Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; puesto que, fue imputado formalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, sin considerar que dicho tipo penal fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; encontrándose detenido preventivamente de manera ilegal y arbitraria en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ante la determinación asumida en audiencia de consideración de medidas cautelares pronunciada mediante Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, validando un tipo penal inexistente en el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 139/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2024-S3 Sucre, 3 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48545-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 139/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guilda Lucia Ascencio Valeriano en representación sin mandato de Guido Divar Quispe Ticona contra Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 24 de junio de 2022, cursante de fs. 21 a 23, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes, previsto y sancionado por el art. 281 ter del Código Penal (CP), fue imputado formalmente; sin embargo, el citado tipo penal fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas -Ley 263 de 31 de julio de 2012-, en la audiencia de consideración de medidas cautelares se emitió el Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, que validando dicho tipo penal inexistente en el ordenamiento jurídico vigente, dispuso de manera ilegal y arbitraria la privación de su libertad vulnerando su derecho a la locomoción y quebrantando el principio de legalidad al ser procesado por un hecho que no tiene como castigo la detención preventiva “…ya que ni siquiera es delito a la actualidad…” (sic); por lo que, pide se considere lo establecido en la “SCP 0770/2012”, señalando que, ante la vulneración de sus derechos interpone esta acción tutelar por las características que posee como preventiva, correctiva o reparadora; y los dos pilares fundamentales en los que se sustenta conforme a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, debido a su naturaleza procesal de inmediatez, de informalismo, de generalidad e inmediación y su presupuesto de activación.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 116.I, 117.I, 120.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la autoridad judicial hoy accionada que, tras encontrarse privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se disponga su libertad inmediata “en el día”.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Bajo nuevos argumentos, solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, la cual le fue negada; sin embargo, ante la misma solicitud de uno de los coimputados, con el argumento de la derogatoria del art. 281 ter del CP, el Juez hoy accionado dispuso su libertad pura y simple; b) Presentó una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva que fue decretada fijándose día y hora de audiencia, con la que fueron notificados a última hora “del día anterior”, de la que no tuvieron conocimiento pese a estar en constante vigilia en el “juzgado”, siendo esa la razón de la suspensión de dicha audiencia; c) Fue convocado a declarar por la presunta comisión del delito de trata de migrantes tipificado por el art. 281 ter del indicado Código, lo que denota un gravísimo error cometido por la Fiscal de Materia ahora coaccionada, debido a un lapsus calami o por su reciente designación; d) El Juez hoy accionado, ante el conocimiento del grave error con el que estaban siendo detenidos indebidamente los imputados, por tratarse de un hecho que no estaba previsto como delito, no procedió conforme a lo dispuesto por el “Art. 168”, referente a la corrección de oficio o a pedido de parte; encontrándose detenido preventivamente por catorce días en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz al mantenerse ese error; aspecto que dio a conocer mediante memorial presentado el “21” de junio de 2022, argumentando que se detuvo preventivamente a tres ciudadanos alegando la comisión de un delito que ya fue derogado, equivocación que no fue corregida encontrándose tres ciudadanos que tienen familia e hijos en el citado Centro Penitenciario, donde están siendo maltratados y a quienes se les exige dinero, actuación con la que se incurrió en el delito de prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la normativa vigente; y, e) No se puede salvar ese grave error, argumentando que se los investigarán por otros delitos, al nacer la causa por la Resolución de imputación formal 07/2022 de 9 de mayo, presentada por hechos tipificados por el art. 281 ter del CP, sin que una convalidación pueda subsanar ese hecho; en consecuencia, pide se le pague por los catorce días de detención en los que no trabajó y por el daño psicológico sufrido ante esta penuria. Asimismo, en audiencia a través de su abogada, manifestó que los memoriales presentados refieren a solicitudes de modificación de medidas cautelares de carácter personal, más no a la cesación de la detención preventiva, aclarando que la suspensión dispuesta el 24 de junio de 2022, no consigna la existencia de una ampliación a la Resolución de imputación formal 07/2022 realizada por el Ministerio Público, aspecto que desconoce; por lo que, pide se le otorgue su libertad pura y simple al no existir ampliación alguna.
Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) A petición del Ministerio Público, ante la existencia de riesgos procesales, se llevó adelante una audiencia de consideración de medidas cautelares contra tres ciudadanos atribuyéndoles la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, sin que su defensa interpusiera recurso alguno; 2) Llama la atención que la abogada del accionante pretenda atribuirle toda la responsabilidad, cuando en su calidad de defensora no solo debía cumplir un papel de espectadora sino velar por los derechos de su defendido; por lo que, si bien existió un error no solo se le debe atribuir a su autoridad, sino también a los abogados que ahora alegan la vulneración de derechos; 3) No es evidente que esté “dando largas” a la solicitud del accionante de cesación de la detención preventiva; ya que, fijó audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, que luego de celebrarla dispuso su rechazo al no desvirtuar la existencia de riesgos procesales, sin que se cuestione la tipificación o calificación efectuada por el Ministerio Público, determinación que no fue objeto de un recurso de apelación incidental con la finalidad de que la autoridad de segunda instancia corrija cualquier error existente; y, 4) La audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de otro de los coimputados se llevó adelante “el mismo día”; empero, más tarde y al poner en conocimiento del error en el que se estaba incurriendo, se ordenó la cesación de su detención preventiva; razón por la cual, el accionante volvió a presentar un nuevo memorial solicitando la cesación de su detención preventiva con ese mismo argumento, programando dicha audiencia para el 24 de junio de 2022; sin embargo, como el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales, presentó una ampliación de la Resolución de imputación formal 07/2022 contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de personas previsto y sancionado por el art. 321 bis del mencionado Código, tipo penal que no está derogado y se encuentra vigente; en consecuencia, al subsumirse su conducta del accionante en ese tipo penal no existiría detención ilegal, advirtiéndose que esta acción tutelar fue presentada sin revisar antecedentes, perjudicando la labor jurisdiccional desarrollada por tres jueces y su personal al no ser evidente la vulneración de ningún derecho o garantía; puesto que, la investigación realizada al accionante por la presunta comisión de ese delito y su detención se encuentra plenamente justificada. Ante la consulta del Tribunal de garantías a efecto de que se aclare, si se celebró la audiencia señalada para el 24 de junio de 2022 a las 9:00 horas; ya que, la defensa del accionante indicó que ese decreto recién se emitió por “la mañana”, extremo que fue reclamado, porque no se llevó a cabo dicha audiencia; por su parte, el Juez hoy accionado refirió que son dos audiencias de consideración de cesación de la detención preventiva, la primera solicitud fue rechazada; posteriormente, se desarrolló la audiencia fijada a petición del otro imputado, dándose curso a lo requerido al advertirse del error en la calificación del tipo penal, aclarando que en esa oportunidad aún no se amplió la Resolución de imputación formal 07/2022; finalmente, el accionante solicitó nuevamente cesación de su detención preventiva, audiencia que fue señalada para “hoy”; sin embargo, fue reprogramada. Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia en audiencia manifestó que: i) Producto de una intervención policial realizada mediante acción directa tomó conocimiento de la comisión de un hecho ilegal y flagrante por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, que fue modificado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas por la presunta comisión del delito de tráfico de personas, previsto y sancionado por el art. 321 bis del referido Código; por lo que, se aprehendió a tres ciudadanos, por trasladar de manera ilegal a treinta y tres ciudadanos extranjeros; y, ii) En la audiencia de consideración de medidas cautelares de 10 de junio de 2022, ninguno de los abogados de la defensa formuló incidente de nulidad contra la Resolución de imputación formal 07/2022 que fue presentada conforme a lo establecido por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), “…inclusive en audiencia los abogados de la defensa tienen la finalidad de asesorar si hay algún error por parte del Ministerio Público y advertir a la autoridad jurisdiccional…” (sic); sin embargo, al no agotar los incidentes y excepciones previstos, ni plantear el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 279/2022, convalidaron ese acto; no obstante, al ampliar la referida Resolución de imputación formal por la presunta comisión del delito de tráfico de personas previsto y sancionado por el art. 321 del CP, el error en el que se incurrió fue subsanado; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 139/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 36 a 38, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Se determinó la medida cautelar de la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 272/2022 de 10 del citado mes, ante la existencia de una imputación formal e informe de inicio de investigación contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, que fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; y, b) El error en el que incurrió el Juez hoy accionado fue puesto a su conocimiento por el accionante a través del memorial de 22 del referido mes de 2022, fijándose audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 24 del mismo mes y año; empero, al no cumplirse con la notificación a las partes con dicho decreto -tal cuál se informó en audiencia-, fue suspendida y programada para el 28 de junio de 2022, conminándose al personal del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, a realizar las respectivas notificaciones; ya que, el error en la subsunción del tipo penal fue puesto en conocimiento de dicha autoridad judicial, quien deberá asumir una determinación al encontrarse la causa bajo su control jurisdiccional; para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla su objeto es necesario que antes de interponerla, se agoten todas las instancias ante el Juez de la causa. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, en audiencia solicitó al tribunal de garantías complementación respecto a que plantearon esta acción de defensa al no tener conocimiento de la supuesta ampliación de la Resolución de imputación formal 07/2022, que tiene como fin que permanezca en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por un hecho que se le imputó; empero, que no constituye delito al no estar previsto en el Código Penal. En mérito a esa solicitud el Tribunal de garantías, determinó no ha lugar a la complementación requerida; ya que, si bien pidió la cesación de la detención preventiva fue a través del memorial de 22 de junio de 2022, mereciendo el decreto de 23 del referido mes y año, fijando audiencia para el 24 del indicado mes y año; que ante el incumplimiento del personal de apoyo jurisdiccional con las diligencias de notificación a las partes, se reprogramó fijando una nueva audiencia para el 28 del señalado mes y año, recomendando al Juez ahora accionado, de conminar a su personal a realizar las diligencias respectivas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 9 de mayo de 2022, dirigido a Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-; por el cual, Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia -ahora coaccionada- informó el inicio de la investigación y presentó la Resolución de imputación formal 07/2022 de la indicada fecha, contra Guido Divar Quispe Ticona -hoy accionante- y otros, por el “…supuesto delito de TRÁFICO DE MIGRANTES ART. 282 TER DEL C.P. en cumplimiento del art. 298 in fine de la Ley No. 1970…” (sic), solicitando la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de dos meses (fs. 10 a 20). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, emitida por el ahora accionado pronunciado en audiencia de consideración de medidas cautelares, con las complementaciones solicitadas, se dispuso la detención preventiva del accionante, por el lapso de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; asimismo, se programó una audiencia para el 10 de agosto de 2022, con el fin de revisar su situación jurídica y establecer la vigencia de dicha medida (fs. 3 a 9). II.3. A través de memorial presentado el 22 de junio de 2022, dirigido al Juez ahora accionado; el accionante pidió la “…MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL, POR LO QUE SOLICITO SE SEÑALE DÍA Y HORA DE AUDIENCIA, SOLICITANDO SE SEÑALE A LA BREVEDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOY DETENIDO DE MANERA ILEGAL” (sic), ya que, el tipo penal por el que fue imputado se encuentra derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (fs. 2 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; puesto que, fue imputado formalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, sin considerar que dicho tipo penal fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; encontrándose detenido preventivamente de manera ilegal y arbitraria en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ante la determinación asumida en audiencia de consideración de medidas cautelares pronunciada mediante Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, validando un tipo penal inexistente en el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, reiterando el entendimiento establecido en la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, señaló que: […asumiendo los entendimientos sentados por el extinto Tribunal Constitucional, que establecen en forma general, que la acción de libertad no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad, pero que este principio resulta aplicable de manera excepcional en aquellos casos donde la norma procesal ordinaria prevé específicamente medios de defensa idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad cuya lesión se denuncia, sostuvo: “Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”.
Por su parte la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la jurisprudencia constitucional sobre la activación paralela de mecanismos de defensa, concluyó: «En ese sentido, la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre citando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, sostuvo que: “…Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: ‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…’”; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico»] (las negrillas y el subrayado son nuestros).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; puesto que, fue imputado formalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP, sin considerar que dicho tipo penal fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; encontrándose detenido preventivamente de manera ilegal y arbitraria en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ante la determinación asumida en audiencia de consideración de medidas cautelares pronunciada mediante Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, validando un tipo penal inexistente en el ordenamiento jurídico vigente. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se advierte que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, está siendo sustanciado ante el Juez hoy accionado; ya que, tiene bajo su supervisión los actos investigativos realizados por el Ministerio Público, constituyéndose en la autoridad judicial encargada de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y de las actuaciones de la Fiscal de Materia ahora coaccionada, desde los actos iniciales del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria conforme a lo previsto por los arts. 54.1 y 279 del CPP. En ese sentido, la SCP 0391/2021-S3 de 28 de julio, citando el entendimiento de la SCP 0397/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: «“‘…toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere su derecho a la libertad dentro de la investigación, debe acudir ante el Juez cautelar, quien debe pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión y ordene lo que en derecho corresponda y sólo en caso que se agote la vía ordinaria y la supuesta lesión no sea reparada en dicha instancia, recién se activará la jurisdicción constitucional’”. De los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, se tiene entonces que el Juez de Instrucción Penal ejerce el control jurisdiccional del proceso, no solo de las actuaciones policiales y fiscales durante la investigación y etapa preparatoria, sino que dicho control incluye cualquier acción de dichas instancias y de particulares que se susciten ab initio, y que involucren posibles lesiones al derecho a la libertad por restricciones ilegales o indebidas de la misma, pero que a su vez sean emergentes de la posible comisión de un hecho delictivo, actuaciones que incluyen, entre otras, aprehensiones en flagrancia, aprehensión por particulares y acciones directas…» (las negrillas nos corresponden).
En el marco de la norma procesal y jurisprudencia constitucional expuestas precedentemente, se tiene que el 10 de junio de 2022, se desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares a cuya conclusión, el Juez hoy accionado, dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 279/2022 de 10 de junio, ante la Resolución de imputación formal 07/2022 de 9 de mayo, presentada por la Fiscal de Materia ahora coaccionada por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado por el art. 281 ter del CP (Conclusiones II.1. y II.2.); por lo que, solicitó cesación de su detención preventiva, la cual, le fue negada sin que conste en obrados, ni afirmara la representante del accionante en la audiencia de consideración de esta acción de defensa que esa decisión fue objeto de recurso de apelación incidental conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, informando por el contrario -situación admitida por el Juez hoy accionado- que a otro de los coimputados, en la audiencia fijada para el 22 de junio de 2022 a las 10:00 horas, se le otorgó libertad pura y simple al argumentar la derogatoria del art. 281 ter del CP; antecedente por el cual, presentaron en la misma fecha -ese mes y año- su solicitud de “…MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL, POR LO QUE SOLICITO SE SEÑALE DÍA Y HORA DE AUDIENCIA, SOLICITANDO SE SEÑALE A LA BREVEDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOY DETENIDO DE MANERA ILEGAL” [sic (Conclusión II.3.)]; no obstante, el tipo penal por el que fue imputado estaba derogado mediante Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, al no estar tipificado ese hecho como delito. En ese sentido, del caso en análisis se advierte que la defensa del accionante y el Juez ahora accionado en audiencia de manera coincidente expresaron, que dicho escrito fue decretado fijándose audiencia de consideración de modificación de la medida cautelar de carácter personal para el 24 de junio de 2022 a las 9:00 horas; sin embargo, las partes no fueron notificadas tomando conocimiento que no se llevó a cabo dicha audiencia, reprogramándose para el 28 del mismo mes y año a las 8:30 horas, instruyéndose y conminando al personal de apoyo jurisdiccional a proceder con la respectiva notificación. Por consiguiente, de la relación fáctica expuesta, se comprueba que el accionante a través de su abogado, no solo no apeló a la resolución que rechazó su primera solicitud de cesación de la detención preventiva, sino que después planteo bajo otros argumentos la modificación a dicha medida el 22 de junio de 2022, y en conocimiento de que la audiencia de consideración de modificación de la medida cautelar de carácter personal no se desarrolló el 24 de igual mes y año, tal cual se fijó, reprogramándose para el 28 del referido mes y año; interpuso esta acción de defensa a las 12:25 horas de la citada fecha, cuando aún se encontraba en trámite ante el Juez hoy accionado a cargo del control jurisdiccional del proceso penal iniciado contra su persona, el pronunciamiento y la resolución de la solicitud de modificación de la medida cautelar de carácter personal que le fue impuesta; en consecuencia, se evidencia la activación paralela de este mecanismo procesal constitucional, pese a la existencia de un medio idóneo previsto en la norma procesal penal, que fue presentado por el mismo accionante, quien se encontraba impedido de interponer de forma simultánea una acción de libertad desnaturalizando su esencia y finalidad. En ese contexto, resulta aplicable al caso la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al advertirse que el accionante acudió previo a la activación de la jurisdicción constitucional, ante el Juez ahora accionado a efecto de reclamar las supuestas actuaciones indebidas e ilegales de la Fiscal de Materia hoy coaccionada a cargo de la investigación penal, quien incurrió en un error al tipificar dicho hecho como delito cuando fue derogado por Disposición Única de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; asimismo, simultáneamente sin aguardar la realización de la audiencia que fue reprogramada, optó por presentar esta acción de defensa con la finalidad de que sea la jurisdicción constitucional quien le conceda la tutela solicitada y disponga su libertad inmediata al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pretensión que estaba pendiente de análisis y pronunciamiento por el Juez ahora accionado. Por lo referido, al concurrir la aplicación excepcional de la subsidiariedad, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 139/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0276_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f8c1f882024e96ee4122e55682d21172de9985efaf612bb052253586abbe5831
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