Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia, predictibilidad de la resolución, aplicación objetiva de la ley e igualdad ante la ley; y, a la propiedad privada; toda vez que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 de 22 de junio, emitida por la AGIT, no es clara ni justifica la base normativa en la que se fundamentó, tampoco explica cómo interpretó con el método literal la normativa tributaria y el sentido del término “salvedad”, ni cómo no se acreditó la naturaleza no lucrativa del Estatuto Orgánico siendo que la norma establece la disyuntiva “o” como posibilidad de escoger dos alternativas, no hubo pronunciamiento sobre algunos alegatos; y, al mantenerse firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005, se viola el derecho a la propiedad privada del ICAM, porque implicaría el pago de un impuesto que no debe ser cancelado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 867 a 874, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53865-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 867 a 874, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Alberto Arze Barrenechea en representación legal de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) contra Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Por memoriales presentados el 9 y 17 de enero de 2023, cursantes de fs. 156 a 176; y, 186 a 188, la parte accionante expresó que:
El 27 de enero de 2021, solicitó la formalización de la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), trámite en el que se emitió la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005 de 17 de febrero de 2021, debido a que el Estatuto Orgánico de la ICAM no cumplió con los incisos 3) y 6) del parágrafo II a) y b) del art. 8 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.0030.05 modificada por el parágrafo III del art. 4 de la RND 10.0030.14, Resolución que fue impugnada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Cochabamba y tras un devenir de resoluciones de alzada y jerárquicas, finalmente se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 de 22 de junio, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -ahora demandada-, que revocó totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0070/2022 de 4 de abril, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005. El 5 de julio de 2022, solicitó rectificación, complementación y aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, siendo respondida por Auto Motivado AGIT-RJ 0025/2022 -de 11 de julio- que declaró no ha lugar a la solicitud. La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, está basada principalmente en los siguientes argumentos: ‘“De lo descrito precedentemente se colige que si bien en el referido Artículo 76 del estatuto presentado por el Sujeto Pasivo, dispone la salvedad dispuesta en el Articulo 3, no establece claramente que no realice actividad comercial, disposición que debe ser expresa y clara a efectos de cumplir el requisito previsto por el Artículo 2 de la Ley 2493, que modificó el Articulo 49, inciso b) de las Ley N° 843 (TO), concordante con el Articulo 8, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-05 modificada por el parágrafo III del artículo 4, de la Resolución Normativa de Directorio 10-0030-14, máxime cuando en materia de exenciones la interpretación de la norma es literal. Además cabe manifestar, que dicha previsión literal de la norma está vinculada a la realidad económica, que debe responder a los fines no lucrativos que persigue una determinada entidad que aspire a gozar de la exención del impuesto; ya que las utilidades que se generan de la realización de actividades comerciales constituyen objeto del IUE, están liberados de su pago por naturaleza de sus actividades no lucrativas y el fin social que persiguen, lo que sin duda debe estar reflejado en sus estatutos; en ese contexto, el sujeto pasivo no cumplió con esta condición dispuesta para la excepción del IUE, correspondiendo dar la razón a la Administración Tributaria en este punto. (…). (…) En cuanto a lo expresado por el sujeto pasivo en alegatos en sentido que en el Articulo 8, Parágrafo II, Numeral 6 de la RND N° 10-0030-05, con el uso de la conjunción o claramente señala que, en caso de liquidación, el patrimonio se distribuirá entre entidades de igual objeto o alternativamente, podrá donar a instituciones pública pudiendo el interesado optar por una de las dos opciones citando las SSCCPP Nos. 0090/2014-S1, 0107/2018-S2 y 0030/2018-S1; cabe puntualizar que el Articulo 8, Parágrafo I del CTB claramente dispone que las normas referidas a exenciones tributarias deben interpretarse siguiendo el método literal aspecto que en el presente caso no se observa; por lo que, se desestima el argumento del contribuyente. (Pág. 30,31 y 32)” (sic). Identificándose pseudoargumentos, contenidos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, “1) Que el Estatuto de la ICAM no establece con claridad que no realice actividad comercial (…) 2) Que el sentido literal de las disposiciones del Estatuto, debe estar vinculado con la realidad económica que debe responder a los fines no lucrativos de la entidad (…) 3) Que el Estatuto no expresa textualmente que el patrimonio sea distribuido entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; señalando que las normas referidas a exenciones tributarias deben interpretarse siguiendo el método literal, lo que no se observa en el presente caso…” (sic), en los que se evidenció una carencia absoluta de fundamentación jurídica por no desarrollar la interpretación y/o aplicación en el caso concreto del texto normativo, que llevó a la conclusión que el Estatuto Orgánico del ICAM debía establecer que no se realiza actividad comercial o los principios jurídicos o norma expresa constitucional. No hay referencia de cómo la AGIT interpretó el art. 3.II de la RND 10-00030-05 con el método literal, que determinó que los Estatutos de la ICAM no son claros, realizando una interpretación literal de lo expresado en el art. 49 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, enunciando normas que no son explicadas por la autoridad demandada, omitiendo motivar y exteriorizar el sentido que se le da a las normas aplicadas para resolver el caso concreto. No explicó cómo aplicando el método literal se desecha la interpretación de establecer la conjunción disyuntiva “o” que determina la opción de contemplar dos posibles alternativas entre sí, que se distribuya el patrimonio en caso de liquidación ante entidades de igual objeto “o” que se distribuya a instituciones públicas, no que implica acumulación. Se tienen varias cuestiones sin responder, sobre aspectos que hubieran posibilitado entender la Resolución de Recurso Jerárquico que se impugna, para convencer plenamente de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, no hubo motivación y con conclusiones sin argumentación jurídica, solo trató de justificar el rechazo de la exención realizado por la Administración Tributaria, incumpliendo los esquemas mínimos del derecho al debido proceso, por no estar motivada ni argumentada jurídicamente, vulnerando su derecho al debido proceso y a la propiedad privada. En alegatos del proceso administrativo se señaló “…nuestra institución SI realiza actividad comercial y esto no puede ser ocultado, disimulado u omitido ante la administración tributaria, motivo por el cual, el tenor del Artículo 76 de nuestro Estatuto Orgánico da cumplimiento y se enmarca clara y taxativamente en la salvedad dispuesta en el parágrafo II del artículo 3 de la RND 10.0030.05” (sic), limitándose la AGIT a señalar que “…no establece claramente que no realice actividad comercial, disposición que debe ser expresa y clara a efectos de cumplir el requisito previsto por el Artículo 2 de la Ley N° 2493, que modificó el Artículo 49, inciso b) de la Ley N° 843 (TO), concordante con el Artículo 8, Parágrafo II, Incisos a) y b) de la RND N° 10-0030-05, modificado por el Artículo 4, Parágrafo III de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-14 máxime, cuando en materia de exenciones la interpretación de la norma es literal” (sic), quedando clara la aberrante incongruencia omisiva de la AGIT al no pronunciarse sobre el sentido que se dio al art. 76 en el estatuto dentro la salvedad estipulada en la RND nombrada. Respecto al incumplimiento del art. 100 del Estatuto Orgánico del ICAM, que dice “…DESTINO DEL PATRIMONIO.- Luego de realizarse el activo y cubrirse las obligaciones, el patrimonio se distribuirá entre asociaciones civiles de igual o similar objeto, que desarrollen actividades en el departamento de Cochabamba; de acuerdo con las disposiciones legales que regulan a las entidades sin fines de lucro. De ninguna forma podrá ser distribuido entre sus asociados o miembros del directorio o directiva…” (sic), que cumple con el art. 8.II.6 de la RND 10.0030.05, acogiéndose a la primera alternativa planteada, pero por una falta de análisis legal y fáctico e interpretación equívoca del Estatuto Orgánico, la AGIT observó y desestimó lo expuesto por la falta de observación del método literal. Además que, por la interpretación errada de la autoridad demandada se viola el derecho a la propiedad privada de la ICAM, porque al confirmar el rechazo de la solicitud de exención del IUE presentado ante la Administración Tributaria, implicaría el pago de un impuesto que no debe ser cancelado, interpretación incorrecta y arbitraria de las normas tributarias.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia, predictibilidad de la resolución, aplicación objetiva de la ley e igualdad ante la ley; y, a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 y el Auto Motivado AGIT-RJ 0025/2022, emitido por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT y ordene la emisión de una nueva resolución que corrija las violaciones a los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la propiedad privada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 864 a 866 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de amparo constitucional; y, solicitó se conceda la tutela en función y en virtud a lo expuesto.
Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva a.i. de la AGIT, a través de sus representantes mediante informe escrito presentando el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 839 a 844 vta.; y, en audiencia manifestó que: a) Las solicitudes de exenciones tributarias deben ser interpretadas de acuerdo al método literal, no habiendo posibilidad de escoger otra interpretación alternativa, según lo que establece la misma normativa; b) La ley y la normativa tributaria señalan expresamente lo que debe contener un estatuto para que se viabilice este tipo de trámites, no habiendo vulnerado de ninguna manera el derecho al debido proceso o a la propiedad privada; c) La parte accionante, ante la negativa, tiene la posibilidad legal de subsanar las observaciones de la administración tributaria y volver a ingresar el trámite solicitando la exención del IUE; y, d) Conforme a la “SCP 0014/2018-S2”, de emitirse una nueva resolución jerárquica “…no se tendría efecto modificatorio alguno sobre el fondo de la decisión, pues el resultado sería el mismo de concederse la tutela, por cuanto estuviesen incurriendo en incumplimiento de la normativa tributaria…” (sic) reiterando la solicitud de denegatoria de tutela.
Elizabeth Ledezma Cornejo, en representación legal de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 849 a 855 vta.; y, en audiencia a través de su abogado, manifestó que: 1) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, cumple con el debido proceso en todos los elementos, y confirma la negativa a la solicitud de exención del ICAM porque su Estatuto Orgánico no cumple con los presupuestos normativos; 2) La parte accionante acudió erradamente a la vía de acción tutelar como instancia casacional o de apelación, cuestionando interpretación normativa, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa administrativa para determinar si se aplicó correctamente la ley, pretendiendo forzar una interpretación extensiva de la norma; 3) Identifica derechos pero no establece la relación de su vulneración con la decisión de la Resolución de Recurso Jerárquico fundamentalmente respecto a la normativa cuestionada; y, 4) La AGIT en su resolución realizó una debida fundamentación y motivación expresando que el Estatuto Orgánico de la ICAM no cumple con la normativa tributaria, no vulnera ningún derecho constitucional y más aún posibilita poder solicitar nuevamente la exención tributaria, por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la acción tutelar.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-008/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 867 a 874, denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, estableció que la acción de amparo constitucional: “…es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección...” (sic); ii) Previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática, se debe verificar el cumplimiento de requisitos o lineamientos de parte del accionante a efecto de analizar la interpretación ordinaria y así determinar la concesión o no de la tutela, lineamientos que sobrevienen básicamente de lo establecido en la Constitución Política del Estado, en cuanto a que la interpretación de la legalidad ordinaria le corresponde a la jurisdicción ordinaria; iii) La normativa tributaria con relación a las exenciones de tributos es clara, el art. 8.I del Código Tributario Boliviano CTB -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-, establece de manera taxativa que: ‘“…Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal.’” (sic); iv) La problemática es básicamente la aplicación de la normativa tributaria respecto a la solicitud de exención del IUE, al no dar curso la Administración Tributaria y ser confirmado el rechazo por la resolución de recurso jerárquico, la cual no vulnera del debido proceso, por el contrario, cumple con lo establecido en la ley al observar el Estatuto Orgánico de la ICAM al no consignar expresamente los incisos observados por la Administración Tributaria; v) La parte accionante no otorgó los elementos necesarios a efecto de establecer la relevancia constitucional para dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 conforme la petición de tutela y se disponga la emisión de una nueva, tomando en cuenta la posibilidad legal de subsanar el indicado Estatuto Orgánico conforme a las observaciones del SIN e ingresar nuevamente la solicitud; y, vi) Ante la eventual decisión constitucional de solicitar una nueva emisión de resolución jerárquica por parte de la demandada se deberá aplicar nuevamente la normativa tributaria sin que el resultado sea distinto al resuelto. “En tal sentido, al no tenerse verificado la vulneración material y objetiva a derecho fundamental ni garantía constitucional alguno (…) obliga a esta Sala Constitucional a denegar la tutela solicitada” (sic)
En vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado, solicitó en audiencia, que se aclare por qué la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba aplica jurisprudencia constitucional que no está vigente contenida en la SC “1846/2004”, y que la misma habría sido modulada por amplia jurisprudencia constitucional como ser la “SC[P] 1631/2013” para analizar la actividad interpretativa; sin embargo, se aplica un estándar perjudicial que no está vigente para denegar la tutela; en segundo lugar, requirió se complemente por qué no se pronunció con relación al debido proceso y en particular a la motivación, congruencia y predictibilidad, simplemente reiteró lo que expuso la AGIT y la Administración Tributaria; y, finalmente pidió se aclare por qué se cortó en audiencia en tres oportunidades la exposición de la parte accionante, no habiéndose obrado de la misma forma con la demandada y tercero interesado, vulnerando su derecho al debido proceso y solicitando que conste en acta, copia de la grabación y de la “Sentencia” emitida para remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión y conste la queja. La precitada Sala Constitucional, mediante Auto complementario de 3 de febrero de 2023, precisó que la Resolución emitida responde a reiterados lineamientos establecidos, como la SCP “069/2017-S2”, al estar debidamente fundamentada, motivada y responder a los cuestionamientos inmersos en la acción tutelar y en el informe de la demandada, se escuchó a las partes en equidad en cuanto a sus argumentos orales, teniendo el tiempo razonable, siendo el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, que determine lo que solicitó en vía de enmienda, complementación y aclaración, en consecuencia declaró “…NO HA LUGAR a la misma, manteniendo incólume la resolución constitucional emitida” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005 de 17 de febrero de 2021, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, que declaró improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del IUE al contribuyente ICAM -accionante- “…al no cumplir sus estatutos a cabalidad con las previsiones de los incisos 3) y 6) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N 10.0030.05 de 14 de septiembre de 2005 modificada por el parágrafo III del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N 10.0030.14 y el inciso b) del artículo 49 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), concordante con lo dispuesto por el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-05, modificada por la Resolución Normativa de Directorio N 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0027-15…” (sic [fs. 41 a 45]).
II.2. Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0070/2022 de 4 de abril, el Director Ejecutivo Regional de la ARIT Cochabamba, revocó totalmente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005 (fs. 114 a 132 vta.). II.3. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 de 22 de junio, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -demandada-, se revocó totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0070/2022, y “…mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192130000005, de 17 de febrero de 2021; sin perjuicio de que el Sujeto Pasivo pueda adecuar sus Estatutos a lo establecido en la normativa vigente y presentar nueva solicitud de exención del IUE ante la Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso a) del Código Tributario Boliviano (CTB).” (sic [fs. 134 a 150]).
La parte accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia, predictibilidad de la resolución, aplicación objetiva de la ley e igualdad ante la ley; y, a la propiedad privada; toda vez que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 de 22 de junio, emitida por la AGIT, no es clara ni justifica la base normativa en la que se fundamentó, tampoco explica cómo interpretó con el método literal la normativa tributaria y el sentido del término “salvedad”, ni cómo no se acreditó la naturaleza no lucrativa del Estatuto Orgánico siendo que la norma establece la disyuntiva “o” como posibilidad de escoger dos alternativas, no hubo pronunciamiento sobre algunos alegatos; y, al mantenerse firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005, se viola el derecho a la propiedad privada del ICAM, porque implicaría el pago de un impuesto que no debe ser cancelado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre el particular, la SCP 0542/2020-S4 de 6 de octubre; estableció que: «La acción de amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional diferente al proceso ordinario, con un objeto específico y diferente, que se materializa en la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, que viene a ser la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; con un marco jurídico procesal propio, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección de derechos y garantías fundamentales, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. Al respecto la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que: “…la acción de amparo constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la CADH, instrumento que señala: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’. En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la dimensión procesal constitucional de la acción de amparo constitucional debe ser estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad”. La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE que establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez el art. 129.I de la citada Norma Suprema, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en consecuencia, la Constitución Política del Estado instituye esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la Ley Fundamental, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida» (las negrillas son nuestras).
Respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, la SCP 0098/2025-S1 de 14 de marzo señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018- S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.” (las negrillas son añadidas)
La parte impetrante de tutela, alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia, predictibilidad de la resolución, aplicación objetiva de la ley e igualdad ante la ley; y, el derecho a la propiedad privada; toda vez que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 de 22 de junio, emitida por la AGIT, no es clara ni justifica la base normativa en la que se fundamentó, tampoco explica cómo interpretó con el método literal la normativa tributaria y el sentido del término “salvedad”, ni cómo no se acreditó la naturaleza no lucrativa del Estatuto Orgánico siendo que la norma establece la disyuntiva “o” como posibilidad de escoger dos alternativas, no hubo pronunciamiento sobre algunos alegatos; y, al mantenerse firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005, se viola el derecho a la propiedad privada del ICAM, porque implicaría el pago de un impuesto que no debe ser cancelado. Ahora bien, de la problemática expuesta, en atención a los antecedentes aparejados al expediente, en aplicación de la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional, se instituye como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley, mecanismo de defensa constitucional de derechos que se constituye en un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. De los argumentos vertidos por el accionante, cuestiona la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, emitida por la autoridad demandada, copiando sentencias constitucionales plurinacionales, y mencionando vulneración derechos; sin embargo, no explica de qué forma dicha Resolución vulnera sus derechos solo argumenta que resulta imposible llegar a la conclusión de que el Estatuto Orgánico de la ICAM debía establecer claramente que no realiza actividad comercial cuando hay una salvedad, se remite a precisar que los fundamentos de la resolución aludida no exteriorizan las razones de la aplicación de la normativa y solamente los citaría literalmente, no siendo clara ni precisa en su fundamentación; demostrándose que la parte accionante pretende una revisión minuciosa de la normativa tributaria para los trámites de exención del IUE, más aun sobre la aplicación del método de interpretación literal, también conocido como interpretación textual o gramatical, que consiste en entender una norma jurídica o un texto legal basándose únicamente en el significado literal de las palabras que lo componen. En ese sentido, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022, expresa en sus puntos que “xx. En ese sentido, el Artículo 8, Parágrafo 1 del CTB dispone que las normas referidas a exenciones tributarias deben interpretarse siguiendo el método literal. Asimismo, el Artículo 19, Parágrafos I y II del citado Código, determina que la exención es la dispensa de la obligación tributaria y que la ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración. (…) xxii. En cuanto al IUE el Artículo 49, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 2493, señala que están exentas del IUE las utilidades obtenidas, entre otros, por las Asociaciones Civiles, Fundaciones o Instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: Religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre Entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. (…) xxix. De lo descrito precedentemente se colige que si bien en el referido Artículo 76 del Estatuto presentado por el Sujeto Pasivo, dispone la salvedad dispuesta en el Artículo 3, Parágrafo II del de la RND N° 10-0030-05, no establece claramente que no realice actividad comercial, disposición que debe ser expresa y clara a efectos de cumplir el requisito previsto por el Articulo 2 de la Ley N° 2493, que modificó el Artículo 49, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), concordante con el Artículo 8, Parágrafo II, Incisos a) y b) de la RND N° 10-0030-05, modificado por el Articulo 4, Parágrafo III de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-14. máxime, cuando en materia de exenciones la interpretación de la norma es literal.” (sic [las negrillas son añadidas]). Por lo extractado líneas arriba, en el caso de las exenciones tributarias la interpretación de la norma es literal y tal como prescribe el art. 49. inc. b) de la Ley 843, modificado por el art. 2 de la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, la exención procederá siempre que no se realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales; previsión literal de la norma, que debe estar vinculada a la realidad económica que debe responder a los fines no lucrativos que persigue una determinada entidad que aspire a gozar de la exención del impuesto, ya que las utilidades que se generan de la realización de actividades comerciales constituyen objeto del IUE y el beneficio de la exención está dado a los sujetos que aún generando utilidades, están liberados de su pago por la naturaleza de sus actividades no lucrativas y el fin social que persiguen, lo que sin duda debe estar expresamente reflejado en sus estatutos; en este contexto, la parte accionante no cumplió con ésta condición dispuesta para la exención del IUE. Por lo que, de lo analizado precedentemente, los estatutos de la parte peticionante de tutela no reflejan las condiciones establecidas en la normativa tributaria para beneficiarse de la exención del IUE; conclusión a la que también arribó la autoridad demandada, en virtud a la interpretación literal de los referidos estatutos; por lo que, en este punto corresponde descartar el argumento de la parte accionante en sentido que no se hubiera realizado una interpretación literal del Estatuto Orgánico de la entidad y la vulneración del art. 8.I del CTB. No se demostró que la autoridad demandada haya incurrido en lesión al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de acuerdo al desarrollo jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que conlleva a la obligación que tiene toda autoridad ya sea judicial o administrativa de emitir una resolución dentro parámetros razonables que permitan la comprensión de su decisión exponiendo los hechos y las razones que permitieron asumir una determinada decisión, debiendo exponer su fundamentos de forma clara y concisa; citando a su vez, las disposiciones legales que sustentan la misma; en ese entendido, al no haberse constatado que la autoridad demandada lesionó los derechos de la parte impetrante de tutela, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia, predictibilidad de la resolución, aplicación objetiva de la ley e igualdad ante la ley; y, a la propiedad privada; corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, cabe precisar que la parte accionante pasó por alto algo muy importante, referente a que ante la subsanación de su Estatuto Orgánico, cumpliendo las observaciones realizadas en la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192130000005, tiene la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud de exención, tal como se señaló en el fragmento final de la parte dispositiva de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0622/2022 que establece “…sin perjuicio de que el Sujeto Pasivo pueda adecuar sus Estatutos a lo establecido en la normativa vigente y presentar nueva solicitud de exención del IUE ante la Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso a) del Código Tributario Boliviano (СТВ)” (sic), en lugar de activar la presente acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 867 a 874, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0280_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): ef310170821b12ccee9853daafe96060d6d9ee84129dd4b68c06d0715686d76e
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