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SCP 0286/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
44948-2022-90-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, señalando que tras la interposición de un recurso de apelación incidental, ante la negativa a la cesación de su detención preventiva, la autoridad judicial demandada no remitió los antecedentes dentro de las veinticuatro horas establecidas para el efecto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 33 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada; y,

2° Exhortar a Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, -autoridad demandada-, cumpla los plazos procesales en el tiempo establecido por ley o dentro de un plazo procesal razonable.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2023-S2 Sucre, 4 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44948-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 29 de diciembre 2021, cursante de fs. 33 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Herminia Orellana Orellana en representación sin mandato de Cristian Orellana contra Lizhet López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2021, cursante de fs. 6 a 8 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, el 24 de diciembre de 2021, se llevó adelante una audiencia para definir su situación jurídica, determinándose la ampliación de su detención preventiva por dos meses en la Carceleta de Arani de Cochabamba y negando su solicitud de cesación de la detención preventiva, en audiencia planteó recurso de apelación incidental contra dicha determinación, solicitando la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno correspondiente; empero, hasta el 25 de similar mes y año, el acta de la mencionada audiencia no fue elaborada y por ende no se remitieron los antecedentes a los efectos del recurso inobservando las veinticuatro horas establecidas por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) A la autoridad demandada emita el acta correspondiente de la audiencia de apelación de medidas cautelares; y, b) Disponga la remisión de actuados al Tribunal de alzada conforme la normativa procesal penal.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 32 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito de 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 23 y vta., solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) El 7 de similar mes y año, fue remitido el cuaderno procesal del imputado a su despacho en virtud a la Circular 09/2021 (no tiene fecha), relativa a la vacación judicial; 2) El 24 de igual mes y año, se llevó adelante la audiencia de revisión de la situación jurídica del prenombrado, en la cual se determinó ampliar la misma por dos meses y negar la cesación que fue solicitada, “resolución” que fue apelada; 3) Ante la interposición de un recurso de apelación incidental, tal como consta de la copia fotostática que se adjunta se cumplió con la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada; y, 4) Si bien no se remitieron los antecedentes en el plazo de veinticuatro horas fue en razón a la recarga procesal existente y la imposibilidad material y humana de hacerlo dentro del tiempo señalado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Favio Aramayo, Fiscal de Materia, solicitó en audiencia, cursante a fs. 32 y vta., se deniegue la tutela solicitada por ser un recurso presentado de manera precipitada, debiendo tomar en cuenta la “SCP 542/2016 de 12 de julio”, la carga procesal de la Jueza demandada y las suplencias por vacación judicial.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 33 a 37 vta., denegó la tutela solicitada, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad jurisdiccional dispuso la remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal de Justicia del mismo departamento; sin embargo, el impetrante de tutela antes de interponer la presente acción de libertad no consideró que el plazo aún se encuentra vigente, pues de acuerdo a la amplia jurisprudencia constitucional existente, si bien el plazo de remisión de los antecedentes es de veinticuatro horas muchas veces este término no puede ser cumplido debido a causas justificables; por lo que, merece una prudente y razonable extensión; 2) Si bien la audiencia de consideración de situación jurídica del imputado se llevó adelante el 24 de similar mes y año; de acuerdo al art. 251.II del CPP, debía remitirse antecedentes en el plazo de veinticuatro horas; empero, debe considerarse que los días siguientes a la celebración fueron sábado y domingo, consiguientemente correspondería que los antecedentes sean remitidos el día lunes y en su defecto dentro de un plazo razonable; 3) Como se advierte de la prueba adjunta al informe de la autoridad judicial demandada, los antecedentes del proceso fueron enviados el 29 de diciembre de 2021, encontrándose radicado ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remisión que se encuentra dentro del marco de la razonabilidad; y, 4) Se debe precisar que el peticionante de tutela debe considerar que en los juzgados de provincia el personal de apoyo está únicamente compuesto por el secretario y un oficial de diligencias, por consiguiente es evidente que las audiencias programadas por la autoridad demandada para los días 24, 27 y 28 de diciembre de 2021, en un numero de tres por día implica que la Secretaria deba asistir a las mismas así como elaborar las actas; es así que, ante dichas circunstancias se ve humanamente imposibilitada de cumplir con tal obligación, por ende el retraso o incumplimiento de plazo debe ser revisado para establecer si se considera o no una dilación indebida, a efectos de interponer una acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia pública de 24 de diciembre de 2021, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a querella de Elsa Mary Terrazas contra Cristian Orellana, -hoy accionante-, en la cual planteó recurso de apelación incidental (fs. 27 a 28). II.2. Cursa nota de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de 29 de diciembre de 2021, en cumplimiento al Auto Interlocutorio de 24 del mismo mes y año (fs. 20). II.3. Consta rol de audiencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, de los días 24, 27 y 28 de diciembre de 2021 (fs. 21 a 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, señalando que tras la interposición de un recurso de apelación incidental, ante la negativa a la cesación de su detención preventiva, la autoridad judicial demandada no remitió los antecedentes dentro de las veinticuatro horas establecidas para el efecto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas fueron agregadas).

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad.

Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, señalando que tras la interposición de un recurso de apelación incidental, ante la negativa a la cesación de su detención preventiva, Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, -ahora demandada-, no remitió los antecedentes dentro de las veinticuatro horas establecidas para el efecto. De los antecedentes traídos en revisión tenemos el acta de audiencia pública de 24 de diciembre de 2021, situación procesal del impetrante de tutela en la cual consta el recurso de apelación incidental interpuesto ante la negativa a su solicitud de cesación de la detención preventiva instaurada en su contra y ampliada en audiencia (Conclusión II.1), ante dicha interposición la autoridad judicial demandada remitió los antecedentes procesales ante la Sala Penal de turno mediante nota de 29 de similar mes y año, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de 24 del mismo mes y año (Conclusión II.2), asimismo consta rol de audiencias del precitado Juzgado de 24, 27 y 28 de ese mes y año (Conclusión II.3). Sobre los derechos conculcados, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una restricción a la libertad en actuaciones o trámites, sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, en este punto debemos establecer la dilación reclamada, es así que tomando en cuenta que la audiencia de resolución de la situación jurídica del imputado fue el 24 de diciembre de 2021 y la remisión de antecedentes fue realizada el 29 del mismo mes y año, después de haber sido legalmente citado con la presente acción tutelar, sobre lo mencionado el art. 251 del CPP, establece el término de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno, a su vez el art. 130 del mismo cuerpo normativo determina que los plazos computables en horas corren inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación sin interrupción; es decir, sin tomar en cuenta fines de semana o feriados, si bien nuestra amplia jurisprudencia establece que todo aspecto debidamente justificado que impida el desarrollo del proceso en un plazo razonable, al presente transcurrieron cinco días desde la interposición del recurso de apelación incidental, los mismos que deben ser computados en horas, no siendo válidos los argumentos vertidos por la autoridad demandada al momento de indicar el plazo razonable, porque se trata de resolver la situación jurídica relacionada de manera directa con la libertad de una persona, debiendo por ende conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 33 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada; y,

2° Exhortar a Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, -autoridad demandada-, cumpla los plazos procesales en el tiempo establecido por ley o dentro de un plazo procesal razonable.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0286_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): f47f6278ef675b062b3199ce46852240a20edcadfcd459ad1ae9cc2ff6d59331

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