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SCP 0282/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50696-2022-102-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material; puesto que fue procesada por el mismo hecho, emitiéndose la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo a pesar de haber solicitado en tiempo oportuno la acumulación de los casos con NUREJ 9024489 y 9024490. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC 086/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 91 a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer la nulidad hasta el Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021 en la causa con Número de Registro Judicial 9024489, debiendo la Jueza ahora accionada pronunciar una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Ordenar la cancelación de antecedentes disciplinarios ante el Consejo de la Magistratura de Pando; además de la restitución del salario de la accionante correspondiente a mayo de 2022.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la presentación de la acción de amparo constitucional cuando el plazo venza en día inhábil o feriado
  2. III.2. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho
  3. III.3. Presupuestos de subsidiariedad
  4. III.4. Sobre el principio non bis in ídem. Jurisprudencia reiterada
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0282/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50696-2022-102-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución AAC 086/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 91 a 93 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Laura Vásquez Peñaranda contra Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Disciplinaria Segunda del Consejo de la Magistratura de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 3 de octubre de 2022, cursante de fs. 51 a 59, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de marzo de 2022 fue notificada con la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo que dispuso ilegalmente su suspensión por un mes; en consecuencia, el 31 de igual mes y año solicitó complementación y enmienda que fue resuelta por Auto de 1 de abril de 2022 que fue notificado a su persona en la misma fecha. Anteriormente, el 15 de noviembre de 2021, Milena Hurtado Apinaye representante legal del ahora tercero interesado presentó dos denuncias disciplinarias idénticas contra su persona con Número de Registro Judicial (NUREJ) 9024489 y 9024490, respectivamente, en las que únicamente varía la calificación jurídica o faltas disciplinarias, pues la una se planteó por la contemplada en el art. 187.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y la otra por el numeral 14 del mismo artículo y Ley; empero, denunció el mismo hecho, existiendo identidad en el sujeto -su persona-, el objeto -irregularidades en la tramitación del proceso laboral con NUREJ 9021170- y causa -sanción grave-. En ese orden, en ambas denuncias disciplinarias se acusó el rechazo del recurso de apelación dispuesto por el decreto de 22 de octubre de 2021, cambiando únicamente el tipo de la falta disciplinaria; procesos que fueron conocidos por la Jueza ahora accionada al ser la única que en ese momento se encontraba fungiendo sus funciones, habiendo dictado ambos Autos de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario el 17 de noviembre de 2021. En el caso con NUREJ 9024490, la Jueza hoy accionada emitió la Resolución de 7 de marzo de 2022, que se encuentra en trámite de apelación ante el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, advertida de que se había tramitado contra su persona un segundo proceso por los mismos hechos en el caso con NUREJ 9024489, en la etapa oportuna y junto con su informe solicitó la acumulación de las causas en el marco del art. 103 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado por Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero del Pleno del Consejo de la Magistratura. Pese de lo anterior, la Jueza ahora accionada se desligó de la responsabilidad al momento de pronunciar la Resolución sancionatoria en el caso con NUREJ 9024489, refiriendo que no podía verificar los actuados del otro proceso al encontrarse este en el Tribunal de segunda instancia -pese a que ella misma resolvió la primera causa-; y al mismo tiempo, señaló que su persona -accionante- debía acudir al superior en grado para que se respete su derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Ante la señalada determinación, solicitó complementación y enmienda para que se aclaren los actos que dieron inicio y finalización a la etapa investigativa, para verificar si su informe circunstanciado y la respuesta a la denuncia fueron presentadas en la etapa investigativa correspondiente, respondiendo la referida Jueza que el mencionado informe se encontraba dentro de dicha etapa, lo que demuestra que su petición de acumulación de la causa fue omitida de manera discrecional, consumándose la vulneración de sus derechos al ser sancionada dos veces por el mismo hecho. Además, la Jueza hoy accionada lesionó el principio de verdad material al indicar que no podía verificar los actuados por encontrarse el otro proceso en trámite ante el Tribunal de segunda instancia y que debía acudir a esa instancia. En ese sentido, llama la atención que ambos procesos con NUREJ 9024489 y 9024490 no se hayan tramitado de manera conjunta, más aún cuando existía una única autoridad disciplinaria -hoy accionada-; razón por la cual, no pudo desconocer el mismo hecho en dos procesos y en ambos declarar probada la denuncia, primero, por el numeral 9 y luego por el 14, ambos del art. 187 de la LOJ, tal como consta en la copia de la Resolución Disciplinaria 08/2022 de 7 de marzo, dictada en la causa bajo el NUREJ 9024490, adjunta a la presente acción tutelar, más aún, cuando la Jueza ahora accionada podía pedir copias al superior en grado o documentación a las partes, lo que deviene en la nulidad de obrados del caso NUREJ 9024489 al vulnerarse el principio non bis in ídem establecido en la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y el art. 7.VI del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental concordante con el parágrafo VII del mismo artículo referido al principio de verdad material, como lo “…ha entendido la AUTORIDAD SUMARIANTE NACIONAL al disponer probada mi denuncia contra de la Juez accionada el 28 de julio de 2022; y en el Recurso de revocatoria de 30 de agosto de 2022…” (sic). En resumen, al no cumplir la Jueza ahora accionada con el art. 7.VI y VII del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental vulneró sus derechos al non bis in ídem y de verdad material consagrados en la Ley Fundamental.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material; citando al efecto los arts. 117.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) La nulidad hasta el Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021 en la causa con NUREJ 9024489 “…y en su lugar emita otro disponiendo EL RECHAZO DE LA DENUNCIA bajo el principio NON BIS IN IDEM” (sic); b) La cancelación de antecedentes disciplinarios ante el Representante Distrital Pando del Consejo de la Magistratura; y, c) La restitución de su salario correspondiente a mayo de 2022. Asimismo, en el “OTROSÍ 1” pide como medida cautelar que se ordene a la Autoridad Sumariante no ejecutar el proceso de destitución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 90 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) Fue procesada y sancionada por un mismo hecho, pese a que solicitó la acumulación de causas en tiempo oportuno, vulnerándose su derecho establecido en los arts. “17.II” y 115.II de la CPE; 2) La Jueza hoy accionada pese a tener conocimiento de la acumulación de causas -NUREJ 9024489 y 9024490-, incurrió en una vía de hecho al emitir la “Resolución 030/2022 de 30 de marzo”; 3) Fue suspendida de sus funciones en mayo de 2022; y, 4) Se señaló que la presente acción tutelar fue presentada fuera de plazo, puesto que la Resolución fue emitida el “30 de marzo”; no obstante, solicitó complementación y enmienda el “31 de ese mes” y el “1 de abril” fue notificada con el Auto que concedió dicha complementación y enmienda, y siendo el “1 de octubre” día sábado, la ley determina que la presentación sea realizada al día siguiente hábil; es decir, el “3 de igual mes”; asimismo, respecto a la subsidiariedad esta se apertura ante la existencia de medidas de hecho, por lo cual, en la presente causa no se requiere agotar la subsidiariedad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Disciplinaria Segunda del Consejo de la Magistratura de Pando, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional pese a su citación cursante a fs. 62.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Milena Hurtado Apinaye en representación legal de Regis Germán Richter Alencar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa manifestó que: i) Fue planteada esta acción tutelar denunciando vías de hecho; empero, no corresponde la tramitación en ese sentido al devenir el proceso de una denuncia disciplinaria que cuenta con un Reglamento propio, por lo que la presente acción de amparo constitucional resulta improcedente; ii) El “30 de marzo” se efectuó la solicitud de acumulación; aspecto que fue notificado en la misma fecha, por lo que la acción tutelar fue planteada fuera del plazo de los seis meses previstos por ley; iii) El proceso disciplinario inicia con el auto de admisión y es tramitado hasta la emisión de la sentencia, para posteriormente, presentar recurso de apelación que sube a la Sala Disciplinaria, “…aquí ya hay 2 resoluciones emitidas por los Consejeros de la Magistratura y no vemos que hayan sido accionados por lo que se estaría vulnerando su derecho” (sic); iv) Se adjuntó como prueba una solicitud de complementación y enmienda y el recurso jerárquico planteado por la Jueza ahora accionada con relación al proceso seguido por la accionante, no pudiendo mezclarse un procedimiento con otro al existir una resolución sancionatoria a la Jueza hoy accionada; v) Respecto al principio-garantía non bis in ídem, no se sancionó a la accionante por una misma falta disciplinaria sino que las faltas se encuentran en cada articulado y ante su incumplimiento se genera responsabilidad; es decir, son faltas diferentes, no existiendo doble sanción, más aún contra las “resoluciones” que adquirieron firmeza no se planteó ningún recurso; y, vi) La “SCP 148/2010” hace mención a las vías de hecho que no pueden confundirse con el procedimiento administrativo cuyas etapas precluyen. Por todo lo anotado anteriormente, solicita se declare improcedente la presente acción de defensa y se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución AAC 086/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 91 a 93 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La Jueza ahora accionada dentro del caso con NUREJ 9024489 emitió la Resolución Disciplinaria 10/2022 a través de la que sancionó a la accionante con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes, determinación que fue apelada fuera de plazo según decreto de 11 de abril de 2022 y Auto de 8 de igual mes y año, siendo que el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental establece un procedimiento y plazo para el planteamiento del recurso de apelación, pero la accionante pretende que esa Sala Constitucional analice todo el proceso disciplinario sin considerar que la Norma Suprema determina que antes de acudir a la vía constitucional deben agotarse las vías establecidas por ley, lo cual fue incumplido por la accionante, puesto que planteó de manera extemporánea su recurso de apelación, por lo que las autoridades de segunda instancia no tuvieron oportunidad de pronunciarse respecto a la supuesta vulneración de derechos, no pudiendo esa instancia resolver directamente la citada transgresión; b) La accionante indicó que reclamó la acumulación de los procesos disciplinarios -NUREJ 9024489 y 9024490- y que la Resolución sancionatoria de 30 de marzo de 2022 no dio curso a su denuncia; en ese sentido, el acto supuestamente lesivo sería la Resolución Disciplinaria 10/2022, por consiguiente, corresponde computar el plazo de inmediatez desde la notificación con esa Resolución Disciplinaria, la cual fue efectuada en la precitada fecha, siendo planteada la presente acción tutelar el 3 de octubre de 2022. En consecuencia, transcurrieron más de los seis meses determinados en la Norma Suprema, no pudiendo la accionante reclamar vulneración alguna cuando fue ella quien provocó su indefensión. De esa manera, corresponde declarar la improcedencia de la presente acción de defensa, al incumplir la accionante el plazo de inmediatez, además de existir medios o recursos previstos por ley para denunciar la presunta vulneración, y si bien efectuó el reclamo mediante recurso de apelación, el mismo fue rechazado por su extemporaneidad; c) La accionante señaló que denunció vías de hecho, por lo que debería abstraerse el principio de subsidiariedad, empero, en la presente causa no se advierten tales vías de hecho, porque el proceso disciplinario fue iniciado a denuncia de la representante legal del hoy tercero interesado, y para ese proceso la Ley del Órgano Judicial y el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental estipulan un procedimiento, teniendo la accionante los medios y recurso previstos por ley para hacer prevalecer sus derechos; y, d) Respecto a que la inmediatez debió ser computada a partir de la complementación y enmienda, si bien en primera instancia no se percibió esa situación; sin embargo, subsiste la improcedencia de la acción por subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial de denuncia presentado el 15 de noviembre de 2021 a las 15:17 horas con NUREJ 9024490, por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado legalmente por Milena Hurtado Apinaye -hoy tercero interesado- contra Elizabeth Laura Vásquez Peñaranda -ahora accionante- por la presunta comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.9 de la LOJ por negligencia en la tramitación del proceso signado con NUREJ 9021170 (fs. 23 a 25 vta.); causa que fue admitida por Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021 (fs. 27 a 28 vta.), emitiéndose por parte de Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Disciplinaria Segunda del Consejo de la Magistratura de Pando, -hoy accionada- la Resolución Disciplinaria 08/2022 de 7 de marzo, que declaró probada la denuncia contra la accionante por la presunta responsabilidad disciplinaria establecida en la primera parte del art. 187.9 de la LOJ imponiéndole la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 29 a 35 vta.). II.2. Por memorial de denuncia presentado el 15 de noviembre de 2021 a las 15:15 horas con NUREJ 9024489, por la representante legal del hoy tercero interesado contra la accionante por la presunta comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la LOJ (fs. 5 a 7 vta.); proceso que fue admitido por Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre del mismo año (fs. 8 a 9 vta.), pronunciando la Jueza hoy accionada la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo que declaró probada la denuncia contra la accionante por la presunta responsabilidad disciplinaria establecida en la primera parte del art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 10 a 17 vta.), fallo que fue notificado a la accionante en la misma fecha de su emisión (fs. 18). Posteriormente, el 31 de ese mes de 2022, la accionante planteó complementación, aclaración y enmienda (fs. 19 y vta.), dictándose el Auto de 1 de abril de igual año que aclaró que el informe circunstanciado de la accionante se encontraba dentro de la etapa investigativa de acuerdo al Auto de 4 de marzo de 2022 (fs. 20); con el Auto de 1 de abril del referido año la accionante fue notificada en la misma fecha (fs. 21). II.3. Consta Auto de 8 de abril de 2022 que declaró ejecutoriada la Resolución Disciplinaria 10/2022 al no haberse planteado recurso de apelación por ninguna de las partes del proceso disciplinario (fs. 76). En la misma fecha, la accionante interpuso recurso de apelación contra la señalada Resolución Disciplinaria (fs. 77 a 83 vta.), mereciendo como respuesta el decreto de 11 del mismo mes y año que indicó que esté a lo resuelto por Auto de 8 de ese mes y año (fs. 84). II.4. Mediante Resolución Final 58/2022 de 28 de julio, la Autoridad Sumariante Nacional del Consejo de la Magistratura declaró probada la denuncia interpuesta por la accionante contra la Jueza hoy accionada, imponiéndole una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes, por cuanto: “…se advierte que la servidora judicial Teodora Sonia Montero Rocha, Juez Disciplinario Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, al sustanciar y sancionar a Elizabeth Laura Vásquez Peñaranda (…) en dos procesos disciplinarios con identidad de sujeto, objeto y causa acomodó su conducta a la falta prevista en el numeral 22 del art. 93 del Reglamento Interno de Control de Personal Área Administrativa del Órgano Judicial (…) concordante con el art. 103 del Reglamento de Procesos Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental…” (sic [fs. 36 a 43]); dicha Resolución Final fue confirmada en revocatoria por Resolución R.R./A.S.N. 09/2022 de 30 de agosto (fs. 44 a 49); determinación que a la interposición de la presente acción tutelar se encontraba en etapa de recurso jerárquico (fs. 70 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material; puesto que fue procesada por el mismo hecho, emitiéndose la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo a pesar de haber solicitado en tiempo oportuno la acumulación de los casos con NUREJ 9024489 y 9024490. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la presentación de la acción de amparo constitucional cuando el plazo venza en día inhábil o feriado

La SCP 0858/2017-S2 de 21 de agosto, estableció que: “Con carácter previo a dilucidar la temática que se trae a colación en este Fundamento, en virtud a las aseveraciones realizadas y las discrepancias de criterio expuestas tanto por la parte accionante, los Vocales ahora demandados, la tercera interesada y el Juez de garantías; es necesario hacer notar que el anterior Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en varias problemáticas que fueron de su conocimiento sobre las diversas materias que les cupo resolver, estableció jurisprudencialmente la posibilidad de la flexibilización del plazo de presentación de los recursos, demandas, impugnaciones, apelaciones, etc., cuando el vencimiento de esos plazos vencía en un día inhábil o feriado; así se tiene por ejemplo la siguiente jurisprudencia: Sentencia Constitucional 1305/2010-R de 13 de septiembre, que al validar la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, sobre los arts. 140, 141, 142, 220 (plazos para apelar) y 257 (plazo para interponer recurso de casación) del Código de Procedimiento Civil abrogado, señaló: ‘…no puede aducirse como interrupción de los plazos procesales, la suspensión de labores o actividades jurisdiccionales, o como el caso que se analiza el hecho de que en vigencia del plazo para interponer un recurso de apelación o casación hubiera habido algún feriado nacional; señalando que los feriados deben considerarse en el supuesto que, cuando el vencimiento del término para apelar haya coincidido con un día feriado, se traslada al día siguiente hábil, esto a partir de una interpretación sistemática de lo dispuesto por los art. 142 y 1490 del Código Civil (CC); situación última que no ocurrió en el caso de examen, por cuanto el último día que fenecía el término para interponer la apelación contra la Sentencia de usucapión que le era lesiva al accionante, no fue día feriado (6 de enero de 2007)’. Similar entendimiento se plasmó en la SCP 0063/2015-S1 de 10 de febrero. En la SCP 2059/2012 de 8 de noviembre, haciendo referencia al Código Tributario Boliviano y los plazos establecidos en dicha normativa y el que regula la interposición del recurso jerárquico, indicó: ‘La Resolución de alzada fue notificada a la Administración Aduanera el 30 de mayo de 2012, computándose los veinte días que la ley establece a partir del día siguiente a su notificación, contándose días corridos como establece el art. 4.2 del CTB «Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computaran días corridos». (las negrillas añadidas), asimismo la norma precedentemente citada en su art. 206.I, determinó que los plazos son perentorios e improrrogables, señalando que: «…Los plazos empezaran a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación con el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día de su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.»; del caso en análisis, se advierte que el último día del término del plazo no fue día feriado ni día inhábil, por lo que no se podía prorrogar el plazo para la interposición del recurso jerárquico, que feneció el día 19 de junio de 2012, siendo que se computo los veinte días corridos como establece la ley’. Por su parte, la SCP 0170/2013-L de 2 de abril, a tiempo de hacer referencia al cómputo del plazo administrativo determinado en horas, estableció que: ‘…cuando la administración, establezca el cumplimiento de un plazo fijado en horas, el mismo deberá computarse, sólo en días hábiles, tal como lo precisa el art. 19 de la LPA, pero el mismo deberá transcurrir de momento a momento; vale decir, que deberá concluir a la misma hora del día o días hábiles siguientes, en la que se notificó o se publicó el acto administrativo; puesto que al ser un plazo establecido en horas, mal podría concluir a la última hora del día señalado (tal como lo establece el art. 21.II de la referida ley). Sin embargo, cabe también añadir, que si el plazo culminara por cualquier motivo u otro, en una hora inhábil, deberá entenderse que el mismo, concluirá en la hora siguiente hábil, para que de esa manera, se otorgue al administrado, la posibilidad de realizar y ejercer adecuadamente sus actos. En consecuencia, cuando se tenga que computar plazos administrativos establecidos en horas, los mismos deberán realizarse en la forma y manera antes indicada’. Fundamento que aplicado al caso concreto, dilucidó: ‘…que si bien el acto administrativo denunciado, tuvo su origen en la sesión de Asamblea 012/2011 -que culminó a horas 12:51 del viernes 6 de mayo de 2011- el plazo de cuarenta y ocho horas establecido para interponer el recurso de reconsideración, tenía que haber culminado el martes a horas 12:51 y no así el día domingo tal como precisaron las autoridades demandadas; lo que quiere decir, en consecuencia, que al haberse presentado este medio de impugnación, a horas 8:45 del lunes 9 de mayo, se encontraban dentro del plazo establecido para el efecto; motivo por el cual, correspondía que se le brinde la tramitación correspondiente ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, para que la misma determine de acuerdo a sus competencias, lo que fuera en derecho…’. Similar fundamento se expuso en la SCP 0959/2013-L de 27 de agosto. En la SCP 1251/2013-L de 21 de noviembre, al resolver la problemática expuesta por la parte accionante, analizando la normativa y jurisprudencia aplicable a la presentación de la demanda contenciosa administrativa y la culminación del cómputo de plazos procesales en día festivo o inhábil, indicó: ‘…el plazo de noventa días para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, culminaba el día domingo 19 de diciembre de 2011, el mismo que de acuerdo a la normativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es considerado un día inhábil para la realización de actos procesales, en vista de esa situación, el plazo referido se consideraba vencido recién el día lunes 20 del mismo mes y año; bajo ese entendido, al haber planteado el accionante la demanda contenciosa administrativa ese día (lunes 20 de diciembre de 2010), se tiene en base al principio de favorabilidad y pro actione, que la misma se encontraba deducida de forma oportuna y dentro del plazo legal previsto en el art. 780 del CPC; aspecto que al no haber sido tomado en cuenta por las autoridades demandadas, ocasionó la vulneración de los derechos denunciados por el accionante’. Ahora bien, toda vez que la jurisdicción constitucional, como se tiene señalado, ya estableció en otras materias la posibilidad de que, cuando el cumplimiento de los plazos ordinarios o administrativos de los recursos, demandas, impugnaciones o apelaciones, coincidan en días feriados o inhábiles, e incluso en horas inhábiles, éstos se puedan presentar válidamente al día siguiente hábil, surtiendo los efectos legales correspondientes, flexibilizando así el plazo de presentación por vía jurisprudencial de los mismos; en tal sentido y en consideración a esa circunstancia, no es posible consentir desde ningún punto de vista, de que sea el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, el que tenga un criterio restrictivo de esa posibilidad -de presentación al día siguiente hábil-, cuando el plazo de caducidad de seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, para la interposición de la acción de amparo constitucional, venza en un día feriado o inhábil, como actualmente viene realizándose a través de los Autos Constitucionales 0019/2015-RCA de 2 de febrero, 077/2017-RCA, 0102/2017-RCA de 1 y 29 de marzo respectivamente, entre otros. Si bien este Tribunal Constitucional Plurinacional ya esbozó visos de flexibilización a través de la SCP 0397/2016-S2 de 25 de abril, en la que a tiempo de analizar el principio de inmediatez dentro la problemática expuesta por la parte accionante, estableció que: ‘En el caso particular, conforme se tiene de los datos cursantes en el cuaderno procesal, el accionante presentó la acción de defensa que ahora se analiza, el 12 de agosto de 2015, no obstante que con la Resolución que resolvió el recurso jerárquico fue notificado el 9 de enero del mismo año. En este sentido, es evidente la inobservancia del plazo de caducidad, por cuanto la presente acción de defensa debió ser formulada máximo hasta el 9 de agosto de ese año, salvo que el término del cómputo del plazo de caducidad tenga lugar en día inhábil, lo que habilita que la presentación de la presente acción tutelar se extienda hasta el día hábil inmediato’; expresando similar criterio en la SCP 0529/2016-S2 de 23 de mayo; sin embargo, esa referencia constitucional no fue establecida como un razonamiento principal y aplicable a un caso en concreto, lo que impide su utilización como un precedente de carácter vinculante y por consiguiente, de cumplimiento obligatorio.

En consecuencia, a fin de cumplir con el mandato constitucional inserto en el art. 196.I de la CPE, velando por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, y en consideración de los principios pro-actione, en cuya labor hermenéutica de ponderación de derechos fundamentales, se genera la flexibilización de ritualismos extremos ante la vulneración de derechos, prevaleciendo la justicia material (SCP 2266/2012 de 9 de noviembre); y pro homine, para el resguardo de los derechos y garantías referidos, permitiendo en la problemática que se analiza, el derecho de acceso a la justicia material y el ejercicio pleno del derecho a la defensa; corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional establecer de forma expresa que, cuando el plazo de los seis meses previstos para la interposición de la acción de amparo constitucional, venza en un día feriado declarado por ley o en un día inhábil (sábado o domingo), o cualquier otra situación análoga como una suspensión de actividades judiciales departamentales, paro cívico departamental, etc., la referida acción podrá ser presentada válidamente al día siguiente hábil” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por la SCP 0153/2018-S1 de 25 de abril.

III.2. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho

La SCP 0881/2021-S3 de 8 de noviembre, citando a su vez la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, respecto a la definición de las medidas de hecho, los presupuestos para su activación y la finalidad de la tutela constitucional, estableció lo siguiente: «“…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”. En cuanto a la carga probatoria, la supra citada Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó: “Por su parte, si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”».

III.3. Presupuestos de subsidiariedad

La SCP 0057/2014-S3 de 20 de octubre, señaló que: “El art. 128 de la Norma Suprema, estableció la acción de amparo constitucional como un medio de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; por su parte, reconociendo el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el art. 129.I, señaló que: ‘…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’; en ese contexto, el art. 53.3 del CPCo, ha previsto respecto a los presupuestos de improcedencia de esta acción, que ésta no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno; precepto normativo que, de manera expresa prevé el principio subsidiario de la acción de amparo constitucional, entendido éste como la utilización previa de todos los medios y recursos previstos en el ordenamiento jurídico; es decir, que 'no podrá ser interpuesto mientras (…) no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo; así lo ha entendido este Tribunal en su amplia jurisprudencia' (SC 0492/2003-R de 15 de abril); lo que significa que la parte que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato previsto en la vía administrativa o judicial se tenga, antes de acudir a esta jurisdicción constitucional, o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, y una vez agotados dichos medios y no obstante mantenerse subsistente la amenaza, restricción o supresión, recién queda expedita la vía constitucional para la protección de los derechos desconocidos, ya sea cesando la amenaza, restricción o supresión y/o restableciéndolos, y así reparar o reponer las deficiencias de la vía ordinaria, entendimiento que fue reiterado por la jurisprudencia constitucional (SSCC 635/2003-R, 1343/2004-R, 1781/2010-R, 1226/2011-R, entre otras). Del desarrollo de dicho entendimiento jurisprudencial, el anterior Tribunal Constitucional estableció subreglas al principio de subsidiariedad al señalar que el amparo constitucional será improcedente cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’ (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre)” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Sobre el principio non bis in ídem. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0160/2017-S3 de 10 de marzo, citando a la SCP 0962/2010-R de 17 de agosto, que a su vez citó a la SC 0506/2005 de 10 de mayo, señaló que: “‘…El principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento). Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem, cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto’” (las negrillas y el subrayado son añadidos).

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material; puesto que fue procesada por el mismo hecho, emitiéndose la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo a pesar de haber solicitado en tiempo oportuno la acumulación de los casos con NUREJ 9024489 y 9024490. De antecedentes, consta que la representante legal del hoy tercero interesado, presentó denuncia disciplinaria el 15 de noviembre de 2021 a las 15:17 horas con NUREJ 9024490 contra la accionante por la presunta comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.9 de la LOJ por negligencia en la tramitación del proceso signado con NUREJ 9021170; proceso disciplinario que fue admitido por Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021, emitiéndose por parte de la Jueza hoy accionada la Resolución Disciplinaria 08/2022 de 7 de marzo que declaró probada la denuncia contra la accionante por la presunta responsabilidad disciplinaria establecida en la primera parte del art. 187.9 de la LOJ imponiendo la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por un mes sin goce de haberes (Conclusión II.1.). Asimismo, por memorial de denuncia presentado el 15 de noviembre de 2021 a las 15:15 horas con NUREJ 9024489, por la representante legal del hoy tercero interesado contra la accionante por la presunta comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la LOJ por omitir y negar el recurso de apelación planteado por ese ente gubernamental; proceso que fue admitido por Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021, pronunciando la Jueza hoy accionada la Resolución Disciplinaria 10/2022 que declaró probada la denuncia contra la accionante por la presunta responsabilidad disciplinaria establecida en la primera parte del art. 187.14 de la LOJ, imponiendo la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por un mes sin goce de haberes, dicha Resolución Disciplinaria fue notificada a la accionante en la misma fecha de su emisión. Posteriormente, el 31 de ese mes y año, la accionante planteó complementación, aclaración y enmienda, dictándose el Auto de 1 de abril de 2022 que aclaró que el informe circunstanciado de la accionante se encontraba dentro de la etapa investigativa de acuerdo al Auto de 4 de marzo de 2022; con el Auto de 1 de abril del referido año, la accionante fue notificada en la misma fecha (Conclusión II.2.). Luego, por Auto de 8 de abril de 2022 se declaró ejecutoriada la Resolución Disciplinaria 10/2022 al no haberse planteado recurso de apelación por ninguna de las partes del proceso disciplinario. En la misma fecha, la accionante interpuso recurso de apelación contra la señalada Resolución Disciplinaria, mereciendo como respuesta el decreto de 11 del mismo mes y año que indicó que esté a lo resuelto por Auto de 8 de ese mes y año (Conclusión II.3.). Consideraciones previas Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debe considerarse lo alegado por la representante legal del hoy tercero interesado y la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando respecto al incumplimiento del principio de inmediatez. En ese orden, se tiene que el acto lesivo denunciado por la accionante es la Resolución Disciplinaria 10/2022 de 30 de marzo que fue notificada a la accionante en la misma fecha, para luego esta última plantear complementación, aclaración y enmienda, emitiéndose el Auto de 1 de abril de 2022 que fue notificado a la accionante en esa fecha. De esa manera, se advierte que la accionante planteó la presente acción tutelar el 3 de octubre de 2022. En ese sentido, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que respecto a la flexibilización en cuanto al plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional, cuando el mismo venza en día feriado declarado por ley o en un día inhábil (sábado o domingo) o cualesquier otra situación análoga como una suspensión de actividades judiciales departamentales, paro cívico departamental, la referida acción tutelar podrá ser presentada al día siguiente hábil y será considerada válida. Por consiguiente, en la presente causa al vencer el plazo de inmediatez el día sábado 1 de octubre de 2022 -que se constituye en día inhábil-, correspondía la presentación de la acción de amparo constitucional al día siguiente hábil, como lo hizo la accionante al plantear esta acción tutelar el día lunes 3 de ese mes y año. Pese de lo anterior, si se considera que el último actuado emitido en instancia disciplinaria con relación al proceso con NUREJ 9024489, fue el 11 de abril de 2022, de igual forma la accionante se encontraba en plazo para plantear la presente acción tutelar, desvirtuándose de esa manera la afirmación de la representante legal del hoy tercero interesado y de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando sobre el presunto incumplimiento del plazo de inmediatez. En cuando a la denuncia de vías de hecho presuntamente perpetradas por la Jueza ahora accionada, por haber dictado la Resolución Disciplinaria 10/2022 pese a tener conocimiento de la acumulación de las causas con NUREJ 9024489 y 9024490, corresponde mencionar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que la finalidad de la tutela constitucional ante vías de hecho tiene dos finalidades; la primera, evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y la segunda, impedir el ejercicio de justicia por mano propia. En ese sentido, las vías de hecho son definidas como el o los actos cometidos por funcionarios públicos o particulares contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para la administración de justicia, afectando de esa manera derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad; por consiguiente, al ser actos ilegales que atentan contra los pilares del Estado Constitucional de Derecho, la acción de amparo constitucional es idónea para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados a consecuencia de las vías de hecho. En ese orden, para la activación del control tutelar de constitucionalidad respecto a vías de hecho se podrán flexibilizar el principio de subsidiariedad, los presupuestos de legitimación pasiva y del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas, siendo necesario que la o el accionante cumpla con la carga probatoria y acredite de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales determinados para la definición de hechos o derechos, toda vez que a través de la jurisdicción constitucional no pueden analizarse hechos controvertidos. En ese sentido, no puede advertirse la existencia de una vía de hecho administrativa, puesto que la Jueza ahora accionada respondió al planteamiento de la accionante respecto a la acumulación de los procesos disciplinarios con NUREJ 9024489 y 9024490, al momento de emitir la Resolución Disciplinaria 10/2022 indicando que la nombrada debía solicitar la acumulación de procesos de primera instancia; es decir, que fue seguido un trámite previo en el que la accionante asumió su defensa presentando sus descargos y el informe correspondiente, emitiéndose la respectiva Resolución de primera instancia conforme al Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado por Acuerdo 020/2018, razón por la cual, en un principio, no podría flexibilizarse el principio de subsidiariedad.

Respecto al incumplimiento del principio de subsidiariedad La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando al momento de emitir la Resolución AAC 086/2022 venida en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional refirió que el principio de subsidiariedad fue incumplido por la accionante, puesto que planteó de manera extemporánea su recurso de apelación, por lo que las autoridades de segunda instancia no tuvieron oportunidad de pronunciarse respecto a la supuesta vulneración de derechos, no pudiendo esa instancia resolver directamente la citada transgresión. En efecto, conforme se señaló precedentemente, la Resolución Disciplinaria 10/2022 fue ejecutoriada al no haberse planteado recurso de apelación por ninguna de las partes del proceso disciplinario en el plazo determinado por ley (Conclusión II.3.), por lo que la presente acción tutelar se enmarca en la subregla al principio de subsidiariedad referida al planteamiento de un recurso de manera incorrecta, en este caso, por la interposición del recurso de apelación contra la mencionada Resolución Disciplinaria de manera extemporánea; razón por la que al incumplirse el principio de subsidiariedad esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no podría emitir pronunciamiento alguno. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional también establece que las reglas y subreglas al principio de subsidiariedad serán excluidas cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados ocasionen un perjuicio irremediable e irreparable, por lo cual, de manera excepcional procederá la tutela, pese a la existencia de otros recursos pendientes de resolución. Es por lo anteriormente establecido que debe considerarse que la jurisprudencia constitucional determinó que: “…dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que: De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia.

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril). En ese sentido, en virtud al principio de verdad material que “…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal” (las negrillas nos pertenecen [SCP 1662/2012 de 1 de octubre]), corresponde ingresar a analizar el reclamo constitucional que motivó la interposición de esta acción tutelar. Bajo ese contexto, se establece de antecedentes que la Jueza ahora accionada conoció las causas signadas con el NUREJ 9024489 y 9024490 emitiendo los Autos de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021; es decir, en la misma fecha (Conclusiones II.1. y II.2.), por lo cual, en aplicación del art. 103 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado por Acuerdo 020/2018 que determina que: “Procederá la acumulación de procesos disciplinarios por faltas leves y graves, hasta antes de emitirse la clausura de la etapa investigativa, previa verificación de existencia de identidad de sujeto, objeto y causa” (las negrillas son nuestras), y advertida por la accionante de la existencia de la identidad de sujeto, objeto y causa, en el tiempo oportuno conforme consta en el Auto de 1 de abril de 2022 pronunciado por la misma autoridad judicial ahora accionada (Conclusión II.2.) debió, previa verificación de la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa de los procesos disciplinarios bajo el NUREJ 9024489 y 9024490 -puestos a su conocimiento- ordenar la acumulación de las causas, lo cual no aconteció en el presente caso, procediendo dicha Jueza hoy accionada a aplicar a la accionante una sanción similar a la dispuesta por la Resolución Disciplinaria 08/2022 de 7 de marzo pronunciada en el caso con NUREJ 9024490 al momento de emitir la Resolución Disciplinaria 10/2022 en el caso bajo NUREJ 9024489, a raíz de un mismo hecho; es decir, negar -presuntamente- el derecho de apelación del Gobierno Autónomo Departamental de Pando en la causa signada con el NUREJ 9021170, fundando ambas resoluciones en la supuesta dilación incurrida por la accionante al realizar un cómputo erróneo y rechazar el señalado recurso de apelación. Por lo cual, conforme al Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte la vulneración del derecho de la accionante al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material, más aún cuando ese aspecto también fue considerado mediante Resolución Final 58/2022 de 28 de julio emitido por la Autoridad Sumariante Nacional del Consejo de la Magistratura que declaró probada la denuncia interpuesta por la accionante contra la Jueza hoy accionada, imponiendo una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones de un mes sin goce de haberes, por cuanto: “…se advierte que la servidora judicial Teodora Sonia Montero Rocha, Juez Disciplinario Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, al sustanciar y sancionar a Elizabeth Laura Vásquez Peñaranda (…) en dos procesos disciplinarios con identidad de sujeto, objeto y causa acomodó su conducta a la falta prevista en el numeral 22 del art. 93 del Reglamento Interno de Control de Personal Área Administrativa del Órgano Judicial (…) concordante con el art. 103 del Reglamento de Procesos Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental…” (sic); dicha Resolución Final fue confirmado en revocatoria por Resolución R.R./A.S.N. 09/2022 de 30 de agosto; determinación que a la interposición de la presente acción tutelar se encontraba en etapa de recurso jerárquico (Conclusión II.4.). Por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concede la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC 086/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 91 a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus elementos de los principios non bis in ídem vinculado a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, y de verdad material, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer la nulidad hasta el Auto de Admisión de Denuncia e Inicio de Investigación en Proceso Disciplinario de 17 de noviembre de 2021 en la causa con Número de Registro Judicial 9024489, debiendo la Jueza ahora accionada pronunciar una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Ordenar la cancelación de antecedentes disciplinarios ante el Consejo de la Magistratura de Pando; además de la restitución del salario de la accionante correspondiente a mayo de 2022. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0282_2023-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8208a7354c08fc4f679160325b72d2611374c3e272de6e63e30949edab1670ec

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