B.IA.LEGAL

SCP 0276/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48696-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad, debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; y, presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad hoy demandada al emitir el Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, incurrió en: 1)

Fundamentación irrazonable, al resolver el agravio relativo a que por un peligro procesal no procede la detención preventiva, pues señaló que el fallo constitucional invocado por su parte –SCP 0014/2012 de 16 de marzo– fue modulado por la SCP 0221/2018-S3, mismo que fue considerado por dicha autoridad; no obstante, resulta impertinente, puesto que hace a los pedidos de cesación a la detención preventiva, cuando el caso trata de aplicación de medidas cautelares, además dicha autoridad falta a la verdad y violenta el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, cuando establece que ante solo la probabilidad de autoría puede disponerse la medida extrema de última ratio, cuando de acuerdo al contenido de la norma de referencia, debe cumplirse con la probabilidad de autoría y un riesgo procesal por lo menos; y, 2) Incongruencia omisiva, ya que no se pronunció con relación a todos los agravios que sustentaron su recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 030/2022 de 28 de junio, cursante de fs. 76 a 79, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la relevancia constitucional
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado; y, el principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2024-S4 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48696-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 030/2022 de 28 de junio, cursante de fs. 76 a 79, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Yaco Ticona en representación sin mandato de Claudio Zenobio Espinoza Luna contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 62 a 65 vta.; el accionante por medio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad, fue emitida imputación formal el 25 de abril de 2022, habiéndose dispuesto su detención preventiva a través de Resolución 153/22 de 23 de mayo, ello en razón a que el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, habría advertido la concurrencia de la probabilidad de autoría y el riesgo de obstaculización. Añadió que, al ser dicha determinación lesiva a sus derechos fundamentales, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesta por la autoridad ahora demandada, quién con falta de fundamentación y motivación emitió el Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, pues no dio respuesta a los agravios expuestos en su recurso, pese a que conforme el principio de limitación por competencia previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se encontraba en la obligación de emitir pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado, habiéndose denunciando con relación a la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del precitado Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, que de acuerdo al principio de la carga de la prueba, le corresponde a la parte acusadora pública como particular la acreditación objetiva, aspecto que no sucedió, debido a que fue basado en un criterio subjetivo ante el hecho de existir personas que deben declarar y sobre los que podría influir, sin considerar que dicho aspecto no acredita automáticamente el mismo, debiendo ser demostrado objetivamente, pues lo establecido orienta a dudar de la idoneidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Boliviana sobre la labor que desarrollan, ya que son éstos los que reciben las declaraciones de los faltantes, con seguridad de advertir alguna influencia la denunciarían, empero hasta que no haya dicha influencia o denuncia, no se puede hablar de obstaculización, pues lo contrario importaría presunción de culpa, similar criterio se establecería si se argumentaría que los testigos declararan en etapa de juicio porque ya se estaría anticipando criterio en sentido que el Ministerio Público lo acusó, cuando a la conclusión de la etapa preparatoria bien pueda emitirse requerimiento conclusivo, de sobreseimiento o la aplicación de una salida alternativa, no siempre a una acusación, por lo tanto las declaraciones que se reciben en etapa preparatoria no hacen prueba en sentido estricto, por lo que carece de relevancia que sean o no influidas las personas que faltan declarar, habiéndose invocado al respecto una serie de fallos constitucionales sobre la objetividad. También fundamentó aspectos referidos a la probabilidad de autoría como la ausencia de elementos de convicción sobre dicho particular, siendo que jamás participó de los hechos y menos viajó a un país extranjero. No obstante, la autoridad judicial demandada, en la emisión del fallo confutado en el apartado Conclusiones, que consigna cuatro numerales, se pronunció en el primero en torno a la probabilidad de autoría, sosteniendo que la autoridad de primera instancia, habría individualizado modo, tiempo y lugar en cuanto a su presunta participación en el ilícito investigado, cumpliendo así con el art. 302 núm. 4) de la Ley 1173, acorde al art. 233 núm. 1) del mismo cuerpo normativo; por lo que, respecto a este primer aspecto la resolución apelada cumpliría con los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 124 del adjetivo penal; aspecto que vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente “obligación que tenía la autoridad judicial demandada de fundamentar y motivar de manera fáctica, jurídica, probatoria y jurisprudencial su conclusión” (sic), siendo la misma una simple conclusión genérica, pues no precisó cuál es aquella individualización de modo, tiempo y lugar del hecho que se le atribuye, su participación y los elementos de convicción que respaldan la conclusión de la autoridad demandada, sumado a ello invocó una norma legal impertinente sobre la apelación de medida cautelar al hacer mención a que el Juez a quo habría cumplido con el art. 302 núm. 4) del CPP, el cual señala las facultades del Ministerio Público de imputar, aspecto no atribuible a las autoridades judiciales que solo ejercen el control jurisdiccional. En el punto dos, en cuanto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235 núm. 2) del CPP, hace alusión a la resolución apelada, concluyendo que el inferior hubiera cumplido con la SCP 0276/2018–S2 de 25 de junio, porque individualiza a las personas que serán influidas presuntamente por el sindicado, estableciendo modo, tiempo y circunstancias, lo cual constituye otra afirmación genérica, pues no establece como podría influir u obstaculizar, indicando que el inferior cumplió con dicho fallo constitucional, “No determina mi agravio en sentido que NO es suficiente tener personas que restan declarar o serán convocadas a declarar. Porque ese solo hecho NO hace concurrir dicho riesgo procesal” (sic), no responde en lo absoluto respecto a que las declaraciones de personas que asisten en etapa preparatoria a declarar no son prueba. No se pronunció sobre su criterio en sentido que los fiscales y los policías como responsables de recibir declaraciones de testigos en etapa preparatoria no pueden ser influidos, pues apenas éstos adviertan cualquier actitud negativa pueden denunciar o informar para que se consigne como riesgo de obstaculización, tampoco respondió sobre la objetividad del riesgo de obstaculización y los fallos constitucionales invocados, menos sobre la carga de la prueba para acreditar dicho riesgo procesal y por consiguiente la afirmación que ninguno de los contrarios demostró objetivamente el mismo. Manifestó que, la ratio decidendi de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, estableció las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal, con base al principio de legalidad, determinando expresamente que el riesgo de obstaculización no puede basarse en suposiciones; no obstante, la autoridad demandada al ratificar los argumentos del inferior, se amparó en suposiciones que no tienen sustento en ningún elemento de convicción que permita fundar dicha afirmación; por lo que, el auto de vista no cumple con las exigencias de validez y ciertamente vulneró el debido proceso, por consiguiente, al ordenar la detención preventiva, conculca su derecho a la libertad, por cuanto no cumple con las directrices de dicho fallo constitucional. En el punto tres, señaló en cuanto a la denuncia que por un solo peligro procesal no puede restringirse el derecho a la libertad, afirmando que el fallo constitucional invocado había sido modulado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio, cuando el mismo resulta impertinente, pues se encuentra circunscrito en pedidos de cesación a la detención preventiva y en el caso la apelación resolvió la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; por lo cual su agravio tampoco fue resuelto razonablemente, sino a través de una invocación totalmente impertinente. Asimismo, la autoridad judicial demandada faltó a la verdad, por cuanto no es posible que ante solo la probabilidad de autoría podría aplicarse la detención preventiva, sino que el art. 233 del CPP, establece la concurrencia de dos requisitos, probabilidad de autoría y al menos un peligro procesal, siendo lo más aberrante que de manera confusa se refiere a su persona como autor por complicidad, cuando o es autor o cómplice. Finalmente en el punto cuarto, se consignó jurisprudencia constitucional vigente, en torno a la cual se señaló que se habrían observado los arts. 233 núm. 1), 302 núm. 4) y 235 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173, a objeto de poder determinar el art. 124 del CPP, que pone en evidencia nuevamente la impertinencia en la cita del art. 302 núm. 4), que refiere a la facultad del Ministerio Público sobre la imputación formal, cuando además nunca se cuestionó dicha imputación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 23, 115.I, 116 y 180.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista “390/2020” –lo correcto es 2022– de 6 de junio, debiendo emitirse nuevo fallo ordenando la admisibilidad de su recurso, la procedencia de los fundamentos expuestos en audiencia de apelación que constan como agravios, revocando la resolución apelada, determinando su libertad imponiéndole “medidas sustitutivas” a la detención preventiva, pronunciándose de manera expresa y fundada a todos y cada uno de los agravios planteados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 75, presente la parte accionante, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó el contenido íntegro de su demanda de la acción tutelar, y ampliándola señaló que: a) En audiencia de apelación desarrollada el 6 de junio de 2022, se expusieron siete agravios: 1) Se hizo notar a la autoridad demandada que el Ministerio Público, no cumplió con la carga de la prueba; sin embargo, dicho aspecto no fue pronunciado por dicha autoridad, extremo que resultaba fundamental porque sin que exista ningún elemento de convicción en torno al art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, se forzó su concurrencia, por lo que se pidió se corrija ese defecto; 2) Se reclamó que el hecho que existan personas que falten declarar, no hace concurrir automáticamente el aludido riesgo procesal, que tampoco mereció respuesta; 3) Textualmente se le dijo: “Si usted va a afirmar que el imputado Claudio Cenobio Espinoza Luna va a influir en las personas que aún restan por declarar usted está dudado de la idoneidad del Ministerio Público y la Policía Boliviana sobre su labor de recepcionar estas declaraciones, pues se entiende que como son autoridades nadie puede influir Y si Existe alguna influencia tiene la obligación de denunciar, y hasta que no exista la denuncia no puede presumir ninguna responsabilidad o influencia del señor imputado” (sic), sin que se haya obtenido respuesta alguna; 4) Se denunció que el Juez a quo señaló que el peligro existe porque hay personas que aún tienen que declarar, las mismas que debían ser recibidas en etapa preparatoria y también en juicio oral, lo cual constituye un criterio anticipado, antelando que se emitiría un requerimiento de acusación, ilegalidad que tampoco mereció pronunciamiento sino más bien fue ratificado; 5) El quinto agravio referido al principio de objetividad que caracteriza las medidas cautelares y particularmente al peligro de obstaculización “le hemos mencionado a la autoridad judicial mandada dos sentencias constitucionales conocida por los jueces cautelares conocidas por las autoridades judiciales en alzada estas dos sentencias constitucionales tampoco las han analizado y tampoco hemos recibido respuesta alguna” (sic); y, 6) Denunció que en cuanto a la probabilidad de autoría tampoco existía ningún elemento que acredite que se ausentó del país a comprar armas al exterior para traerlas al Estado de Bolivia, que tampoco mereció pronunciamiento; “no responde en lo absoluto a las seis en este caso cuestiones, planteamientos o agravios que se le habían hecho mención a tiempo de fundamentar de recurso de apelación” (sic); b) El Juez a quo invocó la SCP 0276/2018-S2, al igual que la autoridad ahora demandada; sin embargo, se limitó a ratificar los argumentos del inferior, sin cumplir con la ratio decidendi, cuando según esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades se encuentran en la obligación de expresar sus convicciones y razonamiento respecto a todas las conclusiones a las arriban; c) En cuanto al peligro de obstaculización, que se mencionó como uno de los primeros agravios, respecto a que no puede ordenarse la detención preventiva ante la concurrencia de un solo riesgo procesal, invocó la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, que señala que por un riesgo procesal no procede la detención preventiva; no obstante, la autoridad judicial demandada, faltando a la verdad trayecto a colación fallos constitucionales impertinentes como la SCP 0221/2018-S3 14 de junio, que nada tiene que ver con el caso pues esta se encuentra circunscrita en torno a una situación de cesación de medidas cautelares, donde debe desvirtuarse los riesgos procesales, lo cual no acontecía en el caso; d) La autoridad demandada, se limitó a señalar que el inferior actuó de manera correcta, pero tampoco explica porque razón; e) “no estamos pidiendo a su autoridad, y por eso no le hemos dicho que sustituya la legalidad ordinaria, no le hemos pedido que valore la prueba, porque no hemos hablado de nada, documental literal o testifical, tampoco hemos hecho cuestionamiento alguno al plazo que habría emitido este auto de vista, que está cuestionado, si no simple y llanamente, le hemos enfocado la vulneración del debido proceso, porque hasta ahora no nos responde a todos loa agravios” (sic); y, f) Finalizó solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, emitido por la autoridad demandada y determine que dicha autoridad con base en el acta de audiencia pública mencionada y pronuncie nueva resolución de manera fundamentada, razonada, motivada, y responda a los “siete” agravios expuestos, y no emita meras conclusiones sin razonamiento o fundamento alguno.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 27 de junio de 2022, cursante a fs. 72 y vta., manifestó: i) El Auto de Vista 390/2022, fue emitido dentro de los plazos establecidos por norma y en cumplimiento a los parámetros y límites competenciales establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, respondiendo a cada uno de los agravios esgrimidos, punto por punto, siendo claros, congruentes, debidamente motivados y fundamentados, por lo cual, no puede aducirse conculcación de derechos fundamentales y garantías constitucionales; ii) La SCP 0039/2012 de 26 de marzo, estableció que no es atribución de la jurisdiccional constitucional ingresar a realizar una interpretación de legalidad ordinaria, conforme pretende el solicitante de tutela, tampoco es posible revalorizar la prueba que hubiera sido promovida para la audiencia de apelación incidental de medida cautelar; y, iii) Emitió una resolución congruente, debidamente fundamentada y motivada, aplicando el test de proporcionalidad, careciendo por ello de legitimación pasiva para ser demandada; por lo que, peticionó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 030/2022 de 28 de junio, cursante de fs. 76 a 79, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) Señaló el solicitante que, se invocó seis agravios, que no fueron respondidos por la autoridad ahora demandada, habiendo expuesto los mismos en la audiencia desarrollada efecto de la presente acción tutelar, los cuales afirma se encontrarían el acta de 6 de junio de 2022, que no consta en antecedentes, teniéndose sólo el punteo de la misma; b) El Auto de Vista 390/2022, consignó como agravio la imposición de la detención preventiva ante la concurrencia expresa de un solo riesgo en cuanto al art. 235 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173; asimismo, se habría vulnerado el principio de legalidad, pues no existiría fundamento motivado en el fallo recurrido, en cuyo efecto se incumplió con el art. 124 del citado cuerpo legal, en relación a la carga probatoria, debiendo demostrarse la concurrencia de los riesgos procesales habiendo invocado jurisprudencia constitucional y lo amparado y previsto por los arts. 221 y 222 del CPP, inobservado por el Juez a quo, por lo que solicitó se revoque la resolución de primera instancia y se aplique una medida menos gravosa; aspectos en torno a los cuales, la autoridad ahora demandada estableció con relación a la probabilidad de autoría, que el fallo recurrido, dentro de su análisis conclusivo hizo referencia al 15 de noviembre de 2019, donde presuntamente se suscitaría la participación del hoy accionante, dentro de una reunión en la cual se “acordará” a través del Órgano Ejecutivo, el traslado de agentes químicos de Ecuador hacia el Estado Plurinacional Boliviano, situación en torno a la cual la autoridad demandada, consideró que se habría individualizado modo, tiempo y lugar en cuanto a su presunta participación; asimismo, en cuanto al riesgo de obstaculización contenido en el art. 235 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173, señaló que el Juez a quo invocó la SCP 0276/2018–S2, a tiempo de referir que no puede ser sostenido en presunciones abstractas, procediendo a detallar que aún se encontraba pendientes de declarar Hernán Patricio Castillo y Juan Mario Serrano Ávila, señalando en la conclusión segunda otros nombres como Rafael Jáuregui Fernández López Julio y Hernán Patricio Carrillo, llegando con ello a individualizar las personas en las cuales influirá negativamente; por otro lado, en su conclusión tercera hizo referencia que la jurisprudencia constitucional señaló sobre la detención preventiva la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio; y, finalmente la conclusión cuarta aludiría a la imposición de la detención preventiva en mérito a la jurisprudencia constitucional vigente, observándose el art. 124 del CPP; c) Que, el Impetrante de Tutela denuncia que no se habrían respondido los agravios invocados; no obstante, de lo plasmado se tiene que la autoridad demandada procedió a dar respuesta a los mismos, citando jurisprudencia constitucional a efectos de establecer y disponer revocar en parte el fallo apelado, indicando incluso que la autoridad a quo, que debe llevarse a cabo audiencia de consideración de su situación jurídica, identificando nombres y apellidos de personas que tendrían que prestar sus declaraciones correspondientes; y, d) El accionante aclaró que no está peticionando se realice valoración de prueba, sino simplemente que la autoridad demandada emita pronunciamiento en torno a los agravios invocados en la audiencia de apelación, los cuales se tienen por respondidos en base a lo expuesto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 153/22 de 23 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Claudio Zenobio Espinoza Luna –ahora accionante–, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el término de seis meses (fs. 12 a 18.). II.2. A través de Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesto por la Vocal –hoy demandada–, admitió el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela al haber sido planteado en tiempo hábil, “y de los fundamentos y sustento de agravio, declaró la IMPROCEDENCIA de los mismos, admitiendo únicamente respecto a la inobservancia de la proporcionalidad de la medida dispuesta” (sic), en cuyo efecto revocó en parte la resolución recurrida, respecto a la detención preventiva disponiendo que la misma sea por un plazo de cinco meses; por lo que, la autoridad a quo debía considerar su situación jurídica el 24 de octubre de igual año, manteniendo firme y subsistentes las demás disposiciones (fs. 20 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad, debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; y, presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad hoy demandada al emitir el Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, incurrió en: 1)

Fundamentación irrazonable, al resolver el agravio relativo a que por un peligro procesal no procede la detención preventiva, pues señaló que el fallo constitucional invocado por su parte –SCP 0014/2012 de 16 de marzo– fue modulado por la SCP 0221/2018-S3, mismo que fue considerado por dicha autoridad; no obstante, resulta impertinente, puesto que hace a los pedidos de cesación a la detención preventiva, cuando el caso trata de aplicación de medidas cautelares, además dicha autoridad falta a la verdad y violenta el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, cuando establece que ante solo la probabilidad de autoría puede disponerse la medida extrema de última ratio, cuando de acuerdo al contenido de la norma de referencia, debe cumplirse con la probabilidad de autoría y un riesgo procesal por lo menos; y, 2) Incongruencia omisiva, ya que no se pronunció con relación a todos los agravios que sustentaron su recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la relevancia constitucional

Al respecto, la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, citando a la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, concluyó que: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’ (SSCC 0435/2007-R 0722/2007-R y 0768/2007-R, entre otras).

Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección‛; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos’.

En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: ‘…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”’.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado; y, el principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0680/2021-S4 de 12 de octubre, al respecto precisó: “Tomando en cuenta que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, conlleva la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas de la justicia ordinaria, que conozcan una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: “…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R… (…)

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)” (las negrillas nos corresponden).

Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció lo siguiente: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas nos pertecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración sus derechos invocados en esta acción tutelar, debido a que la autoridad hoy demandada al emitir el Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, incurrió en: i) Fundamentación irrazonable, al resolver el agravio relativo a que por un peligro procesal no procede la detención preventiva, pues señaló que el fallo constitucional invocado por su parte –SCP 0014/2012 de 16 de marzo– fue modulado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio, mismo que fue considerado por dicha autoridad; no obstante, resulta impertinente, pues hace a los pedidos de cesación a la detención preventiva, cuando el caso trata de aplicación de medidas cautelares, además dicha autoridad falta a la verdad y violenta el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, cuando establece que ante solo la probabilidad de autoría puede disponerse la medida extrema de última ratio, cuando de acuerdo al contenido de la norma de referencia, debe cumplirse con la probabilidad de autoría y un riesgo procesal por lo menos; y, ii) Incongruencia omisiva, pues no se pronunció con relación a todos los agravios que sustentaron su recurso de apelación.

De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante Resolución 153/22 de 23 de mayo de 2022, el Juez Décimo de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del hoy accionante, en el Recinto Penitenciario de San Pedro del citado departamento, por el plazo de seis meses (Conclusión II.1); determinación que al ser objeto de apelación, mereció la emisión del Auto de Vista 390/2022 de 6 de junio, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesta por la autoridad ahora demandada, quién admitió dicho recurso al haber sido planteado en tiempo hábil, “y de los fundamentos y sustento de agravio, declara la IMPROCEDENCIA de los mismos, admitiendo únicamente respecto a la inobservancia de la proporcionalidad de la medida dispuesta” (sic), en cuyo efecto revocó en parte la resolución recurrida, respecto a la detención preventiva disponiendo que la misma sea por un plazo de cinco meses, por lo que la autoridad a quo debía considerar su situación jurídica el 24 de octubre de 2022, manteniendo firme y subsistentes las demás disposiciones (Conclusión II.2).

Ahora bien, considerando el contexto de las problemáticas traídas a materia, corresponde ingresar a conocer los agravios que fueron objeto del recurso de apelación formulado por el hoy impetrante de tutela, para posteriormente plasmar el contenido del Auto de Vista cuestionado, ello con la finalidad de verificar si lo reclamado a través de esta instancia constitucional, resulta ser o no evidente; no obstante, debe quedar claramente establecido que al no contar esta jurisdicción constitucional con el acta de apelación, los agravios serán extraídos del fallo en cuestión.

Bajo esa necesaria precisión, se tiene que la autoridad demandada glosó en el CONSIDERANDO I, los agravios expuestos por el ahora accionante, estableciendo los siguientes: a) Que la imposición de la detención preventiva, ante la concurrencia expresa del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. II) del CPP modificado por la Ley 1173, vulnera el principio de legalidad del art. 115.II de la Norma Fundamental, y lo dispuesto por la SCP 0014/2012; y, b) El aludido riesgo procesal, fue basado en presunciones; por lo que, al no existir fundamento motivado no podía disponerse su detención preventiva, habiéndose incumplido con el arts. 124 y 231 bis del CPP, en relación a la carga probatoria que debe demostrar su concurrencia, invocándose al efecto la SCP 0195/2014, respecto a la objetividad en la cual debía ser considerada, con lo cual se habrían vulnerado los arts. 221 y 222 del CPP fue basado en presunciones, por lo que no podía disponerse su detención preventiva, pues no existía fundamento motivado, por ello se incumplió el art. 124 y 231 bis del CPP, en relación a la carga probatoria que debe demostrar la concurrencia de riesgos procesales, invocándose al efecto la SCP 0195/2014, respecto a la objetividad en la cual debía ceñirse la concurrencia del riesgo invocado, con lo que se vulneró los arts. 221 y 222 del CPP, por lo cual, solicitó se revoque la resolución de primera instancia y se aplique una medida menos gravosa.

En el apartado CONCLUSIONES, ingresando al fondo fundamentó su posición bajo los siguientes intelectos: 1) Con relación a la probabilidad de autoría, señaló que el Juez de primera instancia dentro del análisis conclusivo, hizo referencia al 15 de noviembre de 2019, fecha en la cual presuntamente se suscitó la participación de Claudio Zenobio Espinosa Luna hoy Impetrante de Tutela, en una reunión dentro la cual se acordó a través del Órgano Ejecutivo, el traslado de agentes químicos de Ecuador hacia el Estado Plurinacional Boliviano, con la finalidad de reprimir movilizaciones suscitadas por grupos de ciudadanos, en mérito a este referente, advirtió que el Juez a quo llegó a individualizar modo, tiempo y lugar en cuanto a la presunta participación del prenombrado dentro del ilícito investigado, cumpliendo con el artículo 302 núm. 4) del CPP, acorde con el art. 233 núm. 1) Del mismo cuerpo legal, principio de legalidad motivación y fundamentación contenido en el art. 115.II de la CPE, concordante con el art. 124 del CPP; 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235 núm. 2) De la citada norma, señaló que, el juez a quo había invocado la SCP 0276/2018–S2 a tiempo de referir que el mismo no podía fundarse en presunciones abstractas, para seguidamente proceder a detallar que aún faltaba la declaración de Hernán Patricio Carrillo y Juan Mario Serrano Ávila, en calidad de testigos dentro de la presente causa, y de Rafael Jáuregui, “Fernández López Julio prófugo, Hernán Patricio Carrillo – reitera– el nombre funcionario del Ecuador Rubén Pastor Gemio Bustillos” (sic), en los cuales influirá negativamente, pues sus atestaciones se encontrarían pendientes, actuaciones investigativas que faltaban desarrollar en la etapa preparatoria por parte de representante del Ministerio Público “arrogando fundamentalmente a las declaraciones testificales pendientes en la presente causa” (sic); por lo que, la Vocal demandada concluyó que se llegó a individualizar a las personas sobre las cuales influirá negativamente a efecto de que sean reticentes, además aclaró que se tomó como referente la etapa en la que se encontraría el proceso –etapa preparatoria inicial investigativa–, en la cual, dichas personas debían ser convocadas por el Ministerio Público, antecedente bajo el cual sostuvo que el Juez a quo cumplió con la SCP 0276/2018–S2, al individualizar a las personas que serán influenciadas, estableciendo modo, tiempo y las circunstancias, advirtiendo que se realizó una fundada motivación a tiempo de mantener concurrente el art. 235 núm. II) del CPP modificado por la Ley 1173; 3) Respecto al agravio que, “la imposición de una detención preventiva, ante la existencia de un solo riesgo procesal contenido del art. 235 núm. 2) de la normativa 1173 de Abreviación Procesal Penal, como riesgo de obstaculización, por cuyo efecto, se tiene a compulsar la parte dispositiva del Interlocutorio recurrido, donde efectivamente se impone una detención preventiva por un periodo de seis (6) meses” (sic), manifestó que al haber invocado la defensa técnica la inobservancia de la SSCCPP 014/2012 y 095/2014, “al sostener que por inviable disposición de una detención preventiva ante la presencia o concurrencia de un solo riesgo procesal” (sic), manifestó que la jurisprudencia constitucional de referencia, fue modulada por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio, que estableció de manera textual: "El Auto de Vista 16/2018, resolviendo el recurso de apelación incidental que confirma la determinación del Juez a quo, puntualizó: Respecto al agravio sostenido, si bien se presentó la documentación consistente en el certificado de REJAP, informes psicológico y social que establecerían que no es una persona agresiva, ni impulsiva; enfatizó que conforme el art. 393 ter.1.5 del CPP, ante la concurrencia de alguno de los requisitos del art. 233 de la Ley Adjetiva Penal, el juez de instrucción penal podrá dictaminar la detención preventiva; dicho artículo no señala que por existir un solo riesgo procesal no es posible disponer esta medida; en el entendimiento que a la simple probabilidad de autoría se puede solicitar se –reitera– la detención preventiva" (sic); advirtiendo de ello que se dio observancia al citado fallo, en consecuencia al art. 203 de la CPE, a tiempo de determinar la imposición de la detención preventiva; y, 4) Por otro lado, como Tribunal de alzada evidenció la falta de proporcionalidad en la imposición de dicha medida extrema, ya que el hoy accionante se encontraría en calidad de autor por complicidad, por cuanto el tiempo establecido de seis meses resultaría desproporcional en torno a la calificación provisional, efectuada por el representante del Ministerio Público y, compulsada por el juez a quo; por lo que, con relación a los agravios expresados estableció que no existía sustento objetivo a efecto de poder determinar inobservancia a la norma o ausencia de fundamentación con relación a la probabilidad de autoría, concurrencia del art. 235 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173. “Finalmente, respecto a la imposición de una detención preventiva en mérito a jurisprudencia constitucional vigente, en cuyo mérito se hubiera dado observancia el artículo 233 núm. 1), artículo 302 núm. 4) y artículo 235 núm. 2) todos de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, a efecto de poder determinar la observancia del artículo 124 de la Ley 1970” (sic). Argumentos en base a los cuales admitió el recurso de apelación interpuesto por el ahora impetrante de tutela al haber sido planteado en tiempo hábil, “y de los fundamentos y sustento de agravio, declara la IMPROCEDENCIA de los mismos, admitiendo únicamente respecto a la inobservancia de la proporcionalidad de la medida dispuesta” (sic), en cuyo efecto revocó en parte la resolución recurrida, respecto a la detención preventiva disponiendo que la misma sea por un plazo de cinco meses, por lo que la autoridad a quo debía considerar su situación jurídica el 24 de octubre de 2022, manteniendo firme y subsistentes las demás disposiciones.

De la contrastación efectuada, se tiene en cuanto al primer problema jurídico a través del cual se denuncia una presunta fundamentación irrazonable al resolver el agravio relativo a que, de acuerdo a la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, no procede la detención preventiva por un peligro procesal; sobre el cual la Vocal demandada, habría señalado que el fallo invocado, fue modulado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio, cita que el accionante considera impertinente, ya que la misma se circunscribiría en un caso de cesación a la detención preventiva, y no de aplicación de medidas cautelares como sucede en el presente, además dicha autoridad faltaría a la verdad y violentaría el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, cuando establece que ante solo la probabilidad de autoría podría disponerse la medida extrema de última ratio, cuando de acuerdo al contenido de la norma de referencia, debe cumplirse con dos requisitos, la probabilidad de autoría y concurrencia de un riesgo procesal por lo menos; al respecto, de la ilustración precedente, se tiene que la Vocal demandada manifestó que la jurisprudencia constitucional invocada por el recurrente hoy accionante, fue modulada por la SCP 0221/2018-S3, que en su ratio decidendi, estableció: "El Auto de Vista 16/2018, resolviendo el recurso de apelación incidental que confirma la determinación del Juez a quo, puntualizó: Respecto al agravio sostenido, si bien se presentó la documentación consistente en el certificado de REJAP, informes psicológico y social que establecerían que no es una persona agresiva, ni impulsiva; enfatizó que conforme el art. 393 ter.1.5 del CPP, ante la concurrencia de alguno de los requisitos del art. 233 de la Ley Adjetiva Penal, el juez de instrucción penal podrá dictaminar la detención preventiva; dicho artículo no señala que por existir un solo riesgo procesal no es posible disponer esta medida; en el entendimiento que a la simple probabilidad de autoría se puede solicitar se –reitera– la detención preventiva”, razonamiento con base en el cual concluyó que el inferior habría observado dicho fallo constitucional, a tiempo de determinar la imposición de la detención preventiva del hoy Impetrante de Tutela.

Intelectos que evidencian que, la autoridad demandada, se limitó a adoptar una decisión con ausencia de razonamientos jurídicos propios en torno al agravio deducido, además de desconocer que la jurisprudencia con efecto vinculante es la que contiene la ratio decidendi de la sentencia constitucional, la cual de ninguna forma constituye el contenido de ningún Auto de Vista, como erradamente consignó la aludida autoridad; sumado a ello, conforme bien denuncia el accionante, dicho fallo corresponde a una problemática suscitada en relación a una cesación a la detención preventiva y no a una imposición de medida cautelar como ocurre en el caso de autos.

En razón a lo expuesto, si bien resultaría procedente conceder la tutela impetrada con la finalidad que, la autoridad demandada emita respuesta debidamente fundamentada y motivada en torno a dicho agravio; no obstante, considerando que aun cuando se disponga subsanar el defecto en el que incurrió, la determinación asumida en el fondo, no produciría un resultado diferente al ya establecido en el Auto de Vista motivo de esta acción de defensa, ello considerando que la SCP 0014/2012, invocada por el solicitante de tutela a través del cual pretende hacer notar que ante la concurrencia de un solo riesgo procesal no es posible pueda disponerse la detención preventiva; también se halla enmarcada a un caso que concierne a una cesación a la detención preventiva por tanto sin analogía fáctica con la presente causa que como fue señalado trata de una imposición de medida cautelar.

Por otro lado, tampoco es posible soslayar que como acertadamente refiere el propio impetrante de tutela, de acuerdo al art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, la detención preventiva procede cuando se acreditan los siguientes requisitos: “1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley…” (sic), exigencias que la Vocal demandada cumplió cabalmente, habiendo abordado el análisis de la probabilidad de autoría en el primer punto del acápite CONCLUSIONES conforme puede evidenciarse del desglose del Auto de Vista confutado; asimismo, estableció en base al estudio anteriormente realizado la vigencia del peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, además de advertir, en virtud a sus facultades como Tribunal de alzada –sin que haya sido motivo de agravio–, la falta de proporcionalidad en cuanto al plazo dispuesto para su detención preventiva, disminuyendo el mismo de seis a cinco meses, considerando el grado de su participación en los ilícitos investigados; situación que no cambiará ante cualquier análisis eventual que se realice en torno al fallo constitucional invocado.

Dicho ello, en mérito al precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que, una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones advertidas, pues un razonamiento contrario significaría sujetar a la justicia constitucional a toda decisión con la que no se encuentren de acuerdo las partes, por cuanto para obtener una tutela eficiente, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de derechos fundamentales y garantías constitucionales; correspondiendo en tal sentido en cuanto a la citada problemática denegar la tutela impetrada, por las razones anotadas.

En cuanto al segundo problema jurídico, mediante el cual se reclama que la autoridad demandada no hubiera dado respuesta a todos los agravios que fueron motivo de su recurso de apelación; resulta imperioso aclarar que, del contenido del Auto de Vista confutado, se extrajeron dos agravios, el primero de los cuales fue resuelto en el acápite anterior, quedando por abordar sólo el segundo, a través de cual se recama que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, habría sido basado en presunciones, por lo que al no existir fundamento motivado que lo sustente, no podía disponerse su detención preventiva, habiéndose incumplido por ello con los arts. 124 y 231 bis del citado Código, en relación a la carga probatoria que debe demostrar su concurrencia e invocándose al efecto la SCP 0195/2014, respecto a la objetividad en torno a la cual debía ser considerada, con lo que se habría vulnerado de los arts. 221 y 222 del mismo cuerpo legal; al respecto, de acuerdo a la ilustración precedente, la Vocal demandada remitiéndose al fallo apelado, trajo a colación el detalle de las personas a las que el imputado hoy accionante influiría negativamente, quienes aún faltaban que presten sus declaraciones; en cuyo marco, estableció la razonabilidad de mantener vigente dicho riesgo, considerando la individualización de los partícipes y testigos sobre los cuales influiría negativamente el imputado hoy solicitante de tutela a efectos de que se comporten de manera reticente, aclarando que en virtud a la etapa procesal en la que se encontraban, las mismas serían convocadas por el Ministerio Público para materializar dicho acto; intelectos que evidencian que existió pronunciamiento al respecto, habiéndose explicado de forma suficiente y objetiva, las razones por las cuales mantuvo concurrente el aludido riesgo procesal, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación al que se halla obligada toda autoridad al momento de asumir una decisión conforme el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 030/2022 de 28 de junio, cursante de fs. 76 a 79, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0276_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8026dd5eb2c676228ef75a723718a6c2e984556b5e4535a6a7448e424d353ea0

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