B.IA.LEGAL

SCP 0285/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48775-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera lesionado sus derechos a la defensa, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: i) El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: i.a) En audiencia de juicio oral de 31 de marzo de 2022, lo sentenció a quince años de presidio; a razón de ello, en ese mismo actuado, el Ministerio Público solicitó su revocatoria de medidas cautelares; petitorio que, fue atendido por dicha autoridad a quo, sin considerar que tenía la obligación de señalar otra audiencia, impidiendo así pueda preparar su defensa, vulnerando su derecho a la defensa; i.b) A través del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, pese a haber establecido inicialmente que no existía causal de revocatoria en razón de lo establecido en el art. 247 del CPP, porque no se incumplió con alguna medida cautelar o medida de protección, ilógicamente amparado en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 18 de junio, cursante de fs. 54 a 55, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en contra de ambas autoridades demandadas, en razón de lo establecido en la sub problemática III.4.3 y demás Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Se dispone ANULAR el Auto Interlocutorio 242/2020 de 27 de noviembre (Conclusión II.1), emitido durante la tramitación del proceso penal por abuso sexual seguido en contra del ahora peticionante de tutela, así como el Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022 y Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, cuestionados a través de la presente acción de libertad; y en su caso, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, que conoce la presente causa judicial, pronuncie otra resolución en atención de lo señalado en la sub problemática III.4.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2024-S1 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48775-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 18 de junio, cursante de fs. 54 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luís Carlos Bedregal La Fuente en representación sin mandato de Guillermo Vaca Vidal contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital, del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 17 a 23 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: a) El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: a.1) En audiencia de juicio oral de 31 de marzo de 2022, lo sentenció a quince año de presidio; a razón de ello, en ese mismo actuado, el Ministerio Público solicitó su revocatoria de medidas cautelares; petitorio que fue atendido por su dicha autoridad a quo, sin considerar que tenía la obligación de señalar otra audiencia, impidiendo así pueda preparar su defensa, vulnerando su derecho a la defensa; a.2) A través del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, pese a haber establecido inicialmente que no existía causal de revocatoria en razón de lo establecido en el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque no se incumplió con alguna medida cautelar o medida de protección, ilógicamente amparado en el art. 250 de la citada norma procesal penal, invocó el principio de la debida diligencia, para disponer la modificación de su medida cautelar de detención domiciliaria por la medida extrema de detención preventiva, acreditando así su probabilidad de autoría y riesgos procesales; a.3) A momento de disponerse la medida de extrema ratio, la autoridad demandada no expresó por su cuenta los motivos concretos por las cuales asumió tal determinación, resultando contrario a lo establecido en el art. 236.4 del CPP; a.4) No consideró lo establecido en la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio el cual, razonó sobre la imposibilidad de usar los mismos elementos para acreditar la probabilidad de autoría y peligros procesales, aplicándose erradamente lo dispuesto en el art. 250 del CPP; a.5) Atentó contra su derecho a la presunción de inocencia; ya que, el art. 234.6 del CPP, que en su momento establecía la concurrencia del riesgo de fuga ante la emisión de sentencia condenatoria, fue modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, y declarado ilegal por la “SCP 005/2017”; y, b) En cuanto a la actuación del Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, invocando las “SC 629/2011-R y SCP 041/2017-S2”, erradamente estableció que la resolución a quo es correcta, cuando aparte de la emisión de la sentencia condenatoria en etapa de juicio oral, no se demostró cual fuera el nuevo elemento encontrado para acreditar la existencia de riesgos procesales y por ende la modificación de la medida cautelar; convalidando así el actuar del Juez inferior, incluso negando que dicha autoridad automotivó su decisión de rechazar la solicitud de revocatoria del Ministerio Público, para luego indicar que la situación jurídica del imputado cambió debido a la emisión de la sentencia condenatoria.

I.1.2. Derechos supuestamente y principios vulnerados

El parte impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, sin señalar norma alguna que la contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 124 de 18 de abril de 2022 para que se emita otro, disponiendo la libertad del imputado -ahora peticionante de tutela-, quien se encuentra privado de su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos señalados en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a su legal notificación según consta a fs. 27 de obrados, no presentó informe escrito, ni se hizo presente en la audiencia de garantías programada para la fecha. Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 18 de junio de 2022, cursante de fs. 28 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) La resolución cuestionada realiza una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, donde se expresó los motivos y razones de la determinación de disponer la detención preventiva del imputado; 2) En razón de que la parte accionante promovió los recursos pertinentes, no existe estado de indefensión, tomando en cuenta que las medidas cautelares son modificables y variables a solicitud de parte; y, 3) El presente hecho se juzgó con perspectiva de género, en consideración a la edad de la víctima conforme establece la “SCP 19/2018-S2”.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 54 a 55, concedió la tutela impetrada estableciendo que en consideración y determinación señaladas por los Jueces que oficiaron como Tribunal de garantías, refirieron que el imputado, en el transcurso del tiempo no incumplió ninguna de sus medidas cautelares o de protección dispuestas inicialmente en su contra; y, si se procedió a la revocatoria de medidas, no se analizó previamente que aquellas medidas fueron incumplidas conforme prevé el art. 250 del CPP. Que si bien, el Ministerio Público solicitó la modificación de la medida cautelar sobre la base del art. 247 de la citada norma procesal, las mismas fueron rechazadas e incongruentemente aceptadas en audiencia por el Juez del Tribunal de Sentencia, expresándose que al existir una sentencia concurriría el peligro de fuga. Además expresaron que, al haberse dispuesto la detención preventiva del imputado, se vulneró su derecho a la libertad y de locomoción; ya que, la sentencia que se utilizó no se encontraba ejecutoriada, presumiéndose aún su inocencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Auto Interlocutorio 242/2020 de 27 de noviembre; en el que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, amparado en lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, dispuso la cesación a la detención preventiva de Guillermo Vaca Vidal -ahora impetrante de tutela- bajo el argumento que se cumplió el término dispuesto de detención preventiva establecido en la audiencia de medidas cautelares y ante la inexistencia de solicitud de ampliación de la medida de extrema ratio por parte del Ministerio Público o la víctima (fs. 2 vta., a 4). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022; por el que, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del Departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso rechazar la revocatoria de medidas cautelares y a la vez dispuso la modificación de la medida cautelar del ahora peticionante de tutela, instruyendo su detención preventiva bajo los siguientes argumentos: “III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- 1) En el caso de autos, se ha proporcionado elementos de prueba que al tenor del Art. 250 del CPP, hace permisible que el órgano jurisdiccional pueda revisar la modificación de las medidas cautelares. 2) Con referencia a la revocatoria de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Publico y la adhesión de la parte civil y defensoría de la niñez y adolescencia, del análisis de los argumentos se establece que ninguna de las partes fundamento respecto a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 233 en relación al art. 234 y 235 CPP, conforme a la jurisprudencia supra, por lo que corresponde rechazar su petición. No obstante en aplicación al principio de la debida diligencia y considerando el sector vulnerable de la víctima corresponde ingresar al análisis de los elementos de prueba para su modificación de la medidas cautelares de oficio conforme al art. 250 CPP.

3) Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la re victimización de la niña o adolescente.

4) En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.

5) Del análisis de los actuados del cuaderno procesal, se establece que el acusado ha sido condenado a una pena de 15 años de presidio conforme se puede evidenciar por la sentencia cursante en los antecedentes del proceso, por lo que se infiere que el acusado es autor del delito de abuso sexual agravado concurriendo el primer presupuesto del art. 233 Núm. 1 CPP.

6) Con relación al peligro efectivo para la sociedad o víctima, corresponde realizar un análisis integral respecto a los elementos de prueba, en el presente caso considerando el contexto donde sea realizado las agresiones implica que las misma sucedió en el domicilio del acusado y en el campo y hecho de que exista una afinidad con la víctima en su calidad de tío se colige que el acusado materialmente representa un peligro para la víctima en atención a la edad de la víctima que, es un sector vulnerable. Máxime teniendo en cuenta que las atestaciones de cargo expresan que existirían dos procesos pendientes donde estarían involucrados menores de edad, coligiéndose que concurre el presupuesto previsto en el art. 234 Núm. 7 CPP modificado por la ley 1173, por lo que corresponde disponer la medida extrema de detención preventiva, en aras de precautelar los intereses de la víctima y evitar su re victimización.

7) La defensa del acusado expreso que no existía dicho riesgo; sin embargo, conforme lo ha manifestado el Ministerio Publico es evidente que continua vigente debido a que en esta repartición judicial existen otros procesos penales por los delitos de abuso sexual en contra del mismo acusado siendo víctimas diferentes (menores de edad), además que en el presente proceso se emitió Sentencia condenatoria, la cual enervo el principio de inocencia del acusado. Po lo cual, el peligro efectivo para la victima menor de edad y la denunciante subsiste, ya que la misma se encuentra en situación de desventaja frente al acusado por la situación de vulnerabilidad que demuestra, infiriéndose que se encuentra en una situación lamentable que provoca en ella un llanto prolongado frente a las presuntas agresiones que hubieran sido ocasionadas por el acusado.

8) En aplicación a la vasta jurisprudencia emitida por la Corte interamericana cuyas jurisprudencia es de aplicación preferente conforme al Art. 410 de la CPE, se infiere que se debe precautelar los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien, interpretar de distinta forma implicaría vulnerar el principio de protección de su dignidad e integridad, evitando la re victimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, por lo que corresponde la aplicación del principio verdad material y modificar las medidas cautelares.

IV. PARTE DISPOSITIVA.-

POR TANTO

El suscrito Juez de Sentencia Penal 9º y Anticorrupción y Violencia contra la mujer de la Capital, en base a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme al Art. 53 y en virtud al Art. 247 y 250 del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173, con relación a los Arts. 7, 221 y 222 de la citada ley, y en aplicación a la jurisprudencia constitucional supra RECHAZAR mencionada resuelve, LA REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el Ministerio Público. Y en aplicación al principio de la debida diligencia y en virtud al art 250 CPP DISPONE LA MODIFICACION DE LA MEDIDAS CAUTELARES, ordenando LA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DETENCIÓN PREVENTIVA en contra del acusado GUILLERMO VACA VIDAL, a cuyo efecto por secretaria líbrese el respectivo mandamiento de detención preventiva a ser cumplido en el centro de rehabilitación Santa Cruz-Palmasola” (sic [7 a 11]). II.2. Por Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso admisible e improcedente el recurso de apelación de la parte solicitante de tutela, confirmando el Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, emitido por el Juzgado a quo bajo el siguiente razonamiento:

“CONSIDERANDO QUE, del análisis integral de los datos del proceso, se tiene que el presente proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el imputado Guillermo Vaca Vidal por la presunta comisión del abuso sexual, en el cual la victima sería una menor de edad; en ese sentido, se debe tomar en consideración la SCP 001/2019-52 que refiere el enfoque interseccional que se debe aplicar en estos casos "este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad". Así también por mandato de la Ley, todas las autoridades judiciales estamos obligados a dar una protección reforzada a los menores de edad, así se encuentra establecido en el Art. 60 de la Constitución Política del Estado que establece "es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado". Así también el Art. 61 de la Constitución Política del Estado establece "I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial". En ese sentido, tomando en cuenta que en el presente caso la víctima es una menor de edad y toda vez que el Estado obliga a las autoridades judiciales a juzgar aplicando una perspectiva de género, debiendo dar una prioridad y una protección reforzada en casos de delitos de violencia contra la mujer. CONSIDERANDO QUE, del análisis integral de los datos del proceso, se tiene la sentencia condenatoria de fecha 31 de marzo de 2022 dictada por el juez del Juzgado de Sentencia Penal 9º y Anticorrupción de Violencia contra la Mujer de la Capital, el cual falla "declarando al acusado Guillermo Vaca Vidal autor del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el Art. 312 con relación al Art. 310 inc. M) concordante con el Art. 20 del C.P. al haberse presentado prueba de cargo suficiente que ha generado la convicción de la responsabilidad penal, por lo que conforme al Art. 365 del C.P.P. se condena a 15 años del presidio a efecto de que el imputado cumpla su condena en el Penal de Palmasola, detención preventiva que deberá durar hasta el 01 de enero de 2037". Continuando con la audiencia, "El Ministerio Público en aplicación de lo establecido en el Art. 31 núm. 4) Art. 234. Núm. 7) y Art: 250 del C.P.P., habiendo sido el acusado sentenciado a 15 años de presidio y toda vez que el mismo tiene dos procesos más que se ventilan en estrados judiciales por el mismo delito de abuso sexual, existiendo el peligro de fuga, por lo que pide revocatoria de las medidas del imputado, toda vez que al tener sentencia condenatoria, se tiene que existe el peligro efectivo para la víctima, por lo que pide revocatoria de las medidas del imputado y se disponga la detención del mismo en el Penal de Palmasola, la víctima y Defensoría de la Niñez y Adolescencia se adhieren a lo manifestado por el Ministerio Público; en ese sentido, la autoridad jurisdiccional haciendo una relación de los antecedentes, en la fundamentación jurídica sobre la revocatoria de las medidas sustitutivas de la detención preventiva, hace mención la S.C.P. 563/2004-R, la S.C.P 1390/2002-R, S.C.P. 041/2017-S2, S.C.P. 2150/2013, y la S.C.P. 629/2011-R que habla sobre la variabilidad de la decisión de la medida cautelar, dice el Art 250 del C.P.P. establece el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio; esta disposición reconoce una de las características fundamentales de las medidas cautelares referida a su variabilidad, pues la medida cautelar puede ser modificada, flexibilizada e incluso agravada, cuando se altere la situación de hecho en que se funda su decisión. Por lo que en el análisis que hace la autoridad jurisdiccional rechaza la revocatoria de la medida cautelares solicitada por el Ministerio Público y en aplicación al principio de debida diligencia en virtud al Art. 250 del C.P.P. dispone la modificación de la medida cautelar, ordenando la medida excepcional de detención preventiva". QUE, del análisis integral de la resolución de fecha 31 de marzo de 2022, de la autoridad jurisdiccional que se encuentra amparada en la regla que exige el Art. 124 del C.P.P. que establece "las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba", Es decir fundamentación, motivación y congruencia, así también conforme establece el Art. 250 del C.P.P. que establece "el Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio." Considerando jurisprudencia establecida la S.C.P. 041/2017-S2 establece "el juez que imponga una medida cautelar puede revisar su decisión, cuando en su criterio nuevos elementos encontrados indiquen la existencia de los requisitos previstos en el Art 233 del C.P.P., de modo que la resolución que se dicta respecto a la detención preventiva o medidas cautelares, no tiene calidad definitiva para toda la investigación o proceso al que sea sometido una persona". la S.C.P. 629/2011-R se debe establecer que la variabilidad de la medida cautelar puede ser modificada, flexibilizada o agravada cuando se altere la situación jurídica del imputado, en este caso, la alteración que ha habido es con relación la sentencia condenatoria de 15 años en contra del imputado; por otro lado, no es evidente que la autoridad jurisdiccional se haya auto motivado, porque existe una solicitud del Ministerio Público pidiendo la aplicación del Art. 250 y 247 del C.P.P., evidentemente la autoridad jurisdiccional rechaza la revocatoria porque no se ha incumplido ninguna medida, pero aplica el Art. 250 del C.P.P., porque ha variado la situación jurídica del imputado al haberse impuesto una condena de 15 años; la defensa técnica cuestiona en qué sentido es que cambia la situación del procesado, sin embargo si es evidente que cambia la situación, porque hay una imposición de una autoridad jurisdiccional donde se ha verificado a través de un juicio oral público que existe la certeza de la conducta del imputado, por lo que se ha aplicado la condena de 15 años y que además existen otros antecedentes de que el imputado está en puerta de otros procesos, que incluso el abogado ha mencionado en esta audiencia. En ese sentido es que varía la situación jurídica del imputado y se justifica la aplicación del Art. 250 del C.P.P. por parte de la autoridad jurisdiccional quien le faculta a actuar inclusive de oficio ante el cambio de la situación jurídica del imputado que ha pasado de ser investigado a condenado a 15 años de privación de libertad. Por lo que el suscrito Vocal considera que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional se encuentra debidamente motivada y respaldada en base a Sentencias Constitucionales conforme al Art. 124, 171 y 173 del C.P.P., por lo que se debe confirmar la resolución venida en apelación.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando Justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme a los argumentos reales y legales expuestos y en cumplimiento al Art. 396 núm. 3) y del Art. 398 del Código Procedimiento Penal, este Tribunal falla declarando: ADMISIBLE E IMPROCEDENTE LA APELACION. INTERPUESTA POR LA PARTE IMPUTADA GUILLERMO VACA VIDAL; EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 202/22 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 DICTADO POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 9° Y ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL” (sic [14 a 16 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera lesionado sus derechos a la defensa, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: i) El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: i.a) En audiencia de juicio oral de 31 de marzo de 2022, lo sentenció a quince años de presidio; a razón de ello, en ese mismo actuado, el Ministerio Público solicitó su revocatoria de medidas cautelares; petitorio que, fue atendido por dicha autoridad a quo, sin considerar que tenía la obligación de señalar otra audiencia, impidiendo así pueda preparar su defensa, vulnerando su derecho a la defensa; i.b) A través del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, pese a haber establecido inicialmente que no existía causal de revocatoria en razón de lo establecido en el art. 247 del CPP, porque no se incumplió con alguna medida cautelar o medida de protección, ilógicamente amparado en el art. 250 de la citada norma, invocó el principio de la debida diligencia para disponer la modificación de su medida cautelar de detención domiciliaria por la medida extrema de detención preventiva, acreditando así su probabilidad de autoría y riesgos procesales: i.c) A momento de disponerse la medida de extrema ratio, la autoridad demandada no expresó por su cuenta los motivos concretos, por las cuales asumió tal determinación, resultando contrario a lo establecido en el art. 236.4 del CPP; i.d) No consideró lo establecido en la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio el cual, razonó sobre la imposibilidad de usar los mismos elementos para acreditar la probabilidad de autoría y peligros procesales, aplicándose erradamente lo dispuesto en el art. 250 del CPP; i.e) Atentó contra su derecho a la presunción de inocencia; ya que, el art. 234.6 del CPP, que en su momento establecía la concurrencia del riesgo de fuga ante la emisión de sentencia condenatoria, fue modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, y declarado ilegal por la “SCP 005/2017”; ii) En cuanto a la actuación del Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, invocando las “SC 629/2011-R y SCP 041/2017-S2”, erradamente estableció que la resolución a quo es correcta, cuando aparte de la emisión de la sentencia condenatoria en etapa de juicio oral, no se demostró cuál fuera el nuevo elemento encontrado para acreditar la existencia de riesgos procesales y por ende la modificación de la medida cautelar; convalidando así el actuar del Juez inferior, incluso negando que dicha autoridad automotivó su decisión de rechazar la solicitud de revocatoria del Ministerio Público, para luego indicar que la situación jurídica del imputado cambió debido a la emisión de la sentencia condenatoria; y, iii) En cuanto al enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; c) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; c.1) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; c.2.) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales, resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además; y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual, se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual, se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP) lo cual, conlleva a que, respecto a la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2020-S1 de 20 de julio; 0135/2021-S1 de 7 de junio; 0458/2023-S1 de 18 de mayo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además; y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual, se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual, se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que, toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SCP 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que, la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 de la citada normal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que, al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime, cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.3. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía

con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0257/2020-S1 de 5 de agosto, 0577/2021-S1 de 22 de octubre, 1302/2022-S1 de 10 de noviembre, 0646/2023-S1 de 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.

Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.3.1.Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.

En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que, el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que, el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 6 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 7 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE; señaló que, estos grupos etéreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 9 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005. 10 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.

cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño, que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco de los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ...

(…)

…el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“..El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo).

En ese marco, añadió que el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011-, la decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que, estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: la obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, 13 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 14 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 15. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP.

Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora- art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.

En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art.234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una re victimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal 16 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyó precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.

III.3.2.Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas.

En esa ruta, también citó a la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que, debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aún cuando se trate de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:

“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima.

Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los 19 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que,

“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).

En ese marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo que, conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela considera lesionado sus derechos a la defensa, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual: i) El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: i.a) En audiencia de juicio oral de 31 de marzo de 2022, lo sentenció a quince años de presidio; a razón de ello, en ese mismo actuado, el Ministerio Público solicitó su revocatoria de medidas cautelares; petitorio que, fue atendido por dicha autoridad a quo, sin considerar que tenía la obligación de señalar otra audiencia, impidiendo así pueda preparar su defensa, vulnerando su derecho a la defensa; i.b) A través del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, pese a haber establecido inicialmente que no existía causal de revocatoria en razón de lo establecido en el art. 247 del CPP, porque no se incumplió con alguna medida cautelar o medida de protección, ilógicamente amparado en el art. 250 de la citada norma, invocó el principio de la debida diligencia para disponer la modificación de su medida cautelar de detención domiciliaria por la medida extrema de detención preventiva, acreditando así su probabilidad de autoría y riesgos procesales: i.c) A momento de disponerse la medida de extrema ratio, la autoridad demandada no expresó por su cuenta los motivos concretos, por las cuales asumió tal determinación, resultando contrario a lo establecido en el art. 236.4 del CPP; i.d) No consideró lo establecido en la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio el cual, razonó sobre la imposibilidad de usar los mismos elementos para acreditar la probabilidad de autoría y peligros procesales, aplicándose erradamente lo dispuesto en el art. 250 del CPP; i.e) Atentó contra su derecho a la presunción de inocencia; ya que, el art. 234.6 del CPP, que en su momento establecía la concurrencia del riesgo de fuga ante la emisión de sentencia condenatoria, fue modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, y declarado ilegal por la “SCP 005/2017”; ii) En cuanto a la actuación del Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, invocando las “SC 629/2011-R y SCP 041/2017-S2”, erradamente estableció que la resolución a quo es correcta, cuando aparte de la emisión de la sentencia condenatoria en etapa de juicio oral, no se demostró cuál fuera el nuevo elemento encontrado para acreditar la existencia de riesgos procesales y por ende la modificación de la medida cautelar; convalidando así el actuar del Juez inferior, incluso negando que dicha autoridad automotivó su decisión de rechazar la solicitud de revocatoria del Ministerio Público, para luego indicar que la situación jurídica del imputado cambió debido a la emisión de la sentencia condenatoria; y, iii) En cuanto al enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico. De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, por Auto Interlocutorio 242/2020 de 27 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, amparado en lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, dispuso la cesación a la detención preventiva del ahora peticionante de tutela bajo el argumento que se cumplió el término dispuesto de la detención preventiva establecido en la audiencia de medidas cautelares y que además, no existió solicitud de ampliación de la medida de extrema ratio por parte del Ministerio Público o la víctima (Conclusión II.1).

Mediante Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital, del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso rechazar la revocatoria de medidas cautelares y a la vez, dispuso la modificación de la medida cautelar del ahora solicitante de tutela, instruyendo su detención preventiva; extremo que en apelación fue confirmada por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022 el cual, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación de la parte accionante, confirmando el Auto Interlocutorio inferior, señalando que la dicha determinación se encuentra motivada y respaldada en base a jurisprudencia y el Código de Procedimiento Penal (Conclusiones II.2 y II.3).

Previo a ingresar al análisis de lo denunciado, corresponde puntualizar que, en razón de que la víctima dentro del presente caso de autos resulta ser una mujer menor de edad, es necesario considerar lo establecido en la jurisprudencia desarrollada precedentemente en el Fundamento Jurídico III.3. el cual, será elemento de consideración para emitir el respectivo fallo en el acápite “En cuanto al enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres, protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico”; así se tiene que, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta importante destacar que, cuando se trata de ingresar a analizar a un sector vulnerable de la población, como ser mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; al contener una connotación de relevancia social el enfoque interseccional debe ser desde una premisa garantista y progresiva en pro de este sector. En ese marco, se tiene sentada la necesidad de abordar con profundidad el hecho denunciado a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta como víctimas de violencia a las mujeres, adoptando un enfoque interseccional, entendida como una herramienta útil para abordar un análisis de la vulneración de derechos.

Ahora bien, delimitado el problema jurídico, esta jurisdicción constitucional ingresará a compulsar la denuncia formulada por la parte impetrante de tutela; así se tiene que:

III.4.1.En cuanto a la primera problemática

El peticionante de tutela denuncia que dentro el proceso por abuso sexual seguido en su contra, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: a) En la misma audiencia de juicio oral de 31 de marzo de 2022 donde lo sentenció a quince años de presidio, atendió la solicitud de revocatoria de medidas cautelares impetrada por el Ministerio Público, sin señalar otro actuado para dicho fin, llevando adelante el mismo, impidiendo que pueda preparar su defensa, constituyendo dicho actuar como atentado a su derecho a la defensa; b) A través del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo del mismo año, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, pese a haber establecido inicialmente que no existía causal de revocatoria en razón de lo establecido en el art. 247 del CPP, porque no se incumplió con alguna medida cautelar o medida de protección, ilógicamente amparado en el art. 250 de la citada norma, invocó el principio de la debida diligencia para disponer la modificación de su medida cautelar de detención domiciliaria por la medida extrema de detención preventiva, acreditando así su probabilidad de autoría y riesgos procesales: c) A momento de disponerse la medida de extrema ratio, la autoridad demandada no expresó por su cuenta los motivos concretos por las cuales asumió tal determinación, resultando contrario a lo establecido en el art. 236.4 del CPP; d) No consideró lo establecido en la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio el cual, razonó sobre la imposibilidad de usar los mismos elementos para acreditar la probabilidad de autoría y peligros procesales, aplicándose erradamente lo dispuesto en el art.

250 del CPP; e) Atentó contra su derecho a la presunción de inocencia; ya que, el art. 234.6 del CPP, que en su momento establecía la concurrencia del riesgo de fuga ante la emisión de sentencia condenatoria, fue modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, y declarado ilegal por la “SCP 005/2017”. Al respecto de esta primera problemática, si bien el solicitante de tutela cuestiona la Resolución 202/22 de 31 de marzo (Conclusión II.1); sin embargo, en el pedido expreso que cursa en su acción de libertad, el mismo refiere “se deje sin efecto el Auto de Vista No. 124 de fecha 18 de abril de 2022” (sic [fs. 23]), pedido que de igual forma fue ratificado en audiencia tutelar, donde el citado accionante requirió “se deje sin efecto el Auto de Vista N° 124 de fecha 18 de abril de 2022, en cumplimiento a esa resolución, que se vuelva a dictar otro Auto de Vista…” (sic. [fs. 52 vta]); en tal antecedente, esta instancia constitucional solo ingresará a compulsar la última resolución constituida en el Auto de Vista 107 de 18 de abril del citado año (Conclusión II.2); situación por la cual, sin ingresar al fondo de lo objetado, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.4.2.En cuanto a la segunda problemática

El impetrante de tutela denuncia que el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, sin ningún tipo de fundamentación y motivación, invocando las “SC 629/2011-R y SCP 041/2017-S2”, erradamente estableció que la resolución a quo es correcta, cuando aparte de la emisión de la sentencia condenatoria en etapa de juicio oral, no se demostró cuál fuera el nuevo elemento encontrado para acreditar la existencia de riesgos procesales y por ende la modificación de la medida cautelar; convalidando así el actuar del Juez inferior, incluso negando que dicha autoridad automotivó su decisión de rechazar la solicitud de revocatoria del Ministerio Público, para luego indicar que la situación jurídica del imputado cambió debido a la emisión de la sentencia condenatoria.

Para efectos de desarrollo del presente punto, es preciso remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que con referencia al debido proceso precisó; la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales, justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte; la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica en la cual, se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. De igual manera, lo referido en el Fundamento Jurídico III.2 del igual fallo constitucional, expresó de forma concreta, respecto a los tribunales de apelación, que cuando se trate de aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad, sino de forma integral y sistémica, situación que exige, que las autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, los hechos, los elementos y la forma en la que se desarrolló el proceso, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de alterar la situación de las medidas cautelares, no siendo admisible el rechazo de la solicitud basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización.

Ahora bien, con el fin de contrastar en examen la presente sub problemática, se tiene que la autoridad demandada, a través del Auto de Vista cuestionado (Conclusión II.2), refirió que:

CONSIDERANDO QUE, del análisis integral de los datos del proceso, se tiene la sentencia condenatoria de fecha 31 de marzo de 2022 dictada por el juez del Juzgado de Sentencia Penal 9º y Anticorrupción de Violencia contra la Mujer de la Capital, el cual falla "declarando al acusado Guillermo Vaca Vidal autor del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el Art. 312 con relación al Art. 310 inc. M) concordante con el Art. 20 del C.P. al haberse presentado prueba de cargo suficiente que ha generado la convicción de la responsabilidad penal, por lo que conforme al Art. 365 del C.P.P. se condena a 15 años del presidio a efecto de que el imputado cumpla su condena en el Penal de Palmasola, detención preventiva que deberá durar hasta el 01 de enero de 2037". Continuando con la audiencia, "El Ministerio Público en aplicación de lo establecido en el Art. 31 núm. 4) Art. 234. Núm. 7) y Art: 250 del C.P.P., habiendo sido el acusado sentenciado a 15 años de presidio y toda vez que el mismo tiene dos procesos más que se ventilan en estrados judiciales por el mismo delito de abuso sexual, existiendo el peligro de fuga, por lo que pide revocatoria de las medidas del imputado, toda vez que al tener sentencia condenatoria, se tiene que existe el peligro efectivo para la víctima, por lo que pide revocatoria de las medidas del imputado y se disponga la detención del mismo en el Penal de Palmasola, la víctima y Defensoría de la Niñez y Adolescencia se adhieren a lo manifestado por el Ministerio Público; en ese sentido, la autoridad jurisdiccional haciendo una relación de los antecedentes, en la fundamentación jurídica sobre la revocatoria de las medidas sustitutivas de la detención preventiva, hace mención la S.C.P. 563/2004-R, la S.C.P 1390/2002-R, S.C.P. 041/2017-S2, S.C.P. 2150/2013, y la S.C.P. 629/2011-R que habla sobre la variabilidad de la decisión de la medida cautelar, dice el Art 250 del C.P.P. establece el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio; esta disposición reconoce una de las características fundamentales de las medidas cautelares referida a su variabilidad, pues la medida cautelar puede ser modificada, flexibilizada e incluso agravada, cuando se altere la situación de hecho en que se funda su decisión. Por lo que en el análisis que hace la autoridad jurisdiccional rechaza la revocatoria de la medida cautelares solicitada por el Ministerio Público y en aplicación al principio de debida diligencia en virtud al Art. 250 del C.P.P. dispone la modificación de la medida cautelar, ordenando la medida excepcional de detención preventiva".

QUE, del análisis integral de la resolución de fecha 31 de marzo de 2022, de la autoridad jurisdiccional que se encuentra amparada en la regla que exige el Art. 124 del C.P.P. que establece "las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba", Es decir fundamentación, motivación y congruencia, así también conforme establece el Art. 250 del C.P.P. que establece "el Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio." Considerando jurisprudencia establecida la S.C.P. 041/2017-S2 establece "el juez que imponga una medida cautelar puede revisar su decisión, cuando en su criterio nuevos elementos encontrados indiquen la existencia de los requisitos previstos en el Art 233 del C.P.P., de modo que la resolución que se dicta respecto a la detención preventiva o medidas cautelares, no tiene calidad definitiva para toda la investigación o proceso al que sea sometido una persona". la S.C.P. 629/2011-R se debe establecer que la variabilidad de la medida cautelar puede ser modificada, flexibilizada o agravada cuando se altere la situación jurídica del imputado, en este caso, la alteración que ha habido es con relación la sentencia condenatoria de 15 años en contra del imputado; por otro lado, no es evidente que la autoridad jurisdiccional se haya auto motivado, porque existe una solicitud del Ministerio Público pidiendo la aplicación del Art. 250 y 247 del C.P.P., evidentemente la autoridad jurisdiccional rechaza la revocatoria porque no se ha incumplido ninguna medida, pero aplica el Art. 250 del C.P.P., porque ha variado la situación jurídica del imputado al haberse impuesto una condena de 15 años; la defensa técnica cuestiona en qué sentido es que cambia la situación del procesado, sin embargo si es evidente que cambia la situación, porque hay una imposición de una autoridad jurisdiccional donde se ha verificado a través de un juicio oral público que existe la certeza de la conducta del imputado, por lo que se ha aplicado la condena de 15 años y que además existen otros antecedentes de que el imputado está en puerta de otros procesos, que incluso el abogado ha mencionado en esta audiencia. En ese sentido es que varía la situación jurídica del imputado y se justifica la aplicación del Art. 250 del C.P.P. por parte de la autoridad jurisdiccional quien le faculta a actuar inclusive de oficio ante el cambio de la situación jurídica del imputado que ha pasado de ser investigado a condenado a 15 años de privación de libertad.

A la compulsa del citado Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, en resumen se tiene que la autoridad demandada inicialmente se remite a rememorar que el acusado -ahora peticionante de tutela- fue condenado a quince años de presidio por el delito de abuso sexual, y que a consecuencia de ello el Ministerio Público amparado en los arts. 234.7 y 250 del CPP solicitó su revocatoria de medidas cautelares. A continuación invocando las SCP 041/2017-S2 y SC 629/2011-R, concluyó que ante la emisión de la sentencia condenatoria dictada en contra del acusado existió una alteración respecto a su situación. Finalmente señaló que la autoridad a quo rechazó la solicitud de revocatoria del Ministerio Público; ya que, el imputado no hubiera incumplido ninguna medida; empero, al variar su situación por la emisión de la sentencia condenatoria y otros antecedentes por el mismo hecho penal, resultaba razonable aplicar lo establecido en el art. 250 del CPP.

Ahora bien, establecidos los elementos fácticos de esta problemática, en examen bajo la premisa normativa, se evidencia que lo denunciado por el solicitante de tutela resulta evidente, toda vez que, si bien la autoridad demandada después de hacer una remembranza de los hechos que motivaron la condena del acusado, citó el contenido de las SCP 041/2017-S2 y SC 629/2011-R; empero, sin describir en criterio propio porque dicha jurisprudencia resultaría aplicable al caso, aun cuando le correspondía realizar una interpretación jurisprudencial aplicando pautas y métodos de la hermenéutica constitucional. Por otra parte, tampoco emitió criterio del porqué resultaba lógico que la autoridad inferior pese haber rechazado inicialmente la modificación de la medida cautelar del imputado, haya aplicado lo establecido en el art. 250 del CPP para disponer la detención preventiva del referido -automotivación-, pese a que conforme establece el art. 398 del CPP, le correspondía realizar un examen integral y sistémico de la resolución venida en apelación, y si la autoridad inferior cumplió fundamentando y motivando su determinación precisando los elementos de convicción que orillaron a concluir que resultaba necesario alterar la situación de las medidas cautelares del acusado; menos existe justificación del porque la emisión de la sentencia condenatoria no ejecutoriada emitida en contra del acusado -ahora accionante- resultaba suficiente para la revocatoria de medidas cautelares, o en su caso si resultaba conveniente la aplicación de la debida diligencia para que se disponga la medida de extrema ratio. Otro elemento que resulta aún más alarmante; es que, el Vocal demandado consistió el argumento usado por la autoridad inferior, en sentido de que “existirían” otros antecedentes -procesos penales por el mismo hecho-; empero, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el Ministerio Público a momento de solicitar tal medida de revocatoria -más allá de la simple mención- no adjuntó documental que haga entrever que efectivamente el acusado contaría con otros procesos penales en puerta y por el mismo hecho penal. Por otra parte, tampoco compulsó y se pronunció sobre el hecho que la autoridad inferior llegó a considerar la solicitud de revocatoria de medidas cautelares impetrada por la representación del Ministerio Público en el mismo actuado de juicio oral, cuando aquella audiencia no fue convocado con dicho objeto; razonamiento que contraria lo establecido en el último párrafo del art. 274 del CPP, donde se establece que la audiencia de revocatoria debe ser señalada dentro el plazo de veinticuatro horas; actuar que resulta contrario a las reglas del debido proceso y derecho a la defensa.

Que si bien toda autoridad judicial o administrativa tiene la obligación de realizar una valoración de todos los actuados a partir de una perspectiva de género en razón del delito denunciado, considerando la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado (Fundamento Jurídico II.3); sin embargo, aquello no implica que las autoridades demandadas tengan que apartarse de los marcos de razonabilidad, como ocurrió en el presente caso, donde el Vocal demandado acogió como válido que el Juez inferior de manera subjetiva haya utilizado el principio de la debida diligencia, fundada en una sentencia sin ejecutoria y pruebas no corroboradas para establecer la necesidad de revocatoria de medidas cautelares del ahora impetrante de tutela.

En tal situación, se corrobora que el Auto de Vista cuestionado, no cuenta con la debida fundamentación y motivación, pues dicho fallo no expone una correcta labor argumentativa que resulte lógica-jurídica, y si bien se hace cita jurisprudencial no existe desarrollo sobre el mismo que implique justificación de la decisión asumida; además el Vocal demandado, aun teniendo la obligación de realizar un examen integral de la actuación de su inferior en base a una correcta y objetiva valoración de las pruebas y argumentos conforme determina el art. 398 del CPP, no expresó a su criterio las razones del porqué llegó a determinar que lo asumido por el Juez a quo resultaba suficiente para revocar la medida cautelar del ahora peticionante de tutela.

III.4.3.En cuanto a la tercera problemática

En razón de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, a partir del enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género, es preciso revisar integralmente el contenido del Auto Interlocutorio de 27 de noviembre de 2020 (Conclusión II.1), en el que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, amparado en lo dispuesto en el art.

239.2 del CPP, dispuso la cesación a la detención preventiva del ahora solicitante de tutela ante el cumplimiento del término de la detención preventiva y falta de solicitud de ampliación de la medida de extrema ratio por parte del Ministerio Público o la víctima.

En ese antecedente, respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres citado en el Fundamento Jurídico III.3.1 del referido fallo constitucional, a partir de lo establecido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto razonó en sentido que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, el cual, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación; además es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etéreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art. 19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

En razón de lo establecido en la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). La violencia perpetrada hacia este sector endeble, debe ser abordada en su análisis no únicamente desde una dimensión proteccionista a la víctima que ya ha sufrido una agresión, sino que, su análisis debe abarcar desde una perspectiva múltiple en cuanto a la gama de factores que podrían ser considerados como discriminatorios, atendiendo a las recomendaciones de instrumentos internacionales como es el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación en las diferentes problemáticas abordadas.

Este enfoque interseccional al ser un instrumento necesario y valioso para analizar la vulneración del derecho a la igualdad, permitiéndose visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres, partiendo desde las desigualdades y necesidades considerando su estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia por diversas razones.

Partiendo de este estado de vulnerabilidad, en el caso de mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual, es inclusivo tener que analizar dicha problemática desde un enfoque interseccional que permita comprender de mejor forma su situación de vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la CPE., e instrumentos internacionales.

La protección especial que ofrece los estándares internacionales involucra el de adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral en un ámbito de protección de cualquier forma de abuso o explotación.

Como un primer Tratado suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia por medio del cual, se llegó a reconocer la violencia hacia las mujeres como una vulneración de derechos humanos, fue precisamente la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto del mismo año, establece como obligación de los Estados partes a asumir políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación.

Conforme a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, al referirse a los Estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se convierte como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la aplicación de medidas necesarias que tiendan a la protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; asimismo, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres señaló que también los Estados partes, deben asegurar que las mujeres víctimas, tengan un verdadero acceso a la justicia, al advertir que existen impedimentos y restricciones que les impiden efectivizar este derecho de acceso a la justicia, debiendo asegurar la efectivización de este derecho en el marco de la igualdad; ya que, los obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, muchas veces es atribuible como a factores relacionados a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; impedimentos que se tornan en violaciones persistentes a los derechos humanos de la mujer.

En ese marco de procedimientos interseccionales, como un factor de discriminación hacia la mujer, pueden surgir debido al diseño garantista de cierto procedimiento que si bien, a prima facie, busca el respeto de los derechos y garantías jurisdiccionales de un procesado que afectó a una víctima mujer; sin embargo, en muchas ocasiones aquel diseño garantista procedimental, puede llegar a desconocer este enfoque interseccional de discriminación hacia la condición de mujer.

En ese sentido, en el fundamento jurídico precedentemente mencionado, se hace referencia a la justiciabilidad, que no es otra cosa que la permisión del acceso irrestricto de la mujer a la justicia; empero, no solo como acceso simple, sino que el Estado, buscando la averiguación de la verdad, se llegue e establecer una verdadera sanción en contra de aquel que atentó con la mujer; razón por la que, dicho fundamento jurídico, busca además sensibilizar al sistema de justicia a las cuestiones de género que permita asegurar que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género, revisando las normas sobre la carga de la prueba, a fin de garantizar la igualdad entre las partes, en todos sus ámbitos, donde pueda existir relaciones de poder que pueden ocasionar una privación a la mujer respecto a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El enfoque interseccional permite concretar el principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; ya que, analiza las situaciones o circunstancias que ubicaron a la mujer, en un mayor nivel de vulnerabilidad, a fin de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, de la mujer, lo que surge una obligación del Estado de investigar, socorrer y sancionar todo acto de violencia contra la mujer; empero a la vez, a través de la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), recomienda a los Estados Partes establecer recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, de acuerdo al caso, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales en favor de la víctima mujer, objeto de todo tipo de agresión-, más aún si esta fue de tipo sexual a menor de edad. Para ello, es importante que los Estados suscribientes a través de sus entidades llamadas por ley, brinden la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas mismas que deben ser valoradas con un enfoque transversal de perspectiva de género; en cuanto a la normativa, esta debe ser interpretada tomando en cuenta el contexto de violencia estructural de la víctima y su situación de vulnerabilidad.

Razón por la que, tanto las autoridades judiciales, Ministerio Público y Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, precautelando en todo momento el interés superior de la niña o la adolescente. Por otra parte, en cuanto a la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico, citado en el Fundamento Jurídico III.3.2 de la señalada Sentencia Constitucional, a partir de lo razonado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, se abordó sobre la necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. Además que en razón de los parámetros insertos en la Ley 348, estos deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: el acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que, en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres; asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la citada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio. En ese marco, el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados, se tiene que estas contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

Ahora bien, en razón de lo señalado por los fundamentos precedentemente invocados, y siguiendo la línea jurisprudencial vinculante conforme prevé el art. 203 de la CPE, establecida en la SCP 0792/2021-S1 de 17 de agosto, que en un caso similar puntualizó que no es posible otorgar la cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP, por ser contrario a la obligación del Estado de actuar en protección de los derechos de las mujeres, y niñas a una vida libre de violencia física, psicológica o sexual, tal como ocurre en el presente caso de análisis; en razón de dicho entendimiento, esta instancia constitucional no puede convalidar el Auto Interlocutorio 242/2020 de 27 de noviembre (Conclusión II.1) que originó cesar la detención preventiva del ahora accionante por irresponsabilidad del Ministerio Público, quien con petición fundada, considerando la relevancia del hecho, obvió presentar solicitud de ampliación de detención preventiva del imputado conforme prevé el último párrafo del art. 233 del CPP, permitiendo por ese simple hecho en razón de lo establecido en el art. 239.2 de igual norma procesal penal, que el citado acceda a la 21 “En ese contexto cuando las víctimas de violencia sexual son infantes, niñas, niños o adolescentes, tal es el caso que se examina, no es posible otorgar la cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP, por ser contrario a la obligación del Estado de actuar en protección a los derechos reforzados que tienen las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, a su integridad física, psicológica y sexual; y, a las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348 y 548, que como se ha visto, en el marco del acceso a la justicia, establece que los delitos de violencia contra la mujer son perseguibles de oficio hasta conseguir la sanción de los responsables de la violencia, siendo ésta una garantía de la víctima, por el carácter público de los delitos de violencia contra las mujeres y las secuelas que produce.

Por todo lo expuesto precedentemente, se advierte que el Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021, que dio origen al mandamiento de libertad, no puede ser convalidado por la jurisdicción constitucional, aun el mismo no hubiera sido impugnado, porque cohenestaria, se estaría incumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano y se vulnerarían los derechos reforzados de la víctima de violencia en razón de género.

En tal sentido, si bien, como se concluyó anteriormente, existió dilación en la ejecución del mandamiento de libertad; sin embargo, dicho actuado tiene su origen en el Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021, que vulnera los derechos de las niñas mujeres víctimas de violencia sexual; y que por ende, debe ser anulado, a efecto que se pronuncie una nueva resolución, en el marco de los estándares internacionales e internos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Finalmente, podría señalarse que en esta acción de defensa, la autoridad judicial que pronunció el Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021, no fue demandado, y que por lo tanto, no correspondía pronunciarse sobre el contenido de dicha Resolución; sin embargo, en el marco del principio de informalidad contenido en el art. 4.11 de la Ley 348, según el cual: “…no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables”, dicho argumento no puede ser considerado por el Tribunal, dada la vulneración grosera que produce a los derechos de la víctima” 22 Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.

En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.

El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste cesación de la medida extrema sin haber desvirtuado ninguno de los riesgos procesales que inicialmente derivó en su detención preventiva, aun cuando aquella situación no resultaba viable en aplicación de lo señalado en el art. 87.4 de la Ley 348 el cual, establece como directrices del procedimiento, la obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres.

Que si bien la presente resolución no forma parte de reclamo en la acción de libertad; empero, como se señaló, el Estado a través de todas sus instancias, a partir del enfoque interseccional, tienen la obligación de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional, actuando con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas; de no ser así, se estuviera incumpliendo con compromisos adquiridos por el Estado boliviano.

En tal razón, compete que el señalado Auto Interlocutorio de 27 de noviembre de 2020 sea anulado, y en su caso se pronuncie otro a partir de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos precedentemente señalados. A partir de dicha determinación, también compete disponer la nulidad del Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022 y Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, cuestionados en la presente acción de defensa.

Por todo lo desarrollado precedentemente y considerado lo resuelto en la segunda sub problemática; si bien, los antecedentes orillan a conceder la tutela impetrada conforme a la segunda sub problemática; empero, al haberse establecido que esta instancia constitucional no puede convalidar la emisión de la Resolución de 27 de noviembre de 2020 (Conclusión II.1), compete denegar la tutela impetrada.

Finalmente, es preciso disponer el reproche constitucional de la representación del Ministerio Público, quien en otrora se encontraba a cargo de la presente investigación, mismo que, sin considerar la relevancia del caso, obvió precautelar los de la menor víctima de violencia; irresponsabilidad que conllevó a que el imputado acceda a la cesación sin desvirtuar ningún riesgo procesal.

Por último, se aclara que las consideraciones a las que llegó esta instancia constitucional, de ninguna manera implican que se esté afirmando extremos respecto a la culpabilidad o no del impetrante de tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 18 de junio, cursante de fs. 54 a 55, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en contra de ambas autoridades demandadas, en razón de lo establecido en la sub problemática III.4.3 y demás Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Se dispone ANULAR el Auto Interlocutorio 242/2020 de 27 de noviembre (Conclusión II.1), emitido durante la tramitación del proceso penal por abuso sexual seguido en contra del ahora peticionante de tutela, así como el Auto Interlocutorio 202/22 de 31 de marzo de 2022 y Auto de Vista 107 de 18 de abril de 2022, cuestionados a través de la presente acción de libertad; y en su caso, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, que conoce la presente causa judicial, pronuncie otra resolución en atención de lo señalado en la sub problemática III.4.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las

razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

4 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

5 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente;

3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

11 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

12 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

17 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

18 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

20 Artículo 250º.- (Carácter de las decisiones). El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio

23 Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…)

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0285_2024-S1.pdf · páginas 1 a 50.

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