Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de su garantía al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, los derechos a la defensa y a la impugnación; así como, los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; toda vez que, al pronunciar la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 que ratificó el sobreseimiento, el Fiscal Departamental demandado incurrió en las siguientes ilegalidades: a) No analizó los hechos denunciados por cada víctima -al tratarse de dos hechos, dos denunciantes, y dos contratos firmados-, omitiendo realizar una adecuada subsunción de los hechos y una apropiada valoración de la prueba con el tipo penal de estafa agravada; y, b) No consideró los aspectos vinculados al elemento engaño -como componente de la conducta delictiva-que fueron expresados en la impugnación. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: 1) La parte impetrante de tutela no señaló de manera clara y precisa los hechos que vulnerarían sus derechos, no fundamentó del porque la labor interpretativa de la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; asimismo, no se estableció el nexo de causalidad; en ese sentido, siendo que la acción de amparo constitucional no cumplió con la carga argumentativa suficiente, no se puede ingresar al análisis de fondo, más aun cuando se pretende que la justicia constitucional valore la prueba que es de competencia exclusiva del Ministerio Público; 2) En la acción de defensa no se expresó de manera adecua…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2025 de 14 de enero, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la garantía del debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, así como los derechos a la impugnación y defensa, correspondiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 de 4 de junio, debiendo el Fiscal Departamental de Cochabamba emitir uno nuevo, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada sobre los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, conforme los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 70591-2025-142-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 08/2025 de 14 de enero, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Orellana Rojas y Alexander Eddo García Romero contra Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 11 y 18 de diciembre, ambos de 2024, cursantes a fs. 1; 181 a 196 vta.; y, 204 a 206, los accionantes manifestaron:
En diciembre de 2022, denunciaron a Hernán Sonco Churata -ahora tercero interesado- por la presunta comisión del delito de “estafa agravada”, señalando que, ambos, de manera independiente e individual fueron objeto de engaños para acceder a la compra de equipos médicos; no obstante, pese a que, correspondía que el proceso penal sea investigado por estafa agravada se imputó al prenombrado únicamente por la supuesta comisión del ilícito de estafa. Posteriormente, pese a contar con prueba que sustente una acusación formal, de manera arbitraria y sin realizar una valoración objetiva e individualizada de cada uno de los hechos por separado, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 20 de marzo de 2024 en favor del ahora tercero interesado; razón por la cual, al momento de impugnar dicha determinación se hizo conocer esos aspectos.
En mérito a la referida impugnación, Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandado-, pronunció la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 de 4 de junio, ratificando el sobreseimiento, y para ello, se limitó a transcribir los extremos de su impugnación, copiar los fundamentos del sobreseimiento, analizándose los hechos como si se tratará de un solo evento, con una víctima, una disposición patrimonial y un mismo engaño para ambos, estableciendo que no es factible sostener una hipótesis de acusación debido a que sus personas tenían conocimiento de que el imputado -ahora tercero interesado- tenía una empresa de insumos y se llegó a cumplir de forma parcial los acuerdos contractuales; por lo que, no se llegaría a configurar un engaño y error como elementos constitutivos del delito. No obstante, debe considerarse que al emitirse la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024, la autoridad fiscal incurrió en las siguientes ilegalidades: a) No analizó los hechos denunciados por cada víctima -al tratarse de dos hechos, dos denunciantes, y dos contratos firmados-, omitiendo realizar una adecuada subsunción de los hechos y una apropiada valoración de la prueba con el tipo penal de estafa agravada; y, b) No consideró los aspectos vinculados al elemento engaño -como componente de la conducta delictiva- que fueron expresados en la impugnación.
Denunció la lesión de su garantía al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, los derechos a la defensa y a la impugnación; así como, los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 120.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024, disponiendo la emisión de una nueva con base a los agravios invocados.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de enero de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 256 a 257, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia señaló que, la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 en su último párrafo establece que se efectuó un análisis de los hechos; empero, del punteo de las pruebas se tiene que las pruebas 1 y 2 hacen referencia que ambos tienen documentos de compra venta, la 3, 4 y 5 establecen la entrega de dinero; y, el 14 alude a una entrevista policial que permite evidencia que ambos impetrantes de tutela tienen hechos diferentes; en ese sentido, la autoridad fiscal demandada valoró arbitrariamente la prueba 14 “…pues analiza de Alexander García y que conoció al denunciado a quien entregó 14 mil dólares y el denunciado entregó parte del equipo, hecho que no es parte ni fundamento de la denuncia pues la denuncia es por la compra de otro equipo, y con relación del señor Carlos Orellana, no analiza el hecho denunciado, pues establece que hubo un incumplimiento contractual, lo que no es posible dilucida en la vía penal” (sic); en ese sentido, la motivación es arbitraria cuando se realiza una valoración sesgada de una prueba o una omisión de valoración total de los hechos; por lo que, tampoco existe una congruencia interna entre los hechos y lo resuelto.
Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 213 a 218; y, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: 1) La parte peticionante de tutela no indicó de manera clara y precisa los hechos que vulnerarían sus derechos, no fundamentó del porque la labor interpretativa de la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; asimismo, no se estableció el nexo de causalidad, ya que únicamente se hizo una transcripción de los antecedentes denunciados, una interpretación de la subsunción al tipo penal y el señalamiento de jurisprudencia, sin realizar un análisis integral del porque o de qué modo se negó la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica; en ese sentido, siendo que la acción de amparo constitucional no cumplió con la carga argumentativa suficiente, no se puede ingresar al análisis de fondo, más aun cuando se pretende que la justicia constitucional valore la prueba que es de competencia exclusiva del Ministerio Público; 2) En la acción de defensa no se expresó de manera adecuada la transgresión de la garantía del debido proceso en su elemento congruencia, ya que si bien se considera que no se resolvió su impugnación especialmente respecto a cuestiones probatorias, se tiene que la mencionada Resolución Jerárquica abordó la problemática desde la perspectiva planteada por la resolución de sobreseimiento al analizar los hechos y el tipo penal; 3) En antecedentes se tiene que una imputación formal que no fue cuestionada ni se solicitó el control jurisdiccional, pretendiendo que a través de la acción de defensa se subsanen actos consentidos; 4) La parte impetrante de tutela tiene la carga argumentativa y probatoria de acreditar la relevancia constitucional de los agravios, en la medida que puedan cambiar o modificar el resultado de la decisión asumida por el Fiscal Departamental demandado, y, de no ser así, el planteamiento carece de relevancia; y, 5) La presunta falta de valoración de los hechos no fue expresada en la impugnación; además, la referida Resolución Jerárquica hizo un análisis detallado y separado de los hechos expuestos y la documentación presentadas por ambos denunciantes -ahora accionantes-, siendo inclusive que los impetrantes de tutela no refirieron como debió ser analizado o valorado el elemento que modifique el resultado de la indicada Resolución Jerárquica.
Hernán Sonco Churata no presentó memorial alguno ni concurrió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación efectuada a través de provisión citatoria cursante de fs. 223 a 247.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 08/2025 de 14 de enero, cursante de fs. 258 a 261, denegó la tutela solicitada, manifestando que: i) Del análisis de la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 se advierte que la misma contiene una fundamentación razonable acorde a los agravios denunciados y puntualizados en la impugnación, exponiéndose el razonamiento jurídico y los motivos que justificaron la decisión; y, ii) Los impetrantes de tutela se limitaron a señalar la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos “fundamentación” y congruencia; así como el derecho a la defensa sin establecer la relevancia constitucional, la arbitrariedad o insuficiente motivación de la Resolución Jerárquica que tiene un efecto modificar del fondo de la decisión.
Mediante Auto Constitucional (AC) 441/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 274 a 279, ante la solicitud de adelanto de sorteo efectuada por Carlos Orellana Rojas (fs. 269 y vta.), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Alexander Eddo García Romero y Carlos Orellana Rojas -ahora accionantes- contra Hernán Sonco Churata -ahora tercero interesado- por la presunta comisión del delito de estafa, se tiene que, el Fiscal de Materia pronuncia Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 20 de marzo de 2024 a favor del tercero interesado, debido a que los elementos acumulados en el cuaderno de investigaciones serían insuficientes para sustentar una acusación fiscal (fs. 148 a 156).
II.2. A través de memorial presentado el 9 de abril de 2024, los impetrantes de tutela impugnan el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento citado en la Conclusión referida precedentemente (fs. 157 a 168 vta.). II.3. Mediante Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 de 4 de junio, Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandado- resuelve ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 20 de marzo de 2024, disponiendo la conclusión del proceso (fs. 170 a 175 vta.).
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de su garantía al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, los derechos a la defensa y a la impugnación; así como, los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; toda vez que, al pronunciar la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 que ratificó el sobreseimiento, el Fiscal Departamental demandado incurrió en las siguientes ilegalidades: a) No analizó los hechos denunciados por cada víctima -al tratarse de dos hechos, dos denunciantes, y dos contratos firmados-, omitiendo realizar una adecuada subsunción de los hechos y una apropiada valoración de la prueba con el tipo penal de estafa agravada; y, b) No consideró los aspectos vinculados al elemento engaño -como componente de la conducta delictiva-que fueron expresados en la impugnación. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: 1) La parte impetrante de tutela no señaló de manera clara y precisa los hechos que vulnerarían sus derechos, no fundamentó del porque la labor interpretativa de la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; asimismo, no se estableció el nexo de causalidad; en ese sentido, siendo que la acción de amparo constitucional no cumplió con la carga argumentativa suficiente, no se puede ingresar al análisis de fondo, más aun cuando se pretende que la justicia constitucional valore la prueba que es de competencia exclusiva del Ministerio Público; 2) En la acción de defensa no se expresó de manera adecuada la transgresión de la garantía del debido proceso en su elemento congruencia; 3) En antecedentes se tiene que una imputación formal que no fue cuestionada ni se solicitó el control jurisdiccional, pretendiendo que a través de la acción de defensa se subsanen actos consentidos; 4) La parte impetrante de tutela tiene la carga argumentativa y probatoria de acreditar la relevancia constitucional de los agravios, en la medida que puedan cambiar o modificar el resultado de la decisión asumida por el Fiscal Departamental demandado, y, de no ser así, el planteamiento carece de relevancia; y, 5) La presunta falta de valoración de los hechos no fue expresada en la impugnación; En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La construcción jurisprudencial sobre contratos criminalizados o negocios jurídicos criminalizados emergió con el objeto de precisar cuando un contrato constituye únicamente una obligación civil incumplida o en su caso un negocio jurídico que se convierte en instrumento del delito de estafa. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos 0207/2015-RRC-L de 8 de mayo y 0283/2015-RRC-L de 8 de junio, de manera uniforme desarrollaron la noción de negocio jurídico criminalizado, estableciendo expresamente que el mismo “…se configura a través de la celebración de un contrato o negocio jurídico con la clara y absoluta intención de incumplirlo…” (las negrillas fueron añadidas); en ese sentido, en el entendimiento del máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria se sostuvo que el contrato podía convertirse en un instrumento fraudulento cuando el sujeto activo utilizaba la apariencia de legalidad propia de la relación contractual para generar confianza en la víctima y obtener un acto de disposición patrimonial, cuyo análisis debía centrarse en la intención subjetiva de incumplimiento. Posteriormente, en la doctrina legal aplicable se precisó que el elemento esencial del contrato criminalizado no es simplemente el incumplimiento contractual, sino la existencia de un engaño previo o concomitante a la celebración del negocio jurídico, así, el Auto Supremo 0056/2016-RRC de 21 de enero expresamente, señaló que: “…es posible la consumación del delito de estafa a través de la celebración de contratos, donde el sujeto activo sabe, desde el momento en el que plantea la negociación contractual o antes, que no cumplirá la contraprestación que le incumbe, de modo que la criminalización de los negocios se produce cuando el propósito defraudatorio se concibe antes o en el momento de la celebración del contrato y es capaz de cambiar la voluntad del otro contratante que realmente desea llevar a buen término el negocio jurídico concertado, aspecto en el que se diferencia de un mero incumplimiento contractual civil donde concurre simplemente un dolo posterior; es decir, cuando no existe dicha intención de engañar de manera previa o consecuente a la firma de los diferentes contratos o documentos, en estos casos los hechos podrán definirse como un incumplimiento contractual de trascendencia civil, pero no como un delito de estafa. Precisamente, respecto del momento en el que debe aparecer el engaño en la dinámica defraudatoria del agente, se ha dicho que el artificio engañoso sobre la víctima tiene que anteceder o ser concurrente, no pudiendo ser valorado penalmente el denominado ‘dolo subsequens’ de orden civil, esto es, el sobrevenido y no anterior a la celebración del contrato de que se trate” (las negrillas nos corresponden).
En ese sentido, los contratos denominados criminalizados no surgen del simple incumplimiento de obligaciones contractuales sino de la instrumentalización fraudulenta del negocio jurídico mediante engaños antes o al momento de la celebración del contrato; por lo que, para desvirtuar el delito de estafa no resulta suficiente con demostrar la existencia de un contrato, sino que resulta necesario analizar en estos casos la existencia de un engaño precedente o concomitante para lo cual incluso se debe analizar el comportamiento del imputado antes y durante la suscripción del contrato cuestionado a efectos de justificar y fundamentar la existencia o ausencia de este tipo de contratos.
De los antecedentes contenidos en el expediente constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por los accionantes por la presunta comisión del delito de estafa, el Fiscal de Materia pronunció Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 20 de marzo de 2024 a favor del tercero interesado, ello considerando que los elementos acumulados en el cuaderno de investigación serían insuficientes para sustentar una acusación fiscal (Conclusión II.1); determinación que al objeto de impugnación por parte de los impetrantes de tutela (Conclusión II.2) mereció la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 de 4 de junio, a través de la cual, Fiscal Departamental ahora demandado resolvió ratificar el sobreseimiento (Conclusión II.3), este último fallo que es cuestionado mediante la presente acción de amparo constitucional, por cuanto: i) No se habría analizado los hechos denunciados por cada víctima, omitiendo realizarse una adecuada subsunción de los hechos y una apropiada valoración de la prueba con el tipo penal de estafa agravada; y, ii) No se consideró los aspectos vinculados al elemento engaño -como componente de la conducta delictiva- que fueron expresados en la impugnación. En ese orden de ideas, en cuanto a la primera problemática, referido a que el Fiscal Departamental ahora demandado no analizó los hechos denunciados por cada víctima ni se efectuó una adecuada subsunción de los hechos y valoración probatoria con relación al tipo penal de estafa agravada, debe considerarse que, en el memorial de impugnación, los impetrantes de tutela únicamente efectuaron sus reclamos centrándose en la configuración del delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal (CP), citando en efecto el contenido de dicho artículo y explicando cada uno de sus elementos constitutivos con los hechos alegados; ello, sin realizar ningún argumento específico respecto a la estafa agravada ni efectuar una mención concreta del agravante previsto en el art. 346 bis del indicado Código; es decir, el reclamo se concentra en demostrar la existencia de la estafa simple y no en desarrollar jurídicamente una agravación; consecuentemente, siendo evidente que previo a interponer la acción de amparo constitucional los peticionantes de tutela no agotaron los medios o recursos legales establecidos, se incumplió con el principio de subsidiariedad establecidos en los arts. 129 de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), lo que impide ingresar al análisis de fondo de la presente problemática. En lo concerniente a la segunda problemática, relativa a que el Fiscal Departamental demandado no consideró los aspectos vinculados al elemento engaño -como componente de tipo penal de estafa- que fueron expresados en la impugnación, es necesario tener en cuenta que, los impetrantes de tutela en el memorial de impugnación alegaron que el Fiscal de Materia no valoró el engaño precedente o anterior y que desde un inicio el imputado tuvo la intención de obtener un beneficio económico indebido, utilizando para ello falsas promesas de importación y venta de equipos médicos; y, no existió un simple incumplimiento contractual, sino un negocio jurídico o contrato criminalizado; por lo que, es aplicable la teoría de los contratos defraudatorios para la consumación del delito de estafa. Sobre el reclamo efectuado, es necesario considerar que, de la revisión del contenido de la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024, se tiene que, si bien el Fiscal Departamental cita textualmente el entendimiento del Auto Supremo 126/2020 de 26 de enero, relativo a la existencia de relaciones contractuales que sirven de medios para defraudaciones denominados negocios jurídicos criminalizados y que a efectos de la tipificación del delito de estafa debe demostrarse la existencia de una conducta dolosa inicial; posteriormente, se limitó a señalar que: “…los denunciantes han manifestado su acuerdo de adquirir equipos médicos por ser conveniente para ellos con respecto a los precios bajos que manejaba el imputado en la venta de sus equipos, por lo que existiendo su consentimiento [consentimiento] voluntad expresa, existe una insuficiencia de elementos probatorios tendientes a establecer cuál fue el engaño y/o artificio empleado…” (sic); y, “…los elementos probatorios puedan acreditar de forma convergente, concordante, la existencia de dolo anterior y que hubiese sido el imputado quien indujo a la denunciante, a través de engaños, a efectuar la disposición patrimonial” (sic); sin embargo, no se advierte una respuesta concreta, suficiente y específica respecto a la teoría del contrato criminalizado expuesta, ni una fundamentación clara sobre porque en el caso concreto no se configuraría el engaño previo que es propio del tipo penal de estafa. En efecto, tal como se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la autoridad fiscal demandada debió analizar si se presenta en el caso concreto un contrato denominado criminalizado; es decir, debió examinar el comportamiento desplegado por el imputado antes, durante y después de la celebración del negocio jurídico y las condiciones propias desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de establecer si la suscripción del contrato era o no parte del engaño que hacía al delito de estafa debiéndose analizar incluso los antecedentes de provisión y venta de equipos médicos a otras clínicas, etc., así como todos los elementos objetivos obtenidos en el desarrollo del proceso penal y a partir de ello llegar a una conclusión fundamentada. En consecuencia, respecto al segundo punto se evidencia un pronunciamiento parcial sobre el punto reclamado, con incidencia no solo en la garantía del debido proceso en su elemento congruencia, sino también en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en cuanto a dichos elementos. Por otra parte, en cuanto al derecho a la impugnación, es necesario considerar que, dicho derecho permite a la autoridad jerárquica superior evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, debiendo responder de forma fundamentada todos los agravios planteados al encontrarse ligado al derecho a la defensa (SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo). Bajo ese comprendido, siendo que en el caso concreto no se otorgó una respuesta concreta al agravio, se tiene que el Fiscal Departamental no evaluó, revisó ni compulsó el agravio denunciado, restringiendo ambos derechos; razón por la que debe concederse la tutela impetrada. Respecto a los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, no se advierte el cumplimiento de la carga argumentativa mínima exigida para realizar un análisis de fondo, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2025 de 14 de enero, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la garantía del debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, así como los derechos a la impugnación y defensa, correspondiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/ODTR IS 229/2024 de 4 de junio, debiendo el Fiscal Departamental de Cochabamba emitir uno nuevo, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada sobre los principios a la seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, conforme los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0277_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f01d326445d7d1940c6beef5123d8f66c2e8d87087105ecb9c69d664548640f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →