B.IA.LEGAL

SCP 0284/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53960-2023-108-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación, valoración razonable de la prueba, congruencia y defensa- y a la igualdad de las partes; así como de los principios de verdad material, legalidad e impugnación; en razón que, concluido el proceso penal que siguió contra el tercero interesado, por el delito de estafa; instauró contra el prenombrado, demanda de reparación de daños y perjuicios; dentro del cual, el 26 de septiembre de 2022, se realizó audiencia de juicio oral, a cuya conclusión la Jueza codemandada pronunció la Sentencia 55/2022, contra la que -en la misma audiencia- anunció la interposición de recurso de apelación de forma oral; además, planteó la alzada de forma escrita el 29 de similar mes y año. No obstante, por Auto de Vista 239 de 20 de octubre de igual año, los Vocales demandados, declararon inadmisible su recurso de apelación, aduciendo su extemporaneidad; sin pronunciarse, ni emitir fundamento o motivación alguna, menos aún una correcta valoración, respecto de la disposición de la Jueza codemandada que en la citada Resolución consignó que las partes podían recurrir en apelación en la vía incidental y en el efecto devolutivo en el término de tres días conforme al art. 387 del CPP, disposición que motivó la presentación escrita de la apelación, al margen de haber sido interpuesta de forma oral en audiencia de 26 de septiembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; correspondiendo CONCEDER la tutela y, en consecuencia: 1° Disponer que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, admitan la apelación de la Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre; y, se pronuncien sobre el fondo de los agravios denunciados por el accionante, salvo que por efecto de lo dispuesto por la citada Sala Constitucional ya se hubiere emitido pronunciamiento de fondo. 2° Llamar la atención a Jenny Liseth Camargo Jaldín y Renzo Carrasco Hottman, Jueza y Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no almacenado una copia de la audiencia y no haber actuado conforme los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el régimen de apelación incidental previsto en el Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos denunciados ante la falta de informe o pronunciamiento de la parte demandada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0284/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Magistrado Correlator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53960-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 2 de 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ernesto Ardaya Melgar contra Arminda Méndez Terrazas y José Emerson Figueroa Morales, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Jenny Liseth Camargo Jaldín, Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 23 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 58 a 80 y 85 a 88, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Gabriel Ibañez Suárez, por la comisión del delito de estafa, el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en procedimiento abreviado, emitió la Sentencia 13/2022 de 25 de febrero, estableciendo una pena de dos años y seis meses de privación de libertad contra el procesado, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Ejecutoriada la Sentencia mencionada supra, el ahora impetrante de tutela, en su calidad de víctima, inició demanda de pago de daños y perjuicios sobre los montos reconocidos durante el procedimiento abreviado; dictándose en audiencia, por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, la Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre, por la que declaró probada en parte la referida demanda, por la suma de $us188 523,06.- (ciento ochenta y ocho mil quinientos veintitrés mil dólares estadounidenses), concerniente al capital e interés respecto a los daños generados, a ser pagada en el término de cinco días, a través de depósito judicial por la parte demandada. El referido Juez otorgó a las partes el término de tres días para recurrir en apelación en la vía incidental y en efecto devolutivo, conforme lo dispuesto en los arts. 160, 387 y 403 del Código de Procedimiento Penal (CPP), Contra tal decisión, el ahora accionante, en la misma audiencia, anunció la interposición de recurso de apelación de forma oral; sin embargo, el Secretario del Juzgado referido, realizó una deficiente grabación de la audiencia, mutilando la parte en que se interpuso la apelación; recurso impugnatorio que era de conocimiento de la Jueza, quien escuchó la formulación del mismo en la audiencia referida, conforme se tiene registrado en el audio adjunto a la presente acción de libertad; no obstante de ello, en el acta de registro de audiencia tampoco se transcribió la apelación anunciada de su parte. Los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 239 de 20 de octubre de 2022, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental, por extemporáneo, argumentando que conforme lo previsto por el art. 404 del CPP, al haberse dictado la Resolución apelada en audiencia -el 26 de septiembre de 2022- y notificado el contenido de la misma en dicho acto por su lectura, conforme el art. 160 del mismo cuerpo legal, la apelación debió ser formulada inmediatamente y de forma oral ante el Juez que la dictó; sin embargo, se la realizó de manera escrita el 30 del mismo mes y año; es decir, días después de conocido el fallo impugnado; por lo que, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental y confirmó la Resolución apelada. Esta determinación, desconoció la disposición de la Jueza de la causa, que otorgaba a las partes el término de tres días para apelar la Resolución dictada en primera instancia, omitiendo maliciosamente esgrimir una adecuada fundamentación al respecto; toda vez que, ante el estado de confusión que generaba el acta de audiencia sobre este hecho, pudieron devolver actuados al Juez a quo a efectos que se rectifique o complemente la prenombrada pieza procesal, en virtud al principio de verdad material; la Jueza codemandada, conocedora del derecho, bajo el principio iura novit curia, no debió consignar que se tenía el plazo de tres días para presentar por escrito la apelación; ya que dicha disposición fue la que dio lugar a que se presente este recurso de forma escrita el 29 de septiembre del mismo año; empero, los Vocales demandados, de forma maliciosa omitieron fundamentar este aspecto, vulnerando su derecho a la impugnación previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), más tomando en cuenta que la transcripción del acta de audiencia no condice con lo registrado en el audio de grabación, en la que se constata que igualmente apeló de forma oral. En relación al audio de la audiencia, el Secretario del Juzgado, ante la petición oral que le hizo, bajo el principio de buena fe, le otorgó una copia de la grabación de la referida audiencia; sin embargo, posteriormente, el 28 de octubre de 2022, al haber solicitado mediante memorial ante la Jueza de la causa, la grabación del registro de audiencia de 26 de septiembre del mismo año, esta fue negada por proveído de 31 de octubre de ese año, refiriendo que no tendría el mismo, porque habrían borrado esos datos de la cinta magnetofónica, lo cual es ilegal; toda vez que, esos datos deben ser guardados, para que, como en el caso presente, el juzgado pueda demostrar que la transcripción del acta fue conforme la grabación de la audiencia y no de forma sesgada y a conveniencia de la otra parte, como ocurrió en el caso, ocultando la mala fe de la Juez que debió dirigir la audiencia de forma correcta y bajo el principio iuria novit curia y no hacer aumentar en el acta partes que no están registradas en el audio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación, valoración razonable de la prueba, congruencia y defensa- y a la igualdad de las partes; así como de los principios de verdad material, legalidad e impugnación, citando al efecto los arts. 115, 119, 120, 180.I y II, 256 y 410 de la CPE; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 239 de 20 de octubre de 2022, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ordenando que los Vocales demandados consideren todos los argumentos expuestos en su apelación; y, b) En función del principio auto reconducción, los Vocales demandados devuelvan obrados al juzgado de origen, para que el Secretario de dicha instancia enmiende y transcriba de forma correcta el acta de audiencia consignando su apelación, para que los Vocales demandados se pronuncien sobre ella.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 7 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 105 a 106 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) Conforme el audio de la audiencia de 26 de septiembre de 2022, presentado en ésta acción de defensa, se puede advertir que la Jueza demandada dispuso que las partes tenían el término de tres días para apelar en la vía incidental, en el efecto devolutivo; a raíz de lo cual, pese a haber apelado de forma oral en audiencia, posteriormente para evitar cualquier contradicción, el 29 del mismo mes y año, en el plazo de los tres días dispuestos por la autoridad jurisdiccional, interpuso la apelación de forma escrita; 2) Los Vocales demandados no emitieron ningún pronunciamiento motivado y fundamentado, respecto del acta de audiencia limitándose a señalar que la apelación formulada de su parte no cumplió las disposiciones legales, dejándolo en estado de indefensión; y, 3) El Juez como el Secretario del Juzgado de primera instancia, debían reconocer la apelación formulada en audiencia, en atención al principio de verdad material.

I.2.2. Informe de los demandados

Arminda Méndez Terrazas y José Emerson Figueroa Morales, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 94 y 95. Jenny Liseth Camargo Jaldín, Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del mismo departamento, por informe escrito presentado 7 de febrero de 2023, cursante a fs. 104, señaló que: i) En todas las audiencias a su cargo, advierte a las partes sobre los recursos de impugnación, dando lectura a los artículos concernientes; y, ii) En el caso de examen, al tratarse de una reparación de daños, en audiencia se dictó Resolución el 26 de septiembre de 2022, con la advertencia a las partes y mencionado de las posibilidades de los recursos de impugnación en el marco del Art. 387 con relación al art. 403 numeral 10 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173 y 1226.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Gabriel Ibáñez Suárez, no compareció a la audiencia de garantías, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 96.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 2 de 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que las autoridades demandadas, en el marco a que deben de buscar la verdad material de los hechos, verifiquen si el impetrante de tutela formuló o no el merituado recurso de apelación, conforme este indica, ello en resguardo de su derecho a la impugnación. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del contenido del Auto de Vista confutado, se advierte que si bien en este efectuó una descripción de los antecedentes del proceso, argumentando que el impetrante de tutela no interpuso su recurso de apelación de forma oral, en el momento en que fue dictada la Resolución impugnada, para posteriormente fundamentarla en apelación, conforme dispone la Ley 1173; es decir, que debió presentarlo en el momento que se resolvió su demanda en primera instancia, de manera oral, y posteriormente fundamentarlo en la audiencia de apelación, señalando que en este caso no se podía establecer con claridad que se han presentado impugnaciones en audiencia; es decir, que el principal fundamento de su determinación se basó íntegramente en un supuesto; b) Al respecto, se concluye que las autoridades demandadas no debieron negar el derecho de apelación al ahora demandante de tutela por una cuestión formal, bajo el simple argumento del supuesto que la apelación no fue presentada dentro de plazo legalmente establecido; debiendo los Vocales demandados emitir una nueva resolución, que se pronuncie con claridad respecto de la formulación oportuna de la apelación, previa verificación de los medios necesarios, que conduzcan a la verdad material, en resguardo precisamente del derecho a la impugnación; y, c) De la revisión de la Resolución confutada, se concluye que los Vocales demandados, incurrieron en ausencia de fundamentación y motivación al no referirse de forma específica a la valoración que efectuaron en relación a si se presentó o no el recurso de apelación, por lo que con la finalidad que el justiciable tenga certeza de las razones por las cuales el Tribunal emitió tal decisión, corresponde que estos dicten nueva resolución, analizando todos los extremos expuestos e identificando que valor se les da a cada uno de ellos, conforme lo dispuesto en el art. 180 de la CPE, para establecer si la apelación fue presentada o no dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de reparación de daños y perjuicios, iniciado por el accionante contra Gabriel Ibáñez Suárez, ahora tercero interesado; el 26 de septiembre de 2022, en audiencia de juicio oral llevada al efecto, la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 55/2022, declarando probada en parte la demanda, por la suma total de $us188 523,06.-(ciento ochenta y ocho mil quinientos veintitrés 06/100 dólares estadounidenses), monto concerniente al capital e interés respecto a los daños generados, debiendo ser pagados en el término de cinco días a través de depósito judicial; asimismo, dio por notificadas a las partes en el mismo acto procesal, disponiendo que conforme lo previsto en el art. 160 del CPP, las partes podían recurrir en apelación en el término de tres días, conforme al art. 387 con relación al 403 de la norma adjetiva penal (fs. 5 a 14).

II.2. En fecha 29 de septiembre de 2022, el accionante envió a través del Buzón Judicial, memorial dirigido a la Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que formuló de apelación incidental contra la Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre (fs. 15 a 19 vta.). II.3. El memorial de apelación descrito supra, fue presentado en físico, el 30 de septiembre de 2022, en Plataforma de Atención al Usuario Externo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme el timbre electrónico adjunto al precitado memorial; mereciendo providencia de 14 de octubre de 2022, por la cual se dispone la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de alzada, en grado de apelación (fs. 20 a 25). II.4. El 19 de octubre de 2022, por nota Of. 625/2022 de 18 de octubre, se remitió el cuaderno procesal, en grado de apelación, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 35 y vta.). II.5. Por Auto de Vista 239 de 20 de octubre de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el peticionante de tutela, por extemporáneo, al no haber sido formulado en la audiencia en la que se dictó la Resolución apelada, conforme lo dispuesto por el art. 404 del CPP, modificado por la Ley 1173, confirmando la Sentencia impugnada (fs. 34 y vta.). II.6. Mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2022, ante la Jueza codemandada, el accionante solicitó copia del audio de la audiencia de 26 de septiembre de 2022, así como fotocopias legalizadas del acta de dicho acto procesal; tal solicitud fue decretada el 31 del mismo mes y año, disponiendo la extensión de las fotocopias legalizadas; empero, en relación a las grabaciones de la audiencia señaló que dadas la recarga en jornadas diarias de audiencias programadas, una vez concluidas las mismas las grabaciones son suprimidas por la capacidad magnetofónica de las cintas. No consta remisión de los antecedentes de tal solicitud al Tribunal de alzada (fs. 40 a 41). II.7. El 15 de noviembre de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, devolvió los antecedentes del proceso citado supra, al Juzgado de Sentencia Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 38 y vta.). II.8. En el Disco Compacto adjuntado por la parte accionante, se escucha al finalizar la grabación de la citada audiencia, que la Jueza codemandada refirió:

“…En ese sentido, también pueden hacer uso del recurso de apelación tal como lo establece las reglas del procedimiento; en este caso, en el efecto devolutivo tal como señala el artículo 387 del procedimiento penal, al ser una resolución que es apelable no. Muy bien, damos por concluida la presente audiencia, ustedes quedan legalmente notificados”. Voz no identificada: “Nos reservamos el derecho de apelación” (sic). Jueza: “Muy bien”. Otra voz no identificada: “También nos reservamos el derecho de apelación” (sic). Jueza: “Muy bien señor abogado” (sic [fs. 4]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación, valoración razonable de la prueba, congruencia y defensa- y a la igualdad de las partes; así como de los principios de verdad material, legalidad e impugnación; en razón que, concluido el proceso penal que siguió contra el tercero interesado, por el delito de estafa; instauró contra el prenombrado, demanda de reparación de daños y perjuicios; dentro del cual, el 26 de septiembre de 2022, se realizó audiencia de juicio oral, a cuya conclusión la Jueza codemandada pronunció la Sentencia 55/2022, contra la que -en la misma audiencia- anunció la interposición de recurso de apelación de forma oral; además, planteó la alzada de forma escrita el 29 de similar mes y año. No obstante, por Auto de Vista 239 de 20 de octubre de igual año, los Vocales demandados, declararon inadmisible su recurso de apelación, aduciendo su extemporaneidad; sin pronunciarse, ni emitir fundamento o motivación alguna, menos aún una correcta valoración, respecto de la disposición de la Jueza codemandada que en la citada Resolución consignó que las partes podían recurrir en apelación en la vía incidental y en el efecto devolutivo en el término de tres días conforme al art. 387 del CPP, disposición que motivó la presentación escrita de la apelación, al margen de haber sido interpuesta de forma oral en audiencia de 26 de septiembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el régimen de apelación incidental previsto en el Código de Procedimiento Penal

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0732/2023-S3 de 28 de julio, que efectuó un análisis integral sobre el régimen de apelación previsto en el art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 8 de mayo de 2019, Ley 1173, desarrolló el siguiente razonamiento:

[A]corde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los arts. 405 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Código Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 del CPP corresponde remitir los antecedentes al tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). En esa sintonía, sustentó su Fundamento Jurídico III.3, bajo el siguiente razonamiento:

[L]a simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal -como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora-; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia . Este entendimiento fue reiterado por la SCP 0991/2023- S3, de 12 diciembre y SCP 172/2025-S3 de 31 de marzo, entre otras,

III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos denunciados ante la falta de informe o pronunciamiento de la parte demandada

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0342/202-S1 de 17 de agosto, refirió que;

[A] la parte demandada le corresponde cumplir el deber de prestar toda la información y remitir toda la prueba que se encuentre en su poder sobre el hecho denunciado, deber que se encuentra justificado porque, en similar sentido, impone a todo órgano e institución pública, personas natural o jurídica, pública o privada presten la información o remitan la documentación necesaria, preferente, urgente e inexcusable, en el plazo que fije el Tribunal Constitucional Plurinacional fije, conforme dispone el art. 7 de la CPCo., con la finalidad de que emita una resolución dentro el proceso constitucional que conozca sin provocar en el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, la emisión de fallos sobre pruebas inciertas o basadas únicamente en presunciones; éste último, constituye un medio de prueba que se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en cuyo art. 38 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa textualmente: Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión conforme al artículo 37 del presente Reglamento, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En ese marco, en atención al deber general de prestar información y de remisión de actuados o documentos vinculados al hecho denunciado que atañe a la parte demandada, el deber de cumplir las responsabilidades en observancia de los principios de compromiso, interés social y responsabilidad que les corresponde cumplir a los servidores públicos y la naturaleza de los derechos tutelados, se puede inferir que se aplicará la presunción veracidad de los hechos denunciados en la acción de amparo constitucional, sobre el cual la parte demandada, sea persona natural o jurídica, pública o privada, no haya presentado informe escrito o verbal concurriendo a la audiencia, que controvierta aquellos hechos, pese a que tuvo conocimiento con su notificación de acuerdo a las formalidades previstas por ley, siempre que no hayan otros elementos probatorios que generen una conclusión diferente.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba, congruencia y a la igualdad de las partes; así como de los principios de verdad material, legalidad e impugnación; en sentido que, los Vocales demandados, por Auto de Vista 239 de 20 de octubre de 2022, rechazaron el recurso de apelación que interpuso contra Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre, emitida por la Jueza codemandada por considerarlo extemporáneo; bajo el argumento que el mismo no fue formulado de manera oral en la audiencia en la que se dictó la Resolución apelada; sin tomar en cuenta, primero, que el recurso de alzada fue interpuesto en audiencia, lo que no fue consignado por el Secretario del Juzgado en el respectiva acta; y, segundo, que la Jueza de primera instancia dispuso en la Resolución apelada, que las partes tenían el plazo de tres días para plantear el recurso de apelación incidental, en el efecto devolutivo conforme al art. 387 del CPP. Por los antecedentes adjuntos al expediente, se evidencia que el accionante inició demanda por reparación de daños y perjuicios contra el tercero interesado, proceso que concluyó en primera instancia con la emisión de la Sentencia 55/2022, dictada en audiencia de la misma data; dicha resolución otorgó a los sujetos procesales la facultad de recurrir en apelación incidental en efecto devolutivo en el plazo de tres días (Conclusión II.1). De conformidad a lo establecido en la Conclusión II.8, en el disco compacto ajuntado por la parte accionante a esta demanda tutelar, se establece que en la audiencia citada supra, el impetrante de tutela -de forma oral- anunció que reservaba su derecho de apelar la Sentencia dictada en aquel acto procesal, el cual fue asentido por la Jueza de primera instancia; dicha prueba no fue controvertida por la autoridad jurisdiccional demandada; por cuanto, corresponde ser valorada en esta instancia constitucional. En ese orden, de lo informado por la Jueza de primera instancia, se tiene que la misma señala escuetamente que en todas sus audiencias, sin excepciones, realiza la advertencia a los sujetos procesales de los recursos de impugnación que les asisten, dando lectura a las normas legales pertinentes; empero, evade pronunciarse respecto a que si el accionante formuló o no en audiencia el recurso de apelación incidental, sin controvertir lo denunciado por el accionante al respecto; consecuentemente, al no haberse controvertido por la autoridad jurisdiccional accionada, si el accionante formuló o no en audiencia el recurso de apelación contra la Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre, conforme denunció en el memorial de acción de amparo constitucional, como tampoco haber observado o refutado el audio de la audiencia presentado por el prenombrado, pese a haber tomado conocimiento con su notificación de todos estos hechos, corresponde aplicar la presunción de veracidad, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia constitucional. Consiguientemente, de la valoración integral de los elementos probatorios descritos en los párrafos precedentes, se puede advertir que el accionante, ante la emisión de la Sentencia 55/2022 dictada en audiencia de 26 de septiembre, en el mismo acto, anunció de forma oral, la reserva de apelación contra dicha Resolución, lo que implica que se cumplió con el presupuesto legal establecido en el art. 404 del CPP, en sentido que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, la simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de otro requisito formal -como la exposición de agravios-, es suficiente para que la concesión de alzada y remisión del cuaderno de control jurisdiccional al superior en grado, instancia en la cual el apelante podrá realizar la fundamentación de agravios. En el caso presente, es necesario considerar que, si bien la enunciación del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra la Resolución confutada, no fue realizado, en términos claros, la reserva y anunciación de la misma manifestó la voluntad que tuvo el solicitante de tutela de formular una apelación contra la Resolución que consideró le resultaba agraviante, circunstancia ante la cual, la Jueza demandada, en su calidad de directora del proceso, tenía la obligación y potestad de reconducir la tramitación de la causa conforme a las normas procesales vigentes, garantizando que el proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y sin defectos procedimentales; por cuanto, ante el anuncio de apelación del accionante, debió conducir la actuación del prenombrado orientándolo respecto del procedimiento a seguir, si es que consideraba que existía error en su actuación; aspecto que no ocurrió por parte de la autoridad demanda, desconociendo el rol que desempeña como autoridad judicial y dejando en total confusión al accionante al disponer paralelamente la posibilidad de apelar en el término de tres días. En conclusión, al haberse evidenciado que el solicitante de tutela, en audiencia manifestó su voluntad de formular el recurso de apelación incidental contra la Sentencia 55/2022, y ante el asentimiento de la Jueza demandada a dicha enunciación, sin observación alguna -conforme lo señalado en la Conclusión II.8-, se tiene que cumplió lo dispuesto por el art. 404 del CPP, pues dicha apelación en el marco del debido proceso, debió ser concedida sin mayor formalidad que su planteamiento en audiencia, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada.

Otras consideraciones En relación a la actuación de los Vocales demandados, si bien puede aducirse que los antecedentes que les fueron remitidos en grado de apelación, no informaban respecto de la falta de transcripción en el acta de audiencia, de la apelación oral formulada por el accionante; toda vez que, la apelación escrita no es clara sobre este hecho; y, que el memorial por el que solicitó se le extienda copia de la grabación de la audiencia, no explicaba el motivo de tal petición, como tampoco fue puesto a su conocimiento (Conclusión II.6). No es menos evidente que los referidos Vocales debieron observar que la Jueza a quo en la parte final de su Resolución de forma literal dispuso que las partes tenían el término de tres días para formular el recurso de apelación en el efecto devolutivo, aspecto que ocasionó confusión en el accionante; por otra parte, debieron verificar que la apelación escrita formulada por el solicitante de tutela fue presentada el 29 de septiembre de 2022 a través del Buzón Judicial (Conclusión III.3), y no como erróneamente señala el Auto de Vista confutado, el 30 del indicado mes y año. Finalmente, debió tomarse en cuenta que el acta de audiencia de 26 de septiembre del año referido, no consignaba las firmas de los sujetos procesales como evidencia de su notificación en audiencia, conforme establece el art. 163 del CPP que determina: “Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción”; consecuentemente, si bien es cierto que el art. 160 del adjetivo penal establece de manera general que las resoluciones pronunciadas en audiencia se notifican por su lectura en el mismo acto, no es menos evidente que al tratarse de resoluciones sujetas a apelación, estas deben ser extendidas con su contenido completo a los sujetos procesales para que puedan esgrimir una correcta fundamentación de los agravios ante el Tribunal alzada; por cuanto, conforme la norma citada, debe procederse a la entrega de una copia del registro digital de la audiencia, dejando constancia en el acta la fecha y la hora de entrega, para el cómputo de plazo para la apelación. Por lo que, ante la presentación escrita de la apelación el 29 de septiembre de 2022 y la inejución de la notificación en audiencia, los Vocales demandados, debieron prescindir de aspectos extremadamente formales, y aplicar el criterio más favorable para la admisibilidad del recurso de impugnación, que permitan la materialización efectiva del derecho fundamental a la doble instancia consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado; el cual conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 se enmarca dentro del principio pro homine y pro actione, pues las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia; evitando dialaciones innecesarias en la tramitación de las causas. Finalmente, este Tribunal no puede pasar por alto la desidia con la que actuaron la Jueza demandada y el Secretario del Juzgado, al haber eliminado la grabación de la audiencia, pues esta debe estar disponible a efectos de otorgar una copia a los sujetos procesales, conforme lo establecido por el art. 163 de CPP, o para cualquier otro requerimiento que involucre el desarrollo del proceso, con base en dicho actuado; no pudiendo justificar estas actuaciones negligentes en la falta de soporte magnético; toda vez que, estas eventualidades deben ser subsanadas con las instancias correspondientes a fin de asegurar el efectivo acceso a la justicia de todas aquellas personas que se encuentre involucradas en los procesos judiciales. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; correspondiendo CONCEDER la tutela y, en consecuencia: 1° Disponer que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, admitan la apelación de la Sentencia 55/2022 de 26 de septiembre; y, se pronuncien sobre el fondo de los agravios denunciados por el accionante, salvo que por efecto de lo dispuesto por la citada Sala Constitucional ya se hubiere emitido pronunciamiento de fondo. 2° Llamar la atención a Jenny Liseth Camargo Jaldín y Renzo Carrasco Hottman, Jueza y Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no almacenado una copia de la audiencia y no haber actuado conforme los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0284_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 40e7379f4283174c0cead97540c1e5d7a73ce77855929fc94c1e5e7ed17e4297

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