B.IA.LEGAL

SCP 0280/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50913-2022-102-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos de su nieto a la asistencia familiar e interés superior del niño, y otros conexos como ser la educación, alimentación y vivienda; puesto que, se encuentran cuidando y protegiendo directa y físicamente a su nieto de seis años de edad, ya que al abandonar su madre el hogar el 2017, de forma voluntaria firmó en dos oportunidades el acuerdo transaccional de guarda de menor en favor de su padre al utilizar al referido menor de edad en conflictos familiares, para disponer luego la guarda compartida entre ambos progenitores, revocándola ante los problemas surgidos para otorgarla a la madre, quien afectó emocionalmente a dicho menor de edad, quien indicó que no quería relacionarse con su madre, como certificó el Informe Técnico Psicológico Social ETIJPNA 3° S.A.P. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, tratándose de niños, niñas y adolescentes
  2. III.2. De los menores de edad sin representación legal ante la tramitación de asistencia familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50913-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Guadalupe Rosa Sillerico de Calle y David Adolfo Calle Quispe contra Lily Marciana Tarquino López, Jueza Pública de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 45 a 50., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Del certificado de nacimiento que adjuntan se advierte que Laura Patricia Fernández Rodríguez y Edwin Rodrigo Calle Sillerico procrearon al menor de edad AA, que actualmente tiene seis años de edad, el cual se encuentra bajo su cuidado y protección directa y física al resultar ser su nieto, ya que cuando la madre decidió abandonar su hogar el 2017, firmó en dos oportunidades un acuerdo transaccional por el que otorgaba voluntariamente la guarda a su padre, pero al haberse dado la tarea de utilizar al niño en conflictos familiares llegando a la jurisdicción ordinaria en la que la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, homologó el acuerdo de guarda en favor del padre y posteriormente dispuso la guarda compartida entre ambos progenitores para posteriormente debido al problema entre ambos progenitores revocarla y otorgarla el cuidado y protección a favor de su madre, momento a partir del cual la progenitora seguramente por su dejadez y arrepentimiento inició acciones que afectaron emocionalmente al niño quien manifestó que no quiere relacionarse con ella, recordando malos trato físicos tal cual certifica el Informe Técnico Psicológico Social ETIJPNA 3° S.A.P. 01/2022 de 26 de octubre, lo que motivó la denuncien por el delito de violencia familiar o doméstica (psicológica) determinando que el representante del Ministerio Público el 12 de mayo de 2022, otorgue medidas de protección a cumplirse por sus progenitores como la prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima. Ante esa situación, el 17 de mayo de 2022, presentaron dos demandas: la primera, de guarda al estar al cuidado físico y directo del menor de edad; y la segunda, de asistencia familiar contra ambos progenitores, en procura de obtener los medios necesarios para el desarrollo del menor de edad; puesto que, al tener las medidas de protección impuestas no pueden cuidar al niño a quien no pueden acercarse y con quien no pueden comunicarse; no obstante la Jueza hoy accionada, por decreto de 19 de igual mes y año dispuso: a) Que al no ser los demandantes los progenitores del menor de edad, adjunten el instrumento legal que les confiere su guarda, la declaratoria de estado de abandono del menor de edad y la suspensión de autoridad materna y paterna; y, b) Cumplan con lo señalado por el art. 259 incs. d) y e) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; decreto contra el que formularon recurso de reposición el 2 de junio de 2022, mencionando como precedente respecto de su legitimación para interponer una demanda de asistencia familiar a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0553/2014 de 10 de marzo y 0394/2018-S4 de 2 de agosto, referidas a casos en los que menores de edad se encuentran a cargo o bajo la guarda de hecho de ascendientes, descendientes o parientes colaterales, lo que no puede significar un impedimento para que puedan acudir ante la autoridad judicial para tramitar la asistencia familiar y que las autoridades judiciales deben flexibilizar los requisitos legales para ese trámite en favor de los niños, niñas y adolescentes al considerarlos sujetos de derecho, debiendo involucrarse el Estado y tomar en cuenta sus necesidades como personas; sin embargo, mediante decreto de 6 de junio de 2022, la jueza hoy accionada volvió a negar la admisión de la demanda de asistencia familiar, solicitando se cumpla lo determinado en el decreto de 19 de mayo de igual año, requiriendo se adjunte fotocopias legalizadas de la documentación vulnerando el derecho a la asistencia familiar y otros de su nieto menor de edad, al solicitar requisitos que no están determinados en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, al no ser necesario resolución judicial alguna que les otorgue la guarda, debiendo flexibilizarse los requisitos legales para realizar ese trámite.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos de su nieto a la asistencia familiar e interés superior del niño, así como otros conexos como ser a la educación, alimentación y vivienda; citando al efecto los arts. 13.II y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan que se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga la admisión de la demanda de asistencia familiar al haberse cumplido a cabalidad con todos los presupuestos para ese tipo de procesos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de sus abogados en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestaron que: 1) La demanda de guarda fue admitida en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, estando ya notificadas las partes; 2) En la segunda demanda de asistencia familiar, la Jueza hoy accionada, por decreto -de 19 de mayo de 2022- pide a sus personas, quienes no son progenitores del menor de edad, adjuntar requisitos que no están contenidos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar como el instrumento legal que confiere la guarda -la cual se está tramitando-, la declaratoria de estado de abandono del menor de edad -requisito que desconoce pese a trabajar en el área de la niñez y adolescencia-, y la suspensión de autoridad paterna y materna, proceso que dura aproximadamente entre seis a siete meses; y, 3) No se está cumpliendo con el derecho, con el principio y con la norma de procedimiento referida al interés superior del menor de edad; por cuanto, el interés superior del nombrado es la preeminencia de sus derechos, al ser una persona vulnerable, como dice el profesor Francisco Rivero Hernández, el interés superior del niño, es la ventaja efectiva de una determinada situación, y esa ventaja es que el menor de edad sigue sin obtener un monto económico destinado a su educación, alimentación, vivienda, recreación y salud; por cuanto, la Jueza hoy accionada no puede seguir solicitando requisitos que no están establecidos en la ley y que en su momento se determinó que no son imprescindibles conforme refiere la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0553/2014 de 10 de marzo y 0394/2018-S4 de 2 de agosto.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Lily Marciana Tarquino López, Jueza Pública de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 63 a 64 vta., manifestó que: i) La demanda de asistencia familiar fue observada por no haberse demostrado un vínculo familiar del menor de edad beneficiario y los accionantes, sus abuelos paternos, refiriendo que el único documento que demuestra la relación de vínculo familiar es el certificado de nacimiento sin que los nombrados hubiesen demostrado ser los abuelos paternos, existiendo solo una afirmación verbal; ii) Ante cualquier problema respecto a menores de edad, interviene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de los municipios y sub alcaldías, las que incluso funcionan las veinticuatro horas del día, lugar donde se suscriben actas de prevención en caso de situación de peligro de los menores de edad, documento a través del cual “resultan confiando” la tenencia, custodia o guarda de algún menor de edad en favor del pariente más confiable, ya que se constituyen en el domicilio del menor de edad e indagan para resolver el problema; iii) Ese documento -acta de prevención- no amerita un proceso judicial siendo esa la razón por la que en el decreto de 19 de mayo de 2022, se pidió adjuntar el instrumento legal que le confiere la guarda, “…que sería lo más sencillo que podría existir, cuando un menor de edad se encuentra en problemas con sus progenitores…” (sic), documento con el que no cuentan los accionantes al no haberlo presentado; iv) Los accionantes presentaron un memorial el 3 de junio de 2022 adjuntando una caratula de la demanda de guarda de menor presentada el 17 de mayo del mismo año, lo que significa que aún está en trámite; por lo que, no existe un documento de prevención administrativo no judicial, al adjuntar fotocopias de una sentencia dentro de un proceso seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el progenitor Edwin Rodrigo Calle Sillerico sobre suspensión total de autoridad paterna; y, v) No se presentó un documento que acredite que los accionantes tengan la custodia o tenencia del menor beneficiario con la intervención de cualquier autoridad sea administrativa, civil o judicial, tampoco demostraron tener el vínculo de abuelos paternos con referencia al menor de edad beneficiario; no obstante, como la demanda está aun observada no se la dio por presentada, resultando esta acción tutelar apresurada al pretender sustituir la inexistencia de un acta de prevención, pese a tener el tiempo suficiente para tramitarla ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a efecto de dejar constancia de la tenencia del menor de edad para obtener el acta mencionado. Al no vulnerarse derecho alguno del menor de edad que merece una protección reforzada, solicita se deniegue la apresurada acción de amparo constitucional, al tener los accionantes expedita la vía para cumplir con lo observado.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 173/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 70 a 73, concedió en parte la tutela solicitada velando por el interés superior del menor de edad, entendiendo que los padres tienen la obligación de ser responsables de sus hijos disponiendo que: a) La Jueza hoy accionada ordene la remisión de la prueba trasladada a la autoridad jurisdiccional que conoce el proceso de guarda en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del señalado departamento; y, b) Bajo responsabilidad de los accionantes “…y advertidos los argumentos que hayan sido postulados en el proceso de guarda…” (sic), la Jueza ahora accionada admita la demanda de asistencia familiar en un plazo no mayor a setenta y dos horas de pronunciada esa resolución -173/2022-, bajo los siguientes fundamentos: 1) “…el accionante no ha cumplido con el deber de identificar el acto u omisión, porque ha identificado un acto, la correspondencia procesal es pedir la nulidad de ese acto y que se emita uno nuevo, si no se ha identificado el acto inclusive podríamos estar hablando de una omisión, entre actos y omisiones existe una distancia extrema, como de formalismo y activismo, están en las antípodas los dos presupuestos, lo cual haría que esta Sala Constitucional redujera su decisión simplemente en denegar la tutela por este derecho” (sic); 2) No se acreditó la legitimación de los accionantes, ya que no era difícil conseguir el certificado de nacimiento de su hijo a efectos de acreditar su condición de abuelos, llamando la atención a la Secretaria de su despacho; puesto que, la acreditación de la legitimación debió ser con anterioridad; 3) Los accionantes están procurando por el orden jurisdiccional hacerse de la guarda del menor de edad; por lo que, “…esta Sala cuando menos tiene que tomar en cuenta, no por los abuelos, sino por el menor, lo cual implica muchas cosas, el derecho prevé evadir el orden normativo, los actos aparentes, el derecho no consciente la absoluta buena fe” (sic); y, 4) El menor de edad se encuentra cobijado por los accionantes, hecho que no probó la Jueza ahora accionada quien refirió la existencia de otras vías administrativas para definir esa situación jurídica; por cuanto, al tener la oportunidad de emitir algún tipo de decisión que genere eficacia en favor de dicho menor de edad, consideró al principio de informalidad que no significa arbitrariedad de parte de la autoridad jurisdiccional; puesto que, “…si hay informalidad para algunas circunstancias, pero entre informalidad y arbitrariedad también hay una diferencia muy marcada, entre negligencia en identificar que se podría presentar como prueba pertinente, conducente y necesaria…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2022, Guadalupe Rosa Sillerico de Calle y David Adolfo Calle Quispe -ahora accionantes-, solicitaron al Juzgado Público de Turno de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz, la guarda de su nieto menor de edad AA y formularon la demanda contra Laura Patricia Fernández Rodríguez y Edwin Rodrigo Calle Sillerico, padres del referido menor de edad, pidiendo su admisión, causa que fue sorteada al “JUZGADO DE PARTIDO DEL MENOR Y ADOLESCENCIA 1” (sic [fs. 11 a 17]). II.2. A través de escrito presentado el 17 de mayo de 2022, los accionantes interpusieron demanda de asistencia familiar contra Laura Patricia Fernández Rodríguez y Edwin Rodrigo Calle Sillerico, que fue sorteado al Juzgado Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz presidido por Lily Marciana Tarquino López -Jueza hoy accionada- (fs. 6 a 10); quien emitió el decreto de 19 de mayo de 2022, refiriendo que previo a disponer lo que en derecho corresponda: i) Los accionantes al no ser los padres del menor de edad, deben adjuntar el instrumento legal que le confiere la guarda, la declaratoria de estado de abandono de dicho menor de edad y la suspensión de autoridad materna y paterna, y, ii) Cumplan con lo señalado por el art. 259 incs. d) y e) del CFPF (fs. 4 y 61). II.3. Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, los accionantes plantearon recurso de reposición contra el decreto de 19 de mayo de 2022 y por segunda vez solicitaron la admisión de la demanda (fs. 18 a 19 vta.). II.4. Mediante decreto de 6 de junio de 2022, la Jueza ahora accionada refirió que la observación “de fs. 15”, no adolece de ningún error, al no poder darse por enterada de algo que no consta en obrados, más aun cuando los accionantes debe cumplir con la carga de la prueba; por otro lado, por la protección reforzada que merecen los sujetos vulnerables, debe acreditarse porqué el menor de edad no se encuentra con sus progenitores biológicos y acompañar fotocopias legalizadas pese a adjuntar fotocopias simples (fs. 62). II.5. Cursa la Resolución 14/2022 de 3 de junio, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por los accionantes contra Sandra Emma Cordón Manríquez, Jueza Pública de Familia Décimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; Sergio Fernández Tórrez y Carmen Salazar Rodríguez, funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cotahuma de la ciudad de La Paz, por la que se concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la Jueza hoy accionada deje sin efecto la resolución y mandamiento de rescate y que los funcionarios de la DNA no lo ejecuten al haber sido dejada sin efecto; además que el Juzgado en el que se presentó la demanda de guarda disponga lo que corresponda en derecho, tomando en cuenta el interés superior del menor de edad, instruyendo se informe a las autoridades jurisdiccionales cualquier situación que se refiera a dicho menor de edad que es víctima de hechos de violencia y que también está bajo la responsabilidad de la jurisdicción penal (fs. 20 a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos de su nieto a la asistencia familiar e interés superior del niño, y otros conexos como ser la educación, alimentación y vivienda; puesto que, se encuentran cuidando y protegiendo directa y físicamente a su nieto de seis años de edad, ya que al abandonar su madre el hogar el 2017, de forma voluntaria firmó en dos oportunidades el acuerdo transaccional de guarda de menor en favor de su padre al utilizar al referido menor de edad en conflictos familiares, para disponer luego la guarda compartida entre ambos progenitores, revocándola ante los problemas surgidos para otorgarla a la madre, quien afectó emocionalmente a dicho menor de edad, quien indicó que no quería relacionarse con su madre, como certificó el Informe Técnico Psicológico Social ETIJPNA 3° S.A.P. 01/2022 de 26 de octubre, razón por la que presentaron una denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica, en la que el Ministerio Público instruyó medidas de protección contra sus progenitores como la prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima -menor de edad-; motivo por el cual, el 17 de mayo de 2022, presentaron dos demandas, una de guarda de menor al estar al cuidado físico y directo del menor de edad y otra, de asistencia familiar para obtener los medios económicos necesarios para el desarrollo del nombrado, disponiendo la Jueza hoy accionada por decreto de 19 de igual mes y año, que al no ser sus personas progenitores de dicho menor de edad, adjunten el instrumento legal que les confiere la guarda, la declaratoria de estado de abandono del menor de edad y la suspensión de autoridad materna y paterna, y cumplan lo establecido por el art. 259 incs. d) y e) del CFPF, contra el que plantearon recurso de reposición que mereció el decreto de 6 de junio del citado año; por el cual, se negó la admisión de la demanda y pidió se observe el cuestionado decreto de 19 de mayo de 2022, al exigirse requisitos no determinados en el Código de las Familias y del Proceso Familiar los que deben flexibilizarse y no ser necesaria resolución judicial alguna que les otorgue la guarda. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, tratándose de niños, niñas y adolescentes

La SCP 0394/2018-S4 de 2 de agosto, señaló que: “La naturaleza subsidiaria que caracteriza a la acción de amparo constitucional, se halla instituida en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); ambas normas exigen que para viabilizar su presentación, no debe existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías suprimidos o amenazados constando que dicha regla puede ser obviada excepcionalmente, previa justificación fundada, conforme se extrae de lo previsto por el art. 54.II del CPCo, cuando se demuestre que: ‘1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’; por lo que, la acción de tutela examinada, es permisible solo en la medida en que el impetrante de tutela agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y solo ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido entonces a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior. No obstante lo señalado, este Tribunal determinó ciertos casos en los que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional, en aquellos casos en los cuáles, se trata de analizar una problemática en la que se hallen involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales de grupos prioritarios o sectores de vulnerabilidad de la sociedad, tomando en cuenta que por las particularidades de éstos, merecen una atención especial y oportuna en la defensa de sus derechos. Entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, a quienes el Estado debe otorgar una protección especial, traducida en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, a objeto de resguardarlos de manera especial, garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. En ese orden normativo, con relación a la inaplicabilidad de la subsidiariedad cuando se hallan involucrados menores de edad, la SC 1879/2012 de 12 de octubre, señaló lo siguiente: ‘…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’. En conclusión, en los casos en los que se adviertan denuncias sobre vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales de menores de edad, atinge a esta jurisdicción constitucional abrir su competencia, sin la exigencia del agotamiento previo de los mecanismos de impugnación intraprocesales y efectuar el análisis de fondo de la temática puesta a consideración, dejando de lado la carga de la subsidiariedad exigible a ese fin; dado que, se reitera al tratarse de niñas, niños y adolescentes, éstos requieren una atención y resolución prioritaria, lo que no implica de modo alguno, una obligación de acceder positivamente a todas las demandas expuestas, pues ello dependerá de cada caso en concreto y en la medida en que se demuestra la lesión de los derechos fundamentales alegada” (las negrillas son nuestras).

III.2. De los menores de edad sin representación legal ante la tramitación de asistencia familiar

La SPC 0553/2014 de 10 de marzo señaló que: “El ordenamiento jurídico boliviano ha procurado establecer y regular un régimen de protección y atención integral a los niños, niñas y adolescentes, mediante el Código Niña, Niño y Adolescente, que implementa, entre otras regulaciones, un sistema de administración de justicia en el que se imponga como principio general el trato especial de protección, respeto y consideración con relación al interés superior de las niñas, niños y adolescentes (art. 1). En ese sentido, el derecho a la vida y a la salud de los menores de edad adquiere especial relevancia e impone la obligación de implementar las acciones jurídicas necesarias por parte de los operadores de justicia que permitan y aseguren condiciones dignas para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Para lo cual el Código Niña, Niño y Adolescente, establece explícitamente que sus disposiciones normativas se constituyen de orden público y de aplicación preferente (art. 3). Por otra parte, el referido cuerpo normativo, en lo que respecta al derecho a la familia de los menores de edad, reconoce expresamente que: ‘La familia de origen es la constituida por los padres o por cualquiera de ellos, los ascendientes, descendientes o parientes colaterales, conforme al cómputo civil’ (art. 28) (las negrillas nos pertenecen). De ese modo, el art. 42 del CNNA, establece que en casos de divorcio y separación de las uniones conyugales libres, se aplica la guarda de los menores de edad que tiene por objeto su cuidado, protección y asistencia integral, que se declara a través de resolución judicial a favor de uno de los progenitores; por lo mismo, la guarda confiere el derecho de tramitar la asistencia familiar de acuerdo con lo establecido con la ley (art. 42). De lo cual, es posible colegir que el art. 42 del CNNA, exige que la persona que ejerce el cuidado, protección, atención y asistencia del niño, niña y/o adolescente, cuente con la respectiva resolución judicial que declare la guarda a su favor; a efecto de tramitar la asistencia familiar a la que hace alusión la citada disposición legal. No obstante, es imprescindible considerar que la realidad social adquiere propios modos de funcionalidad respecto a diferentes supuestos; así, tal como se evidencia en el caso de autos, se presentan situaciones en las cuales menores de edad se encuentran a cargo o bajo la guarda de hecho de los ascendientes, descendientes o parientes colaterales; lo cual no puede significar un impedimento para que éstos puedan acudir ante autoridad judicial para tramitar la asistencia familiar que corresponda, toda vez que ello implicaría un descuido en la prevalencia del interés superior del niño, niña y/o adolescente.

Esto involucra entender que no es posible que bajo esas circunstancias de hecho se deba exigir al encargado de la guarda de las menores de edad, gestionar previamente a cualquier tramitación de asistencia familiar, el procedimiento que otorgue, mediante resolución judicial, la guarda legal de cualquier niño, niña o adolescente. Tal entendimiento se extrae a partir de tomar en consideración que los sujetos beneficiarios de la aplicación del Código Niña, Niño y Adolescente, gozan de una especial protección jurídica que supone ciertos parámetros de actuación para los operadores jurídicos frente a todas las situaciones jurídicas que involucren menores de edad. De ese modo, adquiere especial relevancia que se garantice el acceso a la justicia (art. 213 del CNNA), dentro de márgenes estrictos de oportunidad y celeridad. Por consiguiente, es de especial relevancia, frente a los supuestos antes expuestos, tener presente que el art. 217 del citado Código, determina que: ‘Los niños, niñas o adolescentes serán representados por sus padres o responsables legales. El Juez de la Niñez y Adolescencia proporcionará tutor especial al niño, niña o adolescente siempre que los intereses de éstos se contrapongan a lo de sus padres o responsables, o cuando carezca de representante legal, así sea eventualmente’. Por consiguiente, es posible determinar que en situaciones en que los ascendientes, descendientes o parientes colaterales, se encuentren ejerciendo la guarda de niños, niñas y adolescentes, sin contar con la resolución judicial que declare la guarda de los mismos a su favor, y requieran, en protección del interés superior del menor, iniciar el trámite de asistencia familiar, se encuentran legítimamente habilitados para ejercer la representación legal en tal procedimiento, previo informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y valoración del Juez de la Niñez y Adolescencia, por el cual se concluya que en tal circunstancia se encuentra la prevalencia del interés superior del menor de edad. Esto significa que bajo los supuestos anteriormente descritos, no cabe inadmitir la tramitación de asistencia familiar bajo el argumento que el ascendiente, descendiente o pariente colateral no cuenta con la resolución judicial que otorga la guarda del menor de edad y futuro beneficiario de la asistencia familiar; para lo cual el juez de la niñez y adolescencia podrá nombrar tutor especial al que viene ejerciendo la guarda para que el menor de edad no carezca de representante legal a efecto que corra la tramitación de asistencia familiar; esto de conformidad al art. 217 del CNNA.

Para lo cual, el juez de materia, deberá acudir a la cooperación y coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para recabar los elementos de evaluación necesarios para verificar efectivamente que el menor de edad se encuentra bajo la protección y cuidados de la o las personas que se constituirán en representantes legales” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). De igual manera, la citada SCP 0394/2018-S4, manifestó que: “…teniendo en cuenta que de acuerdo al contenido y extensión de tal institución, el art. 109.I del CF, determina que: ‘La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes’, para lo cual, las autoridades judiciales deben flexibilizar los requisitos legales para el trámite de asistencia familiar en favor de niñas, niños y adolescentes, considerando que los mismos, como sujetos de derechos requieren para su ejercicio, que las instancias del Estado, se involucren y actúen tomando en cuenta sus necesidades como personas, en el ámbito de la dignidad humana, que si bien no tienen la ‘capacidad legal’ para actuar por sí solos; empero, debe priorizarse la eficacia de sus derechos y garantías, como un real acceso a la tan ansiada justicia material, que involucra la satisfacción de las necesidades de esta población en particular, despojándose de sus propias visiones e ideologías en este caso formalistas. Lo cual implica, que para la tramitación de la asistencia familiar de niñas, niños y adolescentes que se encuentran a cargo de su familia ampliada, las juezas y jueces en materia familiar, de manera excepcional, deben omitir la exigencia de la resolución previa de guarda, puesto que, se debe priorizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los beneficiarios, tomando en cuenta que éstos gozan de una especial protección jurídica que supone la aplicación reforzada y flexible a su vez de los parámetros establecidos por la ley, velando porque tengan lo necesario para su subsistencia de manera oportuna, sin dilaciones innecesarias, contando con el apoyo de las instancias pertinentes del Estado en materia de niñez y adolescencia que permita garantizar que la asistencia familiar les llegue a sus destinatarios, logrando de esta forma, la efectiva materialización de la preminencia de sus derechos y garantías fundamentales”.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos de su nieto a la asistencia familiar e interés superior del niño, y otros conexos como ser la educación, alimentación y vivienda; puesto que, se encuentran cuidando y protegiendo directa y físicamente a su nieto de seis años de edad, ya que al abandonar su madre el hogar el 2017, de forma voluntaria firmó en dos oportunidades el acuerdo transaccional de guarda de menor en favor de su padre al utilizar al referido menor de edad en conflictos familiares, para disponer luego la guarda compartida entre ambos progenitores, revocándola ante los problemas surgidos para otorgarla a la madre, quien afectó emocionalmente a dicho menor de edad, quien indicó que no quería relacionarse con su madre, como certificó el Informe Técnico Psicológico Social ETIJPNA 3° S.A.P. 01/2022 de 26 de octubre, razón por la que presentaron una denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica, en la que el Ministerio Público instruyó medidas de protección contra sus progenitores como la prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima -menor de edad-; motivo por el cual, el 17 de mayo de 2022, presentaron dos demandas, una de guarda de menor al estar al cuidado físico y directo del menor de edad y otra, de asistencia familiar para obtener los medios económicos necesarios para el desarrollo del nombrado, disponiendo la Jueza hoy accionada por decreto de 19 de igual mes y año, que al no ser sus personas progenitores de dicho menor de edad, adjunten el instrumento legal que les confiere la guarda, la declaratoria de estado de abandono del menor de edad y la suspensión de autoridad materna y paterna, y cumplan lo establecido por el art. 259 incs. d) y e) del CFPF, contra el que plantearon recurso de reposición que mereció el decreto de 6 de junio del citado año; por el cual, se negó la admisión de la demanda y pidió se observe el cuestionado decreto de 19 de mayo de 2022, al exigirse requisitos no determinados en el Código de las Familias y del Proceso Familiar los que deben flexibilizarse y no ser necesaria resolución judicial alguna que les otorgue la guarda.

De los antecedentes que cursan en obrados se evidencia que, el 17 de mayo de 2022, los accionantes solicitaron la guarda de su nieto menor de edad AA, demandando a sus padres Laura Patricia Fernández Rodríguez y Edwin Rodrigo Calle Sillerico, proceso que fue sorteada al “JUZGADO DE PARTIDO DEL MENOR Y ADOLESCENCIA 1” (sic [Conclusión II.1.]); de igual manera, en la misma fecha, formularon demanda de asistencia familiar, contra los mismos demandados sorteándose la causa al Juzgado Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz, presidido por la Jueza hoy accionada quien por decreto de 19 de mayo de 2022, requirió a los accionantes por no ser padres del menor de edad, presentar el documento legal por el que se les otorgó la guarda, se declaró el estado de abandono del menor de edad o se suspendió la autoridad materna y paterna, y que observen los inc. d) y e) del art. 259 del CFPF (Conclusión II.2.), decisión contra la que los accionantes plantearon recurso de reposición pidiendo se admita la demanda (Conclusión II.3.), que mereció decreto de 6 de junio de 2022, en el que reiteró que al no poder darse por enterada de algo que no consta en obrados los accionantes debían cumplir con la carga de la prueba por la protección reforzada de la que es objeto el menor de edad y acreditar porqué dicho menor de edad no está con sus progenitores biológicos (Conclusión II.4). Ahora bien conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se concluye que la Jueza ahora accionada no efectuó una adecuada compulsa de las normas jurídicas referidas al caso concreto ni consideró el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que contra los razonamientos contenidos en las mismas no cabe recurso ordinario ulterior alguno tal cual refieren los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, si bien reconoció en su informe que los accionantes presentaron como prueba dentro de la demanda de asistencia familiar una copia de la demanda de guarda del menor de edad que se estaba tramitando ante el “JUZGADO DE PARTIDO DEL MENOR Y ADOLESCENCIA 1” (sic), lo que evidencia que la misma se está tramitando y la sentencia referida al proceso de suspensión total de autoridad paterna iniciado a instancia de la madre Laura Patricia Fernández Rodríguez y seguido por la DNA de Cotahuma de la ciudad de La Paz, contra Edwin Rodrigo Calle Sillerico “…que consta a fs. 19…” (sic), documentación que refiere se encontraba ilegible; antes de negar la admisión de la demanda de asistencia familiar, conforme los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debió requerir un informe previo y las fotocopias extrañadas a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como una valoración a la Juez de la Niñez y Adolescencia Primera por ser la autoridad que asumió competencia respecto de la petición de guarda del menor de edad formulada por los accionantes. De igual manera, del “otrosí 1” de la demanda de asistencia familiar presentada ante la Jueza hoy accionada se evidencia que los accionantes acompañaron como prueba, entre otras, el formulario único de denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica y una fotocopia de las medidas de protección dispuestas por el Ministerio Público y que debían ser cumplidas por Laura Patricia Fernández Rodríguez y Edwin Rodrigo Calle Sillerico (fs. 10); por lo que, considerando que la familia de origen se encuentra constituida por los padres ascendientes, descendientes o parientes colaterales de acuerdo al cómputo civil tal cual refiere el art. 28 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) y en atención a los fundamentos jurídicos y jurisprudencia constitucional expuesta precedentemente no es posible rechazar la tramitación de la demanda de asistencia familiar bajo el argumento de que los abuelos constituidos en demandantes carecen del “documento de prevención”, documento que de acuerdo con lo referido por la Jueza hoy accionada debió ser tramitado de forma sencilla en la vía administrativa con la finalidad de que se les confiera a los accionantes la tenencia, custodia o guarda del menor de edad, que al encontrarse en trámite será a través de una resolución judicial que se les otorgue la guarda al menor de edad futuro beneficiario de la asistencia familiar; inobservando dicha autoridad no solo los razonamientos expuestos en la jurisprudencia constitucional glosada sino olvidando que los derechos de los menores de edad gozan de prevalencia y son de interés superior, al constituir los niños, niñas y adolescentes un grupo vulnerable que goza de protección privilegiada por parte del Estado en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, los que son resguardados de manera especial con la finalidad de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, prevalencia reconocida no solo constitucionalmente sino por diversas disposiciones de derecho internacional que obligan a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado, por lo que la SCP 1879/2012 de 12 de octubre señaló que: “…la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección, deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’…” (las negrillas son nuestras). En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0280_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): daac5904b976f7e98bec9e0e8657af6395921f2a9bae7cb38e2876d4b8c0fa42

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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