B.IA.LEGAL

SCP 0283/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51514-2022-104-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora accionado emitió Resolución fiscal de aprehensión y orden de aprehensión, ambos de 18 de noviembre de 2022, sin considerar los presupuestos previstos por el art. 226 del CPP, siendo conducida a dependencias de la fiscalía a objeto de prestar su declaración informativa por tercera vez, alegando que se había ampliado la calificación jurídica; sin embargo, su aprehensión es ilegal, pues la autoridad fiscal accionada emitió directamente la citada Resolución fiscal de aprehensión modificando el tipo penal a estelionato con víctimas múltiples, es decir, recalificándolo, cuando respecto al mismo no consta inicio de investigación y/o ampliación, a más que en el caso se sigue con dos víctimas, por lo que se incumple con lo dispuesto en el art. 346 Bis del CP, y tampoco existen nuevos hechos. Al respecto, el Fiscal de Materia accionado sostuvo que antes de la emisión de la orden de aprehensión, el 18 de noviembre de 2022, se puso en conocimiento de la Jueza a cargo del proceso, la recalificación del tipo penal de estelionato con agravante, toda vez que se incorporó una nueva víctima, ameritando por ello que se aplique el art. 337 con relación al 346 Bis del CP, y por ello ante el riesgo inminente de peligro de fuga conforme al informe complementario emitido por el investigador asignado al caso y la entrevista informativa a “la testigo”, al cumplirse los requisitos que establece el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 76 vta. a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme las razones y los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la denuncia constitucional formulada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y el ejercicio del control jurisdiccional del proceso penal.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51514-2022-104-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 08/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 76 vta. a 78, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Heroína Maturano Pinto contra Bryan Ismael Plaza Illanes, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el “21” de noviembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 29 a 31 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Rubén Rodolfo Illanes Vera y Roberto Flores Laruta, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 101102012104856, en el cual el 22 de abril de 2022, el Fiscal asignado al caso emitió imputación formal; empero, el 19 de noviembre de ese año, cuando culminaba su audiencia de medidas cautelares dentro de otro proceso penal también seguido en su contra, fue sorprendida con la “entrega” de una “Resolución” y una orden de aprehensión, ambas de 18 del citado mes y año, además de una citación para prestar declaración informativa. Señala que en esas circunstancias, fue conducida a dependencias del Ministerio Público a objeto de prestar declaración informativa por tercera vez, con el argumento que se había ampliado la calificación jurídica por el delito de estelionato con agravante de víctimas múltiples; sin embargo, su aprehensión es ilegal porque: se la imputó por los delitos de estafa y estelionato, y ninguno de ellos tiene pena privativa de libertad mayor a un año, radicando la ilegalidad en su aprehensión en que Bryan Ismael Plaza Illanes, Fiscal de Materia -hoy accionado- directamente emitió la Resolución fiscal de aprehensión -de 18 de noviembre de 2022- modificando el tipo penal a estelionato con víctimas múltiples, es decir, recalificándolo, cuando respecto al mismo no consta inicio de investigación y/o ampliación, procediendo dicha autoridad a simple discreción; se continúa teniendo solo dos víctimas, por lo que se incumple con lo dispuesto en el art. 346 Bis del Código Penal (CP), dado que deben ser más de tres las víctimas, cuando menos como denunciantes y por un mismo hecho; y, los hechos fundamentados en la citada Resolución, son los mismos por los que se la denunció e imputó, a dicho efecto no existen nuevos hechos, ni nuevas víctimas, y de lo cual se tiene que su persona prestó con anterioridad dos declaraciones el 6 de diciembre de 2021 y el 24 de junio de 2022, por ello respecto a la declaración de “19” de noviembre de igual año, se refirió en el mismo sentido. En consecuencia, el Fiscal de Materia accionado, cometió un abuso al momento de disponer su aprehensión, dado que no aplicó lo previsto en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela alega la lesión de su derecho a la libertad, -vinculado al debido proceso-, citando al efecto los arts. 23.I, y “24” de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 3 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga de manera inmediata su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 76 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar y en réplica al informe presentado por la autoridad fiscal accionada señaló que es evidente lo informado por el nombrado que el día de “ayer” la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca dispuso su libertad inmediata; empero, estuvo aprehendida de manera ilegal más de veinticuatro horas sin una resolución legal.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Bryan Ismael Plaza Illanes, Fiscal de Materia, por informe escrito, cursante a fs. 74, sostuvo que: a) Su autoridad no es el titular del proceso penal seguido contra la ahora accionante, signado con el CUD 101102012104856, habiendo actuado en suplencia legal, en observancia al principio de unidad que rige la labor fiscal; b) Antes de la emisión de la orden de aprehensión, el 18 de noviembre de 2022, se puso en conocimiento de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, la recalificación del tipo penal de estelionato con agravante, toda vez que se incorporó una nueva víctima -Wilber Ronald Tumiri Portillo-, ameritando por ello que se aplique el art. 337 con relación al 346 Bis del CP, y por ello ante el riesgo inminente de peligro de fuga conforme al informe complementario emitido por el investigador asignado al caso y la entrevista informativa a “la testigo”, al cumplirse los requisitos que establece el art. 226 del CPP, se libró la orden de aprehensión fundamentada, que ahora es objeto de esta acción de defensa; y, c) Sobre la orden de aprehensión, fue ejecutada el 19 de ese mes y año a horas 14:30; procediéndose luego con la recepción de la declaración informativa de la hoy accionante; para posteriormente emitir la imputación formal y solicitud de aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, que fue puesta a conocimiento de la autoridad judicial el 20 de dicho mes y año, autoridad que señaló audiencia para el mismo día a horas 18:15, en la cual la impetrante de tutela interpuso incidente de aprehensión ilegal, que fue acogido favorablemente, disponiendo la “…Jueza en suplencia legal…” (sic), su inmediata libertad; por lo que, no existiendo un indebido procesamiento o privación de libertad, solicitó se deniegue la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 76 vta. a 78, denegó la tutela solicitada, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Por los términos de la propia acción de libertad, se desprende que el conflicto jurídico denunciado, surge dentro de un proceso penal que ya se encuentra en la fase de etapa preparatoria, la que se desarrolla bajo el control de la autoridad jurisdiccional llamada por ley; sobre el particular la SC 1442/2011-R de 10 de octubre estableció conforme el art. 54.1 del CPP, la competencia del Juez en cuanto a la posible lesión de derechos y garantías constitucionales dentro de un proceso penal bajo control jurisdiccional, subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que fue ratificada por la SCP 0911/2021-S3 de 10 de noviembre, que a partir del art. 279 del citado Código determina que el Juez de Instrucción Penal es el encargado del control jurisdiccional desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa investigativa de los actos realizados por el Ministerio Público, así como las actuaciones de la Policía Nacional, en tal sentido las partes -procesales- ante cualquier acto vulneratorio de sus derechos deben denunciar previamente ello ante dicha autoridad; y, 2) La accionante estando ya sometida a un proceso penal bajo el control de una autoridad judicial que justamente tiene ese deber jurídico de cautelar el cumplimiento de las garantías procesales, debió acudir ante la misma antes de hacerlo ante la justicia constitucional, por tratarse de una instancia jurisdiccional de actuación oportuna, eficaz e inmediata para verificar si en algún momento de la etapa preparatoria se produjo un acto arbitrario y lesivo a algún derecho fundamental de las partes, ello con el objeto de tomar medidas efectivas que restituyan prontamente el ejercicio pleno del derecho lesionado; pues siendo este proceder propio de la tramitación del proceso penal, la jurisdicción constitucional no puede arrogarse esta tarea, sino solo de manera subsidiaria luego de agotar los mecanismos ordinarios que en todo proceso penal se encuentran latentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del caso signado con CUD 101102012104856, el 22 de abril de 2022, Tito Freddy Ayala Daza, Fiscal de Materia, informó a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, sobre la ampliación de la investigación respecto a Linda Alejandra Matías Maturano y puso en conocimiento la Resolución de imputación formal en contra de Heroína Maturano Pinto -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato (fs. 5 a 18). II.2. Por Resolución fiscal de aprehensión de 18 de noviembre de 2022, Bryan Ismael Plaza Illanes, Fiscal de Materia en suplencia legal -hoy accionado-ordenó la aprehensión de la impetrante de tutela a efectos de ser conducida a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) - ABASTO de la ciudad de Sucre, hasta que la autoridad jurisdiccional defina su situación jurídica (fs. 23 a 26 vta.). Al efecto, consta orden de aprehensión de la misma fecha (fs. 22) II.3. Cursa acta de declaración informativa de 18 de noviembre de 2022, prestada por la peticionante de tutela sobre los hechos denunciados relacionados al delito de estelionato con agravante (fs. 28 y vta). Por memorial de la misma fecha, Guido Enrique Montaño Llanos, Fiscal de Materia, presentó ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, recalificación de la “conducta delictiva” de la ahora accionante por el tipo penal de estelionato con agravación en caso de víctima múltiples (fs. 45) II.4. Mediante memorial de 20 de noviembre de 2022, el Fiscal ahora accionado, informó a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, la aprehensión fiscal realizada, la “…REFORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN FORMAL POR TIPO PENAL…” (sic), y solicitó detención preventiva en contra de la impetrante de tutela (fs. 59 a 73).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora accionado emitió Resolución fiscal de aprehensión y orden de aprehensión, ambos de 18 de noviembre de 2022, sin considerar los presupuestos previstos por el art. 226 del CPP, siendo conducida a dependencias de la fiscalía a objeto de prestar su declaración informativa por tercera vez, alegando que se había ampliado la calificación jurídica; sin embargo, su aprehensión es ilegal, pues la autoridad fiscal accionada emitió directamente la citada Resolución fiscal de aprehensión modificando el tipo penal a estelionato con víctimas múltiples, es decir, recalificándolo, cuando respecto al mismo no consta inicio de investigación y/o ampliación, a más que en el caso se sigue con dos víctimas, por lo que se incumple con lo dispuesto en el art. 346 Bis del CP, y tampoco existen nuevos hechos. Al respecto, el Fiscal de Materia accionado sostuvo que antes de la emisión de la orden de aprehensión, el 18 de noviembre de 2022, se puso en conocimiento de la Jueza a cargo del proceso, la recalificación del tipo penal de estelionato con agravante, toda vez que se incorporó una nueva víctima, ameritando por ello que se aplique el art. 337 con relación al 346 Bis del CP, y por ello ante el riesgo inminente de peligro de fuga conforme al informe complementario emitido por el investigador asignado al caso y la entrevista informativa a “la testigo”, al cumplirse los requisitos que establece el art. 226 del CPP, se libró la orden de aprehensión fundamentada; ejecutada la misma, se recibió la declaración informativa de la hoy accionante, para posteriormente emitir la imputación formal y solicitud de aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, habiendo señalado la autoridad judicial audiencia al efecto para el 20 del citado mes y año, en la cual la impetrante de tutela interpuso incidente de aprehensión ilegal, que fue acogido favorablemente, disponiendo la Jueza, su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y el ejercicio del control jurisdiccional del proceso penal.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional sobre este tópico procesal, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos

POR TANTO

, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas corresponden al texto original). A partir de ello, y precisando el ejercicio del control jurisdiccional en el proceso penal, concretamente en las etapas preliminar y preparatoria respecto a los actos investigativos y el rol del Juez de instrucción, la SCP 0285/2020-S3 de 22 de julio, señaló que: «Siguiendo esta línea de exegesis constitucional, y sobre el reconocimiento de que el control de la investigación dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez de Instrucción Penal, la SCP 1109/2019-S1 de 27 de noviembre, afirmó que: “La SCP 0999/2017-S1 de 11 de septiembre, aplicando la norma procesal sobre el control jurisdiccional dentro del proceso penal y recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto establece que: ‘El art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal. Asimismo, el art. 279 del mismo Código establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional y que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su probidad’. (…)

En el contexto referido, sobre el ejercicio del control jurisdiccional, como parte de las atribuciones del Juez cautelar, la SCP 1821/2014 de 19 de septiembre, en lo pertinente al alcance de dicho control, refirió que: ‘Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración’ Por su parte, la SCP 0397/2015-S3 de 17 de abril, citando la SC 0054/2010-R de 27 de abril, respecto a la vía idónea para conocer y resolver las denuncias acerca de irregularidades efectuadas por los funcionarios policiales o fiscales dentro de las investigaciones emergentes de un proceso penal por la presunta comisión de un delito, expresó lo siguiente: ‘En virtud a lo expuesto se tiene que, la jurisprudencia constitucional dejó establecido que el Juez de Instrucción en lo Penal, conforme a lo previsto en los arts. 54 inc. 1) y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es la autoridad encargada de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y específicamente, de los actos del Ministerio Público y funcionarios policiales, desde los actos iniciales del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere su derecho a la libertad dentro de la investigación, debe acudir ante el Juez cautelar, quien debe pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión y ordene lo que en derecho corresponda y sólo en caso que se agote la vía ordinaria y la supuesta lesión no sea reparada en dicha instancia, recién se activará la jurisdicción constitucional”’» (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene identificado en el Acápite III del presente fallo constitucional, el reclamo que motivó la interposición de esta acción de defensa, trasunta en la presunta inobservancia de los requisitos establecidos por el art. 226 del CPP, al momento de emitir el Fiscal de Materia accionado la Resolución fiscal de aprehensión de 18 de noviembre de 2022, que derivó en la orden de aprehensión ejecutada contra la ahora accionante; en ese contexto de reclamación, es necesario conocer los antecedentes cursantes en el expediente, de los cuales se tiene el inicio de un proceso penal signado con el CUD 101102012104856, dentro el cual el 22 de abril de dicho año, el Ministerio Público puso en conocimiento de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, la Resolución de imputación formal contra la ahora impetrante de tutela, por la supuesta comisión de los delitos de estafa y estelionato (Conclusión II.1). Posteriormente y dentro la citada investigación penal, a través de la indicada Resolución fiscal de aprehensión, el Fiscal de Materia accionado ordenó la aprehensión de la peticionante de tutela a efectos de ser conducida a celdas de la EPI - ABASTO de la ciudad de Sucre, hasta que la autoridad jurisdiccional defina su situación jurídica, cursando al efecto, orden de aprehensión de 18 de noviembre de ese año (Conclusión II.2). Asimismo, se tiene acta de declaración informativa de 18 de noviembre de 2022, prestada por la accionante sobre los hechos denunciados relacionados al delito de estelionato con agravante; y memorial de la misma fecha, por el cual, Guido Enrique Montaño Llanos, Fiscal de Materia, presentó ante la Jueza de Instrucción Penal a cargo del proceso penal, recalificación de la “conducta delictiva” de la ahora impetrante de tutela por el tipo penal de estelionato con agravación en caso de víctima múltiples (Conclusión II.3). Finalmente, se tiene que el 20 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia accionado, informó a la Jueza que ejercía el control jurisdiccional de la investigación, la aprehensión fiscal realizada, la “…REFORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN FORMAL POR TIPO PENAL” (sic), y solicitó detención preventiva en contra de la peticionante de tutela (Conclusión II.4). Así, el referido contexto fáctico procesal, denota por una parte una investigación penal en curso, por la presunta comisión de un hecho delictivo, con la consecuente activación de un proceso penal contra la ahora accionante, sumado de otro lado, a la plena identificación dentro del mismo proceso de la autoridad que ejercía el control jurisdiccional de la investigación; en consecuencia, la aprehensión denunciada de ilegal, y las varias actuaciones cuestionadas que originaron dicha aprehensión debieron ser puestas en conocimiento, en este caso de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, misma que en cumplimiento de su rol emergente de las atribuciones y facultades previstas por los arts. 54.1 y 279 del CPP debía conocer las presuntas irregularidades de la aprehensión ahora cuestionada de ilegal, y en su caso restituir la eventual lesión de derechos que podría haberse suscitado; por lo que, en el caso en estudio concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, al corresponder ello a la vía ordinaria penal. En ese orden, y a mayor abundamiento, ratificando la existencia de subsidiariedad excepcional en el presente caso, no puede soslayarse que de acuerdo al informe de la autoridad fiscal accionada, ratificado por la propia accionante en audiencia de la presente acción de defensa, se tiene que en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 20 de noviembre de 2022, -es decir un día antes a la interposición de esta acción de libertad- la impetrante de tutela habría interpuesto un “…incidente de aprehensión ilegal…” (sic), que habría sido acogido favorablemente, disponiendo la Jueza a cargo del control jurisdiccional, su inmediata libertad, situación que confirma en el caso la concurrencia de la referida subsidiariedad, siendo pertinente la aplicación de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, en cuanto a las vías idóneas para conocer y resolver la legalidad de la aprehensión, cuando es cuestionada a través de un incidente, así la SCP 0263/2018-S1 de 19 de junio, remitiéndose a la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, precisó que: “Conforme a dicho entendimiento, quienes se encuentren bajo control jurisdiccional y se crean afectados en sus derechos a la libertad física y/o libertad de locomoción, podrán acudir ante el Juez cautelar a cargo de la etapa preparatoria, activando su reclamo directamente en la misma audiencia de consideración de medidas cautelares, o si prefiere, con anterioridad a ella, a objeto de obtener una resolución, previo a la determinación de su situación jurídica, exclusivamente con relación a la aprehensión supuestamente ilegal, autoridad que en ejercicio de la atribución conferida por los citados arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, deberá atender previamente a dicho reclamo mediante una resolución debidamente motivada; y, si pese a ello, los afectados consideran que no fueron reparados en sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, entonces corresponderá activar directamente la presente acción, como medio idóneo expedito para determinar la legalidad formal y material de la aprehensión. (…) Sin embargo de lo manifestado, existe otra vía para reclamar una aprehensión considerada ilegal; y, es la activación del incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de la causa, desarrollado por la jurisprudencia constitucional, específicamente en la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, en la que se determinó que: ‘…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’. Cabe precisar que, en caso de activarse este tipo de incidente, impugnando una aprehensión supuestamente ilegal, dicho trámite debe ser concluido en todas sus instancias, y cuando se hubiere obtenido una resolución final, si aún se constatan vulneraciones al derecho a la libertad o de locomoción no reparadas, entonces corresponderá recién acudir a la jurisdicción constitucional mediante el presente mecanismo de defensa” (las negrillas corresponden al texto original). Conforme las razones fácticos procesales expuestas, y el desarrollo de jurisprudencia constitucional aplicable al caso, se reitera que este Tribunal, se ve imposibilitado de ingresar al análisis de fondo del reclamo que motivó la interposición de esta acción de defensa, debiendo denegarse la tutela impetrada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 76 vta. a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme las razones y los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la denuncia constitucional formulada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0283_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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