Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la jubilación, a una vejez digna con calidad y calidez humana; y, de la garantía del debido proceso; toda vez que, mediante Resolución 014325, se realizó el recálculo de su Renta Única de Vejez, fijándose una renta equivalente al cien por ciento de su promedio salarial por Bs4 136,06.- y se determinó un supuesto cobro indebido de Bs793,20.-; sin embargo, ese recálculo se sustentó en salarios incorrectos de los últimos veinticuatro meses, puesto que el SENASIR utilizó el monto de Bs120 917,58.- en lugar de los Bs139 430,42.-; es decir, solo considera los salarios eventuales ganados en el Fondo Complementario Fabril y omite los salarios percibidos en FONCOMIN, lo que alteró el salario base de cálculo y le generó una reducción indebida en la cuantificación de sus rentas. Ante ello, la autoridad demandada sostiene que la acción de amparo constitucional es improcedente por vulnerar el principio de subsidiariedad, ya que el accionante fue notificado el 11 de diciembre de 2001 con la Resolución 014325 cuestionada, que recalculó su Renta Única de Vejez, y no presentó el recurso de reclamación dentro del plazo legal de cinco días; además, el impetrante de tutela pretende aplicar de forma incorrecta normas del procedimiento administrativo general, pese a que en materia de seguridad social existe un procedimiento especial, habiendo esperado más de veintidós años para interponer la acción de amparo constitucional, mientras percibió regularmente su renta -equivalente al cien por ciento del promedio salarial- …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 441 a 443, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58888-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 121/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 441 a 443, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Serapio Espada Lascano contra Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).
Por memoriales presentados el 30 de marzo y 13 de abril de 2023, cursantes de fs. 21 a 28; y, 31 a 33, el accionante manifestó lo siguiente:
En su condición de “profesional Matemático Actuario”, prestó servicios desde 1953 hasta 1996 en diversas instituciones, culminando su actividad laboral en el Fondo Complementario Minero (FONCOMIN); asimismo, de manera simultánea y durante el goce de sus vacaciones, entre los meses de julio y noviembre de 1996, brindó servicios profesionales en el Fondo Complementario Fabril, bajo el siguiente cómputo de salarios: a) En FONCOMIN, el cómputo de los salarios de los últimos veinticuatro meses alcanzó la suma de Bs108 683,16.- (ciento ocho mil seiscientos ochenta y tres 16/100 bolivianos); b) En el sector eventual, correspondiente al Fondo Complementario Fabril, los salarios cotizados durante cinco meses sumaron Bs30 747,26.- (treinta mil setecientos cuarenta y siete 26/100 bolivianos); y, c) Por tanto, se cuenta con la suma total de salarios cotizables debidamente acreditados de Bs139 430,42.- (ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta 42/100 bolivianos).
Estos montos, debidamente respaldados en documentación oficial, generaron posteriormente confusión en la emisión de resoluciones administrativas, dado que: 1) Mediante Resolución 2670 de 20 de marzo de 1997, el Fondo de Pensiones Básicas concedió la Renta Complementaria de Vejez por Bs1 537,15.-(mil quinientos treinta y siete 15/100 bolivianos), equivalente al cuarenta por ciento del Salario Base de Cálculo, utilizando correctamente la totalidad de los salarios cotizables; es decir, Bs139 430,42.-, y determinando un Salario Base de Cálculo de Bs3 842,88.- (tres mil ochocientos cuarenta y dos 88/100 bolivianos); 2) Más tarde, el mismo Fondo de Pensiones, mediante Resolución 005069 de 14 de mayo de 1997, estableció la Renta Básica de Vejez por Bs2 075,12.- (dos mil setenta y cinco 12/100 bolivianos), equivalente al sesenta por ciento; no obstante, excluyó indebidamente los salarios cotizados en el Fondo Complementario Fabril, utilizando únicamente la suma de Bs108 683,16.-; y, 3) Con la nueva administración a cargo del SENASIR, se emitió la Resolución 014325 de 15 de noviembre de 2001 -ahora cuestionada-, la cual dispone el recálculo para establecer como Renta Única de Vejez con el cien por ciento, incurriendo en errores; puesto que: i) El SENASIR utilizó el monto de Bs120 917,58.- (ciento veinte mil novecientos diecisiete 58/100 bolivianos), en lugar de los Bs139 430,42.-; es decir, solo considera los salarios eventuales ganados en el Fondo Complementario Fabril y omite los salarios percibidos en FONCOMIN; ii) Este error afectó el cálculo del Salario Base de Cálculo, que debió ser Bs3 842,88.-; y, iii) Como resultado, se generó una diferencia mensual de Bs230,61.- (doscientos treinta 61/100 bolivianos) en la Renta Básica de Vejez, que, acumulada en 312 mensualidades y 26 aguinaldos, suma Bs77 946,18.- (setenta y siete mil novecientos cuarenta y seis 18/100 bolivianos); y, Bs92,56.- (noventa y dos 56/100 bolivianos) en la Renta Complementaria de Vejez, que, acumulada en 338 pagos, totaliza Bs31 285,28.- (treinta y un mil doscientos ochenta y cinco 28/100 bolivianos); en consecuencia, el monto total adeudado por concepto de reintegros en rentas de vejez asciende a “Bs109 341,46.-”, más la actualización de acuerdo con las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). No presentó recursos en sede administrativa, puesto que considera que no son idóneos.
Denunció la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la jubilación, a una vejez digna con calidad y calidez humana; y, de la garantía del debido proceso; citando al efecto los arts. 45.I y IV, 67.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo; a) Se reconozcan todos sus salarios cotizables correspondientes a su cargo principal y simultáneo que “…alcanzan a Bs. 139.430,42 con Salario Base de Cálculo de Bs. 3.842,88…” (sic); b) Se desestime “…la idea de utilizar como monto de salarios Bs. 120.917,58 con Salario Base de Cálculo de Bs. 3.458,54…” (sic) para la calificación de su renta básica y complementaria de vejez; y, c) Se le reintegre las diferencias resultantes en la renta básica y complementaria de vejez a cargo del SENASIR, aplicando la actualización mediante las UFV.
Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 436 a 440 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: 1) El SENASIR realizó un recálculo, reduciendo la base salarial a Bs120 917,58.- omitiendo los aportes correspondientes a los meses de julio a noviembre de 1996 en FONCOMIN, a pesar de que estos salarios eran superiores a los del Fondo Complementario Fabril; y, 2) Se presentaron reclamos y boletas de pago que acreditaban dichos aportes, pero el SENASIR mantuvo el recálculo, considerando únicamente los aportes del Fondo Complementario Fabril lo que vulnera su derecho a la seguridad social.
Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR, mediante informe escrito cursante de fs. 43 a 52 vta., y en audiencia, a través de sus representantes legales, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: i) La acción de amparo constitucional resulta improcedente debido al incumplimiento del principio de subsidiariedad, dado que el impetrante de tutela fue notificado con la Resolución 014325 -ahora cuestionada-, el 11 de diciembre de 2001 y se le hizo conocer que tenía un plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso de reclamación; sin embargo, el accionante no utilizó los recursos legales; ii) El impetrante de tutela intentó aplicar el procedimiento administrativo común, señalando que recálculo realizado era ilícito, ya que no cumplía con los requisitos del art. 6 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo (DS) 23318-A-; sin embargo, desconoce el principio de especialidad que rige en el ámbito de la Seguridad Social, tal como lo establece el DS 27113 de 23 de julio de 2003 y la “…Resolución Ministerial 1361 de 4 de diciembre de 1997…” (sic), que dispone que las reclamaciones en calificación de rentas deben tramitarse ante la Comisión de Reclamación dentro de un plazo perentorio de cinco días hábiles; iii) El accionante tomó conocimiento de la Resolución 014325 el 11 de diciembre de 2001, pero no presentó su acción de amparo constitucional hasta más de veintidós años después, esta dilación en la presentación de la acción evidencia que no existe un daño inminente ni irreparable, y demuestra la intención del peticionante de tutela de utilizar la justicia constitucional para incrementar su renta y subsanar su omisión de impugnar oportunamente las resoluciones administrativas; iv) La Resolución 014325, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, realizó un nuevo cálculo de la Renta Única de Vejez, corrigiendo errores de cálculo conforme al art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social -DS 5315 de 30 de septiembre de 1959-, esta Resolución otorgó al peticionante de tutela una renta equivalente al cien por ciento de su promedio salarial, por lo que no se observa ninguna actuación arbitraria; v) No se identificó de manera clara y concreta el derecho o garantía constitucional vulnerado, limitándose a realizar cálculos matemáticos sin sustento normativo, por lo que la renta de vejez que recibe está conforme a las disposiciones legales; y, vi) Las notas presentadas por el impetrante de tutela fueron respondidas el 15 de noviembre de 2022, notificada el 14 de diciembre del mismo año, en la que se atendieron sus observaciones de manera clara.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 121/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 441 a 443, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no cumplió con los presupuestos de procedibilidad de la acción de amparo constitucional, ni siquiera con los más elementales; la vía postulada por el impetrante de tutela ha sido extremadamente deficitaria; b) El impetrante de tutela no cumple con el principio de inmediatez, toda vez que el acto impugnado data del año 2001, mientras que la acción de amparo constitucional fue interpuesta recién el 30 de marzo de 2023; en consecuencia, el plazo razonable de seis meses previsto para la interposición de la acción ha sido ampliamente superado; c) Aun en el supuesto excepcional de que la Sala Constitucional considerara superado el principio de inmediatez -por ejemplo, ante la inexistencia de consentimiento, la condición de persona adulta mayor o la presencia de enfermedad grave e incurable-, la acción igualmente resultaría improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad, dado que, en el presente caso, el peticionante de tutela fue debidamente notificado con la Resolución 014325, que le otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles para interponer el recurso de reclamación, el cual no fue utilizado oportunamente; d) Conforme la teoría general de la acción, aplicable tanto en sede jurisdiccional como administrativa, quien no impugna oportunamente una decisión consiente sus efectos, tornando jurídicamente inoponible cualquier pretensión posterior contra el acto firme; y, e) La pretensión del impetrante de tutela no puede circunscribirse a la tutela del derecho a la petición, el cual se activa únicamente cuando existe inactividad de la administración pública frente a una solicitud concreta y permite acudir ante un Tribunal de garantías para obtener un pronunciamiento oportuno; si bien el accionante refiere haber presentado diversas notas ante el SENASIR, el debate constitucional no versa sobre la falta de respuesta administrativa, sino sobre la validez de actos administrativos firmes; en ese marco, la presentación de notas, memoriales o incidentes administrativos no suspende ni reactiva plazos legales, tampoco sustituye los recursos administrativos previstos por ley; por lo que la Resolución cuestionada fue debidamente notificada y contaba con un medio de impugnación específico, por consiguiente no puede ser revisada mediante acción de amparo constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 005069 de 12 de mayo de 1997, por la cual la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones otorga a favor de Serapio Espada Lascano -ahora accionante- Renta Básica de Vejez, en el equivalente al sesenta por ciento de su promedio salarial, cuyo monto es Bs2 075,12.-, disponiendo su cancelación a partir del mes de “ENERO de 1997” (fs. 288 vta.). II.2. Se tiene Formulario “FORM-03” de la Dirección de Pensiones del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, correspondiente al accionante, sector COMIBOL, en el que se consignan datos relativos al recálculo de renta y liquidación respectiva; cursa Resolución 014325 de 15 de noviembre de 2001, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones referida, mediante la cual se dispone el recálculo de renta única de vejez equivalente al cien por ciento de su promedio salarial, por el monto de Bs4 136,06.- (cuatro mil ciento treinta y seis 06/100 bolivianos) y se determina la existencia de un cobro indebido por la suma de Bs793,20.- (setecientos noventa y tres 20/100 bolivianos), a ser descontado mensualmente en el equivalente al veinte por ciento de la renta; y, notificación al accionante en la misma fecha -15 de noviembre de 2001-, señalándole que cuenta con el plazo de cinco días hábiles y perentorios para interponer recurso de reclamación (fs. 231 y vta.). II.3. Por Formulario “FORM-03” de la Dirección de Pensiones del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, correspondiente al accionante, con datos relativos a la fusión de rentas y liquidación; cursa la Resolución 014326, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, por la cual se dispone la fusión de rentas en una sola boleta de los sectores Magisterio y Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), por el monto total de Bs5 516,53.- (cinco mil quinientos dieciséis 53/100 bolivianos), correspondiendo al sector Magisterio la suma de Bs1 380,47.- (mil trescientos ochenta 47/100 bolivianos) y al sector COMIBOL la suma de Bs4 136,06.-; y, notificación al accionante en la misma fecha -15 de noviembre de 2001-, señalándole que cuenta con el plazo de cinco días hábiles y perentorios para interponer recurso de reclamación (fs. 232 y vta.).
II.4. Mediante nota presentada el 21 de julio de 2021, ante Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR -ahora demandado-, el accionante alegó errores de cómputo en las Resoluciones 014325 y 014326; cuestiona el recálculo, el descuento de un supuesto cobro indebido, la competencia de la Comisión de Calificación de Rentas para dejar sin efecto resoluciones anteriores, la omisión de salarios correspondientes al Fondo Complementario Fabril, así como la legalidad del procedimiento de recálculo y fusión de rentas; solicita expresamente la emisión de tres resoluciones administrativas; una que anule las Resoluciones “005069, 002670 y 05282”; otra que deje sin efecto el cobro de Bs793,20.-; y, una tercera que esclarezca la modificación de los montos salariales considerados para el cálculo de su renta (fs. 170 a 171). II.5. Consta respuesta del SENASIR emitida el 1 de octubre de 2021 y notificada al asegurado -impetrante de tutela- mediante CITE: SENASIR/D.G.E./U.N.O./A.D.R. 455/2021, mediante la cual se atiende la solicitud presentada el 21 de julio de mismo año respecto a la aclaración y emisión de resoluciones complementarias sobre la calificación de sus rentas básica y complementaria de los sectores COMIBOL y Magisterio; por el cual se informa que, conforme a la revisión de antecedentes y Formularios de Liquidación de Renta, la Comisión de Calificación de Rentas procedió a dictar la Resolución 014325, disponiendo el recálculo de la Renta Única de Vejez por modificación del promedio salarial, en cumplimiento del art. 477 del DS 5315 y concordante con el art. 5 del DS 23004 de “septiembre” -lo correcto es diciembre- de 1991, y que los montos se calcularon tomando en cuenta los últimos veinticuatro meses de cotización; siendo notificado el accionante conforme a las formalidades legales el 3 de noviembre de igual año (fs. 155 a 158 vta.). II.6. Cursa nota presentada el 15 de noviembre de 2021 por el peticionante de tutela ante la autoridad ahora demandada, en el cual cuestiona los cálculos contenidos en la Resolución 014325; solicita su corrección, incluyendo la incorporación de los salarios del Fondo Fabril, la revisión de cobro indebido de Bs793,20.-, y el reconocimiento de la suma de Bs86 053.- (ochenta y seis mil cincuenta y tres bolivianos), por diferencias de cálculo, más actualizaciones según la UFV; en caso de negativa a sus planteamientos, anuncia “…APELACIÓN ante la Corte Departamental de Justicia de La Paz de conformidad al artículo 256 del Código Procesal Civil…” (sic [fs. 140 a 146]). II.7. Mediante Nota CITE/SENASIR/D.G.E./U.N.O/A.D.R. 844/2022 de 15 de noviembre de 2022, la autoridad demandada brindó respuesta complementaria a las observaciones formuladas por el accionante respecto al recálculo de su Renta Única de Vejez y la fusión de rentas; por el cual señala que el recálculo dispuesto por Resolución 014325 fue efectuado en ejercicio de las facultades legales de revisión de prestaciones previstas en el art. 477 del DS 5315 y normativa conexa, ante la modificación del promedio salarial, determinado con base en la documentación existente en el expediente administrativo; asimismo, se precisa que el salario base fue calculado conforme a los parámetros legales aplicables al promedio de los últimos periodos de cotización, incluyendo los periodos acreditados en el Fondo Complementario Fabril, y que la determinación del monto de la renta y de la diferencia considerada como cobro indebido responde a la aplicación de las fórmulas y límites establecidos por la normativa del sistema de reparto; la Resolución 014325 fue notificada al asegurado en diciembre de 2001, otorgándosele el plazo legal de cinco días hábiles para interponer recurso de reclamación, sin que éste hubiese sido ejercido; de igual forma, se aclara que la fusión de rentas dispuesta mediante Resolución 014326 de la misma fecha se realizó conforme al procedimiento técnico-administrativo correspondiente, consolidándose el pago en una sola boleta (fs. 102 a 112). II.8. A través de nota presentada el 30 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela, en respuesta al Informe 844/2022, reiteró sus observaciones al tratamiento de sus rentas básica y complementaria de los sectores FONCOMIN y Fondo Complementario Fabril; además, del cálculo del salario promedio y del Salario Base de Cálculo aplicado en la Resolución 014325; la determinación de montos y porcentajes de la renta, así como la omisión o consideración parcial de salarios y cotizaciones; y, refiere acudir en “…Apelación ante la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz…” (sic [fs. 61 a 69]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la jubilación, a una vejez digna con calidad y calidez humana; y, de la garantía del debido proceso; toda vez que, mediante Resolución 014325, se realizó el recálculo de su Renta Única de Vejez, fijándose una renta equivalente al cien por ciento de su promedio salarial por Bs4 136,06.- y se determinó un supuesto cobro indebido de Bs793,20.-; sin embargo, ese recálculo se sustentó en salarios incorrectos de los últimos veinticuatro meses, puesto que el SENASIR utilizó el monto de Bs120 917,58.- en lugar de los Bs139 430,42.-; es decir, solo considera los salarios eventuales ganados en el Fondo Complementario Fabril y omite los salarios percibidos en FONCOMIN, lo que alteró el salario base de cálculo y le generó una reducción indebida en la cuantificación de sus rentas. Ante ello, la autoridad demandada sostiene que la acción de amparo constitucional es improcedente por vulnerar el principio de subsidiariedad, ya que el accionante fue notificado el 11 de diciembre de 2001 con la Resolución 014325 cuestionada, que recalculó su Renta Única de Vejez, y no presentó el recurso de reclamación dentro del plazo legal de cinco días; además, el impetrante de tutela pretende aplicar de forma incorrecta normas del procedimiento administrativo general, pese a que en materia de seguridad social existe un procedimiento especial, habiendo esperado más de veintidós años para interponer la acción de amparo constitucional, mientras percibió regularmente su renta -equivalente al cien por ciento del promedio salarial- sin evidencia de arbitrariedad, por lo que no se identificó con claridad el derecho constitucional vulnerado, limitándose el reclamo a cálculos matemáticos sin sustento normativo, y señalando que sus observaciones ya fueron respondidas formalmente, la última mediante nota de 15 de noviembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 128 de la CPE, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; asimismo, en su art. 129.I, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (énfasis agregado). La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: “…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).
Por su parte, el principio de inmediatez constituye un requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional, la cual debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración de derechos, o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial, conforme a lo dispuesto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En este sentido, los mecanismos activados previamente a la interposición de la acción de tutela deben ser idóneos y legales. Al respecto, la SC 0079/2007-R de 23 de febrero sostuvo que: “…para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este tipo de recursos, quien recurre de amparo constitucional debe interponer su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta lesión; asimismo, que cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto, el art. 521 del DS 5315, señala: “En el caso de disconformidad del asegurado o de uno de sus derechos habientes, con las prestaciones que se le otorgue por la Caja o directamente por su empleador, dicho interesado podrá hacer uso del recurso de reclamación ante el Consejo ejecutivo de la Caja en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de su notificación. El recurso de reclamación será presentado por el interesado al Departamento jurídico de la Administración Regional de su distrito. En dicho recurso el interesado hará constar en forma precisa sus discrepancias y en que fundamenta su reclamación”. Al respecto, este Tribunal, en la SC 0988/2002-R de 16 de agosto estableció que: “...la Comisión de Calificación de Rentas de la Unidad de Recaudación de la Secretaría Nacional de Pensiones, está facultada para expedir Resoluciones en los casos de calificación de rentas de vejez y otras, en favor de los asegurados con rentas en curso de pago y adquisición. En caso de disconformidad con dicha Resolución el interesado podrá hacer uso del 'recurso de reclamación' para ante la Comisión de Reclamación, en el plazo perentorio de 5 días hábiles desde la fecha de su notificación…”. De lo que se infiere que, el recurso de reclamación es el idóneo para hacer valer los derechos del accionante cuando fueran lesionados, antes de interponer la acción de amparo constitucional, precepto legal y jurisprudencial aplicable al caso de autos, dados los antecedentes que cursan en el expediente.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la jubilación, a una vejez digna con calidad y calidez humana; y, de la garantía del debido proceso; señalando que la Resolución 014325 de 15 de noviembre de 2001 recalculó su Renta Única de Vejez en Bs4 136,06.- y determinó un supuesto cobro indebido de Bs793,20.-, basándose en salarios incorrectos, pues el SENASIR utilizó Bs120 917,58.- en lugar de Bs139 430,42.-, omitiendo salarios percibidos en FONCOMIN y considerando solo los del Fondo Complementario Fabril, lo que redujo indebidamente el cálculo de sus rentas. Al respecto, de la revisión de obrados, se establece que el accionante fue notificado el 11 de diciembre de 2001 con la Resolución 014325, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la cual se dispuso el recálculo de su Renta Única de Vejez; en dicha notificación se le informó expresamente que contaba con el plazo perentorio de cinco días hábiles para interponer el recurso de reclamación previsto por la normativa especial en materia de Seguridad Social de largo plazo; sin embargo, el impetrante de tutela no interpuso recurso alguno dentro del término legal, por lo que la autoridad demandada no tuvo la posibilidad de pronunciarse oportunamente sobre el asunto. Dada esta situación, se advierte el incumplimiento del principio de subsidiariedad, pues la acción de amparo constitucional no puede prosperar cuando el interesado, estando habilitado para utilizar los mecanismos ordinarios de defensa, omite hacerlo sin causa justificada; en el presente caso, no se trata de un recurso defectuosamente planteado o insuficientemente agotado, sino de una inactividad absoluta frente a un acto administrativo plenamente impugnable, lo que impidió que la autoridad administrativa revise y, eventualmente, si es que correspondía, corrija los aspectos que ahora se cuestionan en sede constitucional. Ahora bien, el accionante presentó diversas notas -específicamente, el memorial de 21 de julio de 2021, la nota de 15 de noviembre de 2021 y la nota reiterativa de 30 de diciembre de 2022-; no obstante, interpuso estas solicitudes más de veinte años después de la notificación con la Resolución 014325; tales documentos no constituyen recursos idóneos conforme al ordenamiento jurídico, pues no abren nuevos plazos ni actúan como mecanismos de impugnación; en ese entendido, la normativa de Seguridad Social establece el recurso de reclamación como el medio idóneo para controvertir actos administrativos de calificación de renta, el cual debió agotarse oportunamente, conforme se señala en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; si bien la entidad demandada atendió y respondió dichas notas, este acto no implica la reapertura de plazos ni genera un nuevo acto administrativo con contenido decisorio autónomo; en consecuencia, estas actuaciones no reabren el cómputo del plazo previsto por el art. 129.II de la CPE; admitir lo contrario permitiría la reactivación indefinida de plazos constitucionales mediante simples solicitudes administrativas que carecen de aptitud para modificar una situación jurídica consolidada. En ese sentido, siendo que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 30 de marzo de 2023; es decir, más de veinte años después de la notificación con la Resolución 014325 cuestionada, debe recordarse que el plazo máximo de seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo fue ampliamente superado; no obstante, el impetrante de tutela pretende justificar la activación tardía de la justicia constitucional alegando la presentación de diversas notas y solicitudes ante el SENASIR en gestiones posteriores -como fue señalado-. En mérito a lo expuesto, se concluye que la presente acción de amparo constitucional incumple los principios de subsidiariedad e inmediatez, pues no se precisa qué derecho y cómo se lo habría vulnerado; además, se dirige contra un acto administrativo que gozaba de la vía idónea para su impugnación y pretende reabrir una situación jurídica de hace más de veinte años; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 441 a 443, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0283_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 71b0e7b86cf2f60a813f8338cbb5fc1ec280fe44c1e21580535d3cb91eea9f6f
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