B.IA.LEGAL

SCP 0276/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58933-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, a través de la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23, revocó la Resolución Fiscal de Sobreseimiento dispuesta a su favor, la cual: 1) Efectúa una cita de la declaración informativa de uno de los denunciantes y concluye que su persona, junto con su hermana, fueron al domicilio de éste para convencerlo de efectuar el desplazamiento patrimonial, extremo que nunca fue referido en dicha declaración, tal como lo transcribe la propia resolución hoy cuestionada; 2) Realiza un análisis confuso y errado, por el que, en definitiva, se le inició este proceso penal solo por ser hermana de María Laura Vaca El Hage Vargas, cuando no existe ningún recibo, comprobante o contrato que demuestre que su persona se benefició de algún dinero de las supuestas víctimas, existiendo argumentos subjetivos, ilógicos e irrazonables, como que sería socia de una inmobiliaria y que su hermana hubiera repartido entre sus familiares el dinero presuntamente sonsacado; y, 3) Se la señala como “autora del hecho punible”, cuando la supuesta víctima Omar Sergio Tagliaferro -tercero interesado- nunca la identificó como tal; siendo así, no existe una resolución motivada que refleje la verdad material de los hechos. Frente a ello, la autoridad demandada mencionó no ser evidente la lesión denunciada y que la accionante pretende que la Sala Constitucional usurpe funciones del Fiscal Departamental, siendo que esa no es atribución de dicho colegia…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, cursante de fs. 374 a 377, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por la Sala Constitucional referida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58933-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, cursante de fs. 374 a 377, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ena Isabel Vaca El Hage Vargas contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 28 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 75 a 83, y 325 a 330 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por la presunta comisión del delito de estafa, a instancia de Osmar Sergio Tagliaferro y María del Carmen Vaca Assis; el Fiscal de Materia asignado al caso emitió a su favor la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 17 de marzo de 2023, así como de su esposo José Gustavo Landívar Roca; sin embargo, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, de oficio, sin mediar objeción de las presuntas víctimas, emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23, de 11 de mayo de 2023, revocando dicho sobreseimiento y ordenando que se formule acusación formal en su contra en el plazo de diez días. Esta resolución jerárquica, en su “fundamentación fáctica”, copió la descripción de la Resolución de Sobreseimiento sin explicar por qué se le vincula a esta investigación penal sin que concurran elementos probatorios objetivos, pues no existe un solo documento civil donde se encuentre su firma, tampoco elementos objetivos que demuestren que su persona hubiera participado del hecho, que hubiera existido engaño ni desplazamiento patrimonial. Así también, en su “fundamentación probatoria”, la Resolución hoy confutada es “anémica” y carente de todo fundamento, pues se hace un “copia y pegue” de algunos indicios basados en declaraciones y mensajes de las supuestas víctimas, mismos que, para el Fiscal de Materia, no lograron constituir prueba suficiente para fundar una acusación; así, el Fiscal Departamental ahora demandado, siendo que la doctrina y jurisprudencia le obligan a señalar uno a uno los elementos de convicción -y no simples indicios-, no señaló ninguno y, mucho menos, describió los contratos civiles presentados por las presuntas víctimas. Por lo demás, esta Resolución es ininteligible y está llena de incongruencias, pues en su tenor: a) A fs. 11, cita la declaración informativa del denunciante Osmar Sergio Tagliaferro, quien refirió que, luego del hecho, su persona -ahora accionante- fue a querer arreglar a su casa sobre lo que su hermana María Laura Vaca El Hage Vargas le estafó; sin embargo, la autoridad demandada, a partir de esta declaración, refiere que, junto con su hermana, se apersonaron al domicilio del citado denunciante para convencerle de efectuar un desprendimiento económico de $us45 000.- (cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses), cuando tal afirmación no se encuentra en dicha declaración; b) A fs. 43 y 44, en el “análisis del caso concreto”, se refiere que, con relación a Osmar Sergio Tagliaferro y María del Carmen Vaca Assis, ambos ya acudieron a la vía civil demandando a su hermana y no así a su persona, pues no existe ningún documento que demuestre que fuera parte de esta obligación de deuda; asimismo, existen argumentos subjetivos, ilógicos e irrazonables, como que su persona sería socia de una inmobiliaria y que el dinero supuestamente sonsacado fue repartido por su hermana entre sus familiares -incluida su persona-, cuando no existe ningún recibo, comprobante o contrato que demuestre ello; así, en los hechos, se le sigue este injusto proceso penal solo por ser hermana de María Laura Vaca El Hage Vargas; y, c) A fs. 44 y 45, erróneamente se refiere que su persona es “autora del hecho punible”, cuando la supuesta víctima, Osmar Sergio Tagliaferro, nunca la señaló como quien le hubiera sonsacado dineros mediante engaños.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se deje sin efecto de forma parcial la Resolución Departamental RRMM 102/23 de 11 de mayo de 2023 y se ordene la emisión de nueva resolución que confirme la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 17 de marzo de 2023; y, 2) Como medida cautelar, el Fiscal Departamental de Santa Cruz ordene a la Fiscal de Materia asignada, abstenerse de presentar acusación formal en tanto se resuelva la presente acción constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 5 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 364 a 374, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 340 a 359 vta., y en audiencia, a través del Fiscal de Materia Wilder Vaca Serrano, luego de una extensa copia del tenor de la Resolución confutada y jurisprudencia constitucional, pidió se deniegue la tutela solicitada, negando la existencia de lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, y alegando que el “recurrente” pretende que la Sala Constitucional usurpe funciones del Fiscal Departamental; además que, la Resolución cuestionada hizo una valoración exhaustiva de toda la documentación recabada por el Fiscal de Materia a cargo de la investigación.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

María del Carmen Vaca Assis, a través de su abogado, en audiencia manifestó que la presente acción carece de carga argumentativa, pues no explicó si se está frente a una motivación arbitraria o insuficiente, ni si es que la Resolución cuestionada carece de valoración de la prueba o es una decisión sin motivación, o contraria a las reglas de la sana crítica. Heidi Katusha Prieto Terrazas, en audiencia, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que la Resolución confutada cumple con todos los presupuestos legales previstos en la ley. José Gustavo Landívar Roca, en audiencia, a través de su abogado, manifestó que el Fiscal Departamental ahora demandado revocó la Resolución de Sobreseimiento contra su esposa y ratificó la misma a su favor; asimismo, solicitó se conceda la tutela demandada, ya que la acción expresó claramente las vulneraciones denunciadas y la Resolución emitida por la autoridad demandada no tiene motivación. Omar Sergio Tagliaferro y Max Johnny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia convocada pese a su notificación cursante de fs. 341 a 343.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, cursante de fs. 374 a 377, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal Departamental de Santa Cruz dicte nueva Resolución en la cual pueda explicar las razones por las que llega a tomar la decisión en cuanto a la participación de la ahora accionante; con base en los siguientes fundamentos: i) “…el Fiscal Departamental si bien es cierto hace una amplia explicación de las razones por las que toma una decisión en cuanto a la participación de la hoy accionante, no explica las razones por las cuales llega a la conclusión a la que finalmente llega y a la decisión que toma…” (sic); y, ii) En el presente caso, es necesario que el Fiscal Departamental pueda dar una explicación en cuanto a su motivación de por qué considera que la hoy impetrante de tutela participó en los hechos que se le atribuye y no está de acuerdo con las conclusiones a las que llega el Fiscal de Materia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra María Laura Vaca El Hage Vargas, Ena Isabel Vaca El Hage Vargas -accionante-y José Gustavo Landívar Roca -tercero interesado- a denuncia de Osmar Sergio Tagliaferro, María del Carmen Vaca Assis y Keidy Katusha Prieto Terrazas -terceros interesados- por la presunta comisión del delito de estafa agravada; Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia, emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 17 de marzo de 2023, por la cual requirió el sobreseimiento de la impetrante de tutela y el tercero interesado José Gustavo Landívar Roca, -ambos esposos entre sí- (fs. 14 a 24). II.2. Cursa Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23 de 11 de mayo de 2023 por la cual, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado, por la cual resolvió en lo principal: a) Revocar la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 17 de marzo de 2023, debiendo presentar Requerimiento de acusación contra la imputada -ahora accionante- por la comisión del delito de estafa agravada; y, b) Ratificar la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 17 de marzo de 2023 “en contra de” José Gustavo Landívar Roca -tercero interesado- (fs. 27 a 73).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, a través de la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23, revocó la Resolución Fiscal de Sobreseimiento dispuesta a su favor, la cual: 1) Efectúa una cita de la declaración informativa de uno de los denunciantes y concluye que su persona, junto con su hermana, fueron al domicilio de éste para convencerlo de efectuar el desplazamiento patrimonial, extremo que nunca fue referido en dicha declaración, tal como lo transcribe la propia resolución hoy cuestionada; 2) Realiza un análisis confuso y errado, por el que, en definitiva, se le inició este proceso penal solo por ser hermana de María Laura Vaca El Hage Vargas, cuando no existe ningún recibo, comprobante o contrato que demuestre que su persona se benefició de algún dinero de las supuestas víctimas, existiendo argumentos subjetivos, ilógicos e irrazonables, como que sería socia de una inmobiliaria y que su hermana hubiera repartido entre sus familiares el dinero presuntamente sonsacado; y, 3) Se la señala como “autora del hecho punible”, cuando la supuesta víctima Omar Sergio Tagliaferro -tercero interesado- nunca la identificó como tal; siendo así, no existe una resolución motivada que refleje la verdad material de los hechos. Frente a ello, la autoridad demandada mencionó no ser evidente la lesión denunciada y que la accionante pretende que la Sala Constitucional usurpe funciones del Fiscal Departamental, siendo que esa no es atribución de dicho colegiado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Sobre el alcance y efecto de una revocatoria de sobreseimiento, la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, hizo referencia a los efectos de la ratificatoria y de la revocatoria de sobreseimiento concluyendo que “…entre los efectos de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el impedimento para un nuevo procesamiento penal a la persona sobreseída por el mismo hecho (art. 32 del CPP), pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; es decir, tiene efectos similares a una sentencia absolutoria aunque no son equivalentes; por lo que, a objeto de dar protección a los derecho de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto a la fundamentación debe ser intensa. Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia condenatoria ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso y los hechos que se deben probar en juicio; por otra parte, el procesado es la contraparte y ejerce su derecho a la defensa, pudiendo demostrar ampliamente en juicio si la acusación del fiscal es errónea, siendo en ese entendido el juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de cargo y de descargo producida en juicio, emitirá un pronunciamiento al respecto; por otro lado, la revisión sobre la fundamentación por la justicia constitucional, en este tipo de casos, solo podrá realizarse cuando las incongruencias de tal magnitud sean evidentes; empero, de ninguna manera corresponderá revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental para emitir una acusación, pues la emisión de una acusación atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo responsabilidad (art. 166 del CP)”.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro de la investigación penal sustanciada contra las hermanas María Laura y Ena Isabel, ambas de apellido Vaca El Hage Vargas, y el esposo de la última nombrada, José Gustavo Landívar Roca -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; el Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado- emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23 de 11 de mayo de 2023 (Conclusión II.2), por la cual decidió revocar el sobreseimiento dictado a favor de la ahora accionante Ena Isabel Vaca El Hage Vargas. Contra dicha determinación, la impetrante de tutela interpuso la presente acción alegando lesión del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, expresando que la referida Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23 carece de fundamentación, por cuanto, en su “fundamentación fáctica”, no explicó por qué se le vincula a esta investigación penal sin que concurran elementos objetivos que demuestren su participación en el hecho; y, asimismo, que no señaló uno a uno los elementos de convicción ni describió los contratos civiles presentados por las presuntas víctimas, donde no consta su firma. De igual manera, cuestionó que la Resolución recurrida sería ininteligible y plagada de contradicciones; sobre esto último, señaló específicamente las siguientes incongruencias: i) Una conclusión que se remite a una cita de la declaración informativa de una de las víctimas, distorsionando los hechos declarados; ii) Que dos de las presuntas víctimas activaron la vía civil solo contra su hermana; y, iii) Existen argumentos ilógicos, subjetivos e irrazonables, como que su persona sería socia de una inmobiliaria y que el dinero sonsacado fue repartido entre familiares de su hermana, sin que conste prueba alguna de ello; y, que se la señala como “autora del hecho punible” sin que la víctima la identifique expresamente como tal.

De esta manera, absolviendo los reclamos de la ahora accionante resumidos al inicio del presente acápite, se tiene que: a) Respecto de la afirmación de que su persona, junto con su hermana, fueron al domicilio de uno de los denunciantes -Omar Sergio Tagliaferro (tercero interesado)- para convencerle de efectuar un desprendimiento económico de $us45 000.- (cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses); de una lectura de la transcripción de la declaración y la conclusión a la que arriba la autoridad demandada a continuación (fs. 37 y 38), resulta evidente la incongruencia denunciada, que no podría ser considerada como un error de escritura, ya que, siendo similar la conducta declarada por la referida víctima respecto de la ahora impetrante de tutela como del esposo de esta última, a quienes señala como quienes, en fechas posteriores, lo visitaron en diferentes oportunidades, cada uno, para tratar de arreglar la deuda de la hermana de la primera, comprometiéndose incluso a saldar la misma; siendo en base a ese extremo que se valora como inexistente la participación en el hecho del esposo de la peticionante de tutela y no así de su esposa, en lo que respecta a esta declaración como elemento indiciario analizado por la autoridad jerárquica hoy demandada. Sin embargo, de la revisión del tenor inextenso de la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23, específicamente del acápite III, intitulado “Fundamentación Probatoria Intelectiva”, se tiene que existen otras declaraciones informativas, como las de las presuntas víctimas María del Carmen Vaca Asiss y Heidy Katusha Prieto Terrazas -terceras interesadas-, que identifican a ambas hermanas, María Laura y Ena Isabel Vaca El Hage Vargas, como quienes, de manera conjunta, las habrían convencido a ellas y terceros de efectuar inversiones para el supuesto negocio inmobiliario del que eran parte. Así se tiene, por ejemplo, de las declaraciones informativas de Gustavo Adolfo y Claudia Cecilia Gutiérrez Lino, esposo y cuñada, respectivamente, de la presunta víctima María del Carmen Vaca Asiss; el primero declaró sobre la oferta de inversión que su esposa recibió de parte de las hermanas Vaca El Hage Vargas (fs. 47 a 48), y la segunda declaró que fue quien, con la confianza de conocer a las referidas hermanas desde hace más de veinte años, y no pudiendo ella misma acceder a la inversión ofertada por falta de capital, las contactó con su cuñada, quien comenzó entregando a la ahora accionante y su hermana $us6 000.- (seis mil dólares estadounidenses), hasta llegar a entregarles la suma de $us18 000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses); así también, cursa la declaración de la otra cuñada de María del Carmen Vaca Asiss, quien, como profesional abogada, redactó el contrato de reconocimiento de deuda que fue firmado como documento privado por María Laura, en presencia de su hermana Ena Isabel Vaca El Hage Vargas (fs. 49 a 50), al negarse la primera varias veces a asistir a la Notaría de Fe Pública para ese efecto; y, la segunda se comprometió verbalmente a realizar el pago del saldo restante al que no se comprometió su hermana. De manera similar, cursan las declaraciones de Gustavo Eddy Prieto Terrazas y Mery Gutiérrez Mercado; el primero refirió ser hermano de la presunta víctima Heidy Katusha Prieto Terrazas -tercera interesada-, quien fuera contactada por las hermanas Vaca El Hage con la oferta de una inversión inmobiliaria, y que, con la confianza de amistad, al ser compañera de trabajo de María Laura Vaca El Hage Vargas, le entregó dinero a su hermana para que ella hiciera el negocio, comenzando con la suma de Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos) y luego Bs21 000.- (veintiún mil bolivianos) más, ya que él no tenía tiempo (fs. 50 y 51). Asimismo, Mery Gutiérrez Mercado, igualmente por amistad con Heidy Katusha Prieto Terrazas -tercera interesada-, entregó a las hermanas Vaca El Hage todos sus ahorros, consistentes en $us5 000.-(cinco mil dólares estadounidenses), y que, meses después, al no recibir noticia alguna de sus ganancias ni capital, se enteró por Heidy que una de las hermanas se había fugado con todo su dinero, y que desistió de iniciar una denuncia debido a que se encontraba en estado de gravidez (fs. 52 y 53). Entre otras declaraciones informativas de la pareja de Heidy Katusha Prieto Terrazas -tercera interesada-, y menciones a documentales donde se refieren depósitos y transferencias de dinero entre las hermanas Vaca El Hage Vargas (fs. 63). De ahí que, sin que esta referencia a las demás declaraciones informativas citadas implique una valoración de parte de este Tribunal, se advierte que la incongruencia advertida sobre la declaración de una de las víctimas no resulta ser relevante en el marco de la generalidad de la resolución, donde otros elementos probatorios fueron analizados por la autoridad demandada, sin reproche de la ahora accionante en el presente amparo constitucional, y que razonablemente sustentan la decisión de revocatoria del sobreseimiento, no siendo la declaración informativa cuestionada especialmente gravitante en la decisión asumida. Así también, esta referencia a las declaraciones informativas efectuadas: b) Refuta la segunda parte de la problemática traída a través de esta acción, por la cual la impetrante de tutela denuncia que, en la Resolución cuestionada, se le atribuye indebidamente su presunta participación en el hecho investigado como estafa agravada por el solo hecho de ser hermana de la acusada María Laura Vaca El Hage Vargas, y que, al no existir ningún documento, recibo o contrato suscrito por su persona, serían argumentos meramente subjetivos, ilógicos e irrazonables aquellos que la vinculan como probable autora del delito. Sin embargo, tanto las declaraciones informativas de dos de las tres víctimas identificadas dentro del proceso penal, así como terceros convocados, serían razonablemente uniformes en identificar a ambas hermanas como quienes, en todo momento, ofrecieron la oportunidad de inversión a diferentes personas, incluso del entorno de las propias víctimas, al igual que el registro de supuestos movimientos bancarios entre ambas; por lo cual, no se evidencia ausencia de valoración razonable o motivación objetiva en la Resolución cuestionada. c) Finalmente, en relación con el tercer argumento de cargo de la acción de amparo constitucional, si bien no existe un señalamiento expreso de parte de la presunta víctima Omar Sergio Tagliaferro -hoy tercero interesado- hacia su persona como autora del hecho punible, en relación con el monto de dinero desplazado por este último, este argumento, más allá de no ser relevante en el marco del análisis global efectuado por la autoridad jerárquica en la resolución cuestionada, es sesgado, en razón a que sí existe señalamiento expreso de parte de las dos restantes víctimas y terceros, a quienes, según ellos, se les habría estafado sumas de dinero que van desde los $us18 000.-, $us75 000.- y $us26 000.-. De ahí que las tres supuestas incongruencias denunciadas como agraviantes a través de la presente acción no resultan evidentes, ni ameritan, por ello, la tutela constitucional demandada, considerando además que, en lo demás de la Resolución Fiscal Departamental RRMM 102/23, se llegaron a enumerar hasta setenta y cinco elementos probatorios, en los cuales constan desde declaraciones informativas, informes técnicos criminalísticos, desdoblamientos de llamadas telefónicas, muestrarios fotográficos, entre otros, sobre los cuales no efectuó observación alguna la ahora accionante, ni tampoco mencionó que la incongruencia advertida tuvo relevancia sustancial independientemente de los demás elementos probatorios en la resolución asumida. Así se tiene que, de la revisión de la resolución cuestionada, se advierte que la misma efectuó una amplia enumeración de todos los elementos indiciarios y probatorios recabados durante la etapa preparatoria, y seguidamente efectuó el análisis que denominó “fundamentación probatoria intelectiva”, en el cual pasó a efectuar una transcripción de declaraciones informativas en calidad de denunciantes y testigos, así como informes técnicos de criminalística emitidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que desdoblan audios con conversaciones sobre el hecho investigado, consignando, a la finalización de cada transcripción, un análisis breve sobre el valor asignado a cada uno de estos elementos probatorios glosados, mismos que, a su vez, son reunidos en el acápite denominado “Análisis del caso concreto” (fs. 69 y siguientes); con lo cual, no se advierte la alegada ausencia de fundamentación y motivación también denunciada en términos generales por la impetrante de tutela.

Finalmente, debe considerarse que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la revocatoria de sobreseimiento no tiene los mismos efectos que una sentencia condenatoria, ya que, pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores del hecho investigado y los hechos que se deben probar en juicio; en consecuencia, será, en su caso, a través de un juicio donde se pueda demostrar si la acusación fiscal es errónea o no, y será la autoridad judicial a cargo del proceso, como un tercero imparcial, quien, luego de valorar la prueba de cargo y de descargo producida esta vez en juicio, emitirá un pronunciamiento.

III.3. Otras consideraciones

Finalmente, considerando que en primera instancia se concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal Departamental de Santa Cruz dicte nueva Resolución en la cual pueda explicar las razones por las que llega a tomar la decisión en cuanto a la participación de la ahora accionante; empero, conforme se razonó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dicha determinación resulta incorrecta, mereciendo la denegatoria de tutela; no obstante, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que faculta a modular los efectos de los fallos sobre el fondo de la acción considerando el tiempo transcurrido y los efectos ya producidos, corresponde mantener los alcances favorables derivados de la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, cursante de fs. 374 a 377, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, cursante de fs. 374 a 377, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 173 de 5 de octubre de 2023, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por la Sala Constitucional referida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0276_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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