B.IA.LEGAL

SCP 0280/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48688-2022-98-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada al disponer su reclusión en el Centro Penitenciario de San Roque, debido al incumplimiento en la cancelación de un plan de pagos por asistencia familiar, no valoró el delicado estado de salud en el que se encuentra; ya que, si no recibe la atención médica especializada que requiere, su vida corre riesgo. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 274/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad
  2. III.2. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2024-S4 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48688-2022-98-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 274/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo Gonzáles Porcel contra Juan Quiroga Ortiz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 17 a 20 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como resultado del incumplimiento de pago de pensiones devengadas a la última planilla de liquidación, por concepto de asistencia familiar; el demandante de tutela fue recluido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre; señala que, dicho incumplimiento es a raíz de que desde hace más de un año se encuentra imposibilitado de trabajar a consecuencia de varias enfermedades, como diabetes, anemia y problemas en los riñones, los cuales se complicaron dejándolo postrado en silla de ruedas; por ello, interpuso incidente de cesación de asistencia familiar, mediante el cual hizo conocer a la autoridad jurisdiccional la gravedad de su estado de salud, recibiendo una respuesta negativa a su solicitud. Planteo la presente acción tutelar en su modalidad instructiva, que tiene como finalidad proteger y resguardar el derecho a la vida el cual está siendo vulnerado como consecuencia del apremio dispuesto por el Juez Publico de Familia Séptimo de Chuquisaca -ahora demandado-; pues si bien lo determinado se halla en el marco de legalidad, la citada autoridad debió considerar el peligro en el que se encuentra su vida, dado su delicado estado de salud, sin embargo; hizo caso omiso a todas las solicitudes presentadas, dejando de lado lo establecido por los arts. 229 y 415 del Código de Familia y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 14 de noviembre de 2014–, que determinan procedimientos previos al mandamiento de aprehensión a efectos de exigir el cumplimiento de pago de asistencia familiar, como el embargo de bienes, retención de sueldos y otros; por lo que, el actuar de la autoridad judicial demandada, restringió su derecho a la libertad y a la vida, ya que su estado actual de detenido, lo imposibilita a recibir la atención y tratamiento médico requerido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alegó lesionados los derechos a la vida y a la libertad; citando al efecto, los arts. 23, 115.I y II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la restitución de su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 36, presente la parte accionante a través de su abogado; y, ausentes tanto la autoridad jurisdiccional demandada como el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y de la acción

El acciónate de tutela, ratificó los argumentos expuestos en su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Quiroga Ortiz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 12 de julio de 2022, cursante de fs. 27 a 28; manifestó que la presente acción de libertad, deriva de la planilla de liquidación de asistencia familiar; la cual fue notificada al ahora solicitante de tutela, quien en respuesta planteo incidente de cesación de asistencia familiar; mismo que fue observado por decreto de fecha 24 de febrero del 2024, en el cual se instó al demandado de asistencia familiar a cumplir con lo establecido en el art. 259 incs. c), d) y h) del CFPF, bajo conminatoria de aplicarse el art. 264.II de la cita Ley; a lo que, contesta y acepta el plan de pagos propuesto; en consecuencia, mediante Auto se aprobó la planilla de liquidación, en base al acuerdo arribado, advirtiéndose que, al incumplimiento de lo pactado, se librará el correspondiente mandamiento de apremio; ahora bien, la demandante de asistencia familiar, solicitó nuevamente la emisión de mandamiento de apremio pidiendo se autorice allanamiento de domicilio durante el día; por otro lado, la Secretaria de Juzgado, mediante informe verbal, señalo que, el demandado por asistencia familiar -ahora impetrante de tutela-, no habría subsanado la demanda de cesación de asistencia familiar en el tiempo establecido, motivo por el cual se dio por no presentada. Asimismo, se debe tener presente que el mandamiento de apremio se libró en atención a lo previsto por los arts. 127.I y 415.VII y del CFPF, cumpliendo únicamente con lo establecido por la ley; la autoridad judicial -ahora demandado-, manifestó que; desconocía el estado de salud del accionante y que, la planilla aprobada resulta ser anterior a la solicitud de cesación de asistencia familiar, siendo que el proceso de pagos devengados data del 2018.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 274/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 37 a 42, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) No se encontró en los antecedentes ni en la exposición en audiencia del representante sin mandato del impetrante de tutela, dónde estaría la lesión al derecho y garantía constitucional por parte de la autoridad demandada, pues él mismo indicó que solicitó un plan de pagos y la cesación a la asistencia familiar, la cual fue observada y no fue subsanada oportunamente; b) No impugnó ninguna de las resoluciones; teniendo en cuenta que, en la Resolución de 4 de marzo de 2022, se advirtió al demandado por asistencia familiar que, en caso de incumplir con la cancelación de la primera cuota del plan de pagos, que él mismo solicitó, se libraría mandamiento de apremio; en razón a ello, no se puede operar la modalidad de acción de libertad instructiva, en el entendido que el peligro de su vida no deviene de torturas, tratos crueles, inhumanos; y, c) La presentación del último certificado médico, en el cual aduce que el paciente no acudió a su sesión de hemodiálisis, sin embargo; la Ley de Ejecución Penal establece un tratamiento especializado a los casos de emergencia; por lo que, no señaló de qué manera se le ha negado u obstaculizado la atención médica requerida; asimismo, la presente acción no fue presentada contra la Autoridad Penitenciaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial de 15 de febrero de 2022, Gonzalo Gonzales Porcel –ahora impetrante de tutela–, solicita cesación de asistencia familiar, ante la imposibilidad de cumplir con el monto asistencial debido a la enfermedad por la que atraviesa, que hace que no pueda sustentar su vida menos la de su familiar (fs. 4 y vta.). II.2. A través de escrito de 15 de febrero de 2022, Gonzalo Gonzales Porcel, solicita plan de pagos para el cumplimiento del monto adeudado de asistencia familiar (fs. 5). II.3. Cursa Certificado Médico de 12 de julio de 2022, por el cual Andrea Cano Arenas, certificó que Gonzalo Gonzales Porcel, es diagnosticado con “pronóstico renal y vital reservado”, señalando que no acudió a la sesión de hemodiálisis, situación que pone en riesgo su vida. (fs. 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada al disponer su reclusión en el Centro Penitenciario de San Roque, debido al incumplimiento en la cancelación de un plan de pagos por asistencia familiar, no valoró el delicado estado de salud en el que se encuentra; ya que, si no recibe la atención médica especializada que requiere, su vida corre riesgo. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad

Respecto al derecho a la vida, la SCP 1433/2022-S4 de 31 de octubre, señaló que: “…se entendió que la protección de éste deriva del carácter importantísimo que posee esta prerrogativa de las personas frente a las demás; y por ello, será protegido cuando exista un real peligro o amenaza al mismo. Así lo refirió la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en la que también se concluyó lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. (…) empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”. Por ello, se concluye que el impetrante que reclame la lesión o amenaza a su derecho a la vida, debe demostrar razonablemente el riesgo o amenaza que sufre, no siendo suficiente la sola alegación de tal vulneración; así lo estableció también la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, que indica: «Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables». Bajo el mismo criterio, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto estableció que: ‘Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que «su vida está en peligro». Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (las negrillas nos corresponden). Conforme a los razonamientos jurisprudenciales y normativos expuestos; se tiene que, la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción;

asimismo, protege de manera directa el fundamentalísimo derecho a la vida e integridad personal; empero, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente.

III.2. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial

La SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, sobre el tema, efectuó el siguiente desarrollo: “La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I, el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas son nuestras).

En correspondencia con dicha normativa, el art. 108.9 de la referida Ley Fundamental prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos”; cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado boliviano, de acuerdo con el art. 9.4 de la citada Norma Suprema.

I. En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código. Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar –su carácter personalísimo respecto del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito–, que la diferencia de las obligaciones civiles; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surge del vínculo familiar, es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral.

1 La SC 0177/2006-R de 17 de febrero, en el FJ III.1, señala: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente, no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios. También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común. Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”. 2 La SCP 1011/2013 de 27 de junio, en el FJ III.3, expresa: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico (…)”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio –Fundamento Jurídico III.3–, sostiene: “…que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, la justicia constitucional desarrolló el alcance de los principios necesarios para la labor interpretativa de este Tribunal y de los diferentes jueces, tribunales y autoridades, para un adecuado análisis de los problemas jurídicos planteados en cada caso concreto. Así, respecto al principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la CPE, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3, señala: “…corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (las negrillas son nuestras).

También corresponde referirse al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal; en virtud al cual, de acuerdo a la SC 0897/2011 de 6 de junio (–Fundamento Jurídico III.5–, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio), “…la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos” (el resaltado es ilustrativo). En consonancia los principios referidos, es pertinente citar el principio de justicia material, cuyo alcance fue establecido por la SC 0548/2007-R de 3 de julio, reiterada por la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 0684/2014 de 10 de abril, entre otras, al expresar en su Fundamento Jurídico III.1, que en la tarea de administrar justicia, se tiene la obligación de procurar la realización de la justicia material,”…como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia; empero, cuando dicha realización ha sido soslayada, es deber de la jurisdicción constitucional procurarla mediante los mecanismos instrumentados para ello, como el recurso de amparo constitucional, no como una instancia más dentro del proceso judicial, sino como la vía por medio de la cual, se despejan, en determinados casos, aquellas dudas o vacíos que impiden la vigencia verdadera de los derechos materiales de las personas” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció como vulnerados sus derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad demanda al disponer su reclusión en el Centro Penitenciario San Roque, debido al incumplimiento en la cancelación de un plan de pagos por asistencia familiar, no valoró el delicado estado de salud en el que se encuentra; ya que, si no recibe la atención médica especializada que requiere, su vida corre riesgo. Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, mediante memorial de 15 de febrero de 2022; por el cual, Gonzalo Gonzales Porcel- hoy impetrante de tutela-, solicita cesación de asistencia familiar, ante la imposibilidad de cumplir con el monto asistencial debido a la enfermedad por la que atraviesa, que hace que no pueda sustentar su vida menos la de su familiar (Conclusión II.1), seguidamente, a través de escrito de 15 de febrero de 2022, el accionante, solicita plan de pagos para el cumplimiento del monto adeudado de asistencia familiar (Conclusión II.2). El 12 de julio de 2022 por Certificado Médico emitido por Andrea Cano Arenas, quien certificó que el impetrante de tutela, es diagnosticado con “pronóstico renal y vital reservado”, señalando que no acudió a la sesión de hemodiálisis, situación que pone en riesgo su vida. Documental que no fue valorada correctamente por el Juez demandado; toda vez que, libró el mandamiento de aprehensión sin considerar el peligro en que se encuentra su vida (Antecedentes I.1.1 y I.2.1). Por otro lado, Juan Quiroga Ortiz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca –ahora demandado-, manifestó que con referencia a la solicitud de cesación de asistencia familiar, mediante decreto se instó al ahora accionante a cumplir con los requisitos de la demanda, bajo conminatoria de tenerse por no presentada en caso de inobservancia, a la cual contesta y acepta el plan de pagos; en tal sentido, a través de Auto se aprueba la planilla de cancelación; que advierte que, ante el incumplimiento de lo acordado, se librará mandamiento de apremio; asimismo, por informe verbal de la Secretaria de Juzgado, no se habría subsanado la demanda de cesación de asistencia familiar en el tiempo establecido, motivo por el cual se dio por no presentada la misma (Antecedente I.2.2.). Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis: A fin de abordar la problemática planteada, cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; el cual refiere que, la acción de libertad tiene un amplio margen de protección, pues además de tutelar de manera directa el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción, también tutela el derecho a la vida e integridad personal; que por la naturaleza del derecho a la vida, impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección; en virtud de lo cual, se suscita la abstracción del principio de subsidiariedad, es decir, que la tutela del derecho a la vida, que se encuentra bajo el ámbito de protección de esta acción de defensa, puede ser solicitada de manera directa ante la justicia constitucional, sin tener que agotar previamente la jurisdicción ordinaria; por lo que, no existe óbice alguno al respecto, para continuar con el estudio del caso de análisis.

De lo descrito y señalado precedentemente, se evidencia que el reclamo constitucional reside en el mandamiento de apremio emitido por el Juez demandado, que restringió la libertad y por ende la vida del accionante, debido a las enfermedades que padece; en ese contexto, y conforme a la naturaleza jurídica de la acción de libertad vinculada con el derecho a la vida citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta evidente que el presunto riesgo que corre su vida, por estar recluido en un Centro Penitenciario, dada las enfermedades que atraviesa; no son producto de una decisión discrecional de la autoridad demandada, sino más bien que su libertad se encuentra restringida como resultado del incumplimiento a las asignaciones familiares, de las cuales es él mismo impetrante de tutela quien solicitó cancelarlas en un plan de pagos; y que, mediante Auto se le advirtió oportunamente que ante el incumplimiento de lo referido, se procedería con la correspondiente aprehensión; por lo que, tenía pleno conocimiento a qué sería susceptible si hacía caso omiso a sus obligaciones; y que, en todo caso no está restringido en su derecho a la salud, dado que previo cumplimiento de formalidades, este puede acceder a las atenciones médicas especializadas que necesite. Siguiendo el entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, la asistencia familiar es una de las obligaciones que emerge de los vínculos familiares, que no solo se limita a la carga económica; sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral, para cuyo cumplimiento puede ejercerse inclusive la restricción de libertad del obligado, para lo cual el Código de Familia y del Proceso Familiar, establece las condiciones y formalidades que se deben observar para obligar el pago de la asistencia familiar, cuya materialización se encuentra, garantizada por el Estado, para lo cual está prevista la emisión del mandamiento de apremio, que tiene carácter indefinido y puede ser ejecutado por cualquier autoridad. Al efecto, la autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio, podrá emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento. Pues en el caso que se analiza, el Juez demandado, velando por los intereses del menor a objeto de hacer respetar lo que en derecho le corresponde, y a la luz del principio de proporcionalidad, propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son; los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta, y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. En consecuencia, la presunta lesión que alega el solicitante de tutela no es evidente; puesto que, como se estableció precedentemente, el mandamiento de apremio emergente del incumplimiento de la provisión de asistencia familiar, acto que además se advirtió al solicitante de tutela, quien no activó ni puso en cocimiento mediante recurso alguno la imposibilidad de pago de dichas asignaciones; fueron conforme a procedimiento especifico en materia familiar; pues, la solicitud de cesación a las citadas obligaciones, fueron observadas en cuanto a sus requisitos de presentación de la demanda, las cuales tampoco fueron subsanadas oportunamente por el propio accionante, lo que impidió a la autoridad jurisdiccional aperturar un análisis de fondo, ya que la misma se dio por no presentada, según lo señalado por dicha autoridad; en razón a ello, de ninguna manera la autoridad demandada vulneró el derecho a la a vida del impetrante de tutela; toda vez que, su privación de libertad fue resultado del incumplimiento de su deber de proveer en forma oportuna la asistencia familiar a la que está obligado; y que, en su caso pese a habérsele dado la oportunidad de un plan de pagos, ante su incumplimiento no pudo considerar otra medida que permita un efectivo cumplimiento de sus obligaciones; en razón a ello, corresponde denegar la tutela solicitada. Sin perjuicio de lo resuelto, dado el estado de salud acreditado por el impetrante de tutela, se exhorta al Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, que previo cumplimiento de los requisitos de seguridad se otorgue la posibilidad de viabilizar los tratamientos médicos que requiera el accionante para garantizar su derecho a la vida y a la salud. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 274/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0280_2024-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 532f599f458c06b96a8deffcefa03645928cc42c970c35911353b85e13b1bf5c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →