Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad por dilación indebida; indicando que el 24 de junio de 2022, presentó solicitud de audiencia de modificación de las medidas cautelares personales impuestas; empero, ya transcurrió una semana de su presentación sin que exista respuesta alguna por parte de los Jueces Técnicos demandados, y cuando su abogado se apersonó al Juzgado se le indicó que dos de los Jueces Técnicos que conforman el Tribunal se encontraban con baja médica, asimismo dado que su pedido es de modificación no merecía un tratamiento igual al de un pedido de cesación, por lo que lo solicitado se programaría “conforme agenda libre de los jueces”. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente con relación a Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, en virtud a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR respecto a Orlando Cender Aranibar Delgado, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por falta de legitimación pasiva.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 15 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48839-2022-98-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Anthony Carlos Herrera Marca en representación sin mandato de Marco Antonio Equice Quispe contra Orlando Cender Aranibar Delgado, Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, llegó a ser beneficiado con la cesación a su detención preventiva, sin embargo a esa fecha -entiéndase la presentación de la acción de libertad-, aún no pudo ser ejecutada o materializarse debido a que no se libró el mandamiento correspondiente en razón a que no se pudo concretar la medida de vigilancia por medio de un dispositivo electrónico. Ante dicha situación, el 24 de junio de 2022, solicitó audiencia de modificación de las medidas cautelares impuestas, siendo el objetivo la eliminación de la vigilancia por medio de un dispositivo electrónico; sin embargo, ya transcurrió una semana de su presentación y no existe respuesta alguna por parte de las autoridades judiciales demandadas. Continua señalando que su abogado se apersonó al Juzgado donde radica su causa para realizar el seguimiento respectivo y en dicha oportunidad los funcionarios que se encontraban le indicaron que la solicitud en cuestión recién habría ingresado a despacho el 28 de junio y “…que no habría hasta ahora fijación de audiencia ‘porque dos jueces que componen el Tribunal de Sentencia N°2 habrían obtenido permiso por baja médica el martes 28 de junio’” (sic), además que al tratarse de una solicitud de modificación no merecería un tratamiento similar al de una cesación, por lo que se programaría conforme a la “agenda libre de los jueces”, provocando así un estado de incertidumbre sobre su situación jurídica.
Considera lesionado su derecho a la libertad por dilación indebida, sin citar norma constitucional alguna.
El accionante solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la programación de la audiencia en el día y que esta sea desarrollada en la brevedad posible y se determine indicios de responsabilidad disciplinaria de los demandados.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 1 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, presente en audiencia señaló: “…mi abogado no va venir está en otra audiencia está en la policía, vamos a retirar la acción, ya me han fijado audiencia de modificación” (sic).
Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 1 de julio de 2022, cursante a fs. 15 y vta., señalaron: a) Orlando Cender Aranibar Delgado, en su condición de Presidente del Tribunal mencionado, efectivamente estuvo con baja médica desde el martes 28 al jueves 30 de junio de 2022, al igual que José Juan Téllez Duran, quien se encontraba con baja médica desde el lunes 27 al miércoles 29 de junio, periodo en el que se presentó la solicitud de modificación de medidas cautelares y que ingresó a despacho el 29 de junio de ese año; b) El 30 de junio del señalado año, se emitió providencia que programa como fecha para la celebración de la audiencia antes referida para el 4 de julio del indicado año, a horas 11:00, de las cuales ya se generó las notificaciones correspondientes; y, c) El señalamiento de audiencia de modificación de medida cautelar no tiene establecido un plazo concreto, contario a cuando se trata de audiencia de cesación a la detención preventiva o su revocatoria donde la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- expresamente determina el plazo para su realización, es por ello que se señaló audiencia de acuerdo a la agenda del Tribunal. Orlando Cender Aranibar Delgado, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, a través de su informe presentado el 1 de julio de 2022, cursante a fs. 17, indicó que: 1) Su persona se encontraba con baja médica que se encuentra debida y legalmente respaldada por el "Certificado de Incapacidad Temporal" emitido por la Caja Nacional de Salud (CNS), señalándose un periodo que comprende desde el 28 de junio hasta el 30 de junio del referido año; y, 2) De acuerdo a los criterios asumidos por la SCP 0549/2021-S4 de 13 de septiembre, es importante analizar el ámbito de la legitimización respecto a su actuación, puesto que al encontrarse con baja medida no podría haber dispuesto positiva, negativa o dilatoriamente la solicitud impetrada por el acusado.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., concedió la tutela solicitada, ordenado que los demandados atiendan de manera oportuna la solicitud que está realizando el accionante y se pueda llevar adelante la audiencia impetrada, decisión asumida con los siguientes argumentos: i) De los antecedentes queda demostrado que la solicitud presentada por el ahora accionante efectivamente no fue atendida oportunamente por los Jueces demandados; ii) No se cumplió con el principio de celeridad debido a que la audiencia de modificación de medidas cautelares no fue conforme al art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que está demostrado que existen dilaciones innecesarias, omitiendo aplicar el referido principio de celeridad, más aún cuando existe personas privadas de libertad; iii) La omisión denunciada colocó al impetrante de tutela en incertidumbre, generando que el mismo no pueda efectuar ninguna petición, menos poder resolverse los aspectos relativos a la prosecución de la causa, generando que su derecho de acceso a la justicia se vea restringido debido a que la autoridad jurisdiccional no señaló audiencia para conocer y considerar la referida solicitud, impidiéndole materializar el derecho a la defensa que en el caso va relacionado con el derecho a la libertad, habiéndose desconocido el precedente establecido en la SCP 0071/2012 de 12 abril, que refiere la obligación que tienen los administradores de justicia de despachar los asuntos que se encuentran sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; y, iv) Refiere que ante la ausencia de dos de los Jueces demandados, la Jueza Eldy Carmen Duarte Rocabado al encontrarse de manera solitaria se encontraba en la posibilidad de señalar audiencia para la modificación de las medidas cautelares sin ninguna dilación y convocar a un Juez de otro Tribunal a efectos de no provocar dilación ni perjuicios en la petición realizada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado por Marco Antonio Equice Quispe -ahora accionante- el 24 de junio de 2022 y remitido por la Oficina Gestora de Procesos el 27 del mismo mes y año, por el que impetra al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, la modificación de las medidas cautelares personales impuestas (fs. 19 a 20). II.2. Consta baja médica del 27 al 29 de junio de 2022, emitida por la CNS a favor de José Juan Téllez Duran, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, otorgada en la misma fecha (fs. 14). II.3. Asimismo cursa baja médica del 28 al 30 de junio de 2022, emitida por la CNS a favor de Orlando Cender Aranibar Delgado, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, otorgada en la misma fecha (fs. 16). II.4. Mediante decreto de 30 de junio de 2022, los Jueces Técnicos José Juan Téllez Duran y Eldy Carmen Duarte Rocabado, programan audiencia para la consideración de modificación de medida cautelar impetrada por el accionante para el 4 de julio de ese año a horas 11:00 (fs. 21).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad por dilación indebida; indicando que el 24 de junio de 2022, presentó solicitud de audiencia de modificación de las medidas cautelares personales impuestas; empero, ya transcurrió una semana de su presentación sin que exista respuesta alguna por parte de los Jueces Técnicos demandados, y cuando su abogado se apersonó al Juzgado se le indicó que dos de los Jueces Técnicos que conforman el Tribunal se encontraban con baja médica, asimismo dado que su pedido es de modificación no merecía un tratamiento igual al de un pedido de cesación, por lo que lo solicitado se programaría “conforme agenda libre de los jueces”. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que 5El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 6El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 7El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 8El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 9El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la personalidad, siendo deber primordial del Estado, respetarlo y protegerlo por ser inviolable; razón por la que, fue configurada la acción de libertad de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que el citado derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de vulneración. A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa.
En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad por dilación indebida indicando que el 24 de junio de 2022 presentó solicitud de audiencia para la modificación de las medidas cautelares personales impuestas en su contra; sin embargo, transcurrida una semana desde su presentación, no recibió respuesta alguna por parte de los Jueces Técnicos demandados. Y luego, cuando su abogado se apersonó al Juzgado, se le informó que dos de los Jueces Técnicos que conforman el Tribunal se encontraban con baja médica y que, dado que su solicitud era para modificación de medidas y no para cesación, se programaría la audiencia “conforme a la agenda libre de los jueces”.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, se conoce que el ahora demandante de tutela presentó su solicitud de modificación de medidas cautelares el 24 de junio de 2022; sin embargo, el referido escrito fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí el 28 de junio de 2022. En su solicitud, el accionante indicó que había cumplido todos los requisitos exigidos, excepto el de vigilancia mediante dispositivo electrónico, el cual resultaba imposible de cumplir debido a que la Policía Boliviana informó que no contaba con dicho dispositivo. El 30 de junio de 2022, los Jueces Técnicos Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Durán, ahora demandados, emitieron un proveído programando la audiencia solicitada para el 4 de julio de 2022, a las 11:00, siendo notificada la parte accionante en su domicilio procesal en la misma fecha.
Es importante señalar que, aunque el acto lesivo en cuanto a la solicitud de modificación de medidas cautelares ya se ha cumplido con el señalamiento de audiencia, se debe continuar analizando el fondo del problema planteado. A pesar de que el acto lesivo haya sido subsanado, la jurisprudencia sobre la acción de libertad innovativa establece que corresponde resolver si la denuncia de lesión al derecho al debido proceso, vinculado al derecho a la libertad, tiene fundamento. Esto tiene como fin evitar futuras dilaciones que lesionen el marco constitucional y los derechos fundamentales. Según el principio de celeridad procesal, las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad deben ser resueltas dentro de los plazos legales o, excepcionalmente, en términos razonables. Si no se cumple con este plazo, se genera una indebida restricción del derecho a la libertad, lo cual activa la acción de pronto despacho, que protege dicho derecho frente a dilaciones indebidas.
En el caso en cuestión, el demandante presentó su solicitud el 24 de junio de 2022, la cual fue remitida al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí el 28 de junio de igual año, comenzando así a contarse el plazo de 48 horas para señalar la audiencia. Esta solicitud fue atendida el 30 de junio de ese año, y la audiencia fue programada para el 4 de julio del mismo año. Por lo tanto, el retraso real fue de seis días, no de diez, como inicialmente se indicó en el proyecto. Esto representa un incumplimiento del principio de celeridad procesal, afectando el derecho a la libertad del accionante.
Si bien dos jueces estaban con baja médica entre el 27 y el 30 de junio de 2022, la solicitud fue presentada antes de que comenzaran las bajas médicas. Por lo tanto, existía tiempo suficiente para que el Tribunal, como órgano colegiado, cumpliera con su responsabilidad de garantizar el derecho a la libertad, convocando a un juez suplente o resolviendo la solicitud dentro del plazo de 48 horas. La dilación en la fijación de la audiencia no puede justificarse debido a las bajas médicas, ya que la solicitud fue presentada antes de dichas bajas.
En consecuencia, se observa que el retraso en la programación de la audiencia vulneró el derecho del accionante a que su solicitud de modificación de medidas cautelares fuera resuelta dentro de un plazo razonable. Por ello, se debe conceder la tutela y la responsabilidad debe recaer sobre los jueces del Tribunal, quienes incurrieron en una dilación indebida que afectó el derecho a la libertad del demandante de tutela.
Asimismo, cabe indicar que si bien la tutela es concedida, no se determinará responsabilidad directa de todos los miembros del Tribunal colegiado, toda vez que el Juez Técnico Orlando Cender Aranibar Delgado, quien estaba con baja médica en el momento de la emisión del decreto cuestionado, no tenía legitimación para haber emitido dicho decreto. Por lo tanto, no puede atribuírsele responsabilidad en este caso. Finalmente, respecto a la determinación de responsabilidad de los demandados, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente con relación a Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, en virtud a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR respecto a Orlando Cender Aranibar Delgado, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por falta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
10 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 11El FJ III.1, señala: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos”.
12 El FJ III.2 describe: “6) Acción de libertad Innovativa En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad Innovativa, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La libertad física o de locomoción, el procesamiento indebido directamente vinculado con estos derechos o la persecución ilegal, aun cuando los actos u omisiones violatorias a los presupuestos antes señalados hubiesen cesado. Así, esta tipología fue asumida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, y debe ser incluida a la presente sistematización, por tanto, frente a los supuestos antes descritos, aun frente a la cesación de actos u omisiones lesivas a la libertad física o de locomoción, debe inequívocamente ejercerse el control de constitucionalidad, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades o particulares demandados en caso de verificarse la existencia de actos u omisiones que afecten los derechos antes referidos” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0286_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ec16d03545174b070f823e3a07d52504b78b9bc1982612c94bd78e296df471b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →