siguientes términos: “290. La Corte nota que en el caso Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento desarrollado en la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0287_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): dfe02ed84e85dcd1fe4f82f8c6a8b05962072615515f21fdf0038eb228b97d25

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