B.IA.LEGAL

SCP 0281/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 11 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
11 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55707-2023-112-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “...en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistida por un abogado; a la garantía de impugnación, así como el principio de legalidad procesal; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves: a) El Juez ahora coaccionado vulneró su derecho a la defensa y al principio de legalidad procesal, debido a que, mediante Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, rechazó in limine sus dos incidentes de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal 11/2022 de 7 de marzo, y el “‘acta de comparecencia sin fecha’” (sic) por extemporaneidad, sin aplicar objetivamente lo establecido por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 190 a 193, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a lo establecido en la parte final de este fallo constitucional, para que en posteriores remisiones de documentación complementaria dispuesta por los Tribunales de garantías o por el Tribunal Constitucional Plurinacional verifiquen que esta sea cumplida a cabalidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los efectos del rechazo in limine de un incidente o excepción en materia penal
  2. III.2. Sobre el principio de inmediatez
  3. III.3. Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2026-S1 Sucre, 11 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55707-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 75/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 190 a 193, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yola Márquez Vda. de Medina contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 y 21 de marzo de 2023, cursantes de fs. 125 a 130 y 137 a 138 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su hijo Marco Pedro Medina Márquez, presentó en dos oportunidades querella contra Bernardina Sajama Calle -ahora tercera interesada- por provocar constantemente acciones violentas contra su propiedad; procesos penales que concluyeron con sentencia condenatoria; por tal motivo, en represalia la nombrada, instauró en su contra un proceso penal ‘“montado”’. Es así, que la hoy tercera interesada, “armó” un hecho delictivo por el tipo penal de lesiones graves y leves, con la complicidad de malos funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial, incluso utilizando a su hija menor de edad para agravar el supuesto delito y su sanción, dirigiendo la denuncia contra su persona e hijo; no obstante, existen bastantes contradicciones e inconsistencias en los elementos probatorios y en las declaraciones de las presuntas víctimas; empero, el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Imputación Formal 11/2022 de 7 de marzo, que le fue notificada el 1 de abril de 2022, la cual fue emitida al margen de la normativa procesal penal. Ante ello, el 18 de abril de 2022, por medio de buzón judicial formuló dos incidentes de actividad procesal defectuosa absoluta dentro del plazo de diez días; por consiguiente, el Juez ahora coaccionado programó audiencia de consideración de los citados incidentes para el 26 de ese mes y año. En dicho acto procesal, a pesar de señalar debidamente sus motivos, mediante Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, el Juez hoy coaccionado rechazó in limine los mismos, argumentando que fueron planteados extemporáneamente; puesto que, debieron ser formulados el 15 de abril del mismo año, vulnerando así el principio de legalidad procesal, al no aplicar objetivamente la ley o lo previsto por el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que los plazos determinados en días vencen a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, a no ejercer efectivamente su defensa; ya que, al no resolverlos continuó la etapa preparatoria con base en una resolución de imputación formal plagada de ilegalidades. Por tal razón, solicitó “explicación” y aclaración respecto a esa decisión, en razón a que, el cómputo de diez días efectivamente fenecía el 15 de abril de 2022; sin embargo, fue un día feriado de viernes santo; por lo que, la última fecha hábil de vencimiento fue el 18 de ese mes y año; empero, el Juez hoy coaccionado sin ninguna explicación no dio lugar a dicha solicitud. Seguidamente, presentó recurso de apelación incidental impugnando el Auto Interlocutorio 108/2022; sin embargo, una vez instalada la audiencia, su abogado a pesar de estar conectado tuvo fallas en la señal de internet, aspecto que puso en conocimiento de los Vocales hoy accionados, sin haber sido oída; no obstante, dichos Vocales en vez de que se le otorgue a su abogado “un par de minutos” para que solucione los problemas técnicos, pronunciaron el Auto de Vista 281/2022 de 8 de septiembre, declarando la admisibilidad del recurso y su improcedencia con base únicamente en la inasistencia de su abogado y lo previsto por el art. 351 del CPP; vulnerando así su derecho a la defensa o ser asistida por un abogado, además de la garantía de impugnación, al restringir la participación de su abogado que argumentó los motivos de su apelación orientados a señalar que optó por esa vía solo para cumplir con el agotamiento de la subsidiariedad. Así también, el 9 del referido mes de 2022, pidió se explique por qué se declaró admisible su recurso de apelación incidental cuando la ley no lo permite, recibiendo como respuesta el Auto de 12 de igual mes y año; por el que, se le negó su solicitud, alegando que la aclaración, complementación y enmienda tiene que ver con errores de transcripción y que la solicitud presentada no condice con una explicación complementación y enmienda Asimismo, los Vocales ahora accionados se apartaron de lo previsto por el art. 315.II del CPP; puesto que, no cabe recurso alguno contra una resolución que rechaza in limine un incidente; por lo que, el Auto de Vista 281/2022, al declarar “admisible” la posibilidad de revisar el recurso de apelación incidental que según la ley no está permitido “…y que solo fue planteado para agotar la subsidiariedad, como reglar obligatoria previa a la interposición de acciones tutelares de defensa…” (sic), lo que vulneró el derecho al debido proceso al no estar debidamente fundamentado. Ese criterio fue expuesto en su solicitud de aclaración, complementación y enmienda el 9 de septiembre de 2022; no obstante, mediante Auto de 12 del mismo mes y año, los referidos Vocales negaron dicha solicitud, limitándose a una mera transcripción, vulnerando el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación en su subcomponente de principio de congruencia.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “...en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistida por un abogado; a la garantía de impugnación, así como el principio de legalidad procesal; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto: a) El Auto de Vista 281/2022 de 8 de septiembre, emitido por los Vocales ahora accionados, se ordene ingresar al análisis de fondo del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, y se programe el correspondiente verificativo de consideración del mismo; y, b) El mencionado Auto Interlocutorio, emitido por el Juez hoy coaccionado disponiendo ingresar a la revisión de fondo de los incidentes planteados y fundamentados en la audiencia de 26 de abril de 2022, emitiéndose una nueva resolución compulsando lo expuesto por las partes procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 187 a 189 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que el Juez ahora coaccionado, se limitó a rechazar in limine los incidentes planteados, vulnerando el debido proceso en su elemento de garantía de legalidad procesal, al no realizar un conteo correcto de los plazos. Respecto a los Vocales hoy accionados, durante la audiencia virtual del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Secretario de esa Sala Penal declaró falsamente que su abogado no estaba conectado cuando sí estaba presente a pesar de las dificultades técnicas; puesto que, conforme se puede advertir del Disco Compacto (CD) de dicha audiencia se informó sobre la presencia de las partes procesales, y el hecho que su abogado se encontraba presente; para acreditar ese extremo “…hemos tenido tiempo volver a pedir una grabación del fragmento del audio que precedía a momento que se instale la audiencia lamentablemente señores magistrados hemos recibido una segunda copia una grabación que se ha hecho conocer a sus autoridades en la cual existen dos archivos de audio y video por los cuales aparenta no sabemos nosotros…” (sic), aparentaría algún tipo de manipulación precisamente al cortarse la parte del verificativo de la conectividad de las partes procesales; circunstancia denunciada por su persona ante los Vocales de la Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a pesar de tener pocos conocimientos en esa tecnología; empero, la misma no fue escuchada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado, cursante a fs. 149, pidió se deniegue la tutela solicitada, manifestando que: 1) El 8 de septiembre de 2022, se instaló la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental planteado por la accionante. En tal sentido, la nombrada reconoció problemas de conexión a internet por parte de su abogado y que por ello no ingresó a la referida audiencia, lo que confirmó su inasistencia al acto procesal por causas no atribuibles al Tribunal de alzada; y, 2) Se debe tomar en cuenta que la carga procesal -quince audiencias diarias- hace imposible esperas prolongadas para reprogramaciones de audiencias; por lo que, en el señalamiento de ese acto procesal se instó a las partes procesales puntualidad y conexión anticipada de veinte minutos para verificar la funcionalidad técnica de dispositivos; por lo cual, es de entera responsabilidad de la accionante y su defensa técnica no haber tomado las previsiones necesarias para su adecuada participación en audiencia. Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del mismo departamento, no asistieron a la audiencia de esta acción de amparo constitucional ni presentaron informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 168.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Bernardina Sajama Calle, en audiencia pidió se deniegue la tutela solicitada, mencionado que, no entiende por qué la accionante se rehúsa a esclarecer la situación y “…dice que soy de la tercera edad pero para ese día estaba ella bien furiosa no ha pensado en una niña…” (sic), lo único que se ocasiona es retardación en el avance del proceso; puesto que, se encuentran en litigio durante seis años, y lo único que pide es justicia.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 75/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 190 a 193, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto al Auto Interlocutorio 108/2022, emitido por el Juez ahora coaccionado, esa Sala Constitucional Tercera se abstuvo de realizar un análisis de fondo; debido a que, la accionante activó el mecanismo de impugnación previsto en el Código de Procedimiento Penal -recurso de apelación incidental- de modo que, en aplicación del principio de subsidiariedad, no corresponde efectuar un análisis sobre la decisión impugnada; ii) La accionante alega que informó oportunamente al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, sobre las dificultades de conexión a la plataforma virtual por parte de su abogado durante la audiencia del recurso de apelación incidental. Para verificar ese extremo, se requirió a la accionante aportar los medios de prueba pertinentes; empero, ante su incumplimiento y contando únicamente con el soporte digital disponible, no pudo corroborarse lo denunciado, aunque sí se evidenció la alocución ‘“estamos presentes”’, que indicó la presencia de las partes procesales. En consecuencia, no existió vulneración o restricción de los derechos al acceso a la impugnación, la doble instancia o la defensa; y, iii) La accionante sostuvo que el Auto de Vista 281/2022, vulneró sus derechos, debido a que admitió el recurso de apelación incidental; empero, declaró su improcedencia sin analizar los agravios; sin embargo, la eventualidad de generarse un cambio de nomenclatura en cuanto a la parte dispositiva del citado Auto de Vista y declararse la improcedencia o el rechazo del recurso de apelación del Auto Interlocutorio 108/2022; se traduce en un argumento que carece de relevancia constitucional; puesto que, los Vocales hoy accionados fundamentaron su decisión en el informe del Secretario de dicha Sala Penal Segunda y de ordenarse una nueva resolución, su parte dispositiva no modificaría sustancialmente. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante cuestionó el por qué la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le atribuye la carga procesal de aportar los archivos audiovisuales de la audiencia virtual del recurso de apelación incidental, cuando según antecedentes solicitó en tres oportunidades a la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia, su remisión sin éxito; así agotó sus medios procesales disponibles, siendo precisamente esa omisión institucional la causa de la imposibilidad de verificar sus pretensiones. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, emitió el Auto de 4 de mayo de 2023 (fs. 192 vta. a 193) declarando sin lugar la complementación solicitada, teniéndose únicamente aclarada, alegando que el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que el accionante presentará las pruebas que posea o deberá indicar el lugar donde se encuentren; es decir, que es carga de la nombrada procurar la información requerida. En ese sentido, la accionante aportó tres soportes audiovisuales de contenido similar; adicionalmente, mediante dos oficios, dicha Sala Constitucional intentó obtener dichos registros sin recibir respuesta de las autoridades judiciales hoy accionadas ni de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es así que, al no contar con los mecanismos de “compulsión” para generar esa información, se llamó severamente la atención a la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal Departamental de Justicia, exhortando a que en futuras peticiones de tutela coadyuve con la jurisdicción constitucional; por consiguiente, si la accionante considera que esa inacción le provocó alguna afectación de sus intereses, puede activar los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, ante Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora coaccionado-; Yola Márquez Vda. de Medina -hoy accionante- opuso incidentes de actividad procesal defectuosa contra el “‘acta de comparecencia sin fecha’” (sic) y la Resolución de Imputación Formal 11/2022 de 7 de marzo (fs. 104 a 109 vta.), que fueron resueltos por Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, pronunciado por el referido Juez, por el cual rechazó in limine los mencionados incidentes, por estar fuera de plazo. Asimismo, notificadas todas las partes procesales con ese Auto Interlocutorio en el mismo acto, la defensa técnica de la accionante solicitó explicación sobre el cómputo del plazo en días hábiles, que fue declarada sin lugar; ante lo cual la defensa de la nombrada, formuló recurso de apelación incidental contra dicho Auto interlocutorio (116 a 117 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental de 8 de septiembre de 2022, instalada por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados-, en la que emitieron el Auto de Vista 281/2022 de la misma fecha, a través del cual, los señalados Vocales determinaron la admisibilidad del recurso de apelación incidental y la declararon improcedente por no haberse escuchado ningún agravio, confirmando el Auto Interlocutorio 108/2022 (fs. 118 y 119). De igual manera, mediante Auto de 12 de ese mes y año, los referidos Vocales determinaron no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda del citado Auto de Vista presentado por la accionante en esa fecha, debido a que la naturaleza de dicha petición no condice con el alcance de lo solicitado (fs. 123 a 124).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “...en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistida por un abogado; a la garantía de impugnación, así como el principio de legalidad procesal; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves: a) El Juez ahora coaccionado vulneró su derecho a la defensa y al principio de legalidad procesal, debido a que, mediante Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, rechazó in limine sus dos incidentes de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal 11/2022 de 7 de marzo, y el “‘acta de comparecencia sin fecha’” (sic) por extemporaneidad, sin aplicar objetivamente lo establecido por el art. 130 del CPP, referido a que los plazos determinados en días vencen a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, b) Los Vocales hoy accionados al declarar admisible e improcedente su recurso de apelación por Auto de Vista 281/2022, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “….en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistido por un abogado y a la garantía de impugnación, al restringir la intervención de su abogado en la audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental por fallas técnicas, a pesar que estuvo conectado; estando los motivos del citado recurso de apelación orientados a señalar que optó por esa vía solo para cumplir con el agotamiento del principio de subsidiariedad; así los mencionados Vocales se apartaron de lo previsto por el art. 315.II del CPP; ya que, no cabe recurso alguno contra una resolución que rechaza in limine un incidente; y, mediante Auto de 12 de septiembre de 2022, los nombrados negaron su solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sobre la inviabilidad del recurso impugnaticio al rechazo in limine, limitándose a una mera transcripción. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada;

para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Los efectos del rechazo in limine de un incidente o excepción en materia penal; 2) Sobre el principio de inmediatez; 3) Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. Los efectos del rechazo in limine de un incidente o excepción en materia penal

La SCP 0248/2023-S4 de 8 de mayo, señala que: «A objeto de analizar la temática de exordio, debemos tomar como punto de partida lo previsto en los arts. 314 y 315 del adjetivo penal –modificados ambos por el art. 12 de la Ley N° 1173 de 03 de mayo de 2019–, que a su letra estipulan:

“Artículo 314º.- (Trámites). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.

Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

(…)

Artículo 315º.- (RESOLUCIÓN). (…) II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite”.

Así, con relación al rechazo in límine estipulado en el marco normativo desglosado previamente, la SCP 0566/2020-S4 de 16 de octubre; concluyó que: “Sobre el procedimiento descrito y la forma de tramitación de las excepciones e incidentes cuando merecen un pronunciamiento de fondo – se entiende, por cumplir con los requisitos legales exigibles– y, cuando corresponde su rechazo sin considerar los argumentos de fondo –rechazo in limine–, se tiene el siguiente razonamiento jurisprudencial: ‘…para la resolución del fondo de la excepción o incidente planteado, se tiene que una vez cumplidas las exigencias para su presentación establecidas en el art. 314.I del CPP, la autoridad jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas, debe correr en traslado la excepción interpuesta a fin de dar la oportunidad a las partes de responder los fundamentos que motivan la pretensión del incidentista, en ese entendido, la norma prevé como primera posibilidad, la presentación de respuesta de las otras partes al traslado del incidente -de forma escrita y en plazo de tres días-, en cuyo caso se deberá proseguir con el trámite debiendo señalarse audiencia pública a cuya finalización se resolverán las cuestiones planteadas con la intervención de las partes; teniéndose como segunda posibilidad el caso de la inexistencia de respuesta, en cuyo supuesto la norma adjetiva penal prevé la resolución de las cuestiones planteadas sin la instalación del verificativo y en plazo de dos días. En ese entendido, el art. 315.I del citado Código señala como formas de resolución la declaratoria de fundado o infundado el mecanismo de defensa interpuesto. Además de lo anteriormente explicado como procedimiento que permite la obtención de una respuesta efectiva del fondo de un incidente, la norma procesal penal da la posibilidad de resolver las cuestiones planteadas sin considerar el fondo de lo propuesto a través del rechazo in limine sin recurso ulterior establecido en el art. 315.II del CPP, posibilidad que puede ser aplicada únicamente en caso de que los incidentes y excepciones presentados sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, por lo que dicha valoración realizada por la autoridad jurisdiccional debe ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas…’ (SCP 1122/2017-S3 de 31 de octubre).

Ahora bien, específicamente sobre los efectos que produce el rechazo in limine de una excepción o incidente sujeta al procedimiento descrito precedentemente, se tiene el siguiente entendimiento:

(…)

…bajo el principio de legalidad instituido en el art. 180 de la CPE, al ser la base que fundamenta a la jurisdicción ordinaria, que además supone el sometimiento a la ley, destinada a todos quienes conforman un Estado, y en el reconocimiento de que Bolivia es un Estado de derecho, la citada Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en su art. 315.II, dispone taxativamente que ante el rechazo in limine de una excepción o incidente, no procede recurso ulterior; por lo tanto, al existir una disposición legal de cumplimiento obligatorio y al estar vigente en el ordenamiento jurídico, dado que no cuenta con declaratoria de inconstitucionalidad (art. 4 del CPCo), corresponde su acatamiento conforme manda su contenido’. En mérito a lo expuesto, se debe tener presente que, conforme al art. 403.2 del CPP, se puede interponer la apelación incidental contra la resoluciones que resuelven una excepción y que, conforme a la jurisprudencia constitucional, alcanza a las resoluciones que resuelvan incidentes (…). La referida disposición legal, no puede ser interpretada ni aplicada de manera aislada a las demás normas que componen el procedimiento penal y la modificaciones sufridas por el mismo, sino desde una interpretación sistemática y coherente, por la que se entiende que, si bien el art. 403 citado, de manera general prevé la apelación incidental contra las resoluciones judiciales emergentes de una excepción y/o incidente, esta norma encuentra su salvedad en la disposición normativa del art. 315.II del CPP –vigente por la Ley 586–, en cuanto a las excepciones y/o incidentes que por carecer de fundamento y prueba merecen el rechazo in limine dentro del plazo de 24 horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite, lo que constituye la materialización de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia exigibles en la administración de justicia ordinaria, previstos en el art. 180.I de la CPE; en virtud a que, conforme se estableció línea arriba…” .

Entendimientos a partir de los cuales; se establece que, cuando se suscita el rechazo in límine previsto por el art. 315.II del CPP, se agota instancia, es decir, que no procede recurso ulterior contra el mismo; lo cual, no significa desconocer lo dispuesto por el art. 403 inc. 2) del citado cuerpo legal, vinculado al derecho a la impugnación de las partes; puesto que, tal rechazo significa que la excepción y/o incidente planteado carecía de fundamento y prueba como requisitos imprescindibles que posibiliten que la autoridad judicial emita una resolución de fondo al respecto » (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el principio de inmediatez

La SCP 1014/2022-S1 de 21 de septiembre, establece que: “El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’ (…). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del CPCo, dispone que: ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN). I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

(…) El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que: …por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de fallo constitucionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que: …El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. …no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (…). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente que ‘En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados’” (las negrillas son nuestras). Con relación al inicio del cómputo del plazo de los seis meses cuando se impugnan resoluciones judiciales o administrativas y la no suspensión del plazo a través de la interposición de recursos inidóneos, la SCP 0950/2014 de 23 de mayo, fundada a su vez en el razonamiento desarrollado en la SC 0079/2007-R de 23 de febrero, establece que: “…cuando se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos no interrumpen el plazo establecido de caducidad en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.3. Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional

La SCP 1014/2022-S1 señala que: “…la SC 0762/2003-R de 6 de junio, en su Fundamento Jurídico III.1 estableció que:

…previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, cabe señalar que, si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume.

De lo precisado en forma presente, se establece que el término de seis meses previsto en el art. 129.II de la CPE, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la acción de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto; al efecto, si bien la norma y jurisprudencia, han establecido que la acción de amparo constitucional, debe ser interpuesta en el plazo razonable de seis meses, no es menos cierto que, conforme a la subregla fijada por este Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y/o grosera, de tal forma que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ni debe permitir se consuma” (las negrillas nos corresponden). Además, la SCP 0793/2021-S3 de 20 de octubre establece que: “En lo concerniente a una posible flexibilización del principio de inmediatez en el caso particular, debe considerarse que, en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dicha flexibilización solamente se suscita en casos excepcionales en los que la interposición de la acción de amparo constitucional hubiera sido presentada luego de algunos días de vencido el plazo de caducidad por razones no atribuibles al descuido o desidia del accionante, aplicándose el principio de razonabilidad, y que además se advierta una grosera vulneración de los derechos fundamentales…” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “...en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistida por un abogado; a la garantía de impugnación, así como el principio de legalidad procesal; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves: i) El Juez ahora coaccionado vulneró su derecho a la defensa y al principio de legalidad procesal, debido a que, mediante Auto Interlocutorio 108/2022 de 26 de abril, rechazó in limine sus dos incidentes de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal 11/2022 de 7 de marzo, y el “‘acta de comparecencia sin fecha’” (sic) por extemporaneidad, sin aplicar objetivamente lo establecido por el art. 130 del CPP, referido a que los plazos determinados en días vencen a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, ii) Los Vocales hoy accionados al declarar admisible e improcedente su recurso de apelación por Auto de Vista 281/2022, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “….en su sub componente de principio de congruencia…” (sic); a la defensa o ser asistido por un abogado y a la garantía de impugnación, al restringir la intervención de su abogado en la audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental por fallas técnicas, a pesar que estuvo conectado; estando los motivos del citado recurso de apelación orientados a señalar que optó por esa vía solo para cumplir con el agotamiento del principio de subsidiariedad; así los mencionados Vocales se apartaron de lo previsto por el art. 315.II del CPP; ya que, no cabe recurso alguno contra una resolución que rechaza in limine un incidente; y, mediante Auto de 12 de septiembre de 2022, los nombrados negaron su solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sobre la inviabilidad del recurso impugnaticio al rechazo in limine, limitándose a una mera transcripción.

De la revisión de los antecedentes adjuntos al cuaderno procesal se evidencia que los actos lesivos emergen del proceso penal instaurado contra la accionante por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, iniciado a denuncia de la hoy tercera interesada, en el cual, la accionante planteó incidentes de actividad procesal defectuosa respecto al “acta de comparecencia sin fecha'" (sic) y la Resolución de Imputación Formal 11/2022, los cuales fueron rechazados in limine mediante Auto Interlocutorio 108/2022, y ante el requerimiento de explicación formulado por la defensa técnica de la accionante, se declaró sin lugar la misma, notificándose a los sujetos procesales en esa audiencia (Conclusión II.1.). Contra esa decisión, la accionante formuló recurso de apelación incidental resuelto por los Vocales ahora accionados mediante Auto de Vista 281/2022, que declaró su admisibilidad e improcedencia al no haberse escuchado ningún agravio, confirmándose consecuentemente el Auto Interlocutorio 108/2022. Ante ello, la accionante solicitó aclaración, complementación y enmienda del mencionado Auto de Vista, señalando: “1. Debo indicar a sus dignas autoridades que mi abogado defensor, a pesar de haber estado conectado a la sala virtual a la hora señalada (…) por problemas de conectividad y fallas técnicas no pudo participar de la misma. 2. Sin embargo, su participación se limitaba solamente, al mismo aspecto que vengo a pedir en esta oportunidad, pues dado que la Resolución del a quo determino rechazar in límine mis incidentes planteados, siendo que el Art. 315 del CPP en su parágrafo II indica claramente (…) al haber sido los incidentes planteados por mi persona rechazados in límine por el juez inferior, el recurso de apelación incidental presentado por mi persona tendría que haber sido declarado inadmisible, y por ende no se podría haber ingresado al fondo del recurso, esto en virtud del citado Art. 315 parágrafo II del CPP. 3. En cuanto a la determinación asumida por su digno tribunal, al haber declarado ADMISIBLE mi apelación en contra de la Resolución del juez a quo, que rechazo IN LIMINE los incidentes que opuso oportunamente lo que no me resultó claro en cuanto a cuál es el precepto legal o jurisprudencia sobre la cual se basaron para llegar a dicha conclusión, toda vez que de conformidad al Art. 315 del CPP el rechazo in limine a las excepciones y/o incidentes es sin recurso ulterior, por lo cual pido explicación a dicho extremo” (sic); solicitud resuelta mediante Auto de 12 de septiembre de 2022, que declaró no lugar la petición, debido a que la naturaleza de dicho pedido no condice con el alcance de lo solicitado (Conclusión II.2). Ahora bien, en el presente caso se advierte que la pretensión expuesta por la accionante en la acción de defensa se basa en dejar sin efecto el Auto de Vista 281/2022 de 8 de septiembre, emitido por los Vocales ahora accionados; y, el Auto Interlocutorio 108/2022, pronunciado por el Juez hoy coaccionado; en ese sentido, corresponde analizar cada uno. Respecto a los Vocales ahora accionados

A partir de la delimitación del objeto procesal, previo a ingresar al análisis de fondo sobre esta problemática, del petitorio expuesto por la accionante en la presente acción de defensa, se evidencia que pretende se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 108/2022 y el Auto de Vista 281/2022; sin embargo, es necesario considerar que el referido Auto Interlocutorio determinó el rechazo in límine de los incidentes de actividad procesal defectuosa absoluta planteados por la accionante, conforme a lo previsto por el art. 315.II del CPP; bajo cuyo precepto y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1.

del presente fallo constitucional, no merecía recurso ulterior; por lo que, contra ese rechazo, a la accionante le correspondía acudir ante la vía constitucional, si entendía que a partir de aquél actuado, se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales; empero, por error propio formuló recurso de apelación contra dicha decisión. Ahora bien, respecto a que al abogado de la accionante se le privó su participación en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, la accionante refirió que dicho recurso “…solo fue planteado para agotar la subsidiariedad como regla obligatoria previa a la interposición de acciones tutelares de defensa…” (sic); es decir, que la finalidad de la participación de su abogado fue la de aclarar que el mencionado recurso fue presentado solamente para cumplir y agotar el principio de subsidiariedad. En consecuencia, esa inviabilidad de pronunciamiento fue provocada por la accionante, vinculada a la falta de relevancia de emitir algún pronunciamiento en el fondo sobre el Auto de Vista 281/2022 y la actuación de los Vocales ahora accionados en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; por lo que, no tendría sentido emitir un criterio sobre la viabilidad o inviabilidad del medio recursivo cuando es la accionante quien reconoció que al existir un rechazo in límine de los dos incidentes de actividad procesal defectuosa formulados por su parte, correspondía que los citados Vocales declaren la inadmisibilidad y no la admisibilidad de su recurso de apelación incidental; por lo que, no se puede hacer una revisión del Auto de Vista 281/2022, emergente de un recurso de apelación que fue planteado por ella misma a sabiendas que no correspondía su admisibilidad, lo que genera que sobre este punto de reclamo corresponda denegar la tutela solicitada por su manifiesta improcedencia, y por carecer de relevancia constitucional su examen. Con relación al Juez ahora coaccionado En el marco de los razonamientos expuestos precedentemente, se advierte -como ya se tiene dicho- que la accionante refirió y admitió que el Auto Interlocutorio 108/2022, que resolvió sus dos incidentes de actividad procesal defectuosa absoluta, determinaron el rechazo in limine de los mismos, y pretende que ese Auto Interlocutorio sea dejado sin efecto a través de la acción de amparo constitucional, al respecto resulta necesario considerar que el referido rechazo de los mencionados incidentes planteados por la accionante, conforme a lo previsto por el art. 315.II del CPP y de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, no merecía recurso ulterior; por lo que, ante el señalado rechazo correspondía directamente acudir a la jurisdicción constitucional; en consecuencia, respecto al reclamo sobre el contenido y criterios asumidos en dicha determinación, que a su vez es parte del objeto procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa en cuanto a la actuación del Juez ahora coaccionado, corresponde ser verificada en su procedencia, a partir del plazo de caducidad para interponer esta acción de tutelar. Al respecto, el principio de inmediatez exige interponer la acción de amparo constitucional dentro de los seis meses posteriores al acto lesivo o notificación de la última resolución que desconozca los derechos alegados conforme a los arts. 129.II del CPE y 55.I del CPCo -plazo que opera como límite temporal cuya preclusión impide el análisis de fondo- según el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese escenario, en caso de que se pretenda efectuar la flexibilización del plazo de la inmediatez, corresponde señalar que el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, estableció como presupuestos el haber excedido el plazo de inmediatez en algunos días y la vulneración del derecho fundamental sea evidente y/o grosera; sin embargo, dichos criterios no operan de manera aislada o independiente, sino que deben concurrir de manera conjunta y valoradas integralmente en el marco de la naturaleza excepcional de la flexibilización del principio de inmediatez; al efecto no se advierte que en el presente caso concurra aquello, siendo que respecto al principio de la inmediatez, el plazo de seis meses a partir del supuesto acto lesivo denunciado, relativo al Auto Interlocutorio 108/2022, que junto a la resolución de enmienda y complementación fue notificada a la accionante el 26 de abril de 2022; y la interposición de la presente acción de defensa efectuada el 6 de marzo de 2023, se tiene que dicho plazo fue sobrepasado de forma abundante; es decir, por más de diez meses y no en unos días, como refiere la jurisprudencia constitucional, debiéndose tomar en cuenta que la accionante tenía hasta el 26 de octubre de ese año, para presentar su acción de amparo constitucional contra dicho Auto Interlocutorio; sin embargo, en lugar de aquello formuló recurso de apelación a sabiendas que era inadmisible, como lo admitió en el recurso de enmienda y complementación contra lo determinado en el Auto de Vista 281/2022, en el que además señaló que la finalidad de la presentación del recurso de apelación incidental fue solo la de agotar la subsidiariedad, evidenciándose con ello que la accionante generó su perjuicio y dilación hasta el 12 de septiembre de 2022, que se emitió el Auto de igual fecha, que resolvió la solicitud de aclaración, complementación y enmienda contra el citado Auto de Vista, estando a esa fecha aún en plazo para la interposición de la acción de defensa la cual vencía el 26 de octubre de 2022; sin embargo, de manera negligente dejó pasar el tiempo hasta el 6 de marzo de 2023, para cuestionar tanto el Auto de Vista 281/2022, que como se indicó resulta inviable su análisis; y, el Auto Interlocutorio 108/2022, pretendiendo en el fondo que éste se deje sin efecto;

empero, como se señaló precedentemente, ese actuar negligente por parte de la accionante no puede ser convalidado por la jurisdicción constitucional, habiendo sobrepasado de manera abundante el plazo de los seis meses con el uso de un recurso inidóneo que no suspende ni interrumpe el plazo para interponer la acción de amparo constitucional, como se precisó en la parte final del Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. Asimismo, sobre el segundo presupuesto, si bien se podría advertir la vulneración de derechos, esta no reviste en una afectación con trascendencia constitucional ni una situación de urgencia que amerite tutela inmediata; en definitiva al no concurrir de manera conjunta los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, no corresponde realizar la flexibilización del principio de inmediatez en el caso concreto; aspectos que tal como se tiene precisado precedentemente, confirma el haber dejado precluir su derecho de activar la presente acción tutelar dentro del plazo de los seis meses previsto en la norma y la jurisprudencia. Al respecto, corresponde también aclarar que el principio de inmediatez, tampoco puede ser superado por ser la accionante una persona adulta mayor, debido a que dicha condición no justifica el vencimiento del plazo de caducidad de esta acción tutelar; más aun, cuando la acción de amparo constitucional es un instituto cuya finalidad es la protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías vulnerados, sin que aquello implique pretender que la jurisdicción constitucional esté a su disposición de forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, cuya interposición fuera de plazo genera su desprotección por caducidad; puesto que, el sistema de garantías no protege a quienes pudiendo accionar, dilatan su ejercicio; ya que, esa conducta no solo vulnera el principio de inmediatez, sino que contradice la esencia teleológica del sistema constitucional-convencional que concibe estas acciones como instrumentos ágiles y eficaces para protección inmediata frente a vulneraciones de derechos; es así que, al no cumplirse con el citado principio de inmediatez que rige esta acción de defensa -tal como se tiene precisado- esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones En cuanto a la solicitud de documentación por parte de la accionante y que fue dispuesta por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de 22 de marzo de 2023 (fs. 139), reiterada en las actas de audiencia de la acción de amparo constitucional de 10 y 21 de abril de ese año (fs. 150 y vta.; y, 154 a 155), que por ese y otros motivos fue suspendida la referida audiencia; así también, se tiene el decreto de 28 de abril de 2023 (fs. 171); y, el Oficio de 3 de mayo del mismo año (fs. 184), todos ellos dirigidos a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la finalidad de resolver la problemática planteada, razón por la cual se suspendió en dos ocasiones la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional. Se tiene que los mismos, no cumplieron a cabalidad lo solicitado; puesto que, si bien remitieron las grabaciones de la correspondiente audiencia, no lo hicieron de las horas requeridas, evidenciando incluso un corte en la grabación remitida, lo que daría a entender una actuación malintencionada por parte de la mencionada Sala Penal Segunda. En ese sentido, dicha omisión originó una dilación en la realización de la audiencia de consideración de la acción tutelar, además de incumplir ordenes de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento sin -al menos- señalar los motivos por los cuales no se podía cumplir a cabalidad lo solicitado, debido a lo cual corresponde confirmar la llamada de atención efectuada a los Vocales ahora accionados por esa actuación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 190 a 193, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a lo establecido en la parte final de este fallo constitucional, para que en posteriores remisiones de documentación complementaria dispuesta por los Tribunales de garantías o por el Tribunal Constitucional Plurinacional verifiquen que esta sea cumplida a cabalidad.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0281_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4361d83d537bab1ed8c1f7176176f1df2bf51ef4171c9068d0f90db27ceec3df

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →