Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 16 de abril de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela sostiene que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, en el marco del principio pro actione, debido a que las autoridades ahora demandadas, emitieron el Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, declarando improcedente el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019, la cual rechazó la excepción de prejudicialidad planteada, pronunciamiento que fue confirmado sin entrar al análisis de fondo, omitiendo la identificación de los agravios y derechos afectados, así como una adecuada fundamentación, a pesar de que en dicho recurso se habían planteado de forma clara estos aspectos, especialmente respecto a la necesidad de que en un proceso extra penal, se definan previamente los elementos del tipo penal relacionado con el daño económico al Estado y los pagos realizados a su persona. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) El principio de inmediatez; y, b) El análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-023/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 135 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado; y, 2° Llamar la atención a Henry Alvaro Pinto Dávalos, Abogado patrocinante de la parte accionante, por la falta de identificación oportuna de las autoridades demandadas y ocasionar una dilación innecesaria en la tramitación de la presente acción de amparo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0284/2025-S1 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54068-2023-109-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-023/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 135 a 137, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Juan De Dios Morales Espinoza contra Gina Luisa Castellón Ugarte y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 9, 17 y 31 de enero de 2023, cursantes de fs. 23 a 30; 33 a 36 vta.; y, 65 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra denominado “Mochilas 1”, en su calidad de empresario, encontrándose involucrado solo por móviles políticos ligados a Marvell José María Leyes Justiniano, ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba, promovió ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de dicho departamento, la excepción de prejudicialidad, considerando que el 8 de junio de 2018, se presentó en su contra imputación formal por los delitos de contratos lesivos al Estado y tentativa de enriquecimiento ilícito, emergente del proceso de Licitación Pública 09/2017 “Compra de Mochilas Escolares”, con CUCE 17-013-01-00-800057-1-1 adjudicada a la Asociación Accidental “26 de febrero”, mediante Contrato Administrativo LP 04/2018 de 26 de febrero, el cual según el Ministerio Público sería lesivo, puesto que permitiría configurar una posible comisión del delito de tentativa de enriquecimiento ilícito, ya que como emergencia de dicho Contrato se estaría generando un pago de dinero en su favor, extremo que sería ilícito. Sin embargo, cabe aclarar que el 30 de mayo de 2018, mucho antes de la imputación formal presentada en su contra, ejerciendo el derecho de acceso a la justicia que prevé el art. 115 dela Constitución Policita del estado (CPE), presentó una demanda contenciosa administrativa, la cual pretendía el pago de Bs91 316.- (noventa y un mil trescientos dieciséis bolivianos), correspondiente a las mochilas entregadas al citado Municipio, en la persona de una de sus funcionarias y en presencia de los directores de los colegios; empero, por razones que desconoce niegan el pago de lo acordado hasta la fecha, razón por la que activó el proceso contencioso administrativo, el cual definirá cuál de las partes tiene la razón y si el mismo es lesivo a los intereses de la entidad edil o no. Dicha excepción fue resuelta negativamente por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, el “14” de julio de “2028” -siendo lo correcto 24 de julio de 2019-, por lo que presentó recurso de apelación el 31 de julio de 2019, mismo que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento a través del Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, sin resolver ni ingresar en el fondo, confirmando la primera determinación, indicando la falta de identificación de agravios, de derechos y ausencia de una debida argumentación; lesionando de esa manera sus derechos, pese a que se establecieron dichos aspectos extrañados, en particular sobre la necesidad de que en un proceso extra penal, se definan los elementos constitutivos del tipo penal, en particular el referido al daño económico al Estado y los pagos efectuados a su persona, elementos centrales para determinar si concurren o no los elementos constitutivos del tipo penal de contratos lesivos al Estado; argumentación que sí se encuentra presente en el recurso de apelación; por lo que, al emitirse el Auto de Vista mencionado con los argumentos expuestos, actuaron de modo arbitrario, discrecional y caprichoso.
El impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, en relación al principio pro actione; citando al efecto los arts. 115.II, 116, 117 y 120 de la CPE; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 16 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 131 a 134, se produjeron los siguientes actuados:
La parte demandante de tutela, en audiencia ratificó los términos de su demanda tutelar.
Oscar Florero Florero y Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito cursante de fs. 76 a 80, manifestaron que: a) Según el memorial presentado el 31 de enero de 2023 por la parte accionante, se aclaró que si bien el Auto de Vista 47 ahora cuestionado, fue suscrito y firmado por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera y Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda, ambas del referido Tribunal; sin embargo, a la fecha sus personas deberían elevar el informe correspondiente, por cuanto según considera el ahora solicitante de tutela, serían ellos quienes cuentan con la legitimación pasiva dentro de la presente acción de amparo constitucional; b) La parte peticionante de tutela, no identificó correctamente a la parte demandada; toda vez que, el accionante debió dirigir la acción contra la autoridad que emitió la Resolución que considera vulneradora de sus derechos, debiendo especificar e identificar claramente a los actores que lesionaron sus derechos y la relación directa con el acto que considera haya menoscabado o conculcado sus derechos fundamentales, ya que sus personas no suscribieron ni tuvieron participación alguna en la Resolución que se considera vulneratoria, por lo que no contarían con legitimación pasiva; no existiendo coincidencia entre la autoridad que presuntamente considera causó la lesión de sus derechos y aquella contra quien se dirige la acción de defensa, máxime si conforme a los antecedentes puestos a conocimiento, se tiene que el recurso de apelación fue resuelto por la Sala Penal Primera de dicho Tribunal como titular, quien radicó el recurso de apelación incidental que dio origen a la Resolución ahora denunciada, y que ante la acefalía existente y a los fines de conformar quorum realizó la convocatoria de Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal, quien a la fecha ya no desempeña funciones como Vocal en ese despacho, por lo que la acción debió ser dirigida contra la autoridad que cometió el acto que el impetrante de tutela considera ilegal o incurrió en la omisión indebida; y, c) Por lo expuesto, al carecer de sustento legal la acción tutelar intentada en contra de sus autoridades, solicitaron se “niegue” la tutela por falta de legitimación pasiva.
Katherine Soria Valdez, en representación legal del GAM de Cochabamba, a través de informe escrito, cursante de fs. 102 a 107, así como en audiencia señaló que:
1) Rocío Alejandra Molina Travesí, Concejal del referido GAM, presentó denuncia contra Marvell José María Leyes Justiniano, entonces Alcalde del indicado GAM, por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 146, 150, 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), y posterior ampliación contra el ahora demandante de tutela, por los ilícitos de contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito, tipificados en los art. 221 del CP y 28 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, proceso penal que a la fecha cuenta con requerimiento conclusivo de acusación fiscal de 25 de junio de 2019 en contra de los nombrados, entre otros; 2) Se estableció una serie de irregularidades al momento de llevar adelante el proceso de contratación compra de mochilas escolares gestión 2018, deviniendo de un arreglo previo y anterior realizado entre el nombrado entonces Alcalde del indicado GAM y el ahora solicitante de tutela, a través de José Miguel Padilla Parada, intermediario entre ambos, logrando que el accionante adjudique ese proyecto del precitado GAM, acordándose para ello un pago indebido que debía realizar este último a Marvell José María Leyes Justiniano, en una suma aproximada de $us45 000.-(cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses) y como ya había sucedido un año anterior en el que también se habría direccionado un proceso de contratación para la compra de mochilas escolares de la gestión 2017, en la que la cancelación indebida por parte de René Juan de Dios Morales Espinoza se habría materializado y efectivizado al Alcalde del GAM de Cochabamba, a través de José Miguel Padilla Parada y cuyo monto de dinero fue entregado por René Juan de Dios Morales Espinoza a José Miguel Padilla Parada en el país de Estados Unidos y éste a su vez, habría hecho entrega de esa suma de dinero en manos de la hermana de Marvell José María Leyes Justiniano, y siendo así que se había acordado que para el proceso de contratación compra de mochilas escolares gestión 2018, investigado en la presente causa, se debía realizar un pago similar y en las mismas circunstancias; razón por la cual, se procedió a direccionar el proceso de contratación para hacer que la Asociación Accidental “26 de febrero” resulte la ganadora del mismo, generándole así un beneficio indebido a esa empresa, lo que conllevaría también el reporte de una utilidad, igualmente indebida, en favor de Marvell José María Leyes Justiniano, entonces Alcalde del prenombrado GAM, con el pago irregular de una suma de $us45 000.- por parte del ahora accionante, como gratificación por haberle adjudicado el proceso de contratación para compra de mochilas escolares de la gestión 2018, explicándose así todas las irregularidades evidenciadas a lo largo del mismo y una vez que se hizo pública la denuncia, sistemáticamente el GAM de Cochabamba procedió a la resolución del contrato con la citada Asociación Accidental, conforme se evidenciaría de las documentales colectadas en la investigación; 3) En la presente acción de amparo constitucional, no se dio cumplimiento con el principio de inmediatez, por cuanto el Auto de Vista 47, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resultaría extemporánea; toda vez que, la acción de defensa no fue planteada dentro del término de seis meses establecidos en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), considerando que el ahora impetrante de tutela fue notificado con el indicado Auto de Vista 47, el 7 de julio de igual año, teniendo plazo hasta el 7 de enero de 2023, para interponer la acción de amparo constitucional; empero, la misma fue planteada el 9 de ese mes y año; es decir, dos días después del vencimiento del plazo indicado; en ese sentido, corresponde la improcedencia de la acción tutelar referida; por cuanto no se acreditó ningún tipo de justificativo que demuestre la existencia de elementos de fuerza mayor, y que ello haya derivado en la imposibilidad de presentar la acción de defensa antes del vencimiento del plazo establecido en la norma, en el domicilio de un Secretario o en su caso en el buzón judicial, tampoco se trataría en el caso de una persona que pertenece a un grupo vulnerable o con protección reforzada; debiéndose considerar que si bien la fecha de fenecimiento para la presentación de la acción de amparo constitucional era sábado, día inhábil; no obstante, el accionante tenia mecanismos alternos electrónicos otorgados por el Órgano Judicial para su presentación, como lo es el buzón judicial; teniéndose al efecto el Auto Constitucional 0076/2022-RCA de 25 de abril, por lo que no correspondería ingresar al trámite de la presente acción de tutelar; 4) Del petitorio del ahora demandante de tutela, se tiene que pretendería se deje sin efecto el Auto de Vista 47, revisándose la labor realizada por una autoridad judicial, aspecto que se constituye en causal de improcedencia para la tramitación de la acción de defensa, por cuanto la jurisdicción constitucional no es otra instancia procesal ni casacional supletoria, siendo que se activa únicamente cuando se muestra que las determinaciones judiciales y/o administrativas afectan derechos y garantías; sin embargo, el peticionante de tutela no mencionó los presupuestos de activación para que esa jurisdicción pueda ingresar de manera excepcional a revisar la actividad interpretativa de otras jurisdicciones, al no cumplirse con la carga argumentativa en la demanda respecto a la manera en que se lesionaron derechos fundamentales, tal como se tiene a partir de la SCP 0934/2014 de 15 de mayo; 5) La pretensión del accionante sería que se admita el trámite de la excepción de prejudicialidad, interpuesto por el mismo en el proceso penal que se instaura en su contra, arguyendo la existencia de un proceso contencioso formulado por su persona en contra del GAM de Cochabamba, el 30 de mayo de 2018; pretendiendo el pago de las mochilas entregadas a la indicada entidad edil, en la suma de Bs91 316.- y manifiesta en la excepción, en tanto no se resuelva el proceso extra penal; es decir, el proceso contencioso, no se continúe con el proceso penal instaurado en su contra; empero, de las fotocopias simples de los antecedentes del proceso contencioso, se puede advertir que el referido proceso ya concluyó, pues la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda de ese Tribunal Departamental de Justicia, resolvió a través del Auto de 13 de agosto de 2018, la demanda interpuesta por el solicitante de tutela, declarando dicha Sala su incompetencia para el conocimiento de la causa, contándose con el Auto de ejecutoria de 24 de octubre de 2018; en ese sentido, la presente acción tutelar carecería de relevancia constitucional, toda vez que si la pretensión es que se admita y se de curso a su excepción de prejudicialidad, la misma no tendría asidero, pues el fundamento de la excepción interpuesta es la existencia de una demanda contenciosa instaurada por el mismo contra el GAM de Cochabamba, el 30 de mayo del mencionado año; no obstante, la referida ya feneció, por lo que no prosperaría la excepción de prejudicialidad; y, 6) Solicitó se deniegue la tutela por los argumentos expuestos. Leidy Mercedes Carballo Marín, Abogada representante de la Procuraduría General del Estado, en audiencia refirió que la parte accionante fue legalmente notificada con el Auto de Vista 47 ahora impugnado, el 7 de julio de 2022, por lo que el plazo de los seis meses que establece la Constitución Política del Estado, habría precluido, toda vez que el impetrante de tutela presentó la acción de amparo constitucional después de dos días de vencido ese término legal, por lo que solicitó se deniegue la tutela.
Marcelo Villarroel, Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público, en audiencia mencionó que el Auto de Vista 47 impugnado, contiene la debida fundamentación y motivación, por lo que no se advertiría ninguna vulneración al debido proceso, debiéndose denegar la tutela.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-023/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 135 a 137, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Antes de ingresar al fondo de la presente acción tutelar, corresponde verificar previamente el cumplimiento o no del principio de inmediatez, a efectos de interponerse la misma dentro del plazo de seis meses computables desde la notificación con la última Resolución que resulta ser inimpugnable; al respecto, de la diligencia de notificación con el Auto de Vista 47 cuestionado mediante la presente acción de amparo constitucional, se puede advertir que se notificó al ahora accionante el 7 de julio de 2022, fecha a partir de la cual se computaría el plazo señalado, el cual feneció el sábado 7 de enero de 2023; sin embargo, fue presentada el lunes 9 de igual mes y año, habiendo transcurrido seis meses y dos días; y, ii) El Auto Constitucional 0076/2022-RCA, en un caso similar con relación a la presentación de un recurso de amparo constitucional a los efectos de computo del plazo, estableció que el buzón judicial resulta ser un instrumento idóneo a fin de interponer cualquier recurso, cuando el misma esté por vencer o se encontraría en días que no son considerados hábiles, siendo un caso análogo con el presente, por lo que correspondería su aplicación; consiguientemente, la parte peticionante de tutela actuó con total negligencia en causa propia, pues formuló la acción de defensa de manera extemporánea, permitiendo de esa forma que fenezca el término que rige el principio de inmediatez, y que resultaría ser aplicable al caso concreto, impidiendo a la jurisdicción constitucional asuma competencia respecto a la presunta vulneración de sus derechos, por lo que sin ingresar al fondo de la presente acción de amparo constitucional, al advertirse una causal de improcedencia por el principio de inmediatez, correspondería su denegatoria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Alejandra Molina Travesí contra René Juan de Dios Morales -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 146, 150, 154, 221 y 224 del CP, a través de Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró infundada la excepción de prejudicialidad planteada por el nombrado y otra (fs. 2 a 3). II.2. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en grado de apelación, mediante el Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el ahora impetrante de tutela; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019 (fs. 16 a 19). II.3. Cursa papeleta de notificación realizada al ahora demandante de tutela, con el Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, el 7 de julio de igual año, a horas 14:05, mediante Whatsapp al número de celular 72771252 (fs. 20).
El impetrante de tutela sostiene que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, en el marco del principio pro actione, debido a que las autoridades ahora demandadas, emitieron el Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, declarando improcedente el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019, la cual rechazó la excepción de prejudicialidad planteada, pronunciamiento que fue confirmado sin entrar al análisis de fondo, omitiendo la identificación de los agravios y derechos afectados, así como una adecuada fundamentación, a pesar de que en dicho recurso se habían planteado de forma clara estos aspectos, especialmente respecto a la necesidad de que en un proceso extra penal, se definan previamente los elementos del tipo penal relacionado con el daño económico al Estado y los pagos realizados a su persona. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) El principio de inmediatez; y, b) El análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, estableció los siguientes criterios jurisprudenciales:
El principio de inmediatez, conforme a las normas contenidas en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, establece que la acción debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados. Respecto al principio de inmediatez, este Tribunal se pronunció a través de numerosas sentencias constitucionales, denegando la tutela solicitada por la parte accionante, cuando advirtió la interposición de la acción tutelar en un plazo que excedía los seis meses previstos por las disposiciones citadas. En esa línea, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, en el Fundamento Jurídico III.2, reiteró que el principio de inmediatez tiene un doble efecto:
“…el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al o a los derecho (s) fundamental (es) restringido (s) o suprimido (s) de manera ilegal o indebida; y, el segundo, negativo, referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado, deberá presentar el recurso máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte accionante hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía fundamental y luego, ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida (SSCC 1157/2003-R, 1013/2003-R, 1007/2003-R, reiteradas, entre otras, por la SC 0554/2010-R de 12 de julio)”. En cuanto al fundamento del principio de inmediatez, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
Conforme a la jurisprudencia descrita, se concluye que el principio de inmediatez encuentra su fundamento en la naturaleza misma de esta garantía constitucional, que es la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales restringidos o suprimidos.
Ahora bien, no obstante lo anotado, el Tribunal Constitucional desarrolló supuestos en los cuales a la luz del principio de favorabilidad o pro actione, entre otros, debía flexibilizarse el plazo de caducidad. En ese contexto, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso; no es menos cierto que, la subregla fijada por este Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se exceda en algunos días, y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza, que el Órgano encargado del control de constitucionalidad, no puede ni debe permitir se consume. Este criterio, fue seguido, entre otras, por las SSCC 0200/2006-R de 21 de febrero y 0169/2007-R de 21 de marzo. Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, flexibilizó el plazo de caducidad para supuestos de vulneraciones del derecho de jubilación, que persiste en el tiempo; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0309/2012 de 18 de junio y 1938/2012 de 12 de octubre, entre otras, establecieron flexibilizar el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, en casos de violaciones continuas y permanentes a derechos. Por otra parte, la SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, representa un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la presente acción tutelar; pero, que en atención al valor justicia, al derecho de acceso a la justicia, al principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles y a la interpretación pro hómine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino, debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto. En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados.
El accionante sostiene que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, invocando el principio pro actione, debido a que las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 47 de 22 de junio de 2022, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019, que rechazó la excepción de prejudicialidad que había planteado. Señala que dicha Resolución fue confirmada sin un análisis de fondo, omitiendo la identificación clara de los agravios expuestos y de los derechos presuntamente vulnerados, así como sin ofrecer una debida fundamentación, pese a que en su mencionado recurso, se expusieron de manera precisa los aspectos controvertidos, particularmente la necesidad de definir, en un proceso extra penal, los elementos del tipo penal referido al daño económico al Estado y los pagos efectuados a su persona. A partir de la problemática planteada, y del examen de los antecedentes obrantes en el expediente, se tiene lo siguiente: Dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público, a denuncia de Rocío Alejandra Molina Travesí, contra René Juan de Dios Morales Espinoza -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos tipificados en los arts. 146, 150, 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de Cochabamba, declaró infundada la excepción de prejudicialidad promovida por el ahora impetrante de tutela y otro imputado. Posteriormente, en grado de apelación, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -Vocales ahora demandados-, mediante Auto de Vista 47, declaró improcedente dicho recurso, confirmando el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2019 (Conclusiones II.1 y II.2). Asimismo, consta en obrados que el precitado Auto de Vista 47, fue notificado al accionante el 7 de julio de 2022, a horas 14:05, mediante papeleta electrónica enviada mediante Whatsapp al número de celular 72771252 (Conclusión II.2). Aclarada la problemática que motiva la presente acción de defensa, corresponde analizar inicialmente si se cumple el principio de inmediatez, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que el plazo razonable para interponer una acción tutelar es de seis meses desde que se tiene conocimiento del acto que se considera lesivo, salvo que concurran circunstancias excepcionales. Esta regla debe aplicarse de manera flexible, en atención a los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine, cuando la vulneración a los derechos fundamentales sea grave, manifiesta y de carácter persistente, de modo que su convalidación resulte inadmisible desde el punto de vista del control constitucional. No obstante, para que proceda la flexibilización de dicho plazo, debe verificarse que el accionante no haya incurrido en negligencia, desinterés o abandono; y que por el contrario, haya mostrado un accionar constante y diligente en la defensa de sus derechos. En ese marco, si bien existe una subregla jurisprudencial que fija un plazo de seis meses, esta no es rígida ni cerrada, pudiendo flexibilizarse cuando la lesión al derecho es manifiesta, de modo que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir que se consolide dicha afectación en casos de vulneraciones continuadas a derechos fundamentales, que aunque el plazo constituye un parámetro objetivo razonable de seis meses previsto por el art. 129.II de la CPE, este no puede ser aplicado de forma automática o mecánica, sino que debe ser lo suficientemente flexible para ponderar las particularidades de cada caso concreto, en resguardo del derecho de acceso a la justicia y el valor superior de la justicia misma.
En el presente caso, no se advierte la existencia de una lesión grave, actual o continuada que amerite un análisis excepcional de fondo, tampoco que el ahora demandante de tutela se encuentre en situación de vulnerabilidad o exista desconocimiento real del acto lesivo; por el contrario, el acto cuestionado corresponde a una resolución judicial emitida en el marco de un proceso penal ordinario, cuya notificación al accionante se realizó de manera oportuna, el 7 de julio de 2022. Sin embargo, la presente acción tutelar fue interpuesta recién el 9 de enero de 2023; es decir, fuera del plazo legal de seis meses previsto por el art. 129.II de la CPE. Al respecto, cabe señalar que el plazo vencía el sábado 7 de enero de 2023, día inhábil judicial; sin embargo, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos como el Buzón Judicial, que permite la presentación de escritos incluso fuera del horario judicial o en días no laborables, conforme al art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). En consecuencia, el solicitante de tutela contaba con una vía eficaz y accesible para interponer la acción de amparo constitucional dentro del término, pero no hizo uso de ella; configurando así una inactividad procesal injustificada. Consecuentemente, al no haberse establecido en la especie ninguna de las causales que habiliten la excepción al principio de inmediatez, por lo que, al haberse presentado la acción fuera del plazo legal y no concurrir circunstancias excepcionales que justifiquen su flexibilización, corresponde declarar la extemporaneidad de la presente acción de defensa; y en consecuencia, denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo.
De la revisión de antecedentes, se tiene que Gonzalo Flores Céspedes y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de memorial cursante de fs. 122 a 124, presentaron un informe ante la “Sala Constitucional” del referido Tribunal, cuando los mismos no fueron notificados como autoridades demandadas.
Al respecto, corresponde remitirnos al art. 33.2 del CPCo, que determina los requisitos que toda acción de defensa deberá contener: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”; normativa que no fue considerada por el abogado de la parte peticionante de tutela, pues de obrados se advierte que en varias oportunidades tuvo que cambiar de autoridades demandadas en razón de que las autoridades señaladas como demandadas ya no fungían en el cargo y en forma posterior a los miembros de la Sala que emitieron el Auto de vista 47 impugnado, mediante la presente acción de amparo constitucional, por lo que es pertinente llamar la atención a dicho profesional, por la falta de identificación oportuna de las mismas a tiempo de la interposición de la acción tutelar, lo cual ocasionó además una demora innecesaria en el trámite procesal de la presente acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-023/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 135 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado; y, 2° Llamar la atención a Henry Alvaro Pinto Dávalos, Abogado patrocinante de la parte accionante, por la falta de identificación oportuna de las autoridades demandadas y ocasionar una dilación innecesaria en la tramitación de la presente acción de amparo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0284_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6c4051b7b4ff8224425fc508602a0479740bbd9443b53096e41be0b769785b3a
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