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SCP 0278/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51290-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, el 17 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza ahora accionada que se libre mandamiento de libertad por haber cumplido la condena de tres años de reclusión que le fue impuesta; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -20 de octubre de 2022-, no obtuvo respuesta alguna, ocasionando que se encuentre ilegalmente detenido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/22 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con el derecho a la libertad de Yeison Morales Zerda, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Gabriela Suárez Vaca, Jueza; y, a la Auxiliar, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas en la atención de solicitudes en las que se involucre el derecho a la libertad ante el cumplimiento de una condena. 3° Exhortar a Lilian Zabala Zambrana y Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remitan todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51290-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 28/22 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Yeison Morales Zerda contra Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP), el 17 de octubre de 2019, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, siendo condenado a tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Efectuando el cómputo correspondiente, advirtió que su condena fenecía el 17 de octubre de 2022; por lo que, en esa fecha en aplicación del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), solicitó al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz emita el respectivo mandamiento de libertad, el cual debió ser expedido en el día y sin necesidad de trámite alguno; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -20 de ese mes y año-, la Jueza ahora accionada no libró dicho mandamiento, ocasionando que se encuentre ilegalmente detenido.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga, que la Jueza ahora accionada de manera inmediata y sin mayor trámite, emita el respectivo mandamiento de libertad por cumplimiento de condena.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El memorial de solicitud de mandamiento de libertad ante el cumplimiento de la condena fue presentado el 17 de octubre de 2022, y la licencia de la Jueza ahora accionada fue en esa fecha, después de mediodía; por lo que, tuvo el tiempo suficiente para resolver su solicitud; y, b) Debido a la declaratoria -en comisión- de estudio, no se cuenta con la presencia de los Jueces de Ejecución Penal, motivo por el que pide que se conceda la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante de fs. 14 a 16; y, 18 a 19.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 28/22 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 40, concedió la tutela solicitada, ordenando a la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del indicado departamento que expida el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; y, en virtud de la negligencia de la Jueza ahora accionada, llamó severamente la atención a dicha autoridad judicial y a la Auxiliar ambas del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del referido departamento por no resolver la solicitud del accionante, siendo que se encontraba en ese Juzgado desde el 18 de octubre -se entiende de 2022- y la declaratoria en comisión fue después del mediodía del 19 de igual mes y año; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Considerando que la "Auxiliar" del referido Juzgado realizó un informe indicando que el memorial de solicitud de mandamiento de libertad -presentado por el accionante- se encontraría en auxiliatura y que ingresaría -se entiende a despacho de la autoridad judicial- el "lunes" con el respectivo informe, adjuntando papeleta de licencia -de la Jueza ahora accionada- del 19 de octubre del 2022, desde el mediodía y el decreto por el que se otorga la declaratoria en comisión; 2) De acuerdo a los antecedentes se advierte la existencia de un procedimiento abreviado en el que se sometió el accionante, y que se cumpliría su pena el 17 de dicho mes y año; 3) El accionante presentó la mencionada solicitud en la misma fecha, y de acuerdo a los antecedentes, se observó que tiene el cargo de la Auxiliar de 18 de octubre de 2022 a las 08:30 horas, no obstante no fue ingresado a despacho en esa fecha; advirtiéndose una nota debajo del cargo de recepción en la que se indicó que ingresó a despacho el "19 de octubre" toda vez que se encuentra en comisión de estudios, aspecto que resulta incongruente; puesto que, según el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, la comisión de estudios recién iniciaría el 19 de octubre -de 2022- después de mediodía; por lo que, la solicitud del accionante no podía esperar, tomando en cuenta que se trataba del derecho a la libertad de una persona que ya cumplió su condena; y, 4) La actitud de la Jueza ahora accionada y de la indicada Auxiliar fue negligente y afectaron los derechos del accionante; sin embargo, tomando en cuenta que por la declaratoria en comisión por estudio no se encontraban los Jueces de Ejecución Penal y su retorno sería el "día de mañana" -se entiende 22 de octubre de 2022-; en consecuencia, solucionando esa situación, corresponde que la señalada Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda que conoció el procedimiento abreviado, sea quien evalúe los actuados y libre el mandamiento de libertad solicitado por el accionante si correspondiera, conforme a lo establecido por la "SCP N° 0185/2018-S1" y los arts. 18 y 19 de la LEPS.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de fundamentación oral de medida cautelar de 17 de octubre de 2019, en la cual Yeison Morales Zerda -hoy accionante-, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado; por lo que, mediante Sentencia 85/2019 de igual fecha, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró al accionante autor del delito de robo agravado condenándolo a tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 2 a 5). Asimismo, cursa Mandamiento de Condena de la misma fecha, librado por la citada Jueza contra el accionante (fs. 6) y el respectivo Certificado de Ejecutoría de 14 de junio de 2021 (fs. 7). II.2. Por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante solicitó mandamiento de libertad por cumplimiento de pena, conforme a lo previsto por el art. 39 de la LEPS (fs. 10 y vta.). II.3. Cursa decreto de 18 de octubre de 2022, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el que concedió la licencia y se declaró en comisión, entre otros, a los Jueces de Ejecución Penal Primero, Tercero y Cuarto -este último a cargo de Gabriela Suárez Vaca ahora accionada-, a partir del 19 de ese mes y año, de 12:00 a 16:00 horas (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, el 17 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza ahora accionada que se libre mandamiento de libertad por haber cumplido la condena de tres años de reclusión que le fue impuesta; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -20 de octubre de 2022-, no obtuvo respuesta alguna, ocasionando que se encuentre ilegalmente detenido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, refirió que: "La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad" (las negrillas son nuestras).

III.2. El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena

La SCP 0536/2019-S2 de 15 de julio, estableció que: "El juez de ejecución penal, de acuerdo al art. 18 de la LEPS, ejerce el control jurisdiccional, garantizando: ...la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, a favor de toda persona privada de libertad. Dicha norma guarda conexión con el art. 19.1 de la LEPS, que determina que el juez de ejecución penal es competente para conocer y controlar: 'La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución'; y con el art. 55.1 del CPP, que establece que dichos jueces tienen a su cargo: 'El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados'." De las normas glosadas, se concluye que el juez de ejecución penal es el encargado de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas y, por lo mismo, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; consiguientemente, es ante dicha autoridad jurisdiccional donde se debe acudir en reclamo de los derechos supuestamente lesionados durante la privación de libertad, que es lo que sucedió en el caso analizado, pues el representado del accionante acudió ante el juez ahora demandado para restituir su derecho a la libertad física o personal. Ahora bien, debe entenderse que, ante una solicitud de libertad por cumplimiento de condena, el juez de ejecución penal debe actuar de manera inmediata, pues de conformidad al art. 39 de la LEPS: 'Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno'. Añadiendo la norma en el segundo párrafo que: 'El funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan'. De acuerdo a la disposición legal citada, en virtud del principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180 de la CPE, el juez de ejecución penal debe despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más aún, en aquéllos casos en los que se encuentra vinculado el derecho a la libertad física o personal; sin embargo, esto no significa que la autoridad jurisdiccional falte al deber jurídico de constatar el efectivo cumplimiento de la condena, y, actuando responsablemente, tome las previsiones necesarias para evitar equivocaciones o errores en la expedición del mandamiento de libertad. En similar sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, interpretando el art. 39 de la LEPS, respecto al cumplimiento de los mandamientos de libertad por parte de los directores de los establecimientos penitenciarios, estableciendo que cuando esa norma: … señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento...

Dicho entendimiento fue también asumido en la SC 0082/2010-R de 3 de mayo" (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, el 17 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza ahora accionada que se libre mandamiento de libertad por haber cumplido la condena de tres años de reclusión que le fue impuesta; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -20 de octubre de 2022-, no obtuvo respuesta alguna, ocasionando que se encuentre ilegalmente detenido. Establecido el problema jurídico planteado a resolver, de la revisión de antecedentes se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la comisión del delito de robo agravado, el 17 de octubre de 2019, al someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, mediante Sentencia 85/2019, fue condenado a tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; expidiéndose el respectivo Mandamiento de Condena de esa fecha; asimismo, dicha Sentencia fue ejecutoriada conforme se advierte del Certificado de Ejecutoría de 14 de junio de 2021 (Conclusión II.1.). Por lo que, al estar cumplida la pena impuesta, el 17 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza ahora accionada se libre el mandamiento de libertad por cumplimiento de pena, conforme a lo previsto en el art. 39 de la LEPS (Conclusión II.2.).

Ahora bien, es preciso referir que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales.

Bajo ese entendimiento, de los antecedentes descritos previamente y de la lectura de la Resolución 28/22 emitida por el Tribunal de garantías, se tiene que el accionante por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, solicitó se libre el mandamiento de libertad por cumplimiento de pena, el cual fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz el 18 de igual mes y año, a las 08:30 horas; sin embargo, no fue ingresado de manera inmediata ante el despacho de la Jueza ahora accionada, justificando tal omisión con una nota debajo del cargo, en la que la Auxiliar de dicho Juzgado indicó que ingresa a despacho el "19 de octubre" al encontrarse en comisión de estudios, misma que recién iniciaría el 19 de dicho mes y año a partir de mediodía, conforme se puede advertir del decreto de 18 de octubre de 2022, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Conclusión II.3.); en consecuencia, se constata que se produjo una dilación injustificada en la atención de la solicitud del accionante, lo cual conllevó a que su situación jurídica no sea resuelta de manera diligente. En ese contexto, es necesario también aclarar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, es competencia de los Jueces de Ejecución Penal disponer la libertad del condenado una vez que cumpla su pena; además de velar por el control del respeto de los derechos y garantías del mencionado; por lo que, en cuanto a una solicitud de libertad por cumplimiento de condena, debe actuar de manera inmediata conforme establece el art. 39 de la LEPS; lo cual no implica que dicha autoridad judicial previamente constate el efectivo cumplimiento de la condena, tomando las previsiones necesarias para evitar errores en la expedición del mandamiento de libertad. Por consiguiente, la Jueza ahora accionada, omitió atender con la celeridad debida la solicitud del accionante, bajo el pretexto de que se encontraba declarada en comisión por estudios; sin embargo, tuvo el tiempo necesario para atender la solicitud del accionante; puesto que, el memorial fue puesto a su conocimiento el 19 de octubre de 2022, considerando que su declaratoria en comisión por estudio inició ese día a partir de las 12:00 horas a 16:00 horas, hecho que no desvirtuó dicha autoridad judicial, ante la falta de presentación del respectivo informe o la asistencia a la audiencia de consideración de esta acción de defensa. Asimismo, se advierte que la Jueza ahora accionada asumió una actitud pasiva en el control de su personal de apoyo jurisdiccional, lo que ocasionó que la solicitud del accionante no sea conocida de manera inmediata el 18 de octubre de 2022; es decir, cuando fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; por lo que, al tratarse de un cumplimiento de condena, olvidó su deber de protección de los derechos y garantías del accionante y actuar con la celeridad exigida para la atención de ese tipo de solicitudes. En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; toda vez que, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada al evidenciarse la vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad del accionante, debiendo aclararse que la concesión de la tutela, únicamente atinge a la dilación indebida ocasionada en la atención de la solicitud del accionante, sin que esto implique que se libre de manera directa el mandamiento de libertad solicitado; ya que, eso requiere de un acervo probatorio a ser valorado por la respectiva autoridad judicial, a efectos de evitar errores en la emisión del mandamiento de libertad. Por otra parte, atinge a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional hacer mención en cuanto a la decisión tomada por el Tribunal de garantías respecto a disponer que la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, que conoció el procedimiento abreviado, sea quien evalúe los actuados y libre el mandamiento de libertad solicitado por el accionante, tomando en cuenta la protección del derecho a la libertad y la respectiva celeridad que amerita la protección de ese derecho, resulta ser incorrecta; sin embargo, considerando que la misma provocó efectos corresponde en aplicación del principio de seguridad jurídica previsto por el art. 178 de la CPE, dimensionar esa decisión conforme a lo establecido por las SSCC 0070/2010-R de 3 de mayo y 0595/2010-R de 12 de julio; con la aclaración que la responsabilidad de emitir el referido mandamiento de libertad es enteramente de la Jueza ahora accionada, quien como se demostró líneas arriba vulneró los derechos del accionante. Otras consideraciones Finalmente, corresponde referirnos a la actuación del Tribunal de garantías, que a efectos de la resolución del caso concreto consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, como ser el informe de la Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y el memorial de solicitud de mandamiento de libertad por cumplimiento de condena presentado por el accionante con el respectivo cargo de recepción por ese Juzgado en que se advirtió una nota de la fecha de ingreso a despacho; ya que, al ser estos documentos en los cuales fundó su razonamiento en la Resolución 28/22, correspondía que los mismos sean remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, se exhorta al Tribunal de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efecto de la resolución de la causa en fase de revisión. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/22 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con el derecho a la libertad de Yeison Morales Zerda, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Gabriela Suárez Vaca, Jueza; y, a la Auxiliar, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas en la atención de solicitudes en las que se involucre el derecho a la libertad ante el cumplimiento de una condena. 3° Exhortar a Lilian Zabala Zambrana y Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remitan todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0278_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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