Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2025
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; a la libertad de pensamiento, religión y culto y a la impugnación; ello debido, a que la ACFO por Resolución de Directorio 01/23, en su parte dispositiva determinó suspenderla, en la vía precautoria, en cumplimiento del art. 29 inc. j) del Estatuto Orgánico de dicha entidad, lo que implica una prohibición en su contra para que no pueda ser parte de una fraternidad y bailar en la entrada de peregrinación del carnaval, en el ejercicio pleno de esos derechos; por lo que, presentó recurso de revocatoria el 17 de enero del mismo año, siendo que hasta la presentación de esta acción tutelar no ha obtenido respuesta alguna, manteniéndole en la incertidumbre; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, se disponga que, el Presidente de la ACFO proceda con el trámite de rigor a los fines de resolver el recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 026/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de justicia pronta, oportuna sin dilaciones y a la impugnación; 2° Disponer que el Presidente del Directorio de la ACFO, dé una respuesta al recurso de revocatoria planteado por Grace Katherin Terán Vergara, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar al Directorio de la ACFO, que, en casos de similar naturaleza, otorgue respuesta al solicitante, aplicando el principio de celeridad en estricto apego del debido proceso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54050-2023-109-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 026/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grace Katherin Terán Vergara contra Jacinto Leónidas Quispaya Sánchez, Presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO).
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 12 a 15 vta., manifestó lo siguiente:
El 10 de enero de 2023 la ACFO, emitió la Resolución de Directorio 01/23, que en su parte dispositiva determinó suspenderla, en la vía precautoria de la “Fraternidad Reyes Morenos Ferrari Ghezzi”, en cumplimiento del art. 29 inc. j) del Estatuto Orgánico de dicha entidad, y contra dicha determinación, la impetrante de tutela, el 17 de enero del mismo año, interpuso recurso de revocatoria ante el Presidente y miembros del Directorio de la prenombrada asociación, mismo que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no ha obtenido respuesta alguna, sin que se haya seguido el trámite correspondiente. Asimismo, sostiene que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce a cada persona el derecho a la libertad de pensamiento, religión y culto en su art. 21.3; en ese sentido, el ser parte de una fraternidad y bailar en la entrada de peregrinación del carnaval, en el ejercicio pleno de esos derechos, mismos que constitucionalmente no admiten ningún tipo de restricción.
A pesar de ello, la entidad ahora demandada ha utilizado la “suspensión precautoria” como un medio de discriminación, apuntada solo a las personas que están en algún proceso interno, y que tienen denuncias en sus fraternidades, apropiándose una competencia juzgadora administrativa en el tribunal de honor, supliendo la competencia de los tribunales de honor de sus fraternidades. Sostiene que da la impresión que dicha resolución alcanzaría ejecutoria plena, porque no se advierte en el documento con el que fue notificada, de la posibilidad de poder interponer algún recurso. Sin embargo, más allá de que si el recurso de revocatoria interpuesto de su parte es o no procedente, o si la citada resolución es o no impugnable, lo que llama la atención en la autoridad demandada es su notoria dejadez y falta de consideración con la persona que interpone el recurso, al ni siquiera providenciarlo y dejarle sin respuesta, en la incertidumbre, cuando el propósito de la resolución es evitar que una persona ingrese en la entrada de peregrinación del carnaval, vulnerando de esa forma la garantía del debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; a la libertad de pensamiento, religión y culto y a la impugnación; citando al efecto los arts. 21.3, 115.II y 180.II de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el Presidente de la ACFO proceda con el trámite de rigor a los fines de resolver el recurso de revocatoria interpuesta contra la Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023.
Celebrada la audiencia pública el 28 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 47 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) El estatuto y reglamento interno de la ACFO establece que no existe prohibición alguna de impugnación a la Resolución en cuestión; es decir, no existe norma alguna que determine que dicha determinación es inimpugnable; b) Desde el momento que se presentó el recurso de revocatoria, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, no se obtuvo ninguna respuesta, considerando que una de las atribuciones de la asamblea de la ACFO, las impugnaciones emergentes de decisiones del Tribunal de Honor son resueltas por la asamblea en su conjunto, lo que significa que el demandado lo único que debía hacer era providenciar el memorial, remitiendo los antecedes a la asamblea para su consideración; c) Acudió a la jurisdicción constitucional porque el estatuto de la ACFO no provee ningún mecanismo, ante la omisión de respuesta al recurso presentado, para exigir precisamente una respuesta que resuelva su situación, pretendiendo a través de la jurisdicción constitucional se disponga que el demandando remita a efectos de consideración, el recurso de revocatoria a la asamblea general.
Jacinto Leónidas Quispaya Sánchez, Presidente de la ACFO, mediante informe escrito, presentado el 22 de febrero de 2023, cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: 1) Respecto al recurso de “apelación” -siendo lo correcto revocatoria- referido por la impetrante de tutela, este fue presentado a su persona; empero, como lo establece el estatuto de la prenombrada asociación, el mismo fue derivado al Tribunal de Honor de la ACFO para que pueda ser resuelto; toda vez que, se constituye en la instancia única de revisión de resoluciones administrativas sancionatorias dictadas por sus similares de cada conjunto afiliado a la ACFO; y, 2) No tiene ninguna responsabilidad en la demora de la resolución de dicho recurso, es más su persona en condición de Presidente no tiene la facultad de resolver recursos interpuestos por danzarines de los diferentes conjuntos afiliados.
Wilma Poma Escalera en representación de Danna Ivis Colque Poma, en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: i) El recurso de revocatoria presentado por la solicitante de tutela, fue en contra de una medida precautoria; por lo que, no correspondía tal recurso, puesto que la revocatoria debió de ser presentada en contra de una Resolución; y, ii) La remisión del referido recurso de revocatoria ya fue realizada y la tiene el Tribunal de Honor, mismo que no ha sido notificado; por lo que, no tiene sentido la interposición de la presente acción de amparo constitucional.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 026/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: a) De la revisión de la Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023, se evidencia que el Directorio en pleno de la ACFO, en uso de sus atribuciones contenidas en el Estatuto Orgánico y su Reglamento, suspendieron en la vía precautoria en cumplimiento del art. 29 inc. j) a la ahora impetrante de tutela; y que por informe del demandado, este ha afirmado que dicho recurso fue derivado ante el Tribunal de Honor de la referida asociación; por lo que, este no tiene responsabilidad alguna en la demora de la resolución de dicho recurso; además, de que no tiene atribución alguna para resolver ese tipo de recursos; b) El art. 29 del Estatuto Orgánico y su Reglamento, establecen que es facultad del Directorio el suspender del ejercicio de sus funciones a dirigentes, delegados y socios danzantes de los conjuntos sometidos a disposición del Tribunal de Honor hasta el dictamen del fallo respectivo; el inciso k) de esa misma disposición legal, señala remitir a obrados y antecedentes al Tribunal de Honor; c) La presente acción de amparo fue presentada en contra del Presidente de la ACFO, y no así contra el Tribunal de Honor, que de acuerdo al art. 11 del Estatuto de la referida asociación, señala que este es el órgano jurisdiccional de conducta y disciplina; extremo que también se encuentra determinado por el art. 76 del mismo Estatuto; tal extremo, impide que pueda ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, lo que hace inatendible la concesión de la tutela solicitada por la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023, emitida por el pleno del Directorio de la ACFO, que resuelve suspender a la impetrante de tutela en la vía precautoria en cumplimiento del art. 29 inc. j) de su Reglamento (fs. 2). II.2. Cursa recurso de revocatoria de 17 de enero de 2023, presentado por la accionante en contra de la Resolución de Directorio 01/23, dirigido al Presidente y miembros del Directorio de la ACFO, solicitando la revocatoria de la Resolución mencionada (fs. 3 a 9). II.3. Consta Estatuto Orgánico y Reglamento de la ACFO, que establece las facultades inherentes al Directorio y las atribuciones de cada uno de sus miembros (fs. 20).
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; a la libertad de pensamiento, religión y culto y a la impugnación; ello debido, a que la ACFO por Resolución de Directorio 01/23, en su parte dispositiva determinó suspenderla, en la vía precautoria, en cumplimiento del art. 29 inc. j) del Estatuto Orgánico de dicha entidad, lo que implica una prohibición en su contra para que no pueda ser parte de una fraternidad y bailar en la entrada de peregrinación del carnaval, en el ejercicio pleno de esos derechos; por lo que, presentó recurso de revocatoria el 17 de enero del mismo año, siendo que hasta la presentación de esta acción tutelar no ha obtenido respuesta alguna, manteniéndole en la incertidumbre; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, se disponga que, el Presidente de la ACFO proceda con el trámite de rigor a los fines de resolver el recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0564/2013 de 21 de mayo, aplicable al caso en estudio, desarrolló lo siguiente: “Una vez realizado el desarrollo de la legitimación pasiva en general, por ser de interés al presente tema, corresponde analizar la misma con relación a los tribunales colegiados; tema sobre el cual, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1159/2005-R de 26 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial y precisando sus alcances, estableció lo siguiente: ‘…cuando los actos o decisiones, denunciados como ilegales o indebidos, provienen de un tribunal colegiado la legitimación pasiva le corresponda a todos los miembros de dicho Tribunal que hubiesen intervenido positivamente en la adopción del acto o la decisión, salvo que alguno de ellos hubiese expresado un voto disidente; ello tomando en cuenta que la decisión es adoptada como cuerpo colegiado con el voto afirmativo de sus integrantes, quienes asumen la responsabilidad de su decisión. Este Tribunal en sus SSCC 0325/2001-R y 0863/2001-R, estableció que para: 'la procedencia del amparo constitucional es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante'; posteriormente, precisando más su línea jurisprudencial respecto a la legitimación pasiva respecto a un Tribunal colegiado, en su SC 0059/2004-R de 14 de enero, señaló: 'cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella'. Ampliando dicho entendimiento, en la SC 0711/2005-R de 28 de junio, este Tribunal sostuvo que: ‘…para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos...’. Conforme a esos lineamientos jurisprudenciales, se entendía que cuando la decisión impugnada, ya sea judicial o administrativa, emanaba de tribunales u órganos colegiados, inexcusablemente la acción tutelar debió estar dirigida contra todos los miembros de éstos, que asumieron dichas decisiones y, que por ende, se constituirían en los responsables de las medidas o actos asumidos supuestamente lesivos a los derechos de quien recurre de amparo; por lo tanto, no era suficiente identificar y demandar sólo a los que firmaron los actos o resoluciones, sino a la totalidad de miembros del tribunal u órgano colegiado que con su aprobación individual dieron lugar a que emerja la decisión o acto impugnado. Sin embargo, dicho entendimiento fue modulado por el Tribunal Constitucional, para aquellos casos en los que los entes colegiados que emitieron las Resoluciones impugnadas, son compuestos por un numeroso grupo de personas. En ese orden, la SC 0447/2010-R de 28 de junio, señaló que: ‘…cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso, por mencionar algunos, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso’. Modulación que responde a la imperiosa necesidad de efectivizar la justicia de la manera más pronta y eficaz, principalmente con la finalidad de evitar obstáculos procesales que signifiquen una demora en la tramitación de una acción tutelar que precisamente tiene la característica de sumariedad y de fácil y pronta ejecución; dado que en muchos casos esta obligación se convierte en un impedimento material y retrasa o impide la reparación de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales lesionados’” (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia extraída de la SCP 0450/2017-S2 de 22 de mayo.
Debemos partir señalando, que el debido proceso está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez. Así, el art. 115.II de la CPE, señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. El art. 117.I de la misma Norma Suprema dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental. De igual forma, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 418/2000-R de 2 de mayo, entendió que el debido proceso es el “…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”. Complementando este entendimiento, la SC 1276/01-R de 5 de diciembre de 2001 señaló que el debido proceso comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin que las personas puedan defenderse ante cualquier tipo de acto emanado del Estado; en ese sentido, la SC 0119/2003-R de 28 de enero amplió el alcance, indicando que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades judiciales y administrativas. En ese marco, la SC 0026/2007-R de 22 de enero manifestó que el debido proceso no es únicamente aplicable en materia penal, sino en toda esfera sancionadora, en la que a una persona se le atribuya la comisión de una falta, que vulnere el ordenamiento administrativo. Posteriormente, la SC 0239/2010-R de 31 de mayo refirió que la Norma Suprema rige para todos los bolivianos; en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos 1Señala, entre otras, como garantía judicial, la siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
2Indica: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. 3El último Considerando, establece: “…La garantía del debido proceso comprende `el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales´, a fin de que `las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos´, entre ellos el derecho al Juez Natural que consiste en el derecho de toda persona inculpada o procesada a ser enjuiciada ante un órgano estatal (Juzgado o Tribunal) competente, independiente e imparcial”. 4El FJ III.2, señala: “…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”. 5El FJ III.3, indica respecto a la aplicabilidad extensiva a los procesos disciplinarios en instancias o instituciones privadas: “En definitiva, teniendo en cuenta que la Constitución Política de Estado rige para todos los bolivianos, y por sus efectos o irradiación del derecho al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, previstos como garantías jurisdiccionales, son también aplicables a los procesos administrativos, y a todos aquellos procesos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas en las que se ventile o se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos y que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, que como en el presente caso es aplicable a los procesos administrativos o disciplinarios al seno de una cooperativa minera”.
administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas.
Por su parte, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre refiere que para la separación o expulsión de un asociado, la decisión asumida debe responder a las normas legales, estatuarias y reglamentarias que rigen a la asociación, estableciendo de manera clara las causales y procedimientos de expulsión.
De acuerdo a lo señalado, la amplia jurisprudencia constitucional es contundente al señalar que toda sanción, sea en el ámbito privado o público, debe ser impuesta previo proceso; en el cual, se respeten los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental.
Por otra parte, el debido proceso se encuentra ligado de manera íntima con el derecho a la defensa. Así, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre indica que el debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
Posteriormente, la SC 2801/2010-R de 10 de diciembre establece que el derecho a la defensa tiene connotaciones, entre otras; la defensa técnica que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de un profesional idóneo que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente; y, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.
Por último, la SCP 1259/2015-S3 de 9 de diciembre señala que en las relaciones societarias privadas y las sanciones que puedan imponerse al interior de las mismas, el debido proceso regula y limita la potestad sancionatoria, estableciendo los elementos que deben ser observados de manera previa a la imposición de una sanción, siendo uno de ellos, la prohibición de sancionar sin la existencia de un previo proceso; es decir, el ejercicio efectivo de un derecho a la defensa, la posibilidad del acusado de conocer los motivos, presentar las pruebas y acceder a los medios de impugnación. El entendimiento desarrollado precedentemente fue extraído de la SCP 0148/2018-S2 de 30 de abril.
La accionante manifiesta que, a través de la Resolución de Directorio ACFO 01/23 de enero de 2023, fue suspendida en la vía precautoria para ejercitar su derecho a bailar en el carnaval de Oruro 2023, en la fraternidad Reyes Morenos “Ferrari Ghezzi” debido a un proceso que el Tribunal de Honor de la mencionada institución habría iniciado en su contra (Conclusión II.1). A raíz de ello una vez que, tuvo conocimiento de la Resolución emitida por el Directorio de la ACFO, interpuso recurso de revocatoria el 17 de enero de 2023, dirigido al Presidente y miembros del Directorio de la referida asociación, solicitando la resolución de la misma (Conclusión II.2), evidenciándose que, hasta la interposición de la acción tutelar, el 15 de febrero del mismo año, transcurrieron casi treinta días sin que existiera respuesta alguna. Con carácter previo, es necesario referirse a la supuesta falta de legitimación pasiva, que fue el motivo central por el cual denegó la tutela impetrada la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; al respecto la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional establece: ‘…cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso, por mencionar algunos, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso’. Tal jurisprudencia resulta aplicable al caso concreto ya que el Directorio de la ACFO, conforme a lo determinado por el art. 28 de su Estatuto, está conformado por varios miembros, y esta acción tutelar fue planteada en contra de Jacinto Leónidas Quispaya Sánchez, Presidente de la ACFO, quien funge como su representante legal según lo establecido por el art. 30 del referido Estatuto, por lo que se cumple con lo establecido por la precitada jurisprudencia, no siendo evidente la falta de legitimación pasiva alegada por el demandado; correspondiendo en consecuencia analizar el fondo de lo planteado. En ese sentido, de la revisión de antecedentes, se concluye que, el recurso planteado por la ahora impetrante de tutela, ante la inexistencia de una instancia jerárquica superior, debió ser resuelto por quienes emitieron la determinación de suspenderla; es decir, por el Directorio de la ACFO, y al no existir dentro de su Estatuto Orgánico y Reglamento un plazo para resolver dicha impugnación, corresponde aplicar de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- que en su art. 65 establece que el plazo para resolver el recurso de revocatoria es de veinte días, a partir de la interposición del mismo, aspecto que no fue contemplado por el demandado y el Directorio en su conjunto, quienes al no emitir respuesta alguna al mencionado recurso, vulneraron el principio de celeridad al no resolver esta problemática en un plazo razonable. La respuesta omitida debió estar debidamente fundamentada, motivada, y en caso de que consideraran que dicha instancia no era competente para resolver lo solicitado por la accionante, debieron dar respuesta sobre cuál era la instancia o medio idóneo para su defensa, aspectos que al no ser contemplados lesionaron su derecho al debido proceso y a la defensa en procesos administrativos de instituciones, asociaciones y cooperativas conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente sentencia constitucional. Al realizar un análisis de la normativa interna, en cuanto a su aplicación para sancionar a la impetrante de tutela, se concluye que el demandado y el Directorio de la A.C.F.O., al aplicar el art. 29 inc. j) del Estatuto Orgánico y Reglamento de dicha institución, actuaron de manera arbitraria e incongruente, atribuyéndose una competencia que no es inherente al referido Directorio, puesto que el mencionado artículo no les otorga la atribución de suspender la participación de alguno de sus miembros asociados en la entrada folclórica en condición de danzarines, sino les otorga la facultad de suspender en el ejercicio de sus funciones a dirigentes, delegados, y socios danzantes de los conjuntos sometidos a disposición del tribunal de Honor, concluyendo que, es el Tribunal de Honor conforme al art. 76 del referido reglamento, la instancia jurisdiccional disciplinaria que se constituye en Juez natural y que puede conocer y resolver el caso particular, siendo la única instancia que tiene atribuciones para llevar adelante un proceso administrativo sancionador.
En ese entendido, el Presidente y Directorio de la ACFO en su conjunto al emitir una sanción anticipada a través de Resolución de Directorio 01/23 de 10 de enero de 2023, sin ser la instancia competente, y que la misma carece de fundamentación, motivación y congruencia, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso en sus componentes de Juez natural, defensa y la presunción de inocencia, mismos que son exigibles dentro de toda institución, como asociaciones y cooperativas, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 026/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de justicia pronta, oportuna sin dilaciones y a la impugnación; 2° Disponer que el Presidente del Directorio de la ACFO, dé una respuesta al recurso de revocatoria planteado por Grace Katherin Terán Vergara, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar al Directorio de la ACFO, que, en casos de similar naturaleza, otorgue respuesta al solicitante, aplicando el principio de celeridad en estricto apego del debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, refiere: “En ese entendido, para la separación o expulsión de un asociado, corresponde indicar que la decisión que se asuma no debe ser arbitraria, sino por el contrario, debe responder a las normas legales, estatutarias y reglamentarias que rigen a la asociación y que de manera clara deben establecer las causales y procedimientos de separación y expulsión, debiendo el asociado conocer los motivos de su expulsión o separación para que en su caso pueda impugnar la decisión, lo contrario desconocería el núcleo esencial del derecho de asociación”. 7El FJ III.1, expresa: “El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16.II de la CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 8El FJ III.1, sostiene: “En el ámbito de relaciones societarias privadas y las sanciones que puedan imponerse al interior de las mismas, el debido proceso, regula y limita la potestad sancionatoria, estableciendo los elementos mínimos que deben ser observados de manera previa a la imposición de una sanción, siendo uno de ellos la prohibición de sancionar sin la existencia de un previo proceso; es decir, el
ejercicio efectivo del derecho a la defensa, la posibilidad de que quien está acusado de algo, tenga la posibilidad de conocer los motivos, presentar sus descargos, las pruebas que estime convenientes, acceder a los medios de impugnación, concluyéndose de esta manera que cuando no se observaran estos requisitos y se impone una determinada sanción, se considerara a la misma como a una medida arbitraria de facto, siendo viable su impugnación directa a través de la acción de amparo constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0278_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
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