B.IA.LEGAL

SCP 0282/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 4 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46954-2022-94-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, así como el principio de verdad material, alegando que, dentro del proceso laboral iniciado por Abimael Edwin Zapata Alanoca en su contra, como propietario de la Empresa “LOCOSNET”; mediante Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, los Magistrados de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 213/2019 de 7 de octubre, que a su vez, confirmó la Sentencia 157/2015 de 5 de similar mes, que declaró probada la demanda. Fallo que denuncia fue emitido sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, no habiendo resuelto todos los agravios expuestos en su recurso, menos considerado la prueba ofrecida en la causa que denotaba que la demanda era inviable. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 029/2022 de 2 de marzo, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de inmediatez que caracteriza a esta acción tutelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0282/2023-S2 Sucre, 4 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 46954-2022-94-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 029/2022 de 2 de marzo, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por César Durán Chuquimia contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de noviembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, cursantes de fs. 13 a 25; y, 35 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Abimael Edwin Zapata Alanoca en su contra, como propietario de la Empresa “LOCOSNET”; se dictó Sentencia 157/2015 de 5 de octubre, declarando probada la demanda de forma injusta, sin considerar la prueba presentada; fallo que fue confirmado mediante Auto de Vista 213/2019 de 7 del mismo mes, sin efectuar una debida fundamentación ni tampoco la valoración de la prueba respectiva. Resaltó que, a través de Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado a su vez, el recurso de casación que planteó contra el Auto de Vista antes mencionado; decisión que acusa de ser vulneratoria a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, tomando en cuenta que no resolvió todos los agravios expuestos en su medio de impugnación, habiéndose limitado a transcribir normativa laboral y formular razonamientos escuetos con total ausencia de congruencia. Agregó que, no se observó de la prueba que adjuntó, la imposibilidad que pudiera presentar al momento de la contestación de la demanda, la excepción previa de impersonería conforme al art. 127 del Código Procesal del Trabajo (CPT), siendo que “…la prueba que determina la existencia de depósitos es generada MÁS DE 5 MESES DESPUÉS de contestada la demanda (10 de septiembre de 2015), es decir (…) que (…) DESCONOCÍA LOS DEPÓSITOS QUE UNA TERCERA PERSONA HUBIESE REALIZADO AL DEMANDANTE. Sin embargo, este aspecto fue reclamado tanto en la instancia de apelación (que omitió cualquier tipo de fundamentación) como en casación (que exige una excepción de imposible cumplimiento previo)” (sic). Cuestiones que denotarían la inexistencia del elemento esencial de la relación laboral, que es la remuneración o salario, lo que debió ser verificado según el principio de verdad material. Por otra parte, refirió que, el Auto Supremo 233, omitió fundamentar las razones o porqué la prueba ofrecida no demostraba que el supuesto trabajador demandante, no realizaba otras actividades, habiendo adjuntado asignación de horarios del nombrado que coincidentemente eran iguales a los que acreditaban que tenía clases en la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); lo que demostraba la inconsistencia de la demanda, que incluso fue modificada cambiando el hoy tercero interesado, la versión inicial de la misma; derivando ello, en la transgresión de su derecho a la defensa. Por último, aludió que, se incurrió en inexistente valoración probatoria en todas las etapas del proceso, no habiéndose identificado en primera instancia, alzada ni casación, “…COMO CADA PRUEBA APORTADA NO DESVIRTUARÍA LA DEMANDA PRESENTADA, NI CÓMO O LAS RAZONES POR LAS CUALES LAS PRUEBAS APORTADAS NO PUDIERON SER CONSIDERADAS POR LAS DISTINTAS INSTANCIAS LABORALES” (sic). No habiendo siquiera hecho referencia, por ejemplo, a que el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la matrícula de comercio demostraban cuando inició su actividad laboral, lo que desvirtuaba las fechas supuestamente indicadas como inicio de la inexistencia de relación laboral.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, así como el principio de verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, disponer la nulidad del Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, pronunciado por los Magistrados demandados, disponiendo se emita un nuevo fallo debidamente fundamentado que considere la inexistencia de la relación laboral y retrotraiga obrados hasta la admisión de la demanda laboral por no existir legitimación pasiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública fijada para el 16 de febrero de 2022, fue suspendida por falta de notificación a las autoridades judiciales demandadas (fs. 70 y vta.); desarrollándose finalmente dicho acto procesal el 2 de marzo de ese año, según consta en el acta cursante de fs. 140 a 144, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que inició su actividad comercial aproximadamente en junio de 2013, lo que corroboraría con el NIT y la Matrícula de Comercio, adjuntadas que comprueban como fecha el 17 de julio de ese año; empero, la Sentencia 157/2015, emitida dentro de la causa laboral seguida en su contra, considero como data el 5 de julio de 2012, sin que exista ninguna documentación al respecto; no habiéndose demostrado, por ende, la relación laboral.

I.2.2. Informe de los demandados

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 16 de febrero de 2022, cursante de fs. 129 a 139 (ratificado el 2 de marzo de igual año [fs. 113 a 114]), mediante el que, solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) El impetrante de tutela no cumplió los requisitos de forma y contenido inherentes a la acción de amparo constitucional, planteando su demanda tutelar como si se tratase de otra instancia ordinaria, desconociendo su naturaleza no habiendo sustentado fáctica y normativamente sus pretensiones, menos referido cómo se lesionaron los derechos acusados de transgredidos; b) La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de realizar valoración probatoria e ingresar a verificar la interpretación de la legalidad ordinaria, siendo aquello competencia de la justicia ordinaria; constando una regla que permite la verificación de dicha actividad jurisdiccional cuando se afecten principios constitucionales, lo que exigía que la parte accionante demuestre que la labor interpretativa cuestionada resulta insuficiente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, señalando, en su caso, las reglas de interpretación omitidas por el Tribunal de casación; c) El Auto Supremo 233, explicó con la debida fundamentación y motivación por qué no correspondía la nulidad del Auto de Vista cuestionado conforme se requirió en el recurso de casación en la forma, en el que, además se advierte confusión con el de fondo; habiéndose resuelto todas las supuestas infracciones denunciadas en el marco del derecho y según los principios procesales a los que debe ceñirse la decisión de anular actos; y, por qué no procedía la nueva valoración de pruebas adjuntas al proceso; concluyendo que, si bien el fallo de alzada objetado no efectuó una motivación redundante, considerando los principios que rigen las nulidades, definió que no se observó el de trascendencia y protección que diera lugar a la nulidad impetrada; d) El Auto Supremo 233, se pronunció de otra parte, en lo relativo a cada uno de los puntos de agravio, de forma puntual y en el marco de la normativa y principios que rigen la materia laboral; por lo que, determinó que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia en observancia a los arts. 1286 del Código Civil (CC) y 145 del Código Procesal Civil (CPC), debiendo apreciarse de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica según el art. 158 del CPT, resultando incensurable en casación; resultando excepcional la revisión o revaloración de la prueba cuando se demuestre la existencia de un error de hecho o derecho en su apreciación, lo que no aconteció en el asunto de examen, en el que, el impetrante de tutela se limitó “…a indicar que los depósitos realizados al demandante no fueron realizados a por su persona y que el demandante realizaba otras actividades en el horario laboral, sin considerar que el Juez de primera instancia y Tribunal de alzada tomaron una determinación en base al conjunto probatorio cursante en el expediente y no solo respecto de la prueba aportada por el demandado” (sic). En ese sentido, el objeto del recurso de casación que era resolver la existencia de la relación laboral, fue determinado no solo según los depósitos referidos, sino conforme al conjunto de medios probatorios; e) En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, aquello carece de sustento por parte de quien fue demandado en el proceso laboral habiéndose demostrado la relación laboral en mérito a las pruebas cursantes en el expediente; y, f) El Auto Supremo 233, explicó de forma clara y razonada la decisión asumida sin transgredir ningún derecho de los expuestos en la acción de defensa; siendo innegable que el accionante incurrió en deficiencia en la interposición de su recurso de casación al no precisar el error de hecho o derecho respecto a la valoración de la prueba efectuada a objeto que se verifique si dichas infracciones serían fundadas o no.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Abimael Edwin Zapata Alanoca, citado en calidad de tercero interesado el 23 de febrero de 2022, presentó memorial el 24 de similar mes y año, cursante a fs. 119 y vta., apersonándose y solicitando fotocopias simples de todo el expediente inherente a la acción de defensa formulada por el demandante de tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 029/2022 de 2 de marzo, cursante de fs. 145 a 147 vta., denegó la tutela, con la aclaración que no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La admisión de la demanda laboral referida en la acción de defensa, conforme al proveído de 25 de febrero de 2015, se dispuso respecto a la Empresa “LOCOSNET”, en la persona de su propietario César Durán Chuquimia, hoy accionante; quien adjuntando NIT y Matrícula de Comercio donde se acredita dicha representación legal, se apersonó rechazando y negando la misma. En ese orden, la Sentencia 157/2015, fue emitida contra la Empresa precitada, disponiendo el pago de derechos laborales, ordenando que se haga conocer dicho fallo a la misma mediante su representante legal a efectos de su cumplimiento; 2) Considerando lo antes expuesto, se advierte la existencia de un formulario de notificación de 20 de mayo de 2021, a la Empresa antes nombrada “LOCOSNET”; por lo que, al haberse planteado esta acción tutelar el 26 de noviembre del mismo año, se concluye que el acto de postulación en sede constitucional inobservó el principio de caducidad de seis meses que caracteriza a la acción de amparo constitucional; 3) Si bien se adjuntó a la demanda tutelar “…una captura del portar del Tribunal Supremo de Justicia donde se hubiese generado y tomado conocimiento del Auto Supremo 233/2021 en la fecha señalada 27 de mayo de 2021; sin embargo y frente a este argumento ésta Sala no puede desmerecer el acto de comunicación generado en fecha 20 de mayo de 2021…” (sic); en ese marco, independientemente de no haberse comunicado y notificado en persona al hoy peticionante de tutela, destaca que la pretensión en la jurisdicción laboral fue vinculada al mismo como representante y titular de la Empresa “LOCOSNET”; y, 4) Si el solicitante de tutela considera que el acto de comunicación generado en el Tribunal Supremo de Justicia, es erróneo, cuenta con los mecanismos procesales idóneos para refutar el mismo; lo que no puede ser advertido por la jurisdicción constitucional, que en virtud a todo lo mencionado, reitera, el incumplimiento del principio de inmediatez que amerita no ingresar al estudio de fondo de la problemática en cuestión. Leída la Resolución, el accionante a través de su abogado, solicitó la aclaración de la Resolución 029/2022, en sentido de pronunciarse respecto a en qué fojas se encontraría la notificación realizada a su persona, en cuáles el testimonio de poder que determinaría la representación legal de la Empresa “LOCOSNET” y por qué no se habría considerado la flexibilidad del plazo de caducidad de seis meses para la interposición de esta acción de defensa (fs. 147 y vta.); pedido respecto al que, la Sala Constitucional Tercera antes nombrada, indicó que se concluyó que la notificación cursada con el Auto Supremo 233, fue realizada a la Empresa precitada; empero, considerando que, el impetrante de tutela es representante de la misma, se dio “…por bien hecha ésta diligencia realizada a la Empresa LOCOSNET aclarando que evidentemente no cursa de forma expresa diligencia de notificación a César Durán Chuquimia…” (sic); en cuyo orden, de considerar la ilegalidad de esa diligencia el actor podría impugnarla en la vía ordinaria. En cuanto al testimonio de poder, la Sala adujo que no efectuó mención alguna a este documento, sino que “…se ha referido y remitido al (…) (NIT) (…), a la matrícula de comercio que hace referencia a una empresa unipersonal servicio de internet LOCOSNET quien es su representante legal César Durán Chuquimia…” (sic); en cuyo orden, al tratarse de una empresa unipersonal no existe testimonio de poder o de mandato que pueda constreñirse. Finalmente, refirió que no puede aplicarse ningún criterio de flexibilización del principio de inmediatez respecto a “…uno u otros días…” (sic), tomando en cuenta que, el accionante no se encuentra adscrito a un grupo en situación de vulnerabilidad, no contando con criterios de favorabilidad (fs. 147 vta.). En vía de aclaración y complementación, el abogado del accionante solicitó, se señale: i) A que fojas se encontraría la notificación al demandante de tutela con el Auto Supremo 233, ii) Dónde estaría el “Testimonio de Poder” que sería la representación legal de una empresa, y, iii) Se aplicó la “SCP 1944/2013” que hace referencia a la “SCP 0762/2013”, respecto a criterios de flexibilización donde establecen que los seis meses no es rígida ni errada. La prenombrada Sala, aclaró que no se referirá sobre la notificación con el Auto Supremo 233, ya que se señaló que cursa en “fs. 241” diligencia de notificación a la Empresa “LOCOSNET”, con el mismo Auto. Empero, la Sala no mencionó sobre la existencia de ningún “Testimonio de Poder”; y, finalmente, no se aplicó ningún criterio de flexibilización del principio de inmediatez respecto de uno u otros días para una evidente lesión de derechos, quedando aclarada la solicitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Abimael Edwin Zapata Alanoca -ahora tercero interesado- contra César Durán Chuquimia, -hoy accionante-, en representación de la Empresa “LOCOSNET”; mediante Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación formulado por el impetrante de tutela contra el Auto de Vista 213/2019 de 7 de octubre, dictado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Sentencia 157/2015 de 5 del mismo mes, que por su parte declaró probada en parte la demanda disponiendo cancelar a favor del demandante la suma de Bs35 268,76.- (treinta y cinco mil doscientos sesenta y ocho 76/100 bolivianos), por concepto de reajuste al salario mínimo, desahucio, indemnización, recargo nocturno devengado, vacaciones y aguinaldo, más la actualización y multa reguladas en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 (fs. 3 a 7 vta.). II.2. Mediante Auto Supremo 233, descrito en la Conclusión precedente, fue notificado por cédula al tercero interesado, el 20 de mayo de 2021, a horas 8:45. Por su parte, consta notificación también efectuada vía cédula fijada en Secretaría de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, realizada a la “EMPRESA ‘LOCOSNET’”, en igual data a la antes señalada, a horas 8:46 (fs. 112). II.3. La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 26 de noviembre de 2021 (fs. 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, así como el principio de verdad material, alegando que, dentro del proceso laboral iniciado por Abimael Edwin Zapata Alanoca en su contra, como propietario de la Empresa “LOCOSNET”; mediante Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, los Magistrados de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 213/2019 de 7 de octubre, que a su vez, confirmó la Sentencia 157/2015 de 5 de similar mes, que declaró probada la demanda. Fallo que denuncia fue emitido sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, no habiendo resuelto todos los agravios expuestos en su recurso, menos considerado la prueba ofrecida en la causa que denotaba que la demanda era inviable. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Del principio de inmediatez que caracteriza a esta acción tutelar

La inmediatez constituye uno de los principios configuradores de la acción de amparo constitucional, por lo que, su inobservancia constituye un supuesto de improcedencia de la misma, sustentado en que: “…la jurisdicción constitucional no puede esperar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto de sus derechos cuando sufren menoscabo…” (SC 0569/2010-R de 12 de julio [las negrillas nos corresponden]); razón por la que, incluso en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, en la que no se encontraba regulado, fue instituido y reconocido vía jurisprudencia constitucional emitida por el antes Tribunal Constitucional. Ahora bien, en el nuevo modelo constitucional, el art. 129.II de la CPE, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial” (las negrillas y el subrayado son nuestras). Por su parte, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), alude a la inmediatez al instituir: “(PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho. (…)” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Destaca en este punto que, conforme a lo expuesto en la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, citando fallos constitucionales anteriores, se estableció que: “La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez afirmó que: ‘…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental’. Plazo de caducidad que como se demostró precedentemente se instituyó expresamente por nuestra Ley fundamental, dado que: ‘…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’ (SC 1157/2003-R de 15 de agosto).

Cabe aclarar que el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición del amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de ‘…preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’ (SC 0770/2003-R de 6 de junio)” (las negrillas y subrayado fueron añadidas). En igual sentido, la SCP 1533/2014 de 16 de julio, entre muchas otras, señala que: “En este entendido el principio de inmediatez, sustentado el mismo en el principio de preclusión de los derechos para accionar, implica que la acción de amparo puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, ya que no se puede pretender que el Órgano jurisdiccional esté a disposición en forma indefinida a efecto de la tutela de derechos y garantías constitucionales. Que si bien a objeto de poder plantear una acción de amparo constitucional, es necesario previamente el agotamiento previo de los medios o recursos legales existentes, no es menos evidente que a efectos del cómputo del plazo de caducidad, para dicho agotamiento, no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica con el único afán de reactivar el computo del plazo de caducidad”.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, así como el principio de verdad material; aduciendo que en la causa laboral instaurada por Abimael Edwin Zapata Alanoca en su contra, como propietario de la Empresa “LOCOSNET”; a través de Auto Supremo 233 de 21 de abril de 2021, los Magistrados demandados, declararon infundado el recurso de casación planteado contra el Auto de Vista 213/2019 de 7 de octubre, que a su vez, ratificó la Sentencia 157/2015 de 5 del mismo mes, que declaró probada la demanda. Decisión que acusa no contendría la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, al no haber resuelto todos los agravios formulados en su recurso, menos tomado en cuenta la prueba ofrecida en el proceso que demostraba que la demanda no era procedente. Al respecto, delimitado el problema jurídico, corresponde aplicar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a fin de verificar, si es posible un examen de fondo de la problemática planteada. En ese orden, de las Conclusiones del presente fallo constitucional, se evidencia que, emergente del proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos laborales instaurado por el hoy tercero interesado contra el ahora demandante de tutela, propietario de la Empresa “LOCOSNET”; la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dictó el Auto Supremo 233, declarando infundado el recurso de casación interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto de Vista 213/2019 de 7 de octubre, que confirmó la Sentencia 157/2015 de 5 de igual mes, que a su vez, declaró probada en parte la demanda con los alcances descritos en la Conclusión II.1. Ahora bien, se advierte que, el fallo precitado fue notificado a la Empresa “LOCOSNET” el 20 de mayo de 2021, a horas 8:46, mediante cédula fijada en Secretaría de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia (Conclusión II.2); no obstante, la presente acción tutelar fue planteada el 26 de noviembre de ese año (Conclusión II.3); es decir, después de seis meses y seis días de la diligencia de notificación precitada, sobrepasando el plazo de caducidad de seis meses regulado en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, a efectos de plantear la acción de amparo constitucional; lo que advierte que, el peticionante de tutela no actuó en diligencia propia en defensa de sus derechos supuestamente vulnerados. En este punto, corresponde precisar que, por proveído de 25 de febrero de 2015, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de El Alto del departamento de La Paz, admitió la demanda laboral planteada por Abimael Edwin Zapata Alanoca contra la Empresa “LOCOSNET”, disponiendo el traslado a la misma en la persona de su propietario César Durán Chuquimia, hoy demandante de tutela, a efectos que responda en el plazo de ley (fs. 74); constando NIT a nombre del mencionado reflejando tipo de contribuyente “EMPRESAS UNIPERSONALES”; y, Matrícula de Comercio 00236736, inherente a la Empresa Unipersonal Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CDT) “LOCOSNET”, en el rubro de servicios de internet, teniendo como propietario, se reitera al solicitante de tutela (fs. 76). Por su parte, mediante Sentencia 157/2015 (fs. 93 a 111), la Jueza de la causa, ordenó que “…la empresa demandada INTERNET LOCOS NET, a través de su Representante Legal César Durán Chuquimia…” (sic), cancele los montos allí indicados; aspectos todos que denotan que, la diligencia de notificación con el Auto Supremo 233, realizada el 20 de mayo de 2021, fue correctamente realizada a la Empresa precitada “LOCOSNET”, demandada en el proceso laboral, siendo el hoy accionante propietario de esta, no pudiendo, por consiguiente, desconocerse dicha comunicación procesal. Conforme lo expuesto, esta Sala se ve impedido a efectuar cualquier consideración de fondo sobre la problemática planteada, correspondiendo confirmar la decisión asumida inicialmente por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -la que; sin embargo, debió observar en etapa de admisión lo indicado, a objeto de evitar el desarrollo posterior de la acción de defensa presentada, y el despliegue de una actividad procesal que concluyó con la emisión de una resolución denegatoria de la acción, al no poder analizarse la demanda en el fondo-; por lo cual, se repite, la jurisdicción constitucional no puede realizar un pronunciamiento de fondo, al no haber actuado el impetrante de tutela con la inmediatez con la que se debía en búsqueda de la restitución de los derechos fundamentales denunciados como transgredidos, no siendo factible pretender que la jurisdicción constitucional esté supeditada en forma indefinida para otorgar la protección requerida, máxime cuando quienes consideran lesionados sus derechos fundamentales, no actúan por su propio interés con la celeridad que el caso amerita. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 029/2022 de 2 de marzo, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0282_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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