Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; en razón a que, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro -accionada- en la audiencia de 12 de octubre de 2022, fijada para determinar su situación jurídica, dispuso la remisión inmediata del cuaderno de control jurisdiccional ante el tribunal de sentencia penal de turno, bajo el argumento de haber perdido competencia a partir de la acusación formal presentada por el Ministerio Público, cuando correspondía a dicha autoridad definir la cesación de su detención preventiva y disponer su libertad, dado que el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la medida cautelar ni acreditó riesgos procesales que justificaran su continuidad durante la etapa de juicio. Asimismo, sin fundamento legal rechazó el recurso de reposición que planteó contra esta determinación. En respuesta al acto lesivo que se le atribuye, la Jueza accionada refirió que: a) El 12 de octubre de 2022, tras recibirse el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal, emitió una providencia ordenando su remisión al tribunal de sentencia de turno. No obstante, en atención a la detención preventiva de los peticionantes de tutela y en cumplimiento del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51467-2022-103-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 13/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Zacarías Martin Flores Choque y Tania Copali Rojas en representación sin mandato de José Luis y Edwin Nelson, ambos de apellidos Colque Copali contra Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante a fs. 1; y, 5 a 6 vta., los accionantes a través de sus representantes sin mandato manifiestan lo siguiente:
Se encuentran con detención preventiva desde el 12 de abril de 2022, en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, en el marco de un proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio, tipificado y sancionado en el art. 251 del Código Penal (CP). El 12 de octubre del mencionado año, se llevó a cabo la audiencia “de situación jurídica” durante la cual, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del indicado departamento -ahora accionada- a través de un “simple proveído” determinó que perdió competencia en la causa, debido a la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público y la existencia de una resolución previa que ordenaba la remisión del proceso a la instancia competente. Asimismo, dicha autoridad aclaró que el objeto de la referida audiencia no era considerar la cesación de la detención preventiva sino la situación jurídica de los procesados -sus personas-, considerando por tanto inaplicable lo dispuesto en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, su defensa técnica interpuso un recurso de reposición, conforme a lo establecido en los arts. 401 y 402 del CPP, fundamentando que la acusación formal presentada por el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la detención preventiva ni acreditó la concurrencia de riesgos procesales que justificaran la subsistencia de dicha medida en la etapa de juicio; asimismo, que el cuaderno procesal aún permanecía en dicha instancia; recurso que fue rechazado sin fundamento legal; “…Como podrá ver vuestra autoridad, que no ha merecido respuesta a ese recurso de reposición…” (sic). Consecuentemente, se encuentran indebidamente procesados y privados de su libertad.
Los impetrantes de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y libertad sin citar norma alguna al respecto.
Solicitan “…se ADMITA la presente acción de libertad y se conceda la tutela” (sic). Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa, solicitaron se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública, el 1 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 63 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los peticionantes de tutela, a través de sus representantes sin mandato, ratificaron los argumentos de la acción tutelar y ampliando en audiencia, en uso a su vez del derecho a la réplica, señalaron que: a) Es evidente que plantearon otra acción de libertad; sin embargo, se denegó la misma sin analizar el fondo del asunto; b) El Auto de Vista 95/2022 de 25 de octubre, se fundamentó en que la Resolución impugnada omitió pronunciarse sobre las medidas cautelares vinculadas a su libertad; c) Mediante Auto Interlocutorio -no se especifica el número- se dispuso su detención preventiva por un plazo definido. Si bien dicha medida se consideró legal durante la vigencia de dicho plazo, no obstante, debió señalarse nueva audiencia para resolver su situación jurídica; d) En el acta de audiencia de 12 de octubre de 2022, se puede evidenciar que su defensa técnica solicitó que se analice la cesación de la detención preventiva, de acuerdo a lo previsto en el art. 239.2 del CPP; e) En el presente caso la Jueza accionada hizo aparecer un Auto Interlocutorio sin número de identificación, pero remitió a la Sala Penal una resolución numerada “…entonces donde establece que ha perdido competencia para la situación jurídica de los acusados, esto es una providencia Señor Magistrado, no es una resolución (…) solo ya habiéndose notificado con la acción de Libertad, hace aparecer curiosamente este Auto Interlocutorio, si fuera esto así como menciona la Juez accionada, este Auto Interlocutorio hubiera estado aquí descrito y no de manera separada…” (sic). Asimismo, dicha Resolución no tiene ningún fundamento, tampoco resuelve su situación jurídica; f) De acuerdo al art. 23.V -no precisan el cuerpo normativo- y aun ante la existencia de una acusación formal tenían derecho a ser informados sobre los motivos que justificaban la continuidad de su detención preventiva; y, g) El art. 233 del CPP establece que, en etapa de juicio y recursos, la detención preventiva requiere acreditar riesgos procesales, previstos en el num. 2 del citado artículo. Sin embargo, desde el 12 de octubre de 2022, permanecen privados de libertad sin que el Ministerio Público haya fundamentado la continuidad de esta detención, conforme al art. 239.2 del mencionado cuerpo legal.
Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, a través de informe escrito, cursante a fs. 46 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, por lo siguiente: 1) A partir del 22 de agosto de 2022, se implementó un proceso de refuncionalización en el Órgano Judicial. En este marco, el juzgado competente en Instrucción Penal asumió competencia sobre procesos pendientes -antes de tal refuncionalización- de dos despachos cautelares; así como otras funciones jurisdiccionales adicionales que abarcan procesos en liquidación del Tribunal de Sentencia, Juzgado de Sentencia Penal, Niñez y Adolescencia; así como en materia laboral y seguridad social, por lo cual, además de la atención de nuevos procesos, se realizan siete a ocho audiencias diarias en promedio; 2) Pese a la carga procesal en su Juzgado y las limitaciones operativas que dificultan la atención oportuna del despacho, el 12 de octubre del mismo año, tras recibirse el requerimiento conclusivo de acusación formal, emitió una providencia ordenando su remisión al tribunal de sentencia penal de turno. No obstante, en atención al Auto Interlocutorio “73/2022” -de 12 de abril- que dispuso la detención preventiva de los accionantes y en cumplimiento del art. 235 ter del CPP, fijó una audiencia para el mismo día, a horas 15:00, resolviendo su situación jurídica mediante Auto Interlocutorio. Dicha Resolución, fue objeto de un recurso de reposición resuelto mediante el Auto Interlocutorio 58/2022 de 12 de octubre, que fue impugnado por la defensa técnica de los impetrantes de tutela a través de un recurso de apelación incidental, el cual fue concedido en efecto no suspensivo durante el mismo acto procesal. Asimismo, en instancia de apelación se pronunció el Auto de Vista 95/2022, en el que además ante una solicitud de explicación y enmienda de 28 de octubre del mismo año, se advirtió deslealtad procesal de la defensa técnica de la parte peticionante de tutela; 3) Sin que transcurran veinticuatro horas, los mismos presentaron una acción de libertad, resuelta mediante la Resolución 11/2022 de 13 de octubre. Para tal fin, se remitieron todos los actuados del cuaderno de control jurisdiccional; 4) La parte accionante pretende generar confusión al reclamar la cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239.2 del CPP, sin haber solicitado previamente la audiencia correspondiente -hecho confirmado por su propia defensa técnica en la jurisdicción constitucional-. Cabe precisar que, la audiencia de 12 de octubre de 2022 no fue fijada con este objeto, sino para evaluar la situación jurídica de los impetrantes de tutela “…en oportunidad de disponer la aplicación de medidas cautelares…” (sic) siendo este el argumento que motivó la interposición de la acción de libertad de 13 del citado mes y año y también la presente acción de defensa; 5) El peticionante de tutela -no especifica cuál- presentó denuncia escrita ante el Consejo de la Magistratura por el mismo hecho, habiendo elevado en relación a ello, un informe pormenorizado a dicha instancia; y, 6) Existe “extracción” -lo correcto es sustracción- de materia para que se ingrese al análisis de fondo, ya que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al “respectivo” Tribunal de Sentencia de Huanuni del departamento de Oruro el 24 de octubre de 2022. Adicionalmente, el 28 del mismo mes y año se envió el “testimonio” -se entiende legajo- de apelación.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 64 a 68 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: i) La Jueza accionada dispuso la remisión inmediata del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal de turno, fundamentando que se habría cumplido la primera parte del art. 325 del CPP. Asimismo, respecto al recurso de reposición, la autoridad judicial determinó rechazarlo, en aplicación del art. 401 del referido Código, que establece que este recurso sólo procede contra providencias de mero trámite y no contra autos interlocutorios. De igual manera, sobre el recurso de apelación incidental, la Jueza concedió el mismo en efecto no suspensivo, ordenando la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en un plazo de veinticuatro horas. Como resultado, el caso fue elevado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. No obstante, en dicha instancia se argumentó que los accionantes se limitaron a anunciar el recurso sin especificar los agravios concretos derivados del Auto Interlocutorio “56/2022” -lo correcto es 58/2022-, tal como exige el art. 404 del CPP; y, ii) Con relación a la alegación de los impetrantes de tutela sobre la falta de pronunciamiento judicial respecto a la reposición, se constata en los antecedentes que la indicada solicitud fue rechazada, inclusive los mismos interpusieron recurso de apelación incidental, agotándose así las instancias pertinentes. Según el informe de la autoridad accionada, el proceso penal se encuentra actualmente bajo la competencia del Tribunal de Sentencia Penal de Huanuni del mencionado departamento. En este marco, corresponde presentar ante dicho Tribunal una solicitud de cesación de la detención preventiva, ajustándose a lo previsto en los arts. 233 “2da. Parte” y 239.2 del citado Código.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de acción de libertad de 13 de octubre de 2022, suscrito por Zacarías Martin Flores Choque y Tania Copali Rojas en representación sin mandato de José Luis y Edwin Nelson, ambos de apellidos Colque Copali -hoy accionantes- contra Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro -hoy accionada-, solicitando que se restablezcan las formalidades legales de la detención preventiva de los impetrantes de tutela, costas procesales y “…demás condenaciones de ley…” (sic [fs. 16 a 19]). De igual manera, cursa acta de audiencia de consideración de esta acción de defensa, en la que la parte peticionante de tutela, durante su intervención en dicho acto procesal define como pretensión que, la Jueza accionada señale -se infiere audiencia- y reconsidere la cesación de la detención preventiva (fs. 38 a 41). De igual modo, se tiene Resolución 11/2022 de 13 de octubre pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento, que deniega la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del acto lesivo denunciado, mientras no exista una resolución que resuelva el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio recurrido -58/2022-de 12 de octubre (fs. 34 a 37). II.2. Conforme a los datos del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la acción de libertad presentada el 13 de octubre de 2022 -descrita precedentemente-, y que fue resuelta mediante Resolución 11/2022, emitida por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, denegando la tutela impetrada. Esta acción de libertad ingresó en revisión a este Tribunal el 10 de noviembre del mismo año y fue registrada con el número de Expediente 51112-2022-103-AL.
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; en razón a que, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro -accionada- en la audiencia de 12 de octubre de 2022, fijada para determinar su situación jurídica, dispuso la remisión inmediata del cuaderno de control jurisdiccional ante el tribunal de sentencia penal de turno, bajo el argumento de haber perdido competencia a partir de la acusación formal presentada por el Ministerio Público, cuando correspondía a dicha autoridad definir la cesación de su detención preventiva y disponer su libertad, dado que el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la medida cautelar ni acreditó riesgos procesales que justificaran su continuidad durante la etapa de juicio. Asimismo, sin fundamento legal rechazó el recurso de reposición que planteó contra esta determinación. En respuesta al acto lesivo que se le atribuye, la Jueza accionada refirió que: a) El 12 de octubre de 2022, tras recibirse el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal, emitió una providencia ordenando su remisión al tribunal de sentencia de turno. No obstante, en atención a la detención preventiva de los peticionantes de tutela y en cumplimiento del art. 235 ter del CPP, fijó una audiencia para el mismo día, a horas 15:00, resolviendo su situación jurídica mediante Auto Interlocutorio; decisión que luego de los recursos de reposición y de apelación incidental, motivó el pronunciamiento del Auto de Vista 95/2022; b) La parte impetrante de tutela pretende generar confusión al reclamar la cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239.2 del CPP, sin haber solicitado previamente la audiencia correspondiente; c) Sin que transcurran veinticuatro horas, los accionantes presentaron una acción de libertad el 13 de octubre de 2022 contra la determinación asumida en la audiencia de 12 de igual mes y año, siendo el argumento que motivó la interposición de esa acción de libertad, al igual que el de la presente acción de defensa, el hecho de que no se haya definido su situación jurídica; y, d) Existe sustracción de materia para que se ingrese al análisis de fondo, ya que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Tribunal de Sentencia de Huanuni del departamento de Oruro el 24 de octubre de 2022. Adicionalmente, el 28 del citado mes y año se envió el “testimonio de apelación”.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto a esta causal de improcedencia de la acción de libertad, cuando se advierte que concurre triple identidad respecto de otra acción de defensa, la SCP 1183/2019-S1 de 2 de diciembre, citando la jurisprudencia constitucional que desarrolla los entendimientos asumidos sobre este tópico procesal de connotación constitucional, sostuvo que: «Sobre esta temática, la SC 1142/2010-R de 27 de agosto, señaló: “La acción de libertad, busca fundamentalmente la protección de los derechos a la libertad física o personal, a la vida, y también la garantía al debido proceso, en este último caso cuando existe vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SSCC 1865/2004-R y 0619/2005-R) y al derecho a la libertad de locomoción, cuando está vinculado al derecho a la vida y la libertad física o personal (SC 0023/2010-R de 13 de abril).
Al ser considerada como el medio de defensa que tutela dichos derechos, tiene tramitación sumarísima y su uso debe ser mesurado, evitando su activación de forma reiterada, más aún si coinciden los sujetos activos y pasivos, si son idénticos los argumentos y fundamentos, y si tienen el mismo objeto. Esta doble activación resulta inadmisible no sólo por la efectividad de los derechos, sino también por la saludable certeza de evitar duplicidad de fallos en los que concurran las cualidades detalladas, pues de permitirse la coexistencia de dos resoluciones en las que coincidan la tres identidades, estaríamos frente a la imposibilidad de ejecutar las mismas ante la eventualidad de que sean contradictorias.
(…) ‘De la doctrina constitucional glosada, se concluye que cuando este Tribunal conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), o que el actor hubiese incoado antes la misma acción, con idéntico propósito y por iguales motivos, aunque contra distintas autoridades, -en este último supuesto constatándose sólo la identidad parcial de los sujetos procesales-, este Tribunal, en ambos supuestos, está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos; entendimiento jurisprudencial que se sustenta en el hecho de que el recurrente no puede pretender que este Tribunal que ya emitió un pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico planteado -en ambos recursos- vuelva a considerar el fondo de lo que ya ha sido demandado y resuelto, porque de así hacerlo, incurriría en una innecesaria e irregular duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto; sólo por el uso abusivo y temerario de este recurso constitucional´.
Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el recurso de hábeas corpus tampoco procede cuando la identidad de sujetos es parcial. Así, la SC 0279/2010-R, señaló: `…En consecuencia, al existir identidad de objeto, causa y de personas aunque parcialmente, ésta es considerada por la jurisprudencia constitucional una causal de improcedencia de la acción de defensa, aspecto por el que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la presente acción, puesto que no se puede intentar que se emita un pronunciamiento expreso sobre una acción de defensa idéntica a otra que fue presentada anteriormente´. Igual criterio ha sido asumido en la SC 0116/2010-R”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En la dimensión del objeto procesal que motivó la activación de esta acción de defensa -delimitado en el Acápite III- resulta imprescindible remitirse al criterio jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que al tener esta acción de defensa por finalidad la protección de derechos y garantías constitucionales, su activación reiterada con coincidencia de sujetos activos y pasivos, igual exposición de causa generada a partir de los mismos hechos y, similar objeto procesal resulta improcedente, ya que, además ocasionaría una duplicidad de fallos y posibles disfunciones procesales derivadas de resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto material. En este marco, a partir del informe de la autoridad accionada y la referencia realizada por el propio abogado de la parte accionante durante la audiencia de consideración de esta acción de defensa respecto a la existencia de una acción tutelar con antecedentes fácticos análogos interpuesta con anterioridad, surge la posibilidad que, de ser evidente, se configure un supuesto de improcedencia constitucional, en razón a la subregla anteriormente descrita. Por tal motivo, resulta imperativo verificar si, en contraste con la primera acción de libertad, concurre la tiple identidad de objeto, causa y sujeto. Al efecto, según el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, la primera acción de libertad -a la que hacen referencia las partes- fue presentada el 13 de octubre de 2022; y resuelta mediante Resolución 11/2022 de igual fecha, en la cual el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo del acto lesivo denunciado, mientras no exista una resolución que resuelva el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio recurrido 58/2022 -de 12 de octubre- (Conclusión II.1). Asimismo, dicho proceso constitucional se encuentra registrado con el Expediente 51112-2022-103-AL, que ingresó a este Tribunal el 10 de noviembre del citado año (Conclusión II.2). En ese orden, al contrastar los datos procesales del referido Expediente 51112-2022-103-AL (primera acción de libertad) con los datos de la presente acción de defensa (Expediente 51467-2022-103-AL) que fue interpuesta el 31 de octubre de 2022, se identifican los siguientes elementos de análisis: Identidad de sujetos activo y pasivo
En lo concerniente a la identidad de los sujetos procesales se evidencia que, tanto en el Expediente 51112-2022-103-AL, como en el presente Expediente 51467-2022-103-AL, ostentan la legitimación activa José Luis y Edwin Nelson, ambos de apellidos Colque Copali, a través de sus representantes sin mandato Zacarías Martin Flores Choque y Tania Copali Rojas. En cuanto a la legitimación pasiva, en los dos expedientes se atribuye dicha legitimación a Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro. Consecuentemente, con relación a los sujetos procesales se concluye que, existe plena identidad; debido a que, en ambos procesos constitucionales los titulares de los derechos subjetivos que se alegan vulnerados son José Luis y Edwin Nelson, ambos de apellidos Colque Copali y se atribuye la comisión del acto lesivo a la misma autoridad -Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro-. Identidad de causa Respecto a la causa se advierte que, tanto en el planteamiento de la primera acción de libertad -Expediente 51112-2022-103-AL- como en la segunda acción de defensa -Expediente 51467-2022-103-AL-, los memoriales de la acción son casi idénticos en su contenido, a través de los cuales los impetrantes de tutela cuestionan la determinación de la Jueza accionada -asumida por Auto Interlocutorio 58/2022- de remitir el cuaderno de control jurisdiccional ante el tribunal de sentencia penal de turno, sin resolver su situación jurídica, bajo el argumento de pérdida de competencia tras la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público; siendo que en la audiencia que se convocó para el 12 de octubre de 2022, correspondía a la Jueza accionada definir la continuidad o no de su detención preventiva, conforme al art. 239.2 del CPP, al haberse vencido el plazo establecido para dicha medida y en consecuencia disponer su libertad, dado que, el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la medida cautelar ni acreditó riesgos procesales que justificaran su mantenimiento durante la etapa de juicio, tal como exige el art. 233 del citado Código. Asimismo, alegan que, presentado el recurso de reposición contra esa decisión, dicho recurso fue rechazado sin fundamento legal. De lo expuesto, se advierte en consecuencia que existe identidad de los hechos que sirvieron de fundamento en el planteamiento de ambas acciones de libertad y que configuran la causa para su interposición.
Asimismo, debe precisarse que, si bien en la ampliación de argumentos de la audiencia correspondiente a la presente acción de defensa (Expediente 51467-2022-103-AL) se alegaron nuevos hechos como el pronunciamiento del Auto de Vista 95/2022 de 25 de octubre -que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 58/2022, que rechazó el recurso de reposición-, este elemento no altera la base fáctica esencial que fundamenta el planteamiento de esta acción tutelar, relativo la decisión adoptada por la jueza accionada durante la audiencia del 12 del mismo mes y año. Identidad de objeto Sobre este presupuesto, se evidencia que en el Expediente 51112-2022-103-AL, el petitorio trasunta en que se conceda la tutela, el restablecimiento de las formalidades legales de la detención preventiva de los accionantes, el pago de costas procesales y “…demás condenaciones de ley…” (sic). Posteriormente, durante la audiencia de dicha acción de libertad, la pretensión se amplió para requerir que la Jueza accionada convocara -se infiere-una audiencia destinada a reconsiderar la cesación de dicha medida cautelar (Conclusión II.1), lo cual, analizado en el marco del planteamiento integral de la acción de libertad, se traduce, en definitiva, en que se determine la libertad de los impetrantes de tutela. En igual sentido, en el memorial de interposición de la presente acción (Expediente 51467-2022-103-AL), la parte accionante limitó su pretensión inicial a que se conceda la tutela solicitada. Luego, durante la audiencia correspondiente a este mecanismo de defensa, se solicitó de manera explícita la libertad inmediata de los peticionantes de tutela. En consecuencia, el objeto del proceso resulta idéntico, habida cuenta que, en las dos acciones de libertad se busca la satisfacción de la misma pretensión referida a que cese la detención preventiva impuesta a los accionantes, la obtención de su libertad inmediata y con ello, la restitución de sus derechos al debido proceso y libertad. Por todo lo expuesto, resulta aplicable la causal de improcedencia definida por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debido a que, los impetrantes de tutela, con pleno conocimiento de que su primera acción de defensa (Expediente 51112-2022-103-AL) estaba recién en trámite de revisión ante este Tribunal, a través de sus representantes sin mandato, activaron la presente acción con identidad de sujeto, objeto y causa, sin esperar la resolución y pronunciamiento definitivo en esta instancia, máxime si del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal se registra un intervalo de menos de veinte días calendario entre la interposición de la primera acción de libertad (Expediente 51112-2022-103-AL) y la presente acción de defensa vinculada al Expediente 51467-2022-103-AL. En ese orden, este Tribunal no puede emitir un pronunciamiento de fondo en esta acción tutelar, pues generaría una duplicidad de fallos sobre la misma cuestión material, objeto de la presente acción de libertad y ya planteada en el Expediente 51112-2022-103-AL, con riesgo de generar una disfunción procesal. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la cuestión planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0277_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 915a521a6d7be5c18478b3989ec262f188375b55ac181114705d868b88e5470f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →