B.IA.LEGAL

SCP 0277/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 4 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46851-2022-94-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, y a la “…prestación obstétrica de la madre durante el puerperio hasta…” (sic) el año de vida del menor; por cuanto, si bien fue contratado por SENASAG, mediante un contrato de trabajo eventual -hasta el 30 de septiembre de 2021-, durante su vigencia, su conviviente quedó en estado de gestación, lo que amerita su continuidad laboral, hasta el primer año de vida de su hijo por nacer; no obstante, la parte demandada, dio por concluida su relación laboral al séptimo mes de embarazo de su pareja, negándosele los subsidios de ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 384 a 388 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al pago de los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, sin costas; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; por lo que, no corresponde la reincorporación laboral; y por ende, tampoco la cancelación de salarios devengados.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en protección de la estabilidad laboral desde el embarazo hasta el año de edad del menor en favor de la madre o padre trabajador
  2. III.2. De la inaplicación de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo a plazo fijo de mujer embarazada o padre progenitor
  3. III.3. De la subsistencia de prestaciones a favor del niño o niña menor de un año, no obstante la inaplicabilidad de la estabilidad laboral de mujer embarazada o padre progenitor
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2023-S2 Sucre, 4 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46851-2022-94-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 16/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 384 a 388 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Beymar Marcos Mancilla Flores contra Michael Lázaro Choque Molina, Jefe Departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de marzo y 1 de abril de 2022, cursantes de fs. 47 a 52, y 59 a 60 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de febrero de 2021, suscribió Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021 de igual fecha, para trabajar en el cargo de Técnico de Control Interno Abra El Condor I, dependiente de la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija, en cuya cláusula Séptima disponía que el servicio prestado era eventual, y el plazo de vigencia se computaba desde la suscripción de dicho acuerdo hasta el 30 de abril del mismo año, sin lugar a la tácita reconducción; sin embargo, mediante Contratos Modificatorios 01 y 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021, aquel término se amplió hasta el 31 de julio y 30 de septiembre de idéntico año, respectivamente. Más adelante, el 30 de abril y 16 de agosto de 2021, informó sobre el estado de embarazo de su conviviente y solicitó la asignación del subsidio prenatal; a tal efecto, la entidad demandada autorizó el pago del mismo; así, el 10 de septiembre del referido año, pidió la segunda asignación familiar, que fue la última en recibir; ya que, si bien estuvo percibiendo aquellos beneficios conforme a ley por el embarazo de su pareja, mediante Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00192/2021 de 30 de septiembre, se le notificó la conclusión en esa fecha y se suspendió todo tipo de beneficio, vulnerándose así sus derechos fundamentales; ya que, estando su cónyuge en el séptimo mes de gestación, se le negó la prestación obstétrica durante el puerperio, así como los subsidios de ley; siendo que, un contrato eventual no implica el desconocimiento del derecho de los trabajadores a la inamovilidad laboral, cuando se ven comprometidos derechos constitucionales que protegen a la familia, pues los arts. 46, 49 y 60 de la Norma Suprema, y la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 referida a la inamovilidad laboral de la mujer en gestación, más tarde ampliada a los progenitores, hasta el primer año de vida del nuevo ser, tanto en instituciones públicas como privadas. Con base en ello, no existía duda que se le debía restituir a su fuente de trabajo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, y a la “…prestación obstétrica de la madre durante el puerperio hasta…” (sic) el año de vida del menor; citando al efecto los arts. 46.I y II, 48.I al VI, y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo y se le cancelen sus sueldos devengados hasta el momento de su reinserción laboral, más el pago de los subsidios pre y postnatales, sea con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 383 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda tutelar, y ampliándolo, manifestó que: a) Con relación a la legitimación pasiva se demandó a SENASAG; ya que, si bien existe una autoridad nacional que es la representante de dicha institución, la misma tiene los suyos en todos los departamentos, los cuales pueden ser demandados en cualquier proceso como representantes de esa entidad; y, b) Si bien fue contratado, por medio de un contrato administrativo de personal eventual, ello no ameritó que se le nieguen sus derechos de padre progenitor.

I.2.2. Informe del demandado

Michael Lázaro Choque Molina, Jefe Departamental del SENASAG Tarija, mediante informe escrito presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 377 a 380 vta., solicitó que se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) De la lectura del art. 14 de la Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria -Ley 830 de 7 de septiembre de 2016-; y, 9 y 10 del Decreto Supremo (DS) 25729 de 7 de abril de 2000, se tiene que el Director General Ejecutivo del SENASAG es quien tiene la función y atribución de designar, nombrar y remover al personal que cumple funciones bajo diferentes modalidades de contratación, y que en el caso concreto, se demandó al Jefe Departamental del SENASAG Tarija; por lo tanto, no se cumplió con el requisito de legitimación pasiva, más aún si los contratos suscritos por el accionante fueron celebrados con el Director Nacional Ejecutivo y no con el mencionado Jefe Departamental; por lo que, la presente demanda tutelar debía ser interpuesta contra quien correspondía; 2) Respecto a la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00192/2021, dicha literal recordó al solicitante de tutela que conforme la cláusula Séptima de su Contrato Administrativo de Personal Eventual, el mismo tenía vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, en tal sentido, y como obligación de todo trabajador debía realizar la entrega, bajo inventario de todo aquello a su cargo a la unidad de recursos humanos y al jefe inmediato, según corresponda, así como un informe sobre la situación actual del cargo, entre otros documentos; de ello, se advirtió que dicha Comunicación Interna no tenía como fin un despido, sino la entrega de lo descrito, con el fin de mantener el orden documental en la institución; 3) Fue evidente que el solicitante de tutela prestó servicios en la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija en el cargo de Técnico del Puesto de Control Interno Abra El Cóndor I, ello, a través del Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021, con vigencia del 1 de febrero al 30 de abril del 2021, que fue ampliado, a través de Contratos Modificatorios 01 y 02 hasta el 31 de julio de ese año, y luego, hasta el 30 de septiembre de igual año, la contratación del accionante fue mediante contrato administrativo de personal eventual con recursos de presupuestaria 121; 4) El impetrante de tutela se sometió a las reglas y condiciones que el Estado impone en ese tipo de contrato; por esa razón, es menester valorar los acuerdos suscritos; en lo que respecta a la cláusula Cuarta establece: “…el presente contrato es un Contrato Administrativo, consiguientemente no está obligado a reconocer beneficios sociales u otros derechos que emanen de la Ley del Trabajo y otras disposiciones conexas…” (sic); por ello, el peticionante de tutela no podría reclamar la vulneración de algún derecho, pues él mismo aceptó las reglas y condiciones del acuerdo que firmó; 5) Los contratos administrativos celebrados por el SENASAG, se basan en normas internas de la propia institución, así como en aquellas que regulan la administración pública como ser la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, que en su art. 6 prevé que no están sometidos a dicha normativa ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que con carácter eventual o por la prestación del servicio específico o especializado se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo acuerdo y ordenamiento legal aplicable así como los procedimientos, requisitos, condiciones y formas de dicho convenio, en el marco de las Normas Básicas de Contratación de Personal; en conclusión, la existencia de la relación jurídica contractual entre el solicitante de tutela y el SENASAG deviene por su esencia en un acuerdo administrativo de personal eventual; 6) El DS 0012 de 19 de febrero de 2019, si bien ha garantizado la inamovilidad laboral tanto para la mujer embarazada como para el padre progenitor, también ha establecido una excepcionalidad, a través de su art. 5.II, el cual establece que: “La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra”; a pesar de ello, durante la vigencia de su contrato el impetrante de tutela realizó su trabajo de forma continua, garantizándose su derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral hasta la conclusión del acuerdo suscrito, conforme se tiene demostrado por las propias boletas de pagos de julio, agosto y septiembre de 2021, no existiendo vulneración a derecho alguno; 7) La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, dispuso que “…‘si una persona continuara trabajando a pesar de haber cumplido el plazo de vigencia de un contrato laboral eventual o a plazo fijo en el sector público; o en su caso se le suscriban más de dos contratos sucesivos de trabajo en base a la normativa que regula al sector público, se entiende que no operará la tácita reconducción del contrato, ni la conversión a uno indefinido, ya que la validez de éstos contratos estarán en el marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato’…” (sic); dicha jurisprudencia implica que no se pueda aplicar la inamovilidad laboral al peticionante de tutela, al ser su contratación de naturaleza administrativa y regulada por normas especiales; 8) En cuanto al pago de los subsidios pre y postnatales, se tiene que el prenombrado de su libre y espontánea voluntad afirmó que el SENASAG le canceló el beneficio del subsidio prenatal, conforme a procedimiento, lo cual fue correcto y que se acreditó a través de la certificación que se adjuntó; 9) El hecho de haber demostrado el accionante que a través del certificado prenatal otorgado por la Caja Petrolera de Salud (CPS) Tarija, su pareja recibió atención médica prenatal, acreditó que no vulneró derecho alguno del ser en gestación, durante la vigencia del contrato; siendo que, dicho acuerdo está garantizado únicamente hasta la vigencia del mismo. Por la naturaleza del contrato suscrito con aquella institución solo se avala y respeta el derecho del nasciturus, por estar regido por normativas especiales propias de la administración pública; y, 10) Correspondía denegar la tutela respecto a los pagos de sueldos devengados.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 16/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 384 a 388 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Al haber sido el Jefe Departamental del SENASAG Tarija -demandado-, quien notificó al accionante con la conclusión de su contrato y suspendió todo beneficio, mediante la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00192/2021, dicha autoridad tenía legitimación pasiva en esta demanda tutelar; ii) El peticionante de tutela fue contratado desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2021, fecha en que a través de dos contratos modificatorios, esa vigencia se amplió hasta el 31 de julio y 30 de septiembre de ese año, mismos que no se constituían en nuevos acuerdos, sino en una adenda de ampliación del plazo, siendo ello una de las razones, por las cuales la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija se declaró incompetente en el reclamo planteado por el solicitante de tutela; y, iii) En aplicación del razonamiento de la SCP 0084/2017-S2 de 20 de febrero, asumiendo el entendimiento efectuado por la SC 0109/2006-R de 31 de enero, no era posible conceder la reincorporación laboral en el presente caso, fallo constitucional que estableció las siguientes subreglas: “…‘Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde los beneficios que la ley acuerde para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido…’” (sic), y como bien lo expresó la aludida Jefatura Departamental, la existencia de casos controvertidos no pueden ser rebatidos, menos resueltos en una acción tutelar; ya que, se debe verificar si esas dos adendas o dos nuevos contratos motivaron que se constituya en una circunstancia de contratación indefinida, extremo que no es factible, porque las demandas tutelares no resuelven hechos controvertidos ni declaran derechos; en esa situación se encontraba el accionante, quien tiene la vía expedita para ello en la jurisdicción ordinaria, ante un juzgado laboral.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021 de 1 de febrero, suscrito por el Director General Ejecutivo a.i. SENASAG y Beymar Marcos Mancilla Flores -accionante-; con las siguientes características: a) Que era un contrato administrativo; por lo que, no estaba obligado a reconocer beneficios sociales u otros derechos que emanen de la Ley General del Trabajo y otras disposiciones conexas; b) El objeto de dicho acuerdo era establecer los términos, condiciones, derechos y obligaciones, bajo los cuales el SENASAG contrataba los servicios de forma eventual del solicitante de tutela para que en mérito a su formación y experiencia profesional, el nombrado desempeñe funciones como Técnico de Control Interno Abra el Condor I, dependiente de la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija; c) En cuanto al plazo, estableció que su vigencia era desde la suscripción del mismo hasta el 30 de abril de 2021, sin lugar a tácita reconducción, ni notificación de culminación del contrato; y, d) El indicado acuerdo podía ser modificado previa conformidad de partes, las que debían estar orientadas al cumplimiento del objeto de la contratación, sustentándose en informes técnicos y legales, que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento (fs. 1 a 8). II.2. Mediante Nota SENASAG/TJA/JDTJ/ASVTJ/00083/2021 de 30 de abril, el impetrante de tutela comunicó al Jefe Departamental de SENASAG Tarija, la situación de embarazo de Ana María Vargas Mercado -su conviviente- (fs. 15). II.3. A través de Contrato Modificatorio 01 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021 de 30 de abril, se amplió la vigencia del contrato principal hasta el 31 de julio de 2021 (fs. 9 a 11). II.4. De acuerdo al Contrato Modificatorio 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021 de 30 de julio, el término del acuerdo primigenio se amplió hasta el 30 de septiembre de ese año, sin lugar a tácita reconducción ni notificación de culminación del contrato (fs. 12 a 14). II.5. Por certificado de atención prenatal de 9 de agosto de 2021, de la CPS Tarija estableció que Ana María Vargas Mercado -pareja del peticionante de tutela- recibía atención prenatal desde el tercer mes de embarazo, otorgándole a partir de la fecha de dicha literal, la habilitación para el pago del subsidio prenatal (fs. 17). II.6. Mediante Nota CITE: AFIL: 0030/2021 de 12 de agosto, de la CPS Tarija, solicitó al SENASAG Tarija que entregue a favor de su cónyuge la asignación familiar del subsidio prenatal, consistente en productos lácteos u otros, equivalente a un salario mínimo nacional vigente (fs. 16). II.7. A través de papeleta de pago de subsidios en favor del impetrante de tutela, se advierte que el prenombrado recibió la asignación familiar correspondiente a agosto de 2021 (fs. 63). II.8. Se tiene nota de 10 de septiembre de 2021, del impetrante de tutela pidiendo al Director General Ejecutivo del SENASAG, el segundo subsidio prenatal (fs. 19); de igual manera, se tiene papeleta de pago de subsidios en favor del peticionante de tutela, por la cual se verifica que el nombrado recibió el subsidio de septiembre de ese año (fs. 64). II.9. Por Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00192/2021 de 30 de septiembre, el Jefe Departamental del SENASAG Tarija, indicó al accionante que de acuerdo a la cláusula Séptima del Contrato Modificatorio 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021, con vigencia hasta la citada fecha, debía entregar el informe de la situación actual del cargo dejado, entre otros documentos; literal recepcionada el 6 de octubre de 2021 (fs. 20). II.10. Mediante certificación de unión libre emitida el 1 de junio de 2021, se verifica que el impetrante de tutela y Ana María Vargas Mercado tienen registrada su convivencia, desde el 4 de julio de 2019 (fs. 40). II.11. Consta certificado de nacimiento, emitido el 25 de marzo de 2022, el cual señala que AA, es hijo del accionante y su concubina, nació el 16 de diciembre de 2021 (fs. 39).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, y a la “…prestación obstétrica de la madre durante el puerperio hasta…” (sic) el año de vida del menor; por cuanto, si bien fue contratado por SENASAG, mediante un contrato de trabajo eventual -hasta el 30 de septiembre de 2021-, durante su vigencia, su conviviente quedó en estado de gestación, lo que amerita su continuidad laboral, hasta el primer año de vida de su hijo por nacer; no obstante, la parte demandada, dio por concluida su relación laboral al séptimo mes de embarazo de su pareja, negándosele los subsidios de ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en protección de la estabilidad laboral desde el embarazo hasta el año de edad del menor en favor de la madre o padre trabajador

La SCP 1101/2022-S2 de 31 de agosto, con base en la SC 0530/2010-R de 12 de julio y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0198/2013 de 27 de febrero y 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: “De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que la niña o niño cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus”.

III.2. De la inaplicación de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo a plazo fijo de mujer embarazada o padre progenitor

En cuanto al tema la SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio determinó que: «La SCP 1174/2015-S1 de 16 de noviembre, sobre el particular señaló: “En el presente caso existe una circunstancia particularizada; el accionante, es un empleado con un contrato a plazo fijo, que corría por once meses, conforme se tiene del memorándum Cite No. GG 59/2014, designado como JEFE DE MAESTRANZA DE ‘EMAS’, así señalado en las Conclusiones II.3; sin embargo, como indica la Constitución Política del Estado la protección que se brinda al nuevo ser en gestación alcanza a los padres progenitores que sean funcionarios públicos o presten servicios en empresas privadas en razón a que se busca proteger el derecho a la vida, de ahí que el accionante en atención a su derecho que le asiste, debió terminar el periodo que restaba a su contrato a plazo fijo; pero tomando en cuenta que la audiencia de acción de amparo constitucional fue llevada a cabo el 23 de junio de 2015 por el Tribunal de garantías, no es posible el cumplimiento obligatorio de la conminatoria de reincorporación a su fuente laboral, dispuesto por el Jefe Departamental del Trabajo de Chuquisaca, debido a que el contrato a plazo fijo feneció el 13 de junio del año señalado, esto por las características del contrato a plazo fijo. (…) Asimismo, la SCP 0244/2017-S2 de 20 de marzo, aludiendo la Sentencia precedentemente señalada, indicó: ‘…la SCP 1174/2015-S1 citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a tiempo de conceder la tutela en un caso análogo, donde se indicó que el accionante (trabajador de EMAS) en virtud a la inamovilidad que le asiste por mandato constitucional, no debió ser destituido de su fuente laboral, sino más bien debió permanecer en el mismo hasta la conclusión del período de trabajo que restaba a su contrato a plazo fijo; lo que quiere decir que cuando se trate de padres progenitores del sector público o privado que estén bajo este tipo de modalidad de trabajo, gozarán de inamovilidad laboral, empero únicamente hasta la fecha de culminación de su contrato de trabajo, puesto que en estos casos no debe entenderse a la inamovilidad laboral, en los parámetros establecidos en el art. 5.II del DS 0012; es decir, como el derecho de permanecer en el cargo hasta que el hijo del trabajador cumpla un año de edad, sino más bien debe entenderse como el derecho de seguir trabajando sólo hasta el momento de la conclusión del contrato suscrito”’ (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.3. De la subsistencia de prestaciones a favor del niño o niña menor de un año, no obstante la inaplicabilidad de la estabilidad laboral de mujer embarazada o padre progenitor

Sobre el tópico, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, citada a su vez por la SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, señaló que: “…disuelta la relación laboral en debido proceso, conforme se explicó, no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales del recién nacido o niño(a) menor de un año, porque el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). Teniendo presente que se trata de una persona -menor de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, es titular de derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar la efectiva protección de sus derechos a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto conviene recordar que el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la personalidad, establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona.

En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales. La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la madre y del progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación y del recién nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral conforme se explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se trata de derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la inexistencia de un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de asistencia familiar.

Consecuentemente, disuelto el vínculo laboral y teniendo presente que el empleador del sector público o privado se encuentra compelido u obligado a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación o, al niño o niña hasta que cumpla un año de edad; lo que significa, la atención obstétrica a la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio hasta que el recién nacido cumpla un año de edad; y, la prestación de los subsidios; prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o especie, (…) a partir del quinto mes de embarazo y fenece el último día del mes que nace el niño (a); y de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos (…), hasta que el niño (a) cumpla un año de edad. Prestaciones, que -reiterando- deberán ser cubiertas por el empleador aun cuando ya no exista la relación laboral emergente de un despido determinado en debido proceso” (resaltado nuestro).

Dicho entendimiento fue aplicado por la SCP 0193/2022-S2 de 26 de abril, entre otras; al respecto, cabe aclarar que la SCP 0076/2012 desarrolló la jurisprudencia constitucional que protege los derechos del nacido hasta el primer año de vida -no obstante la culminación de la relación laboral de su progenitor-, lo hizo con relación a una trabajadora, cuyo empleo no dependía de un contrato a plazo fijo; empero, el mismo razonamiento de protección de derechos de los menores de un año de edad, ha sido aplicado en casos en donde los trabajadores suscribieron contratos laborales a plazo preestablecido; consiguientemente, ese razonamiento protector de derechos es empleado tanto a casos de relaciones laborales establecidas de forma indefinida como a aquellos con contratos de trabajo con plazos fijos, así se advierte del caso resuelto por la SCP 0562/2017-S2, en el cual se indicó que la accionante: “Prestó sus servicios en la ABT como Técnico de Apoyo Jurídico desde enero de 2016 hasta enero de 2017, por medio de tres contratos sucesivos, el primero de 19 de enero al 30 de septiembre de 2016; el segundo del 1 de octubre al 30 de diciembre del mismo año; y el tercero del 6 al 25 de enero de 2017”, así como por la citada SCP 0193/2022-S2 de 26 de abril, en la que se señaló que la impetrante de tutela suscribió: “…Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Programa Nacional de Fortalecimiento de las Redes Funcionales de Servicios de Salud Personal Eventual 150/2020 de 13 de julio con vigencia hasta el 31 de diciembre del indicado año…”.

A fin de tener mayor claridad sobre el alcance de los subsidios aludidos, se pasa a citar el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, el cual estableció en su Artículo Único que: “Se modifica el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, modificado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2892, de 1 de septiembre de 2016, con el siguiente texto: ‘ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: 1) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; 2) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); y, 3) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida…”’.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral e inamovilidad laboral y a la “…prestación obstétrica de la madre durante el puerperio hasta…” (sic) el año de vida del menor; por cuanto, si bien fue contratado por SENASAG mediante un contrato de trabajo eventual -hasta el 30 de septiembre de 2021-, durante su vigencia, su conviviente quedó embarazada; lo que, ameritaba su continuidad laboral, hasta el primer año de vida de su hijo por nacer; no obstante, la parte demandada dio por concluida su relación laboral al séptimo mes de embarazo de su pareja, negándosele los subsidios de ley.

Enunciado el planteamiento del problema, corresponde contextualizar el mismo; a ese fin, se puede verificar que el accionante y su conviviente registraron que tenían una unión libre desde el 4 de julio de 2019 (Conclusión II.10); respecto a la relación laboral del prenombrado, se tiene que el impetrante de tutela suscribió Contrato Administrativo Eventual con SENASAG, con vigencia desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril del mismo año, fecha en la que se suscribió un primer contrato modificatorio, para ampliar la relación obrero patronal hasta el 31 de julio del indicado año (Conclusión II.3), a su vez, esa última data se firmó el segundo contrato modificatorio para prorrogar el mismo al 30 de septiembre de ese año (Conclusión II.4).

Paralelamente a ello, el impetrante de tutela comunicó al Jefe Departamental del SENASAG Tarija que, Ana María Vargas Mercado -su pareja- se encontraba en estado de gravidez (Conclusión II.2); asimismo, se puede verificar que la CPS Tarija estableció que su conviviente recibía atención médica prenatal desde el tercer mes de embarazo, y que desde el 9 de agosto de 2021, estaba habilitada para el pago del subsidio prenatal (Conclusión II.5); en ese orden, el indicado ente gestor de salud solicitó al SENASAG Tarija que entregue a la concubina del accionante el subsidio prenatal consistente en productos lácteos u otros, equivalente a un salario mínimo nacional vigente (Conclusión II.6); y, se evidencian papeletas de pago de subsidios en favor del solicitante de tutela de agosto y septiembre de 2021 (Conclusiones II.7 y 8). Finalmente, el Jefe Departamental del SENASAG Tarija -demandado-, mediante Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00192/2021 de 30 de septiembre, dirigida al accionante, indicó que la vigencia del contrato del prenombrado era hasta la señalada data, comunicado que recibió el 6 de octubre de ese año (Conclusión II.9), habiendo nacido su hijo AA el 16 de diciembre de 2021 (Conclusión II.11). En ese orden, cabe circunscribir el presente caso a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, la cual, como se citó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, indica claramente que las desvinculaciones laborales donde los afectados son mujeres embarazadas o padres progenitores, se benefician de la excepción al principio de subsidiariedad; es decir, que no se exige el previo agotamiento de la vía legal existente, para el planteamiento de la acción de amparo constitucional; en ese mérito, corresponde ingresar al fondo de esta problemática. Asimismo, tomando en cuenta que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral hasta el primer año de vida de su hijo, corresponde considerar y aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual indica que ante contratos a plazo fijo no es aplicable la estabilidad laboral hasta el año de nacido del menor; en este caso, el impetrante de tutela suscribió contrato laboral eventual, por un lapso de tres meses, y luego dos modificatorios, por tres y dos meses adicionales, respectivamente, habiéndose ampliado su contratación por escrito hasta el 30 de septiembre de 2021; consiguientemente, se tiene un tiempo de duración de la misma claramente predeterminado; por ende, el peticionante de tutela incurre en dicha inaplicabilidad de la inamovilidad laboral; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a dichos derechos; en ese orden, no debe disponerse la reincorporación laboral y menos aún la cancelación de salarios, pues el contrato laboral solo tuvo vigencia de manera prevista, hasta la fecha precedentemente indicada, en la que se dio efectivamente la desvinculación laboral. Por otro lado, el accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo; al respecto, no se verifica alguna referencia o argumentación que permita advertir la afectación del primer derecho aludido; dado que, no se desarrolló ningún proceso legal donde se hayan ventilado los aspectos ahora denunciados por el nombrado; asimismo, respecto al derecho al trabajo, el mismo ya concluyó en mérito al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-06/0105/2021 de 1 de febrero, que suscribió el impetrante de tutela con SENASAG; por ello, no goza de ese derecho; por ende corresponde denegar la tutela de los derechos enunciados. No obstante ello, tal como lo prescribió la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, las rupturas laborales que afecten a mujeres embarazadas o padres progenitores, no pueden generar menoscabo al menor de edad, sino que se los debe proteger desde el vientre de la madre, hasta el cumplimiento del primer año de vida; a ese fin, el empleador debe resguardar los derechos de la progenitora a recibir los subsidios prenatales, natalidad y de lactancia, hasta el año de nacido del menor, asignaciones familiares que se hallan previstas en el Artículo Único del DS 3546, referido en dicho Fundamento Jurídico; consiguientemente, corresponde conceder la tutela solicitada, por el derecho del accionante a los mencionados beneficios. En ese orden, se advierten las papeletas de pago de subsidios por agosto y septiembre de 2021, habiéndose suspendido la cancelación de los mismos, de acuerdo a lo informado por el accionante y corroborado por la parte demandada en el informe presentado; consecuentemente, se le debe reconocer el pago de los subsidios prenatales desde octubre del 2021 hasta el nacimiento del menor de edad, que aconteció el 16 de diciembre de dicho año, así como, el subsidio de natalidad (equivalente a Bs2 000.- [dos mil bolivianos]) y el de lactancia por doce meses. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 384 a 388 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al pago de los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, sin costas; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; por lo que, no corresponde la reincorporación laboral; y por ende, tampoco la cancelación de salarios devengados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0277_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 44deaa1b1c1cb6573cb8bb2b705e3091d76c9b44f325fda5dcd0046b05447db8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →