B.IA.LEGAL

SCP 0281/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
64646-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La adolescente AA, a través de su representante sin mandato, consideró lesionado su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado al principio de celeridad; toda vez que, los funcionarios públicos —ahora demandados— no cumplieron con lo dispuesto en la Resolución 97/2024 de 17 de abril emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de La Paz; en la cual, disponía seis meses de condena en régimen de internamiento para la menor, computables a partir de su detención el 17 de noviembre de 2023 hasta el 17 de mayo de 2024 en el Centro Terapia para Mujeres, debiendo realizar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Nuestra Señora de La Paz los trámites correspondientes para la expulsión de la menor a su país de origen Venezuela; por lo cual, la misma permanece detenida más allá del tiempo establecido. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 18/2024 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; exhortando a los servidores públicos demandados cumplir en el futuro, con sus funciones de forma eficiente y eficaz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Derechos de la niñez y adolescencia
  3. III.3. El acogimiento de niños, niñas y adolescentes
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2024-S4 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 64646-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2024 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro en representación sin mandato de la menor AA contra Esteban Mena, Coordinador; José Valencia Lima, Jefe de la Unidad; y, Brayan Tintaya, Director, todos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2024, cursante de fs. 7 a 8 vta., la menor AA, por medio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, teniendo diecisiete años y siendo de nacionalidad Venezolana, el 17 de abril de 2024 se llevó a cabo su juicio, sometiéndose a una salida alternativa, por Resolución 97/2024 de igual fecha precitada, emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de La Paz, se le declara culpable de robo agravado en grado de tentativa “DISPONIENDO UNA SANCIÓN EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO POR EL TIEMPO DE 6 MESES, EL CUAL ORDENO LA JUEZA SEA COMPUTADO DESDE EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 17 DE MAYO DE 2024 en el Centro Terapia Mujeres; la jueza en la misma resolución dicta que una vez que cumpla la condena se realice LA EXPULSIÓN DEL PAÍS A LA ADOLESCENTE EN COORDINACIÓN CON SUS PROGENITORES AL PAÍS DE VENEZUELA, DEBIENDO LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA SU EXPULSIÓN” (sic.); posteriormente, por Auto de 23 de mayo del año antes referido, la autoridad de control jurisdiccional, indica que ya hubiese cumplido con su condena impuesta y que habiéndose evidenciado que aún continúa privada de su libertad, dispuso que se oficie al Director de la Defensoría de la niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para que disponga lo que en derecho corresponda. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no cumplió con lo ordenado por el Juez; por lo que, su accionar dilatorio hace que siga recluida, siendo que dejó de ser adolescente con responsabilidad penal, violando de esta manera su derecho a la libertad. Al Coordinador de la precitada Defensoría Esteban Mena, se le notificó con los Autos de 10 y 23 de mayo de 2024, y siendo su inmediato superior José Valencia Lima, como Jefe de la indicada institución pública también fue de su conocimiento; y el último Auto mencionado fue formalmente conocido por Brayan Tintaya, en su condición de Director de la misma institución ya referida; consiguientemente, los tres funcionarios individualizados –ahora demandados− incumplieron con la Resolución del Juez de realizar los trámites de la menor AA para su expulsión del país a su lugar de origen Venezuela, al no contar con familia alguna, considerando que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia velan por el interés superior del niño, niña y adolecente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La menor AA, por medio de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

La menor a través de su representante sin mandato, solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que los servidores públicos demandados: a) Cumplan en el día con lo determinado en la Resolución 97/2024; y, b) Le otorguen a la menor AA una casa de acogida, hasta la tramitación de su expulsión a su país de origen Venezuela; toda vez que, ya cumplió con su detención en el Centro Terapia Mujeres.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de junio de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 60 a 63; presentes la parte accionante y el demandado Esteban Mena, por si y en representación de los otros dos codemandados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La menor AA, por intermedio de su abogada y representante sin mandato, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliándolos manifestó que: 1) Existe dilación en el proceso; ya que, recién se coordinó con la Defensoría de la Periferia, no se ha dio cumplimiento a la Resolución 97/2024, misma que fue de conocimiento de la institución pública mencionada, la cual disponía que debían realizar los trámites para que una vez cumplida la condena de la menor, sea expulsada a su país Venezuela, al no tener familiares en el territorio boliviano; 2) El 17 de mayo de 2024, dejó de ser adolescente con responsabilidad penal, lo que corresponde es el rescate inmediato en un Centro de acogida al pertenecer a un grupo vulnerable; y, 3) La menor AA, también fue objeto de trata y tráfico, traída al país por personas adultas que están recluidas en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ahora es víctima, y lo que debemos hacer es proceder al rescate en un Centro o albergue de acogida, hasta que de inmediato la Defensoría realice los trámites, para reintegrar a esta a su familia de origen en Venezuela; por lo que, solicitó que se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de los servidores públicos demandados

Esteban Mena, Coordinador, por sí y en representación de José Valencia Lima, Jefe y Brayan Tintaya, Director, todos de la Defensoría de Niñez y Adolescencia del Municipio de la cuidad de Nuestra Señora de La Paz, en audiencia indicó lo siguiente: i) Que, como representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada Penales, se encarga de la atención de delitos de violencia sexual en razón de género y no así de adolescentes con responsabilidad penal, comunicándose este aspecto al Juez de la Niñez y Adolescencia Primero del Departamento de La Paz; y, ii) El parágrafo II del art. 194 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; refiere que, cuando los intereses se contrapongan a los de su madre, padre, guardador o guardadora, tutora o tutor, o carezca de un representante legal, así sea momentáneamente la Jueza o Juez Público de Materia de la Niñez y Adolescencia designará un tutor extraordinario, que deberá ser un personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo que no ocurre en el presente caso, se pidió únicamente que se realicen las acciones correspondientes, por la instancia Técnica Departamental o por parte del Centro de Reintegración, se debería realizar un abordaje integral, en las áreas Psicológica, social y legal, para la restitución internacional o reintegración a su seno familiar de la menor AA, debiendo para este efecto, dar un tiempo prudencial a la referida institución; toda vez que, estos trámites no se realizan de la noche a la mañana.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías, constituido en Juez de garantías por Resolución de 18/2024 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 66, concedió la tutela solicitada por la parte accionante, disponiendo que los demandados: a) Cumplan con la Resolución Sentencia emitida por la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de La Paz, además de la decisión aclaratoria y conminatoria a la que se hizo referencia en esta resolución; y, b) De manera inmediata proceda la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio del Nuestra Señora de La Paz, “al acogimiento temporal en el albergue hasta que se efectivice la remisión a su país de origen” (sic.), como consecuencia de que la adolescente AA cumplió el 17 de mayo de 2024, con su medida socioeducativa. Fundamentando que, el 15 de mayo de 2024 la Institución Pública referida tuvo conocimiento que era responsable del trámite de expulsión de la menor AA a su país de origen Venezuela, independientemente de la responsabilidad del Ministerio Público; sin embargo, hasta la audiencia de consideración de la acción de defensa, no se presentó ningún documento o prueba que permita entender que los demandados actuaron con diligencia, a pesar de que el 23 de mismo mes y año referido ut supra, también la Jueza hizo conocer su preocupación solicitó se oficie a la Defensoría mencionada y pidió su pronunciamiento del Ministerio Público; empero, con argumentos vagos, fundamentos de defensa irresponsables, no consideraron el orden primordial y el interés superior del niño, niña y adolescente, que debe salvaguardarse.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto de 23 de mayo de 2024, donde la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, pide que se oficie a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, para que proceda como corresponda, evidenciándose que la menor AA seguía detenida habiendo cumplido sentencia; de igual forma, conmina al Ministerio Público a elevar informe dentro las veinticuatro horas. (fs. 2). II.2. Cursa oficio suscrito por la Administradora del Centro de Reintegración Social para Mujeres, dirigido al Director de la Defensoría precitada, donde se le hace conocer que la adolescente, no tiene familia, es de Venezuela y que por esta razón requiere la intervención de esta institución pública, conforme a sus competencias (fs. 3). II.3. Se evidencia, el informe de 19 de enero de 2024 realizado por la Trabajadora Social y Psicóloga del Centro de Reintegración Social para Mujeres, dirigido al Director de la Defensoría precitada donde recomiendan la intervención y atención de esta institución, con la adolescente AA (fs. 4 a 6).

II.4. Consta Resolución 97/2024 de 17 de abril, en la cual se le condena a cumplir seis meses en régimen de internamiento, computables a partir de su detención el 17 de noviembre de 2023 hasta el 17 de mayo de 2024 en el Centro Terapia para Mujeres; y, al no existir convenios entre Venezuela y Bolivia sobre extradición, dispuso su expulsión del país, debiendo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizar los trámites correspondientes. (fs. 19 a 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La adolescente AA, a través de su representante sin mandato, consideró lesionado su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado al principio de celeridad; toda vez que, los funcionarios públicos —ahora demandados— no cumplieron con lo dispuesto en la Resolución 97/2024 de 17 de abril emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de La Paz; en la cual, disponía seis meses de condena en régimen de internamiento para la menor, computables a partir de su detención el 17 de noviembre de 2023 hasta el 17 de mayo de 2024 en el Centro Terapia para Mujeres, debiendo realizar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Nuestra Señora de La Paz los trámites correspondientes para la expulsión de la menor a su país de origen Venezuela; por lo cual, la misma permanece detenida más allá del tiempo establecido. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.

Además, enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”. (las negrillas nos pertenecen).

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. Derechos de la niñez y adolescencia

La Constitución Política del Estado, en la Sección V, denominada “Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud”, prescribe el régimen legal de este grupo, estableciendo a través en su art. 58, que: “Se considera, niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; asimismo, el art. 60 de la Norma Suprema, señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

No obstante, a partir de la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, Bolivia cuenta con una normativa enmarcada en los principios que rigen la doctrina de protección integral, cuya característica principal radica en que los niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos sociales, cuya participación y protagonismo en las decisiones de su vida presente y futura, sea garantizada por el Estado y la sociedad, cuerpo legal que reconoce sus derechos. Es así que en su art. 2, dispone que: “Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos”; y el art. 5, de manera general, señala que este grupo goza de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a todo ser humano; constituyendo obligación del Estado, asegurarles por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades con el propósito de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Disposiciones de orden público y de aplicación preferente, destinadas a tutelar la salud física, mental y moral de la infancia que se encuentra en el territorio boliviano sin ninguna forma de discriminación, en plena concordancia con los instrumentos internacionales que regulan a nivel universal los derechos y garantías de los menores.

III.3. El acogimiento de niños, niñas y adolescentes

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0735/2010-R de 26 de julio, señaló: “Respecto al acogimiento, siguiendo a Cabanellas se conceptúa a este como la aceptación, refugio o protección; señalando este autor, respecto al beneficiario de esta medida o sea al acogido que es: '…recibido, aceptado, admitido, refugiado o asilado. Se dice más particularmente del pobre o desvalido que se halla en un establecimiento de beneficencia'.

(...) el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal; así el art. 210.7 del CNNA, contempla al acogimiento como una de las medidas de protección social que pueden ser establecidas por el Juez de la Niñez y adolescencia, señalando además que:´…es una medida de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada. Esta medida no implica privación de libertad”'.

Concordante con la citada norma, el art. 207 del CNNA, establece que las medidas de protección social al niño, niña y adolescente son aplicables cuando los derechos reconocidos por ese Código estén amenazados o sean violados: “1. Por acción u omisión de la sociedad o del Estado; 2. Por acción u omisión de los padres o responsables; 3. En razón de conducta del niño, niña o adolescente”.

III.4. Análisis del caso concreto

La adolescente AA, a través de su representante sin mandato, consideró lesionado su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado al principio de celeridad; toda vez que, los funcionarios públicos -ahora demandados- no cumplieron con lo dispuesto en la Resolución 97/2024 de 17 de abril emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de La Paz; en la cual, disponía seis meses de condena en régimen de internamiento para la menor, computables a partir de su detención el 17 de noviembre de 2023 hasta el 17 de mayo de 2024 en el Centro Terapia para Mujeres, debiendo realizar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz los trámites correspondientes para la expulsión de la menor a su país de origen Venezuela; por lo cual, la misma permanece detenida más allá del tiempo establecido.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes aparejados al expediente. En ese orden, de lo referido por la parte solicitante de tutela, se evidencia que dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, se sometió a una salida alternativa, emitiéndose la Resolución 97/2024, donde se le declara culpable de robo agravado en grado de tentativa “DISPONIENDO UNA SANCIÓN EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO POR EL TIEMPO DE 6 MESES, EL CUAL ORDENO LA JUEZA SEA COMPUTADO DESDE EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 17 DE MAYO DE 2024 en el Centro Terapia Mujeres; la jueza en la misma resolución dicta que una vez que cumpla la condena se realice LA EXPULSIÓN DEL PAÍS A LA ADOLESCENTE EN COORDINACIÓN CON SUS PROGENITORES AL PAÍS DE VENEZUELA, DEBIENDO LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA SU EXPULSIÓN” (sic.).

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde señalar que de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 precedente de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, en apego al principio de celeridad, comprendido en el art. 180.I de la CPE. Así también, es importante referirnos al art. 60 de la Norma Suprema, que señala: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Asimismo, se evidencia que los hoy demandados, adoptaron una conducta por demás displicente y negligente, en relación a lo dispuesto por el Juez de control jurisdiccional en la Sentencia 97/2024 y las solicitudes emanadas por esta autoridad, como del mismo Centro de Reintegración Social para Mujeres (Conclusiones I,II,III y, IV), donde cumple su condena la adolescente AA, no obstante que se encontraba de por medio su derecho a la libertad y la libre locomoción, máxime si la misma solicitó someterse a una salida alternativa de terminación anticipada del proceso, detención que debió concluir el 17 de mayo de 2024 con la expulsión de nuestro territorio al país de origen de la adolescente, Venezuela; debiendo los demandados observar el mandato imperativo de los arts. 115, 178.I, 180 y 410 de la CPE, que hacen referencia a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, el principio de celeridad, que debe ser observado obligatoriamente por parte de los servidores públicos, por los jueces o tribunales de justicia, aplicando con preferencia los mandatos constitucionales; empero, en el caso de autos, los demandados actuaron de forma contraria; ya que, de acuerdo a lo vertido en la audiencia hasta el momento de esta acción tutelar no iniciaron con los trámites para la expulsión de la adolescente a su país de origen, vulnerando los derechos invocados por parte de la accionante; sin tomar en cuenta, la jurisprudencia constitucional que en los casos que este de por medio la libertad de las personas, tienen la obligación de tramitarla con celeridad; puesto que, un acto dilatorio contrario significaría atentar al derecho fundamental de la libertad; toda vez que, en el presente caso se estaría dejando a la menor, en un estado de incertidumbre sobre su situación jurídica, más aun sabiendo que la misma no cuenta con familiares y ser ciudadana extranjera que fue objeto de trata y tráfico, traída al país por personas adultas que están recluidas en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

Por otra parte, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento jurídico III.3 de este fallo constitucional el acogimiento es una medida de protección social, de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada; empero, esta medida no implica privación de libertad; de igual forma el 207 del CNNA, establece que las medidas de protección social al niño, niña y adolescente son aplicables cuando los derechos reconocidos por ese Código estén amenazados o sean violados: “1. Por acción u omisión de la sociedad o del Estado”; en el presente caso traído en revisión, los Servidores públicos, hoy demandados, al no cumplir en forma oportuna con los trámites encomendados referidos ut-supra, lesionaron los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la adolescente AA. En ese orden, al ser evidentes los reclamos efectuados por la parte accionante, corresponde otorgar la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad de las personas. Por lo expuesto, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 18/2024 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; exhortando a los servidores públicos demandados cumplir en el futuro, con sus funciones de forma eficiente y eficaz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navia

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0281_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4c56111ce35839684ddc41df7ec34424a8cf8c0bd8bbb93d2adde7bf8c39ed97

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