Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley procesal, fundamentación, motivación y defensa, así como del principio pro homine; aduciendo que los Vocales demandados por Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 de 1 de septiembre, declararon la ejecutoría de la Sentencia Definitiva 02/21 de 8 de octubre de 2021 que rechazó su incidente de nulidad y excepción de prescripción sin compulsar sus agravios con el argumento de que se formuló recurso de apelación de forma extemporánea, obviando considerar que ese fallo les fue notificado de manera íntegra, recién el 11 de enero de 2022; ya que, en la audiencia extraordinaria de 8 de octubre de 2021, solo se dio lectura a la parte resolutiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR en parte la Resolución 10/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 373 a 380, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada únicamente respecto al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa, en los mismos términos que la referida Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela sobre el debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la ley y el principio pro homine conforme a los fundamentos expresados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53873-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 373 a 380, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego y David Paredes Mendieta contra Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 23 y 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 314 a 326 y 329 a 334 vta., los accionantes manifestaron que:
Producto del asesoramiento brindado por Nemecio Miranda Espinoza -tercero interesado- en condición de abogado dentro un proceso agroambiental a Felipe Paredes Lopez -su padre-, el 14 de abril de 2016, ambos suscribieron un documento reconociendo una deuda de $us15 000.- (quince mil dólares estadounidenses) posterior a ello el mencionado profesional el 22 de mismo mes y año instauró diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, que mereció Auto de 1 de marzo de 2017, que dio por reconocida la efectividad del citado documento. Posterior a ello, su padre falleció el 11 de julio de 2019, sin embargo el tercero interesado le notificó con “…auto de reconocimiento de firmas en rebeldía…” (sic) el 27 de febrero de 2020, con base en ello, se formalizó una demanda ejecutiva el 18 de junio del referido año, en cuyo devenir el 8 de octubre del señalado año, se dispuso el embargo de nueve lotes por concepto de honorarios profesionales en la suma de $us15 000.-. Por Auto de 24 de diciembre de 2020, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dispuso la nulidad de obrados; empero, sólo hasta la demanda, cuando debió hacerlo hasta la diligencia preparatoria. Es así que el tercero interesado el 31 de idéntico mes y año, dirige la demanda ejecutiva contra sus personas, pronunciando la referida autoridad Sentencia Inicial 07/2021 de 15 de enero, en respuesta por memoriales de 4 y 17 de febrero de 2021 formularon excepción de prescripción conforme a los arts. 1510 y 1512.II del Código Civil (CC), celebrándose la correspondiente audiencia el 8 de octubre del indicado año, a través de la plataforma virtual Cisco Webex Meetings, en cuyo acto se dio lectura a la parte resolutiva de la Sentencia, rechazando el incidente de nulidad que promovieron así como la mencionada excepción, disponiendo la prosecución de la causa hasta la subasta y remate; en virtud a ello, hicieron reserva de apelación. Transcurridos algunos meses, se les notificó con la sentencia de forma in extensa el 11 de enero de 2022; por tal razón, formularon recurso de apelación el 14 del mismo mes y año, que fue corrido en traslado y remitido a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba cuyos Vocales ahora demandados sin pronunciarse en el fondo, de oficio emitieron el Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 de 1 de septiembre, declarando la ejecutoría de la Sentencia Definitiva de 8 de octubre de 2021 determinando que su impugnación fue presentada de forma tardía y fuera del plazo de ley. Sin considerar que la audiencia extraordinaria no fue desarrollada de manera presencial; habiéndose dado lectura solo a la parte resolutiva de la Sentencia Definitiva; es decir, no se les notificó con todo el contenido de esa determinación. Por tal motivo no podían las autoridades demandadas aplicar el art. 216.IV del Código Procesal Civil (CPC), para el computo de plazo de su apelación, ya que correspondía conforme lo desarrollado en la citada audiencia extraordinaria, computar los diez días previstos en el art. 261.I del mismo Código desde el 11 de enero de 2022, cuando se les notificó de forma completa con la Sentencia Definitiva de 8 de octubre de 2021. Más adelante, a través de memorial de 19 de septiembre de 2022, promovieron aclaración y enmienda respecto al merituado Auto de Vista aduciendo que se omitió la revisión de antecedentes del proceso y se contravino la ley y la jurisprudencia al negar el tramite a su apelación; mereciendo como respuesta el Auto de 19 de mismo mes y año, que persistió en la declaratoria de la ejecutoria de la Sentencia Definitiva 02/21 de 8 de octubre de 2021.
Aclaran que ante la doble notificación existe jurisprudencia específica identificada en el Auto Supremo 683/2021 de 29 de julio, que establece la obligación de dar plena fe a la diligencia que tiene la constancia de la notificación con la sentencia escrita.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley procesal, fundamentación, motivación y defensa, así como del principio pro homine sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de oficio de 1 de septiembre de 2022, y el Auto Complementario de 19 de mismo mes y año; y, b) Ordenar que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual de 9 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 371 a 372 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron in extenso el contenido de la acción tutelar presentada y ampliándolo manifestaron que: 1) La notificación con la Sentencia Definitiva 02/21 fue realizada el 11 de enero de 2022, presentado su recurso de apelación, el mismo fue corrido en traslado al tercero interesado quien absuelve el mismo y el Juez de instancia eleva ante el superior en grado la impugnación, cumpliéndose de esa forma lo establecido en el Código Procesal Civil; sin embargo, los Vocales demandados realizaron una interpretación ajena a los antecedentes, declarando la ejecutoría de dicha sentencia, contabilizando el plazo desde el momento de la emisión del acta de la audiencia extraordinaria, suprimiendo su derecho a impugnar; y, 2) Debió considerarse las SCP 1953/2012 de 2012 y 0198/2018 (no indica fechas) respecto al principio pro homine aplicando normas procesales desde una perspectiva más favorable. A la pregunta de la Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en suplencia legal de su similar Tercero, respecto a: “…qué tipo de resolución se determinó en la sentencia objeto de la apelación…” (sic), contestaron que el Juez de la causa rechazó el incidente de nulidad que formularon, declarando además improbada su excepción de prescripción, ordenando la prosecución del proceso para efectos de la ejecución.
Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 351 a 354, solicitaron que se deniegue la tutela, indicando que: i) Según el acta de 8 de octubre de 2021, la redacción del texto pertinente permitía afirmar que la Sentencia Definitiva fue pronunciada en su integridad; por tal motivo, el plazo para apelar la misma debió computarse desde el día siguiente hábil conforme lo señalado en el art. 216.IV del CPC, emitiéndose el Auto REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022, sin infringirse tal precepto; toda vez que, la referida acta, otorgaba certeza que en ese verificativo se encontraban presentes los impetrantes de tutela; ii) Los datos contenidos en las actas se consideran ciertos y fidedignos en tanto no sean objeto de observación por los sujetos procesales; siendo causal de procesos disciplinarios el introducir datos falsos en tales documentos; y, iii) En la parte final de la merituada Acta cursa notificación a las partes presentes en la audiencia extraordinaria de 8 de octubre de 2021, por lo cual la oficial de diligencias del despacho de origen, únicamente debía notificar a quienes no participaron de la misma.
Nemecio Miranda Espinoza, por escrito presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 364 a 365 vta., y en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) El art. 385 del CPC, admite el recurso de apelación en procesos ejecutivos; sin embargo, la parte recurrente debe observar los plazos establecidos para esa impugnación; b) Los Vocales demandados emitieron de forma correcta el Auto de Vista cuestionado al enmarcarse en las previsiones del art. 216.IV y art. 218.II.1 inc. a) del citado Código; c) En el presente caso, todas las partes estaban presentes en la audiencia extraordinaria de 8 de octubre de 2021, de modo que la notificación se practicó en dicho verificativo, debiendo computarse el plazo para la apelación a partir del día siguiente hábil; y, d) Se allana al informe de las autoridades demandadas.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 10/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 373 a 380, concedió la tutela solicitada dejando sin efecto los Autos de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 y de 19 de septiembre de 2022, disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución; con base en los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a los antecedentes, la Sentencia Definitiva 02/2021 fue notificada al tercero interesado el 6 de diciembre de 2021 y a los accionantes el 11 de enero de 2022; por tal razón, formularon su recurso de apelación el 14 de mismo mes y año; 2) No existe certeza de que la Sentencia Definitiva fue pronunciada de manera íntegra en la audiencia extraordinaria de 8 de octubre de 2021, ya que en el acta de ese actuado solo consta la parte resolutiva; al respecto el Auto Supremo 0683/2021 de 29 de julio estableció que “…la no constancia de la entrega de la notificación con la Sentencia en forma escrita en la audiencia, resulta inválida y que la constancia de la entrega de la Sentencia, resulta válida a efectos del cómputo de plazos para la impugnación…” (sic); y, 3) Los solicitantes de tutela tuvieron conocimiento de la Sentencia Definitiva de manera íntegra el 11 de enero de 2022, momento a partir del cual se debió computar el plazo para la apelación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso ejecutivo, instaurado por Nemecio Miranda Espinoza -tercero interesado-, contra Diego y David Paredes Mendieta -accionantes-el 8 de octubre de 2021 se celebró audiencia extraordinaria, en cuya acta se consigna la parte dispositiva de la Sentencia Definitiva:
“POR TANTO: El suscrito Juez Publico Civil y Comercial Nº 3 de Sacaba falla declarando: 1.- Rechaza el incidente de nulidad de obrados interpuesto por David Paredes Mendieta a través escrito de 17 de febrero de 2021. 2.- Improbada la excepción prescripción bienal…” (sic); asimismo se hizo constar que los solicitantes de tutela anunciaron recurso de apelación (fs. 185 a 186). II.2. Cursa Sentencia Definitiva 02/21 de 8 de octubre de 2021, que conforme el formulario den notificaciones fue puesta a conocimiento del tercero interesado el 6 de diciembre del indicado año y a los peticionantes de tutela el 11 de enero de 2022 (fs. 187 a 190 vta.). II.3. Mediante escrito de 14 de enero de 2022, dirigido al Juez Público Civil Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba los impetrantes de tutela formularon recurso de apelación contra la referida Sentencia, impugnación que por Auto de 31 de mismo mes y año se dispuso sea remitida a la Sala Civil y Comercial de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para su sustanciación (fs. 196 a 198 y 202). II.4. Por Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 de 1 de septiembre, Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandados-, de oficio declararon la ejecutoría de la citada Sentencia Definitiva de 8 de octubre de 2021 (fs. 294 a 295).
II.5. Por memorial de 19 de septiembre los peticionantes de tutela formularon aclaración y enmienda respecto a la referida determinación, mereciendo como respuesta el Auto de Vista de idéntica fecha, por el cual los Vocales demandados determinaron no ha lugar a esa solicitud (fs. 300 a 301).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley procesal, fundamentación, motivación y defensa, así como del principio pro homine; aduciendo que los Vocales demandados por Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 de 1 de septiembre, declararon la ejecutoría de la Sentencia Definitiva 02/21 de 8 de octubre de 2021 que rechazó su incidente de nulidad y excepción de prescripción sin compulsar sus agravios con el argumento de que se formuló recurso de apelación de forma extemporánea, obviando considerar que ese fallo les fue notificado de manera íntegra, recién el 11 de enero de 2022; ya que, en la audiencia extraordinaria de 8 de octubre de 2021, solo se dio lectura a la parte resolutiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0367/2012 de 22 de junio, al analizar un proceso ejecutivo y coactivo civil, estableció una distinción precisa de los hechos que pueden ser reclamados directamente a través de la acción de amparo constitucional y los que deben ser conocidos a través de un proceso ordinario previo, distinguiendo cuando se configura una improcedencia por subsidiariedad y cuando no, en ese sentido la aludida Sentencia señaló que: “III.2.1. Primer supuesto de hecho: Cuando el amparo ingresa a la compulsa del acto lesivo en el proceso ejecutivo y acción coactiva civil debido a que en el proceso ordinario posterior no podrá ser analizada, revisada y corregida.
La primera situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados se refieren a la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso, caso en el cual, evidenciándose su quebrantamiento, se otorga la tutela, debido a que dentro del proceso ordinario posterior no podrán ser analizadas, revisadas ni corregidas, existiendo únicamente la justicia constitucional para su tutela.
Esto debido a que como entendió la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, la ordinarización posterior del proceso ejecutivo o coactivo civil, ‘…encuentra su excepción cuando, atentos a la circunstancias de cada caso, la ordinarización del proceso ejecutivo no representa un mecanismo idóneo y efectivo para dilucidar los hechos vulneratorios de derechos fundamentales, es así que, cuando se aleguen y lleguen a constatarse vulneraciones al debido proceso que, posteriormente, en un proceso ordinario no podrán restituirse, se podrá analizar la problemática directamente mediante la tutela que brinda esta acción tutelar sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la LAPCAF’.
Al respecto están las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos:
1) Derecho a la defensa
La línea jurisprudencial, respecto a la obligación de iniciar el proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- no sólo contra el deudor, sino también contra el garante hipotecario, está fundada a partir de la SC 0136/2003-R de 6 de febrero (Fundamento Jurídico III.1.2.), la que fue complementada con el entendimiento asumido en la SC 0331/2003-R de 18 de marzo (Fundamento Jurídico III.2.), en sentido que el proceso de ejecución en cuestión debe iniciarse no sólo contra los deudores sino también contra el garante hipotecario o los herederos de éste último.
Dicha línea jurisprudencial no puede ser aplicada a los casos en los cuales el garante hipotecario o los herederos de éste último, pese a no haberse omitido iniciar el proceso en su contra o porque no se les citó con la demanda coactiva o ejecutiva, tuvieron conocimiento y por lo mismo asumieron defensa, conforme lo entendieron las SSCC 0509/2006-R y 0783/2006-R, entre otras.
En ese orden, la SC 1505/2010-R 11 de octubre de 2010, entendió que si bien la SC 0136/2003-R, estableció que debía notificarse al garante hipotecario con la demanda coactiva civil se debía considerar la SC 0299/2010-R de 7 de junio, que determinó que: ‘…se debe tener en cuenta que: Si existe constancia de que el garante hipotecario durante el proceso tomó conocimiento extraoficial de la demanda o acción del acreedor contra el deudor, o si en ejecución de sentencia es notificado con los actos preparatorios al remate, no existe indefensión, y por ende no corresponde la nulidad de obrados, por cuanto tuvo los medios para reclamar cualquier supuesta ilegalidad que lesione sus derechos fundamentales, agotados los mismos, recién corresponderá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional.
Por consiguiente, se puede evidenciar efectivamente que al haber presentado los accionantes el incidente de nulidad de obrados hasta el momento de que sean notificados con la demanda, el mismo que fue resuelto por Auto de 25 de mayo de 2005, rechazando dicha solicitud, el Juez de la causa dispuso que estando apersonados los impetrantes y con el fin de que tomen causa, se dispone su notificación con la sentencia pronunciada, así como con el avalúo del inmueble en proceso de subasta’.
En este sentido, también existe profusa jurisprudencia constitucional, que señala que así no se cumplan las formalidades legales exigidas por las normas procesales civiles, si el coactivado o ejecutado, ha asumido defensa -situación que se verifica con cualesquier actuación dentro del proceso, incluso con un simple apersonamiento, la notificación es válida y de ningún modo puede prosperar el incidente de nulidad de notificación. Así lo ha establecido la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre (Fundamento Jurídico III.2.), jurisprudencia reiterada en las SSCC 0612/2007-R y 0648/2010-R (Fundamento Jurídico III.4.1.), entre otras.
Esta línea jurisprudencial se encuentra en vigor por su compatibilidad con el nuevo orden constitucional, que prevé el derecho a la defensa en los arts. 115.II de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Otro caso, en la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en el que dentro de un proceso ejecutivo, los vocales demandados no imprimieron el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 149 al 155 del CPC, y por el contrario dispusieron la ejecutoria de la sentencia apelada, el Tribunal Constitucional, en principio señaló que era: ‘…necesario dejar establecido que los hechos alegados no serán susceptibles de revisión en un proceso ordinario posterior, puesto que se tratan de lesiones al debido proceso, inherentes a la naturaleza de este proceso judicial; en consecuencia, no es aplicable el entendimiento expuesto en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la improcedencia por subsidiariedad, correspondiendo su análisis en el fondo, como se explica en el siguiente acápite’. Y, posteriormente, resolviendo el fondo, refirió que ‘…los miembros del Tribunal de alzada, codemandados, en vez de imprimirle el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 149 al 155 del CPC, se constata que no emitieron pronunciamiento alguno sobre el mismo; a pesar de que, corrido en traslado a la parte contraria y una vez respondido, concernía dictar la resolución correspondiente; actuando en contrario, vulneraron los derechos de los incidentistas, ahora accionantes, al debido proceso, al derecho a la igualdad jurídica y a la defensa, consagrados en los arts. 115 y 119 de la CPE’.
2) Derecho a una resolución judicial motivada
La línea jurisprudencial en protección del derecho a una resolución judicial motivada, de mayor relevancia cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, que tienen carácter definitivo (SC 0577/2004 de 15 de abril) (Fundamento Jurídico III.3.), entendió que cuando en un proceso ejecutivo o coactivo civil una de las partes interpone recurso de apelación contra una Resolución, en apelación que resuelve las excepciones opuestas o contra la sentencia de primera instancia, el juez o tribunal ad quem debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron apelados, conforme lo exige el art. 236 del CPC. En ese sentido se pronunció la SC 0954/2004-R, reiterada en las SSCC 0415/2010-R, 1291/2011-R y 1582/2011-R, entre otras.
En otro caso, en la SC 1528/2010-R 11 de octubre, el Tribunal Constitucional concedió la tutela en parte respecto al debido proceso en su elemento constitutivo el derecho a una resolución judicial motivada en un proceso ejecutivo, señalando que la fundamentación implica la identificación de la norma aplicable al caso concreto y su correspondiente adecuación, por cuanto evidenció que: ‘El accionante, a través de su memorial de amparo constitucional, alega la falta de cita legal expresa que sustente la Resolución de 30 de junio de 2007 y el Auto Complementario de 3 de agosto del mismo año, a través de las cuales se rechazaron la excepción bienal de prescripción planteada por el accionante en segunda instancia, argumentándose que en procesos ejecutivos, solamente puede oponerse la excepción de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y el Auto Intimatorio. La Resolución de 30 de junio de 2007, esta estructurada en tres partes considerativas, de las cuales, la primera realiza la relación fáctica relacionada con la problemática concreta; el segundo considerando, analiza el régimen de la prescripción, sustentando el razonamiento en las siguientes normas concretas: i) En el art. 336 inc. 9) del CPC y el art. 1497 del CC, disposición adjetiva que regulan la excepción de prescripción en procesos de conocimiento; ii) En el art. 507 inc. 6) del CPC, que faculta la interposición de excepciones de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y auto intimatorio; e, iii) En los arts. 509, 511 y 336 del CPC. Ahora bien, como ya se tiene dicho, uno de los requisitos de la motivación como elemento del debido proceso, precisamente es la descripción de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; en ese contexto, se tiene que la problemática en dicho caso, versa sobre la oposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en la sustanciación de procesos ejecutivos, entonces, de acuerdo a las citas legales señaladas, se establece lo siguiente: 1) el art. 336 inc. 9) del CPC, no es aplicable al caso concreto porque disciplina procesos ordinarios; 2) el art. 507 inc. 6) del CPC constituye una disposición cuyo supuesto de hecho faculta la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia dentro de juicios ejecutivos, razón por la cual, esta cita legal no cumple con el requisito de motivación señalado, toda vez que el supuesto de hecho, no esta directamente vinculado a la problemática concreta; es decir, a la interposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en proceso de ejecución; y, 3) los arts. 509, 511 y 336 del CPC, tampoco son supuestos de hecho normativos aplicables a la problemática concreta, puesto que disciplinan situaciones fácticas aplicables a la facultad de interponer excepciones en primera instancia; en consecuencia, del contenido de la Resolución de 30 de junio de 2007, se establece que esta decisión no cita la normativa cuyos supuestos de hecho se adapten al caso concreto. Por su parte, el auto complementario de 3 de agosto de 2007, cursante de fs. 142 y vta., a pesar de establecer en su parte dispositiva ‘no haber nada que complementar y aclarar’; sin embargo, en la parte considerativa cita las mismas disposiciones legales señaladas supra; por tanto, se establece que esta providencia tampoco cumple con el requisito de motivación desarrollado líneas arriba. Lo expuesto precedentemente, evidencia que las autoridades demandadas vulneraron el derecho de la Compañía que representa el accionante al debido proceso en su elemento motivación, razón por la cual, en cuanto a la denuncia de su vulneración, la tutela debe ser concedida’.
3) Derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior
La SC 0391/2010-R de 22 de mayo, en un caso en el que los Vocales demandados declararon inadmisible el recurso de apelación presentado por el accionante, -en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo-, contra el Auto que rechazó el incidente de nulidad de obrados, con el argumento de haber sido planteado extemporáneamente fuera de los tres días previstos en los arts. 188 y 216 del CPC, el entonces Tribunal Constitucional entendió que: ‘…conforme al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0090/2010-R, la apelación presentada por el accionante -que fue admitida en el efecto devolutivo- es considerada una apelación directa y tiene el plazo de diez días para su presentación, ya que en el caso analizado, el Auto apelado tiene el carácter de definitivo, porque el mismo define el derecho del ahora accionante, además de encontrarse el proceso en ejecución de sentencia’.
En la SC 1053/2011-R de 1 de julio, en un asunto en el que el accionante denunció que dentro de un proceso coactivo civil, el juez demandado rechazó su recurso de apelación con el argumento de que fue interpuesto fuera de término, el Tribunal Constitucional, ingresando a la compulsa del acto lesivo, evidenció que en efecto el recurso de apelación se presentó extemporáneamente previsto en el art. 220.1 del CPC, por lo que denegó la tutela solicitada.
La segunda situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados a través de la acción de amparo constitucional pueden ser analizados, revisados y corregidos en proceso ordinario posterior, precisamente por no incidir en la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso y referirse a aspectos que requieren amplio debate en el proceso. Así tenemos las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos:
1) Excepción de falta de fuerza coactiva o ejecutiva
Existe uniforme jurisprudencia respecto a denegar la tutela por subsidiariedad cuando el accionante a través del amparo denuncia que dentro del proceso ejecutivo o coactivo, el documento de crédito o base de la ejecución que lo originó tuvo vicios de nulidad por cualesquier circunstancia y por lo mismo carece de fuerza coactiva o ejecutiva, en el entendido que este extremo puede ser corregido en vía ordinaria posterior prevista por el art. 490 CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF. En este sentido se pueden consultar las SSCC 0966/2006-R, 1062/2003-R, 1522/2011-R y SC 0504/2010-R de 5 julio, (caso en el cual se activó paralelamente la vía ordinaria y la acción de amparo).
2) Excepción perentoria de prescripción liberatoria
La SC 0258/2010-R de 31 de mayo, en un caso en el que se pretendió a través de la acción de amparo se revise la resolución que declaró improbada la excepción perentoria de prescripción liberatoria, el Tribunal Constitucional Transitorio consideró que ello era una situación que únicamente podía ser cuestionada y controvertida a través del proceso ordinario conforme lo establece el art. 490.I del CPC y no así mediante la jurisdicción constitucional cuya función específica se traduce en la tutela de derechos fundamentales.
3) Excepción de prescripción de la acción y del derecho
La SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en similar sentido que el anterior, no ingresó a analizar el fondo de la denuncia respecto a la excepción de prescripción de la acción y del derecho, derivando su análisis al proceso ordinario posterior” (las negrillas son añadidas).
Si bien el desarrollo jurisprudencial glosado, tuvo su génesis cuando aún era aplicable el Código de Procedimiento Civil anterior, dicho entendimiento es adaptable al Código Procesal Civil vigente; en el sentido que, la naturaleza y esencia del proceso ejecutivo y la posibilidad de su revisión en proceso ordinario conforme lo prevé el art. 486.I de la norma procesal civil actual, no fue modificada en el nuevo régimen.
En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…)
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’.
Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (las negrillas corresponden al texto original).
En antecedentes que hacen la presente acción de defensa, dentro el proceso ejecutivo a instancias del tercero interesado contra los accionantes, el 8 de octubre de 2021 el Juez de la causa celebró audiencia extraordinaria, emitiendo conforme el acta de idéntica fecha la parte resolutiva de la Sentencia Definitiva 02/21; posterior a ello ese fallo fue puesto a conocimiento de forma íntegra ante los solicitantes de tutela el 11 de enero de 2022 (Conclusiones II.1 y 2). Por memorial de 14 de enero de 2022, los impetrantes de tutela formularon recurso de apelación contra la citada Sentencia Definitiva; que una vez corrido en traslado, el Juez de la causa remitió antecedentes a la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para su sustanciación (Conclusión II.3). Tal impugnación fue considerada por el Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022 de 1 de septiembre, concluyendo que la misma fue presentada fuera del plazo otorgado por la ley, declarando la ejecutoría de la Sentencia Definitiva 02/21 (Conclusiones II.4 y 5) ante esa decisión los impetrantes de tutela por escrito de 19 de septiembre de 2022, formularon aclaración y enmienda, mereciendo como respuesta el Auto de Vista de idéntica fecha por el cual los Vocales demandados determinaron no ha lugar a esa solicitud. En ese marco, los accionantes identifican como lesivo a sus derechos al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley procesal, fundamentación, motivación y defensa, así como del principio pro homine; los Autos de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022, y el complementario de 19 de septiembre de 2022, pidiendo sean anulados. A ese fin es imperativo, revisar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que en lo concerniente al caso sub judice señala que este Tribunal puede conocer y resolver una acción de amparo constitucional en resguardo del derecho a obtener una resolución judicial motivada, entendido en la obligación de un juez o tribunal de resolver la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia, máxime, cuando se trata de sustentar recursos de alzada sobre excepciones, que tienen carácter definitivo, escenario en el que el juez o tribunal de apelación debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron apelados pudiendo la justicia constitucional -sin ingresar al fondo- efectuar el control de la fundamentación y motivación. Ahora bien, el punto neurálgico de esta acción de defensa se centra en determinar si el recurso de apelación formulado contra la Sentencia Definitiva 02/21 por los impetrantes de tutela fue presentado en plazo. Al respecto de la revisión del acta de la audiencia extraordinaria de 8 de septiembre de 2021, se advierte la transcripción de la parte resolutiva de dicho fallo, y el anuncio de apelación por parte de los accionantes, así como la aclaración de que los sujetos procesales fueron notificados en ese acto conforme el art. 82.II del CPC. Sin embargo, posterior a ello cursan diligencias de notificación con la citada sentencia al tercero interesado el 6 de diciembre de 2021 (fs. 190) y a los accionantes el 11 de enero de 2022 (fs. 190 vta) de forma personal inclusive; en mérito a ello, se concluye que la Sentencia Definitiva 02/21 fue puesta a conocimiento de los sujetos procesales de forma íntegra en las mencionadas fechas; en ese entendido, el plazo para apelar que los prenombrados tenían era de diez días conforme el art. 261.I del citado Código, computable a partir del 11 del mencionado mes y año, y habiendo presentado su impugnación el 14 de mismo mes y año; la misma estaba dentro el término correspondiente. En este punto cabe destacar la siguiente regulación normativa, el art. 216 del CPC, que instituye en relación a la sentencia que: “I. La autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación. Sin embargo cuando el caso así lo amerite podrá dictar solamente la parte resolutiva. II. La autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará en un plazo no mayor de veinte días (…) IV. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de esta audiencia, donde se notificará el fallo. Para el caso de que una de las partes no asistiere a la audiencia, el plazo se computará a partir de su notificación…” (sic [las negrillas nos corresponden]). En tal contexto, al encontrarse reglada la materia, así como el cómputo, su inicio y plazos de apelación, compelía que dichas normas sean analizadas por las autoridades judiciales demandadas en su integridad y en consideración a las particularidades advertidas con base en los antecedentes del proceso para evidenciar si se dio o no lectura a la totalidad de la Sentencia, si existieron actuados o diligencias de notificación y las consecuencias que esa lectura parcial o total generaba o no en el proceso y sobre todo en la impugnación en ese mérito, considerar si efectivamente el recurso de alzada fue o no presentado dentro el plazo de diez días previsto en el art. 261.I del CPC. No siendo viable dictar una disposición de hecho y no de derecho, que no permita conocer los motivos y razones jurídicas para arribar a la decisión, pues solo así las partes asumen convencimiento que la decisión adoptada no es irrazonable. En mérito a lo expuesto la referida apelación debió ser resuelta por las autoridades demandadas, quienes al contrario se limitaron a señalar que la notificación con la Sentencia Definitiva 02/21 se produjo el 8 de octubre de 2021 obviando efectuar la compulsa a los antecedentes que componen el expediente judicial de base, dentro el cual se podía analizar las diligencias realizadas con ese fallo de forma íntegra el 6 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022. Por lo cual al emitir el Auto de Vista REG/S.CII/AUT.126/01.09.2022, sin considerar los agravios expuestos en el recurso de apelación de los peticionantes de tutela y declarar la ejecutoria de la Sentencia Definitiva 02/21 incurrieron en lesión al derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa que de acuerdo al desarrollo jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, conlleva en la obligación que tiene toda autoridad ya sea judicial o administrativa de emitir una resolución dentro parámetros razonables que permitan la comprensión de su decisión exponiendo los hechos, y las razones que permitieron asumir determinada decisión, sea de forma clara y concisa; citando a su vez, las disposiciones legales que sustentan la misma, y que si bien no es necesaria efectuar una exposición amplia de consideraciones; empero, aquello no significa precisar una simple relación de documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo que permita la comprensión del recurrente o afectado; en ese entendido, este Tribunal otorga la protección solicitada, disponiendo que los Vocales demandados resuelvan el recurso de apelación de 14 de enero de 2022, debiendo pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión al debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la ley procesal, así como del principio pro homine; los argumentos planteados en la demanda tutelar y la audiencia de garantías resultan insuficientes para considerarlos; ya que, no exponen cómo las autoridades demandadas hubieran transgredido los mismos por lo cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR en parte la Resolución 10/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 373 a 380, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada únicamente respecto al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa, en los mismos términos que la referida Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela sobre el debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la ley y el principio pro homine conforme a los fundamentos expresados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0281_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8c3b2a83bc173d1a95b05a28ba6f1e20973d0f09d72dae2dd6b1e8dcdb977511
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